México

México / 2 de enero de 2018 / Autor: Pedro Flores Crespo / Fuente: Educación Futura

La política educativa será campo de constante pugna y debate el próximo año. 2018 marcará un tiempo netamente político por la coyuntura electoral. A pesar de que algunas voces ya anuncian catástrofes y tragedias, las próximas elecciones federales también abren, aparte del miedo y la incertidumbre, espacios para la crítica razonada, la participación política y la reflexión ciudadana. En este sentido, quisiera sugerir algunas áreas de discusión que nos señalan complejos problemas educativos y que, para tratar de resolverlos, es necesario llevarlos más allá del ambiente electorero que vamos a vivir.

1. Los maestros como individuos. Tan pronto iniciaron las precampañas, los distintos actores políticos empezaron a considerar a las maestras y maestros como una masa maleable a sus propios intereses. Principalmente, los candidatos nacidos bajo la matriz revolucionaria (José A. Meade y Andrés M. López Obrador) no negaron la cruz de su parroquia y rápido buscaron el apoyo de los líderes sindicales y sus partidos a cambio de los votos de los agremiados. De tal manera, Meade irá en coalición con Nueva Alianza y todo hace suponer que López Obrador ya tiene de su lado a la maestra Elba Esther Gordillo y familiares. La pregunta que aquí formulamos hace semanas es si aún en estos tiempos tanto el Panal como la desafortunada maestra aún aportan capital electoral significativo (Adiós al juego de máscaras, EF, 10/12/17).

Si la educación y el desarrollo docente realmente importan, ¿no sería mejor que alguna opción político-partidista reconociera a los maestros de una manera amplia y no simplemente como súbditos, clientes o actores que sólo actúan por puro interés, como lo dejó ver la reforma educativa actual? Si en tiempos electorales los maestros hacen sentir su voz para exigir que se les vea como seres humanos que saben trazar sus propias rutas de desarrollo académico y que pueden utilizar los resultados de las diversas evaluaciones en beneficio de ellos mismos y de la niñez mexicana, el debate educativo cambiaría de eje y mejoraría sustancialmente. La autonomía docente – que implica una responsabilidad individual – junto con tener una representación laboral sólida y legítima conforman una agenda que rebasa por mucho los dimes y diretes de algunos precandidatos y sus equipos de campaña.

2. Universidades y poder. Los modelos de financiamiento, gobierno y evaluación de las universidades públicas muestran, como lo han constatado diversos académicos, rasgos de franco agotamiento. Esto quizás explique los graves incumplimientos en materia de política universitaria que oportunamente comentó Roberto Rodríguez (¿Un sexenio perdido?, Campus, 01/11/17). A estas fallas, las ha cruzado una variable que hace 20 ó 30 años era poco observada: el conflicto entre los gobernadores y los rectores o rectoras de las universidades autónomas.

Por si esto fuera poco, la capacidad de interlocución entre el Gobierno Federal y las universidades, por la vía de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), parece disminuida e inclinada a favor del actor más poderoso. Ante la crisis financiera y los problemas “estructurales” que enfrentan algunas universidades públicas del país (Nayarit, Zacatecas, Morelos, Michoacán y Zacatecas), Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, hizo eco del argumento oficial: el Gobierno Federal no las va a apoyar, es un problema, dijo, que tiene que “resolverse no solamente para coyunturas de cierre de año, sino que tiene que haber un replanteamiento fundamental en las universidades”. Valls prosiguió y dijo “ayudar” a las universidades “en las buenas prácticas de rendición de cuentas y transparencia, ya que muchas veces no se conoce la información de las universidades” (Reforma, 19/12/17 nota de Isabella González).

Sin dejar de reconocer la responsabilidad de los grupos directivos en el manejo administrativo de las universidades, la ANUIES, al tomar esta posición desdibuja su capacidad de interlocución, aun cuando gane simpatías con el gobierno en turno y sobretodo, con el precandidato oficialista, Mead, a quien Valls acompañó en su arranque de precampaña en Chiapas el pasado 14 de diciembre.

Ante esta problemática, no va a faltar el candidato que quiera “salvar” a las universidades públicas, sin embargo, el debate y la propuesta tendría que tomar otro giro para que seamos las comunidades universitarias los que discutamos qué responsabilidades compartimos, con qué reglas deseamos operar sin que esto signifique opacidad, cómo podemos construir nuevas coaliciones entre los diversos actores para negociar, en un terreno más abierto y transparente, el presupuesto público y sobre todo, cómo vamos a proceder para modificar la política universitaria imperante. Los universitarios no somos seres desconfiables y tampoco requerimos al “iluminado” para resolver nuestros problemas.

Fuente del Artículo:

Debates para 2018 (Primera parte)