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CII-OVE: Ciclo de recuperación de la memoria histórica del magisterio. OTEP-SN Paraguay.

Algunas características de paraguay

Por Blanco Aquino Bazán (OTEP – SN)

Paraguay es un país mediterráneo, posee una extensión territorial de 406.752 km², es decir relativamente pequeño, con una población total de 6.109.903 de habitantes de acuerdo al último censo de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ese total, 3.057.674 eran hombres y 3.052.229 mujeres. Es un país sub-desarrollado, dependiente política y económicamente de potencias extranjeras hegemónicas de la actualidad. Su economía, principalmente está basada en la agro-exportación. Es decir, exportamos materias primas, insumos industriales y de consumo no elaborados. Con recursos naturales y energéticos suficientes, usufructuado mayoritariamente por empresas transnacionales. Con una población mayoritariamente joven (bono demográfico) Actualmente con un modelo educativo elaborado a la medida de las políticas dominantes.

Con autoridades, de los tres poderes del Estado, mayoritariamente corruptas, salpicadas por la narco-políticas y autoritarias.

LA EDUCACIÓN EN PARAGUAY

Según la Constitución Nacional de nuestro país, “Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio”. (C.N. Art. 73)

Sin embargo, en la realidad, a pesar de “tener derecho a la educación” 476.892 niños, niñas y adolescentes, están fuera del sistema educativo este año. (CDIA Observa)

La brecha social en Paraguay cada día es mucho más grande y la educación es la más afectada en esta situación. Esta brecha se acrecienta entre la educación de élite y la educación de los pobres, la educación del resto de los habitantes y la de los pueblos indígenas, entre la educación privada y la educación pública, entre la educación urbana y la rural. No obstante, desde el Estado y desde la clase “empresarial” dominante, no se avizora un modelo educativo inclusivo, aglutinador, nacionalista y emancipador que pudiera achicar esta mega-brecha social.

El 40 por ciento de los niños menores de diez, que se encuentran en situación de pobreza no tiene acceso a niveles mínimos de nutrición, educación, recreación, salud y vivienda.

Un reciente estudio publicado por el Centro de Investigación Aplicada de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica de Asunción reveló que el 40 por ciento de la población infantil en Paraguay vive en situación de pobreza.

El informe titulado “La infantilización de la pobreza” señala que, de 1 500 000 niños menores de diez años, más de 600 000 se encuentran en situación de pobreza y a la vez sus familias se encuentran en las mismas condiciones, pues en cerca de dos mil hogares los ingresos oscilan entre 14.000 (2.52 dólares) y 21.000 guaraníes (3.78 dólares) diarios, presupuesto que se vuelve insuficiente para la alimentación diaria.

Según Unicef, “En Paraguay, 6 de cada 10 niñas y niños se ven forzados a abandonar la escuela”.

Hoy en Paraguay, 457.844 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, se encuentran fuera del sistema educativo, quedando el 25,3% de la población de este grupo etario excluidos del sistema educativo, según los datos recogidos en el estudio “Niñas, niños y adolescentes FUERA DE LA ESCUELA: perfiles y barreras de exclusión en Paraguay”, publicado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

 “Durante la Pandemia de COVID-19, cerca de 20 000 alumnos desertaron (se excluyeron) de sus estudios en las escuelas y colegios, debido a las dificultades económicas y sociales causadas por la cuarentena y la educación a distancia (restricción de la circulación, riesgo de contraer enfermedades, dificultad en la utilización, acceso y costo a Internet, y otros)” (https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Paraguay)

 David Velázquez caracteriza muy bien el proceso histórico de la educación paraguaya, “…pasando por la incapacidad para que la educación pueda asumir la realidad de un Paraguay de muchas culturas y lenguas; el autoritarismo; el deterioro de la condición de vida de los docentes; el deterioro de la formación docente; la elevada centralización de las decisiones y la reducción de roles de las comunidades y autoridades locales al cuidado y mantenimiento de las infraestructuras, sin incidencia en el currículum; la partidización educativa; hasta el escaso financiamiento para la educación, son apenas algunos de los aspectos…” (Velázquez, D. 2019)

“La herencia de años de gobiernos autoritarios permea el tejido social con un avance en lo cultural y político de grupos conservadores contrarios a los derechos de NNA, que rechazan cualquier intento de cumplimiento del Estado de sus compromisos internacionales en materia de Educación Sexual Integral (ESI), derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, y derechos humanos en general.” (Diagnóstico sobre violencia sexuales contra niñas, niños y adolescentes en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 2021. Red de Coaliciones Sur. P. 7 y 8)

ESTRUCTURA AUTORITARIA, POLICIACA DEL MEC

Los cambios de nombres y personas no han cambiado la situación crítica de la educación paraguaya, hasta ahora.

Desde 1954 hasta el 2023 pasaron 23 ministros. De los cuales solo 4 fueron mujeres. Sin embargo, entre 70 a 80% del magisterio nacional son mujeres.

De los 23 ministros que pasaron, solo 6 tuvieron preparación pedagógica. De entre ellos solo Raúl Peña, duró más en su mandato. Mientras el promedio de duración en esta cartera va de 1,5 a 2,0 años. Uno de los ministerios más importante para el desarrollo de una nación. No obstante, el más inestable de entre todos los ministerios.

Hasta 1943 fue Ministerio de Justicia y Culto e Instrucción Pública. El decreto 387, establece el control de la educación intelectual y moral. Hoy Ministerio de Educación y Ciencias, pero sigue siendo lo mismo. Hasta ahora con la carta orgánica sigue el control, la fiscalización, la de supervisar, intervenir, suspender, clausurar…etc. Es decir, un ministerio policiaco. En educación desde el MEC, nunca se planteó una educación democrática. EL MEC y toda su estructura es responsable del secuestro de la Democracia en el campo educativo. Resoluciones con imposiciones, persecuciones, tomas de decisiones unilaterales y hasta personales. Cumplidor de la línea política, una máquina “educativa” a favor de la clase dominante.

El déficit histórico y la imperante corrupción:

“La educación en Paraguay está en debate: en medio de la «catástrofe educativa» (UNICEF, 2022) que resultó de la gestión en pandemia, existen posicionamientos muy encontrados sobre el derecho a la educación y su alcance. Estas se expresaron, en particular, en los últimos meses, en el marco del debate sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE). Hasta ahora no se ha podido universalizar ninguno de los niveles obligatorios y gratuitos —inicial, básico y medio— garantizados por el marco normativo nacional: entre el 2% y 3% de la población de 6 a 14 años está fuera de la escuela, así como el 16% de adolescentes de entre 15 y 17 años. Las tasas de escolarización en cuanto al ciclo inicial —es decir, 1er y 2do ciclo—, han ido retrocediendo de manera marcada en los últimos 10 años. La calidad de la educación es baja: 68% de los estudiantes no logran las competencias básicas en lectura, en matemáticas (92% de ellos) y en ciencias (76%). Las infraestructuras —desde mobiliario, sanitarios y aulas— son precarias y la alimentación escolar no cubre más que un tercio de las necesidades. Finalmente, son las familias las que cubren con sus ingresos lo que no asegura el Estado en términos de gratuidad. La falta de financiamiento de la educación (no más del 3,5% del PIB por la Administración Central) tiene un vínculo directo con la baja carga tributaria, la cual no permite garantizar recursos en forma sostenida. La realidad tributaria del país está a la imagen de la educación: es de montos insuficientes, se sustenta sobre los gastos de las familias, acentúa las desigualdades y plantea un modelo excluyente de las clases sociales bajas y medias. Las enormes pérdidas fiscales del Estado por evasión, lavado y exenciones tributarias responden a intereses de los sectores dominantes de la sociedad, quienes también han estado desde hace décadas imprimiendo un modelo autoritario, prebendario y finalmente mediocre de la educación. Es por lo tanto necesario vincular justicia fiscal y derecho a la educación para proponer medidas que permitan un financiamiento sostenible de la misma, planteando equidad, universalidad y justicia tributaria para que la educación no sea un bien que se compra, sino un derecho inclusivo, equitativo y de calidad para todos y todas, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas”. (Sarah Zevaco, mayo de 2023)

Además, actualmente hay una casi nula inversión en formación y actualización de docentes, técnicos y administrativos.

Por otro lado, y sumando a todos los expuestos anteriormente, el poco dinero destinado a educación, se suma la corrupción imperante en la alta esfera del ejecutivo como, por ejemplo, licitaciones amañadas, sobrevaloración de costos y otros. (“Cocido de oro”, “computadoras de oro”, viáticos exorbitantes).

En consecuencia, tenemos que, de 8.648 instituciones educativas públicas, más del 50% están en mal estado. Según el MEC se necesita 777 millones de $, para diversas demandas como: Infraestructura, capacitación, elementos tecnológicos, textos, contrato de profesionales, equipamientos tecnológicos y otros.  Se necesita 410 millones de $ para reparar 12.000 aulas y 3.000 baños.

Más de 2.600 aulas tienen peligro de derrumbe. 147 locales educativos no tienen energía eléctrica. A esto se suma que el Estado eroga 40 millones de dólares al año por instituciones privadas subvencionadas.

Es evidente que el Estado, con este modelo económico neoliberal capitalista, dominante y explotador, no tiene la voluntad política de recaudar más para cumplir su compromiso social.

MOVIMIENTOS SINDICALES DEL PARAGUAY

En un intento de recopilar datos históricos sobre los movimientos y fundaciones sindicales del Paraguay nos encontramos con algunos indicios importantes. Sin embargo, los más resaltantes de la historia de sindicalización expondremos brevemente a continuación.

Pasaron 4 años de haber terminado la Guerra del Chaco (Paraguay contra Bolivia: 1932-1935), el país seguía en una inestabilidad política, social y económica. La situación de los funcionarios públicos y obreros en este contexto evidentemente no era de lo mejor. Además, a nivel internacional había una ola importante de movimientos sindicales.

En este contexto surgió la Confederación de Trabajadores del Paraguay (CTP), fundada el 29 de mayo de 1939, en el primer Congreso Obrero Nacional.

La CTP se atribuía al momento de su fundación la representación de 30.000 afiliados, articulados en 48 organizaciones sindicales de todo el país. De las mismas, se destacaban como sus principales pilares la Liga de Obreros Marítimos (LOM), la Asociación de Ferroviarios, la Asociación Tranviaria, la Federación de Obreros del Calzado y las diferentes agrupaciones de obreros de la construcción (mosaístas, carpinteros y ebanistas, pintores, albañiles, etc.) (Gaona 1990).

Después de unos meses de haber asumido el poder, como presidente de la república, Higinio Morínigo, la Confederación de Trabajadores del Paraguay (CTP), recién fundada se confrontó con el gobierno dictatorial del mismo, a raíz del apoyo a una huelga anteriormente iniciada por la Liga de Obreros Marítimos (LOM).

A partir de la mencionada confrontación, desde el gobierno impulsaron la conformación de una organización sindical afines a los ideales políticos del gobierno imperante. La Organización Republicana Obrera (ORO), creada por los Guiones Rojos en octubre, desarrolla por primera vez un intervencionismo directo en el ámbito sindical por parte de un partido político de gobierno (Barboza 1987: 104).

Ya durante la primera presidencia de Stroessner, en el año 1958, la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) se lanza a una huelga general en reclamo de aumentos salariales. El resultado fue una respuesta represiva y radical por parte del gobierno y los organismos de seguridad del Estado. La CPT terminó intervenida y un oficial de policía colocado por el gobierno en el cargo de secretario general, mientras que otros siete oficiales de policía fueron designados en cargos del comité ejecutivo de la organización (Villalba 1982: 7)

Estos «dirigentes», dado su sometimiento al aparato represivo del poder político, entran a formar parte del grupo de elementos corruptos que hacen de la acción sindical una carrera política, distorsionando el papel de dirigente en defensa de los intereses económicos y políticos de los trabajadores a informantes de la policía y la patronal (Cardozo Rodas 1992: 41).

Pero la resistencia del pueblo obrero contra el régimen dictatorial, se reagrupó y formó el 1 de mayo de 1985, Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay (MIT-P). En recordación de su fecha fundacional, en mayo de 1986, después de la celebración de la misa en la iglesia del Colegio Cristo Rey, marcharon hacia la Plaza Italia. Sin embargo, antes de llegar a la plaza, fue brutalmente reprimida por policías y civiles simpatizantes del régimen armados con garrotes.

FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDICATO NACIONAL (Otep – SN).

En el mismo año (1.986), la dictadura Stronista seguía con sus pasos de terror y de tortura. El magisterio nacional estaba tan oprimido, pero el espíritu revolucionario de muchos compañeros no se apagaba; cuyo resultado fue la fundación de la Otep-SN, el 1 de junio de ese mismo año, como una alternativa de respaldo y de defensa de los derechos de los maestros en contra posición a la oficialista Federación Nacional de Educadores del Paraguay (FEP), desde entonces se convirtió en una herramienta de lucha para derrotar la imposición de la tiranía.

Una de sus grandes luchas fue la Campaña de 100.000 firmas para exigir el Salario Mínimo (1987, 1988, 1989).

La Otep-SN incorporó el debate sobre el sindicalismo en el Magisterio Nacional y fue artífice de la construcción de un sindicalismo independiente a los intereses de los gobiernos de turno, que hasta entonces era común en la esfera de los trabajadores de la educación, la sumisión de los sindicatos a los poderes políticos del momento.

En 1.990 La dirección política de la Otep-SN preparó, coordinó y llevó a cabo la primera Huelga General del Magisterio Nacional. Posteriormente, la organización ya más consolidada tuvo participación activa en el debate de la Convención Nacional Constituyente de 1992. En este mismo año, comienza su lucha por las libertades políticas, esto demostró en su lucha y defensa de los derechos docentes, conquistando por primera vez, el Salario Mínimo por turno para todos los docentes del país. En esta misma línea, viendo la necesidad de un sindicalismo independiente de las políticas opresoras internacionales y nacionales integró la Coordinadora Obrera Campesina y Popular (COCP).

En 1.999, organizó y realizó el Congreso Popular por la Educación, donde se debatió ampliamente, con todos los sectores: La educación que tenemos y la educación que queremos, en el marco de una reforma educativa impuesta a nuestro país por los organismos financieros internacionales. Una reforma educativa diagnosticada, planificada y diseñada por la Universidad de Harvard y financiado por el Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este mismo año, como gremio comprometido con el proceso democrático del país, acompañó y defendió con el pueblo las libertades públicas que estaba en peligro por el resurgimiento del régimen fascista, oviedista de aquel entonces.

Apenas culminado el Congreso Popular, la Otep-SN se abocó al debate y elaboración del Estatuto del Educador. Con el objetivo de reconocer y proteger la labor profesional docente a través de un marco legal. Esto lo llevó a la Otep-SN a uno de los más grandes logros que fue la conquista del Estatuto del Educador Ley N° 1725/2001.

Pero un año antes, (2000), el presidente González Macchi reactivó la Secretaría de la Reforma y promulgó la Ley 1615 de las Privatizaciones de Empresas Públicas, que se constituyó en el marco legal para realizar las privatizaciones. La primera empresa pública en la agenda privatizadora pasó a ser la telefonía básica (Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTELCO) que se convirtió en Corporación Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO). La Secretaría de la Reforma fue asesorada por empresas internacionales y nacionales, para el proceso de privatización del patrimonio nacional y los bienes públicos.

En este contexto la Otep-SN, conjuntamente con sectores campesinos, sindicales y de izquierda conformaron el Congreso Democrático Popular que tomó la derogación de la Ley 1615 como una de sus principales reivindicaciones. Durante mayo y junio de 2002 se desarrollaron numerosas movilizaciones (cortes de ruta, manifestaciones, etc.), que paralizaron el país. Finalmente, el Parlamento, tras17 días de lucha ininterrumpida y resistiendo represiones que incluso derivó a la muerte de un joven campesino, derogó la citada Ley.

Transcurría el año 2.003 y con el fin de completar el marco legal ya obtenido, nuestro sindicato luchó y conquistó a favor del magisterio nacional el decreto reglamentario 468 de la Ley 1725. Posteriormente y siempre en la lucha directa, ocupando las calles y plazas, la Otep-SN logró miles de rubros para Ad-Honorem; además instala la importancia del debate sobre la participación política de las compañeras trabajadoras de la educación en todas las instancias organizativas y sociales del país.

La recategorización de Rubros (2003-2006), el cumplimiento de la Ley de complemento Nutricional (2004), Ley 2.345/2003 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público., el reconocimiento de los AD-HONOREM en vez del Voluntariado y la Resolución 205 para Interinos (2008) son luchas concretas que la Otep-SN dirigió, siempre pensando en defender y conquistar los derechos y reivindicaciones de los trabajadores de la educación y de la comunidad educativa.

En el año 2006, la Otep-SN presenta propuesta concreta de mayor presupuesto para beneficios docentes, infraestructuras, kits escolares, gratuidad, alimentación escolar. Además, la conquista de la Resolución 14.620 que amplía la Resolución 16.092, posibilita la participación de la comunidad educativa en la decisión sobre la cantidad de alumnos por aulas.

Una contundente victoria de nuestro sindicato se da con la conquista, por segunda vez del Salario Mínimo por turno en el 2011, camino al Salario Básico Profesional.

La Otep-SN confronta al gobierno de Cartes ante sus atropellos hacia los docentes y lucha contra la persecución sindical. Tal es así que la línea de la Otep-SN se ve en su resistencia y coherencia en la lucha contra todo tipo de persecución sindical y política (2013 – 2017)

Desde 2015 es integrante del Congreso Democrático del Pueblo, que lucha por el cambio real y necesario del Paraguay, con la construcción del Poder Popular.

El año 2017, fue un año de combate y conquista, tanto por el modelo de estado imperante, como por los modelos sindicales acomodado en gran parte a la política manipuladora y amenazante del gobierno de Cartes. Sin embargo, gracias a la línea coherente y hegemonizadora del planteo de la Otepsn se logró la incorporación en el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGGN), año 2018, del proceso inicial de implementación del Salario Básico Profesional Docente (SBPD), por primera vez después de 17 años de la promulgación de la Ley 1725/01. El SBPD, recién se concretaría como tal, en el año 2024, gracias a las grandes luchas llevadas y direccionadas en líneas por la Otep-SN.

Un año antes de esta concreción reivindicativa importante para el magisterio nacional, la Otep-SN, realizó la carpa nacional, para debatir sobre: los nuevos desafíos en educación y un modelo educativo para el desarrollo nacional. En esta convocatoria nacional participaron docentes de todo el país, intelectuales nacionales e internacionales, investigadores, padres, estudiantes y universitarios. Esta carpa nacional concluyó con la entrega de un modelo educativo para el desarrollo nacional.

Bibliografía

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Paraguay

GONZÁLEZ BOZZOLASCO. El movimiento sindical paraguayo. Represión, cooptación y resistencia. Asunción: Germinal/Arandurã.

GAONA, F. (1990). Introducción a la historia gremial y social del Paraguay. Tomo III. Asunción: RP Ediciones y CDE.

BARBOZA, R. (1987). Los sindicatos en el Paraguay. Evolución y estructura actual. Asunción: CIDSEP.

VILLALBA, R. (1982). Paraguay. Coyuntura Sindical. Asunción: CDE.

CARDOZO RODAS, V. (1992). Lucha Sindical y Transición Política en Paraguay 1990. Costa Rica: EUNA.

Descarga aquí la presentación en Power Point sobre el tema: OVE Paraguay-Un-Vistazo-General

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Albores del Movimiento Pedagógico en Chile

ALBORES DEL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO EN CHILE

(Ciclo Memoria Histórica del Magisterio)

https://www.youtube.com/watch?v=Z7LqEu8QHpA

Andrés Arce Olate [1]

RESUMEN

La primera organización de trabajadores que se ha registrado es la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria (SPIP), fundada en mayo de 1903, desde entonces la crisis del sistema educativo fue despertando distintos referentes a lo largo del siglo XX. En el presente texto haremos un balance de las principales organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación durante el siglo XX. Esto señalado desde una perspectiva de la relevancia en torno a propuestas pedagógicas y político-educativas, situándolas en la historia del Movimiento Pedagógico Latinoamericano.

CONTEXTO DE INICIO

La historia de la “cuestión social” en Chile es la historia de la precariedad de los sectores populares, de amplias masas de campesinos y obreros que vivieron generación tras generación ausentes de derechos republicanos que cubrieran sus necesidades humanas básicas. La profundidad de esta marginalidad era radical, la mayor parte de la población chilena a mediados del siglo XIX era analfabeta. Esto se vio agudizado entre los años 1840 y 1860, año este en que, para reparar esta situación, se crea la Ley Orgánica de Educación. Se hizo evidente que desde una lógica de tardío capitalismo, de un espíritu de progreso liberal y como fase de consolidación del Estado, la oligarquía y la burguesía empresarial establecieran el acuerdo de abrir la educación pública a los sectores más pobres. Este acuerdo transversal se materializa en la apertura de liceos, abrir el rol de la docencia a la mujer y, por último, de legislar en 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Este hito chocó con el sentido común social, pues, como señaló Amanda Labarca en su libro Historia de la Enseñanza en Chile, a 1920 el 40% de la población desde la edad de escolaridad seguía siendo analfabeta y, además, las y los profesores que ya ejercían en complejos contextos sociales, se agrupaban y reflexionaban. Claramente, sectores de la institucionalidad, como señala Leonora Reyes, percibían y tenían completa conciencia de la precariedad y de la crisis educativa y la reforma era parte de su plan de acción para generar una sociedad que tuviera un mínimo de dignidad civil. Estos hechos dan inicio a lo que se ha dado en llamar el “Estado Docente”.

No obstante, los sectores de profesores agrupados inicialmente en el sector secundario y universitario, comenzaron a problematizar la situación del sistema educativo. Se comenzaron a congregar en encuentro de diverso tipo como congresos, conferencias, seminarios, etc., pero seguían manteniendo la distancia con los sectores más precarizados, ya que en general eran parte de la burguesía liberal ilustrada.[2]

Por otro lado, el sector de las y los profesores escolares, que vivían en condiciones algo mejores que los obreros calificados, comenzaron a reunirse y a organizarse en las formas propias de este periodo de entre siglos: a través de mancomunales y apoyos mutuos.

En este periodo de inicios del siglo podemos contar por ejemplo que en 1903 se funda la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria (SPIP), en 1905 se funda el Centro de Profesores, también ese año la Asociación de Educación Nacional, luego en 1915 la Federación de Profesores de Instrucción Primaria (FPIP), algunas de ellas de claro corte conservador. En este contexto también se funda la Sociedad Nacional de Profesores (SONAP), donde convergen una serie de intelectuales, con carácter mutualista que apoya las reivindicaciones laborales a nivel nacional sobre todo en el contexto de los años posteriores a la aprobación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.[3]

PRIMEROS GÉRMENES DE MOVIMIENTO PEDAGÓGICO

Ya hemos señalado algunos elementos del origen de la organización docente en Chile, hitos germinales situados, como señala Iván Ljubetic, en el marco de las mancomunales surgidas a fines del siglo XIX e inicios del XX, diversos encuentros de profesores alentados por la precariedad radical de las grandes masas populares sumidas en un analfabetismo generalizado que requirió la formalización de la Educación Pública en el contexto de la llamada “cuestión social”. Pero como hemos también señalado, con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria, con un contexto de profunda crisis educativa y un escenario político-institucional revuelto, las iniciativas de unidad que se encontraban dispersas comenzaron a converger, nos referimos de esta manera a uno de los momentos de mayor conciencia e incidencia política de la historia del magisterio chileno: la Asociación General de Profesores de Chile (AGP).

Fundada el 27 de diciembre de 1922, surge a consecuencia de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, una ley icónica que pese a ser reconocida como un hecho relevante en la historia republicana de Chile, recibió muchas críticas por parte de los pedagogos más relevantes de la época, dado que se entendía que la Educación Pública era una responsabilidad transversal y, como ha sucedido también en nuestros tiempos, como señala con gran lucidez la historiadora Leonora Reyes, las demandas del pueblo organizado fueron respondidas en clave institucional, desde arriba. Es por ello que Gabriela Mistral expresó:

“El Estado, cualquiera que él sea, no puede renunciar a la dirección y al control de la Educación Pública. ¿Por qué? Por la razón notoria de que el Estado es el órgano de la clase dominante.”[4]

Mariátegui por su parte se refiere de esta manera:

“La Asociación General de Profesores de Chile representa el más interesante y considerable movimiento de maestros de toda América. Gabriela Mistral decía que era la única agrupación que sentía viva en Chile”. [5]

Esta impresión del Amauta se refiere al rol que la AGP lleva adelante en un contexto de grandes reformas que terminarían con la represión del Gobierno de Alessandri, Constitución de 1925 y la posterior represión de Ibáñez.

“Tuvo su origen este sindicato beligerante y activo en la convención nacional de maestros celebrada en Santiago de diciembre de 1922 para deliberar sobre la organización de magisterio, la reforma de la enseñanza y la acción social del profesorado.”[6]

En su trabajo a nivel nacional con representación en las principales ciudades del país, la AGP participó de su propio espacio constitucional, siempre desde una mirada anarco-sindicalista propia de su tiempo, con un cuestionamiento profundo a las figuras partidistas, aunque sin perder de vista las necesarias alianzas tácticas con partidos revolucionarios como el Partido Comunista. En este desarrollo de la organización, se estructura a partir de Agrupaciones Provinciales.

Por otro lado, es de gran relevancia referirse a la revista que funda la asociación, se trata de Nuevos Rumbos, órgano impreso que viene a representar una de las máximas expresiones de la prensa obrera con una amplitud de temas que como señala Leonora Reyes “versaban sobre sociología, biología, psicología, filosofía de la educación e higiene sexual”[7]. Asimismo, señala en otra cita:

“A través de las páginas de Nuevos Rumbos, la asociación criticó la figura tradicional del maestro primario rutinario, a-crítico, repetidor memorístico y atrapado en las redes del clientelismo político característico del periodo parlamentario. Además, levantó un ideal de maestro inédito en Chile: un sujeto que estudia, interpreta, elabora, se asocia con otros, y decide sobre su realidad educacional.”[8]

Por su parte, José Carlos Mariátegui señalaba:

Nuevos Rumbos, un periódico valiente y combativo, que en toda Hispanoamérica era conocido y apreciado, llevaba a todas las secciones de la Asociación la admiración constante de sus dirigentes.”

Pero, asimismo, representa una de las experiencias que, con diversas características, vivirán también otras organizaciones chilenas a lo largo del siglo XX. Esto es, el hecho de agruparse a partir de la defensa de derechos laborales y salariales, en un plano reivindicativo, que serán paulatinamente superados en la medida en que la conciencia social y política los lleva a desarrollar un programa de gran envergadura, poniendo el foco en una mirada de sistema en el plano educativo y con un profundo sentido de clase. Esto se ve materializado en la AGP con el proceso de levantamiento y liderazgo de la Asamblea Constituyente de Obreros y Asalariados celebrada los primeros días de marzo de 1925. El resultado para la Asociación fue el Plan Educacional, el cual fue despreciado y luego reprimido por Alessandri.

Posteriormente, en el contexto del Gobierno de Ibáñez, la AGP logra instalar su reforma total a partir del Decreto 7500 que se alcanzó a implementar durante nueve meses, con principios propios del movimiento de la Escuela Nueva que tanto se había desarrollado en Europa en ese momento. En 1928 Ibáñez detiene la reforma, impulsa una contrarreforma y despide, relega y exilia a múltiples profesores pertenecientes a la AGP.

Es así que hoy, como también ha señalado Leonora Reyes, podemos entender el despliegue de la Asociación “más como un movimiento pedagógico-cultural que uno exclusivamente gremial”, desde una perspectiva de un contante trabajo co-legislativo.

Presentación en Power Point La-Lucha-del-Magisterio-Chileno

FEDECH y SUTE

Después de la disolución de la AGP, producto de una crisis económica y social sin precedentes, como lo fue la Gran Crisis del 29, sumado a la superación del salitre como materia prima estratégica, siendo el principal sustento industrial del país, en 1932 surge la Federación de Maestros de Chile. La Unión de Profesores de Chile, a su vez, va a superar a la Federación en 1936, se trata de una organización que surge en un momento de gran acumulación de fuerza de los sectores populares y sindicales y agrupamiento político de la mano del Frente Popular que lleva a la presidencia de Chile al ex dirigente fundador de la SONAP, el profesor y militante radical Pedro Aguirre Cerda. En 1944 va a surgir la Federación de Educadores de Chile (FEDECH) que viene a ser parte de un proceso de maduración cada vez mayor de la organización de las y los trabajadores de la educación.

Fundada el 14 de junio de 1944, la Federación de Educadores de Chile agrupó a nueve organizaciones de trabajadores de la educación: la Unión de Profesores de Chile (UPCH), la Sociedad de Profesores de Chile (SONAP), Asociación de Profesores de la Enseñanza Técnica y Comercial (ASTECO), la Asociación de Profesores de la Enseñanza Industrial y Minera (ASEIM), la Asociación de Profesores de Escuelas de Adultos, la Sociedad de Profesores Jubilados de Instrucción Pública y la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria (SPIP).

La FEDECH existió durante 26 años, es decir, hasta 1970 cuando, en un proceso de maduración mayor de las luchas sociales y lucha de clases, como lo es el cumplimiento del programa de Gobierno de Salvador Allende, surge el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación.

Los conflictos de la Federación con el Estado serán múltiples, impulsó un total de 16 huelgas en su existencia, al punto de que al día de hoy no ha habido una huelga más larga que la desarrollada en 1968 por este referente del mundo educativo en la historia de Chile.

Entre sus ejes reivindicativos la FEDECH de concentró en tres dimensiones, como señala Jorge Sanhueza:

“1) La expansión y el mejoramiento del sistema educacional, 2) Un tratamiento salarial adecuado y 3) Una participación mínima de las organizaciones en las políticas educacionales.” [9]

Su primera huelga fue en 1950 en razón de una exigencia salarial, pero con el paso del tiempo, más allá de lo reivindicativo laboral y remuneracional, se comienza generar una subjetividad de unidad basada en un elemento de mayor profundidad de conciencia de clase:

“A pesar de la división estructural del magisterio, la experiencia vivida bajo el liderazgo de la Federación permitió abrir un proceso en el que se fue forjando una nueva dimensión identitaria: ser trabajadores de la educación. Esta formulación se encontraba más allá de una cuestión semántica pues implicaba el cambio de una lógica sectorial por una de orden sistémico que admitía diferentes niveles de reconocimiento entre pares para la unidad, incluso más allá del magisterio.”[10]

Esta noción de pertenencia a la clase trabajadora sin distingos gremiales se logra representar de mejor manera en la huelga llevada a cabo en 1968 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva que intentaba llevar adelante un proyecto reformista alineado con la lógica imperialista a través de la llamada “Revolución en Libertad”, cuyo nombre buscaba estigmatizar a los movimientos revolucionarios de corte marxista-leninista en el continente americano, además de ser una fórmula de interpelar directamente a la reciente Revolución Cubana que había sido como una cola de fuego que levantaba la moral de todos los movimientos de trabajadores revolucionarios  en el ámbito educativo en América Latina y, como se verá, en particular en Chile a fines de los 60’s hasta el proyecto de la Unidad Popular con Salvador Allende.

A principios de 1968 se presenta en el Parlamento un proyecto que reajustaba los salarios de los funcionarios públicos. La FEDECH había participado activamente en la elaboración de la propuesta, sin embargo, Hacienda en la presentación de ese verano estableció un reajuste diferenciado: 24,5% para unos y de 12,5% para otros. Las y los trabajadores de la educación quedaron en el grupo menos favorecido. Esto dio inicio a la huelga más larga en la historia del magisterio: 59 días de paralización. Asimismo, el resultado de ello fue una demostración de fuerza a gran escala, en apoyo otros sindicatos de la industria minera comenzaron a paralizar gradualmente sus faenas. Todo ello terminó con un incremento de 17% y un acuerdo de aplicación para los años venideros.

Sumada a esta consolidación en términos de lucha, se evidenció una gran explosión de sindicalización, donde las organizaciones que eran parte de la FEDECH veían cómo desde el año 1968 el aumento de afiliaciones sindicales en algunos casos se quintuplicaba.

Sobre esta base, las necesidades de la FEDECH, con un mayor crecimiento y con un contenido de clase cada vez mayor, se comenzaron a orientar a las transformaciones orgánicas. De esta manera, las organizaciones que componían la Federación, tomaron la definición de transitar hacia un instrumento sindical mayor, que reuniera de manera expedita y democrática a las y los trabajadores, pero que también tuviese un norte político de clase, no solo sectorial. Es de esta manera que surge el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE).

No obstante, su vida sería breve. Ya el solo hecho de su creación se fue dilatando en lo que se le llamó “SUTE marcha blanca” que recién logra su legalización en enero de 1972.

El contexto de la creación fue el de la Unidad Popular y el Gobierno de Salvador Allende, proyecto político de la clase trabajadora que llevó a las organizaciones sindicales a alcanzar su máximo de conciencia política en lo que fue el siglo XX. Ejemplo de ello es que en el Congreso de Educación del SUTE del año 1971 la tabla de la discusión fue:

“1. Las necesidades y problemas culturales y educacionales del pueblo de Chile y las tareas de la construcción del socialismo

  1. La planificación y el sistema nacional de educación en el tránsito hacia el socialismo
  2. La política de democratización educacional
  3. La Escuela Nacional Unificada como institución representativa de la nueva educación.” [11]

Lamentablemente para este proyecto de la clase trabajadora, el programa de construcción de la Escuela Nacional Unificada (ENU) iba a utilizarse como punta de lanza de la guerra de clases desatada en esos años. El propio SUTE en su interna iba a tener una férrea disputa entre los sectores del oficialismo e izquierda radical contra la Democracia Cristiana aliada con el fascismo y financiada por el imperialismo. De esta manera, en las elecciones del SUTE gana la conducción este último sector lo que, de manera incoherente con sus aspiraciones de clase, lleva a la organización a mantenerse de manera ambigua en el escenario de un ataque apabullante al Gobierno en general y a la ENU en particular. De hecho, en la primera parte del año 1973, ésta va a marcar uno de los puntos de inflexión de las Universidad Católica de Chile, la prensa aliada del golpismo, como lo fue de manera protagónica el diario “El Mercurio”, la Iglesia e incluso la misma oficialidad de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, todos estos sectores quienes manipulando el contenido democrático de la propuesta de sistema educativo, señalaban e impugnaban la propuesta diciendo que era un proyecto de adoctrinamiento marxista para la población chilena.

COLEGIO DE PROFESORES, AGECH Y LA DEMOCRATIZACIÓN

Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el ataque al sindicalismo y a sus organizaciones a nivel nacional fue abierto y directo. Así es como mediante el crimen, los asesinatos, desapariciones y torturas las y los trabajadores organizados fueron blanco del terrorismo de Estado. El SUTE cancelado y desarticulado. Al año siguiente, el 16 de octubre de 1974 la Dictadura instalada crea el Colegio de Profesores de Chile, órgano colegiado al que estaban obligados a participar las y los profesores del país, con dirigentes designados y, en su rol de colegio profesional, absolutamente ajeno a la política y afín al proceso de represión a gran escala y contrarrevolucionario instalado en esa década.

Sin embargo, las y los profesores dispersos que querían hacer frente a la dictadura se comienzan a agrupar en distintas zonas del país. Un ejemplo de ello es la Coordinadora Metropolitana de Educadores de la zona sur de Santiago de Chile. A partir de ello surgen los Talleres de Educadores Democráticos, parte de un proceso intelectual y de activismo y agrupamiento político.

“Las reuniones comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes, en torno a talleres de cuentos, poesía, teatro, pintura, hasta deportivos. El apoyo de la Iglesia Católica fue estratégico, posibilitando una mayor coordinación y sistematicidad para este tipo de reuniones. Estas se realizaban en los Departamentos de Capacitación Laboral de la Arquidiócesis de Santiago, confluyendo en la Coordinadora Metropolitana de Educadores. Con el tiempo las temáticas variaron desde peñas folclóricas a asambleas sindicales, haciendo llamadas al magisterio para construir Consejos Gremiales. El mismo Proceso se daba en otras ciudades del país como Concepción y Viña del Mar, lo que en conjunto convergió en la creación de la Asociación Gremial de Educadores de Chile AGECH en 1981.”[12]

A inicios de los años 80 surge la ley de Asociaciones Gremiales, donde se constituye la AGECH, y pasando el propio Colegio de Profesores a transformarse en una de ellas. Con esto también se permitió la elección democrática de sus dirigentes. Ante esta posibilidad, la Dictadura utilizó todo tipo de ardides para evitar el copamiento democrático de la principal organización de trabajadores de la educación del país. Es en este proceso en que es asesinado uno de los más relevantes mártires del profesorado chileno: Manuel Guerrero Ceballos, militante del Partido Comunista.

Al ser la AGECH una asociación que impugnó con claridad a la Dictadura, incluso perdiendo su personalidad jurídica y teniendo que luchar para volver a obtenerla, a fines de diciembre de 1985 se realizan por primera vez elecciones democráticas en el Colegio de Profesores de Chile.

La AGECH tuvo un rol fundamental en este proceso, pues, como señala Jorge Pavez Urrutia, su dirigente histórico:

“(La AGECH) duró desde el año 82 al 87 (…) el comienzo de la lucha magisterial para nosotros que éramos un movimiento de expresión dentro del Colegio de Profesores”.

Y sobre ello también expresa:

“Luego viene el periodo de la Asamblea de la Civilidad en que participo cercanamente y luego viene prácticamente el término de la AGECH, porque por primera vez se hacen elecciones en el Colegio de Profesores y hay entre los años 86 y 87 dos organizaciones que tienen más o menos los mismo principios, pero que no se unen; pero como hay voluntad política de apertura para recoger efectivamente todo lo que había sido la AGECH, nosotros entramos a competir dentro del Colegio y la verdad es que nos va bastante mal porque lo únicos dirigentes electos que quedamos en la directiva del colegio fuimos Carlos Vásquez y yo, todos los otros perdieron. Y esa es la historia hasta la AGECH, digamos, después viene todo el tiempo acá, del Colegio.”[13]

El fin de la AGECH está situado por tanto en el afán de construir desde el Colegio de Profesores, desde la experiencia de la lucha contra el fascismo y por los derechos humanos en el contexto, pero además con el afán de que el Colegio de Profesores sea también un instrumento que apueste a una mirada programática de la sociedad.

El Movimiento Pedagógico en el magisterio se da de esta manera, como un aprendizaje de la experiencia de la organización docente de Colombia, frente al retorno a la democracia donde se mantuvo el orden social planificado por la dictadura en forma de un neoliberalismo ultra ortodoxo:

“Esta situación hizo que el democratizado y recuperado Colegio de Profesores convocara, a siete años de iniciada su transición democrática, a un Congreso Nacional de Educación.”[14]

Este espíritu heredero de la AGECH va a tener réplicas en 2005 con un Congreso Nacional Curricular y luego en 2015 con el proceso de paralización por 57 días contra el paradigma competitivo, descontextualizado y neoliberal de la Carrera Profesional Docente. En 2021 se genera un nuevo Congreso Nacional de Educación con el objetivo de nutrir en un solo programa educativo nacional de las organizaciones sociales por la educación una propuesta de articulado para una nueva Constitución Política para la República de Chile. El objetivo inicial se cumple, las organizaciones logran un articulado que busca cambiar los pilares de la educación de mercado: financiamiento, libertad de enseñanza, administración y gestión y estandarización. Sin embargo, con el ataque ininterrumpido de los medios de masas y la activación sin límites de las fake news y el big data[15] la propuesta fue rechazada por la ciudadanía.

Esta experiencia da como resultado la propuesta de Escuela Pública Estatal Comunitaria y Feminista como síntesis de la discusión de miles de docentes y trabajadores de la educación a nivel nacional. Propuesta que mantiene su vigencia en el sentido de que mantiene el proyecto histórico de los grandes movimientos pedagógicos a nivel nacional y sirve de hoja de ruta para continuar la lucha por la reconstrucción de la Educación Pública y por un modelo de sociedad más justa.

BIBLIOGRAFÍA

Cuevas, José Ángel, “Materiales para una memoria del profesorado”, Ediciones Colegio de Profesores, 2002.

“La «brutal» desinformación sobre la nueva Constitución propuesta para Chile (y algunas de las confusiones más difundidas)”, publicado en www.bbc.com.

Ljubetic Vargas, Iván, Historia del Magisterio Chileno, Ediciones Colegio de Profesores de Chile A. G., Santiago, 2004.

Reyes Jedlicki, Leonora, “La escuela en nuestras manos”, Quimantú, 2014.

Reyes Jedlicki, Leonora, “Profesorado organizado en Chile: Poder docente y movimientos pedagógicos” en Cuadernillo de Estudio Escuela Itinerante Manuel Guerrero Ceballos, 2017.

Sanhueza Ochoa, Jorge, “El paso de la Fedech al SUTE: sindicalismo y política educacional en la organización magisterial”, en (Re)Construir Movimiento Pedagógico en Chile, Ariadna Ediciones, 2022.

[1] Profesor de Lenguaje del Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, Dirigente Regional Valparaíso del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A. G. y militante del Movimiento por la Unidad Docente (MUD).

[2] Reyes Jedlicki, Leonora, “La escuela en nuestras manos”, Quimantú, 2014, páginas 56 a 67.

[3] Ljubetic Vargas, Iván, Historia del Magisterio Chileno, Ediciones Colegio de Profesores de Chile A. G., Santiago, 2004, páginas 31 a 120.

[4] Citada en Reyes Jedlicki, Leonora, Op. Cit., pág. 69.

[5] Mariátegui, José Carlos, “La crisis de la reforma educacional en Chile”, en “Escritos sobre Educación y Política”, Ediciones Godot, 2017, pág. 63

[6] Ídem

[7] Reyes Jedlicki, Leonora, “Profesorado organizado en Chile: Poder docente y movimientos pedagógicos” en Cuadernillo de Estudio Escuela Itinerante Manuel Guerrero Ceballos, 2017, página 13.

[8] Reyes Jedlicki, Leonora, “La escuela en nuestras manos”, Quimantú, 2014, pág. 72.

[9] Sanhueza Ochoa, Jorge, “El paso de la Fedech al SUTE: sindicalismo y política educacional en la organización magisterial”, en (Re)Construir Movimiento Pedagógico en Chile, Ariadna Ediciones, 2022, páginas 113 a 129.

[10] Ídem

[11] Ídem

[12] Reyes Jedlicki, Leonora, “Profesorado organizado en Chile: Poder docente y movimientos pedagógicos” en Cuadernillo de Estudio Escuela Itinerante Manuel Guerrero Ceballos, 2017, página 18.

[13] Cuevas, José Ángel, “Materiales para una memoria del profesorado”, Ediciones Colegio de Profesores, 2002, páginas 91 a 93.

[14] Reyes Jedlicki, Leonora, Íbidem.

[15] “La «brutal» desinformación sobre la nueva Constitución propuesta para Chile (y algunas de las confusiones más difundidas)”: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62245073

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España: Cuarta edición del concurso de memoria histórica para jóvenes

El concurso, con tres modalidades diferentes, está pensado para chicas y chicos desde secundaria hasta los 35 años. Cada persona puede entregar hasta dos trabajos para cada una de las modalidades que consisten en un ensayo historiográfico, un escrito literario o un vídeo.

Hasta ahora el concurso se había restringido al ámbito de la Región de Murcia, pero en esta ocasión es de ámbito estatal. Por eso se admitirán trabajos en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, siempre y cuando adjunten una traducción al castellano

Los trabajos deben centrarse en cierto marco temporal que irá desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la Transición democrática, incluida esta.

Habrá dos tipos de participantes: estudiantes de secundaria o bachillerato y alumnado universitario o menor de 35 años.

Ambos podrán participar en las tres modalidades del concurso. La primera de ella es un ensayo histórico o investigación inéditos. La segunda, un trabajo literario que tenga como centro de interés algún aspecto de la Memoria Democrática o de sus protagonistas. En este caso, los textos pueden ir desde el microrrelato a la poesía, pero no deben sobrepasar los 25 folios o las 50 páginas. La tercera modalidad es audiovisual. Un vídeo con una duración de entre uno y tres minutos.

El concurso cuenta este año con una subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ha permitido un aumento considerable en la cuantía económica de los premios, que se encuentran, según la modalidad, entre los 600 y los 900 euros. La cuantía puede consultarse en las bases. Los trabajos podrán entregarse hasta el 1 de mayo.

En cualquier caso, los jurados tendrán en cuenta la calidad del trabajo conforme a su modalidad y categoría, su pertinencia en el campo de la memoria histórica y su relevancia para la memoria colectiva y social.

El jurado en las dos primeras modalidades estará conformado por Francisco Espinosa Maestre, como presidente
honorario, y por historiadoras e historiadores: Mirta Núñez Díaz-Balart, Dolors Marín Silvestre, Pedro M.ª Egea Bruno, Fernando Hernández Sánchez y Ángel del Río Sánchez.

En el caso de la modalidad audiovisual, el jurado estará presidido por Carlos Olalla, (cineasta, profesor de audiovisual y director del Festival de FESTIMED), Alfonso Burgos (director de cine y profesor en la Universidad de Zaragoza), Laura
Mena García (especialista en comunicación audiovisual y profesora de la escuela de cine de la Fctad de Comunicación de la U. de Murcia), y el profesor Pedro M. Egea Bruno (catedrático emérito de la Universidad de Murcia) quien velará por el rigor histórico.

Los trabajos escritos serán publicados por la Universidad de Murcia, mientras que los audiovisuales se proyectarán en el festival de cine por la memoria democrática (Fescimed) y en la Filmoteca Regional Paco Rabal el día de la entrega de los premios, en septiembre de 2024.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en el siguiente enlace: https://nuestrofuturoesnuestrahistoria.blogspot.com/2024/01/iv-concurso-nuestro-futuro-es-nuestra.html en donde, además, se puede encontrar la dirección de correo electrónica a la que enviar los trabajos.

 

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Argentina: “Maestro, Nano Balbo y la Educación Popular

Juan Mascaró es quien está realizando la película del luchador que se fue este febrero. “El vínculo con el Nano surgió en 2015 cuando fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Luján, por considerar a Orlando Balbo un hombre consecuente con sus ideales, comprometido con la recuperación de los saberes populares de las poblaciones más oprimidas y proyectado a una dimensión latinoamericana de la educación. Era un hombre fuerte –cuenta Mascaró–. La tortura no pudo con él. Pero tampoco se entregó, como muchos referentes de la educación a su edad, al acostumbramiento a las situaciones de injusticia, al ‘hacer como’, a la burocracia que enreda las verdaderas soluciones hasta cansarlas.”

Nano nació en Pellegrini, en la llanura pampeana. En 1969, mientras cumplía el servicio militar en Neuquén –agrega– dio clases en una escuela anexa a la unidad militar. La pedagogía del oprimido fue su modelo de trabajo. El 24 de marzo de 1976 fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial, donde lo torturaron. Gracias al obispo de Nevares logró abandonar el país y exiliarse en Roma. Quedó sordo por las torturas. Esos momentos fueron reconstruidos por Balbo en sus charlas, enseñanzas que pretende volcar a la educación. Para mí constituyeron potentes imágenes, que registré encarando un diálogo con él cuya principal interferencia era su sordera”, relata.

El documental propone una lectura crítica de la tradición liberal en la Educación Popular: “Hay tres líneas argumentales que avanzan en paralelo, con formas y recursos estéticos diferentes en cada caso. La primera corresponde a la memoria histórica. Está compuesta por los recuerdos de Nano. La segunda es el presente nómade de Balbo. Una mañana fría en Trenque Lauquen. Se levanta y se coloca el audífono, esperando paciente la aparición del mundo audible. Un colectivo de ventana empañada que lo lleva por una ruta y otro colectivo, esta vez de personas, que lo espera. La tercera línea son mis encuentros con el maestro para construir la película”.

Los lugares que podrían integrar la línea argumental son: el Bachillerato Popular Carlos Fuentealba en Luján (Bs. As.), Pellegrini (Bs. As., lugar de nacimiento de Nano), Cátedra libre de Educación Popular Chos Malal (Neuquén), Huncal (Neuquén, comunidad mapuche donde realizó una experiencia pedagógica) y Centenario  (Neuquén, escenarios de la CREAR, campaña de alfabetización de 1973).

El escritor Guillermo Saccomanno publicó el libro “Un maestro. Una historia de lucha, una lección de vida” que “fue importante como punto de partida para profundizar en las anécdotas. Nano contaba y Saccomano escribía. El diálogo es la práctica central de la Educación Popular, aquella que se resiste a ver en el estudiante a un mero depositario pasivo de conocimientos”, expresó Juan Mascaró.

Fuente: https://elargentinodiario.com.ar/espectaculos/cine-series/03/03/2023/neuquen-maestro-nano-balbo-y-la-educacion-popular/

 

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La memoria políticamente incorrecta

POR: SABINO CUADRA LASARTE

 

Original en euskara

Afirma una leyenda africana que la historia de los safaris sería muy distinta si fuera contada por los leones. Lo mismo sucedería si fuese relatada por los guías y porteadores negros encargados de localizar estos animales, acosarlos y ponérselos a tiro a los bwanas blancos.

Durante la Transición política de los 70 se nos dijo que la reconciliación entre cazadores y leones era necesaria, porque también éstos se habían comido algún que otro bwana. Y así fue que los reconciliadores (UCD, PSOE, PCE, PNV…) defendieron durante el debate de la Ley de Amnistía de 1977, que la historia del franquismo y sus cruentos safaris había que dejarla atrás, borrarla y olvidarla.

Evidentemente, aquella argumentación no fue sino una patraña, porque las cacerías continuaron existiendo y la fauna africana siguió siendo diezmada en bacanales de sangre con el fin de ornamentar paredes y salones de miles de mansiones y palacios europeos. Buen ejemplo de lo anterior ha sido nuestro sátrapa y desvergonzado Borbón, quien siendo presidente de una ONG defensora de los derechos de los animales, no dudó en posar orgulloso junto a las piezas en peligro de extinción por él abatidas.

Últimamente he tenido ocasión de acudir a distintas Jornadas en las que han participado actores cualificados de distintos procesos de transición política: Sudáfrica, Colombia, Portugal, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador…. Pues bien, si valoráramos los avances dados en estos países en materia de investigación oficial de las violaciones de derechos humanos, el enjuiciamiento a sus responsables y el otorgamiento de reparación a sus víctimas, veríamos que, con mucha diferencia, el país que ocuparía el último lugar del ranking sería el Estado español. Por lo tanto, no hay de qué presumir.

La recién aprobada Ley de Memoria Histórica ha llegado tarde, muy tarde y se ha quedado corta, muy corta. La verdad en ella amparada abarca a un amplio abanico de víctimas, pero se niega a indagar sobre sus victimarios. Junto a ello, el acceso a la justicia sigue siendo ignorado olímpicamente y la reparación contemplada va poco más allá de ser meramente declarativa. Sin embargo, de lo que se trata es, no solo de levantar el mando del silencio que cubrió los crímenes del franquismo, sino también la losa de la impunidad que ampara a sus perpetradores, a quienes se sigue protegiendo.

Una memoria histórica que se pretendiera democrática debería ir bastante más allá de conformarse con rellenar huecos en la historiografía recibida, reponiendo algunas de sus páginas arrancadas. Se trataría así, además de lo anterior, de reescribir el relato desde el principio y hacerlo desde el punto de vista de los leones y los porteadores, que no es otro sino el de la defensa incondicional de todos los derechos humanos, la condena de sus violaciones y la reparación para todas sus víctimas.

En este sentido, la memoria histórica referida al Estado español debería señalar que las violaciones flagrantes de estos derechos, si bien  comenzaron el 18 de julio de 1936 (asesinatos, desapariciones,…), se han mantenido durante más de 80 años y han tenido sus últimos episodios en la playa de El Tajaral –Ceuta–, y en las vallas que cercan el Barrio Chino de Melilla, donde hemos visto de nuevo imágenes de actuaciones policiales en las que seres humanos, como en el 36, eran tratados como animales.

La Constitución de 1978 no puede ser punto y final para ninguna memoria histórica, pues existe un cordón umbilical que une la dictadura franquista con el régimen actual, cual es el de la impunidad. Cordón trenzado por gruesas hebras policiales, beneméritas, económicas, políticas y judiciales heredadas del franquismo, que explican, entre otros, hechos tales como el golpe de estado del 23-F, los crímenes de estado del GAL o los miles de casos de constitucionales torturas habidas en Euskal Herria en las últimas décadas.

La afirmación de que “lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes”, del ministro del Interior, Martín Villa, sobre los sucesos de Sanfermines de 1978, ha sido el guión seguido después por los posteriores ministros del Interior: Barrionuevo, Corcuera, Rubalcaba, Fernández Díaz… El actual, Grande Marlaska, ni siquiera ha admitido la existencia de errores en la actuación benemérita de Melilla, pues para él ésta fue razonable y proporcionada. La versión oficial afirma así que la única violencia que allí existió fue la de quienes después resultarían asesinados, desaparecidos y machacados. Nada nuevo bajo el sol. Nuevamente es el bwana, Grande Marlaska, quien escribe la historia del safari de Melilla. No es de extrañar en alguien que ha hecho oídos sordos y ojos ciegos ante las denuncias por torturas a él presentadas, razón por la que el Tribunal Europeo de DD.HH. ha condenado al Estado español en reiteradas ocasiones.

Hay quienes tienen puestas grandes esperanzas respecto a lo que pueda suponer la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. ¡Ojalá éstas -lo decimos sinceramente-, puedan convertirse en realidad! Apurar hasta la última gota las posibilidades de la misma es una obligación indudable. Pero también lo es el seguir golpeando contra las puertas que sigue dejando cerradas: derogación de la Ley de Amnistía, acceso a la Justicia para poder juzgar los crímenes del franquismo, restitución de bienes apropiados e indemnización por daños causados, bebés robados,… De lo contrario, se podría estar vendiendo la primogenitura de la memoria histórica por un plato de lentejas con más o menos sacramentos.

Frente a las grietas que se han abierto en el muro de la impunidad del franquismo aparecen hoy dos posibles políticas. La primera consiste en taponar aquellas con algunas reformas y tratar de cerrar así para siempre este capítulo. La segunda trata de agrandarlas a fin de que pueda caer de una vez por todas aquella muralla. Al igual que sucede en otros ámbitos (feminista, ecologista, sindical…), ésta segunda se sitúa dentro del ámbito de lo políticamente incorrecto. ¡Qué le vamos a hacer!

Fuente de la información e imagen:  https://vientosur.info

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La memoria histórica, ausente en el nuevo currículo escolar: otra anomalía democrática española

Por: Enrique Javier Díez Gutiérrez/Isabel Alonso Dávila

Un grupo de profesores defiende en este artículo la necesidad de que en los desarrollos de la nueva ley educativa “se garantice el conocimiento veraz de la represión franquista y la lucha antifranquista”

El Manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum escolar lleva recogidas más de 33.000 firmas. En este manifiesto pedimos a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que la enseñanza de la historia deje atrás el relato equidistante de “los dos bandos” y garantice el conocimiento veraz de la represión franquista y la lucha antifranquista. Es crucial en este momento de trámite parlamentario de la Proposición de Ley de Memoria Democrática en el Congreso y de concreción de las enseñanzas mínimas del currículum con la nueva ley de educación (LOMLOE).

Hace tiempo que se lo enviamos a la ministra de Educación para evitar que sucediera lo que ha ocurrido con las leyes de memoria histórica de las comunidades autónomas que establecían la obligación de introducir estos contenidos en los libros de texto y el currículum escolar. Pero lo cierto es que, en muchas de ellas, no ha pasado realmente de las intenciones o las declaraciones y en otras se han cercenado radicalmente las tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias.

Los documentos ministeriales sobre los reales decretos de enseñanzas mínimas de la LOMLOE que vamos conociendo nos hacen temer que, una vez más, la memoria histórica democrática quedará ausente del nuevo currículo. Pensábamos que esta anomalía democrática española se corregiría. Pero no parece que vaya a ser así. Esta situación es de enorme gravedad y más si tenemos en cuenta que el estudio de la historia en la escuela es el único momento de las vidas de buena parte de la población en que tienen contacto directo con la historia académica.

En otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. De hecho, hasta la ONU, en 2014, emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la Ley de Memoria Histórica[aprobada en 2007]. Y en 2020, en el nuevo informe de la ONU sobre derechos humanos en España, insistía en pedir progresos en esta materia y reiteraba la necesidad de avanzar en el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En el actual borrador del real decreto de Educación Secundaria Obligatoria solo aparece explícitamente el “Holocausto judío”. En las 375 páginas del borrador nada se plantea sobre el “holocausto español”, según la terminología acuñada por el historiador Paul Preston, ni sobre la lucha democrática antifranquista. Es decir, se obvia la memoria histórica democrática de la nueva Educación Secundaria Obligatoria.

En el de Bachillerato, que sigue manteniendo la anomalía de separar la Historia de España de la Historia del Mundo —separación inédita en los cursos equivalentes en los países de nuestro entorno—, dentro de los “saberes básicos” se habla de La Guerra Civil y el Franquismo con términos que parecen blanquear la dictadura: “aproximación a la historiografía sobre el conflicto y al marco conceptual de los sistemas totalitarios y autoritarios”. Términos, estos últimos, que plasman los usados en el polémico Diccionario Biográfico Español y por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), para definir la represión franquista: un régimen autoritario. Reduciendo además la memoria democrática a una genérica e inespecífica frase: “reconocimiento de las acciones y movimientos en favor de la libertad en la historia contemporánea de España”. También sitúa en “saberes básicos” relacionados con el compromiso cívico la memoria democrática como “reconocimiento, reparación y dignificación a las víctimas de la violencia”, utilizando el término violencia de forma genérica, donde se pueden incluir desde víctimas de la dictadura franquista a las víctimas del terrorismo o de la violencia de género.

No es de extrañar por eso que las investigaciones concluyan que la memoria histórica de aquel período permanece invisibilizada y ocultada en el currículum. Y, al parecer, así seguirá siendo. Si en las enseñanzas mínimas, en el currículo básico establecido en los reales decretos del Ministerio de Educación (para primaria, secundaria y bachillerato) está ausente y se prevé invisibilizarla aún más, esto implica además que siga desaparecida también en los libros de texto escolares, que son los que en la mayor parte de las ocasiones establecen en la práctica los contenidos docentes que se imparten y se desarrollan en las aulas.

Además, la organización de la asignatura de Historia en Bachillerato es otra de las anomalías españolas, respecto a cómo se hace en los países de nuestro entorno. Aquí se separa la Historia de España de la Historia del Mundo Contemporáneo como si no estuvieran profundamente interrelacionadas. A esto se suma que, al establecer unos contenidos que van desde la Antigüedad hasta el tiempo presente (otra anomalía española injustificable en este nivel), temas como la II República y la dictadura quedan relegados al final del programa y, con la presión que supone la preparación para la prueba de acceso a la universidad, se quedan sin el tiempo necesario para abordarlos con la profundidad imprescindible.

Esto es lo que nos ha llevado a promover este Manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum escolar. Ha sido apoyado también por más de 70 asociaciones memorialistas, colectivos docentes, sindicatos y partidos políticos y encabezado por expertos y expertas de reconocido prestigio como Paul Preston (Universidad de Reading), Julián Casanova (Universidad de Zaragoza), Mirta Núñez Díaz Balart (Universidad Complutense de Madrid), Angel Viñas (Historiador y diplomático), Ángeles Egido León (UNED), Francisco Erice Sebares (Universidad de Oviedo), Matilde Eiroa San Francisco (Universidad Carlos III de Madrid) y Alberto Reig Tapia (Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), entre otros muchos.

La ministra nos convocó a una reunión para hablar del manifiesto a mediados de noviembre, pero solo nos recibieron técnicas del departamento. Por eso, entregaremos próximamente las firmas recogidas y esperamos que la ministra de Educación concrete en breve un encuentro para analizar cómo incluir de forma efectiva la memoria histórica democrática en los nuevos decretos del currículo que su ministerio está diseñando. Y establecer que en la formación de todo el profesorado (y no solo de los especialistas en Historia) se incluyan estos temas, para que desde toda la comunidad educativa y sus profesionales se impulse el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En suma, para prevenir la reaparición del fascismo.

En definitiva, lo que pretendemos es evitar la tragedia de la desmemoria actual. Porque si un solo alumno o una alumna acaba el período de educación obligatoria sin conocer esto, es una tragedia en pleno siglo XXI. Es que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo. El olvido de la memoria histórica en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella.

Como advierten los historiadores, “la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado”. No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia: la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. La memoria histórica es la recuperación de la verdad desde la memoria herida de las víctimas y los valores que defendió la resistencia antifranquista y que dieron lugar a los derechos sociales y las libertades que hoy tenemos.

https://elpais.com/educacion/2021-12-04/la-memoria-historica-ausente-en-el-nuevo-curriculo-escolar-otra-anomalia-democratica-espanola.html

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25.000 firmas para que la Memoria Histórica tenga sitio en el currículo español

La petición en change.org es clara desde el principio. El Ministerio de Educación y FP debe cumplir cuanto antes con el proyecto de Ley de Memoria Democrática en la que, en sus artículos 43 y 44 relativos a cuestiones pedagógicas y educativas. Un texto que entró hace unas semanas en el Congreso de los Diputados para su tramitación. La petición lleva más de 26.000 firmas recogidas de las 35.000 necesarias.

Defiende que se realicen actuaciones curriculares para actualizar los temarios de 4º de la ESO y de bachillerato para que se tengan en cuenta las cuatro décadas de represión, así como de lucha antifranquista. Para ello, solicita que se revisen los libros de texto para que aparezcan estas cuestiones correctamente, además de evitar la «teoría de la equidistancia» entre los bandos contendientes.

También promueve medidas organizativas en relación con el currículo. En bachillerato se solicita que en la asignatura de Historia de 1º los contenidos vayan desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, de manera que para 2º quede desde el periodo de entreguerras hasta la actualidad. Asegura la petición que de esta manera «se acabará con la ‘anomalía española’ que supone la separación de la Historia del Mundo Contemporáneo y la Historia de España en dos cursos». Con esta organización, aseguran las y los promotores de la petición, que habría una organización más lógica, se comprendería mejor la historia de España en el contexto global y los contenidos dedicados a la II República y la dictadura no quedarían relegados al final del temario.

Además de estas medidas relacionadas con la revisión del currículo y la organización de los contenidos en los diferentes cursos, también se pide que haya un esfuerzo en la formación del profesorado que » incluya actualización científica, didáctica y pedagógica (…) para garantizar que se impulsa conjuntamente por la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».

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