El Salvador: Docentes sin retirarse por bajas pensiones. «El magisterio está envejecido», afirman sindicatos

Por Graciela Aguilar

Los maestros siguen en las aulas, pese a su edad y enfermedades, dicen los sindicatos, pues la pensión que recibirían es insuficiente para poder vivir.

Los sindicatos de maestros afirmaron ayer que el magisterio está “envejecido, cansado y enfermo” debido a que hay docentes que optan por no jubilarse, pese a que ya tienen la edad para hacerlo, debido a que recibirían una pensión que no cubre sus necesidades básicas.

“La gran mayoría está recibiendo como tasa de retorno una pensión que no se equipara al alto costo de la vida, en ese sentido tenemos un magisterio que está cansado, está envejecido”, dijo este lunes Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) en la entrevista de Telecorporación Salvadoreña (TCS). “La mitad del magisterio está enfermo, con padecimientos crónicos y sin embargo hay una desatención al magisterio. Cada día la canasta básica está más cara”, agregó.

El 20 de diciembre de 2022 el partido oficialista Nuevas Ideas aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones en el que se aumentó un 30 % las pensiones por vejez, eliminó el retiro de anticipo de saldo y dio vía libre al Gobierno de tener acceso a esos fondos sin ningún control ni límite.

Desde entonces, el magisterio ha pujado por una ley de pensiones integral que garantice estabilidad económica al magisterio. Zelada expuso ayer que un docente tiene un salario, después de años laborando, de un poco más de $1,000, pero que al pensionarse, reciben hasta $400, cuota con la cual no cubren sus necesidades básicas.

“La baja pensión de los educadores oscila entre $304.17 y $400, con algunas excepciones de aquellos profesores que cotizaron al INPEP (Instituto Salvadoreño de Pensiones). Tenemos problemas tanto con el incremento de la canasta básica y también con lo elevado de los recibos de los servicios básicos”, señaló Zelada.

En septiembre del año pasado, Bases Magisteriales hizo un cálculo sobre cuántos docentes ya estaban aptos para jubilarse, tanto por edad como por tiempo de trabajo, y eran alrededor de 13,000.

“La baja pensión de los educadores oscila entre $304.17 y $400, con algunas excepciones de aquellos profesores que cotizaron al INPEP (Instituto Salvadoreño de Pensiones). Tenemos problemas tanto con el incremento de la canasta básica y también con lo elevado de los recibos de los servicios básicos”, Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO.

La problemática se agudiza para el sector pues el Gobierno no ha realizado el ajuste salarial que, de acuerdo a la Ley de la Carrera Docente, debía hacerse en enero del año pasado. La última revisión fue en 2019 y desde entonces, el magisterio ha presionado por la nivelación, sin embargo, el ministro de Educación, Mauricio Pineda, se desligó del tema el año pasado, dejándole la responsabilidad al Ministerio de Hacienda, quien previamente dijo que no habría aumentos en el sector público.

“Los maestros necesitamos salarios adecuados. A esta problemática se agrega la sobrecarga laboral sobre todo en aquellos centros educativo focalizados en donde se ya se está aplicando el nuevo diseño curricular. Estos compañeros, sobre todo los de la primera infancia, están sufriendo de ese incremento de trabajo en virtud de la capacitación y toda la exigencia que trae el nuevo modelo”, señaló Zelada.

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Se registraron 411 protestas en Venezuela durante el mes de julio

Por Rafael A.

Del total registrado por el OVCS, en  al menos 50 protestas los jubilados y pensionados exigieron “pensiones dignas”.

n julio fueron documentadas al menos 411 protestas donde la principal exigencia de los trabajadores fue el derecho a un “salario digno” para satisfacer sus necesidades básicas, reseñó el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicado el 23 de agosto de 2023.

El ente indicó que las protestas laborales representaron 68 % del total durante ese mes, lo que se traduce en 279 manifestaciones y un promedio de 14 protestas diarias.

El Observatorio indicó que los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en al menos 132 protestas. Lo que es igual al 32 % de la cifra total registrada en este período.

Destacan las denuncias por violaciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como los casos donde se realizó la detención y criminalización de trabajadores, sindicalistas y líderes.

Por su parte, los jubilados, pensionados y adultos mayores participaron en al menos 50 protestas. Su principal exigencia son “pensiones dignas” para garantizar su seguridad social y satisfacer sus necesidades básicas.

Protesta de trabajadores, jubilados y pensionados del sector educación profesores maestros salario digno El Diario by José Daniel Ramos
Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Durante el mes de julio los venezolanos también exigieron condiciones justas y transparentes para futuras jornadas electorales.

Descontento de los trabajadores públicos

A su vez, de las exigencias laborales documentadas durante el mes de julio, en al menos 90 participaron docentes de todos los niveles educativos acompañados de personal administrativo y obrero.

De igual forma, las exigencias del sector educación se incrementaron en 29 % en comparación con julio de 2022.

Protesta de trabajadores, jubilados y pensionados del sector educación profesores maestros salario digno El Diario by José Daniel Ramos
Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Según los datos de la medición, las protestas de los trabajadores venezolanos se relacionaron principalmente con los siguientes motivos:

-Pago incompleto del estipendio correspondiente al bono vacacional

-Las enfermeras denunciaron las jubilaciones forzadas realizadas durante los últimos años y exigieron el pago de sus prestaciones sociales

-Se reportaron manifestaciones en rechazo a la condena de 16 años impuesta a seis sindicalistas y activistas sociales, entre los que destaca: Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Alcides Bracho

Distribución de las manifestaciones

Los estados que lideraron el índice de protestas durante mayo fueron Anzoátegui con 72, Lara con 37, Sucre con 35, Bolívar con 32 y Carabobo con 27.

Los estados que menos registraron protestas fueron Guárico con 5 y Cojedes donde se reportaron 2.

Acceso al combustible y a otros servicios públicos

Por otro lado, los habitantes de siete estados del país protestaron durante julio para exigir abastecimiento de forma regular y sin dolarización.

Falcón y Nueva Esparta lideraron el índice de protestas con tres cada uno, seguido de Anzoátegui, Lara, Monagas, Sucre y Táchira con una cada uno, respectivamente.

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El OVCS documentó 21 protestas exigiendo a las autoridades la reparación de la vialidad. Asimismo, los ciudadanos exigieron la limpieza de canales de aguas servidas en nueve acciones de calle documentadas.

También, solicitaron mejoras en el alumbrado público en tres manifestaciones, así como la recolección continua y eficiente de los desechos sólidos.

A su vez, se reseñaron 26 protestas por agua potable, lo que constituye el servicio más requerido para garantizar una vivienda digna.

De acuerdo con el OVCS, los reclamos ciudadanos que buscan soluciones “efectivas y definitivas” por parte del Estado siguen vigentes.

https://eldiario.com/2023/08/23/411-protestas-en-venezuela-julio-2023/

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Colombia: ¿Está en coma la salud del magisterio?

La silla Llena   Columna

Si el acceso y derecho a la salud de los maestros y maestras no mejora pronto, dentro de poco tendremos una epidemia de encadenamientos en las principales ciudades del país.

 

En menos  de una semana, tres eventos de encadenamiento de docentes o familiares de docentes se han presentado  a lo largo y ancho del país, ¿el motivo? La pésima atención en salud que tenemos los docentes públicos en Colombia.

El primer caso se desarrolló el lunes 8 de abril en la ciudad de Medellín en las instalaciones del prestador de salud Red Vital,  que atiende a los docentes de la región 8 (Antioquia y Chocó). El docente y activista sindical jubilado León Vallejo, se encadenó a una silla hasta que le entregaran un medicamento que evite se repita un accidente cerebrovascular del que ya fue víctima. El resultado de la acción fue la entrega de la medicina.

El segundo caso tuvo lugar  el miércoles 10 de abril en la ciudad de Bogotá, cuando el docente Eduardo Pinilla se encadenó frente a la sede  el Campín de UT Servisalud San José, prestador para la región 10  que atiende: Bogotá, Cundinamarca, Guaviare, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada. El maestro Pinilla reclamaba que Servisalud no quería entregarle unas cremas necesarias para tratar una dermatitis atópica aguda que sufre su hijo Rafael Pinilla de 4 años, el argumento del prestador es que esos medicamentos están catalogados como estéticos, a pesar de que el padre tenía un fallo de tutela y otro del tribunal superior de Bogotá que exigía a Servisalud la entrega del medicamento. Después de más de 15 horas de encadenamiento, la llamada del viceministro de salud, la presión de los medios de comunicación, la visita del presidente de FECODE y el acompañamiento del sindicato de Bogotá la ADE, el prestador se vió obligado a entregar las cremas necesarias para continuar con el tratamiento del niño.

El tercer caso inició  hoy  16 de abril en la ciudad de Cali. Familiares de la docente pensionada Leonor Bolívar a quien le deben extirpar un tumor cerebral, se encadenaron en una de las sedes de la empresa Cosmitet, que atiende la región 2: Valle del Cauca y Cauca.  Este caso también cuenta con un fallo judicial que ha sido incumplido, la maestra Leonor y sus familiares encadenados siguen esperando que Cosmitet cumpla con lo que le ordena un juez de la república. Este caso está aún sin resolverse, y obviamente, la vida de la docente sigue en peligro inminente.

Las anteriores experiencias son apenas la punta del iceberg, el sábado pasado se llevó a cabo una Quejatón frente a Servisalud que logró recopilar más de 150 casos en dos horas, los principales motivos eran la falta de citas con especialista, entrega de medicamentos, cirugías represadas y exámenes clínicos pendientes, situación que también viven la mayoría de colombianos que no pertenecen a este privilegiado régimen especial.

Cínicamente el gobierno nacional ha querido mostrar el servicio de salud del magisterio como un régimen súper excepcional, modelo que no deja de ser una intermediación mediocre, que genera ganancias  millonarias a los dueños de las empresas prestadoras que buscan que  los docentes paguen planes de medicina prepagada por el mal servicio que ofrecen; sumado a que la superintendencia de salud no actúa de manera contundente y la Fiduprevisora que es la entidad con la que estos prestadores firman los contratos, es totalmente negligente para hacer cumplir los términos de referencia de los mismos.

En resumen, si el gobierno nacional en cabeza del ministerio de hacienda dueño del 99% de la Fiduprevisora no sanciona a los contratistas, si el ministerio de educación no presiona para que sus docentes accedan al derecho a una salud digna, si el ministerio de salud y la superintendencia de salud no le meten el diente a estos mercachifles de la salud, en las próximas semanas veremos cientos de encadenamientos de maestros/as o de sus familiares, desesperados porque en este país vale más el twitter de un periodista, que el fallo judicial de un juez o un magistrado.

Fuente de la Información: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-educacion/esta-coma-la-salud-del-magisterio-70810

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