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Nuevas protestas en España por encarcelamiento de rapero

Cientos de personas marcharon el sábado en Barcelona para manifestarse en contra de las duras medidas de las autoridades tras una serie de protestas violentas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, un artista detractor del sistema.

La marcha del sábado se llevó a cabo bajo fuerte presencia policial, serpenteando a través de varias avenidas de la capital regional catalana. Los manifestantes marcharon detrás de una pancarta que exigía la liberación de Hasél y algunos de sus seguidores.

Hasél cumple con una sentencia de nueve meses por incitar actos terroristas —ha elogiado a dos grupos armados, ahora extintos, responsables de matar a más de 900 personas en España— y por negarse a pagar una multa por insultar al rey emérito español.

Su arresto del 16 de febrero provocó protestas pacíficas y violentas que en ocasiones terminaron con el saqueo de tiendas en varias ciudades. El caso también ha avivado un debate sobre los límites de la libertad de expresión en España.

La coalición gobernante izquierdista ha prometido lanzar una reforma legal para eliminar sentencias en prisión por delitos que involucren la libertad de expresión. El socio menor de la coalición, el partido de la extrema izquierda Unidas Podemos, ha presentado una solicitud para otorgar el perdón a Hasél.

Ocho personas han sido encarceladas por formar parte de un grupo que protestó contra el encarcelamiento del rapero y prendió fuego a una camioneta policial, un incidente en que un agente apenas logró escapar de las llamas.

Enfrentan posibles cargos de intento de homicidio, agresión contra agentes del orden y formar parte de un grupo criminal.

Fuente: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-03-06/nuevas-protestas-en-espana-por-encarcelamiento-de-rapero

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El diseño de un cerco institucional a la movilización social pospandemia

Por: Daniel Libreros 

El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de c

El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de casos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. 1 Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.

En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. 2 Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. 3 Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.

“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros

Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. 4 La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.

Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.

El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.

Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.

Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad 5 ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.

Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…” 6

Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.

La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.

Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales

Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.

El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. 7 Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. 8 El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. 9

El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.

La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; 10 mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 11Colombia1208 II

Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.

La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”

En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.

Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. 12 Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.

La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.

Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” 13 Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”. 14

El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros. 15

La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .

La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. 16

Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.

Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.

Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.

12/8/2020

Notas

“Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista Semana, 6 de Agosto, en https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493). ↩
Declaraciones de Carolina Corcho, Vicepresidenta de la Federación Médica de Colombia “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El Tiempo”,23 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100. ↩
Los obispos católicos de la Amazonía enviaron un mensaje de alerta desde cuando aparecieron los primeros brotes de la pandemia haciendo alusión a un posible etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”, declararon, llamado, al mismo tiempo, al gobierno a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana. “Si siguen los contagios llegaríamos a un etnocidio” El Espectador, 2 de Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/ Debe tenerse en cuenta que una situación similar se presenta en Iquitos-Perú y en Manaos-Brasil, poblaciones fronterizas. ↩
Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid ↩
En los inicios de Julio la Contraloría General de la Nación realizó una encuesta sobre la situación de este personal en todo el país durante la pandemia. Los resultados fueron elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..) Un dato alarmante de la encuesta de la es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad. “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”, “El Tiempo”, 4 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272. ↩
Roberto Sánchez Torres y Sergio Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” , Mayo 11 del 2020, en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/, Insistiendo en el dato de la pobreza extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”. ↩
Es el caso de los bombardeos indiscriminados realizados por el ejército en el Caquetá en agosto del año pasado que costaron la muerte de 18 niños. “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”, https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx. ↩
“Indepaz”, informe de agosto 5 del 2020, en http://www.indepaz.org.co/category/informes/. ↩
En el 90% de los casos no existe decisión judicial en “Cuáles son los Patrones-Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo “ elaborado por “Somos Defensores, CINEP, Universidad Nacional de Colombia, “Comisión Colombiana de Juristas” y el portal “Verdad Abierta”, Octubre del 2018, en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf. ↩
La disculpa de la Cancillería colombiana en este asunto raya en el cinismo , “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a propósito de las discusiones en Naciones Unidas en las que el binomio Netanyahu/Trump ha quedado aislado . “El silencio de Colombia ante la anexión ilegal israelí de territorios palestinos”, en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396. ↩
Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL. ↩
Hasta el propio Salvatore Mancuso, en declaraciones hechas desde las cárceles de Estados Unidos cuando reconoció su responsabilidad en esta masacre perpetrada por 200 paramilitares asociados con militares de la IV Brigada aceptó, igualmente, la responsabilidad política de Uribe Vélez en la misma. ↩
Es posible una coalición de centro izquierda para las presidenciales del 2022”, El Espectador, 4 de Julio del 2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/. ↩
Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104. ↩
El propio Juan Manuel Santos ha declarado en varias oportunidades que “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…” ↩
“Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”, 27 de Julio del 2020, https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/. ↩

asos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. 1 Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.

En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. 2 Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. 3 Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.

“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros

Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. 4 La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.

Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.

El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.

Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.

Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad 5 ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.

Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…” 6

Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.

La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.

Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales

Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.

El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. 7 Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. 8 El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. 9

El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.

La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; 10 mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 11Colombia1208 II

Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.

La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”

En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.

Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. 12 Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.

La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.

Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” 13 Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”. 14

El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros. 15

La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .

La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. 16

Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.

Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.

Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.

12/8/2020

Notas

  1. “Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista  Semana,  6  de  Agosto,  en  https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493)
  2. Declaraciones  de  Carolina  Corcho,  Vicepresidenta  de  la Federación  Médica  de  Colombia  “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El  Tiempo”,23  de  Julio   del  2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100
  3. Los  obispos  católicos de  la  Amazonía enviaron  un mensaje  de  alerta desde  cuando aparecieron  los  primeros  brotes  de  la  pandemia  haciendo  alusión a un  posible  etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”,  declararon,  llamado,  al  mismo  tiempo, al  gobierno  a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana.  “Si  siguen  los  contagios  llegaríamos  a  un  etnocidio” El Espectador, 2  de  Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/  Debe  tenerse  en  cuenta  que  una  situación  similar se  presenta  en Iquitos-Perú  y  en Manaos-Brasil,  poblaciones  fronterizas. 
  4. Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid 
  5. En  los  inicios    de  Julio   la  Contraloría    General  de  la Nación  realizó  una  encuesta    sobre  la  situación     de   este  personal  en  todo   el  país  durante  la  pandemia. Los  resultados  fueron  elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..)  Un dato alarmante de la encuesta de la  es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad.  “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”,  “El  Tiempo”,  4  de  Julio  del  2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272
  6. Roberto  Sánchez  Torres  y  Sergio  Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” ,  Mayo 11 del  2020,  en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/,  Insistiendo  en  el  dato  de  la  pobreza  extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”. 
  7. Es  el  caso  de  los  bombardeos   indiscriminados    realizados  por  el  ejército  en  el  Caquetá    en  agosto  del  año  pasado  que  costaron  la  muerte  de  18  niños.  “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”,   https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx
  8. “Indepaz”, informe de agosto  5  del  2020,  en http://www.indepaz.org.co/category/informes/
  9. En  el  90%  de  los  casos no existe decisión  judicial  en  “Cuáles  son  los  Patrones-Asesinatos  de  líderes  sociales  en  el  post-acuerdo “  elaborado por “Somos  Defensores, CINEP,  Universidad  Nacional  de  Colombia,  “Comisión  Colombiana  de  Juristas”  y  el  portal  “Verdad  Abierta”, Octubre  del 2018,  en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf
  10. La  disculpa de  la  Cancillería  colombiana  en  este  asunto  raya  en  el  cinismo ,  “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a  propósito  de las  discusiones en  Naciones  Unidas  en las  que  el  binomio  Netanyahu/Trump ha  quedado  aislado . “El  silencio  de  Colombia ante  la  anexión  ilegal  israelí de  territorios  palestinos”,  en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396
  11. Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL
  12. Hasta  el  propio  Salvatore  Mancuso, en  declaraciones hechas desde  las  cárceles de Estados  Unidos  cuando  reconoció  su  responsabilidad  en  esta  masacre perpetrada  por  200 paramilitares  asociados con militares de la IV Brigada  aceptó, igualmente,  la  responsabilidad  política  de  Uribe  Vélez en la misma. 
  13. Es  posible  una  coalición de  centro izquierda para  las  presidenciales  del  2022”,  El  Espectador, 4 de Julio  del  2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/
  14. Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104
  15. El propio Juan Manuel Santos ha  declarado en  varias  oportunidades que  “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…” 
  16. “Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”,  27 de  Julio del 2020,  https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/

 

*Fuente: https://vientosur.info/el-diseno-de-un-cerco-institucional-a-la-movilizacion-social-pospandemia/

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Honduras: fracasan proyectos privatizadores de la Educación y la salud

Honduras / 9 de junio de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Internacional de la Educación

Iniciativas promovidas por el FMI fueron detenidas por la movilización social

La movilización de sectores sociales, trabajadores de la Educación Pública y la salud, obligaron al gobierno hondureño a desistir de continuar con los decretos privatizadores de ambos sectores, promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gobierno de Juan Orlando Hernández anunció la noche del 2 de junio la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 y PCM-027, que desencadenaron las protestas contra la privatización de los servicios de educación pública y salud.

Movilizaciones contra la privatización de la educación pública y la salud

Las movilizaciones contra los decretos ejecutivos de emergencia iniciaron hace aproximadamente un mes, e incluyeron marchas y asambleas informativas. El gobierno hondureño reprimió fuertemente a los sectores movilizados.

Tras una reunión de negociación realizada la noche del domingo, las autoridades hondureñas accedieron a derogar los polémicos decretos.

“Promover la instalación de la mesa de educación con el objetivo de lograr el mejoramiento de la educación pública y gratuita con la participación de las Secretarías de Estado relacionadas al Sector Educativo”, señala el artículo 1 del texto que deroga los decretos objetados por los manifestantes.

Por parte del sector educación tuvieron un papel destacado en las protestas el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), el Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH) y el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL).

Solidaridad internacional con Honduras

La IEAL denunció previamente las medidas represivas tomadas por el gobierno hondureño, las cuales habrían causado incluso la muerte de dos personas. La IEAL también hizo un llamado a la solidaridad internacional para hacer frente a la persecución hacia líderes sindicales y sus organizaciones.

El lunes 3 de junio se convocaron actividades de solidaridad internacional con los docentes de Honduras en países como Argentina y Costa Rica.

Los gremios de educación en Honduras esperan que tras derrotar las propuestas privatizadoras se detengan las acciones de persecución sindical y se eviten represalias hacia las organizaciones que protagonizaron las protestas y sus líderes.

Fuente de la Noticia:

https://ei-ie-al.org/noticias/honduras-fracasan-proyectos-privatizadores-de-la-educacion-y-la-salud

ove/mahv

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Programación del Portal Otras Voces en Educación del Domingo 9 de junio de 2019: hora tras hora (24×24)

9 de junio de 2019 / Autor: Editores OVE

Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 9 de junio de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.

00:00:00 – Chile: Piñera deja caer la educación pública

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311810

01:00:00 – ¿Un escape room con Gustavo Adolfo Bécquer? ¡Sí! ¡Es posible!

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311806

02:00:00 – México: Pollera o pantalón para ir a la escuela

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311895

03:00:00 – La autoridad docente no es horizontal

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311815

04:00:00 – Honduras: fracasan proyectos privatizadores de la Educación y la salud

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312001

05:00:00 – Cartas a quien pretende enseñar (Paulo Freire) / Infografía

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311826

06:00:00 – CEPAL: Educación técnico-profesional y autonomía económica de las mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311989

07:00:00 – Tres tiempos de la educación mexicana (II)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311025

08:00:00 – Libro: Panorama de la investigación-intervención educativa dentro del contexto instituciónal actual (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312028

09:00:00 – 13 herramientas de gamificación para tus alumnos #infografia #infographic #education

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311818

10:00:00 – Revista «Para Juanito». Revista de Educación Popular y Pedagogías Críticas. No. 18. Junio 2019 (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312065

11:00:00 – ¿Son los cursos en línea una solución real para una costosa educación tradicional? Un meta-análisis dice que no

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311992

12:00:00 – Ecuador: La calidad educativa prima en el Acuerdo Nacional por la Educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312017

13:00:00 – Adriana Puiggrós: “El deterioro del derecho a la educación se ve físicamente, pues tampoco se garantiza la salud”

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312007

14:00:00 – La gestión del aula: es necesario cambiar de enfoque

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311998

15:00:00 – Educación: la silenciosa revolución de YouTube en la sala de clases

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311995

16:00:00 – 15M en Brasil: un tsunami en la educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312010

17:00:00 – EduGame Day: descubriendo la herramienta educativa del futuro

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311986

18:00:00 – Plantar 10 árboles: el requisito de grado de los estudiantes en Filipinas

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312004

19:00:00 – Plagio e incumplimiento de requisitos en candidatos para integrar Organismo para la Mejora Continua de la Educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311901

20:00:00 – Brasil: preocupación por el recorte del 42% en ciencia y tecnología

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311907

21:00:00 – La pedagogía Freinet celebra su 50 aniversario en Bañuelos

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311910

22:00:00 – Chile: Profesores de todo el país continúan las marchas y el paro indefinido

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311904

23:00:00 – Colombia: Explicación Pedagógica Acuerdos Fecode – MEN 1 – Reforma Constitucional al SGP

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311898

En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.

ove/mahv

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Protestan estudiantes y maestros en defensa de la educación en Brasil

Redacción: Radio Rebelde

Miles de estudiantes y docentes de Brasil salieron este jueves a las calles de 143 ciudades del país contra el recorte de fondos para la educación, dispuesto por el Gobierno de Jair Bolsonaro.

El gobierno de Bolsonaro anunció un congelamiento del 30 por ciento en el gasto del presupuesto no obligatorio de las universidades federales, destinado a servicios básicos para el funcionamiento de las casas de estudio, como agua, luz, seguridad y limpieza, pero también actividades de laboratorio, investigación y gran parte de las becas otorgadas.

La medida de austeridad también afecta también a las escuelas básicas y secundarias, lo que generó un amplio rechazo entre estudiantes, trabajadores docentes y familias, hasta generar marchas masivas de repudio, como las del pasado quince de mayo.

Aquella jornada marcó un punto de ruptura en la sociedad brasileña, porque se trató de la primera muestra importante de rechazo en las calles a las políticas neoliberales de Bolsonaro, liderada por estudiantes y docentes, pero también ampliada hacia otros sectores sociales.

Se trató de protestas de envergadura inusual para Brasil, según el profesor de Economía Política Internacional y Formación Económica Brasileña en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Eduardo Crespo.

Citado por Russia Today, Crespo destacó que se está manifestando gente que nunca pudo imaginar que se iba a movilizar, y eso lo consiguió Bolsonaro en pocos meses de Gobierno.

Crespo recordó que la comunidad universitaria brasileña conforma una élite, y no tiene una costumbre combativa, y por eso considera que se trata de manifestaciones de envergadura inusual para Brasil, donde también se sumaron jóvenes de escuelas secundarias.

Para mantener la llama de esa movilización, la Unión Nacional de Estudiantes y la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios instaron a la población a salir a las calles este 30 de mayo, para protestar contra los recortes del Gobierno de Jair Bolsonaro, pero también contra su persecución ideológica a la enseñanza pública en todos sus ámbitos.

Protestan estudiantes y maestros en defensa de la educación en Brasil

La marcha de ese jueves es apoyada también por movimientos sociales y sindicatos, con la perspectiva de duplicar el llamado «Tsunami de la educación», que el pasado 15 de mayo sacudió más de 200 ciudades del país, al convocar a más de un millón de personas.

Además de defender la educación, la movilización de hoy servirá como preparativo para la huelga general que se realizará el próximo 14 de junio, convocada por las centrales sindicales, para rechazar la reforma del gobierno de Bolsonaro a la previsión social, porque pondría fin al derecho a la jubilación para millones de trabajadores y trabajadoras.

De acuerdo con expertos, la luna de miel entre Jair Bolsonaro y la sociedad brasileña terminó, como lo evidencias los sondeos de opinión en las dos últimas semanas.

Una investigación de la consultora XP determinó que los ciudadanos que consideran al Gobierno de Bolsonaro como malo o pésimo, llegaron al 36 por ciento, mientras que quienes lo califican como óptimo descendieron a 34 por ciento.

Es la primera vez, desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia que son más los brasileños que evalúan mal su gobierno, que los que lo aprueban.

Fuente: http://www.radiorebelde.cu/noticia/protestan-estudiantes-maestros-defensa-educacion-brasil-20190530/

 

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El Reto de la Universidad de Hoy

Por: Heriberto Segundo Rivera

La universidad latinoamericana, cuya  aspiración de originalidad fue distorsionada durante buena parte del siglo XX ocupó su tiempo en búsqueda de certezas, apegada al paradigma newtoniano y en producir con vehemencia verdades absolutas y rígidas;  en consecuencia, al estudiante se le ha venido formando para un mundo inmutable y predecible, a pesar de que el corazón y el cerebro intuían cambios profundos y enormes agujeros negros.

Al perder el camino de su originalidad, la universidad consolido  la idea de progreso con la mirada puesta en los centros de poder y sus pretensiones, de tal forma que la consecuencia lógica de la universidad venezolana se vio reflejada en la construcción de una política educativa para la sumisión y formación de estudiantes acríticos que los hace fértiles para el consumismo.

Dentro de ese marco se desarrollaron  los contenidos curriculares basados en formas de aproximación a la realidad dictada en otras latitudes, obviando su riqueza cultural, por tanto las investigaciones responden dentro de este paradigma principalmente a una visión capitalista, basada en una visión reduccionista de nuestros países marginando la diversidad  nacional y la pluralidad  de actores.

El nuevo siglo arropado con grandes y excelentes contribuciones entre las cuales destacan las de Heisenberg, Ilya Pregogine (estructuras disipativas), Geymonat, Piaget, Morín, Moscoviei, Dussel, Buenaventura Dos Santos así  como otros científicos y humanistas de nuestro tiempo, promete moverse hacia concepciones menos dogmáticas y por ello  menos deterministas.

La Universidad reclama, sin negar la relevancia de los epistemes de visión eurocentristas, de  incorporar otras visiones epistémicas que vinculen a la universidad  una visión critica de la realidad con la inclusión de una visión desde  abajo, plural, diversa a partir de las formas de aprehensión del pueblo en todas sus expresiones.

En ese sentido la critica al eurocentrismo no es para hacer valer  otros centros, sino para procurar como los sostiene Buenaventura Dos Santos, un reconociendo de otras culturas de probada riqueza discursiva y reflexiva, que tienen su propia metodología para hacer aportes al conocimiento y su difusión. Se trata de la Universidad donde se conjugan y condensa todo el conocimiento.

La universidad, ha vivido muchas veces al reverso de la sociedad, del sistema productivo y del propio sistema de ciencias y tecnología, aunado al distanciamiento entre la escuela secundaria y la universidad. Esa universidad que aspiró a ser puntal de la lucha de los pueblos, ser su redentor, que aspiró y fue durante un corto tiempo popular, autónoma y democrática, al tomar distancia del movimiento de Córdova, se fue transformando en un círculo de la aristocracia de la educación, donde el estudiante también empeñado en la búsqueda más que de aprendizaje, en  busca de certificaciones profesionales, está convertido en un negocio de la academia.

La praxis educativa ofrecida en la educación universitaria venezolana debe estar centrada en la pertinencia, colaboración y solidaridad, pues las universidades, en estos momentos, padecen todos los males del cientificismo: rigidez en sus programas de estudios, escasa capacidad de respuesta a las demandas sociales, poca capacidad para atender lo que escapa del método verificable universal, excesivo disciplinarismo y concretismo, que parcelan el conocimiento y lo disgregan, perdiendo el sentido y orientación de la realidad y dirigiendo el conocimiento cada vez más hacia la especialización de la especialidad, es decir, a la «súper-especialización», sin ninguna conexión con el contexto social.

La universidad del siglo XXI, requiere con urgencia ser transformada; la autonomía, hoy reconocida con  carácter constitucional, no puede convertirse en poder supraestatal, a pesar de que su origen fue político, ya que fue producto de la movilización social, durante este tiempo la influencia de los partidos políticos ha sido-para bien o para mal- determinante, hasta el punto de hoy día sigue siendo manipulada por los mismos factores que la adaptan  a sus intereses particulares, donde a pesar de los cambios instituidos a partir de Córdova, todavía tiene bemoles como las cátedras que se obtienen como un “derecho” de sucesión,  irremediablemente esta situación necesita un cambio de estructuras.

La universidad para la construcción del socialismo requiere, realizar cambios estructurales en lo académico, en lo administrativo  y  esa  tarea liberadora requiere, sin duda, un nuevo modo de producción, descrito por Comandante Presidente Hugo Chávez como comunal. Eso es una tarea de todos. Por tanto ,  las universidades nacionales deben asumir la  lucha contra la precariedad del aparato productivo nacional: formando, en el pregrado, profesionales para la producción comunal; capacitando, en el postgrado, a los profesionales de la administración pública interesados en ser transferidos a las comunas productivas; investigando sobre los encadenamientos industriales y agrícolas, y por último, animando a la agregación comunitaria.

Sin embargo, no basta la intención, necesitamos hechos que demuestren estar, efectivamente, al servicio del socialismo. Y además con eficacia.

Hace pocos días, el presidente de Méjico  López Obrador, con gran sentido de la realidad afirmó que  “por las universidades nos han dominado más que por la fuerza”; claro no puede ser de otra manera, si la mayoría de los docentes universitarios son formados en el exterior a imagen y semejanza de la lógica del gran capital, formados en  las teorías que racionalizan la dependencia y el neo-colonialismo.

Ya muchos años antes el gran Maestro Carlos Mathus, afirmaba que las universidades siempre llegan tardes a las transformaciones.

En la Republica Bolivariana de Venezuela tenemos veinte años transitando un camino escabroso para la construcción del socialismo pero todavía tenemos la misma universidad medieval y anclada en el pasado.

El gran visionario que fue el comandante Chávez, impulso la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, como una respuesta tal vez aproximada a la Universidad con visión de socialismo.

Seria relevante que este Digno Congreso Universitario realizado por el Frente  Universitario Anti Imperialista tenga  a bien tomar como referencia, para su estudio y consideración como una propuesta para la transformación de la universidad  el Documento rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que ha pesar de las criticas que se le pueden realizar, constituye sin duda un paso fundamental para romper con las viejas estructuras de la universidad enclaustrada en lo medieval.

De esta forma que la propuesta primordial no es otra que la de iniciar un proceso de discusión en relación a crear otra forma de ver y estudiar la realidad para lograr la formación del sujeto transformador que sea capaz de construir el poder popular que dé paso a un nuevo Estado.

La universidad de hoy, tiene el reto de generar escenarios de ruptura epistemológicas ante el sistema hegemónico liberal burgués.

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Hondureños movilizados contra privatización de Salud y Educación

Centroamérica/Honduras/15 Mayo 2019/Fuente: Prensa Latina

Médicos, docentes, estudiantes y otros actores sociales de Honduras exigen hoy a través de paros y movilizaciones la derogación de dos decretos que privatizarían servicios de Salud y Educación.

Las acciones de protesta, anunciadas el pasado viernes por la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación, comenzaron ayer en la plaza Cuba, de esta capital, en solidaridad con los empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional, amenazados con ser despedidos como parte del proceso de privatización en esa entidad.

De acuerdo con la convocatoria, los paros de labores y movilizaciones también arrancaron esta mañana en los centros escolares, de salud y hospitales de todo el país.

La Plataforma llamó a la unidad de los sectores sociales porque aunque la Ley de Reestructuración y Fortalecimiento de la Salud y la Educación haya sido retirada del Congreso Nacional, existe una estructura legal que sigue vigente con el propósito de privatizar los derechos de la población a esos servicios básicos.

Desde hace varias semanas, médicos y maestros exigen la derogación total de las normativas, pero ante la negativa del Gobierno, se declararon en alerta.

Los manifestantes expresan que los decretos ejecutivos son un instrumento jurídico utilizado desde Casa Presidencial para perseguir, destituir y nombrar el personal que labora en ambos sectores a su antojo.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=276444&SEO=hondurenos-movilizados-contra-privatizacion-de-salud-y-educacion
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