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Las filtraciones de la SEP: poder y deseo

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Dónde han quedado los objetivos que la SEP persigue para el desarrollo y progreso de los seres humanos plasmados en la Constitución Política de nuestro país?»

Decía, atinadamente, Rosa Ma. Zuñiga (1990), en su texto titulado La institución escolar, lugar de deseos y lucha de poderes que: “El poder, el deseo, el deseo por el poder y por su libre ejercicio, son características de lo humano, sin embargo, a pesar de que se juegan en todas las actividades humanas, son reiteradamente negados u omitidos… Esto hace que, a pesar de que la tendencia de la institución a conservarse y representarse como estática, su dinámica fundamental sea el conflicto, en la que luchan – entre otros – dos proyectos fundamentales, uno de conservación y otro de transformación… Esto provoca una situación desgastante que limita el desarrollo de los sujetos y de la propia institución, haciéndola girar en círculos cerrados que repiten un discurso monótono y vacío…”, y no se equivocaba pues, como sabemos, en las instituciones la acción humana tiende a generar una lucha constante, independientemente de las circunstancias, y claro, del tiempo en el que sucedan.

En este sentido sería ingenuo pensar que, desde que se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921 (y aún antes de que comenzara a operar como tal), en su interior no se vivieran una serie de deseos y pugnas por el poder de importantes consideraciones. Es, por así decirlo, un proceso “natural” en cualquier institución que puede ser observado, reflexionado, analizado y dialogado o debatido. Esta idea es clara, si consideramos que los hombres no llegan sin la construcción de una ideología ni con el sentido de pertenencia a ésta. Por tanto, la visión que, en este caso se tenga de la educación, suele marcar los conflictos y deseos personales de los hombres pues, independientemente de esa ideología (que parte de un constructo colectivo), también persigue intereses personales que nacen en la subjetividad de los individuos.

Es claro, al menos así lo considero, que a través de los años esta lucha ideológica y de intereses personales, han concurrido en una de las instituciones públicas de mayor presencia en nuestro país. Negarlo, sería ignorar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales por los que ha atravesado el territorio mexicano y de los cuales, se desprenden distintos momentos educativos que son parte de la historia de la educación en nuestro país; por ello podemos comprender la existencia de una educación nacionalista, educación rural e indígena, educación socialista, educación técnica, de la unidad nacional, del plan de once años, la descentralización educativa, la reforma de los noventa, la reforma educativa de 2013 y la reforma educativa de 2019.

Desde luego que, hombres como José Vasconcelos, José Manuel Puig, Moisés Sáenza, Narciso Bassols, Jaime Torres Bodet, Luis Sánchez Pontón, Fernando Solana, Manuel Bartlett o el mismo Aurelio Nuño, han llegado a ocupar uno de los lugares más privilegiados del terreno educativo; no obstante, tales figuras han llegado con otros tantos personajes que, por ejemplo, recientemente han ocupado una Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Media o la Subsecretaría de Educación Superior, y también, por ejemplo, han sido colocados en otros tantos puesto de menor rango, como recientemente ha ocurrido, otras figuras como en la Dirección de Materiales Educativos o en la Dirección de Diseño Curricular.

Tal designación o asignación de ciertas responsabilidades en la SEP, desde hace mucho tiempo, no obedece precisamente al conocimiento que tal o cual servidor público pueda tener con relación a la responsabilidad designada o asignada, sino a la cercanía con alguna otra figura que pueda tener un rango o responsabilidad mayor, ya sea en el poder ejecutivo, legislativo o judicial, pero también, por la simpatía o coincidencia con cierta ideología política o de grupo, o por el trabajo que haya hecho en los procesos electorales que haya favorecido la posibilidad de tener eso que conocemos con el nombre de “poder”.

Luego entonces, ya en el cargo, manteniendo una cierta lealtad con la forma, persona o grupo que los haya ahí colocado, asumen su ejercicio independientemente del propósito que persiga la institución en la que se encuentren. Obviamente, la lucha encarnizada por el poder en los distintos cargos o responsabilidades asumidas, se mantiene sin tregua ni descanso, pues los deseos naturales de los hombres, pueden o no, conjugarse con los de los grupos a los cuales dicen pertenecer o, al menos, sentirse identificados.

No obstante, valdría la pena preguntarse, si los deseos naturales de los individuos pueden superponerse a los objetivos de las instituciones en las que se encuentran ejerciendo el poder concedido. Pienso, desde luego, que no, porque cuando un individuo se incorpora a una institución, también incorpora parte de su libertad de acción y de decisión a la organización, por consiguiente, renuncia parcialmente a ese deseo, lo que a su vez supone que cada uno de sus miembros ya no sea libre para actuar a su albedrío y para decidir de manera autónoma cómo, dónde y cuándo deben hacerse las cosas (Antúnez, 1993). Esto último, ¿obliga a los individuos a buscar otras maneras de imponer sus naturales deseos y ambiciones por el poder para satisfacerlos?, ¿ello explica lo que, en los últimos años, sucede en el ámbito educativo desde que inició el régimen lopezobradorista?, ¿de qué manera se explica entonces, la serie de “filtraciones”, de diversos documentos, que hemos observado en los últimos meses y que, por su contenido y la relevancia de éste, podrían haberse dado a conocer por los canales oficiales de la propia Secretaría de Educación y no por las redes sociales?; es más, con dichas “filtraciones”, por ejemplo, del plan de estudios 2022 o de la nueva familia de textos gratuitos ¿se buscó “medir” las reacciones de muchos de los actores educativos y no educativos, interesados en la educación en nuestro país? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué no se hizo por los canales oficiales puesto que, si de transformaciones se habla, habría que considerar que “filtrar” tales o cuales documentos, es un ejercicio que poco abona a la transparencia tan necesaria en tiempos en los que se cuestiona la democracia. Entonces, tales “filtraciones”, ¿corresponden a la guía ética que dio a conocer el actual presidente de nuestro país?

Hoy, como antaño, la lucha encarnizada por el poder y por ver cristalizados los deseos de ciertos individuos es, por así decirlo, más que evidente; por ello es que me pregunto: ¿dónde han quedado los objetivos que la SEP persigue para el desarrollo y progreso de los seres humanos plasmados en la Constitución Política de nuestro país?, ¿habrá quien ponga orden en la mesa y fije un rumbo en el que, independientemente de esos deseos y de esas luchas por el poder que, repito, pueden ser considerados como “naturales”, anteponga los propósitos que persigue una institución tan noble, pero tan importante, como lo es la SEP y no los deseos personales y de grupo siendo omiso u omisa a lo que es evidente?

Si así están las cosas en estos momentos al interior de esta Secretaría, ¿qué nos espera de aquí al 2024?

Al tiempo.

Referencias:

Fuente de la información:  https://profelandia.com

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El Sistema Integral de Formación, Capacitación y de Actualización

POR: SERGIO MARTÍNEZ DUNSTAN

«¿Dónde está la formulación de los programas formación, capacitación y actualización?»

El Estado Mexicano está obligado a garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, sin distinción alguna. Una educación orientada a lograr el máximo aprendizaje y el desarrollo integral del educando bajo un ambiente de equidad e inclusión a través de políticas públicas y programas educativos y, con la aspiración,  la mejora continua. Se busca promover el enfoque humanista en las alumnas y los alumnos a fin que estén en condiciones de resolver situaciones problemáticas, aplicar los conocimientos y participar en los procesos comunitarios en la búsqueda de la transformación y el mejoramiento de la sociedad. Las ideas anteriores condensan, en la narrativa oficial, el concepto de la “Nueva Escuela Mexicana”. Ésta se concibe como medio o instrumento de la política. Para contribuir a afrontar tal desafío se constituyó el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación coordinado a su vez por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Desde la perspectiva anterior, las y los docentes son considerados agentes fundamentales por su experiencia y compromiso. Se espera de ellos que propongan soluciones de acuerdo al contexto en que desempeñan su labor. Para enaltecerlos y dotarlos de las capacidades requeridas y con la finalidad de cumplir con tales expectativas, se estableció el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM). Las profesoras y los profesores, en el cumplimiento de su deber, poseen cualidades personales y competencias profesionales de acuerdo con su función. El perfil profesional es un conjunto de características, cualidades o aptitudes que incluyen conocimientos y metodologías de intervención educativa. Sus competencias didácticas son las más apreciadas. La intención del párrafo es sintetizar, a grandes rasgos, la filosofía del SCMM. Para su administración y garantizar el cumplimiento de sus fines y propósitos se creó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Paralelamente, al Estado Mexicano se le ha impuesto, por ley, la obligación de garantizar lo necesario para que las maestras y los maestros tengan opciones de formación, capacitación y actualización del magisterio. Tienen el derecho constitucional, y legal por supuesto, de acceder a un Sistema Integral de Formación, Capacitación y de Actualización (SIFCA). Las autoridades educativas, en sus ámbitos de competencia, tienen el deber de constituirlo. en los términos que determine la ley en materia de educación continua de la educación. En dicha ley, párrafo tercero del artículo 12, señala:

“Las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de México y los organismos descentralizados, bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de sus áreas competentes, ofrecerán programas de desarrollo profesional y cursos, de conformidad con los criterio que emita el Mejoredu.

Por otra parte, en la misma ley, artículo 14, se establecen los fines del SIFCA. Se busca orientar la oferta académica hacia:

  1. La formación con nivel de licenciatura
  2. La formación continua
  3. La promoción de programas de especialización, maestría y doctorado
  4. La realización de programas de inducción, actualización, capacitación y superación profesional
  5. La promoción del enfoque de derecho humanos, de igualdad sustantiva, la cultura de paz

Para efectos de su instrumentación, y con el fin de garantizar el derecho al acceso al SIFCA, se define el concepto de actualización, capacitación, formación (artículo 15). Incluso sus alcances (artículo 16). En este artículo, último párrafo, se establece que:

“El personal elegirá, los programas o cursos de formación, capacitación y actualización en función de los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica en que participe o de sus necesidades, intereses, habilidades y capacidades, tomando en cuenta además los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos”.

Lo anterior en concordancia con el párrafo sexto del artículo tercero constitucional.

Asimismo, en apego al precepto jurídico, el proceso tendría que realizarse en tres etapas:

  1. El USICAMM enviará al Mejoredu los resultados de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento para que determine, formule y fortalezca los programas de formación, capacitación y actualización.
  2. El Mejoredu emitirá los criterios conforme a los cuales la SEP, las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de México y los organismos descentralizados llevarán a cabo la valoración del diseño, la operación y los resultados de la oferta de formación, capacitación y actualización, y formularán las recomendaciones pertinentes.
  3. La USICAM remitirá a las las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de México y los organismos descentralizados los resultados de la evaluación diagnóstica, para que implementen, de conformidad con los criterios que determine la SEP, los programas de formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros formulados por el Mejoredu.

Derivado del análisis al marco normativo, en los párrafos que anteceden al actual, me surgen algunas preguntas sobre el Sistema Integral de Formación, Capacitación y de Actualización (SIFCA).

¿Cuál es el diagnóstico acerca del perfil profesional del magisterio tomando como referencia los resultados obtenidos en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en el marco del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros?

¿Qué saben y qué pueden hacer quienes desempeñan funciones docentes, técnicos docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnico pedagógica en el cumplimiento de su labor?

¿Dónde está la formulación de los programas formación, capacitación y actualización?

¿Dónde están los programas de formación, capacitación y actualización?

¿Dónde están los criterios para valorar el diseño, la operación los programas de formación, capacitación y actualización?

¿Y las recomendaciones del Mejoredu a la luz del análisis de los resultados de las evaluaciones derivados de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del Sistema para la Carrera de la Maestras y los Maestros?

Y en consecuencia

¿Cuál es la oferta de formación capacitación y actualización?

¿Cuándo serán evaluados las maestras y los maestros para esos fines?

¿Cuándo se darán a conocer los resultados globales e individuales de la evaluación diagnóstica?

¿Cuándo elegirán los programas o cursos de formación, capacitación y actualización las maestras y los maestros?

¿Se han utilizado los resultados de la evaluación diagnóstica para la mejora de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del SCMM? ¿y para las reformas curriculares?

Hoy por hoy, ¿qué han hecho en materia de formación, capacitación y actualización de docentes la SEP, las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de México y los organismos descentralizados?

Probablemente habrá algunas experiencias, ejercicios y quizá ciertos resultados. Pero, ¿están debidamente articulados? ¿o son esfuerzos aislados, inconexos que poco o nada ayudan a las necesidades y requerimientos de formación de los docentes?

¿En dónde está la evaluación diagnóstica? ¿cuál es su concepción y diseño? ¿se ha piloteado? ¿se ha implementado? ¿a quiénes se ha evaluado? ¿qué resultados se han obtenido? ¿cuáles son los hallazgos para fines de política pública en materia educativa? ¿se cuentan con resultados individuales? ¿se les ha informado los resultados a quienes han sido sujetos de evaluación? ¿qué avances presenta? ¿por qué no han sido presentados?

¿En dónde está o que avances hay del Sistema Integral de Formación, Capacitación y de Actualización? ¿quién o quiénes debe dar cuenta de ello? ¿La SEP? ¿el USICAM? ¿el Mejoredu? ¿las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de México tanto de educación básica como de media superior? ¿los organismos descentralizados? ¿quién deberían exigir su cumplimiento? ¿los maestros? ¿el poder legislativo? ¿la ciudadanía? ¿quién incumple la ley? ¿quién es omiso en exigir su cumplimiento en quienes descansa una responsabilidad de tal calibre?

¿Cuándo se apegarán al estado de derecho? ¿cuándo cumplirán la ley? ¿o la reforma educativa es mera simulación? y por ende ¿la política gubernamental en materia educativa, también? ¿es un fiasco el Sistema Integral de Formación, Capacitación y de Actualización? ¿la política educativa en materia de formación docente es una política fallida? ¿aún hay tiempo de enmendar el camino?

¿Este es el fortalecimiento a la formación docente estipulado en la LGE?

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información: Profelandia.com | Comunidad docente en la red

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Educación: ¿Quién y por qué se ampara contra la SEP?

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Se trata de un conjunto de agrupaciones diversas y plurales entre las cuales se encuentran grupos conservadores y claramente de ideología política de derecha.»

Si la guerra jurídica es una guerra por el poder, la SEP del gobierno del presidente López Obrador perdió una batalla más. La declaración de esta semana por parte de la titular de la SEP, en el sentido de suspender la prueba piloto del cambio curricular (2022) para la educación básica, da cuenta de ello. El jefe del Ejecutivo federal y la secretaria de educación pública, Leticia Ramírez Amaya, saben que la guerra está declarada.

El frente de batalla educativo se abrió desde hace algunos años, a partir de 2018-2019, luego de que la guerra de judicialización de la política (lawfare) atravesó también por el campo de lucha legal en los sectores públicos de comunicaciones y transportes, y de turismo, como sucedió con la construcción del Tren Maya o tras la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, etcétera. (Para ver más sobre el lawfare, sugiero leer mi texto: Educación y Judicialización de la Política).

¿Quiénes son los protagonistas de esta guerra jurídica con efectos políticos? De un lado el gobierno democráticamente electo y del otro los poderes fácticos, es decir, asociaciones apéndices de cúpulas empresariales y de las fuerzas vivas de la mal llamada “sociedad civil”, que tienen fuerte presencia en medios de comunicación, y que cuentan con la simpatía de las cúpulas eclesiásticas, así como una estrategia deliberada de judicialización para incidir en la orientación de políticas públicas educativas.

Se trata de un conjunto de agrupaciones diversas y plurales entre las cuales se encuentran grupos conservadores y claramente de ideología política de derecha (aunque su vinculación directa con partidos políticos no es clara), y que tienen el apoyo de grupos opositores diversos al movimiento y gobierno encabezado por López Obrador.

Según el sitio en internet de “Educación con rumbo” (ECR), (https://educacionconrumbo.org/) en esta agrupación o alianza de grupos de la “sociedad civil” participan Grupo Educación, Suma por la Educación, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Seamos Héroes y el Instituto de Análisis de Política Familiar (al pie del sitio aparecen sus logos institucionales).

Cabe recordar que la UNPF es una organización que, en el pasado, se ha opuesto a la introducción de contenidos sobre educación sexual en los libros de texto gratuitos del nivel de primaria.

Una nota del periódico Reforma registra algunos nombres, así como la agenda e ideas educativas centrales que propone “Educación con rumbo” con respecto a la actualización de contenidos de los libros de texto gratuitos para la educación primaria:

“Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, señaló que es necesario que se transparenten los contenidos y que haya un compromiso de autoridades para aceptar el apoyo de la sociedad y sus mejoras.”

“Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), al leer el pronunciamiento de la organización solicitó que los libros de texto no sean vehículo para beneficios políticos.”…”Estamos aquí representados padres de familia, maestros y comunidad educativa para exigirle al gobierno federal que deje de manipular la conciencia de nuestros hijos y deje de violar nuestro derecho fundamental de educarlos de acuerdo a las convenciones de cada familia”, expuso. (Reforma, 21 de octubre, 2021. Nota firmada por Iris Velázquez).

Reforma

Autodefinición:

Dentro del sitio de referencia “Educación con rumbo” (ECR) se autodefine así: “Somos un movimiento nacional enfocado a fomentar la participación ciudadana para mejorar la calidad educativa y el derecho a la educación de excelencia que todos los mexicanos merecen. Lo conformamos padres de familia, docentes y organizaciones de la sociedad civil, empresarios de la educación y especialistas en educación.”

ECR opera no sólo en el ámbito de la judicialización de la política, para lo cual contrata, o cuenta entre sus filas, a un equipo de abogados para dar inicio y seguimiento a las demandas de amparo (contra actos de autoridad), sino que también desarrolla actividades en otros ámbitos de la vida pública con la finalidad de incidir en la orientación de las políticas públicas educativas.

En una sección especialmente redactada con sentido político opositor, ECR declara lo siguiente: “En respuesta a la postura del presidente de la República en torno a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación frente al nuevo Modelo Educativo, “Educación con Rumbo” responde que el movimiento lo integran asociaciones de padres de familia, expertos en materia de educación y maestros que desean participar en el diseño de políticas educativas, como lo establece la Ley General de Educación emitida por esta Administración, sin que exista fin político alguno más que la defensa del interés superior de los niños, niñas y jóvenes del país a su derecho a una educación de calidad.”

“Si el Poder Ejecutivo desea conocer el alcance y las opiniones particulares de la sociedad en torno al modelo educativo, el foro debe ser el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación que la SEP debe instalar en cumplimiento al artículo 135 de la Ley General de Educación… Lo anterior permitirá que la sociedad participe de manera corresponsable en el diseño de un modelo educativo que garantice una educación universal, inclusiva, científica y de calidad como lo establece la Constitución, por lo cual Educación con Rumbo reitera la necesidad de una mesa de diálogo inmediata con la Secretaría de Educación Pública.”

También se puede leer en el mismo sitio el siguiente comunicado donde ECR confirma su vocación opositora: “Inoportuno que la SEP convoque a un análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos”, (comunicado del 14 de febrero, 2022).

Cuatro aspectos se destacan en el comunicado de referencia a manera de argumentos para señalar la inoportunidad de la convocatoria que hizo la SEP a analizar plan programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos: Pertinencia, metodología, implementación e impacto.

Pertinencia:

“Pensamos que está alejada de la realidad, ya que en estos momentos aqueja al Sistema Educativo el innegable empobrecimiento de los aprendizajes de los estudiantes, por lo que nos parece poco oportuno distraer recursos y tiempo para pensar en nuevos Planes y Programas de Estudio y mucho menos nuevos materiales educativos. Los inconclusos y empobrecidos aprendizajes que reportan los maestros, nos debería llevar a atender primero esta urgencia.”

Método:

“Un cambio del plan y programas de estudio debe estar antecedida de un diagnóstico que avise de la urgencia de reorganizar los contenidos de aprendizaje. La última reforma educativa se empezó a implementar en 2017, con tres años que antecedieron a una fina construcción de la malla curricular. El ejercicio que hoy observamos parece ser que avanza con procesos paralelos, por un lado, se presenta una propuesta de asignaturas (sic) para cada nivel educativo, y de forma paralela el levantamiento de opiniones en las asambleas y simultáneamente esto alimentará la elaboración de los libros de texto.”

La agenda

“¿Quién dice que un cambio de plan de estudio, o de programas o de libros de texto garantice el cambio de las prácticas de aula de los profesores?; nos hubiera gustado ver políticas educativas que enriquecieran el trabajo de los maestros, políticas que ayudaran al equipamiento de las escuelas, políticas que generaran materiales diferenciados para los diversos contextos del país para atacar los retrasos de aprendizaje de los estudiantes, políticas que redujeran las brechas que se abren cada vez más, incluso en alumnos de las mismas escuelas, políticas de actualización permanente de los maestros, políticas que integraran todos los espacios de formación inicial de profesores a la actualización permanente de los que ya están frente a grupo, políticas que visibilicen lo que se está haciendo bien en las aulas mexicanas, etc., etc. Los actores educativos seguimos esperando eso, esto sí cambia y transforma las escuelas.”

La narrativa de la agrupación ECR la muestra de cuerpo entero. Parte de la falsa premisa de que las reformas a la educación pública deben estar en posición ideológica neutra y propone que el país debe transitar hacia políticas de ampliación de la oferta de la educación privada (ver la apología que hace esta organización, en su sitio web, a través del documento denominado “Radiografía sobre la escuela particular”).

Las ideas y operaciones jurídicas que abandera la agrupación “Educación con rumbo” (ECR), que ha interpuesto demandas o acciones de amparos indirectos, ante las autoridades judiciales, en contra de las políticas públicas educativas puestas en marcha por parte de la SEP del gobierno de López Obrador constituyen acciones interesadas en frenar, postergar o cambiar la orientación de tales políticas. Pero eso en sí mismo no es un problema. El problema es que esta agrupación no dice ni reconoce abiertamente sus intenciones.

Fuente de la información e imagen: https://www.sdpnoticias.com

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Consejo Técnico Escolar. Vía alterna al piloteo suspendido

Por: Sergio Martínez Dunstan

«El piloteo se llevará a cabo, de una manera u otra, a través de los Consejos Técnicos Escolares.»

Más tardaron en conceder la suspensión del piloteo de la reforma curricular que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en encontrar la vía alterna.

Basta recordar que una vez hecha la presentación formal y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el Acuerdo Número 14/08/22, la SEP se alistó poner a prueba los planes y programas de estudios en preescolar, primaria y secundaria en 906 escuelas de acuerdo con el transitorio cuarto. Posteriormente, se dio a conocer a través de una nota informativa, que el Consejo de la Judicatura Federal había admitido la demanda y concedido la suspensión temporal del Programa Piloto. No obstante, se menciona en el comunicado oficial, su ejecución seguiría adelante en tanto continuara el proceso legal porque la dependencia gubernamental no había sido emplazada en el juicio. Aunque la autoridad educativa se retractó después. De acuerdo con la nota del Periódico la Jornada, la Titular de la SEP anunció el aplazamiento indefinido en el marco de la Reunión Nacional de Autoridades Educativa, de manera virtual, sin que ello implique la renuncia a la defensa legal. Pero la formación continua para los docentes sobre los nuevos planes y programas de estudio proseguirá de acuerdo con lo previsto, sentenció la funcionaria federal.

Cabría preguntarse, ¿el plan de estudios está en riesgo? ¿Existe la posibilidad que “tiren” o se “caiga” la reforma curricular? ¿Podría abrogarse el Acuerdo Secretarial 14/08/22? Técnicamente hablando, la respuesta es afirmativa. Pero es muy improbable al menos en corto tiempo. Cabía esperar la defensa del proyecto oficial por parte de quienes la han venía impulsando. No renunciarían, ni renunciarán al derecho legítimo de hacer valer la rectoría de la educación que por ley se les ha atribuido. Cuantimás si consideran que les asiste la razón.

¿Existe un precepto legal que obligue a la SEP pilotear el plan como condición sine qua non para poner en marcha una nueva currícula? No, aunque ciertos grupos tengan motivos para poner en tela de juicio su propósito, alcance y metodología. Es un escollo más pero no imposible de franquear. ¿Las dos últimas reformas curriculares (Reforma Integral a la Educación Básica y Aprendizajes Clave) fueron sometidas a un piloteo?

¿Su concreción estuvo condicionada a ello? Los argumentos argüidos por Educación con Rumbo, Seamos Héroes A. C., al interponer la demanda pudieran tener cierta validez pero quizá carezcan de la fuerza necesaria para derogarla. Habría que poner en cuestión la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y el resto del marco normativo. Nada más, ni nada menos.

¿Quién pierde y quién gana con el aplazamiento del piloteo del plan de estudios? Pierde la educación, la sociedad, la escuela, la familia, los maestros y los alumnos; ganan los poderes fácticos, la asociación civil y los que están atrás de ella, podrían decir los defensores de la reforma curricular. Lo cierto es que se encuentra sitiada entre fuego amigo y fuego cruzado, en mi opinión. Diversos grupos antagónicos entre sí la han colocado al centro de la lucha por el poder político, la disputa por la educación y la pugna al interior de la SEP. Según la Agencia Reforma, el diseño de la iniciativa del cambio del plan educativo recayó en la Dirección General de Materiales Educativos y la de Desarrollo Curricular encabezadas por Marx Arriaga y su cercana colaboradora Claudia Izquierdo Vicuña respectivamente. Aunque ésta última ha sido sustituida recientemente por Xóchitl Leticia Moreno Fernández (ex funcionaria de la Universidad Pedagógica Nacional y ampliamente reconocida en el mundo académico por su trayectoria ejemplar) según se puede constatar en los documentos publicados recientemente a propósito de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, Ciclo Lectivo 2022-2023.

Pero al margen de tales grillas, analicemos someramente su contenido y el fondo del mismo. En el documento “Orientaciones para la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes” refiere que la dinámica del CTE se transforma en dos aspectos (página 2).

a) Entretejiendo los procesos de formación y gestión

b) Transita de una guía de trabajo a un documento orientador, genérico, sin diferenciarlo por niveles educativos tal y como venía presentándose.

Los motivos aludidos para justificar dicho transformación se relacionan directamente con elementos del plan y programa de estudios (página 2):

  • El reconocimiento de la autonomía profesional
  • La coparticipación de estudiantes, familias y comunidad.
  • El enfoque fundado en el trabajo pedagógico colaborativo y la resolución de problemas identificados por la comunidad
  • La priorización de la formación docente desde una perspectiva situada y contextualizada desde el diálogo colegiado
  • La reorganización y articulación de los procesos administrativos, normativos y de gestión para la mejora del aprendizaje.

Circula en la redes sociales otro documento que lleva por título “Primera Sesión Ordinaria del Consejo técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes” (el archivo lleva por nombre “1a Sesión Ordinaria 211022_VF y está diseñado gráficamente con los logotipos así como con los colores oficiales y tal parece que fue utilizado para apoyar alguna exposición en la pasada reunión nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas). En la Diapositiva 4, se pretende responder al cuestionamiento ¿Cómo fortalecemos el trabajo colegiado en el CTE? Asimismo, se propone la reapropiación de la diversidad de acciones en el actual espacio del CTE partiendo de las siguientes premisas:

  • Transformación desde la gestión pedagógica. Énfasis en la autonomía profesional de las y los docentes.
  • Construcción colegiada de la acción pedagógica. Identificación de necesidad a partir de los contextos escolares, apropiación y diseño de metodologías y estrategias para contextualizar los contenidos y los trabajos en el aula.
  • Orientación de la acción pedagógica. Establecer una nueva dirección de la acción pedagógica, a partir de los principios de las NEM y el Plan de Estudio (integración curricular, comunidad como núcleo integrador, etc.)

A la luz del Anexo del Acuerdo 14/08/22 en toda su extensión y de manera resumida en la introducción, de la página 1 a la 8, podemos identificar la misma visión y propósitos que en lo anteriores documentos. En la página 1 se menciona que la propuesta curricular es una tarea (…) que comprende:

  1. Plan y programa de estudios incluidos los libros de texto.
  2. La formación docente
  3. El codiseño
  4. El desarrollo de estrategias nacionales
  5. Transformación administrativa y de gestión

Con respecto al punto 1 se señala que, página 4, el Plan de Estudio cuenta con una estructura con cuatro elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin.

I. Integración Curricular

II. Autonomía profesional del magisterio

III. La comunidad como el núcleo integrado de los procesos de enseñanza y aprendizaje

IV. El derecho humano a la educación

Referente a la fracción I, página 4 también, la integración curricular aglutina los ejes articuladores, los campos formativos y los propósitos curriculares (perfil de egreso genérico y específico), así como la metodología. Y ésta a su vez, la metodología, articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos.

Además, en el Transitorio Cuarto del multireferenciado acuerdo —el 14/08/22— se menciona que para atender el carácter regional, local, contextual y situacional que en la elaboración de los planes y programas de estudio serán consideradas las propuestas que respondan a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación (de acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de Educación) que durante el piloteo se realizarían acciones que permitan concretar dichos aspectos.

¿Qué se puede inferir al respecto? La relación entre el malogrado piloteo y la transformación de los Consejos Técnicos Escolares con la finalidad de lograr con el segundo lo que se abortó en el primero. En otras palabras, el piloteo se llevará a cabo, de una manera u otra, a través de los Consejos Técnicos Escolares. Lo que no mata fortalece. Y, al parecer, le viene como anillo al dedo a la SEP porque tiene un margen de libertad mayor en cuanto al alcance y los tiempos establecidos. ¿Quién gana o quién pierde? Quizá en el balance, al final de cuentas, resulte que las ganancias sean superiores a las pérdidas para la SEP. ¿Quién lo diría?

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información:  https://profelandia.com

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El presupuesto de educación 2023: ganadores y perdedores

 

A la mayoría de las instituciones de educación superior de sostenimiento federal el aumento presupuestal será prácticamente nulo, con algunas excepciones.
Las cifras sobre gasto que se destina en México al sector educativo y a la promoción de actividades científicas y tecnológicas hacen dudar que, en efecto, estas actividades hayan sido, en lo que va del sexenio una auténtica prioridad de política pública. El año que viene no será la excepción ni está en la ruta de modificar la tendencia al estancamiento. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación (PPEF) que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados, el gasto federal en la función educativa ascenderá a 910,692.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.8 por ciento, en términos reales, con respecto al presupuesto aprobado el año previo.

Tómese en cuenta, en primer lugar, que el PPEF estima que el gasto neto programable para 2023 ascenderá a 5,958,256.6 millones de pesos, es decir casi seis billones de pesos. Este techo presupuestal implica un incremento de 8.1 por ciento, en términos reales, en comparación con 2022, lo que hace notar que la inversión federal en el ramo educativo es significativamente menor a la que destina el gobierno en otras obras y actividades.

Un indicador grueso, aunque elocuente del esfuerzo gubernamental en la materia, es la proporción del gasto educativo con respecto al producto interno bruto. Según los datos de la propuesta de presupuestaria, en 2023 ese indicador (gasto educativo federal entre PIB) será de 3.1 por ciento, una décima más que en 2022. En la administración de Felipe Calderón el promedio correspondiente fue de 3.9 por ciento y en la de Peña Nieto de 3.5 por ciento. En el sexenio anterior, conviene anotar, el gasto educativo federal como proporción del PIB se sostuvo en 3.9 por ciento en la primera mitad del sexenio, luego de lo cual descendió hasta 3.2 por ciento en 2018. En la actual administración se registró un ligero repunte al situarse este indicador, en 2020, en un nivel de 3.5 por ciento; no hay que olvidar, sin embargo, que ese año ocurrió un descenso del PIB de 8.5 por ciento, lo que explica la variación positiva anotada.

En la comparación internacional, nuestro país no sale bien librado. Se estima que, en la actualidad, el promedio mundial de gasto público educativo entre PIB supera ligeramente el cuatro por ciento. El gasto público educativo de México (federal y estatal) es equivalente a ese promedio, pero ocupa una posición ostensiblemente inferior a la de países desarrollados y por debajo del promedio latinoamericano. Nada para celebrar.

Otro tanto puede decirse de la inversión en el sector de ciencia y tecnología. Según el PPEF en 2023 habrá un incremento de 2.7 para la clasificación funcional respectiva, que incluye el gasto asignado al Conacyt, a las instituciones de educación superior que realizan investigación, a los centros públicos de investigación y a dependencias de la administración pública federal que llevan a cabo programas de ciencia y tecnología. En la actualidad, el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) del país está por debajo del 0.3 por ciento con respecto al PIB. En 2008 el GIDE/PIB de México alcanzó un pico de 0.45 por ciento; de entonces hasta 2015 osciló en torno al valor de 0.4 por ciento y, a partir de ese momento, inició una tendencia decreciente que no se ha frenado. En el contraste internacional, quedamos a una distancia gigantesca de la inversión pública y privada que se ejerce en ciencia y tecnología en los países desarrollados, e incluso en comparación con países de desarrollo intermedio.

Al observar la distribución del gasto educativo federal por ramos administrativos hay varios aspectos de interés. Para el ramo 11, presupuesto para la SEP, está programado un incremento de 5.1 por ciento en términos reales; para el gasto educativo del ramo 33, que son recursos transferibles a las entidades, el incremento es mucho menor, de solamente 2.9 por ciento. En cambio, para el ramo 25, que en su mayoría corresponde al presupuesto para los servicios de educación básica en la Ciudad de México, está previsto un aumento efectivo de 15.1 por ciento con respecto a 2022. Este incremento, no es difícil suponerlo, será principalmente canalizado al programa de becas de la Ciudad.

Para las instituciones de educación superior el presupuesto federal 2023 viene muy castigado. A las IES de sostenimiento federal se asigna un incremento total de 0.1 por ciento en términos reales; prácticamente nada. Para algunas hay un poco más: la UNAM recibirá un aumento real de 1.3 por ciento, lo mismo que la UAM y el IPN. El Tecnológico Nacional de México tendrá un aumento de 3.9 por ciento real lo que, en alguna medida, compensa la austeridad presupuestaria que sujetó a los institutos agrupados en esa institución en los últimos años. El Colegio de México tendrá un aumento efectivo de tres por ciento y la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de seis por ciento. Para la UPN un incremento de uno por ciento real y para Chapingo solo 0.7 por ciento. Para el resto de las IES federales los incrementos son inferiores a un punto porcentual.

Al conjunto de universidades públicas de los estados, el subsidio federal proyectado equivale a 0.6 por ciento en términos reales; lo mismo para universidades tecnológicas, interculturales y politécnicas. Muy poco, casi nada. En notable contraste, para el sistema de Universidades del Bienestar Benito Juárez se presupuesta un aumento de 36.8 en términos reales. Ni para dónde hacerse, el programa correspondiente está indicado como prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo.

En el PPEF se encuentran asignados 795.1 millones de pesos para el programa U079, que en la estructura de Hacienda corresponde al rubro de “expansión de la educación media superior y superior” aunque, desde el año pasado, se ha asimilado al fondo de obligatoriedad y gratuidad previsto en la Ley General de Educación Superior. Esa suma será distribuida por la SEP.

Una observación adicional. En el PPEF 2023 el programa de becas Elisa Acuña, para educación superior y posgrado, solo considera a IES federales. La porción correspondiente a las estatales viene en ceros. ¿Es un error o una decisión aún no justificada? Porque, mucho ojo, los tiempos no están como para eso.

Fuente de la información: https://revistaaula.com

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Las “sinvergüenzadas” del SNTE y de la SEP

Por: Abelardo Carro Nava

 

“Érase una vez un palafrenero que robaba y llevaba a vender la cebada de su caballo. Pero, en cambio, se pasaba todo el día limpiándole y peinándole para que luciera lo mejor posible. Un día, el caballo le dijo: si realmente quieres que me vea hermoso, no robes la cebada, que es para mí alimento”.

Fábula de Esopo.

Después de la intensa organización y movilización que emprendieron en las últimas semanas maestras y maestros de educación media superior, adscritos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), y de otros Subsistemas, el pasado 30 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante boletín No. 238 anunció con bombo y platillo, la regularización de más de 13 mil 959 plazas para docentes de tres Subsistemas: 5 mil 345 pertenecientes a la Dirección Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar; 8 mil 189 a la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios, y 425 a la Dirección General de Bachillerato (SEP, 2022).

Ni tarde ni perezoso, como era de esperarse, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció con gran algarabía la “obtención” de un logro más, pues mediante comunicado 32-2022 afirmó que, esta organización sindical, había logrado nuevas basificaciones para maestros de educación media superior (SNTE, 2022).

Cosa curiosa, en ambos comunicados, tanto la titular de la SEP, Leticia Ramírez, como Alfonso Cepeda, Secretario General del SNTE, se atribuyen dicho logro pues, en el boletín de la SEP puede leerse con mucha claridad: “con estas acciones realizadas durante la gestión de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, ante la SHCP, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dignifica el trabajo de las y los maestros de estos subsistemas de EMS del país” (SEP, 2022); mientras que en el comunicado del SNTE, también se lee: “ el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,  encabezado por su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, logró que, después de meses de gestiones ante la SEP y SHCP, se reconozcan en el analítico presupuestal casi 14 mil plazas y 50 mil horas-semana-mes para maestros de EMS que laboran frente a grupo y que participaron en los procesos de admisión al servicio educativo” (SNTE, 2022)

Vaya forma de desacreditar, deslegitimizar y minimizar al movimiento magisterial nacional que emprendieron maestras y maestros de educación media superior de 2015 o 2016 a la fecha, quienes, a partir de esos años, estuvieron tocando varias puertas para que sus voces y demandas fueran escuchadas y atendidas sin que hubiera la menor respuesta por parte de la SEP y del SNTE. Desde luego, una vez que tal movimiento magisterial cobró fuerza, repito, en el plano nacional, es que ciertos dirigentes del SNTE, fieles a su costumbre, aprovecharon la inercia para sacar raja política y, como coloquialmente se dice: “colgarse la medalla” de un triunfo que en absoluto les corresponde a ellos, ni a los funcionarios de la SEP.

 

¿Por qué este mismo SNTE, que hoy se ufana y vocifera tal logro, no hizo lo propio cuando comenzaron a surgir las demandas para que se basificaran a los trabajadores de la educación que ya habían cumplido con todos los procesos de admisión establecidos por la extinta Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente?, ¿por qué este mismo SNTE, que hoy se jacta de haber obtenido una conquista más a favor de sus agremiados, no hizo lo propio para exigir se basificaran miles de maestros cuando el presidente López Obrador planteó la llamada revalorización del magisterio puesto que, tal y como éste lo afirmó, se atenderían las afectaciones laborales y profesionales que atentaron contra la dignidad de las maestras y los maestros por la aplicación de la mal llamada reforma educativa de 2013?, ¿por qué Estaban Moctezuma, o la misma profesora Delfina Gómez, no hicieron lo propio para atender las indicaciones del presidente para dignificar a las maestras y maestros que, como en este caso, sus problemáticas datan de 2015 o 2016 a la fecha?, ¿por qué la SEP, emite comunicados en los afirma categóricamente que las maestras y maestros de educación media y superior serán regularizados con fecha 16 de agosto sin que de claridad a los procesos administrativos mediante los cuales se reconocerá su antigüedad en el sistema y demás derechos laborales y profesionales que les corresponden?

 

Se sabe pues, que el SNTE siempre se ha puesto a voluntad y capricho del gobierno en turno. Solo basta recordar, el triste y lamentable espectáculo de Juan Díaz de la Torre al frente de esta organización sindical durante el peñaniestismo quien, para acabar pronto, en ningún momento movió un dedo para defender a sus agremiados de una supuesta reforma educativa que, particularmente, atentó contra los derechos laborales y profesionales de los trabajadores de la educación. Y bueno, de Cepedas Salas qué se podría decir, si desde que comenzó su “gestión” se declaró aliado y parte del ejército intelectual del actual presidente; sí, el mismo Cepeda Salas que, en eventos púbicos y fotografías publicadas en distintos medios de comunicación, se le vio con Díaz de la Torre, levantando la mano del ex candidato tricolor a la presidencia de la República José Antonio Meade Kuribreña.

Ahora bien, de la SEP mucho podría decirse, sin embargo, me limitaré a expresar que tuvieron que pasar cuatro largos años para que, al fin, volteara su mirada hacia las maestras y maestros de educación media superior; ni los ex secretarios de educación que han pisado la oficina de Vasconcelos, ni el propio Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, quien posee una licenciatura en economía (con mención honorífica) por la UNAM, hicieron algo para que se atendiera y resolviera una problemática que era más que evidente en los Subsistemas señalados.

No imagino lo que tuvo que pasar una maestra o maestro que, después de haber cumplido con las disposiciones normativas y administrativas que la misma SEP impuso para que pudiera ingresar al magisterio, no fuera basificado conforme a lo que la ley determinó en su momento y aún sigue determinando. Lamentable es que, por varios años estos trabajadores de la educación, estuvieron sujetos a un Código 95 (provisional) y no un Código 10 (nombramiento definitivo), lo cual implicaba, entre otras cosas, la recontratación cada 5 meses y 15 días, porque no podría otorgárseles la firma de un contrato de más de 6 meses dadas las limitaciones jurídicas conocidas. Y lo peor de todo, es que ni siquiera les era pagado su sueldo cada quince días o, cada mes; generalmente se hacía dicho pago al término del contrato o, mucho después de que éste concluyera. No imagino, en verdad, qué hacían o cómo le hacían para mantener a su familia o para atender sus necesidades más apremiantes.

 

Mi reconocimiento y admiración es para cada una de estas valientes maestras y maestros que, en unos días, espero, verán cristalizado su esfuerzo producto de la lucha sostenida por varios años.

Y bueno, para culminar esta serie de ideas, diré que en todo este asunto algo es claro: tanto en el SNTE como en la SEP no conocen la vergüenza.

¡Qué sinvergüen… zadas!

Referencias:

 

Fuente de la información:  https://profelandia.com

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El “piloteo” del plan de estudios 2022, pero ¿dónde está el piloto?

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Podrá romper o superar esa inercia la titular de la SEP y al final tomará el mando de la Dependencia que dirige?»

Con cierto grado de hermetismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las Secretarías de Educación de los estados de la República Mexicana, viene trabajando en la organización de lo que se ha denominado “piloteo” del Plan de Estudios 2022, mismo que comenzará a operar en la última semana de octubre de este año.

¿Qué diagnóstico se ha aplicado y cuáles serán los resultados que pudieron haber determinado la elección/selección de 30 escuelas, por entidad, por parte de las autoridades educativas federales y locales?, ¿qué escuelas participarán este proceso?, ¿qué tipo de información y/o de formación, sobre dicho plan, estarán recibiendo las maestras, maestros, directivos, padres de familia y, en general, la comunidad escolar?, ¿cuál será la organización académica y administrativa que los planteles escolares seleccionados pondrán en marcha en unos días?, ¿cuáles son los programas analíticos de los grados/fases en los que habrá de implementarse?, ¿cuáles son los contenidos de esos programas analíticos y cuáles las actividades didácticas sugeridas?, ¿cuáles serán los textos que emplearán maestras, maestros y estudiantes de las fases en la que se implementará el “piloteo”?, ¿qué otros materiales y recursos didácticos se habrán de emplear para el desarrollo de las sesiones a partir de noviembre?, ¿de qué manera se realizará la evaluación y, por ende, la emisión de una calificación que “valore” el o los aprendizajes adquiridos?, ¿qué acciones formativas dirigidas hacia el profesorado se estarán desarrollando para el entendimiento y comprensión de eso que se ha hecho llamar “codiseño”?, ¿en qué instrumentos de recolección de información se asentarán las observaciones obtenidas por docentes y directivos?, ¿se tomarán en cuenta las observaciones de los padres de familia en cuanto a la puesta en marcha de dicho “piloteo” en las escuelas?, ¿de qué manera se procesará la información obtenida y qué instancia se encargará de procesarla? En fin, una serie de cuestionamientos que, desde luego, invitan a reflexionar, pero, sobre todo, a demandar que la SEP haga de conocimiento público sus respuestas pues, como se ha dicho hasta el hartazgo, ya no son los tiempos de antes y, por tanto, al ser un tema de interés público, bien haría esta Dependencia en ejercer un amplio sentido de transparencia que a muchos nos interesa.

Y es que, como se recodará, a mediados del mes de agosto de 2022, por fin se dio a conocer en los medios de comunicación y oficiales, el Acuerdo 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Acuerdo que, después de la serie de versiones que de dicho plan se conocieron por las redes sociales, dio formalidad a la propuesta de la SEP en esta materia.

Si recordamos, el Transitorio Cuarto de este Acuerdo, señaló puntualmente: “Durante el ciclo escolar 2022-2023, en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de todas las entidades federativas, se realizará un piloteo del Plan de Estudio… así como de los respectivos programas de estudio que, en correlación con dicho Plan sean elaborados por la SEP, con el fin de que se trabajen los contenidos correspondientes a la Fase 2 (solo primer grado de educación preescolar), Fase 3 (solo primer grado de educación primaria) y Fase 6 (solo primer grado de educación secundaria) de acuerdo con la estrategia metodológica que establezca la referida Dependencia en concordancia con las autoridades educativas de los gobiernos de los Estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. El piloteo se realizará en escuelas con servicio general, indígena y comunitario; en zonas urbanas y rurales; en escuelas multigrado y de organización completa, así como secundarias generales, técnicas y telesecundarias; incluye población específica de niñas, niños y adolescentes migrantes o que viven con alguna discapacidad y aptitudes sobresalientes (escuelas con y sin servicios de educación especial). Para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y de aprendizaje a que refiere el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley General de Educación, durante el piloteo las autoridades educativas de los gobiernos de los Estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México realizarán las acciones que permitan concretar dichos aspectos en los respectivos programas de estudio.

Del contenido de este artículo, el Cuarto Transitorio, en otros textos que he publicado en este y otros espacios, he planteado una serie de preguntas que responden más, a una serie de inquietudes que, desde luego, se complementan con las referidas líneas atrás, sin embargo, no hay que perder de vista que, una cosa es lo que en dicho Acuerdo se observa y otra lo que en realidad acontece en los centros escolares, por ejemplo, las autoridades educativas de la SEP, han señalado que el “piloteo” constará de cuatro elementos: a) formación docente, b) codiseño de programas de estudio a cargo de maestros, c) desarrollo de estrategia nacional, y d) transformación administrativa y de gestión; aspectos que, si bien es cierto que parecen lógicos y fundamentales trabajarlos antes de la implementación de un “piloteo”, también es cierto que en cada entidad y en cada escuela acontecen situaciones diversas que se desprenden, precisamente, de las visiones de las autoridades, de las condiciones presupuestales, de las complejidades escolares, sociales o comunitarias, en fin, de todos aquellos aspectos o elementos que influyen o confluyen en la organización escolar.

Hasta donde tengo conocimiento, debido al constante diálogo que tengo con maestras y maestros de diferentes niveles educativos, puesto porque no existe información publica sobre ello, algunas autoridades educativas, con diagnóstico o sin él, han elegido o seleccionado a las escuelas que participarán en dicho “piloteo”; difícilmente se les ha preguntado o pedido su opinión a maestras, maestros, estudiantes y padres de familia, hecho que refleja el “verticalismo” en las decisiones que emanan desde el centro o, bien, las “simpatías” que cierta autoridad tiene con determinado directivo de algún plantel escolar “seleccionado”. Ahora bien, quienes sí lo han hecho, desde luego considerando algunos criterios para el diseño y aplicación de un diagnóstico, han podido obtener algunos indicadores e información que puede sustentar el que tal o cual institución haya sido seleccionada para este proceso; situación que genera una inercia, un tanto diferente, en virtud de que ésta no se concibe como una imposición sino, más bien, como una decisión compartida en torno a un reto u oportunidad que se les pone en frente. En resumidas cuentas, bien haría la SEP cuidar estos procesos porque, insisto, mientras por un lado se puede señalar que las cosas se están haciendo bien, por otro lado, a ras de piso, las cosas suelen ser diferentes.

Por lo que respecta a la formación docente y el codiseño de programas de estudios (a cargo de los maestros), pienso, es la parte más endeble de este “piloteo” porque, como sabemos, no basta con tener un marco curricular que, para efectos prácticos, aunque es incorrecto decirlo de esta manera, se traduce en un plan de estudios, para que las maestras y maestros en su aula y escuela lo operen; sin embargo, el quehacer docente, como es bien sabido, toma como referente dicho plan para organizar las actividades de aprendizaje, pero hasta el momento poco se ha avanzado al respecto; es decir, se sabe que en algunas entidades de la República se ha comenzado con un proceso de formación/capacitación hacia los profesores de las escuelas que ya pudieran considerarse elegidas o seleccionados para este proceso, no obstante, al carecer de un Plan Nacional de Formación sobre dicho plan y de otros elementos educativos relacionados con éste, se ha recurrido a quienes, desde su experiencia profesional y formativa, que no necesariamente responde a las actividades que se desarrollan en los preescolares, primarias o secundarias, plantean su visión en torno a lo que fundamenta dicho plan de estudios, tema que no es del todo inadecuado, solo que, entre tantas visiones, podría cuestionarse si, como tales, permiten o favorecen la articulación de las ideas en torno a, por ejemplo, los ejes articuladores o campos formativos y la manera en que habrán de aterrizarse en las aulas, desde luego, articulando los contenidos y actividades de aprendizaje.

El tema del codiseño, sea lo que esto signifique para la SEP, parece que le brindará la posibilidad al docente de incorporar “contenidos” cuya relación con los temas que se proponen en el plan de estudios; esto, con el propósito de contextualizar las actividades de aprendizaje que bien se pueden recuperar de los saberes para ser traducidos en conocimientos ligados a la ciencia. Con ello, se piensa, que la maestra o maestro gozará de cierta autonomía curricular, sin embargo, habría que preguntarse si, los docentes, en el transcurso del ciclo escolar, dependiendo del contenido, no hacen uso de aspectos o situaciones que ocurren en la comunidad o localidad en la que se encuentra ubicada su escuela, para tratar los temas o diseñar actividades de aprendizaje. ¿Por qué nombrar codiseño y presentarlo como algo innovador si muchos docentes realizan esta actividad en su ejercicio cotidiano?

Y bueno, ya que estamos hablando de temas relacionados con la autonomía docente, habría que cuestionar si, como tal, se hará efectiva en las escuelas dado el “verticalismo” en las decisiones que es claramente manifiesto en diversas escuelas mexicanas, ¿la trasformación administrativa y de gestión comenzará por las propias autoridades educativas para apoyar y/o brindar todas las condiciones necesarias para la generación de aprendizajes?

¿Resta mucho por conocer? Indudablemente.

Si la propia SEP pretende dar un giro de 180º tal y como se ha dicho en reiteradas ocasiones, bien haría por transparentar un proceso que, como he dicho, es de interés púbico.

Al parecer, la llegada de otra profesora a esta Dependencia no ha movido la inercia que, desde antaño, se ha hecho manifiesta. Me refiero a esa “secrecía” que, algunos asuntos que son de vital importancia para el pueblo de México, se mantengan, desafortunadamente, de esa manera: en secreto o, peor aún, en el conocimiento de unos cuantos.

¿Podrá romper o superar esa inercia la titular de la SEP y al final tomará el mando de la Dependencia que dirige

Al tiempo.

Referencias:

Fuente de la información: https://profelandia.com

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