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Venezuela Reclamos obreros. Trabajadores universitarios junto a otros sectores activos y jubilados protestan en Caracas

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La Izquierda Diario 

Los trabajadores del sector universitario volvieron a tomar las calles este miércoles 25 de mayo junto a otros sectores como los de Supra Caracas, el Metro, de Bimbo, de la salud y demás trabajadores activos y jubilados. Se concentraron el a esquina de la Santa Capilla, avenida Urdaneta y llegaron a dos cuadras del Palacio de Miraflores impedidos de seguir marchando por un fuerte cordón policial.

Desde las 10 de la mañana los trabajadores universitarios y de otras dependencias marcaron como punto de encuentro la esquina de la Santa Capilla, allí coincidieron con personal activo de Supra Caracas, empresa de servicios de aseo urbano, quienes exigían públicamente mejoras en sus condiciones de trabajo pues -además del salario- no cuentan con implementos de higiene para cumplir sus funciones ni seguro médico para emergencias o enfermedades.

Luego marcharon por la Avenida Urdaneta hasta la esquina de Carmelitas, a dos cuadras del Palacio de Miraflores. Encolumnados y cantando sus principales demandas y exigencias eran más de 250 trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores que fueron acompañados también por corrientes sindicales, movimientos sociales y organizaciones de izquierda.

Luego de recorrer el trecho entre la Vicepresidencia y el Banco Central de Venezuela, estuvieron apenas a dos cuadras del Palacio de Miraflores y allí se sumaron otros trabajadores del Metro de Caracas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass) así como de jubilados y pensionados que acumulan varios meses de continuas protestas contra los ingresos de miseria.

Una de las demandas principales de los trabajadores universitarios y de la administración pública es que se deroguen las tablas salariales determinadas por un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que no toma en cuenta las bases de cálculo estipuladas en los contratos colectivos y despoja a los trabajadores de primas y bonos acordados en sus contratos. Así como también la exigencia de que el salario mínimo sea equivalente a la canasta básica familiar y otras demandas fundamentales.

Los trabajadores denunciaron que el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas, aprobado por la Onapre y aplicado por los entes públicos desde que se aumentó el salario a 130 bolívares, desmejoró los ingresos de los trabajadores, quienes ahora ganan hasta 50 % menos de lo debido conforme a las convenciones colectivas aprobadas en agosto de 2021.

En el sector público los trabajadores universitarios vienen librando una importante batalla por defender los derechos de la convención colectiva, contra el inaudito autoritarismo y descaro patronal que modifica como le da su real gana los montos a pagar.

Juan Tovar, delegado de base del Sindicato de Obreros de la UCV, durante la protesta del sector universitario y demás trabajadores activos y jubilados en Caracas exige por los salarios, derechos laborales, los trabajadores presos y contra el plan de hambre del gobierno de Maduro.

Una barrera de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y una tanqueta antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se interpuso entre los manifestantes y la sede formal del Poder Ejecutivo, pero una comisión de los dirigentes sindicales y gremiales ingresó al Palacio Blanco para consignar sus quejas y reclamos.

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV), afirmó que este miércoles cumplieron con los objetivos que se trazaron y anunció que seguirán en las calles hasta ser escuchados directamente por Maduro.

La protesta de los trabajadores universitarios es parte de una creciente ola de protestas por el salario que se registran a nivel nacional tanto del sector público como de las empresas privadas. En el sector universitario, la reducción de los derechos laborales, la violación de la contratación colectiva y los paupérrimos salarios es el motor de sus reclamos, al igual que la mayoría de las protestas que se desarrollan en distintas partes del país.

En la protesta de este miércoles una vez más se pone de manifiesto las tendencias a la unidad de los trabajadores del sector público y privado, pues en la misma confluyeron distintas luchas que se llevan adelante en ambos sectores.

Por eso, como plantean referentes de la LTS, «hoy más que nunca se plantea la necesidad de coordinar todas las luchas que se desarrollan en el país y salir a luchar contra el fraude salarial del Gobierno de Maduro y por un salario igual a la canasta básica, indexado mensualmente a la inflación, así como también contra las nuevas tablas salariales impuestas desde arriba. Ante los paquetazos antiobreros del Gobierno de Maduro y los ataques del sector empresarial es necesario anteponer un plan obrero y popular de emergencia. Pero esto hay que realizarlo unificadamente golpeando con un solo puño, y para ello es necesario realizar un Encuentro nacional de los trabajadores que están luchando».

https://www.laizquierdadiario.com.ve/Trabajadores-universitarios-junto-a-otros-sectores-activos-y-jubilados-protestan-en-Caracas

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Día Internacional de la Mujer 2022 ¡en movimiento por la emancipación de todos los pueblos!

Noticias
Por: Amyra El Khalili

En este Día Internacional de la Mujer de 2022, hacemos un llamamiento para que se haga una reflexión sobre la importancia de la “feminística”, neologismo que reúne los conceptos de mística y femenino, que se refiere a la esencia femenina que habita todos los seres humanos, independientemente de género u orientación sexual. Observamos la “feminística” en actitudes como saber recular, saber flexibilizar y saber feminizar.

Todo movimiento que busca el cambio de la sociedad enfrentará obstáculos. Mujeres y hombres que lideran comunidades y diversos frentes proactivos son, muchas veces, presionadas(os), intimidadas(os) y amenazadas(os) por individuos corruptos, por cuestiones ideológicas, políticas, religiosas, étnicas, entre otras.

Es importante apoyar esos liderazgos, pues son ellos que cargan, provocan e impulsan otros. Si ellos se debilitan, debilitan algunos millones de dependientes de sus acciones, que también precisan de apoyo y estímulo para seguir adelante.  Esta es una de las premisas de nuestro movimiento de mujeres y hombres por la paz, principalmente si esa persona es una mujer.

Mujeres y medio ambiente

Ha sido mucho más fácil sensibilizar a las mujeres con relación a la preservación y conservación ambiental debido a su propia condición biológica, como gestoras de la vida.

Las mujeres deben asumir su condición de guardianas de las florestas, los ríos, la biodiversidad y nuestro ambiente una vez que, a diario, son las que más sufren con la falta de agua, de energía, de alimentos y principalmente la violencia doméstica. Infelizmente el chauvinismo que predomina en nuestra sociedad todavía delega primordialmente a las mujeres los quehaceres domésticos.

La violencia contra la mujer no se manifiesta solamente en la agresión corporal o verbal, sino igualmente en la pobreza, la falta de educación, de trabajo, en la salud, en la falta de recursos básicos de sobrevivencia. Una puede culminar con su muerte. La otra subjetiva, indirecta, subliminar, alcanza la ética, la estética y la moral. Es la más perniciosa de las agresiones. Pude darse de varias maneras, diversas formas de discriminación, agresión psicológica, asedio moral, asedio sexual, intimidación y destrucción de la autoestima.

El poder de la palabra

La palabra tiene fuerza. Podemos, por ella, desactivar una bomba en el sistema financiero o una acción racista; podemos denunciar un sitio de pedofilia o derribar sitios mentirosos, enmascarados; podemos desarmar una agresión a la Amazonía o una farsa montada por estafadores. Otras personas, empero, precisan de ese eco para soportar la presión de la agresión de las confrontaciones y las guerras en sus regiones y territorios.

Sin embargo, si fuimos nosotros, los humanos, que hemos creado el problema, nos toca a nosotros, los humanos, buscar soluciones, no por el mismo sistema y en el mismo grado de consciencia que lo ha creado, como observó Albert Einstein.

Por lo tanto, si utilizamos los mismos sistemas de comunicación que han fortalecido ese modelo degradador e inhumano, evidentemente será posible reprogramarlo para una nueva consciencia. Eso no depende de dinero, depende de la sensibilización de corazones y mentes. Depende de un código de ética y moral universal. Depende especialmente de despertar la “feminística” que habita la esencia por la verdadera igualdad entre mujeres y hombres, con el objetivo de promover la paz entre grupos étnicos, pueblos y naciones con acciones que propicien la aproximación, la creación y el fortalecimiento de las relaciones interraciales e interculturales, orientando la no intervención, lo no injerencia y la no dominación de unos sobre otros, fomentando la tolerancia, la concordia, la colaboración y el auxilio mutuo, de modo que la identidad y la libertad sean indisociables y utilizadas como instrumentos para la construcción de un mundo que comprenda la existencias de designios superiores y trascendentales para la Humanidad.

Allahmdoulillah!  (¡Gracias a Dios!)

Amyra El Khalili, por el Movimiento Mujeres por la P@Z!

*Transcripción del audio para Radio Cairo, Egipto y video para el Consejo Municipal de Defensa de los Derechos de la Mujer (CMDDM)- desde Amazonía, ciudad de Porto Velho, Rondônia, Brasil.

Amyra El Khalili* es beduina palestino-brasilera, del linaje del Shayk Muhammad al-Khalili*. Es profesora de economía socioambiental. Fue economista, con más de dos décadas de experiencia en los mercados futuros y de capitales. Editora de las redes Movimiento Mujeres por la P@Z! y de la Alianza RECOs – Redes de Cooperación Comunitaria Sin Fronteras. Autora del e-book Commodities ambientales en misión de paz: nuevo modelo económica para América Latina y El Caribe.

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Perú: La deuda social con el magisterio: 30 años de incumplimiento del Estado

Noticias

América del Sur/Perú/07-01-2022/Autor(a) y Fuente: sutep.org

Este informe aborda el problema histórico de la deuda social magisterial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, desde la conquista del derecho, con la modificatoria de la Ley del Profesorado, hasta el inicio de los procesos judiciales para su pago y las luchas del SUTEP para que el Estado se allane a su reconocimiento por la vía administrativa.

1984. Huelga Nacional del SUTEP en el segundo gobierno de Belaunde, exigiendo el reconocimiento del SUTEP. (Foto: La República)

Podemos afirmar que 1984 fue un año histórico para el SUTEP. Habían pasado 12 años desde la gesta del Congreso Nacional del Cusco que dio nacimiento al sindicato, liderado en su período auroral por el maestro Horacio Zeballos Gámez y una hornada de combativos dirigentes que continuaron con el trabajo tras su temprano fallecimiento, ocurrido en marzo de ese año.

Bajo el liderazgo de Horacio Zeballos, el magisterio logró importantes conquistas laborales. (Foto: La República)

Exequias de Horacio Zeballos, 9 de marzo de 1984. (Foto: La República)

El país había retornado a la democracia con el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, pero en el sector Educación la situación era dramática, más en el aspecto laboral, resultado de la dictadura y la mal llamada reforma impuesta por los generales Velasco Alvarado y Morales Bermúdez.

Bajo la conducción del compañero Carlos Salazar Pasache como secretario general, el SUTEP inició el 4 de julio de aquel año su Tercera Huelga Nacional.

Parte del pliego de reclamos de la tercera huelga incluía un caro anhelo del magisterio: el reconocimiento legal del SUTEP como interlocutor válido de los maestros y maestras ante el Estado, logro que se concretó con la R.D. 011-84 del Instituto Nacional de Administración Pública – INAP.

Dirigencia del SUTEP en 1984, encabezada por el compañero Carlos Salazar Pasache.

Ley del Profesorado 

Culminada la huelga, con la que se alcanzó, entre otras cosas, el nombramiento de 30 mil maestros y la transferencia de la Derrama Magisterial – entidad totalmente quebrada con s/ 0.00 -, que fue reflotada con el esfuerzo de los maestros y maestras del SUTEP, comenzamos una intensa lucha, a fines de 1984, para concretar la aprobación de la Ley del Profesorado.

La dirigencia, dando ejemplo de lucha y sacrificio, se declaró en huelga de hambre. Hubo manifestaciones en todo el país y, desde luego, la solidaridad de toda la comunidad educativa.

Dirigencia del SUTEP en huelga de hambre por la Ley del Profesorado.

Así, el 14 de diciembre se promulgó la Ley Nº 24029, con la que se reconocieron diversas reivindicaciones laborales y económicas para el magisterio, siendo esta una norma democrática, germinada con participación directa de los maestros y que, sobre todo, estaba financiada, pues parte de los incumplimientos que el Estado mantenía con los trabajadores de la educación hasta ese momento se explicaba precisamente en la falta de recursos para solventarlos.

Ley del Profesorado, conquista absoluta de la lucha liderada por el SUTEP.

Modificatoria del Artículo 48

Seis años después, la lucha del SUTEP en su Sexta Huelga Nacional, iniciada el 15 de mayo de 1990, posibilita la promulgación de la Ley N° 25212, (20 de mayo de 1990), con la cual se insertaron modificatorias a la Ley del Profesorado de 1984.

Una de las más importantes fue la del Artículo 48, reconociendo, a partir de la fecha, que “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de su Remuneración Total”.

En el mismo artículo se reconoció el derecho para que “El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley” perciban, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5 % de su remuneración total.

Asimismo, se estableció que “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10 % de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres».

Característica de la Ley N° 25212 es que ordenó el cumplimiento inmediato de las modificatorias, por lo que el magisterio percibió las asignaciones reconocidas en el Artículo 48 desde fines de mayo de 1990. Era Secretario General el compañero José Ramos Bosmediano.

Compañero José Ramos Bosmediano, Secretario General del SUTEP de 1989 a 1992.

Colgamiento del 30 %

Sin embargo, iniciado el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori el Estado volvió a la vieja y nociva práctica de postergar y conculcar los derechos de los trabajadores de la Educación. El 8 de agosto de 1990 se aplicó el “Fujishock”, con las medidas neoliberales y anti sindicales del régimen.

De ese modo, el autoritarismo de Fujimori tuvo sus primeras señales precisamente contra los trabajadores, al publicarse el Decreto Supremo 051, del 4 de marzo de 1991.

En el Artículo 6 del D.S. 051-1991 se dispuso que “A partir del 1 de febrero de 1991, la Remuneración Principal de los funcionarios, directivos y servidores públicos se regirán por las escalas, niveles y montos consignados en los anexos adjuntos” de dicho decreto, estableciéndose al profesorado la Escala 05.

El Artículo 8 incluyó dos conceptos relacionados a la remuneración, siendo uno de ellos el de “Remuneración Total Permanente”, que según el texto de la norma es “Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad”.

Con esa premisa, en el Artículo 10 se ordenó: “Precisase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente”.

Con ello, la dictadura de Alberto Fujimori, a la que el magisterio organizado en la filas del SUTEP enfrentó a lo largo y ancho del país, congeló el pago del 30 % por preparación de clases y evaluación, así como las demás bonificaciones reconocidas por la Ley del Profesorado y su modificatoria.

Los efectos del D.S. 051-1991 fueron ampliamente rechazados por el magisterio. El régimen respondió con la estrategia de perseguir, estigmatizar y encarcelar a los dirigentes de los trabajadores, así como pretender callar al movimiento sindical.

En la Séptima Huelga Nacional del SUTEP, de mayo de 1991, los maestros se mantuvieron 107 días en la lucha.

Brutal represión del régimen de Fujimori contra los maestros del SUTEP en la Séptima Huelga Nacional.

Fue con Alberto Fujimori que se inició la deuda social en el sector Educación, la misma que mantuvieron los gobiernos que sucedieron a la dictadura, continuando el corte neoliberal y en perjuicio de los derechos de los trabajadores.

Alberto Fujimori, convertido en dictador desde abril de 1992, congeló los derechos de los maestros.

Solo durante el gobierno de Transición del presidente Valentín Paniagua Corazao, a través del trato directo, se logró la restitución de varios de los derechos conculcados por la dictadura, como las bonificaciones por 20, 25 y 30 años de servicio, así como la asignación por luto y sepelio. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre el 30 % por preparación de clases y evaluación.

Demandas y jurisprudencia 

El incumplimiento del Estado sobre los derechos laborales del magisterio obligó a miles de maestros a recurrir al Poder Judicial, lográndose importantes pronunciamientos jurisdiccionales en última y definitiva instancia como la Casación N° 9271-2009-Puno, N° 288-2012-Ica,  N° 2041-Piura,  N° 6871-2013-Lambayeque y otras, emitidas por la Corte Suprema de la República, que establecen parámetros sobre el cálculo de la bonificación del 30 % por preparación de clases y evaluación, que debe calcularse en base a la Remuneración Total Íntegra, como ordenó originalmente la Ley del Profesorado, y no sobre la Remuneración Total Permanente, como fijó el D.S. 051-1991.

Existen también pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del derecho adquirido con la modificatoria del Artículo 48 de la Ley del Profesorado. Asimismo, existe jurisprudencia referida a la validez de la bonificación a favor de los maestros cesantes y jubilados.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad de la deuda social magisterial.

La Ley del Profesorado estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada el 25 de noviembre del 2012, norma que anula la bonificación del 30 %, pues en su Artículo 56 considera que la Remuneración Íntegra Mensual comprende “las horas de docencia en el aula, preparación de clases y evaluación…”

Se estima que la deuda social en Educación, dentro de la que se encuentra el pago de la bonificación que reconocía la Ley del Profesorado, asciende a 6,000 millones de soles.

Sin embargo, resulta injusto y vejatorio que los maestros y auxiliares a los que alcanzó tal beneficio hasta noviembre del 2012 se vean obligados a recurrir al Poder Judicial para hacer valer sus derechos.

Maestros en los tribunales

Siendo Secretario General del SUTE Lima Metropolitana, el compañero Lucio Castro promovió la presentación de demandas judiciales para el pago de la deuda social.

Al magisterio no le quedó más alternativa que la de tocar las puertas del Poder Judicial.

“Hasta antes del 2007, los maestros hacíamos el reclamo como parte de nuestra plataforma de lucha, pero no había acciones concretas en el terreno legal”, recuerda el compañero Lucio Castro Chipana, quien en ese momento se desempañaba como Secretario General del SUTE Lima Metropolitana.

La sugerencia que planteó fue que con apoyo de los abogados de la Derrama Magisterial,  entidad previsional de los maestros, se oriente a los docentes para que ingresen al terreno legal y allí se exija el pago de la deuda social.

“Fue así que se ingresó con fuerza en las demandas, lográndose las sentencias que declararon fundadas las exigencias de los maestros, jugando un papel importantísimo la orientación del SUTEP y el apoyo con la asesoría legal que se había conseguido a través de la Derrama Magisterial”, comenta.

En el caso de Lima Metropolitana, las sentencias empezaron a llegar de los diferentes sectores (bases sectoriales), declarándose fundado el pago del 30 % por preparación de clases.

En la actualidad se estima que son más de 50 mil las sentencias con calidad de cosa juzgada emitidas a favor del magisterio.

A la fecha, cada región del país tiene abogados asignados por la Derrama Magisterial para asesorar a las maestras y maestros en sus procesos judiciales.

Lima y el problema del pliego

En Lima Metropolitana, pese a existir sentencias, el Ministerio de Educación no cumple con el pago de la deuda social.

El caso de Lima Metropolitana resulta particular frente a los fallos judiciales referidos a la deuda social.

Mientras a nivel nacional se asignan saldos presupuestales de los gobiernos regionales para la amortización de la misma, en Lima Metropolitana, donde el sector educación depende directamente del ministerio, no existen saldos para el pago de las sentencias, postergando el derecho de miles de maestros y maestras, e incurriendo el Estado en un flagrante incumplimiento de los mandatos del Poder Judicial, contraviniendo lo señalado en la Constitución Política.

“En Lima hay miles de sentencias que no se cumplen, porque existe pliego, todo depende del Ministerio de Educación. Siendo la región con mayor número de maestros, no se atiende lo que el Poder Judicial ha ordenado. Si al año se destinan recursos para pagarle a cinco o seis maestros con sentencias en calidad de cosa juzgada, es mucho”, explica el Secretario General del SUTEP.

Pago sin judicializar

El Estado comprometió la asignación de 200 millones de soles al año para el pago de la deuda social de Educación. Sin embargo, el monto ha resultado insuficiente.

En la Ley de Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2012 se incluyó la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final, que reactivó la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, por la cual se asignan año a año 200 millones de soles para dicho propósito, monto que debe ser distribuido entre todos los trabajadores estatales con procesos ganados. Monto evidentemente insuficiente para atender los compromisos con el magisterio.

Los saldos presupuestales regionales tampoco cubren el pago de la deuda social.

Ante ello, el SUTEP lucha para que el Congreso de la República apruebe una ley que declare de interés y necesidad nacional el pago de la deuda social sin judicializar. Es decir, que el Estado se allane al derecho y cumpla por la vía administrativa.

El 31 de mayo de este año, el Congreso de la República aprobó con 101 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones la ley para el pago de la deuda social del 30 % por preparación de clases y evaluación sin judicializar. Empero, la norma no fue promulgada por el presidente Francisco Sagasti Hochhausler en evidente gesto de indiferencia ante las demandas del magisterio.

Francisco Sagasti se negó a promulgar la norma que reconocía el pago de la deuda social sin judicializar.

“El Poder Judicial, que es el que se pronuncia sobre la ley, ha dicho que este es un derecho nuestro. Son miles de sentencias las que tiene el magisterio a su favor, por lo que el Estado debería allanarse y pagar la deuda social por la vía administrativa, ahorrándose así millones de soles que se destinan al año en procuradores, abogados y trámites judiciales. Como SUTEP, siendo los pioneros en esta lucha, esperamos que el Congreso de la República apruebe el proyecto pendiente para el pago de la deuda social sin judicializar”, enfatiza Lucio Castro.

Exitosa Jornada Nacional de Lucha del 23 de noviembre del 2021, en la que también se exigió el pago de la deuda social sin judicializar.

¡Por el pago de la deuda social sin judicializar a todo el magisterio nacional!

¡Unidad para luchar, unidad para vencer!

¡Viva el SUTEP!

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/informe-especial-la-deuda-social-con-el-magisterio-30-anos-de-incumplimiento-del-estado/8

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Libro(PDF): Bicentenario de Centroamérica. Historias comunes, luchas y transformaciones

Reseñas

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

A lo largo de doscientos años de autonomía en Centroamérica se ha demostrado suficientemente que las pretensiones de independencia, a pesar de consolidarse en el plano político, no abonaron para generar el cambio de las estructuras sociales y económicas. Abundantes análisis señalan la recurrente falta de visión y voluntad para reorientar el camino de los países centroamericanos. ¿En dónde está la región? ¿Qué perspectivas se pueden visualizar a partir de las condiciones con las que se convive cotidianamente? ¿Hay alternativas que subsanen los excesos del sistema vigente y que lo reorienten o transformen? Estos y otros más son los interrogantes que motivan y estimulan los quince ensayos que componen este libro colectivo, ganadores de la convocatoria organizada por la Secretaría Ejecutiva de CLACSO y los centros miembros de Centroamérica con la finalidad de poner en valor la relevancia del conocimiento producido por las y los investigadores desde la región para fortalecer la integración latinoamericana.

Autora: Karina Batthyány. [Presentación]

Agustín Haroldo Locón Solórzano. Miguel Gomis. Edgar Baltazar Landeros. Katherine Pose. Leslie Lemus. Cristian Osorio. Ernestina Tecú. Juliana Gil Ortiz. Rodolfo Calderón Umaña. Cristina Sánchez Parra. Emmanuel Pontones Roldán. Luis Diego Arias Campos. Laura Carlsen. Orlando Castillo. Néstor Véliz Catalán. Ezel Obed Hernández Gamero. Ana Silvia Monzón Monterroso. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. Tailbook.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina.

ISBN: 978-987-813-059-0

Idioma: Español

Descarga: Bicentenario de Centroamérica. Historias comunes, luchas y transformaciones

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2424&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1594

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Actos y pañuelazos en América Latina por el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro

Noticias

Pañuelazo y otras convocatorias por el 28S: el primero con aborto legal en Argentina

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al aborto Legal en América Latina y el Caribe, que se conmemora cada 28 de septiembre, la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Ciudad de Buenos Aires convocó a una “mesa y pañuelazo” frente al Congreso, en la emblemática esquina de la Confitería El Molino, en Callao y Rivadavia.

“Tiñamos la calle de verde, venite con barbijo”, llamaron desde la Campaña en la Ciudad que invita nuevamente a salir a las calles con los pañuelos verdes, después de un año y medio de pandemia.

 

Desde la Campaña a nivel nacional adelantaron que este martes lanzarán una declaración nacional por tratarse este 28 de septiembre del primer año con aborto legal en Argentina.

También desde la cuenta de Twitter CampAbortoLegal”>@CampAbortoLegal compartirán las convocatorias de actividades que se replicarán a lo largo y ancho de todo el país.

El histórico debate del 2018 mostró el inmenso poder de “la marea verde”, cuando cientos de miles de mujeres de todo el país se movilizaron frente al Congreso para apoyar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en ese momento no llegó a convertirse en ley.

Casi dos años más tarde, en diciembre del 2020, el Senado dio luz verde, esta vez sí, al proyecto que convertía en ley al aborto legal en Argentina.

Ley 27.610, de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita” entró en vigencia finalmente el 24 de enero de este año. Allí el Estado obliga a todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga a garantizar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo en un plazo máximo de 10 días cuando sea solicitado.

Se espera que este año, el primero con aborto legal, desde la Campaña pongan el eje de las actividades en los obstáculos y dificultades que todavía persisten para el cumplimiento de la ley.

En el marco del 28S, desde Amnistía Internacional celebraron la importancia de que el país cuente con una ley pero denunciaron que todavía se encuentran muchas barreras en el acceso a este derecho.

“Uno de los principales obstáculos en el acceso se debe a la ausencia de campañas públicas de información. A ello se suma el colapso del 0800 de Salud Sexual, la línea de consulta sobre dónde y cómo acceder a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo”, denunciaron desde la organización.

Página 12

México | #28S: Marchas en CDMX y Edomex por el aborto legal

Feministas y mujeres en favor de los derechos sexuales y reproductivos marcharán el martes en el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha que se conmemora cada 28 de septiembre.

En algunos estados y municipios mexicanos, mujeres salieron a manifestarse desde el domingo.

Te contamos cuáles serán las manifestaciones en el centro del país:

Ciudad de México

En la capital del país, la colectiva Hijas del Maíz – Chocomecoatl y Mujeres de Milpa Alta convocan a una marcha pacífica que saldrá del Monumento a la Revolución.

La cita es a las 13:00 horas del martes. Piden llevar cubrebocas obligatorio.

 

Estado de México

Mujeres organizadas del Edomex convocaron a una movilización pacífica para “reivindicar la alegría, sin perder la indignación”.

Se llama a mujeres, infancias y personas gestantes a participar.

La cita es en el Monumento a las y los maestros en Toluca de Lerdo, a las 13:00 horas.

 

Otros estados

Hidalgo

Este año, Hidalgo se convirtió en uno de los cuatro estados que despenalizó el aborto en México.

Para el #28S, agrupaciones llaman a tapizar la Plaza Juárez, en Pachuga, con pañuelos verdes.

Habrá actividades desde las 15:00 horas; la marcha será a las 19:00 horas.

Puebla

En esta entidad se ha convocado a movilizaciones en los municipios de Acatlán de Osorio, Chietla, Izúcar de Matamoros y la capital.

 

El Financiero

Marcha por la Despenalización del Aborto en Venezuela este martes 28 de septiembre

Por Ana Maneiro

Una gran diversidad de grupos y colectivos feministas de Venezuela convocan a una marcha por la despenalización del aborto en Venezuela este 28 de septiembre, en la ciudad de Caracas. La Marcha es desde la Plaza Morelos (9 am) hasta la Asamblea Nacional.

Las organizaciones feministas sacaron el comunicado «Criminalización del Aborto: Problema de Salud Pública y Derechos Humanos», que esta siendo viral en las redes sociales en el que demandan la «derogación inmediata de los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal».

 

Mujeres de diferentes tendencias políticas, del campo y de la ciudad, manifiestan que, «No existen argumentos científicos ni jurídicos válidos que sustenten la criminalización del aborto, prácticamente sin excepción, aún vigente en Venezuela. Lo previsto en el Código Penal, sin modificaciones desde hace más de 100 años, no supera una interpretación  coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos mantiene la norma jurídica nacional sobre estos derechos , dentro de las más atrasadas en Sudamérica».

 

Explican que, «la criminalización del aborto es un problema de salud pública que ocasiona la muerte prevenible de mujeres, niñas y adolescentes. Por una parte, oficialmente es reconocido que el aborto inseguro es la tercera causa de la alta mortalidad materna en nuestro país; por otra parte, origina la morbilidad que incapacita a cientos de mujeres , adolescentes y niñas , que además deben vivir con el estigma de la ilegalidad».

Las organizadoras consideran que es importante resaltar que hay un subregistro de los abortos clandestinos.

Las Demandas

Los colectivos feministas exigen que se deroguen los «delitos sobre el aborto previstos en los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal».

También que se redacte, «con la participación de las organizaciones de defensoras de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, la legislación para garantizar el derecho de las mujeres al aborto seguro, de modo que sea discutida en la agenda legislativa 2021-2022».

Y, por último, que se promueva el «debate en torno al aborto, basado en los derechos humanos, en la ética y la evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas como corresponde en n Estado laico».

Organizaciones firmantes de este comunicado son Asociación Civil Tinta Violeta, LaAraña Feminista (red de colectivos), Faldasr, Diversidad UBV, Calistenia Cultural, La 5ta Ola, Monitor de Femicidios de Utopix, entre muchas mas organizaciones e individualidades firmantes.

Apoyo en las redes sociales

En las redes sociales el apoyo a esta reivindicación de varias generaciones de mujeres venezolanas se ha hecho sentir.

 

 

El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

La iniciativa surgió en 1990en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y la convocatoria se ha extendido a nivel internacional siendo asumida por redes internacionales y locales en numerosos países de Europa, África, Asia y Norteamérica.​

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas(UNFPA) el ocho por ciento de las muertes de mujeres en el mundo se deben a los abortos clandestinos e inseguros a los que recurren las niñas, jóvenes y mujeres en los países en los que no está despenalizado el aborto y, por consecuencia, no hay acceso a un aborto legal y seguro.

Correo del Orinoco

Colombia le falló a más de 30.000 mujeres al negarles un aborto en 2020

Por Helena Calle

Hoy se celebra el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y la defensa del derecho al aborto libre. En Colombia se tienen planteadas más de 15 actividades, entre marchas y conciertos, a lo largo del país, y mientras la jornada discurre, la Corte Constitucional seguirá estudiando la demanda que instauró Causa Justa (una unión de más de 90 organizaciones y colectivos feministas de todo el país) para sacar el aborto del Código Penal, logrando así que no se criminalice a ninguna mujer por abortar. En Argentina el movimiento de mujeres logró lo mismo el año pasado, y en México se hizo el anuncio hace unos cuantos meses. Muchas se preguntan si el siguiente país en dar este paso hacia los derechos de las mujeres será Colombia, el país con la “democracia más antigua de América Latina”.

Con ocasión de este día, Profamilia lanzó un informe sobre las barreras de acceso que enfrentaron mujeres y niñas a la hora de solicitar una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2020, cuando todos los servicios de salud se enfocaron solo en coronavirus, dejando a miles de mujeres y niñas con embarazos no deseados desatendidas.

Los investigadores de Profamilia realizaron una encuesta a 1.500 mujeres, el 94 % de las cuales eran sexualmente activas y cerca del 80 % no desean tener un hijo y usaban anticonceptivos. A estos resultados se sumaron las cifras de las encuestas en demografía y salud que se hacen en Colombia desde 1986 y otras cifras del Ministerio de Salud, y las incluyeron en una matriz matemática llamada Impact 2, de la ONG Marié Stopes Internacional.

De acuerdo con sus cálculos, 71.702 embarazos no deseados no pudieron evitarse. De acuerdo con Marta Royo, directora general de Profamilia, en el acceso a la anticoncepción estuvo el mayor bloque de necesidades en la pandemia. “Nunca se tuvo en cuenta cómo la pandemia colapsó el sistema de salud, se enfocó en atender a la pandemia, y las otras patologías y necesidades suspéndalas y espérense que podemos atender la pandemia. El 40.6% de las mujeres no pudieron tener acceso a métodos anticonceptivos por distintas razones: porque los servicios se salud estaban atiborrados, cerca del 30% porque temían contagiarse al ir a centros de salud, o porque las filas eran muy largas”, explica.

Por su parte, según el Ministerio de Salud, se dejaron de atender a una de cada cinco personas que buscaban anticoncepción en 2020, y hay varias razones que impidieron el acceso de las mujeres a un método anticonceptivo en pandemia. Por ejemplo, para al menos dos de cada cinco mujeres no había disponibilidad de anticonceptivos. Para al menos tres de cada 10, las prestadoras de salud tenían barreras en la prestación de salud (largas filas en un 34,4 % y no disponibilidad de profesionales en salud en un 25,8 %).

Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, explica que prácticamente la mitad de las mujeres que respondieron la Encuesta de Demografía y Salud de 2019, un 52 %, para ser más exactas, de los nacimientos en 2020 en el país fueron no deseados o no planeados. “Cuando les preguntaban si el último hijo que tuvo lo querían tener, la mitad dijo que no. De esas, la mitad decía que lo pensaba tener en dos o tres años en el futuro, y de la otra mitad, una cuarta parte decía que no quería haberlos tenido nunca. Estas fueron mujeres que no tuvieron acceso a IVE, aun estando en las causales. Tuvieron barreras de acceso a este derecho, y no son solo las particularidades de la pandemia. También temían ser estigmatizadas”, explica Vargas.

Por otro lado, 26.223 abortos inseguros no pudieron evitarse y 34.130 interrupciones voluntarias del embarazo dejaron de realizarse. Esto quiere decir que a más de treinta mil mujeres y personas con capacidad de gestar cuyo embarazo está amparado bajo la sentencia C-355 de 2006 no les fue garantizado el ejercicio de su derecho a un aborto humanizado, libre y seguro. Más de treinta mil veces fue negado este derecho fundamental.

Para al menos dos de cada cinco mujeres el acceso a la anticoncepción fue por razones económicas: no podían pagarlo. “Yo me pregunto, ¿por qué no es estable el acceso a los anticonceptivos? Mi teoría es que los insumos no llegan a tiempo, muchas veces se copan con enfermedades de alto costo, pero sobre todo sSiento que se asume que la anticoncepción es solo asunto de mujeres y que, por lo tanto, siempre tendremos una manera de procurar un método anticonceptivo. Que es natural a nosotras. Por eso no hay una preocupación tan sentida con los embarazos no deseados, especialmente en menores de edad”.

Justamente el DANE publicó esta semana una cifra que debería alarmarnos: en el segundo trimestre de 2021 hubo un incremento del 22,2 % de los nacimientos en niñas menores de 14 años, en comparación con el mismo período de 2020. En otras cifras, eso quiere decir que mientras en ese período de 2020 hubo 946 nacimientos, este año hubo 1.156.

En el caso de las mujeres entre 14 y 19 años también hubo un aumento anual: fue del 6,3 %. En el segundo trimestre del año pasado hubo 24.849 nacimientos, mientras que en 2021 hubo 26.405. “Esto es muy grave. ¿Quién ve uno a los 12 o 13 años diciendo en la EPS que necesita una IVE? En la pandemia esto fue más grave, porque no había información, muchas niñas y mujeres quedaron encerradas en sus casas con sus abusadores, es de los peores efectos que ha dejado esta pandemia. Recordemos que el 90 % de los abusadores son personas cercanas. Y esto es porque no hay información sobre un acceso oportuno a anticonceptivos o a IVE. También son niñas, por lo general no tiene recursos económicos. Y de hecho nadie debería tener que pagar un aborto de su bolsillo”, dice Royo.

Si bien es cierto que un embarazo no deseado no necesariamente lleva a un aborto, la razón por las cuales las mujeres no accedieron a IVE incluyen las barreras a las que son sometidas, pero ningún caso se reportó de mujeres que no quisieran abortar. A enero de 2021, dos de cada 100 mujeres encuestadas necesitaron un aborto. Unas 33 de las encuestadas por Profamilia no pudieron acceder a la IVE porque los servicios fueron descontinuados (barreras en la disponibilidad del servicio), por falta de transporte (barreras de acceso) o por temor al contagio).

En la pandemia, Profamilia no cerró las puertas de las sedes durante la pandemia y activó un servicio de telemedicina y medicina domiciliaria para realizar abortos seguros en casa y así garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En 2021 (datos enero-agosto) el número de IVE en comparación con tiempos de pre pandemia (enero-agosto de 2019) en lugar de disminuir, creció en un 20,85 %. “El futuro de Colombia es la despenalización total del aborto. Que ninguna mujer sea judicializada por ejercer autonomía”, concluye Royo.

A este estudio sobre barreras a la anticoncepción y al aborto en pandemia se suman otros datos, como los que presentó la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres el mes pasado, que determinó que 400 mujeres son criminalizadas por abortar al año en Colombia. Las investigadoras pudieron determinar que, desde 1998, se han iniciado 5.500 investigaciones por el delito de aborto. Estos han llegado a conocimiento de estas entidades por denuncias ciudadanas, llamados a la Policía e informes de autoridades, especialmente defensores de familia y comisarios de familia. De esos, 4.754 casos están en etapa de indagación, 102 en etapa de juicio y en 450 ya hubo condena o se decretó medida de aseguramiento.

Si pensamos que hay 400 mujeres criminalizadas al año y 26 condenadas por año, parecen pocas, literalmente una de cada mil. Pero un acercamiento a las cifras demuestra que el sistema penal está más sesgado hacia el control de los cuerpos de las mujeres y que las más afectadas son las niñas rurales. Lo más curioso tal vez es que, a partir de 2006, cuando se despenalizó el aborto bajo tres causales, el número de casos que registra la Fiscalía sigue siendo de 400 criminalizadas por año. El número no cambia, y antes aumenta.

El Espectador

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Libro(PDF): Un largo viaje por América Latina. Invención, reproducción y fundadores de las ciencias sociales

Reseñas

Reseña: CLACSO

* Disponible solo en versión digital

«En la década de 1950 y, sobre todo, entre 1960 y 1970, las ciencias sociales latinoamericanas adquirieron un notable reconocimiento a nivel internacional, especialmente por la búsqueda de un pensamiento crítico propio y con una mezcla de disciplinas y teorías. El libro de Hélgio Trindade reconstruye importantes parte de esta historia y construye una plataforma imprescindible e ineludible para seguir investigando las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Está escrito por alguien que fue y fue parte de este proceso, tanto por su producción académica como por su labor en el ámbito nacional y Organismos académicos Organismos internacionales (CLACSO, AUGM, ANPOCS, IESALC / UNESCO, UNILA), es decir, por un actor destacado.Creo que en un momento en que -desde la década de 1990- el pensamiento crítico latinoamericano perdió el vigor de décadas anteriores, el libro de Hélgio es un aporte formidable a la necesaria y urgente recuperación de esta tradición ”.

Autoras(es):  Hélgio Trindade

Editorial/Edición: CLACSO.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987 -722-947-9

Idioma: Español

Descarga: Un largo viaje por América Latina. Invención, reproducción y fundadores de las ciencias sociales

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2384&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1556

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Educación sexual para decidir

Selene Kareli Zepeda Pioquinto

Por: Selene Kareli Zepeda Pioquinto

En México, durante el mes de junio ocurrieron hechos significativos gracias a la lucha feminista y a la comunidad LGBTQ+; en primera instancia, el dos de junio se aprobó a nivel nacional la Ley Olimpia, la cual es una reforma legal que impone pena de hasta seis años de prisión por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada; asimismo, establece como delito grabar, fotografiar, imprimir o elaborar contenido íntimo sexual sin autorización, y sanciona la violencia mediática, definida como la agresión por cuestiones de género a través de un medio de difusión o comunicación.

Por otra parte, el 16 de junio, el Congreso local de Baja California aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, una lucha que llevaba varios años. De igual modo, el 30 de junio, el Congreso de Hidalgo aprobó la despenalización del aborto. El dictamen permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12; siendo la tercera entidad en consentir la interrupción voluntaria del embarazo, junto con Oaxaca y Ciudad de México. Hoy es posible decir que el aborto legal se ha ganado en 3 de 32 entidades, vamos avanzando.

En este sentido, es ineludible exigir una educación sexual desde los entornos educativos formales y fuera de ellos, una que apunte al autocuidado físico y psicológico, tal como en determinado momento lo señaló bell hooks, debemos aprender sobre el patriarcado como sistema de dominación, reconocer cómo llegó a institucionalizarse y sobre cómo se ha perpetuado, para así poder transformarlo. No basta con legislar los hechos antes mencionados, lo cual sin duda es una gran lucha y muy bien ganada, sin embargo, la toma de consciencia sobre nuestros cuerpos y el cómo nos vinculamos con otros también es necesario, pues es sabido que las culturas de dominación atacan la autoestima y la sustituyen por una idea, en la cual nos hacen creer que obtenemos sentido de ser a partir de la dominación. Así pues, algunos hombres sienten que el uso de la violencia es su única manera de establecer y mantener el poder y el dominio dentro de la jerarquía sexista de los roles de género. De igual manera, las mujeres debemos enfrentarnos a nuestro sexismo interiorizado.

A la par, resulta necesario mirar a las infancias, reconocer que la literatura infantil y el juego, son terrenos cruciales para la educación feminista y emancipadora, que apunte a la conciencia crítica, pues es esa etapa cuando las creencias y la identidad aun se están formando.

La lucha en las calles por hacer respetar nuestros cuerpos y nuestros derechos humanos es tan urgente y necesaria como aquella lucha, que más bien se vuelca en apapachos para sanar la relación que una tiene consigo misma. Mirar hacia adentro, tocar con suavidad y tejernos con otras historias en sororidad.

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