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Ambiente: Crece el Miedo a No Dejar un Planeta Habitable para Nuestros Hijos

Crece el Miedo a No Dejar un Planeta Habitable para Nuestros Hijos

En las últimas décadas, la preocupación por el estado del medio ambiente ha crecido exponencialmente. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales son algunos de los factores que contribuyen a un creciente sentimiento de ansiedad y miedo en la población. Este miedo se acentúa particularmente entre los padres y futuros padres, quienes temen no dejar un planeta habitable para sus hijos. Exploraremos a continuación las causas de este temor, sus manifestaciones psicológicas y su impacto en la sociedad.

Causas del Miedo

Cambio Climático

El cambio climático es una de las principales preocupaciones ambientales. Las proyecciones científicas indican un futuro con condiciones climáticas más extremas, elevación del nivel del mar y cambios en los patrones de precipitación, lo que afecta a la agricultura, la salud y la economía global. Los padres temen que sus hijos enfrenten un mundo significativamente más hostil y menos predecible.

Pérdida de Biodiversidad

La rápida pérdida de especies y hábitats naturales tiene un impacto directo en los ecosistemas y en los servicios que estos proporcionan. La desaparición de especies clave puede desestabilizar ecosistemas enteros, afectando la disponibilidad de recursos naturales esenciales como el agua y los alimentos.

Contaminación

La contaminación del aire, el agua y el suelo tiene consecuencias graves para la salud humana y el medio ambiente. Los padres se preocupan por el aumento de enfermedades relacionadas con la contaminación, como el asma, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y temen que sus hijos crezcan en un entorno tóxico.

Manifestaciones Psicológicas del Miedo

Ecoansiedad

La ecoansiedad, definida como el miedo crónico a la catástrofe ambiental, se está volviendo cada vez más común. Las personas que padecen ecoansiedad experimentan sentimientos de impotencia, desesperación y angustia constante sobre el estado del planeta y el futuro.

Estrés Parental

El miedo a no dejar un planeta habitable para sus hijos puede generar altos niveles de estrés en los padres. Este estrés puede manifestarse en forma de insomnio, irritabilidad, dificultades de concentración y problemas de salud física y mental.

Depresión y Desesperanza

En casos extremos, la preocupación por el medio ambiente puede llevar a la depresión y la desesperanza. Algunas personas sienten que sus esfuerzos individuales son insuficientes frente a la magnitud de la crisis ambiental, lo que puede llevar a una sensación de futilidad y resignación.

Impacto en la Sociedad

Cambio de Comportamiento

El miedo al futuro ambiental puede motivar cambios significativos en el comportamiento. Muchas familias adoptan prácticas más sostenibles, como reducir el consumo de plástico, usar energía renovable, y adoptar una dieta basada en plantas. Estos cambios, aunque positivos, también pueden ser fuente de estrés adicional.

Movilización Social

El aumento del miedo y la ansiedad ambiental ha impulsado movimientos sociales y políticos a favor del medio ambiente. Las marchas por el clima, las campañas de concienciación y la presión sobre los gobiernos para adoptar políticas ambientales más estrictas son ejemplos de cómo el miedo puede canalizarse en acción colectiva.

Educación y Concienciación

La preocupación por el futuro del planeta también ha llevado a una mayor educación y concienciación ambiental. Los padres se esfuerzan por educar a sus hijos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y fomentar en ellos un sentido de responsabilidad ecológica.

Conclusión

El miedo a no dejar un planeta habitable para las futuras generaciones es un fenómeno real y comprensible dada la magnitud de los problemas ambientales actuales. Este miedo tiene profundas implicaciones psicológicas y sociales, pero también puede ser una fuerza poderosa para el cambio positivo. Es fundamental que las preocupaciones ambientales se aborden de manera efectiva a través de políticas públicas, educación y acción colectiva, para que podamos ofrecer un futuro más seguro y sostenible para nuestros hijos.

Fuente de la Información: https://www.ecoportal.net/paises/miedo-ambiental/

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Costa Rica: Marcha multitudinaria por la educación

Texto y fotografías: Nora González

Este martes 20 de junio de 2023, las rectorías de las universidades públicas, maestros, maestras de primaria y secundaria, estudiantes y los sindicatos de educadores, convocaron a una marcha nacional para luchar contar la disminución del presupuesto para la educación y el quebrantamiento acelerado de la democracia institucional de Costa Rica. Nora González, directiva de CLADE, estuvo allí y nos comparte este relato.

La movilización masiva que tuvo lugar en el territorio nacional es la respuesta organizada de organizaciones, colectivos y sujetos del derecho humano a la educación a una serie de medidas que se han venido dando, complejizando la situación y acelerando el deterioro de la educación en este país de Centroamérica.

Entre tales medidas cabe mencionar:

a) Tres años de congelamiento de salarios del sector público sin pago de anualidades.

b) Aprobación de la Ley Marco Público -10159, que le permite al Estado injerencia sobre las universidades violentado la autonomía universitaria y que, desde el Ministerio de Hacienda y desde la Dirección General de Servicio Civil, impulsa el salario global, entre otras afectaciones. Atenta además contra la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Poder Judicial, las municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta estrategia se implementa para cumplir con el requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir la planilla estatal y girar posteriormente la suma de $1778.000.000, además de concordar con el objetivo de “modernización” de la normativa nacional y la “eficiencia” del sector público según los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece Costa Rica.

c) La reducción del presupuesto para la educación bajando en términos reales al 6% del PIB atentando contra el 8% que señala la Constitución Política de Costa Rica. El Gobierno se niega a honrar el acuerdo del año anterior para el financiamiento de las universidades públicas por medio del Fondo Especial para la Educación (FEES) según el cual, para este año de 2023 se debe reconocer un incremento del 1% por inflación (inferior a la real), que equivale a poco más diez millones de dólares (cinco mil quinientos millones de colones). Todo ello en el marco de una campaña de desprestigio de la función pública y del trabajo universitario de generación de conocimiento.

d) El intento de trasladar casi seis millones de dólares (tres mil doscientos millones de colones) del presupuesto para educación, sumando un poco más de cinco millones de dólares (dos mil ochocientos millones de colones) del Ministerio de Obras Públicas y Transporte,s para la contratación de doscientos policías y cien agentes contra el narcotráfico, en el marco de la política “Costa Rica Segura”, dado al aumento criminalidad en el país.

e) El impulso feroz de la jornada laboral 4X3 (cuatro días laborados por doce horas y tres de descanso) que elimina el pago de horas extras que se discute en la Asamblea Legislativa. Este proyecto atenta contra todas las luchas que durante años han llevado adelante de trabajadores y trabajadoras y contra el trabajo digno que debe procurar el Estado según la normativa internacional que ha signado y a la que se debe.

Colegio Humanístico Costarricense. Foto  cortesía Darío Fragomeno

Colegio Humanístico Costarricense. Foto cortesía Darío Fragomeno

La marcha convocó a todo el país, y se hicieron presentes estudiantes de secundaria y universitarios, trabajadores docentes, administrativos del sistema educativo en todos sus niveles, sindicatos de trabajadores públicos y de la educación, ciudadanía, jubilados, jubiladas. Por otra parte, al menos 30 diputaciones de 57 apoyan la marcha y el presupuesto para la educación.

Enlaces de interés

Ley Marco de Empleo Público: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=96521&nValor3=129344&strTipM=TC

Voz de estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense: https://www.dailymotion.com/video/x8lwvj2

La Ley de Empleo Público: desaparición de incentivos y debilitamiento de la capacitación del personal https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/5/09/la-ley-de-empleo-publico-desaparicion-de-incentivos-y-debilitamiento-de-la-capacitacion-del-personal.html

Sindicatos y estudiantes convocan a marcha para exigir a Gobierno respetar presupuesto de Educación: https://radios.ucr.ac.cr/2023/06/interferencia/noticias/convocan-marcha-fees/

Organizaciones piden un «pacto por la educación pública”:
https://delfino.cr/2023/06/sindicatos-estudiantes-y-rectores-llaman-a-marcha-por-la-educacion-el-proximo-20-de-junio

Gasto social de Costa Rica entre los más bajos de la OCDE:
https://www.larepublica.net/noticia/gasto-social-de-costa-rica-entre-los-mas-bajos-de-la-ocde#:~:text=Costa%20Rica%20tiene%20uno%20de,y%20ocupa%20el%20puesto%2035.

Presupuesto 2023 para educación es el más bajo desde 2015 según Contraloría: https://www.larepublica.net/noticia/presupuesto-2023-para-educacion-es-el-mas-bajo-desde-2015-segun-contraloria

Treinta diputados apoyan marcha en defensa de la educación pública y hacen llamado al Gobierno a garantizar fondos constitucionales: Treinta diputados apoyan marcha en defensa de la educación pública y hacen llamado al Gobierno a garantizar fondos constitucionales • Semanario Universidad

Pronunciamiento de las universidades públicas contra la ley Marco de Empleo Público:

Universidad Estatal a Distancia: Manifiesto_UNED_proyecto_Ley_Marco_de_Empleo_Público.pdf

Universidad Nacional de Costa Rica: https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/junio-2021/3494-pronunciamiento-contra-del-proyecto-de-ley-marco-de-empleo-publico-expediente-legislativo-numero-21336

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Comenzó a regir el estado de excepción en el norte de Chile

Autoridades locales mostraron reparos frente a la medida, argumentando que debe aplicarse por un plazo puntual y sin ningún tipo de excesos.

Este miércoles comenzó a regir efectivamente en cuatro provincias del norte del país el estado de excepción decretado el fin de semana por el presidente Sebastián Piñera, lo que supone la militarización de las fronteras, con el fin de controlar la inmigración tras las protestas de camioneros que bloquearon accesos a aeropuertos y puertos de la región la semana pasada.

Según informó la agencia Associated Press, Piñera anunció el inicio del estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa –excluyendo las zonas urbanas de las ciudades de Arica y Calama–, que estará vigente durante 15 días y podría ser prorrogado otros 15 más.

La medida se produce tras las fuertes protestas protagonizadas la semana pasada por el gremio de transportistas que bloqueó los accesos a las ciudades, los aeropuertos y los puertos de la zona tras la muerte de un camionero supuestamente a manos de tres inmigrantes venezolanos. Los tres, uno de ellos menor de edad, quedaron en prisión preventiva por presunto homicidio calificado, informó la fiscalía regional de Antofagasta, donde ocurrió el suceso.

El estado de excepción supone que las zonas pasen a estar bajo el mando de cuatro altos oficiales del Ejército. Se desplegarán 672 efectivos militares para la protección de las fronteras, además de incrementar a 100 los efectivos de Carabineros, señaló el presidente, que también informó que se otorgará más equipamiento y tecnología para el control fronterizo.

El Ejército y la Policía podrán “realizar patrullajes y controles conjuntos a pie y motorizados, establecer puestos de observación nuevos, desplegar aviones no tripulados, drones, disponer de helicópteros para la vigilancia y para el traslado”, además de las cámaras térmicas y de visión nocturna que ya se utilizan y equipos satelitales de comunicación, señaló el mandatario, quien el 11 de marzo dejará el cargo que será asumido por el izquierdista Gabriel Boric, quien tendrá que afrontar la cuestión migratoria como uno de sus principales desafíos.

La medida de militarización en el norte generó ciertos reparos por parte de las autoridades locales. Los gobernadores de las regiones de Arica y Antofagasta, Jorge Díaz y Ricardo Díaz, respectivamente, dijeron que si la medida se extiende en el tiempo, “estamos en serios problemas”.

“El estado de excepción tiene que ser eso, una excepción, porque si el estado de excepción se convierte en una normalidad, es que estamos en serios problemas; el Estado de derecho es el que tiene que acentuarse”, manifestó Díaz en una entrevista con el portal El Mostrador.

Por su parte, Javier García Choque, alcalde de la localidad de Colchane, situada en la provincia de Tamarugal, en la región de Tarapacá, junto a la frontera con Bolivia, manifestó su preocupación por el inminente arribo de fuerzas militares que ocuparán la comuna como parte del estado de excepción. En declaraciones al sitio El Desconcierto, García Choque sostuvo que “como comuna aymara llevamos un año militarizados y nos preocupa el trato que este nuevo contingente les propine a nuestros adultos mayores que cruzan a Bolivia para comprar mercaderías; como también que no aumenten las acciones de acoso contra nuestros pobladores en su diario vivir”.

De igual forma, el alcalde enfatizó que se requiere una capacitación especial para los funcionarios militares y policiales sobre la cultura aymara. “Espero que el Ejecutivo haya anticipado una capacitación sobre cosmovisión aymara a los uniformados para evitar los malos tratos de que han sido víctima nuestros adultos mayores de manos de las fuerzas de orden y seguridad emplazadas en nuestro territorio”, concluyó García Choque.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2022/2/comenzo-a-regir-el-estado-de-excepcion-en-el-norte-de-chile/

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Gabriel Boric, el exlíder estudiantil que se convertirá en el próximo presidente de Chile

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  • Chile investirá el próximo 11 de marzo un nuevo presidente, Gabriel Boric, el más joven de la historia del país: cuando jurará el cargo tendrá 36 años. Boric ganó las elecciones presidenciales con un 55,8% de los votos y se impuso, por más de 10 puntos, a su rival José Antonio Kast, abanderado de la extrema derecha, que se quedó con un 44,1%.

Hace un año nadie hubiese imaginado que Boric podría llegar a ser el próximo presidente de Chile. Su trayectoria en estos comicios tiene un fuerte componente épico. Ha ido superando cada pantalla del videojuego hasta ser electo presidente. Pocas semanas después de cumplir los 35 años, edad mínima establecida por la ley chilena para eso, fue escogido candidato presidencial de su partido. Luego debió esperar el apoyo de toda su coalición, el Frente Amplio, y recoger 35.000 firmas en tres semanas para validar su candidatura. Después, disputó unas primarias que todos daban por perdidas contra el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. Contra todo pronóstico, las ganó con holgura. Se convirtió así en el candidato de la coalición Apruebo Dignidad, formada por frenteamplistas y comunistas y disputó la primera vuelta electoral, en la que quedó segundo. El balotaje le dio el pase final al palacio de La Moneda con un resultado apabullante.

Descendiente de familia croata, por parte de padre, y catalana, por parte de madre, es el mayor de tres hermanos de la tercera generación nacida en Chile, en un entorno acomodado de la Región de Magallanes y la Antártida, la zona más austral del continente. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, la más prestigiosa del país. “Nos enorgullece que el próximo presidente sea un egresado de la Universidad de Chile, como lo han sido 20 de sus antecesores. En el caso de Gabriel, es una evidencia de cuán importante resulta que las y los estudiantes vivan en un ambiente académico en el cual haya espacio para que se sientan libres de expresarse políticamente y de cuestionar el statu quo”, dijo el rector de la universidad, Ennio Vivaldi, tras conocer los resultados. “Él se convirtió en una voz relevante en la política chilena cuando todavía estudiaba en la Facultad de Derecho”, añadió.

Del movimiento estudiantil a la política

La trayectoria de Gabriel Boric no se puede separar de la irrupción del movimiento estudiantil chileno, a partir de la década de 2000. Fue parte de la llamada Revolución Pingüina del 2006 que protagonizaron los estudiantes de Secundaria, y años más tarde, en 2011, lideró las masivas manifestaciones de los universitarios que pedían cambios en el acceso y calidad del sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ese año Boric fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y, desde ahí, encabezó las movilizaciones. “Los enemigos son quienes quieren privatizar la educación pública y mercantilizar todos los aspectos de nuestras vidas […] Se viene la articulación de un nuevo movimiento no solo para cambiar la educación, sino para transformar el país entero”, dijo entonces. Como ahora, el país estaba gobernado por el conservador Sebastián Piñera, que ejercía su primer mandato (2010-2014). El presidente apostó por el desgaste natural del movimiento, que nunca llegó. En agosto, cuando la movilización llevaba cerca de tres meses, en la capital, se vivió una de las protestas más duramente reprimida desde el retorno a la democracia hasta entonces. La jornada se saldó con casi 900 detenidos, solo en Santiago.

“Los problemas que tiene la sociedad chilena no son de carácter sectorial […] todo está cruzado por una transversal que es un modelo político, económico que excluye a las grandes mayorías de la toma de decisiones y favorece a una pequeña minoría”, diagnosticaba hace 10 años el estudiante. Sus conclusiones de entonces se mantienen intactas hasta hoy.

La visibilidad de aquellos años le abrió camino a la política. Tras terminar los estudios de Derecho –le quedó pendiente titularse porque no dio el examen final de carrera, un asunto que ahora sus rivales le reprocharon–, se abocó en su carrera política. Tenía 27 años. Junto con otros dirigentes estudiantiles, como Giorgio Jackson y Camila Vallejo, que ahora van camino a convertirse en futuros ministros, fue electo diputado por la región de Magallanes. En 2017 renovó su mandato como el segundo diputado con más votos del país.

Un salto meteórico

Durante el estallido social de 2019, fue uno de los firmantes del acuerdo político transversal por una nueva Constitución que canalizó parte del malestar ciudadano. Un gesto –su firma– que él siempre ha defendido, pero que le costó duras críticas y el reproche de las bases de su partido, que lo entendieron como una forma de salvar a Piñera y frenar la movilización social. “Es uno de los momentos más difíciles que me ha tocado enfrentar”, ha admitido.

Entre sus propuestas destacan aumentar el salario mínimo, subir impuestos a los más ricos y cambios estructurales en los sistemas de pensiones, salud y educación. En su primer discurso como futuro presidente y ante la multitud que se congregó en la avenida principal de Santiago, La Alameda, para celebrar el triunfo sostuvo: “Yo vengo de lejos, del sur, de Magallanes, casi en la Antártica, y tengo 35 años. Tengo claro que la historia no parte con nosotros. Nuestro proyecto es heredero de una larga tradición, la de quienes han buscado la justicia, la defensa de los derechos humanos y la protección de las libertades” Y añadió: “Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar. Seré el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar”.

La noche del domingo, muchos recordaban los pasos de aquel estudiante inconformista y rebelde que en solo 10 años ha dado un salto meteórico: de líder estudiantil a presidente de la República.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/12/21/gabriel-boric-el-exlider-estudiantil-que-se-convertira-en-el-proximo-presidente-de-chile/

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Nuevas protestas en España por encarcelamiento de rapero

Cientos de personas marcharon el sábado en Barcelona para manifestarse en contra de las duras medidas de las autoridades tras una serie de protestas violentas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, un artista detractor del sistema.

La marcha del sábado se llevó a cabo bajo fuerte presencia policial, serpenteando a través de varias avenidas de la capital regional catalana. Los manifestantes marcharon detrás de una pancarta que exigía la liberación de Hasél y algunos de sus seguidores.

Hasél cumple con una sentencia de nueve meses por incitar actos terroristas —ha elogiado a dos grupos armados, ahora extintos, responsables de matar a más de 900 personas en España— y por negarse a pagar una multa por insultar al rey emérito español.

Su arresto del 16 de febrero provocó protestas pacíficas y violentas que en ocasiones terminaron con el saqueo de tiendas en varias ciudades. El caso también ha avivado un debate sobre los límites de la libertad de expresión en España.

La coalición gobernante izquierdista ha prometido lanzar una reforma legal para eliminar sentencias en prisión por delitos que involucren la libertad de expresión. El socio menor de la coalición, el partido de la extrema izquierda Unidas Podemos, ha presentado una solicitud para otorgar el perdón a Hasél.

Ocho personas han sido encarceladas por formar parte de un grupo que protestó contra el encarcelamiento del rapero y prendió fuego a una camioneta policial, un incidente en que un agente apenas logró escapar de las llamas.

Enfrentan posibles cargos de intento de homicidio, agresión contra agentes del orden y formar parte de un grupo criminal.

Fuente: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-03-06/nuevas-protestas-en-espana-por-encarcelamiento-de-rapero

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El diseño de un cerco institucional a la movilización social pospandemia

Por: Daniel Libreros 

El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de c

El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de casos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. 1 Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.

En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. 2 Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. 3 Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.

“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros

Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. 4 La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.

Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.

El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.

Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.

Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad 5 ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.

Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…” 6

Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.

La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.

Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales

Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.

El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. 7 Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. 8 El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. 9

El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.

La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; 10 mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 11Colombia1208 II

Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.

La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”

En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.

Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. 12 Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.

La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.

Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” 13 Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”. 14

El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros. 15

La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .

La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. 16

Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.

Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.

Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.

12/8/2020

Notas

“Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista Semana, 6 de Agosto, en https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493). ↩
Declaraciones de Carolina Corcho, Vicepresidenta de la Federación Médica de Colombia “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El Tiempo”,23 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100. ↩
Los obispos católicos de la Amazonía enviaron un mensaje de alerta desde cuando aparecieron los primeros brotes de la pandemia haciendo alusión a un posible etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”, declararon, llamado, al mismo tiempo, al gobierno a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana. “Si siguen los contagios llegaríamos a un etnocidio” El Espectador, 2 de Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/ Debe tenerse en cuenta que una situación similar se presenta en Iquitos-Perú y en Manaos-Brasil, poblaciones fronterizas. ↩
Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid ↩
En los inicios de Julio la Contraloría General de la Nación realizó una encuesta sobre la situación de este personal en todo el país durante la pandemia. Los resultados fueron elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..) Un dato alarmante de la encuesta de la es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad. “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”, “El Tiempo”, 4 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272. ↩
Roberto Sánchez Torres y Sergio Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” , Mayo 11 del 2020, en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/, Insistiendo en el dato de la pobreza extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”. ↩
Es el caso de los bombardeos indiscriminados realizados por el ejército en el Caquetá en agosto del año pasado que costaron la muerte de 18 niños. “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”, https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx. ↩
“Indepaz”, informe de agosto 5 del 2020, en http://www.indepaz.org.co/category/informes/. ↩
En el 90% de los casos no existe decisión judicial en “Cuáles son los Patrones-Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo “ elaborado por “Somos Defensores, CINEP, Universidad Nacional de Colombia, “Comisión Colombiana de Juristas” y el portal “Verdad Abierta”, Octubre del 2018, en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf. ↩
La disculpa de la Cancillería colombiana en este asunto raya en el cinismo , “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a propósito de las discusiones en Naciones Unidas en las que el binomio Netanyahu/Trump ha quedado aislado . “El silencio de Colombia ante la anexión ilegal israelí de territorios palestinos”, en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396. ↩
Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL. ↩
Hasta el propio Salvatore Mancuso, en declaraciones hechas desde las cárceles de Estados Unidos cuando reconoció su responsabilidad en esta masacre perpetrada por 200 paramilitares asociados con militares de la IV Brigada aceptó, igualmente, la responsabilidad política de Uribe Vélez en la misma. ↩
Es posible una coalición de centro izquierda para las presidenciales del 2022”, El Espectador, 4 de Julio del 2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/. ↩
Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104. ↩
El propio Juan Manuel Santos ha declarado en varias oportunidades que “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…” ↩
“Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”, 27 de Julio del 2020, https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/. ↩

asos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. 1 Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.

En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. 2 Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. 3 Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.

“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros

Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. 4 La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.

Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.

El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.

Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.

Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad 5 ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.

Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…” 6

Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.

La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.

Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales

Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.

El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. 7 Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. 8 El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. 9

El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.

La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; 10 mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 11Colombia1208 II

Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.

La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”

En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.

Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. 12 Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.

La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.

Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” 13 Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”. 14

El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros. 15

La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .

La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. 16

Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.

Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.

Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.

12/8/2020

Notas

  1. “Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista  Semana,  6  de  Agosto,  en  https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493)
  2. Declaraciones  de  Carolina  Corcho,  Vicepresidenta  de  la Federación  Médica  de  Colombia  “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El  Tiempo”,23  de  Julio   del  2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100
  3. Los  obispos  católicos de  la  Amazonía enviaron  un mensaje  de  alerta desde  cuando aparecieron  los  primeros  brotes  de  la  pandemia  haciendo  alusión a un  posible  etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”,  declararon,  llamado,  al  mismo  tiempo, al  gobierno  a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana.  “Si  siguen  los  contagios  llegaríamos  a  un  etnocidio” El Espectador, 2  de  Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/  Debe  tenerse  en  cuenta  que  una  situación  similar se  presenta  en Iquitos-Perú  y  en Manaos-Brasil,  poblaciones  fronterizas. 
  4. Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid 
  5. En  los  inicios    de  Julio   la  Contraloría    General  de  la Nación  realizó  una  encuesta    sobre  la  situación     de   este  personal  en  todo   el  país  durante  la  pandemia. Los  resultados  fueron  elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..)  Un dato alarmante de la encuesta de la  es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad.  “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”,  “El  Tiempo”,  4  de  Julio  del  2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272
  6. Roberto  Sánchez  Torres  y  Sergio  Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” ,  Mayo 11 del  2020,  en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/,  Insistiendo  en  el  dato  de  la  pobreza  extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”. 
  7. Es  el  caso  de  los  bombardeos   indiscriminados    realizados  por  el  ejército  en  el  Caquetá    en  agosto  del  año  pasado  que  costaron  la  muerte  de  18  niños.  “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”,   https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx
  8. “Indepaz”, informe de agosto  5  del  2020,  en http://www.indepaz.org.co/category/informes/
  9. En  el  90%  de  los  casos no existe decisión  judicial  en  “Cuáles  son  los  Patrones-Asesinatos  de  líderes  sociales  en  el  post-acuerdo “  elaborado por “Somos  Defensores, CINEP,  Universidad  Nacional  de  Colombia,  “Comisión  Colombiana  de  Juristas”  y  el  portal  “Verdad  Abierta”, Octubre  del 2018,  en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf
  10. La  disculpa de  la  Cancillería  colombiana  en  este  asunto  raya  en  el  cinismo ,  “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a  propósito  de las  discusiones en  Naciones  Unidas  en las  que  el  binomio  Netanyahu/Trump ha  quedado  aislado . “El  silencio  de  Colombia ante  la  anexión  ilegal  israelí de  territorios  palestinos”,  en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396
  11. Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL
  12. Hasta  el  propio  Salvatore  Mancuso, en  declaraciones hechas desde  las  cárceles de Estados  Unidos  cuando  reconoció  su  responsabilidad  en  esta  masacre perpetrada  por  200 paramilitares  asociados con militares de la IV Brigada  aceptó, igualmente,  la  responsabilidad  política  de  Uribe  Vélez en la misma. 
  13. Es  posible  una  coalición de  centro izquierda para  las  presidenciales  del  2022”,  El  Espectador, 4 de Julio  del  2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/
  14. Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104
  15. El propio Juan Manuel Santos ha  declarado en  varias  oportunidades que  “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…” 
  16. “Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”,  27 de  Julio del 2020,  https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/

 

*Fuente: https://vientosur.info/el-diseno-de-un-cerco-institucional-a-la-movilizacion-social-pospandemia/

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Honduras: fracasan proyectos privatizadores de la Educación y la salud

Honduras / 9 de junio de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Internacional de la Educación

Iniciativas promovidas por el FMI fueron detenidas por la movilización social

La movilización de sectores sociales, trabajadores de la Educación Pública y la salud, obligaron al gobierno hondureño a desistir de continuar con los decretos privatizadores de ambos sectores, promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gobierno de Juan Orlando Hernández anunció la noche del 2 de junio la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 y PCM-027, que desencadenaron las protestas contra la privatización de los servicios de educación pública y salud.

Movilizaciones contra la privatización de la educación pública y la salud

Las movilizaciones contra los decretos ejecutivos de emergencia iniciaron hace aproximadamente un mes, e incluyeron marchas y asambleas informativas. El gobierno hondureño reprimió fuertemente a los sectores movilizados.

Tras una reunión de negociación realizada la noche del domingo, las autoridades hondureñas accedieron a derogar los polémicos decretos.

“Promover la instalación de la mesa de educación con el objetivo de lograr el mejoramiento de la educación pública y gratuita con la participación de las Secretarías de Estado relacionadas al Sector Educativo”, señala el artículo 1 del texto que deroga los decretos objetados por los manifestantes.

Por parte del sector educación tuvieron un papel destacado en las protestas el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), el Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH) y el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL).

Solidaridad internacional con Honduras

La IEAL denunció previamente las medidas represivas tomadas por el gobierno hondureño, las cuales habrían causado incluso la muerte de dos personas. La IEAL también hizo un llamado a la solidaridad internacional para hacer frente a la persecución hacia líderes sindicales y sus organizaciones.

El lunes 3 de junio se convocaron actividades de solidaridad internacional con los docentes de Honduras en países como Argentina y Costa Rica.

Los gremios de educación en Honduras esperan que tras derrotar las propuestas privatizadoras se detengan las acciones de persecución sindical y se eviten represalias hacia las organizaciones que protagonizaron las protestas y sus líderes.

Fuente de la Noticia:

https://ei-ie-al.org/noticias/honduras-fracasan-proyectos-privatizadores-de-la-educacion-y-la-salud

ove/mahv

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