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Libro(PDF): COVID-19. Nuevas enfermedades, antiguos problemas en Centroamérica

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

Este libro es fruto del trabajo realizado en el Grupo de Trabajo «El Istmo Centroamericano: Repensando los Centros» de CLACSO. Los textos proporcionan un panorama general de las estrategias sanitarias para gestionar la pandemia, pero se centran en análisis de las crisis sociopolíticas que se profundizaron al interior de los diversos Estados Centroamericanos a causa de la circulación del virus. Por medio de miradas interdisciplinarias, todos los textos nos muestran las consecuencias de la pandemia sobre los más vulnerables, el aumento de la precariedad social y rupturas del orden democrático, que bajo la excusa de «contener el virus» se promovieron en los diversos Estados.

Autor: Amaral Arévalo. [Coordinador]

Briseida Barrantes Serrano. Lina Barrios. Carlos Gerardo González. Dolene Miller Bacon. Sergio Villena Fiengo. Nelise Wielewski Narloch. Valeria Marina Valle. Caroline Irene Deschak. Daniel Vásquez. Gustavo Irías. Lucía Vijil. Bladimir López. Amaral Arévalo. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. 

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-879-3

Idioma: Español

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Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2336&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1502

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Tsotsiles en Puebla: infancias indígenas migrantes y trabajadoras

Tsotsiles en Puebla: infancias indígenas migrantes y trabajadoras

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Miguel Ángel Rodríguez

El 26 de febrero pasado, hace casi un mes, Juan Villoro escribió un artículo memorable sobre la migración europea, pues dio cuenta de nuestra condición de seres ficticios bajo el signo de la pandemia. El modo virtual de nuestras relaciones, de las que “carecemos de suficiente evidencia pública para demostrar que somos reales”, nos sitúa en una pausa ontológica en la que dejamos temporalmente de ser.

El pensador mexicano juega con la ontología y nos descubre, a propósito de la negación del ser, una palabra que revela el angustiante estado de excepción que abandona y reduce a muchos migrantes varados temporalmente en Alemania, por causa de la pandemia (no hay vuelos) y por algunos problemas burocráticos con sus pasaportes (las oficinas están cerradas), digo, los coloca en una situación que no es legal ni ilegal, por lo que el Estado alemán les otorga un documento que pasará a la historia de la migración mundial como el primer reconocimiento oficial a seres de ficción.

Con un extravagante e impronunciable vocablo Fiktionsbescheinigung, que literalmente significa Certificado de ficción, los burócratas germanos despacharon la cuestión. Un papel del gobierno que  “acredita la condición ficiticia de quien lo porta”. Es la expresión más cristalina de las degradantes maneras en que funciona el estado de excepción en el primer mundo, incluyen legalmente a los migrantes para desincluirlos, para recordarles su otredad.

Me pregunto aquí, siguiendo a Juan Villoro, por el eufemismo castellano que nombre la circunstancia ominosa que viven las infancias indígenas migrantes y trabajadoras de nuestro país, y, en particular, por las familias migrantes tsotsiles que, desde hace más de tres lustros, viajan como sombras, en un trajín sin descanso, en un vaivén constante, de Mitontic, Chiapas, a la Ciudad de Puebla.

San Miguel Mitontic es un pueblo prehispánico fundado por los tsotsiles, una comunidad indígena de origen maya en la que el 98.7 por ciento de la población habla la lengua originaria. En la actualidad es un municipio de la Región V de los Altos de Chiapas, misma que está conformada por 18 ayuntamientos: San Cristóbal de las Casas, Mitontic, Teopisca, Altamirano, Chalchihuitán, Chanal, Chamula, Pantelhó, Chenalhó Oxchuc, Las Rosas, Tenejapa, Amatenango, Zinacantán, Aldama, Huxtán, Larráinzar y Santiago. Mitontic es una ciudad con una población de 13 mil 755 habitantes según el último censo de población y vivienda (2020) y suele aparecer entre los diez municipios más pobres del país.

La mayoría de los seres de maíz que migran cíclicamente a las ciudades de México, Yucatán, Oaxaca, Qunitana Roo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Puebla no tienen  siquiera un certificado de ficción, un Fiktionsbescheinigung que los acredite como sujetos de derecho en proceso de probar su existencia real, porque existen sin ser valorizados jurídicamente. Vamos, ni siquiera están registrados en alguna dependecia local de Chiapas, y, desde luego, menos aún existe constancia legal de su presencia en la Angelópolis.

Los migrantes viven en un eterno estado de excepción que, con frecuencia, los enfrenta a graves sufrimientos familiares, porque las autoridades del sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) de los estados y ciudades a las que migran suelen hacer generalizaciones descriptivas y normativas que estereotipan, estigmatizan y criminalizan las estrategias de supervivencia de las familias tsotsiles.

Sin comprender, sin escuchar siquiera los múltiples sentidos que el trabajo infantil migrante adquiere como constructo comunitario sociohistórico entre los pueblos indígenas, porque, como en el caso de Puebla, no cuentan con un traductor tsotsil autorizado que interprete los sentimientos y deseos de los niños y las niñas, con ese juicio universalista y paternal que infantiliza a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las familias tsotsiles son cruelmente separadas hasta por más de medio año. Y ahora pende como espada de Damocles sobre sus vidas un proyecto de ley para erradicar el trabajo infantil en el estado de Puebla, una normatividad de buenas intenciones que, sin embargo, debe dialogar con las otras formas de existencia para conocer el sentido de su verdad, escuchar las voces y significados de los propios niños y niñas tsotsiles y, por supuesto, los argumentos y narrativas de sus padres.

Las acusaciones siempre son las mismas, que no son sino ordinarios lugares comunes: explotación del trabajo infantil y violencia familiar. Vamos a ver, entiendo que se han registrado, lamentablemente, algunos casos que pueden calificar para los delitos arriba señalados, lo que quiero enfatizar es que a partir de esos acontecimientos, más bien extraños entre la población tsotsil que migra a la ciudad de Puebla, el acendrado racismo poblano los ha generalizado y, en consecuencia, los ha validado como “estereotipos contingentes y despectivos” contra ellos. Un lugar común que, entre otras cosas, despoja a los niños y a las niñas de su propia iniciativa, porque los convierte en seres sin voluntad y sin voz y, por si fuera poco, condena a los padres y las madres tsotsiles, que ya cargan en sus vidas con todos los acoplamientos imaginables de desventajas sociales que, a mi parecer, ninguna interseccionalidad ha sido capaz de pensar siquiera, a representar todavía, para acabarla de chingar, el trágico papel de crueles verdugos de su propia progenie.

Como la imagen siniestra y torva de los mexicanos que Donald Trump dibujó al principio de su gobierno para justificar la necesidad del famoso muro fronterizo, un estereotipo que es común escuchar y leer entre los conservadores supremacistas de los Estados Unidos, el mismo molde grotesco que se usó contra los afrodescendientes para criminalizarlos, para negarles los derechos humanos más elementales, una deshumanización tan brutal que encendió, hasta la rabia, la indignación del movimiento de liberación afrodescendiente. Una digna rabia que Martin Luther King inmortalizó el 28 de agosto de 1963 con la maravillosa pieza retórica pronunciada bajo la sombra simbólica de George Washington: “I have a dream”.

Y así podemos hablar pestes de los judíos, los musulmanes, los chinos, los gallegos, los indígenas y afrodescendientes, sin saber, sin comprender un ápice la construcción del sentido y esencia de su verdad, vamos por ahí repitiendo lugares comunes, generalizaciones descriptivas que devienen estereotipos humillantes contra los diferentes, son clichés derivados de la proverbial soberbia occidental y de la pretensión logocéntrica, estandarizada, meritocrática y universalista del proyecto ilustrado y capitalista de desarrollo.

Los alemanes estrenan la palabra Fiktionsbescheinigung para acreditar el ser de ficción de los migrantes varados en Alemania, hasta nuevo aviso existen en un estado de excepción ontológica, se trata a todas luces de un proceso provisional que se resolverá pasada la pandemia. No hace falta decirlo, los indígenas chiapanecos de Mitontic viven en un estado de excepción permanente, no tienen derecho a la salud, ni a la educación, ni a un trabajo digno y bien remunerado, baste decir que el censo de población y vivienda del 2020 registra un elocuente 0.1 por ciento entre la población de 12 años y más no económicamente activa que está pensionada o jubilada. En otras palabras, llegan a la vejez sin tener garantizado los derechos sociales fundamentales, pues nunca fueron registrados formalmente como sujetos de derecho por sus empleadores.

Otros datos que vale la pena consignar son que apenas el 25 por ciento de las viviendas de Mitontic cuentan con agua entubada y, de ellas, menos del 2 por ciento tiene cisterna. No es momento de detenerse a pensar, por la escasez del agua, en el carácter sacro que la Coca-Cola adquirió desde hace años en las tierras tsotstiles, en las que el tóxico líquido aparece como vino de consagrar en todas las ceremonias civiles y religiosas de relevancia social.

Por otra parte, apenas el 6.6 por ciento de ellos tiene servicio de telefonía celular y una tercera parte cuenta con el servicio del seguro popular (censo de población y vivienda 2020). Hablamos de un espacio que suele figurar entre los diez municipios más pobres del país.

Como si fuera posible imaginar más desgracias, la situación económica de la comunidad ha sufrido un deterioro considerable durante los últimos cinco años, especialmente si la evaluamos a la luz de las variaciones en el porcentaje de la población de 12 a 14 años y de 15 a 24 años que asiste y abandona la escuela.

Veamos, mientras durante el 2015 el 72.6 por ciento de estudiantes de ese rango de edad asistía a la escuela, tenemos que para el censo del 2020 ese porcentaje se redujo a un 54.6 por ciento. Un incremento del abandono escolar de 18 puntos porcentuales en cinco ciclos escolares que no puede ocurrir como si nada estuviese pasando, pues si lo comparamos con el promedio nacional de asistencia a la escuela en esa edad de 12 a 14, que asciende a un 90.5 por ciento (2020), hablamos de un incremento radical de la brecha de la desigualdad educativa entre los estudiantes tsotsiles y el resto de los estudiantes mexicanos, son 36 puntos porcentuales de desventaja educativa.

¿Dónde están los miles de niños, niñas y adolescentes tsotsiles que ya no están en las aulas?

Sin embargo, aunque usted no lo crea, no es el escenario peor para la vida de los estudiantes de Mitontic, Chiapas, ni para las altas aspiraciones, siempre nobles y lúcidas, del sistema educativo mexicano, pues, cuando los estudiantes tsotsiles alcanzan los 15 años de edad, el porcentaje de ausencia es una dolorosa tragedia humana y el abandono escolar reduce la matricula de manera crucial. Así encontramos que para el año 2015 solo el 15.2 por ciento de la población entre 15 y 24 años asiste a la escuela, una tendencia a la baja en la asistencia escolar que alcanzó a gatas el 13 por ciento en el 2020. Esto es, 30 puntos porcentuales de desventaja con respecto a la asistencia escolar promedio de los alumnos del país que alcanzó un 45.3 por ciento según el censo del 2020.

De esa manera, durante el 2015, al transitar de la secundaria (72.6) a la preparatoria (15.2)  se observa una reducción brutal del 54.7 por ciento de los estudiantes inscritos en el ciclo educativo anterior. Y lo mismo pasa para el 2020, pues del 54.6 por ciento de la población que asiste a la escuela entre 12 y 14 años desciende drásticamente al 13 por ciento de quienes asisten a la escuela entre los 15 y los 24 años de edad. Se observa aquí, igualmente, un abandono escolar de 41. 6 por ciento. Esa es la dimensión de la deuda que el sistema educativo nacional mantiene con las comunidades indígenas tsotsiles.

¿Dónde están los miles de jóvenes tsotsiles que ya no están en las escuelas?

Como les decía, después de un recorrido de más de 700 kilómetros en un viejo autobús pirata, sin seguro de vida y buena parte del camino viajando de pie, con las criaturas a las espaldas, arriban las endeudadas y fantasmales familias tsotsiles a La Loma, una colonia de alta marginación situada a un lado del Mercado Hidalgo, en la Ciudad de Puebla.  Migran desde hace más de tres lustros, son hombres y mujeres jóvenes, en edad laboral, vienen en busca de mejores horizontes de futuro inmediato. Los primeros migrantes tsotsiles encontraron ahí las mejores condiciones para morar sin sufrir severamente la discriminación, quizá porque mucha de la gente que habita en el vecindario también proviene de otras diferentes culturas indígenas de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guatemala.

El Atlas de los pueblos indígenas de México del 2015 registra la presencia de 554 tsotsiles en el estado de Puebla, la inmensa mayoría en la ciudad capital. Vale la pena tener siempre presente que la mediana de edad de los habitantes de Mitontic, Chiapas, es de 16 años –según el censo de población y vivienda 2020– por lo que hablamos de familias muy jóvenes con hijos e hijas en edad escolar que usualmente migran con ellos, por lo que es muy complejo pensar, como veremos, en una educación formal a la manera tradicional.

Cuando uno pasea por las calles de La Loma es posible encontrar una gran variedad de pequeñas tiendas de abarrotes y una oferta muy plural de alimentos regionales, son negocios atendidos, en su mayoría, por migrantes indígenas del interior del estado que encontraron ahí, cerca del mercado, un buen lugar para construir su casa. Se trata de un fenómeno sociodemográfico creciente que no ha recibido, lamentablemente, la atención estatal que un enfoque de derechos sociales fundamentales y un sentido estricto de justicia social demandan con urgencia.

En ese contexto sombrío emerge un proyecto salvífico que, contra viento y marea, pretende construir un proyecto cooperativo y educativo, un espacio termotópico, una esfera para el cuidado del ser de los niños, niñas y jóvenes tsotsiles migrantes, en donde la pluralidad epistemológica y ontológica de los tsotsiles adquiera carta de naturalización: Yo´on Ixim ( corazón de maíz A.C.).

Samantha, la fundadora de la organización civil, nos platicó a Sandra Aguilera Arriaga y a mí, que fue en el 2014 cuando vio por primera vez a un grupo de indígenas, adultos, niñas y niños, con una indumentaria hermosa, pues eran blusas preciosamente bordadas sobre tela de color morado que usaban las niñas y las mujeres que vendían chicles en las esquinas y grandes cruceros de la ciudad: “¿qué hacen ahí?, ¿cómo es su vida?, ¿cómo es que llegaron a estar así…?” -se interrogaba.

El proyecto cooperativo es el paraguas que cubre y protege al proyecto educativo. Consiste fundamentalmente en la posibilidad de crear un espacio productivo consolidado por mujeres tsotsiles que “participan en un proceso de auto-definición y producción cultural” (Ferreiro, 2016, p.53). Las prendas bordadas se venden en un mercado justo para los saberes y habilidades textiles que, por tradición, practican las indígenas tsotsiles, son tejedoras maravillosas de una selva cósmica. Ahora las mujeres también bordan capas, vestidos, blusas, cachuchas, fundas para celulares, etc., y producen mermeladas de frutas para vender en el Sagrado Mercadito, un dominical centro alternativo de comercio ubicado en San Andrés Cholula. Con ese ingreso pueden dedicarse también a estudiar y, sobre todo, sus hijos conocen y aprenden en la escuelita.

Las artesanas del Corazón de Maíz proponen y crean nuevos diseños textiles que bordan con sus saberes tradicionales, se sienten revaloradas porque pueden alcanzar, con la apropiación del proceso de trabajo, que está vinculado a la recreación de su cultura y cosmovisión, cierta autonomía que les permite, en principio, tomar la decisión de abandonar las calles para vivir, provisoriamente, como son sus propias existencias, la experiencia de la escuela.

En la denominada “escuelita” los profesores comprenden y aprovechan muy bien las ventajas de que los estudiantes tsotsiles hayan sido vendedores en la calle, porque el proyecto educativo reconoce y valora las experiencias y los aprendizajes que los niños, niñas y jóvenes adquieren en el trato diario, en los estados de ánimo que es necesario adivinar en los transeúntes para no despertar la ira del racismo, discriminación clasista y patriarcal. Y no se diga en las habilidades matemáticas, un área en la que, según la opinión de los profesores, suelen desarrollar capacidades y habilidades singulares.

De la misma manera, mientras en otros estudios nacionales e internacionales similares, con los que pretendemos hacer un análisis comparativo, los juicios de algunos profesores insisten en que la lengua originaria es un obstáculo para el mejor aprovechamiento escolar, en la escuelita Yo´on Ixim encontramos que la mayoría de los docentes valoran alto la lengua tsotsil y se encuentran inmersos en su aprendizaje, el cual, podría decirse, es la lengua que prevalece en las actividades escolares. Van más allá, pues una de las profesoras explora con paciencia el intrincado mundo de los sentimientos y las emociones de los y las migrantes tsotsiles, un trabajo de investigación hermenéutica que nació como un problema del aula, de la docencia con niños y niñas tsotsiles.

Podría continuar hablando de la educación prometeica, termotópica y hospitalaria del Corazón de Maíz, pero sería adelantarme un poco al diálogo comunitario que deseamos proponer en el conversatorio de mañana 26 de marzo del 2021 a partir de las nueve de la mañana, es un encuentro para pensar, junto a ellos, con la presencia de los protagonistas, en un mundo donde las infancias indígenas migrantes y trabajadoras, como los tsotsiles de Puebla, puedan alcanzar, lejos de tanta miseria, el ser que son y que les hemos negado secularmente.

Fuente: https://www.educacionfutura.org/tsotsiles-en-puebla-infancias-indigenas-migrantes-y-trabajadoras/

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Miles de inmigrantes podrán homologar su título universitario en seis meses para ejercer en España

El ministerio prepara un mecanismo de evaluación más operativo para terminar con las demoras de más de dos años. Habrá, además, un “plan de choque” para los 15.000 extranjeros que ya aguardan turno.

Homologar un título universitario en España es una odisea por la pesada burocracia. Las esperas suelen ir de los nueve meses ―para un título expedido en Europa― a más de dos años, y si la licenciatura o el grado es de Medicina, aún más tiempo si es un título extracomunitario. Ahora el Ministerio de Universidades prepara un decreto de procedimiento de homologación (para las profesiones reguladas) y de equivalencia de los títulos extranjeros que será aprobado próximamente en el Consejo de Ministros y que acorta los plazos hasta un máximo de seis meses porque agiliza la burocracia y exime en muchos casos de un informe complementario.

Las 15.000 tramitaciones en lista de espera ―aún hay 9.000 de 2019― se regirán por el decreto de 2014, pero el ministerio asegura que habrá “un plan de choque” para resolverlos de forma “inminente” digitalizando sus expedientes ―muchos están en papel― y contactando con los demandantes telemáticamente. Actualmente, el método es el correo certificado, que eterniza el procedimiento. El pasado año se aprobaron 9.000 homologaciones y se falló en contra de apenas 350, por lo que el ministerio cree que no tiene sentido ser tan puntilloso.

“Es de vital importancia para nuestro mercado laboral atraer el talento que necesitamos para recualificar nuestro país. No se puede pensar en hacerlo sin la inmigración de profesionales de alta cualificación”, ha afirmado el ministro de Universidades este miércoles en rueda de prensa. Manuel Castells estudió y dio clase en París y ha ejercido durante tres décadas en la Universidad de Berkeley (California), por lo que es muy sensible al asunto. “La espera es un drama humano que se hace insoportable. Muchos de los mejores abandonan y optan por países más acogedores en su burocracia aunque hayan optado por España”, ha añadido. El ministro confía en que haya un “efecto llamada” entre los inmigrantes muy cualificados porque lo considera “fundamental” para construir una sociedad del conocimiento al estilo de Silicon Valley. Un 25% de los ciudadanos extracomunitarios, según un estudio de la Universidad de Comillas, posee un título universitario.

Cuando el licenciado fuera de España presente la solicitud telemáticamente al Ministerio de Universidades, se generará un número de seguimiento, como el de los paquetes de correo urgente. Ya no se podrá solicitar presencialmente. En los siguientes 15 días ―según los planes del ministerio― se revisará la petición y se demandará la subsanación de errores (ocurre en la mayoría de los casos). El demandante contará con 15 días para corregirlos.

Una comisión de homologaciones ―formada por técnicos del ministerio y profesores universitarios, en total 12 personas― contará después con hasta dos meses para emitir un informe que habrán redactado expertos en la materia y el resultado se comunicará al interesado. Para las profesiones reguladas ―médico, veterinario, abogado o juez― se pedirá un informe al colegio correspondiente que deberá de concluirse en 10 días (ahora se demora meses).

Si la resolución es afirmativa, se expedirá el título en 10 días y, si es negativa, el afectado contará con 15 días para presentar alegaciones y el ministerio con otros 15 para contestarle. La novedad es que los títulos expedidos en Estados del Espacio Europeo de Educación Superior o en países con los que hay reconocimiento de los estudios no tendrán que someterse al veredicto de la comisión de homologaciones. En estos momentos hay equivalencias automáticas con determinadas universidades de prestigio en Argentina, Colombia y Chile y países como Ecuador están muy interesados en la reciprocidad.

Estarán eximidos también del informe los expedientes “cuando se corrobore que la mayoría de solicitudes ―100 como mínimo― de homologación o equivalencia de un determinado título universitario extranjero proveniente de la misma universidad de un determinado país, se ha saldado con la obtención de una resolución definitiva favorable”, se afirma en el decreto. “Así que el porcentaje de informes que se hagan va a ser mucho menor”, subrayó José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades.

La pandemia ha puesto de manifiesto la gravedad del problema. En los momentos más duros, las autonomías quisieron contratar a sanitarios muy experimentados en sus países de origen ―en su mayoría sudamericanos―, pero no podían ejercer por faltarles la homologación. El ministerio les facilitó entonces un permiso especial para ejercer durante un año. Universidades valida el título de Medicina y el Ministerio de Sanidad, por su parte, tiene que reconocer la especialidad. Castells ha tenido un recuerdo para los funcionarios que durante el confinamiento regularizaron a 4.100 sanitarios acudiendo al ministerio, semivacío, porque muchos de los expedientes estaban en papel. “No es posible que el sistema funcione a partir del heroísmo cotidiano de los funcionarios”, ha sostenido el ministro.

Este diario dio durante el confinamiento voz a sanitarios frustrados por no poder trabajar cuando más se necesitaba. Yasmine Chacón, que era radióloga en El Salvador, limpiaba casas en un pueblo de Valencia a falta de la equivalencia. El uruguayo Lucas Ferraz, que trató decenas de casos de malaria en el Congo como auxiliar de enfermería, hacía reformas al no tener los papeles.

CONVALIDACIÓN DE PERIODOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

El decreto aborda también la convalidación de parte de los estudios de un ciudadano español ―quedan excluidos los trabajos de fin de máster o de grado― en una universidad extranjera. Serán los campus nacionales los encargados de la tramitación y contarán con un plazo de hasta dos meses. Regirán las normas de ese centro, pero en función de unas directrices generales del Consejo de Universidades ―conformado por representantes del ministerio y los campus―. Estas también serán responsables de la equivalencia del título de doctor.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2021-03-24/miles-de-inmigrantes-podran-homologar-su-titulo-universitario-en-seis-meses-para-ejercer-en-espana.html

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“Me sentí como un delincuente”: el testimonio de uno de los venezolanos deportados por el gobierno chileno

Ricardo Meléndez es venezolano y es uno de los 138 deportados el pasado miércoles por el gobierno de Chile en medio de la crisis migratoria que se vive en la frontera entre ese país y Bolivia.

Eran las 2 de la mañana del pasado miércoles cuando a Ricardo Meléndez, un joven venezolano de 19 años, lo despertaron en un refugio sanitario de Iquique, en el norte de Chile, lo obligaron a subir a un autobús y lo llevaron al aeropuerto para deportarlo.

Él formó parte del vuelo de las Fuerzas Armadas chilenas en el que unas 138 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, fueron enviados a su país de origen, por incumplir con las leyes migratorias chilenas.

“Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte (de Chile) y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses”, dijo el miércoles Rodrigo Delgado, ministro del Interior de Chile.

“Tenemos que ordenar el flujo migratorio en nuestras fronteras. Y las personas que quieren venir a Chile lo tienen que hacer por las vías correspondientes, es decir sacando la visa”, agregó Delgado en un mensaje a periodistas antes de que el vuelo despegara.

 

La decisión del gobierno chileno fue ampliamente criticada por opositores del gobierno de Venezuela y por organismos de derechos humanos.

“Las autoridades dicen que ingresan de forma ilegal, sin visa, pero ellos no tienen manera de entrar de manera ilegal porque Chile les exige un visado que las personas hoy día no pueden conseguir”, aseguró la presidenta del Servicio Jesuita a Migrantes Macarena Rodríguez, en una entrevista con TVV Venezuela.

Meléndez junto a otros miles de migrantes se habían concentrado la pasada semana en la localidad de Colchane, ubicada al norte del país y fronteriza con Bolivia, con el objetivo de ingresar a territorio chileno.

Él lo había logrado, pero el sueño de ver a su hermano y sobrina en Santiago, la capital chilena, se desmoronó a las pocas horas.

“Me sentí como un delincuente (…) Me arrancaron el corazón”, le cuenta a BBC Mundo en una conversación telefónica desde Caracas.

Fuente: https://www.elnacional.com/bbc-news-mundo/migracion-en-chile-me-senti-como-un-delincuente-el-testimonio-de-uno-de-los-venezolanos-deportados-por-el-gobierno-chileno/

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Honduras: Una juventud que avanza a costa de la ausencia de sus madres

Por: Jénnifer Ávila Reyes/Contracorriente

Familias enteras huyen de Honduras a causa de la pobreza y la violencia, que normalmente van juntas. Y aunque la migración más conocida y documentada es la que tiene como destino Estados Unidos, cada vez más aumenta la población que migra hacia España, sobre todo las mujeres.

Rebeca tiene 54 años y vive en San Pedro Sula en el norte de Honduras. Ella se quedó sosteniendo el hogar que dejó Karla, su hermana menor cuando decidió emigrar a España. Karla dejó a su cuidado a tres hijos adolescentes. Ese 8 de noviembre de 2016 que se despidieron, Rebeca sintió el peso que caía sobre su espalda: lograr la estabilidad de la familia mientras Karla conseguía un trabajo en España, y lidiar con el vacío que dejaba en sus hijos. Pero Karla y Rebeca ya tenían su familia partida por la migración, de siete hermanas: tres están en Estados Unidos, donde también está el esposo de Rebeca. Las relaciones a distancia no eran nuevas para ellas.

Karla y Rebeca vivían juntas, aportaban a la familia conjuntamente para sobrevivir, ambas trabajaban y ganaban un sueldo fijo cada mes. “Al inicio fue muy difícil. Cuando ella llegó a España nos faltaba su ingreso. Yo le pude aportar y su esposo también. Mi familia nos ayudaba a pagar la comida, las facturas. Fue apretado los primeros seis meses. Los muchachos estaban finalizando el año escolar y ya venía el siguiente pago de matrículas. Pese a las dificultades, salimos adelante” cuenta.

Rebeca no tiene hijos, pero ayudó con la crianza de los de Karla. Le preocupaba que no pudieran superar la partida de la madre.

“Tuve que llevar a uno de ellos al psicólogo”, explica. El muchacho se encerraba en su cuarto y empezó a tener bajo rendimiento en la escuela, a pesar que los tres eran muy apasionados con sus estudios. Dos de los hijos de Karla estudiaron música a la vez que la secundaria. “Se veían bien, pero hay un punto en el que no puedo penetrar en sus vidas. Les preguntaba si sentían que su mamá los había abandonado, si se sentían amados. Después la psicóloga me explicó que la ausencia de su madre impacta y eso ocurre a la edad que sea, la madre siempre hace falta”, dice.

Rebeca es abogada y tiene su despacho privado con otra de sus hermanas. El trabajo le ayudaba a tener lo suficiente para vivir y a contribuir con la familia extendida que vive con ella. Pero los costos de tener hijos que ya iban a la universidad se elevaban mucho. Por eso, cuando Karla decidió emigrar, ella la apoyó.

“Karla siempre estaba pensando en emigrar a otro país por la situación de aquí, tanto económica como por la delincuencia: por el riesgo que corría ella, los muchachos, todos nosotros. Maduró la idea, empezó a averiguar y a ver cómo hacía para irse. Cuando vi que iba en serio me asusté”, explica, sobre todo por la lejanía, porque la migración en su familia puede estar normalizada, pero duele igualmente.

De las más de 370.000 mujeres que estaban registradas en el Régimen Especial de Empleo de Hogar en agosto de 2020, el 70% eran extranjeras. En 2017 CCOO Catalunya publicó que el 81,7% de las mujeres hondureñas que estaban dadas de alta en la seguridad social, trabajaban en el Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar. Los datos actualizados a 1 de enero de 2020 del Padrón Continuo indican que en España hay unas121,695 personas empadronadas con nacionalidad hondureña. De ellas 86,297 son mujeres. Hay 21,299 mujeres de Honduras con algún tipo de permiso de residencia, lo que nos deja un total de 64.998 mujeres sin papeles.

Karla –dice Rebeca– siempre pensó en llevarse a sus hijos. Honduras es un país del que quería huir. Cuatro años después, los hechos demuestran que estaba en lo acertado.  Honduras pasa una crisis humanitaria sin precedentes. Sumida en una pandemia, dos tormentas devastaron toda la zona norte del país dejando a cientos de miles de personas damnificadas, incontables muertosy la economía aún más golpeada. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) proyecta que Honduras aumentó el porcentaje de población viviendo por debajo del umbral de la pobreza: del 60% ha pasado al 70% tras la pandemia y las dos tormentas.

San Pedro Sula ha sido una de las ciudades más violentas del mundo, en 2018 bajó su puesto en el ranking mundial de ciudades violentas, pero a pesar de esa mejora, personas como Karla y Rebeca siguen teniendo una percepción alta de inseguridad. Rebeca dice que no hay sitio donde la violencia no llegue: “ni en las mejores colonias se salva uno”. Asegura que vivir con miedo de que algo pueda le pasar a sus hijos es algo que no le desea a nadie, mucho menos a su hermana.

Entre 2006 y 2010, Honduras ocupó los primeros lugares de peligrosidad del mundo por su tasa de homicidios. Aunque esta se ha reducido, la violencia es ya endémica en este país. En 2019 Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime, de los homicidios en 2019. Entre los departamentos con mayor número de homicidios se encuentran Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Olancho. La crisis humanitaria que ahora vive el país solo avizora más violencia y conflictividad social en un país que según el Bertelsman Transformation Index (BTI) 2020 ha sido catalogado como una autocracia.

Familias enteras huyen de Honduras a causa de la pobreza y la violencia, que normalmente van juntas. Y aunque la migración más conocida y documentada es la que tiene como destino Estados Unidos, cada vez más aumenta la población que migra hacia España, sobre todo las mujeres.

Rebeca lamenta que Karla se haya perdido los cumpleaños de sus hijos, sus graduaciones, pero rápidamente añade que quizá las graduaciones no habrían sido posibles sin Karla trabajando en España y enviando la remesa que mes tras mes no les faltó desde que, a los seis meses de llegar, encontró trabajo.

“Comida siempre hubo, pero ahora no tengo que preocuparme de que se acabe el dinero y no tenga para comprar. Ella cubre las necesidades mensualmente, nos ayuda a pagar las facturas”. Otro de los ámbitos en los que necesitaban más recursos económicos era en el de la salud. En Honduras los progenitores pueden asegurar a sus hijos e hijas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), bastante precario, hasta sus 11 años. Después sólo les queda el seguro privado. Por ello, cada vez que uno de los tres hijos de Karla enfermaba, los gastos se disparaban.

“A mí no me gusta preocuparle. Si algún hijo cae enfermo, trato de solucionarlo sin decirle nada. Pero si veo que es fuerte y no puedo cubrir el gasto, se lo cuento y su respuesta inmediata es que le lleve al médico, que ella me manda de inmediato el dinero para hacerlo todo: los exámenes, comprar las medicinas…”, explica Rebeca.

Este año Karla tenía planificado viajar a Honduras durante la Semana Santa para visitar a la familia. El plan era llevarse a uno de los hijos con ella. Pero llegó la pandemia y el viaje se postergó de manera indefinida. Ahora el muchacho, de 20 años, con su ticket de avión comprado, no sabe cuándo se va a reunir con su madre. Mientras, se ha matriculado en la universidad de manera virtual.

La pandemia sacudió al mundo y la vida de esta familia partida. Rebeca se preocupaba por Karla porque le llegaban las noticias de la tragedia y la crisis sanitaria en ese país cuando en Honduras aun no se sabía nada del virus.

“Cuando a ella le pegó el covid ni siquiera supimos si era eso o una gripe. Ella me dijo que fue al doctor, pero que no le mandaba a hacer los exámenes porque los hospitales estaban saturados. Tenía los síntomas, pero no es fácil aceptarlo, nos habría dado terror”, recuerda Rebeca.

En Honduras, la pandemia ha sido gestionada con ineptitud, corrupción y desidia. El presidente Juan Orlando Hernández, cuyo mandato está en entredicho desde su reelección ilegal en 2017,mintió al declarar que había pasado la enfermedad en el mes que Honduras registró la mayor cantidad de contagios, hospitalizaciones y decesos por la COVID19. Los hospitales móviles que el gobierno compró para la atención de la emergencia en marzo fueron una estafa: de los 7 adquiridos solo 4 han llegado al país y, de estos, solo dos funcionan. En Honduras el temor no solo es a enfermar, sino a sufrir las consecuencias de un sistema sanitario colapsado y sin recursos para tener posibilidades de ser atendidos dignamente.

A finales de octubre, la economía estaba comenzando a reabrirse, gracias también a la flexibilización de las restricciones horarias y a la flexibilización del toque de queda decretado en marzo. Rebeca, por ejemplo, dejó de trabajar en marzo, todos dependían de su hermana.

Comenzaban a estabilizarse en casa, cuenta Rebeca, cuando tocaron tierra dos huracanes, Eta y Iota, que devastaron el valle de Sula.

“Fue algo terrible. No hemos salido de la pandemia cuando llega el primer huracán Eta.  Vivimos en una zona que nunca se ha inundado. El día del huracán empezó a azotar y, de repente, yo me siento responsable de los niños, del esposo de Karla, de decidir qué hacer. Sale una alerta de que mi colonia está en alto riesgo y en ese momento se va la energía, empieza a soplar el viento, mi hermana llamándome desde España, llorando, pidiéndome que me fuera a la casa de otra hermana, que tiene dos plantas. Empieza el shock, ella desesperada, estábamos a la deriva”, recuerda Rebeca y explica que en ese momento se imaginaba la impotencia de su hermana, que, desde lejos, habría querido volar para sacarlos de allí.

Rebeca sacó a toda la familia de la casa. Al día siguiente regresaron y la colonia no había sido afectada. La periferia de San Pedro Sula parece ahora un campo de refugiados tras la caída de una bomba. Lo que antes eran ciudades, contiguas a San Pedro Sula, ahora son grandes pantanos donde familias enteras buscan, aún meses después de la tormenta, muchos buscan pertenencias debajo del fango, mientras otras intentan huir en caravana migrando hacia Estados Unidos.

Si Karla quisiera regresar, podría decirse que no tiene un país al que hacerlo. Después de las dos tormentas, el 10 de diciembre una caravana de migrantes salió con rumbo a Estados Unidos desde San Pedro Sula. Familias enteras caminaron hacia la frontera con Guatemala donde la marcha fue disuelta por autoridades migratorias hondureñas. Esta vez, el muro del sur de México se corrió hasta Honduras. Las mujeres lloraban porque no las dejaban salir de su país, como si fuera una cárcel, como si nunca más quisieran volver a ver sus casas hundidas en el lodo.

Rebeca cree que es un precio muy caro el que se paga si se decide emigrar y que por más que al inicio las personas, como Karla, piensan que trabajarán un tiempito, ahorrarán y regresarán a su país, eso no sucede. “No se puede decir que el sacrificio vale la pena porque es mucho lo que hay que pagar por la estabilidad. Pero si ella hubiera estado aquí, habría tenido más dificultad para graduar a sus hijos”, dice Rebeca, que ahora ve más cerca el momento en que los hijos de Karla se reúnan con su madre, lejos de Honduras. Ese día continuará su vida y su plan: migrar a Estados Unidos donde la espera su esposo después de esta prolongada pausa en su vida.

Fuente: https://desinformemonos.org/una-juventud-que-avanza-a-costa-de-la-ausencia-de-sus-madres/

Imágenes: Martín Caliz/Contracorriente

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Abandonadas en la pandemia: mujer, migrante y prostituta por necesidad en Melilla tras el cierre de fronteras

Por: Rosa Soto

El confinamiento paralizó la actividad de supervivencia de estas mujeres y rompió la frágil cadena de apoyo con las entidades sociales especializadas en prostitución. La ampliación teórica del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19 con medidas adicionales para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución a duras penas se ha llevado a la práctica en la ciudad autónoma.

Pasada la medianoche, Lamya recorre a paso lento la calle de La Legión, arteria principal del barrio de El Real —el más extenso de Melilla—, a la espera de que algún hombre se le acerque o pare algún vehículo a su lado. «Con suerte, me llevo 30 euros por noche«, comenta amparada por el nombre con el que la conocen quienes se dedican al «comercio», que es como algunos puteros llaman a la prostitución, explica colocándose bien la mascarilla azul marino a juego con la sombra de ojos.

La crisis sanitaria del coronavirus y el consecuente cierre de la frontera de Melilla con Marruecos ha afectado especialmente a las mujeres migrantes que ejercen la prostitución como única vía de supervivencia dada su situación administrativa irregular que se enmaraña en trámites, papeles y un idioma que muchas veces desconocen.

«Trabajo de esto obligada. Busco empleo de friegaplatos en restaurantes, en la limpieza o cuidando a personas mayores o niños, pero sin papeles nadie quiere contratarme», relata en un castellano marcado por la musicalidad árabe esta marroquí de 44 años que se encuentra inmersa en la maquinaria burocrática para conseguir la residencia.

Habla de esclavitud porque le ofrecieron trabajar de interna en un domicilio cuidando a una señora mayor las 24 horas del día, de lunes a sábado. Por ello cobraría 250 euros al mes con la excusa de que le ofrecían una habitación y le permitían comer lo que preparara para la señora. «Estoy sola con un hijo de diez años a cargo. Él nació en Melilla, tiene la residencia, es hijo de un español que se niega a pagar algún tipo manutención. ¿Cómo voy a cuidar de mi niño si me paso el día fuera?», se pregunta.

Actualmente, Lamya vive con su hijo en un piso vacío en el barrio del Tesorillo. «Lo hemos ocupado. No vivía nadie. Se cae a trozos y está lleno de cucarachas. Que vengan a desahuciarnos de la misma manera que nos echaron de una pensión en el Rastro porque me retrasé un día con el pago de los 280 euros mensuales que pagaba por una habitación», apunta.

Ahora hace malabares para afrontar los gastos de la vuelta al cole de su hijo. «Con el cierre de frontera hay menos competencia entre las chicas, muchas se quedaron en Marruecos, también muchos hombres, los hay que se dedican a regatear 10 o 20 euros. Algunos se van sin pagar. Otros solo te paran para reírse de ti», comenta sentada en un banco junto a una farola.

Lamya calza unas chanclas rosas, viste unos leggins con un estampado floral verdoso y una camiseta negra con transparencias. En su bolso carga con un paquete de preservativos, lubricante y gel hidroalcohólico. «Todo esto de poco sirve. Con el condón claro que evitamos el sida y embarazos, pero seamos sinceras, ¿quién usa mascarilla para tener sexo? Enfermaré antes de coronavirus que de VIH», reflexiona con la mirada fija en otra joven apoyada en un quiosco.

Preguntada por la asistencia que diversas ONG ofrecen a mujeres en su situación, Lamya dice no confiar en estas entidades: «Vienen un par de días, te hacen preguntas y luego desaparecen a hacer informes o te dicen que no tienen recursos para todas o que todo va muy lento y que hay que tener paciencia». Del Gobierno dice no esperar nada: «Somos invisibles para ellos». Suena su móvil. Responde. «Un habitual», comenta mientras tira el cigarrillo, se despide y desaparece al doblar la esquina.

Lamya durante su noche de trabajo en las calles de Melilla.- ROSA SOTO
Lamya durante su noche de trabajo en las calles de Melilla.- ROSA SOTO

Sin registro de mujeres en prostitución

Lamya solo pone voz a la cifra indeterminada de mujeres migrantes que se ven forzadas a prostituirse por supervivencia. La responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Melilla, Laura Segura Sarompas, afirma que no existe documento alguno que contabilice o permita llevar un control para atender a las mujeres que ejercen la prostitución al tratarse de una actividad de economía sumergida.

Asimismo, niega que existan prostíbulos o clubs de alterne en la ciudad en los que aplicar las medidas anunciadas por el Ministerio de Igualdad durante el pasado mes de agosto para prevenir brotes de covid-19 en ellos, y desconoce la existencia de casas particulares de citas. «Sí que hay bares de copas que suelen frecuentar para ofrecer sus servicios», apunta.

Por su parte, Melilla Acoge lleva 20 años trabajando con mujeres que ejercen la prostitución. En los últimos tres años han centrado su acción en el barrio de El Real, donde han atendido a 213 mujeres, la mayoría de ellas transfronterizas, de las que 114 tienen hijos a su cargo y son las únicas responsables de la economía familiar. A pesar de este registro, reconocen que posiblemente sean muchas más las que están fuera de su red de ayuda por falta de recursos para ampliar su acción sobre el terreno y generar lazos de confianza con los que establecer un contacto continuo para posteriormente llevar a cabo programas de educación para la salud y prevención de infecciones de transmisión sexual.

Desde esta entidad también ofrecen atención individualizada para derivar a las mujeres que visitan su sede a servicios jurídicos o sociales específicos, además de clases de alfabetización o cursos formativos de auxiliar de limpieza, actividades que han quedado truncadas por el coronavirus: han cancelado las clases de lengua castellana para adultos, mientras que el curso de limpieza será virtual y muchas de ellas no tienen medios para conectarse.

Plan de Contingencia, ¿papel mojado?

Precisamente, con el objetivo de paliar las consecuencias económicas y sociales del coronavirus sobre este colectivo, el Ministerio de Igualdad aprobó el 31 de marzo el Plan de Contingencia contra las Violencias de Género ante la Crisis del Covid-19, donde definía una serie de medidas en el ámbito de la pareja/expareja, de la trata y explotación sexual y para mujeres en contexto de prostitución.

Este plan declaraba «servicios esenciales» todos los servicios de asesoramiento jurídico, atención integral y acogida para víctimas de violencia de género, explotación sexual y de trata, pero no mencionaba en este apartado como beneficiarias a las mujeres en contexto de prostitución, hecho que le valió numerosas críticas por parte de organizaciones como Acción en Red Andalucía y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Sin embargo, el Estado de Alarma paralizó toda actividad, incluso estos servicios definidos como esenciales, y muchas entidades y ONG dedicadas a la atención de estas mujeres no pudieron mantener sus actividades a pie de calle por falta de medios y dificultades de localizarlas, lo que supuso una ruptura en esta red básica de apoyo, que forzó al Ministerio de Igualdad de definir y ampliar nuevas medidas para tratar de llegar a este sector.

No fue hasta el 21 de abril cuando se amplió este plan y se especificó que las mujeres que ejercen la prostitución también contarían con una alternativa habitacional en caso de verse con la necesidad derivada de la crisis sanitaria de la covid-19. De esta forma, daban respuesta a las reclamaciones de las asociaciones que alertaban de la vulnerabilidad de estas mujeres, que quedaron sin ingresos durante el confinamiento y sin posibilidad de beneficiarse de un ERTE, lo que les dificultaba hacer frente al pago del alquiler. También se garantizaba a este colectivo la posibilidad de acceder al Ingreso Mínimo Vital y detallaba que «se asegurará que las mujeres en situación administrativa irregular, que son la mayoría (…) puedan acceder a este derecho».

Ninguna mujer derivada en Melilla

Meses después de la publicación del Plan de Contingencia, la realidad muestra que las mujeres que ejercen la prostitución en Melilla no se han beneficiado de ninguna de estas medidas. La responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en Melilla, Laura Segura Sarompas, afirma a este medio que «no se ha derivado a ninguna mujer en contexto de prostitución a los recursos disponibles» desde el inicio de la crisis sanitaria.

En referencia a las alternativas habitacionales, concreta que actualmente hay dos viviendas que acogen a 33 mujeres víctimas de violencia de género y se ha habilitado un tercer recurso alternativo y temporal, pero en ninguno consta ninguna mujer procedente del ámbito de la prostitución, independientemente de su situación documental. Tampoco se ha gestionado ningún expediente de Ingreso Mínimo Vital, extremo con el que coinciden desde Melilla Acoge.

Sarompas reconoce que queda un largo camino por recorrer: «Si en materia de violencia de género vemos la punta del iceberg, en cuestión de prostitución, trata y explotación sexual apenas vemos nada», lamenta. De ahí que se haya propuesto definir mesas de trabajo para desarrollar programas que permitan aplicar medidas que den resultados, pero alerta: «El problema es que no tenemos presupuesto». Mientras tanto, mujeres como Lamya dicen sentirse «huérfanas» por no contar con el apoyo que esperaban del Gobierno y que las ONG iban a traducir en medidas tangibles.

Fuente: https://rebelion.org/abandonadas-en-la-pandemia-mujer-migrante-y-prostituta-por-necesidad-en-melilla-tras-el-cierre-de-fronteras/

 

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Honduras: Caravana de migrantes, un fenómeno trasnacional que requiere una estrategia regional

América Central/Honduras/24-01-2021/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Las caravanas de migrantes evidencian que la migración es un fenómeno trasnacional que debe ser atendido con un enfoque de derechos humanos y requiere estrategias regionales para atacar sus causas estructurales, alertó este jueves la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Honduras.

El director de FLACSO Honduras, Rolando Sierra, dijo a Efe que las caravanas de migrantes, un hecho que comenzó en octubre de 2018 en el país centroamericano, refleja que la migración es «un fenómeno trasnacional».

La migración es un proceso «trasnacional», por lo que requiere de «estrategias regionales» de Centro y Norteamérica, pero «no bajo la lógica del únicamente del control (de los migrantes), sino bajo una lógica de desarrollo» de los países, subrayó el experto en temas migratorios.

Enfatizó que migrar es un «derecho de todas las personas», por lo que los países de Centroamérica, México y Estados Unidos deben garantizar un enfoque de derechos humanos sobre la migración y «no un enfoque de represión y de control» como ocurrió los últimos días en Guatemala contra miles de hondureños que intentan llegar a EE.UU. en una caravana.

Según autoridades guatemaltecas, más de 9.000 migrantes hondureños entraron en ese país en su camino para llegar a Estados Unidos, pero no pudieron avanzar del departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras, donde fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de Guatemala.

Enfoque en Derechos Humanos

Sierra, de profesión sociólogo, llamó a ver y atender el fenómeno de la migración con un «enfoque de derechos humanos y no de represión».

«Uno de los principales retos es dar un enfoque de derechos humanos a todo el tratamiento del tema migratorio», subrayó Sierra, quien recordó que los países de Centroamérica han ratificado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU.

Pese a los obstáculos de la ruta, señaló el experto, cada vez son más las personas que deciden partir en caravanas, una modalidad que inició en octubre de 2018 en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, con la idea de llegar a Estados Unidos.

Sierra instó a los países centroamericanos, donde viven más de 45 millones de personas, casi la mitad de ellos pobres, a promover programas e iniciativas que generen oportunidades para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida y desistan de migrar ilegalmente.

Estos programas deben tener «un fuerte impacto» en la población y deben ser ejecutados «con transparencia, eficiencia y eficacia» para que las personas puedan «sentir que tienen una alternativa real en el país», subrayó Sierra
Fenómeno de desplazamiento

La pobreza, el desempleo y la desigualdad, problemas que se han agudizado por la pandemia de la covid-19 y el paso devastador de las tormentas tropicales Eta e Iota por la región, figuran entre las causas que impulsan a la gente a dejar sus hogares para buscar el sueño americano, añadió.

Se suman la reunificación familiar, la violencia que afecta al país, que a diario registra entre nueve y diez muertes violentas, y los efectos del cambio climático, señaló Sierra, quien considera que atacar esas causas es «sumamente difícil».

Honduras tiene «problemas estructurales de fondo (…), pero hay que decir que este no es un fenómeno migratorio, sino de desplazamiento, la migración es cuando las personas deciden trasladarse de un lugar por su propia decisión, pero estas personas (de las caravanas), por la situación estructural y falta de oportunidades y la violencia, se ven obligadas a salir», explicó.

Otra causa de la migración de hondureños que destacó el experto es la «inestabilidad sociopolítica» que vive Honduras desde 2009, cuando fue derrocado el entonces presidente de Honduras Manuel, cuando promovía una consulta popular para reformas constitucionales que la ley le impedía.

«La mayoría de personas solicitando refugio en México son hondureños, solo en 2019 fueron 26.000 solicitudes, y esto tiene que ver principalmente por la crisis socio política del país y la violencia», enfatizó.

Honduras, así como El Salvador y Guatemala, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, es considerado uno de los países más violentos del mundo, pese a que no se desarrolla una guerra convencional, lo que alienta a muchos a migrar.

Estados Unidos firmó en 2019 con el Triángulo Norte de Centroamérica acuerdos de cooperación de asilo migratorio, con los que se busca desalentar la inmigración de personas que pagan a traficantes, pero según expertos hasta ahora no se ha logrado parar la salida de miles de centroamericanos.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102338842/caravana-de-migrantes-un-fenomeno-trasnacional-que-requiere-una-estrategia-regional

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