Mutilación Genital Femenina

África/Kenia/27 Agosto 2020/elpais.com

La mutilación genital femenina, los embarazos y los matrimonios infantiles han aumentado de manera alarmante durante la pandemia y no se están aplicando políticas eficaces de protección

“He estado recibiendo cada día llamadas de socorro de las comunidades diciendo ‘muchas niñas están siendo cortadas (mutiladas), por favor haz algo, por favor haz algo, contacta con las autoridades, por favor, rescátalas’”, explica Chesang Domtila en una conversación telefónica que se corta cada dos minutos. Es activista por los derechos de las niñas, fundadora de la organización I_Rep Foundation, y vive en el condado de West Pokot, fronterizo con Uganda, uno de los más golpeados por la mutilación genital femenina (MGF) durante la pandemia.

La MGF es la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por motivos no médicos. Hay cuatro tipos diferentes de mutilación según el grado de agresividad y se suele practicar entre la infancia y la adolescencia. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Kenia hay un 21% de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido algún tipo de MGF, cifra que se sitúa por debajo de otros países como Somalia (98%), Guinea (97%) o Yibuti (93%), pero que sigue siendo alarmante ya que se trata de una práctica ilegal en el país desde 2011.

Domtila asegura que los casos de mutilación en West Pokot habían bajado mucho, pero durante la pandemia se han disparado y se ha dejado atrás el secretismo para hacerlo en público mediante ceremonias. “Los padres se imaginan que pueden esconderse detrás de la covid-19 para cortar a las niñas y salir impunes; se piensan que el gobierno está demasiado ocupado como para arrestarles”, comenta la activista. La topografía de la zona hace difícil el acceso a muchos de los pueblos pero se ha conseguido arrestar a algunas de las personas responsables gracias a la movilización de líderes locales como Domtila.

A menudo, los rituales de ablación se hacen durante las vacaciones escolares para no llamar la atención y para que las niñas tengan tiempo de curarse. Hay diferentes tradiciones y creencias que envuelven esta práctica y su grado de incidencia varía según el grupo étnico —los somalis tienen un 94% de incidencia, por ejemplo, mientras que los luo tan solo un 0,2%—. Suele ser una práctica más prevalente en las áreas rurales que las urbanas (un 25,9% ante un 13,8%) y entre las comunidades con menor escolarización (un 58,2% ante un 8,6%). Supone un ritual del paso de niña a mujer, aumenta las posibilidades de contraer matrimonio y lleva asociadas una lista de connotaciones culturales de pertenencia a la comunidad que en caso de rechazarlas, acarrea exclusión y estigma.

“Había programas en las escuelas que protegían a las niñas pero ahora estas están cerradas y la comunidad no tiene otra alternativa que celebrar el rito de paso. Las mutilan y así están listas para casarse en dos o tres años”, comenta Domtila, que estima que los casos de ablación femenina en West Pokot han subido a 800 entre marzo y junio. En situaciones de crisis como la actual, el matrimonio es visto como una transacción económica que puede ayudar a la familia de la mujer a mejorar su situación económica gracias a la dote.

En cada comunidad las afectaciones y las medidas están siendo distintas y, de hecho, debido a la limitación de la movilidad por la pandemia y la dificultad de acceder a zonas remotas, no se dispone del número real de chicas afectadas por este o cualquier tipo de violencia. “El impacto actual de la covid-19 se verá realmente cuando las escuelas reabran (en 2021) y todo vuelva a la normalidad; es entonces cuando veremos cuantas niñas regresan al colegio”, dice Tony Mwebia, activista por la igualdad de género y fundador de la organización Men End FGM, centrada en educar a los niños y hombres en torno a la mutilación genital femenina y al matrimonio infantil. Asimismo, cuando se tiene constancia de un caso sigue siendo muy difícil llegar a una condena, ya que depende de la evidencia presentada en el juicio “y eso lo complica porque se supone que las niñas que han sido circuncidadas tienen que testificar y a veces se sienten amenazadas porque quien se lo ha hecho son vecinas o miembros de su propia familia”, añade Mwebia.

Convivencia forzosa con familiares abusadores

Son varios los esfuerzos de la Administración y la sociedad civil para acabar con la incidencia de cualquier violencia contra niñas y mujeres, pero faltan recursos y una mejor organización. “Las estrategias deben ser dirigidas; qué hacer en qué comunidades, ya que no todas tienen las mismas necesidades», explica Eva Komba, investigadora y especialista en género.

“Necesitamos conocer cada casa donde haya niñas entre cuatro y 18 años y ponerlo en una base de datos, de manera que si vas a esa comunidad podrás implementar respuestas específicas”, comenta Komba, que añade que la violencia contra las mujeres forma parte de todo un espectro que debe ser modificado, incluyendo el cambio climático, la seguridad alimentaria, la mejora de la cobertura sanitaria, la escolarización de las niñas, etcétera.

En los últimos meses, Kenia se ha enfrentado no solo a un incremento de la ablación sino también a una subida preocupante de los embarazos adolescentes. En el condado de Machakos, bordeando Nairobi, se registraron 4.000 embarazos  de niñas menores de 19 años tan sólo de enero a abril. Los casos se concentraron sobretodo a partir de marzo cuando los colegios cerraron por el coronavirus, y se especula que puede haber más.

La convivencia forzosa con familiares abusadores ha sido una de las causas, pero también el intercambio de sexo sin protección con hombres mayores por productos de higiene menstrual que antes ofrecía el colegio y ahora son de difícil adquisición para las chicas sin recursos. La menstruación no desaparece ante una pandemia, las ayudas sí.

Recientemente en el condado de Kajiado, el gobierno local junto con organizaciones comunitarias lanzaron una campaña de sensibilización para dar respuesta a este problema. La iniciativa lleva el nombre de “Funga Miguu”, que se traduce en un “Cerrar las piernas”. Y va dirigida exclusivamente a mujeres, hecho que ha generado críticas, ya que, de nuevo, se está responsabilizando a las víctimas del abuso sufrido.

“Involucrar a los hombres en esta lucha es vital”, comenta Tony Mwebia. “Necesitamos transformar la masculinidad de los chicos jóvenes para que puedan entender que las mujeres son seres humanos iguales y que tienen sus derechos y debemos respetarlos y cuidarlos”. Esta es su tarea en la organización Men End FGM, que en situación de normalidad imparte talleres presenciales a grupos de chicos y hombres de todo el país sobre su papel en la desigualdad y la violencia contra las mujeres, y genera un espacio de debate y reflexión.

Iniciativas en red  o puerta a puerta

Las comunidades hace años que trabajan conjuntamente para combatir estas prácticas que amenazan los derechos de las niñas y las mujeres, pero durante la pandemia han visto como su radio de acción ha quedado gravemente afectado y han tenido que extremar sus lazos y buscar alternativas para seguir protegiendo este colectivo.

En algunas localidades rurales los jefes comunitarios van puerta por puerta para controlar que no se circuncide ni se case a ninguna niña, y también se han lanzado campañas de sensibilización por radio, uno de los canales más accesibles para la sociedad. No obstante, hay demandas para una actuación policial más eficaz, ya que parece que todos los esfuerzos van dirigidos únicamente a hacer cumplir las restricciones impuestas por la covid-19.

Las personas que tienen Internet y smartphones disponen de más recursos para hacer frente a estas prácticas durante la pandemia. No sólo es más fácil mantener un contacto directo con líderes locales y centros de rescate sino que también facilita el acceso a aplicaciones como i-Cut, creada en 2017 por un grupo de adolescentes, que permite acceder a ayuda medica y legal antes o después de sufrir la mutilación genital femenina. El principal problema es que aún hay muchas zonas rurales que no tienen acceso a Internet, por lo que cuesta hacer un rastreo o seguimiento de las menores más vulnerables.

Este es uno de los obstáculos con los que se ha encontrado la activista Selina Nkoile desde que empezó la pandemia. Gestiona un internado para niñas llamado Naning’oi en la ciudad masai de Mosiro (Kajiado), el mismo al que ella acudió siendo pequeña y que la salvó de un matrimonio ya pactado. La institución tuvo que cerrar en marzo y Nkoile ha enviado a casa de su madre a las niñas más vulnerables que no podían volver con sus familias y ha intentado mantener contacto telefónico con el resto. Asimismo, trata de tejer una red de colaboración con los líderes locales y las autoridades, pero es un trabajo duro y lento para una sola persona y reconoce estar preocupada porque “las niñas saben que Naning’oi es un sitio seguro donde pueden acudir en caso de violencia o si las van a casar, pero (…) ahora no hay ningún sitio donde puedan escapar si hay un problema, están encerradas en casa con los mismos padres abusivos”.

Para coordinar esfuerzos entre activistas, Tony Mwebia ha creado un ciclo de conversaciones en línea llamado “End FGM Live” en el que participan activistas de todo el país y ponen en común los problemas y las estrategias de sus comunidades. Las llamadas se comparten en directo a través de las redes sociales. «Y de esta forma amplificamos sus voces e intentamos responsabilizar al Gobierno”, explica.

Acabar con la ablación en 2022

Kenia había fijado el año 2022 para la eliminación total de la MGF, y el 2030 para la de todas las formas de violencia de género, pero parece que las actuaciones no están yendo por ese camino, siendo el coronavirus un importante obstáculo. Se realiza mucho trabajo por parte de la sociedad civil pero se necesita más compromiso y apoyo gubernamental para amplificar su incidencia. “No hemos visto los sistemas ni los recursos ni la movilización para asegurar que este objetivo se consiga”, comenta Mwebia.

Se trata de un proceso complejo que requiere la unión de fuerzas de todos los sectores de la sociedad para conseguir una infraestructura externa eficiente que responda a un cambio de mentalidad de la comunidad. La activista Masai Selina Nkoile no duda en su valoración: “En vez de aplicar normas duras desde arriba, introduzcamos medidas en la comunidad para que un padre no llegue ni a plantearse la idea de cortar a su hija”.

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