Ministerio de Educación

Mientras, la resaca de las elecciones congresales sigue siendo analizada por politólogos, sociólogos, etnocacerólogos, frepapólogos y otras nuevas ramas de la opinología mediática, hay decenas de miles de jóvenes a quienes el Estado peruano los ha virtualmente desalojado de las “aulas formales” y echado a su suerte al patio trasero de la incertidumbre.
Estas decenas de miles de jóvenes depositaron por años su confianza, tiempo y dinero en universidades públicas y privadas con la supuesta garantía de un Estado que acreditaba, con sendos diplomas y títulos a nombre de la Nación, una “educación de calidad”. Hace poco, ese mismo Estado les informó que (¡ups!) fueron vilmente engañados y, por lo tanto, “sería mejor que pronto cambien de universidad”.

Nadie duda del necesario trabajo y valioso aporte que viene realizando la Sunedu en generar las condiciones para mejorar la educación superior. Sin embargo, es necesario que así como el Estado fue cómplice de la estafa, también asuma las consecuencias y sea parte del resarcimiento por el engaño y la burla cometida, lo cual ha generado un grave problema social. ¿Qué ha hecho el Estado al respecto hasta este momento? Veamos:

1. Se estima que son más de 160,000 jóvenes que ven truncas sus carreras profesionales y que deben “asimilarse”, por decir un término, a las otras universidades que podrían recibirlos. El Ministerio de Educación ha destinado una exigua partida presupuestal a las universidades públicas para este fin. La Universidad Decana de América, San Marcos, ha anunciado que evaluará los mecanismos para poder recibir a los estudiantes “desplazados”;

2. También se ha previsto que las universidades privadas debidamente acreditadas puedan recibir a estos estudiantes, previa autorización de la Sunedu y siguiendo procedimientos determinados;

3. Hay, asimismo, la posibilidad que una universidad sin licencia pueda llegar a un acuerdo con otra que sí cuenta con autorización, para poder utilizar infraestructura, equipamiento, así como servicios de profesores, empleados, etc., conforme a los términos del convenio y disposiciones al respecto.

¿Son suficientes estas propuestas? ¿Podrán los más de 160 mil alumnos engañados con el aval de Estado, retomar sus sueños de convertirse en profesionales? ¿Qué institución del Estado debiera asumir los costos de esta estafa y verificar el resarcimiento a las decenas de miles de estudiantes para que puedan financiar esa “asimilación” a universidades licenciadas? ¿Y la responsabilidad económica de los dueños de las universidades privadas que vendieron gato por liebre?

El drama de estos jóvenes debiera estar en la agenda política del gobierno y del nuevo Congreso. El futuro de estos jóvenes no puede verse truncado de esta manera. El daño económico a ellos y sus familias es incalculable. Y eso que no estamos hablando de los terceros afectados: los miles de trabajadores administrativos y profesores de estas, ahora, seudo universidades, quienes perderán su empleo y engrosarán la fila de los desplazados de la formalidad.