Chiapas, violencia incesante

Por: Luis Hernández Navarro

Pánico y zozobra. En esas palabras se resume lo que miles de habitantes de San Cristóbal de las Casas vivieron durante horas el pasado 12 de junio, cuando decenas de civiles armados, encapuchados y con chalecos antibalas, dispararon con fusiles Kalashnikov y AR-15, bloquearon con camiones de doble remolque avenidas y calles y pintaron muros, disputando el control del Mercado Norte de la ciudad. Buscaban remover a su eterno administrador, Domingo Pishol, personero de Hugo Pérez, autoproclamado alcalde de Oxchuc.

Con el sonido de las primeras ráfagas, la gente tuvo que guarecerse o tirarse al piso en almacenes, centros escolares, clínicas y negocios, temerosos de que algún proyectil los alcanzara. Los disparos son cosa frecuente en esa parte de la ciudad pero en esta ocasión tuvieron una intensidad inusitada.

La existencia de grupos delincuenciales en Chiapas no es novedosa. Comenzó a crecer a partir de la gubernatura de Juan Sabines (2006-12). Pero en los últimos años, en amplias zonas de la entidad se han intensificado su presencia y sus pleitos por territorios, rutas y mercados. Guatemala es una inmensa bodega al servicio de la industria criminal. Desde allí salen, a través de la porosa frontera chiapaneca, rumbo a Estados Unidos y diversas regiones de México, drogas, armas, piratería, seres humanos, vehículos robados. Controlar la frontera y los caminos es fundamental para trasladar las mercancías. El corredor Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez ha adquirido gran importancia en el trasiego de drogas.

Un par de ejemplos, entre muchos. En julio de 2021, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora en vertiginosa expansión en la entidad, ejecutó en Tuxtla Gutiérrez, a El Junior, hijo del líder del cártel de Sinaloa en Chiapas. La vertiginosa expansión del cártel de Chamula, evidenciada por los permanentes accidentes de vehículos cargados con migrantes centroamericanos y la difusión de sus narcocorridos.

San Cristóbal no es ajena a esta guerra. Al igual que otros puntos turísticos, como Cancún o Acapulco, es un enclave deseado por el crimen organizado. En esa ciudad, impunemente, por lo menos cinco grupos conocidos (hay quien señala que son ocho) como motonetos o motopandilleros, ligados al narcomenudeo, cobran derecho de piso, roban, asesinan y realizan disparos de armas de fuego al aire, sembrando terror e incertidumbre (https://bit.ly/3OaDMs0). Surgieron como grupo de choque durante la administración de Marco Antonio Cancino González (2015-18), del PVEM. Su hermano Sergio Natarén los controlaba. La batalla por el control del Mercado Norte del pasado 12 de junio forma parte de esta trama en la entidad y en la urbe coleta.

Figura clave en este pleito es Martín Pale Santiz, alias El Gemelo, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), con estrechas relaciones con el gobierno estatal, un tiempo detenido por extorsión y luego liberado. Sus gentes son capaces de estrangular San Cristóbal, bloqueando los accesos carreteros, mientras se enfrentan a otros grupos con armas de fuego y palos. También, de desalojar y golpear a familias de Santa Catarina, integradas al Frente Campesino Popular de Chiapas, para despojarlas de cinco hectáreas (https://bit.ly/3n3Fmjm). Con el apoyo de Gerónimo Ruiz Sántiz, el Moshán, cobran unos 800 mil pesos semanales a unos mil 200 vendedores ambulantes (a los que controlan) de la Plaza de la Paz, Andadores, Santo Domingo y Centro Histórico.

En el operativo, fue asesinada una persona: Xalik. Se informó que había sido alcanzada por una bala perdida. Defensoras civiles de San Cristóbal señalan que el difunto era un joven tsotsil que abiertamente se oponía al reclutamiento de niños para formar grupos armados en Chamula. Este hombre era muy joven y se había separado de su clan linaje, haciendo distancia de esas dinámicas que ahora impregnan a muchas familias chamulas. Pero no solo eso. Se dedicaba justamente a organizar a los niños de la calle y especialmente a los que andan en el mercado de esa zona. Una muerte muy conveniente para algunos.

La toma parcial de la ciudad es tan sólo un incidente más en una interminable cadena de violencias que sacuden el estado. El pasado 8 de junio, a 30 kilómetros de San Cristóbal, el alcalde de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, fue asesinado en una camioneta afuera de su domicilio.

La lista de agresiones es interminable. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) sólo durante marzo de este año, se registraron 437 ataques con armas de fuego de los narcoparamilitares de Santa Martha, Chenalhó, contra la comunidad de Aldama (https://bit.ly/3n0TVEt).

De la misma manera, se han intensificado las arremetidas contra familias bases de apoyo zapatistas en la comunidad autónoma de Nuevo San Gregorio, que ponen en riesgo su vida, seguridad e integridad (https://bit.ly/39FbA1s).

En este contexto, la diócesis de San Cristóbal de las Casas y otros organismos hicieron un pronunciamiento conjunto ante el imparable aumento de violencia en Chiapas, en el que expresan su preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio.

Manifiestan también su preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas, principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio.

Denuncian que, el pasado 29 de mayo, fueron privados arbitrariamente de su libertad, Manuel Santiz Cruz, indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, municipio de San Juan Cancuc, junto con otras cuatro personas (https://bit.ly/39D6G53).

Miedo e incertidumbre. En Chiapas, la violencia, lejos de cesar, crece y se intensifica. Que nadie se llame a sorpresa cuando suceda lo que va a suceder.

Twitter: @lhan55

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2022/06/21/opinion/018a1pol

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México: Atrapada entre el narco y la burocracia. La lucha de una maestra michoacana para huir del Cártel Jalisco

Martha y Érick son ahora refugiados en su propio país. Son víctimas de un desplazamiento interno forzado; un fenómeno que en los últimos 13 años ha afectado a 364 mil 845 personas que también abandonaron sus hogares por la violencia en México.

Por: Redacción Animal Político
Sábado, 10 de agosto de 2019. Tres de la tarde en Uruapan, Michoacán. Una camioneta negra transitaba despacio por las calles de la colonia y se estacionó frente a la puerta de una pequeña panadería artesanal.

En la suburban viajaban cinco hombres. Dos bajaron.

Érick, panadero de 31 años, los observó entrar en su negocio. Llevaban pasamontañas cubriéndoles el rostro, chalecos antibalas, y fusiles de asalto.

“Tranquilo, son militares”, trató de convencerse, aunque pronto se dio cuenta de un detalle que le hizo tragar saliva: los soldados no llevan tenis.

-Somos los de las cuatro letras -se presentaron los sicarios-

Algo más de un año y medio después, en una entrevista para este reportaje en la que narra con detalle la escena, a Érick aún le tiembla la voz al describir lo que sintió cuando escuchó lo de las ‘cuatro letras’: ante su mostrador tenía al Cártel Jalisco Nueva Generación (C.J.N.G.), el mismo que un par de días antes colgó a 19 personas en un puente del bulevar industrial.

-Dinos a quién le pagas piso -dice Érick que le ordenaron los pistoleros-.

Con la voz quebrada y la boca seca, el panadero balbuceó que no entendía. Que en los cinco años que llevaban en la ciudad él y su esposa Martha, una maestra de educación especial de 28 años, nunca habían tenido problemas con nadie.

-Mira güey, no te hagas pendejo -lo amenazaron-. ¿Le pagas a Los Viagra? ¿A Los Antrax? Mejor dinos. Ya ves que luego aparecen colgados en los puentes…

Érick insistió en que no le pagaba a nadie.

-Pues mira, a partir de ahora el pedo va a estar así: nos van a dar todas las semanas cinco mil pesos. Y si nos damos cuenta de que le das a alguien más se los va a cargar la chingada. ¿Te queda claro?

-Oigan, pero eso es mucho dinero -trató de protestar el panadero-. Somos un negocio muy chiquito. No tenemos…

-Eso es lo que nos vas a dar -lo cortó de tajo uno de los sicarios-. Sabemos que venden un chingo, no se hagan. ¿O quieres que sea más lana?

A continuación, los delincuentes le ordenaron que vaciara la caja. Agarraron el dinero y le informaron que pronto pasaría gente del cártel a marcar la fachada del negocio para que nadie más les exigiera la cuota. Luego, le pidieron el número de su celular y el de su esposa, y antes de salir le hicieron una pregunta insólita.

-¿Por cuánto nos saldría un pastel para 300 personas?

Estupefacto, Érick dijo que nada.

-No’mbre, cómo creen. Yo se los…

-No cabrón -volvió a interrumpirlo el sicario, ofendido-. Nosotros no venimos a pedirles nada regalado. Queremos que trabajen. Por eso vamos a protegerlos.

La huída

Martha cuenta en entrevista que aquel día estaba escondida junto a sus dos hijos, un niño y una niña, al otro lado de la puerta que da acceso a la panadería. Cuando al fin los tipos se marcharon, salió y preguntó qué sucedía. Érick se lo explicó: el cártel les exigía cinco mil pesos todas las semanas para comprar armas y municiones con las que “limpiarían la ciudad de viagras y de antrax”; dos de las muchas bandas rivales del crimen organizado.

A Érick las amenazas lo dejaron con el cuerpo cortado. Pero tenía que cumplir con sus proveedores. Se subió a la motoneta y comenzó a repartir el pan. Pero ni a los diez minutos, Martha lo vio regresar con la cara igual de desencajada.

-No mames, me volvieron a llamar. Me están pidiendo más dinero. Ahora quieren 30 mil pesos, o si no se llevan a los niños hasta que les paguemos. ¡Tenemos que irnos de aquí ya! -gritó desesperado-.

Martha lo escuchaba, pero estaba en shock: aún no le caía el veinte de que su vida ya había cambiado para siempre.

-¿Irnos? ¿A dónde? -preguntó extrañada-. No podemos irnos. ¡Tengo la lavadora puesta! ¡Y tengo que dar clases el lunes!

Érick le mostró el celular, que tenía en silencio. En el altavoz, los sicarios lo amenazaban para que no cortara la llamada mientras iban de vuelta al domicilio.

-Órale, pues que vengan -gritó Martha-. Que vengan y que vean que no tenemos más. Que vean que no somos gente rica.

Érick trató de hacerla entrar en razón.

-Los narcos no son gente con la que puedes negociar, ni dialogar -le dijo-. Al menos salte de la casa con los niños, busca refugio con los vecinos.

Pero Martha se negó a dejarlo solo por temor a que se lo llevaran secuestrado.

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-¡Entonces vámonos! -bramó de nuevo Érick-.

Entre tropiezos, el matrimonio corrió a la habitación de los niños, que lloraban: “¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¡Esto no son vacaciones!”, decían entre gritos al ver que sus padres metían sin mirar su ropa en una bolsa y no en las maletas de los viajes a la playa. Luego, cerraron la panadería y todos salieron de la casa sin pasaportes, credenciales, nada. Subieron al carro, una Crossfox del 2013, y huyeron con lo puesto.

En el teléfono, los sicarios seguían en altavoz. Le preguntaban a Érick desorientados por algún punto de referencia para encontrar de nuevo el domicilio. “Se ven muy torpes, no son de Uruapan”, pensó Martha, mientras su marido buscaba rutas alternas para no topárselos de frente.

-¿Ya nos tienes el dinero? -insistían-. ¿Cuánto nos vas a juntar?

Pero la Crossfox ya iba llegando al pueblo vecino, a Taretan. Sobreexcitado por la adrenalina, Érick pensó saltarse la barrera en la caseta de cobro, pero una patrulla de policía lo disuadió. Abonó el peaje y a los pocos kilómetros apagó el teléfono. Ya en Taretan el matrimonio respiró aliviado: ahí manda otro cártel rival. Los de Jalisco no se atreverían a seguirlos hasta territorio enemigo.

Al fin, llegaron en mitad de la noche a la casa de unos familiares a pedir refugio. Érick prendió el celular. Una llamada con número oculto entró de inmediato.

-¡No respondas! -le pidió Martha-.

Érick obedeció. Pero a los minutos le llegó un mensaje con la sentencia.

“Se pelaron hijos de su puta madre. Si vuelven a pisar Uruapan los matamos”.

Tierra Caliente: tierra de desplazados

Martha y Érick son ahora refugiados en su propio país. Son víctimas de un desplazamiento interno forzado; un fenómeno que en los últimos 13 años ha afectado a 364 mil 845 personas que también abandonaron sus hogares por la violencia en México, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Pablo Cabada, investigador de la CMDPDH, explica en entrevista que el caso de este matrimonio en Michoacán no es, ni mucho menos, aislado: hasta 12 mil 908 personas huyeron de la violencia entre 2016 y 2020, siendo esta entidad uno de los focos rojos de desplazamientos forzados en el país, junto a Guerrero.

Dentro de Michoacán, la región de Tierra Caliente es la zona más expulsora, “sobre todo Aguililla, Parácuaro, Buenavista y Tepalcatepec”, plantea Cabada. Precisamente, en Aguililla decenas de familias completas aprovecharon la reciente visita el pasado 23 de abril del nuncio del Vaticano, Franco Coppola, para salir huyendo del omnipresente cártel de Jalisco Nueva Generación.

Mientras que Uruapan, en los límites de Tierra Caliente, si bien no está entre los focos rojos de éxodos masivos, como Aguililla, la zona se ha vuelto altamente inestables en los últimos años, especialmente desde que en 2019 el cártel de Jalisco entró a la ciudad e inició una fuerte disputa con otros grupos como La Familia y con células del cártel de Sinaloa, como Los Antrax.

Esta disputa ya se ha visto reflejada sobre el papel: en 2020, los homicidios en Uruapan aumentaron 255% en comparación con 2015. Y si la comparación es con 2019, el boom es todavía mayor: 313% al alza.

Estos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cambio, no reflejan otro problema que raramente se denuncia por miedo: las extorsiones. En los últimos cinco años tan solo se han registrado 15 denuncias en Uruapan por este delito (en 2019, el año de entrada del cártel no se registró ni una). Sin embargo, Martha y Érick aseguran que es raro el empresario o comerciante, por pequeño que sea, al que no le hayan exigido la “cuota” a cambio de supuesta protección.

“Dentistas, médicos particulares, dueños de tortillerías, pollerías… Hasta al señor que vendía tamales en la esquina le piden la cuota”, dice Martha, que, a pesar de este contexto de violencia y de desplazamiento, y a pesar de la amenaza de muerte del cártel, tuvo que regresar a Uruapan.

Allí permaneció otro año, escondida en un cuarto, aterrada, y sin poder ejercer con seguridad la profesión que ama. Y todo, denuncia, porque la burocracia de autoridades y sindicatos no le permitieron cambiar su lugar de trabajo.

“No entienden que al narco no le importa la burocracia”

Después de permanecer un año dando clases en Uruapan, Martha cuenta que un día tomó la decisión de que aquello no era vida: “Me iba a trabajar y estaba todo el rato con el teléfono. Me marcaba mi esposo y me decía: ¿ya llegaste a la escuela? ¿Ya saliste? ¿Te persiguió alguien? Era una histeria constante. Escondida en un cuartito y viendo a qué horas se cobraban su venganza”.

Sentada junto a su pareja en el dormitorio de su nuevo hogar donde se desarrolla la entrevista para este reportaje vía Zoom, Martha explica que acudió ante las autoridades de la SEP en Michoacán para pedirles ayuda con el cambio de plaza al municipio donde acudió a refugiarse.

Pero asegura que el director de su escuela, primero, le negó el apoyo para solicitar el cambio argumentando que no tenía más personal cualificado en educación especial con el que sustituirla, mientras que la subdirección de Educación Especial del estado le pidió pruebas de su historia.

“Fui con la subdirectora y le conté que no me quería cambiar por gusto, sino porque mi vida y la de mi familia corre peligro en Uruapan. Pero su respuesta fue que no, porque muchos maestros le hacen así para cambiarse de lugar”.

Martha fue entonces el 28 de agosto con su padre a la Fiscalía del Estado, en Morelia, a levantar una denuncia por las amenazas del crimen organizado. Quería mostrarle a la SEP que su caso no era un cuento, ni un berrinche para cambiarse de lugar. Pero asegura que una vez allí le recomendaron que mejor no le moviera más al asunto. Que ya no regresara a Uruapan.

Atemorizada, la maestra decidió no denunciar. Pero sí hizo ante el Ministerio Público una relatoría de hechos en un documento oficial del que este medio guarda copia. También le pidió ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de otro oficio, al que este medio también tuvo acceso. Incluso, fue a pedir ayuda al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero ahí explica que también le cerraron las puertas.

“La Coordinadora me llegó a decir que me estaba brincando derechos de otros maestros y que, si me daban el cambio, ellos lo iban a impugnar”, dice enojada.

Finalmente, tras abandonar Uruapan, Martha encontró trabajo en otra escuela de una comunidad rural, a una hora de trayecto de su nueva ubicación. Ahí atiende a niños y niñas que viven en contextos de pobreza extrema; menores cuyas familias no tienen dinero para atender una dislexia, ni terapias del lenguaje, y donde la deserción escolar, especialmente en pandemia, “está dejando un terreno todavía más fértil para que los niños acaben en el narco”.

Pero, de nuevo, las puertas se le están cerrando. El pasado mes de abril, la Secretaría de Educación de Michoacán le hizo llegar un oficio, del que se guarda copia, en el que se expone que, tras realizarse una auditoría para detectar ‘aviadores’ en el estado, comprobaron que está laborando en un centro de trabajo distinto al que se le asignó y donde cobra (Uruapan). Por lo que se le insta a que presente la documentación que justifique ese cambio de lugar de trabajo.

“Me dicen que si no entrego la orden de adscripción a mi nuevo centro de trabajo me van a suspender el sueldo”, plantea Martha, que explica que esa orden de adscripción se la ha pedido en múltiples ocasiones a la Subdirección de Educación Especial, en Morelia. Pero hasta ahora, la respuesta “ha sido negativa tras negativa”, con el argumento de que la zona donde trabaja actualmente tiene una clave económica distinta y un sueldo superior al que percibía en Uruapan: de 5 mil pesos quincenales, ahora cobra 6 mil 500.

Martha dice que se ha desvelado noches enteras buscando en las leyes y en los manuales del USICAMM (Unidad del Sistema Para la Carrera de las Maestras y los Maestros). Pero en ninguna parte, asegura, ha encontrado que no se pueda cambiar de lugar a un maestro porque sea una zona económica distinta.

“Les dije que renunciaba a la diferencia de salario para que me dejaran trabajar. Pero no entienden -dice ahora frustrada-. No entienden que los narcos no les importa la burocracia, ni el papeleo. Y que tienes que huir si no quieres que te quiten la vida. De hecho, a mí ya me la quitaron -lamenta-. Porque ahora ya no puedo caminar por la calle sin mirar en cada esquina si alguien me persigue”.

La respuesta de la Secretaría de Educación de Michoacán

Animal Político buscó a la Secretaría de Educación de Michoacán para plantearle este caso. En una entrevista, el secretario de educación estatal, Héctor Ayala, destacó en primer lugar que es obligación de la dependencia que dirige resguardar la integridad física de los trabajadores de la educación, y que, de hecho, en los dos últimos ciclos escolares ya reubicaron a 12 maestros y maestras “por causas de fuerza mayor”, entre estas amenazas del crimen organizado.

Cuestionado acerca de cuáles son los requisitos que debería cumplir la maestra para que le concedan el cambio de lugar de trabajo, el secretario señaló que el requisito principal es contar con una denuncia formal ante alguna Fiscalía.

“El único documento importante es que tenga una denuncia formal -recalcó-. Porque hay que decirlo también: muchas veces la gente se aprovecha. Es decir, los trabajadores argumentan alguna situación de carácter de seguridad para tratar de reubicarse en lugares donde radica su familia. Por eso se pide una denuncia. Y por eso también se les dan facilidades para que la presenten en fiscalías alejadas al lugar donde sucedió el problema. Una vez que tenga la denuncia, nosotros nos encargamos de darle la atención y el acompañamiento legal a la maestra. Ella no debe de estar en Uruapan, nos queda claro”.

-¿Y si no tiene una denuncia como tal, pero sí una constancia de hechos ante el Ministerio Público, como es el caso de esta maestra? -se le preguntó-.

-Con esa constancia de hechos sería suficiente para que nosotros resguardemos a la maestra. Ya con ese documento nos movemos para darle una ubicación en el lugar (donde está refugiada), y formalizarla en un grupo de trabajo -se comprometió el secretario, que también hizo hincapié en que “no hay ninguna manera en que le corten el salario a la maestra” por estar trabajando en un lugar distinto al que le fue asignado, aunque sí debe formalizarse esa situación.

En cuanto a la negativa que la maestra ha recibido de manera reiterada a cambiarle su plaza, porque el municipio al que huyó pertenece a una zona económica superior, el secretario dijo que, en efecto, eso es un “impedimento” debido a que cada trabajador tiene una clave presupuestal asignada.

“Pero en ningún caso un tema de carácter administrativo puede poner en peligro la vida de nadie. Nosotros, como autoridad educativa, debemos buscar las alternativas que se adecúen a las necesidades de esta maestra”, volvió a comprometerse el secretario Héctor Ayala.

Atrapada entre el narco y la burocracia: la lucha de una maestra michoacana para huir del Cártel Jalisco

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Las 100 últimas tribus felices del mundo

Redacción: El País

En el planeta quedan más de un centenar de comunidades indígenas sin contactar, repartidas en la Amazonia, Papúa Nueva Guinea e India. Su supervivencia depende de que sigan aisladas

Los sentineleses, la tribu que habita desde hace milenios la isla de Sentinel del Norte, en el archipiélago indio de Andamán y Nicobar, se convirtieron hace un mes en protagonistas de las primeras páginas de los periódicos internacionales después de que algunos de sus miembros presuntamente asesinaran a John Allen Chau, de 26 años. El misionero estadounidense pretendía acceder al pequeño territorio protegido con la intención de evangelizar a sus habitantes, uno de los pueblos en aislamiento voluntario que existen en el mundo. Como los sentineleses, se calcula que en el planeta hay al menos cien comunidades indígenas que viven sin contacto alguno con otras civilizaciones.

Corría julio de 2014 cuando, muy lejos de India, en la frontera entre Perú y el Estado brasileño de Acre, tres hombres desnudos, con un corte de pelo estilo casco y las caras pintadas, se dejaban ver en la orilla de un río y trataban de comunicarse en un idioma que nadie comprendía. Los gestos, en cambio, eran familiares. Uno de ellos, por ejemplo, se ponía la mano en el estómago, dando a entender que tenía hambre. Al avistar a un individuo con una escopeta, advirtieron mediante unas palabras a la postre traducidas: “Si nos maltratáis, os vamos a lanzar un hechizo”.

Ese momento, grabado en vídeo, fue la primera aparición conocida de un grupo de indígenas de la etnia sapanahua, que hasta entonces había decidido vivir aislada en plena selva amazónica. Sus integrantes querían evitar cualquier contacto con el resto del mundo hasta que, al ser atacados por unos sujetos armados en la parte peruana, se vieron forzados a abandonar sus aldeas.

Un documental de Survival International muestra imágenes inéditas de un pueblo indígena aislado del estado brasileño de Acre, cerca de la frontera con Perú.

No sería el primer grupo que huía debido a amenazas a ambos lados de la frontera. Ni el último. En enero de 2015, tres miembros de la etnia awá-guajá que vivían aislados y dentro de una tierra indígena del Estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, hicieron lo mismo, siempre al haber sido contactados tras sufrir un ataque.

Así, varios de estos pueblos están emergiendo de la selva amazónica debido al avance de la tala ilegal y la invasión de sus selvas, que los fuerzan a huir de sus hogares y establecer contacto con el resto de la sociedad.

La Amazonia brasileña es el área con mayor cantidad de comunidades indígenas aisladas del mundo, según la ONG Survival International. La Fundación Nacional del Indio (Funai), organismo del Gobierno brasileño encargado de proteger a los más de 800.000 indígenas que viven en el país, asegura que hay al menos 107 registros de la presencia de estos grupos, cerca de 30 de ellos están controlados —en la lejanía— por parte de la entidad. Los expertos advierten, no obstante, de que hay que manejar con cuidado los datos porque no se basan en pruebas fehacientes debido a que el aislamiento de estas comunidades hace imposible llevar a cabo un recuento fiable.

“Se necesita investigar más: hace 10 años se decía que en Brasil solo había 10 o 15 grupos y esa cifra ha aumentado mucho, debe haber más [comunidades] de lo que se dice”, vaticina Fiona Watson, experta de Survival International y gran conocedora de tribus no contactadas.

¿De qué manera se confirma la existencia de pueblos indígenas no contactados? Para empezar, hay que definirlos. “Son grupos que no tienen contacto formal voluntario con la sociedad nacional. Saben que existe el mundo exterior y que tienen vecinos”, explica Watson. Brasil no es el único país que cuenta con presencia de estas comunidades.

Perú se encuentra en segundo lugar con entre 15 y 20 pueblos aislados. Watson también destaca casos como el de Paraguay, donde parte del pueblo ayoreo y otros clanes viven fuera del bosque tropical de la Amazonia, en la región de El Chaco. “Es un entorno muy distinto, pero están”, confirma la experta. En Bolivia, Ecuador y Colombia existen grupos más pequeños, y en la parte oeste de Papúa Nueva Guinea (Oceanía) se sabe de la existencia de varios pueblos, aunque no se ha logrado establecer el número ni los lugares exactos donde habitan.

 

Abusos del exterior

“Es muy peligroso penetrar en su territorio desde que Indonesia [país fronterizo] invadiera aquella zona. Tenemos una persona que fue allí [zonas no contactadas en Papúa Nueva Guinea], pero es muy difícil entrar de nuevo, está todo militarizado. Pensamos que existen [estas tribus] porque desde hace años hablamos con gente y dicen que están, pero no quieren dar más información”, explica Watson.

El tercer grupo de población localizada en el mundo es la anteriormente citada etnia sentinelese, en India. “Este es el pueblo más aislado porque vive en una isla, y nadie consigue entrar allí. Ellos protegen mucho su independencia y son autosuficientes”, describe Watson. “El Gobierno de India hizo una aproximación hace años y fue rechazado, así que decidió no forzar el contacto. Son felices y en algunas fotos se aprecia que están fuertes y sanos, tienen dientes fantásticos. Demuestran que tomaron la decisión correcta de permanecer aislados porque no necesitan nada de la sociedad afuera, tienen de todo en su isla, viven bien”, opina Watson.

En más de una ocasión, algunas de estas comunidades aisladas sí que tuvieron contacto con el exterior hace siglos, en concreto hace unos 150 años con los colonos que arribaron a varias zonas de Perú y la Amazonia. “[Las tribus] fueron esclavizadas y obligadas a trabajar en condiciones horrorosas en plantaciones de caucho. Mucha gente murió”, describe Watson. Aquella experiencia quedó en la memoria histórica de estas comunidades, que piensan aún hoy que la gente de afuera es mala. Por eso deciden aislarse, para sobrevivir.

Brasil, Perú y Colombia son los países con mayor experiencia en la protección de los pueblos indígenas no contactados

Amenazas y peligros

Los peligros de los que huyen estas comunidades indígenas son muchos. En Brasil, madereros, buscadores de oro y narcotraficantes usan el área de la selva sin preocupación alguna ante la ausencia de control del Estado. Y la actividad de grupos criminales se vuelve cada vez más osada.

Durante la madrugada del pasado 22 de diciembre, una de las tres bases que protegen a las comunidades aisladas, en la Tierra Indígena Valle del Javari, en la frontera brasileña del Amazonas con Perú, fue atacada a tiros ante la presencia de la policía y de la Funai. Nadie resultó herido, pero este suceso ha hecho que aumente la preocupación de las entidades de protección de comunidades indígenas que ya temen las políticas que puede tomar el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que tomará posesión el próximo martes.

El nuevo mandatario es contrario a la demarcación de territorios indígenas, pues sostiene que los pueblos tradicionales tienen que “integrarse” con el resto de la sociedad. También defiende la existencia de actividades remuneradas en las áreas habitadas por comunidades aisladas.

“El indio no puede seguir dentro de un área demarcada como si fuese un animal encerrado dentro de un zoológico”, dijo Bolsonaro en unas declaraciones que recordaban la línea mantenida durante el Gobierno de la dictadura militar (1964-1985).

Entonces, la política era de acercamiento a estas tribus para intentar insertarlos en la sociedad, especialmente si se encontraban en un área de interés para acometer proyectos de infraestructuras. Fue desastroso para la salud de estos pueblos, que no estaban protegidos ni vacunados para afrontar algunas de las enfermedades que circulaban fuera de la selva. Desde 1988, cuando se promulgó la nueva Constitución tras finalizar la dictadura, el Gobierno de Brasil cambió la forma de relacionarse con estas tribus y pasó a asistirlas solo cuando pedían ayuda.

Brasil, junto a Perú y Colombia, son en la actualidad los países con mayor experiencia en la protección de estos pueblos, opina Silvana Baldovino, abogada y directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Perú, en concreto, cuenta con una ley para pueblos indígenas no contactados y en fase de contacto inicial. Es decir, aquellos que han tenido ya algún acercamiento y buscan un mayor encuentro con otras comunidades. Pero el marco regulatorio se ha quedado pequeño, opina la jurista. “La norma dice que si hay una reserva para estos pueblos y se identifica que hay un recurso, como un yacimiento de oro, se puede explotar. Y esto significaría la probable extinción de ese pueblo”, advierte.

Más allá de la ley, es mucho el trabajo que se ha hecho ya para la protección de estos pueblos y mucho más el que queda por hacer, reflexiona el indígena de la tribu shipibo-conibo (Perú) Julio Cusurichi, ganador del Premio Medioambiental Goldman en 2007 y presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad).

Indígenas en aislamiento voluntario de Monte Salvado, en la Amazonía peruana, salen al exterior de la selva en julio de 2015.

En el país andino existen cinco reservas para unos 7.000 indígenas, según el Ministerio de Cultura. Se encuentran aislamiento o contacto inicial. Hay cinco propuestas para crear nuevas áreas protegidas. “La principal amenaza [para los indígenas] viene del Gobierno”, denuncia Cusurichi. “El Ministerio de Transporte quiere aprobar varios proyectos de ley para construir carreteras que atraviesen parques nacionales. Es una gran amenaza y viene de los congresistas”. “Ha sido muy importante que organizaciones y ministerios [Medioambiente y Cultura] denuncien qué es lo que puede pasar si se hace algo así: es un etnocidio”, coincide Baldovino.

Densidad de población

Una de las reservas con mayor densidad de población está en Madre de Dios, la región peruana donde trabaja la organización Fenamad. “Hemos construido puestos de vigilancia lindantes con el territorio de los pueblos indígenas en Monte Salvado, por ejemplo, y en El Diamante, y hemos contratado a otros indígenas que hablan la misma lengua que los no contactados”, describe Cusurichi. “Igual que hay guardaparques que guardan árboles y pájaros, ellos monitorean a estos indígenas en aislamiento para que no accedan extraños en estos territorios”, describe. “Andan por los bosques buscando huellas y señales como restos de un fuego o casas abandonadas. También hablan con los vecinos ya contactados, que muchas veces dicen: ‘ah, vivimos muy lejos de nuestros hermanos no contactados”, añade Fiona Watson.

De ahí viene la importancia del monitoreo: para tratar de minimizar los riesgos de contacto de personas que quieren evangelizar o de quienes pretenden rodar un documental. Y, por supuesto, de aquellos que tratan de realizar actividades ilegales como la tala de madera o extracción de oro en unas zonas que, precisamente por estar tan poco intervenidas, son muy ricas en recursos naturales que codician las empresas extractoras, ilustra la abogada.

Una maloca (casa comunal) de un grupo de indígenas yanomami no contactados en septiembre de 2016.
Una maloca (casa comunal) de un grupo de indígenas yanomami no contactados en septiembre de 2016. GUILHERME SURVIVAL INTERNATIONAL

No se trata de entrar en contacto con ellos, insiste Baldovino, sino de realizar una labor disuasoria para quien lo intente. “Los profesionales del Ministerio de Cultura [en Perú] tienen protocolos de acción sobre qué hacer cuando, por ejemplo, los ven salir [a los indígenas] de la reserva por alguna razón excepcional”.

Gracias a su conocimiento del lenguaje, han logrado escucharlos e identificar ciertas acciones que marcan una voluntad de lo que quieren hacer. “En dos ocasiones han avistado indígenas, pero se aproximaban con flechas apuntando hacia arriba, en actitud desafiante. Eso es que no iban con ganas de socializar, así que lo que estos profesionales deben hacer es marcharse del puesto de control”, describe la abogada. Fiona Watson también explica un caso ocurrido en Perú: “Se sabe de un pueblo indígena no contactado que ha dejado flechas cruzadas en caminos; es una señal muy clara de que no quieren que entre nadie”, apunta.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/12/27/planeta_futuro/1545911669_731711.html

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La Necropolítica del Fracking, La Minería y el Narco provoca las Migraciones de México y América Central

Por: Ariadna Estévez López. The Huffington Post. 17/02/2017

La violencia de las pandillas es lo que provoca que la gente salga en oleadas de América Central y México, llegando en números récord a Estados Unidos. Así es, ¿verdad?

 

Esa es la narrativa corriente: el crimen organizado y el narcotráfico son la causa de que el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) tenga las tasas más altas de homicidio en el mundo, por lo que sus ciudadanos se han puesto a empacar.

 

De hecho, Honduras es segundo lugar, detrás de Siria, entre los países más peligrosos, seguida de El Salvador (6), Guatemala (11), y México (23). San Pedro Sula, en Honduras, tiene la tasa de homicidios más alta del planeta.

 

Esto es una crisis humanitaria y una tragedia regional. Y en lo que a Naciones Unidas y el Centro para el Monitoreo de los Desplazamientos Internos, los criminales son los culpables.

Sin embargo, esta visión común sobre la violencia en América Central y México soslaya dos hechos.

Estas son dos áreas ricas en recursos naturales, incluyendo maderas preciosas (como la caoba), y metales (como hierro, plomo, oro, níquel, zinc y plata). Y no toda la violencia que azota esta región tiene que ver con las pandillas; también abarca los feminicidios, el asesinato de activistas ambientales, así como crímenes políticos y desapariciones forzadas.

Mi argumento es que la violencia criminal, si bien brutal, es sólo parte de un peligroso coctel que funciona para “limpiar” lugares que comunidades locales defienden como su hogar territorial.

NECROPOLÍTICA: LA AGENDA DE LA MUERTE

Esto no tiene que ver con teorías de la conspiración y esta hipótesis no es solamente mía. Los datos indican que en países ricos en recursos, la confluencia de los desplazamientos forzados con la violencia criminal, misógina y política no pueden ser mera coincidencia.

Esta combinación fatal refleja una política de despoblamiento forzado cuyo fin es conseguir la explotación “libre de conflictos” de los recursos naturales cuyo valor va al alza en la economía global actual, como los minerales utilizados en las nuevas tecnologías y las fuentes renovables o de energías limpias.

Para ejecutar esta estrategia existe un amplio número de actores armados, incluyendo narcotraficantes y mafias, así como mercenarios asesinos, guardias de seguridad y sicarios, quienes tanto en México como en América Central venden sus servicios como expertos en crímenes a entidades poderosas, tanto a gobiernos represivos como corporaciones trasnacionales (o ambos en contubernio). El filósofo camerunés Achille Mbembe llamó a este fenómeno Gobierno Privado Indirecto.

La “necropolítica”, o política de la muerte, es el núcleo violento de lo que el académico Bobby Banerjee definió como “necrocapitalismo“; es decir, muertes por fines de lucro.

¿Por qué negociar con las comunidades indígenas empobrecidas dueñas de valiosos hidrocarburos, recursos hidráulicos, maderas y minerales, si puedes expulsarlos de sus tierras con fuerzas criminales, políticas y misóginas?

LA MALDICIÓN DE LA RIQUEZA EN AC

Casi cualquier nación latinoamericana que padece altas tasas de homicidio tiene también maderas preciosas, metales e hidrocarburos. Para remarcar mis argumentos, doy un vistazo a la tala legal e ilegal en Honduras, la minería en América Central, así como la extracción de hidrocarburos a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos. Estas situaciones demuestran cómo los desplazamientos forzados, la represión política y la violencia criminal y de género coincide en estos territorios ricos en recursos.

En Honduras, los patrones de desplazamiento señalan que la violencia criminal no es el principal factor de expulsión. De acuerdo con un reporte de 2016 del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, el número de personas desplazadas creció casi 600% de 2014 a 2015, pasando de 29 mil a 174 mil.

Es peculiar el hecho de que en ese tiempo las tasas de homicidio bajaron. El reporte es vago respecto de esta paradoja al sugerir que el incremento, de los desplazados, se debe al empeoramiento de las condiciones económicas.

Mi noción es que la creciente represión con violencia de los defensores del medio ambiente, más que la violencia criminal, fue la principal causa de los desplazamientos forzados en ese periodo.

Entre 2010 y 2014, más de 100 activistas hondureños del medio ambiente fueron asesinados. En 2014, el país tuvo manifestaciones masivas en contra de la actividad corporativa en Río Blanco, el mismo río que defendía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.

AFP/GETTY IMAGES Un policía resguarda un retrato de la activista hondureña Berta Cáceres durante una manifestación afuera de la embajada de Honduras en Ciudad de México. Cáceres fue asesinada en su país por defender el patrimonio ambiental de Honduras. (PEDRO PARDO/AFP/Getty Images)

Honduras es rica en recursos naturales, con 41.5% de su territorio cubierto con bosques. Sin embargo, es el tercer país más pobre en el continente americano y las condiciones se agravaron a partir del golpe de estado de 2009.

Los hondureños más pobres viven en zonas rurales, en donde las actividades agrícolas, forestales y ganaderas desde hace mucho tiempo han provocado una crisis ambiental. La deforestación generalizada, la erosión y la degradación ambiental exponen a las comunidades a los desastres naturales. Por ello los granjeros y los grupos indígenas se organizan en mayor medida en contra de los intereses corporativos en sus selvas y por ello se les mata y desplaza.

Si bien gran parte de la violencia criminal en Honduras toma lugar en ciudades como San Pedro Sula, también se concentra en áreas rurales supuestamente protegidas en donde se desarrollan actividades ilegales de minería y tala.

La biósfera de Río Plátano, una de las tres áreas protegidas más grandes del país, así como el distrito de La Ceiba, cercano a la zona de conservación de Pico Bonito, padecen de actividades de pandillas y cárteles de la droga y son de las regiones de donde parten más cantidades de niños que buscan refugio en EU.

El gobierno es cómplice en estas extracciones ilícitas. De acuerdo con un reporte de Global Witness, de 2006 a 2007 el estado hondureño pagó más de 1 millón de dólares a traficantes de maderas.

Deforestación en la biósfera de Río Plátano, Honduras. (ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Images)

MUJERES, MEDIO AMBIENTE Y MUERTE

Es un error común considerar la violencia contra las mujeres como un acto privado y apolítico. Sin embargo, las mujeres van al frente en el activismo ambiental porque ellas tienden a oponerse a las actividades que dañan a sus hijos, hogares y comunidades. Si bien no hay datos sobre el número exacto de asesinadas, los peligros por la necropolítica que enfrentan las mujeres es suficiente para requerir una red de ambientalistas femeninas.

En 2015, Honduras tuvo la tasa de feminicidios más alta del mundo. El caso más famoso fue el de la líder indígena de 44 años Berta Cáceres, quien fue asesinada en marzo de 2016.

En sus días finales, Cáceres recibió textos y llamadas de amenaza de que abandonara su pelea contra la presa de Agua Zarca. Asimismo, tuvo un altercado con empleados de Desarrollos Energéticos SA (Desa), una empresa energética hondureña. Posteriormente, la mataron a tiros en su hogar.

Los feminicidios también abundan en los lugares más ricos en petróleo shale de México. Aquí, es icónico el caso de Josefina Reyes Salazar, el cual sigue envuelto en misterio.

STRINGER MEXICO / REUTERS Sara Salazar sufre en el entierro de dos de sus hijos y su nuera, asesinados en 2011. En 2010 fue asesinada su otra hija Josefina Salazar Reyes, quien era defensora de los derechos humanos y pedía castigo a los abusos cometidos por policías y elementos de las fuerzas armadas en Chihuahua. (REUTERS/Gael Gonzalez)

Defensora de los derechos ambientales y de la mujer en el Valle de Juárez, Salazar fue asesinada en 2010 junto con otros miembros de su familia debido a que se oponían a la militarización de su localidad, la cual se ubica en una zona rica en gas shale.

EL CASO MEXICANO

De acuerdo con un reporte de desplazamientos forzados, de los 287 mil mexicanos desplazados por la violencia y 91 mil por los desastres naturales, a mayoría pertenece a los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

Más allá de los altos niveles de violencia derivada del narcotráfico, todos estos estados son ricos en minerales, fuentes de energía renovable, y gas shale. Para abreviar, me enfocaré en la extracción del gas shale a lo largo de la frontera de México y EU.

Una cantidad relevante de las desapariciones forzadas y asesinatos en los que las fuerzas armadas y las bandas criminales se han visto involucradas han tomado lugar en una región localizada sobre una fuente enorme de gas shale que se extiende desde Texas, llamada la cuenca de shale de Eagle Ford.

En esta área operan bandas como la del Cártel de Juárez, la cual convirtió a Ciudad Juárez por un tiempo en la ciudad más violenta del mundo; asimismo, se encuentran los Zetas, responsables de miles de las 300 mil desapariciones forzadas en México, y el Cártel del Golfo, cuyos líderes han recibido la protección de políticos locales.

El fracking, el método que se utiliza para extraer el gas shale, tiene altos costos ambientales ya que requiere de 7.6 a 15 millones de litros de agua para la extracción y contiene químicos contaminantes.

En Eagle Ford hay 27 mil pozos para la extracción del gas shale. En un árido lugar en donde el agua escasea, el uso intenso de los recursos hidráulicos daña a la agricultura, lo cual ha provocado crecientes protestas.

De acuerdo con un reporte especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la mayoría de los desplazados en México son campesinos de comunidades con economías basadas en la auto subsistencia, defensores de derechos humanos y ambientales, empresarios pequeños, funcionarios de gobiernos locales y periodistas.

Esto es lógico. Con excepción, quizá, de los pequeños empresarios, estos segmentos de la población representan una amenaza específica para los intereses de los capitales de las industrias extractivas, ya sea por su resistencia (en el caso de los activistas, los funcionarios leales, y los campesinos), o por exponer esta situación (en el caso de los periodistas).

Por lo tanto, en la medida en que la violencia de las mafias y las drogas constituyen un serio problema social en América Latina, la sociedad civil debe distinguir todo el catálogo de razones tras las estrategias de despoblamiento en América Central y México.

Los medios nacionales en México ya han comenzado a trazar esa relación con la extracción del gas shale. Pero es hora de mirar la compleja narrativa de la violencia en todo México y el Triángulo Norte de América Central examinando el papel que juegan las trasnacionales, las elites políticas locales, y las oligarquías económicas en los desplazamientos cotidianos de la región, así como la producción de muerte.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation en inglés y Andrés González lo tradujo al español.

Fuente: http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/24/la-necropolitica-del-fracking-la-mineria-y-el-narco-provoca-las/

Fotografía: huffingtonpost

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