Por: Daniel Libreros
El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de c
El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de casos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. 1 Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.
En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. 2 Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. 3 Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.
“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros
Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. 4 La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.
Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.
El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.
Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.
Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad 5 ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.
Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…” 6
Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.
La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.
Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales
Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.
El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. 7 Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. 8 El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. 9
El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.
La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; 10 mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 11Colombia1208 II
Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.
La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”
En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.
Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. 12 Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.
La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.
Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” 13 Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”. 14
El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros. 15
La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .
La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. 16
Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.
Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.
Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.
12/8/2020
Notas
“Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista Semana, 6 de Agosto, en https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493). ↩
Declaraciones de Carolina Corcho, Vicepresidenta de la Federación Médica de Colombia “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El Tiempo”,23 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100. ↩
Los obispos católicos de la Amazonía enviaron un mensaje de alerta desde cuando aparecieron los primeros brotes de la pandemia haciendo alusión a un posible etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”, declararon, llamado, al mismo tiempo, al gobierno a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana. “Si siguen los contagios llegaríamos a un etnocidio” El Espectador, 2 de Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/ Debe tenerse en cuenta que una situación similar se presenta en Iquitos-Perú y en Manaos-Brasil, poblaciones fronterizas. ↩
Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid ↩
En los inicios de Julio la Contraloría General de la Nación realizó una encuesta sobre la situación de este personal en todo el país durante la pandemia. Los resultados fueron elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..) Un dato alarmante de la encuesta de la es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad. “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”, “El Tiempo”, 4 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272. ↩
Roberto Sánchez Torres y Sergio Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” , Mayo 11 del 2020, en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/, Insistiendo en el dato de la pobreza extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”. ↩
Es el caso de los bombardeos indiscriminados realizados por el ejército en el Caquetá en agosto del año pasado que costaron la muerte de 18 niños. “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”, https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx. ↩
“Indepaz”, informe de agosto 5 del 2020, en http://www.indepaz.org.co/category/informes/. ↩
En el 90% de los casos no existe decisión judicial en “Cuáles son los Patrones-Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo “ elaborado por “Somos Defensores, CINEP, Universidad Nacional de Colombia, “Comisión Colombiana de Juristas” y el portal “Verdad Abierta”, Octubre del 2018, en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf. ↩
La disculpa de la Cancillería colombiana en este asunto raya en el cinismo , “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a propósito de las discusiones en Naciones Unidas en las que el binomio Netanyahu/Trump ha quedado aislado . “El silencio de Colombia ante la anexión ilegal israelí de territorios palestinos”, en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396. ↩
Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL. ↩
Hasta el propio Salvatore Mancuso, en declaraciones hechas desde las cárceles de Estados Unidos cuando reconoció su responsabilidad en esta masacre perpetrada por 200 paramilitares asociados con militares de la IV Brigada aceptó, igualmente, la responsabilidad política de Uribe Vélez en la misma. ↩
Es posible una coalición de centro izquierda para las presidenciales del 2022”, El Espectador, 4 de Julio del 2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/. ↩
Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104. ↩
El propio Juan Manuel Santos ha declarado en varias oportunidades que “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…” ↩
“Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”, 27 de Julio del 2020, https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/. ↩
asos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.
En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.
“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros
Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.
Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.
El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.
Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.
Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.
Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…”
Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.
La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.
Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales
Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.
El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad.
El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.
La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 
Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.
La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”
En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.
Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.
La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.
Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”.
El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros.
La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .
La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”.
Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.
Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.
Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.
12/8/2020
Notas
- “Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista Semana, 6 de Agosto, en https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493).
- Declaraciones de Carolina Corcho, Vicepresidenta de la Federación Médica de Colombia “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El Tiempo”,23 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100.
- Los obispos católicos de la Amazonía enviaron un mensaje de alerta desde cuando aparecieron los primeros brotes de la pandemia haciendo alusión a un posible etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”, declararon, llamado, al mismo tiempo, al gobierno a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana. “Si siguen los contagios llegaríamos a un etnocidio” El Espectador, 2 de Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/ Debe tenerse en cuenta que una situación similar se presenta en Iquitos-Perú y en Manaos-Brasil, poblaciones fronterizas.
- Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid
- En los inicios de Julio la Contraloría General de la Nación realizó una encuesta sobre la situación de este personal en todo el país durante la pandemia. Los resultados fueron elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..) Un dato alarmante de la encuesta de la es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad. “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”, “El Tiempo”, 4 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272.
- Roberto Sánchez Torres y Sergio Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” , Mayo 11 del 2020, en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/, Insistiendo en el dato de la pobreza extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”.
- Es el caso de los bombardeos indiscriminados realizados por el ejército en el Caquetá en agosto del año pasado que costaron la muerte de 18 niños. “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”, https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx.
- “Indepaz”, informe de agosto 5 del 2020, en http://www.indepaz.org.co/category/informes/.
- En el 90% de los casos no existe decisión judicial en “Cuáles son los Patrones-Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo “ elaborado por “Somos Defensores, CINEP, Universidad Nacional de Colombia, “Comisión Colombiana de Juristas” y el portal “Verdad Abierta”, Octubre del 2018, en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf.
- La disculpa de la Cancillería colombiana en este asunto raya en el cinismo , “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a propósito de las discusiones en Naciones Unidas en las que el binomio Netanyahu/Trump ha quedado aislado . “El silencio de Colombia ante la anexión ilegal israelí de territorios palestinos”, en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396.
- Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL.
- Hasta el propio Salvatore Mancuso, en declaraciones hechas desde las cárceles de Estados Unidos cuando reconoció su responsabilidad en esta masacre perpetrada por 200 paramilitares asociados con militares de la IV Brigada aceptó, igualmente, la responsabilidad política de Uribe Vélez en la misma.
- Es posible una coalición de centro izquierda para las presidenciales del 2022”, El Espectador, 4 de Julio del 2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/.
- Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104.
- El propio Juan Manuel Santos ha declarado en varias oportunidades que “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…”
- “Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”, 27 de Julio del 2020, https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/.
*Fuente: https://vientosur.info/el-diseno-de-un-cerco-institucional-a-la-movilizacion-social-pospandemia/
La movilización masiva que tuvo lugar en el territorio nacional es la respuesta organizada de organizaciones, colectivos y sujetos del derecho humano a la educación a una serie de medidas que se han venido dando, complejizando la situación y acelerando el deterioro de la educación en este país de Centroamérica.
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