Política educativa: un balance.

No obstante que le tomó tiempo penetrar en la plaza pública, la Reforma Educativa mostró que el propósito enmarcado en el Pacto por México de recuperar la rectoría de la educación implicaba romper con tradiciones corporativas. Aunque arrancó en un contexto favorable la inauguración de un nuevo gobierno y la alianza de los tres grandes partidos para impulsar reformas estructurales, al gobierno se le descompuso el mundo a los dos años. De finales de 2014 a mediados de 2017 se decía que había perdido la brújula.

Por: Carlos Ornelas.

El gasolinazo parecía el toque final del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su administración levantó la cabeza y con su acción modificó porciones importantes del contexto político adverso. Irónico: la tragedia causada por los terremotos brindó oportunidades al gobierno al Presidente mismo de mejorar su posición en la arena política y equilibrar la correlación de fuerzas. La Reforma Educativa representa un papel importante en ese arqueo.

Por supuesto que la reforma es mucho más que una lucha política. Sus variantes institucionales son motivo de censura por sus efectos, en especial la evaluación del desempeño docente y el plazo largo que implica la puesta en práctica del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. A mí me interesa hacer un balance de la acción política.

En el lenguaje de la contaduría, el balance tiene cargos y abonos, débitos y haberes. No obstante, las lides políticas no se reducen a números que deben cuadrar. No todas las pérdidas de un grupo representan ganancias para el adversario. En política no hay victorias contundentes ni derrotas lapidarias.

El gobierno puede acreditar que redujo a ciertos santuarios —en sistemas estatales— la tradición magisterial de vender y heredar plazas, de que el mérito reemplaza al compadrazgo y a relaciones corporativas corruptas. Empero, en el camino instituye elementos del Estado evaluador que refutan los fines de autonomía escolar. Se corre el riesgo de que el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), una vez que acabe de construirse y se alinee con el Sistema de Administración de la Nómina Educativa será un aparato de control burocrático impresionante.

Por lo pronto, ya restringió la autonomía de los estados para el pago de la nómina. Esta medida tiene cargos y abonos. El gravamen obvio: oscurece el ya de por sí desgastado federalismo. El crédito: con la centralización de pagos a maestros y burocracia, el retiro de comisionados, las auditorías a la nómina y la disminución del número de aviadores (que cada vez expían más para disimular su situación), el erario federal se ha ahorrado entre 50 mil y 60 mil millones de pesos, de 2014 a la fecha.

Aunque no en las prescripciones programadas, las evaluaciones se llevan a cabo, a veces en lugares diferentes porque el contexto político —o las desgracias naturales— lo impiden, el gobierno avanza en su propósito. Lo ideal sería que todo marchara conforme al reloj y a los planes; pero por muy hábiles que sean los gobernantes, no tienen mando sobre el ambiente político. Con todo, sospecho que el gobierno y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación cumplirán con las metas del sexenio, si acaso con un déficit pequeño. Digo, si la disputa por la Presidencia no contamina en exceso la acción de la Secretaría de Educación Pública.

Hay cierto quebranto en la transparencia. El Siged no acaba de consolidarse, ciertos gobiernos siguen sin rendir cuentas y hay incidencias que es imposible registrar al momento de suceder. Pero se nota que la SEP empuja porque los estados cumplan. Buen número de ellos —incluido Oaxaca— distribuyen las plazas conforme al orden de prelación de los concursos de ingreso a la profesión docente. Pero la resistencia de ciertas secciones sindicales, no sólo de la CNTE, pujan por la persistencia de tradiciones corporativas.

En fin, nada está escrito en piedra. El contexto político es voluble, las tradiciones de grupos se adhieren a las instituciones, conforman rutinas estables y una cultura persistente. El gobierno de EPN, cierto, arrebató al SNTE porciones importantes del control de la estructura de gobierno de la educación, tiene arrinconada a la CNTE y el nuevo secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, porfía en llevar a puerto las aristas principales del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Pero tiene un plazo breve y un contexto entreverado por las campañas presidenciales, ¿le alcanzará el tiempo?

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/12/27/1210157

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