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Docentes de universidades peruanas salen a las calles

Amércia del Sur / Bolivia / 09 de octubre de 2016 / Por: Silvia Luna Docente

En la segunda jornada de un plan de lucha de tres días de paro, docentes de las universidades nacionales de Perú se movilizaron durante la mañana del día jueves reclamando la homologación de sus salarios como lo indica la ley 30.220.

Desde la mañana el centro de Lima presenció la marcha de docentes de distintas universidades nacionales de Perú que con sus banderas y cantos exigieron una serie de reclamos.

Los trabajadores de educación superior están pidiendo que el gobierno cumpla con la ley 30.220 la cual señala en el artículo 96 que los sueldos docentes deben homologarse con los honorarios percibidos por un juez de primera instancia.

Actualmente un docente auxiliar o contratado percibe 1280 nuevos soles peruanos (aproximadamente 375 dólares americanos) mientras un policía recibe 3000 soles (878 dólares americanos).

Denunciaron también el despido de 30 docentes por límites de edad y exigen la derogación de la ley universitaria 30220, por la cual no se paga a los mayores de 70 años.

Desde el camión con alta voz los dirigentes sindicales reclamaron mayor presupuesto para las universidades y denunciaron a la actual gestión de PPK (Pedro Pablo Kuczynski) que desfinancia la educación pero destina 8.000 millones de dólares para la compra de armamento militar.

Durante la tarde una asamblea de sindicalistas definirá los pasos a seguir para viabilizar sus demandas; y para este viernes (07 de octubre) se lleva a cabo la tercera jornada de paro universitario.

La concentración se desarrolló durante el mediodía frente al centro cultural de la Casona de la Universidad de San Marcos.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com.bo/Docentes-de-universidades-peruanas-salen-a-las-calles?id_rubrique=5443

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Protestas en universidades, tema de la semana en Sudáfrica.

África/Sudáfrica/04.10.2016/Autor y Fuente:http://prensa-latina.cu/
Las protestas estudiantiles en universidades de Sudáfrica continúan hoy en el centro de la atención noticiosa nacional por segunda semana consecutiva.

Medios radiales, escritos, televisivos y en internet reflejaron las manifestaciones violentas que han tenido lugar en varias instituciones del país desde que el lunes 19 de septiembre el gobierno anunciara las nuevas tasas de matrícula para el 2017.

El canal SABC publicó que alumnos de la Universidad de Wits, en Johannesburgo, rechazaron los resultados de una encuesta en la cual el 77 por ciento de los estudiantes votó por volver a clases.

La Wits, epicentro de estas movilizaciones, así como la Universidad de Ciudad del Cabo (UCT) y otra serie de altas casas de estudio, cerraron en medio de la violencia que acompaña las manifestaciones en contra de la subida de esos impuestos.

Los estudiantes reavivaron la campaña #FeesMustFall tras la noticia de que las 24 universidades públicas del país podrían incrementar de manera individual hasta un ocho por ciento la cuota de matrícula el próximo año académico.

Aunque al abordar el tema, el ministro de Educación Superior, Blade Nzimande, dijo que serían subvencionados los jóvenes de familias menos favorecidas.

El ministro de Policía, Nathi Nhleko, dice que los planes para sofocar la violencia y la destrucción de la propiedad pública están en marcha.

Otro tema destacado aquí es la celebración de la 17 Conferencia de las Partes (COP17) de la Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

Delegados de más de 180 países asisten a la importante reunión del 24 de septiembre al 5 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones de Sandton, en Johannesburgo.

Fuente: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30395&SEO=protestas-en-universidades-tema-de-la-semana-en-sudafrica
Imagen:  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3QOy5jv3k47fnR4WIgjJKRIUyMOAhnnejfz6uznrpAou4JNgf
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México: Los estudiantes que sobrevivieron a la noche de Iguala siguen buscando respuestas

América del Norte/México/Octubre de 2016/Autores: Kirk Semple y Paulina Villegas/Fuente: Insurgencia Magisterial

Dos años después de que desaparecieron 43 estudiantes mexicanos durante una noche de violencia perpetrada, en parte, por las fuerzas de seguridad, el misterio de su destino sigue sin resolverse.

Un pánel internacional de peritos judiciales y expertos en derechos humanos, que pasaron un año estudiando el caso, cuestionaron la habilidad y voluntad del gobierno para llegar al fondo del asunto.

Desde que los expertos se fueron, en abril, el gobierno ha ampliado su investigación, la cual incluye un rango más amplio de posibles sospechosos. Además, el investigador principal del fiscal general renunció después de que se inició una investigación en torno a su manejo del caso.

Aun así, prevalece el sentimiento tanto aquí como en el extranjero de que al gobierno mexicano no se le puede confiar la tarea de averiguar quién fue responsable de la violencia perpetrada en la ciudad de Iguala, en Guerrero, del 26 al 27 de septiembre de 2014, y lo que sucedió con los estudiantes, la mayoría de los cuales estudiaban el primer año. Muchos observadores ahora tienen la esperanza de obtener justicia gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, la cual asignará un equipo para seguir de cerca la investigación.

Los padres de los desaparecidos y muertos —la mayoría pertenece a la clase trabajadora— han exigido respuestas incansablemente. A lo largo del camino, los han acompañado quienes sobrevivieron el ataque, decenas de estudiantes que de alguna manera lograron salir vivos esa noche, pero por siempre llevarán sus cicatrices. Estos son los tres sobrevivientes.

Édgar Andrés Vargas

El jueves pasado, Vargas tuvo una sexta cirugía para reparar su rostro. Esa noche, una bala pulverizó sus dientes superiores y destruyó su maxilar. No sabe por cuántas otras operaciones tendrá que pasar.
Cuando ocurrieron los ataques, Vargas era estudiante de tercer año de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, un instituto de formación para profesores en Ayotzinapa. Fue parte de un grupo de estudiantes que respondieron a llamadas de ayuda por parte de otro grupo que había sido atacado por la policía municipal en Iguala. Los estudiantes más jóvenes habían ido a Iguala, una ciudad cercana, para secuestrar autobuses que los llevaran a una manifestación en Ciudad de México.

Andrés y sus compañeros llegaron después de que los 43 estudiantes desaparecieron. Pero mientras intentaban averiguar qué sucedió, los atacantes abrieron fuego y balearon a Vargas. Él dijo que, a pesar de las heridas, el personal militar e incluso los empleados de una clínica local lo ignoraron.

Cuando finalmente lo llevaron a un hospital municipal —dos horas después de que le dispararon— los médicos le dijeron que, si se hubiera demorado cinco minutos más, habría muerto.

Andrés, de 21 años, ha recibido atención médica en Ciudad de México, y el suplicio ha sido perturbador para él y toda su familia. Su madre renunció a su trabajo como dependienta de una tienda de conveniencia para mudarse a la capital y cuidarlo; sus hermanos menores también se mudaron. Su padre se quedó en su ciudad natal, San Francisco del Mar, en el estado de Oaxaca, para seguir trabajando como director de una escuela primaria y, los fines de semana, como campesino.

El gobierno ha cubierto el costo de los cuidados médicos y le prestó un departamento a la familia. Aun así, han tenido que recurrir a sus ahorros para cubrir los altos costos de vivir en la capital, pues además su madre no ha podido trabajar.

Andrés pasa la mayor parte de su tiempo en el departamento. Cuando sale a ver una película o dar un paseo, se pone un tapabocas… en parte porque le avergüenza tener el rostro desfigurado. “Temo que la gente me discrimine por esto”, dijo.

La universidad permitió que Vargas terminara sus estudios este año, trabajando a distancia, por lo que pudo graduarse a la par de su generación. Todavía tiene la esperanza de trabajar como profesor de escuela primaria, pero ahora también tiene la meta profesional de convertirse en abogado.

“Después de todo lo que pasó, creo que el sistema legal está jodido”, dijo. “¿Quién va a proteger al pueblo?”.

Vázquez supo qué era perder a alguien desde pequeño. Creció en Tlacotepec, un pequeño pueblo de montaña en el estado de Guerrero, conocido por sus cosechas de amapola… y la violencia. Tenía 12 hermanos, pero cinco murieron en su niñez debido a enfermedades curables.

De niño, Vázquez trabajó en el campo, cosechando amapolas y extrayendo su savia, el ingrediente clave de la heroína. Cuando tenía tan solo 7 años, vio cómo unos sicarios abrieron fuego en una fiesta, mataron a una persona e hirieron a varias más. Años más tarde, uno de sus hermanos fue asesinado en una riña que, sospecha, estaba relacionada con una rivalidad entre pandillas.

Creyó que a través de la escuela para profesores escaparía de esa vida. Se convirtió en miembro del comité estudiantil y se metió de lleno en la cultura de activismo político en la universidad.
La noche de los ataques en Iguala, estaba entre los estudiantes que se apresuraron a ayudar a los compañeros más jóvenes y fueron atacados por tiradores no identificados.

Vázquez, quien ahora tiene 28 años, logró escapar sano y salvo. En las semanas y meses siguientes, conforme los 43 desaparecidos se convertían en símbolos de la profunda corrupción e incompetencia del gobierno, Vázquez surgió como principal vocero de la campaña para obtener justicia.

Recorrió México pidiéndole a la gente que tomara las calles para manifestarse y criticar la forma en que el gobierno ha llevado el caso. Terminó por llevar su campaña fuera del país, a Estados Unidos y Europa, levantando conciencia en torno al caso y haciendo presión con políticos y activistas para instar al gobierno mexicano.

Su obra le dio un sentido de propósito y ayudó a evitar la culpa de haber sobrevivido.

Este año, se inscribió en una escuela de derecho en Ciudad de México para convertirse en juez y utilizar su puesto para luchar contra la corrupción incansable del país.

Cuando era más joven, Vázquez a menudo tenía pesadillas en las que veía cómo lo asesinaban; ese era el ambiente de violencia en el que creció. Sueños acerca de su propia muerte aún lo invaden, pero ahora, dice, se ve muriendo por una causa… con un propósito, con una razón”.

Gutiérrez ha estado en coma desde que una bala le perforó el cerebro durante aquellas violentas horas de septiembre de 2014.

Los médicos y su familia miden su recuperación según sus sonidos y micromovimientos involuntarios. Sus párpados a veces se abren. Bosteza. Sus músculos tienen espasmos. Los médicos consideran sorprendente que haya sobrevivido todo este tiempo; sin embargo, creen que las posibilidades de que se recupere de este coma son mínimas.

Le dispararon cuando la policía baleó un autobús al que él y otros estudiantes se habían subido. Sus padres y 13 hermanos, quienes viven en Guerrero, han organizado una rotación para asegurarse de que por lo menos uno de ellos esté a su lado en el hospital en todo momento. Rentaron una pequeña habitación cerca de ahí, donde descansan y se bañan entre turnos.

Ese compromiso ha puesto gran presión en la familia. Uno de sus hermanos dijo que ha pasado tanto tiempo lejos de casa que su propia familia está sufriendo.

“No he podido llevar a mis hijos al parque en dos años”, dijo Leonel, el hermano de 37 años, quien trabaja como conductor de taxi en Tutepec, un pequeño pueblo en Guerrero. El viaje en autobús de su casa al hospital le toma seis horas.

Sin embargo, la familia hizo un pacto para brindarle a Gutiérrez el mejor cuidado posible.

Aldo Gutiérrez, de 21 años, jamás quiso hacerse profesor, dijo su hermano. La escuela, donde era estudiante de primer año, simplemente era una salida de la pobreza. Su verdadero sueño era convertirse en oficial de la Marina mexicana.

“El sufrimiento es muy grande”, dijo Leonel. “Todavía no entendemos cómo nos sucedió esto, por qué le pasó esto a nuestra familia. ¿Cómo es que podemos tener un gobierno que le dispara a sus propios ciudadanos?”.

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/los-estudiantes-que-sobrevivieron-a-la-noche-de-iguala-siguen-buscando-respuestas/

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Brasil: Central y movimientos promueven la huelga nacional el jueves

América del Sur/Brasil/Septiembre de 206/Fuente: RBA

Por «no tiene derecho a menos», CUT, CTB, UGT, la Fuerza Sindical, Nueva Central, CSP-Conlutas e Inter, Brasil Frente Popular y sin miedo Personas Frente a promueven el  jueves (22) día de huelga nacional en contra de las propuestas del mundo del trabajo que se han anunciado por el gobierno Michel Temer. La movilización incluye paros, retrasos en la entrada, reuniones en las puertas de las empresas, concentraciones y manifestaciones, que son las actividades preparatorias para la construcción de una huelga general en el país.

En Sao Paulo, a las 10 horas, los trabajadores se concentran ante la sede de la Federación Estatal de la Industria (Fiesp), en la avenida Paulista. A las 11 horas, los sindicalistas cumplen en defensa de los derechos sociales y laborales.

A las 15h, los trabajadores y activistas de diversos grupos profesionales se reunen en el lapso de MASP, donde los maestros de las escuelas públicas están en sesión. A las 16h, habrá un acto público.

Además de los proyectos, tales como la expansión de la contratación externa, el evento llama la atención sobre la reforma de las pensiones y de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) 241, la congelación de la inversión social por parte del gobierno, especialmente en salud y educación. «Es contra estos ataques a los derechos sociales y laborales que todos los trabajadores tienen que participar en la jornada nacional de huelga y prepararse para una huelga general», dijo el presidente de la CUT, Vagner Freitas. «El 22 de septiembre, todos nosotros, los trabajadores masculinos y femeninos, que tienen que estar en las calles, dando un mensaje a este gobierno de facto, diciendo que no vamos a tolerar husmear en nuestros derechos», dijo.

La llamada central es para un proyecto de desarrollo con la creación de empleo y la distribución del ingreso, el trabajo decente, la jubilación decente y la reducción de la jornada laboral a 40 horas sin pérdida de salario.

Según el secretario general de la CTB, Wagner Gomes, el indicador principal de la movilización será la conclusión de las medidas que han sido anunciadas por Temer respecto a la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) y de Seguridad Social. «Estamos en contra de la reforma de pensiones que establece una edad mínima para la jubilación, contra el aumento de los días y en contra de la flexibilización de las relaciones laborales», dijo.

Sindicalistas critican la postura del gobierno sobre el debate de estas cuestiones. «Todo está todavía muy tirado en el aire. Nadie dice las cosas como se deben decir.  «Esta historia de la edad mínima se acaba de herir a los más pobres, que empiezan a trabajar mucho antes. Van a tener que trabajar mucho más para retirarse.»

El  Frente Popular de Brasil también criticó la congelación propuesta de la inversión pública y el paquete de privatización, incluyendo la entrega del pre-sal.

La idea del centro es que el 22 inicie un proceso más amplio de construcción de una huelga general en el país, si es necesario. «El diálogo frecuente con los sindicatos y las fundaciones han sido importantes para esta construcción de la huelga general», dice Freitas.

«Creemos que el gobierno está llevando a cabo un poco debido a las elecciones locales. Después de eso, ellos van a querer pasar el tractor. Tenemos que estar atentos y preparados», dice Cayres. Sobre el movimiento del jueves, dijo que la mayor intención es movilizaciones en el lugar de trabajo, en las regiones. «Vamos a celebrar reuniones en las fábricas y en el sector público, así como en hospitales, explicando a los trabajadores lo que está en riesgo. Hay 55 proyectos (derecho) en el Congreso, incluyendo los derechos de retiro», dijo.

Fuente: http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/09/centrais-promovem-dia-de-mobilizacao-nacional-na-quinta-5674.html

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Los Maestros y la lucha política en México

Poco a poco y con enormes esfuerzos, serios golpes, dificultades internas y varios errores sobre los que reflexionar, los maestros disidentes han logrado abrir camino a su rebelión contra la reforma impulsada por el gobierno de Peña Nieto y ser oídos en buena medida por una sociedad que había sido capturada por el discurso empresarial que difunden persistentemente los medios de comunicación. Han ido, en efecto, ganando terreno, desmontando mentiras, resistiendo el encarcelamiento de algunos de sus dirigentes y los asesinatos y la violencia sufrida durante las protestas.

En unas cuantas semanas de intensa movilización, los mentores lograron que las ideas-fuerza del gobierno peñista, la cuales propagaban el discurso doble de que la reforma acabaría con los “privilegios” de sectores de maestros al imponer la llave maestra de la “evaluación” de los docentes para alcanzar la “calidad” educativa, se desgastaran y, hasta cierto punto, dejaran de tener sentido. La batalla, no obstante, no está aún ganada, y todo augura que el proceso será largo.

En el transcurso, el movimiento protagonizado por los maestros ha producido ya, particularmente en los últimos meses, un conocimiento que vale la pena recuperar y analizar. En realidad, todo auténtico movimiento permite ver aspectos de la realidad que permanecen ocultos o ignorados hasta el momento mismo de la acción colectiva. En ese sentido, con frecuencia se repite que dejan valiosas experiencias. Pero, adicionalmente, este movimiento se produjo en momentos de particular desgaste de las fuerzas políticas del país y en medio de un escandaloso deterioro social marcado por la violencia y una crisis económica no declarada, todo lo cual le imprime una dimensión que es necesario examinar.

Un gremio clave

Ciertamente, una de las cualidades del gremio educativo es estar en todas partes, desde el rincón más alejado y agreste del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad. Como conjunto, sólo a los maestros les es dado este don de ubicuidad. Los curas, los policías y, si hay suerte, los médicos llegan donde sea (al menos como posibilidad), pero no hay tantos para estar en todas partes. En México hay casi 1.5 millones de maestros de todos los niveles escolares, distribuidos en poco menos de 250 mil escuelas, que atienden a un aproximado de 30 millones de niños y jóvenes. Es esto lo primero que hace peligrosos a los maestros y por lo que se les intenta tener siempre bajo control.

Todo poder estatal interviene, de una manera u otra, en esa formidable herramienta de estructuración social que es la escuela. Pero un Estado interventor y autoritario como el que ha sufrido México a lo largo de su historia, y especialmente el emanado de la contienda revolucionaria de principios del siglo pasado, consideró como una de sus prioridades el control del sistema educativo y la sujeción de sus actores como extraordinario medio de consolidación y proyección estatales. No hay que olvidar, como señala Raymond Williams, que “Las instituciones educativas suelen ser los principales agentes transmisores de una cultura dominante efectiva, implicando actualmente una importante actividad económica y cultural; y ciertamente es ambas cosas en el mismo momento.”1

En México, los trabajadores de la ciudad y el campo fueron incorporados a través del partido oficial y de un conjunto de instrumentos de control político a la estructura misma del Estado, impidiendo por diversos medios (concesiones, corrupción y represión combinadas) toda forma de organización y actuación autónomas e independientes. El gremio magisterial fue particularmente disputado, pues la nueva burocracia estatal confiaba, además, en que podría cumplir un relevante papel en la edificación del país posrevolucionario que comandaba, de manera que el gremio desempeñó siempre un papel destacado en el marco del corporativismo mexicano.

La resistencia de segmentos de los maestros a tales pretensiones viene, por tanto, de muy lejos. La lucha magisterial por mejorar sus condiciones de trabajo y salariales, así como las batallas por alcanzar la autonomía y la democracia de su organización sindical, ha sido una constante. Tras haber sido un pilar de las reformas cardenistas de finales de la década de 1930, los maestros fueron severamente golpeados y su organización cayó en manos de líderes charros, sostenidos por el poder estatal quienes, a cambio de la posibilidad de agenciarse jugosos negocios, han estado al servicio del priismo para coartar la acción magisterial, corromper a parte de sus agremiados y entregar (o negociar) su apoyo al gobierno en turno.

No obstante, someter a los maestros no ha sido fácil, y la segunda mitad del siglo xx da plena cuenta de las múltiples luchas, sección por sección del sindicato, de quienes han buscado incansablemente liberarse de ese yugo y defender las condiciones laborales del magisterio. Recordamos a Othón Salazar y al movimiento impulsado por él como parte ejemplar de esas batallas, sin las cuales sería difícil comprender la enjundia y determinación de los maestros que hoy luchan en muchas partes del país.

A golpes y con toda clase de triquiñuelas, los líderes abyectos han logrado mantener hasta ahora el control de la dirección nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la mayoría de las secciones estatales, pero no han podido evitar que en varios estados y en buena parte de la capital del país triunfase la disidencia respecto al oficialismo.

Aunque la fuerza principal de los maestros independientes ha estado históricamente en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, ahora los contingentes opuestos a la reforma peñista han ido en consistente aumento, produciéndose movilizaciones de profesores en lugares donde el priismo los tenía bajo riguroso y añejo control. Frente a la nueva ofensiva gubernamental, el proceso ha sido lento y dificultoso, pero durante los últimos tres años las razones de la protesta se han discutido de manera incansable escuela por escuela con los mentores no involucrados y con los padres de familia. Ese debate ha llegado a las comunidades y los pueblos, a las casas pobres que dan particular valor al trabajo de sus maestros, ampliando la base social que apoya la lucha magisterial, formando en entidades como Chiapas y Oaxaca un movimiento popular de profundo alcance.

Y es que, sin duda, la torpeza gubernamental ha sido acicate fundamental y alimento cotidiano de este movimiento, pues lleva a cabo en forma despótica –apostando al uso de la violencia estatal y al control corporativo– el proceso de evaluación que evidencia sus inconsistencias y pende como amenaza para miles de maestros que han perdido o podrán perder el empleo. Pero también se han conjugado las luchas pasadas cuyas razones persisten, el malestar que recorre el país, el hartazgo y la determinación que empiezan a dar forma a una voz popular que, articulada por la lucha magisterial, va más allá de sus importantes reivindicaciones y perfila programa, organización y medios de lucha que repercutirán en el futuro próximo.

Este hecho plantea al magisterio un reto mayúsculo que implica a su fuerza y experiencia políticas. Hasta ahora han pesado la dinámica gremial y las demandas del ámbito laboral que el gobierno ha atropellado, pero la crisis evidente de la educación entretejida con la situación deplorable del país pone en otra tesitura a los maestros.

Esto quizás explica que el poder del Estado haya echado mano de su viejo arsenal, que combina la negociación con la amenaza y la represión brutal para intentar detener las protestas y sacar adelante su proyecto.

Lo desnudado por la lucha magisterial

En México se habla desde hace tiempo de cambios que supuestamente han permitido dejar atrás el régimen político de partido de Estado; incluso, algunos han llegado a la impostura de considerar que ha habido una transición democrática. Pero durante el movimiento de los maestros se han hecho evidentes no sólo la persitencia del régimen autoritario, que sigue luciendo sus lados más dañinos, sino las rearticulaciones del sistema de partidos de Estado que validó las reformas de Peña.

Por un lado, debe reconocerse que la tranquilidad o el cinismo con que el gobierno peñista enfrenta las atrocidades cometidas da cuenta de los asideros que le restan aún. Para muestra, señalemos la actitud de todos los gobernadores (formalmente de filiación política distinta) y, en particular, la complicidad con que ha actuado Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, prestándose el virtual jefe del perredismo a ser parte del atropello de las libertades políticas magisteriales.

Pero, por otro lado, es notable que se trata de un régimen carente de la legitimidad de tiempos pasados, bastante menos eficaz políticamente y que de forma cada vez más frecuente requiere hacer uso de las peores formas priistas contrarias a la convivencia democrática, como la difamación, la amenaza, la persecución, la imposición, el encarcelamiento y, por último, la violencia armada, que ha causado ya la pérdida de vidas.

Pero el magisterio no sólo ha tenido que enfrentar la fuerza gubernamental. En este conflicto hemos visto a un sector empresarial sumamente activo y beligerante, que muestra su tradicional torpeza política, pero también la avidez con que está dispuesto a defender los intereses que ve en juego con la reforma peñista.

Junto con el surgimiento del Partido Acción Nacional, las derechas clerical y empresarial desplegaron una persistente oposición a los principios laicos y sociales que antaño inspiraban la educación pública y, junto a esto, desplegaron un agresivo discurso contra los mentores, quienes escapaban en general a su influencia ideológica. A tal propósito respondieron las diversas agrupaciones de padres de familia creadas el siglo pasado. Hoy han renovado sus formas y se presentan con mayores pretensiones hegemónicas, pero el contenido es el mismo.

El proceso de privatización neoliberal tiene en realidad diversas expresiones, y una de ellas es el protagonismo del sector privado en áreas reservadas (aunque siempre disputadas) que forman lo público o, en el caso de México, también en el espacio de la lucha política abierta, que antes le era vedado. Claudio X. González hijo y sus huestes de Mexicanos Primero constituyen la parte más activa y agresiva de un empresariado que hace tiempo busca, particularmente en contubernio con Televisa, el negocio educativo, camino que ha venido abriendo a través de las distintas fundaciones donde participa y de las cuales ha sacado buen provecho.

Es el negocio de los servicios educativos, pero también una pretensión de predominio ideológico, como muestra la agresiva injerencia de los medios de comunicación. Con claro tinte clasista y hasta racista, la televisión en particular se ha empeñado en denigrar y difamar la figura del maestro. No sólo construye un discurso sobre las formas violentas que, según esos medios, caracterizan este movimiento, sino que busca apuntalar la intolerancia de la respuesta gubernamental. Partidarios del uso de la fuerza y la represión, estos dueños del dinero no miden las consecuencias, pues forman parte definitoria del deterioro del país.

El tercer frente que han tenido los maestros en lucha es el propiamente sindical. Es cierto que el charrismo golpeado del SNTE aparece tan dócil y servil ante la iniciativa gubernamental que resulta poco útil, pero en el ámbito interno es un instrumento que busca minar la dirección del movimiento, golpea a los maestros en cada lugar que puede, y se presta a cualquier maniobra para hacer fracasar el movimiento.

En medio de una tendencia mundial de reestructuración del trabajo, que con el desempleo estructural amenaza severamente sus condiciones, recorta derechos y tiende a desaparecer la seguridad social, los sindicatos han sido desprestigiados y denigrados como una manera de socavar la resistencia de los trabajadores. En México, además, el Estado se ha empeñado en combatir con todos los medios a los sectores independientes, como lo recuerda el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. De tal forma, los mentores saben que en este movimiento se juega también la subsistencia de los reductos democráticos logrados en el snte.

Éste es un tema complejo que no podemos abordar aquí en todas sus dimensiones. Pero debe señalarse que, en efecto, las formas sindicales en general se han deteriorado. En el magisterio las cosas no son diferentes. Por tanto, en la medida en que la estructura sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es su columna vertebral, el movimiento está ante la necesidad de sacudirse inercias y métodos de organización desgastados, que llegan incluso a atropellar la democracia interna. En particular, la misma acción masiva de los maestros y las definiciones que habrá de tomar el movimiento ponen sobre la mesa el requerimiento de formas y métodos colectivos de relación y organización de los mentores que construyan y respeten sólidas decisiones mayoritarias y constituyan así un blindaje para la fuerza adquirida.

El manto negro que quiere cubrir Nochixtlán

Los acontecimientos alrededor de lo ocurrido en la dramática jornada del 19 de junio en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, expresan dolorosamente el estado que guarda la situación política del país, donde la impunidad es signo distintivo.

El paisaje tras la batalla en el pueblo mixteco resulta desolador. Una mezcla de rabia y miedo se ha instalado entre sus casi 15 mil habitantes. Y es que pasan los días, las semanas, y lo ocurrido está aún en la absoluta penumbra. La primera versión oficial no tardó en caer; mostró un poder al que le cuesta, incluso, mentir bien. Los videos que de inmediato circularon en las redes sociales mostraron que los policías federales entraron en el pueblo disparando contra la gente. Los pobladores han contado desde ese día una y otra vez lo vivido, y en sus relatos no ocultan la rabia con que resistieron el ataque y lograron que el bloqueo carretero se mantuviera. Pero detallan también las formas delictivas con que actuó la autoridad y las inhumanas formas con que fueron tratados los heridos y los niños.

Hoy es impreciso aún el número de muertos y heridos. Unos han hablado de 8 decesos, otros de 9, algunos más de 11 y, en la ancestral incredulidad, la voz popular opina que seguramente fueron varios más. Lo mismo sucede con los heridos: la danza de declaraciones y el manejo absurdo de las cifras (¿acaso no hay diferencia entre 30 heridos o más de 100?) los han obligado, junto a los familiares de los asesinados, a denunciar en la plaza del emblemático Tlatelolco el daño sufrido. ¿Realmente es tan difícil precisar cuántas vidas se perdieron ese día y cuántas sufrieron daños? No, a menos que se quiera ocultar. Por ello, sin la menor vergüenza, las autoridades declaran que “no se puede dar un número concluyente de fallecidos y heridos”.2

El gobierno, a través de la Secretaría del Gobernación, ha vuelto a mostrar, igual que con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que las vidas segadas y los hechos brutales en que están involucrados sus fuerzas policiales no lo inmutan ni conmueven. La ceguera que provoca tal insensibilidad los ha llevado a cometer, adicionalmente, el atropello de ofrecer reparación del daño, cuando lo urgente radica en hacer justicia y castigar a los culpables. Resulta dificil no creer que tal torpeza es en realidad un fallido intento de cooptación.

Son oscuras las razones de que el poder decidiera enfrentar de tan inadmisible manera, tras haber roto el bloqueo de la carretera internacional que va a Oaxaca, a los pobladores de Nochixtlán. El pueblo había expresado su decidido apoyo a la lucha magisterial, pero se sabe que no es el único, sobre todo en la región mixteca. ¿Se buscaba dar un castigo ejemplar? ¿Les enfurecía especialmente que estuviera bloqueado el acceso a la refinería Dovalí? Otras versiones corrieron en los medios de comunicación; lanzaban la provocación de que había sido realmente un enfrentamiento auspiciado por algún grupo armado (algunos señalaron directamente al Ejército Popular Revolucionario); así, además de contribuir a la confusión y según la cobarde versión gubernamental, los agresores resultaban las víctimas.

Nochixtlán es un acontecimiento que permite entender la naturaleza del régimen político del país y su nivel de degradación. Mentiras, difamaciones, violencia, deshumanización extrema que prueba sin sutilezas que importan más los intereses materiales afectados que la pérdida de vidas humanas. En ese ambiente se rearticula el priismo actual, y –en complicidad– la clase política se reproduce en este régimen.

Pero Nochixtlán también revela el compromiso popular que se forja, la determinación y el valor con que pueblos enteros del país están dispuestos a enfrentar la violencia instalada por el entramado estatal y del crimen organizado, como expresa la lucha de las autodefensas y las policías comunitarias. Hay ahí una poderosa fuerza, cruzada aún por organizaciones muy disímbolas o marcada por la acción espontánea y esporádica, pero determinante.

Esto lleva de nueva cuenta a reflexionar sobre las formas que adquiere ahora la lucha política popular, donde los maestros han sido elementos decisivos gracias a su solidaria acción en todos los conflictos y agravios sufridos, particularmente en Oaxaca y Chiapas, por los desposeídos de la ciudad y el campo.

Desde hace tiempo se discute de forma superficial el tema de la radicalidad y su proceder en los movimientos y las protestas. En realidad, es un asunto tan viejo como la lucha política misma, pero no deja de sorprender la gran propagación de la idea (construida en los medios televisivos) de que la pugna de los maestros ha recurrido a métodos violentos inadmisibles. La respuesta del magisterio se ha centrado en que son falsas acusaciones, difamaciones y montajes provocados para despertar el repudio social a su movimiento y justificar la represión y los despidos. Incluso, intelectuales considerados progresistas y bien informados juzgan que, aun cuando tuvieran justeza las demandas, los profesores han cometido inaceptables excesos. ¿Es así? ¿Quién pone los límites? ¿Quién determina que un bloqueo carretero o un plantón es delito?

Vale la pena repensar el tema de las formas que adquiere la lucha social y política, pues las fuerzas políticas y los propios movimientos parecen estar presos de esas construcciones mediáticas que dan por válidas sólo ciertas formas y, en tono cada vez más elevado, desacreditan y condenan otras. Se trata de un tema delicado y clave en el éxito o el fracaso de su lucha.

Las herramientas de los maestros para exigir la derogación de la “reforma educativa” y defenderse de la agresión contra sus derechos han sido, por una parte, las que les ofrece estar organizados sindicalmente (el paro laboral y la movilización de sus agremiados, principalmente); y, por otra, las distintas conexiones e interacción del gremio con la sociedad en su conjunto.

Las multitudinarias marchas que desde décadas atrás han sido el principal medio utilizado por las protestas (recordemos las realizadas contra el fraude electoral, en reclamo por la asfixia en que se tiene al campo, para detener la violencia irracional y por la aparición de los normalistas de Ayotzinapa) han resultado, a los ojos de muchos, inútiles. El poder no escucha y, pese a eso, trata de limitarlas y desprestigiarlas.

El movimiento magisterial ha combinado diversas formas de acción, y eso le ha permitido poner al gobierno en la mesa de la negociación y abrir la posibilidad de debatir una verdadera y democrática reforma educativa. Las luchas necesarias buscan todos los medios que les permitan agrupar la mayor fuerza posible; por ello, en general son formas abiertas y democráticas. Pero cuando los agravios suben de tono (y Nochixtlán es el caso), resulta natural que la protesta también lo haga. Ese principio elemental parecen ignorarlo quienes hoy se asustan de la fuerza enérgica aflorada en el sur del país, pero no se revelan frente a la impunidad con que el gobierno ha actuado.

El movimiento pone esencialmente en juego su fuerza, pero el apoyo que logre en otros segmentos de la sociedad es fundamental en el resultado. Las alianzas y los reagrupamientos de diversas expresiones y organizaciones se vuelven por tanto indispensables para alcanzar los objetivos. En el caso de la lucha magisterial se ha desplegado un importante abanico político que la apoya, pero que carece aún de articulación y medios para impulsar sus acciones que permitan fortalecer el proceso, lo cual hace pensar que el movimiento no se ha desplegado aún en toda su potencia.

Por lo pronto, es claro que la reforma educativa requerida será posible sólo si se impide que los valores e intereses mercantiles se instalen como generales en el sistema público de educación. Y ésta supone una batalla que habrá de librar el conjunto de la sociedad mexicana.

Estamos por tanto ante un acontecimiento de la mayor relevancia, donde puede ponerse en juego la lucha por una nueva hegemonía que involucre el cambio en todo el entramado social. En México se avecinan batallas de gran envergadura, en la medida en que las pequeñas o locales se multiplican cada día. Nadie puede saber si la lucha magisterial abrirá el torrente de la acción popular en todo el país, pero sin duda está dando un aporte sustancial.


1 Raymond Williams. “Base and superestructure in marxist cultural theory”, en Roger Dale. Schooling and capitalism: a sociological reader, Londres: Routledge & Kegan Paul, 1976, página 205.

2 La Jornada, 1 de julio de 2016.

Fuente: http://revistamemoria.mx/?p=1196

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