La des-educación de Panamá.

Centro América/Panamá/26.07.2016/Autor: Rodrigo Noriega/Fuente:http://www.prensa.com/

Este es un país construido sobre los hombros de los maestros y profesores que nos formaron a todos los panameños. Casi todos los padres y madres fundadoras de esta patria fueron educadores, aunque no hubiesen estudiado el magisterio. Ricardo J. Alfaro, José Dolores Moscote y el propio Manuel J. Hurtado, dedicaron parte importante de sus vidas a compartir sus conocimientos.

Hubo una época donde un título de sexto grado valía como pasaporte a una vida de éxito y sabiduría. Esa fue la era de los grandes autodidactas como Gil Blas Tejeira, Guillermo Sánchez Borbón y Diógenes de la Rosa.

La vocación de servicio de la enseñanza tuvo un desarrollo importantísimo en el devenir del país. Las primeras dos generaciones de educadores eran intelectuales de primer nivel, devoradores de la buena literatura y dueñas de una prosa rica y profunda. Muchos de ellos pudieron optar por diferentes actividades, más rentables y menos sacrificadas, pero la gran meta de construir un país fue un gran imán del mejor talento hacia las aulas de clases. Las siguientes generaciones de educadores marcaron un cambio de género y hacia la mitad del siglo XX, la maestra empezó a dominar el horizonte educativo de la nación. En un mundo sumamente sexista, el magisterio era una de las pocas actividades donde se podían destacar los talentos de valiosísimas mujeres panameñas. Así fueron educadoras desde Sara Sotillo, Clara González, hasta Reina Torres de Araúz, Diana Morán, Ana Elena Porras y, las inolvidables, Aura Emérita Guerra de Villalaz y Esmeralda de Troitiño.

¿Cuándo comenzó a colapsar nuestra educación pública? A principios de la década de 1960, se empezó a reducir la jornada escolar. Una escuela se transformó en tres diferentes colegios. Para mediados de 1970, el devenir natural de la escuela Normal de Santiago, hacia una universidad pedagógica fue bloqueado por la Universidad de Panamá. Los gremios magisteriales, en esa misma década -por razones que explicaremos posteriormente-, se convirtieron en el principal actor de la política de oposición al régimen militar. En 1979 y 1980 organizaron huelgas generales del sector educativo que afectaron tanto a la educación oficial como a la particular. Con apenas dos o tres gremios, se coordinaba a toda la clase magisterial del país.

En el último cuarto de siglo, cada huelga educativa venía precedida de reclamaciones salariales y prerrogativas laborales para el gremio docente. Aparecieron las micro-huelgas de una sola escuela para que “el Presidente de la República acuda de forma inmediata a reparar los servicios sanitarios” o “a limpiar los techos afectados por las palomas”. No se rían, ya que esto es muy serio.

UNESCO tiene una base de datos que documenta la inversión en la educación de los países desde el año 1970 hasta 2015. Esta base de datos revela que en Panamá, durante 1976, invertimos el porcentaje más alto de nuestra historia en el tema educativo. Ese año, el ministro era Aristides Royo y el porcentaje fue de 5.7% del PIB. En contraste, para el año 2011, se alcanzó el nivel más bajo de inversión en educación de nuestra historia, 3.29%, y la ministra era Lucy Molinar.

El esfuerzo nacional en educación ha sido importante. Para que Belisario Porras pudiera expandir la educación primaria a todas las provincias, tuvo que capitalizar al Estado panameño. Esto significó que en 1919 Porras nacionalizó la empresa privada de capital panameño más grande del país, la Lotería Nacional de Beneficencia. En el caso de Harmodio Arias Madrid, el brillante manejo de las finanzas públicas realizado por Martín Sosa, primer Contralor General de la República, no solo permitió crear la Caja de Ahorros, si no también generó los recursos para fundar la Universidad de Panamá. El Tratado Arias Roosevelt, le permitió al presidente Juan Demóstenes Arosemena fundar la escuela Normal de Santiago.

La prosperidad heredada de la Segunda Guerra Mundial facilitó al presidente Enrique Jiménez, expandir la infraestructura educativa y universitaria del país. En la década de 1970, la expansión del Estado y la creación de una economía mixta con grandes empresas estatales generó las riquezas suficientes, para superar, durante casi toda la década, el 5% del PIB. Esa percepción generalizada de prosperidad, que llegaba al país con la reversión del Canal de Panamá, junto con un pésimo manejo político del entonces ministro de Educación, Gustavo García de Paredes, fueron la pólvora que se incendió como parte del gran conflicto docente de esa época.

La descapitalización del Estado panameño impidió, a partir de mediados de 1990, que pudiera dotarse al sistema educativo de los recursos necesarios para dar el gran salto cualitativo en la educación. No es casualidad, que los gremios docentes, nuevamente, salgan a la palestra a reclamar su pedazo de las rentas que produce el Canal de Panamá ampliado. Eso lo hicieron en 1979 con el inicio de la reversión original.

El sistema educativo panameño es una colección amorfa de dos ogros pedagógicos y administrativos: el Ministerio de Educación y la Universidad de Panamá. En ambas instituciones, la relación de docentes a administrativos ha llegado a ser de cuatro a uno en promedio. En contraste, en otros países la relación puede llegar a ser de hasta 15 a uno. Este es el legado de la burocratización de la vida académica. Es mejor ser un administrativo en una oficina refrigerada, que un docente en un campito perdido.

Todo el esfuerzo nacional en materia educativa incluye además al Instituto Panameño de Habilitación Especial, al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, a cuatro otras universidades estatales, al Instituto Nacional de Agricultura en Divisa, al Instituto Nacional de Cultura, al Instituto Panameño de Deportes, a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y hasta a la escuela de jinetes del Hipódromo Presidente Remón.

El sistema piramidal de salarios, refuerza la tendencia de hacer más atractivo ser un burócrata, que un buen profesor. Este es el primer tema a resolver. Tanto en el Ministerio de Educación como en la Universidad de Panamá se ha mal entendido el rol de los académicos y el de los administrativos. Existen casos impresionantes de buenos profesores que son también buenos administrativos, pero esta no es la norma, tampoco es deseable. Imagínese que los mejores profesores terminen empujando papeles y sellando documentos, en vez de estar presentes en las aulas de clases.

Un segundo desafío es el vacío institucional en el que deben trabajar los educadores. El acompañamiento académico e institucional para que exista una vida laboral rica y productiva es inexistente. El maestro o profesor es depositado en el colegio en marzo y, luego, en el mes de enero siguiente, con mucha suerte, atenderá un seminario consistente en unas cuantas charlas y unas fotocopias con lo que tendrá que defenderse en el nuevo año escolar.

La parte funcional de la operación de las escuelas es el tributo más grande que existe a la inoperancia administrativa. Supuestamente la plataforma de Panamá Compra, le debe servir a todas las instituciones del Estado para realizar compras y reparaciones menores. Esto, en la práctica, se transforma en meses de papeleos y molestias. Aquí recuerdo una anécdota que me narró uno de mis hermanos cuando visitó un gigantesco complejo hotelero en Las Vegas. A mi hermano Galo le fascinó como todas las mañanas pasaba un técnico por todos los pasillos del hotel cambiando bombillas, arreglando potes con flores, chequeando la alfombra, verificando la pintura, y constatando si las mucamas habían hecho la limpieza. Esa era una tarea permanente que mantenía una operación de alta eficiencia funcionando a perfección. Ese es el nivel de mantenimiento a que debíamos aspirar en el gobierno, y no esperar a que las cosas colapsen, aunque luego la tramitología de Panamá Compra demore seis meses en producir un cambio.

La bandera del 6% del PIB es una aspiración loable y, a la vez, frustrante. En América Latina, Costa Rica, México y Chile, son parte del exclusivo club del 6% al igual que Belice, Jamaica y Trinidad y Tobago. Un experimento mental nos aclara que si le metemos mil 500 millones adicionales al año, no todo se resolvería. Esto es lo que la lógica nos indica. Las escuelas rancho y la falta de insumos son una ofensa a la inteligencia que puede ser resuelta con los recursos que tenemos en la actualidad, pero no lo hacemos por la negligencia administrativa del Ministerio de Educación. Otorgarle salarios a los maestros y profesores de 3 mil dólares al mes, no los va a transformar en los mejores educadores del mundo. Así como iniciativas como Barrio Seguro y Red de oportunidades no acaban con la delincuencia ni la pobreza, porque simplemente se concentran en un solo factor, el monetario. Aumentarle el salario a los mismos docentes sin que nada más cambie, nos garantizará un sistema educativo mediocre.

Los gremios docentes saben perfectamente que aplicar el “¿Qué hay pa’ mí?” con los excedentes del Canal de Panamá, amarra por completo la capacidad fiscal del Estado. Esto impediría que Panamá se ponga al día en el déficit de infraestructura pública o que atendiera la inminente crisis de la Caja de Seguro Social. Si se le hace caso a los educadores ni las comarcas recibirán los fondos necesarios para mejorar su nivel de vida ni los productores agropecuarios podrán adquirir los instrumentos que les permita mejorar su sistema productivo. Adiós a los techos de esperanza, adiós a las letrinas y al agua potable, y adiós a muchas otras iniciativas de Estado.

¿De dónde sale el 6%? Esa es una recomendación internacional que ha sido codificada en distintos documentos de propuestas de políticas educativas. El promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de los 34 países más desarrollados del mundo, es de 5.4% como parte del PIB dedicado a la educación. Alemania gasta 5% y Japón 5.1%, y a ambos países le va de lo más bien. México por otra parte supera el 6% y tiene matanzas de normalistas, un horrible paro educativo en el sur del país por parte de los gremios que se oponen a la evaluación de desempeño y que insisten en prácticas tales como que los nombramientos sean hereditarios, incluso a familiares que no son educadores.

Dinamarca invierte 8% del PIB en educación. Corea del Sur está muy próxima con alrededor de 7.5%. Panamá debía aspirar a estos niveles, y podemos fijarlos como un objetivo de la política de Estado para 2030, fecha para la cual ya nuestro déficit de infraestructura pública, viviendas populares, y otros proyectos estratégicos debe haber sido resuelto. El expresidente de Costa Rica, Manuel Jiménez tiene en su lápida inscrita una de sus frases favoritas: “El mejor país es el que tiene más escuelas”.

Panamá debió seguir ese ejemplo, pero nuestra realidad política y económica es muy distinta a la de nuestros vecinos. Costa Rica evitó exitosamente la descapitalización de su Estado, y tiene un eficiente sistema de seguridad social y de salud. La clase política panameña se dejó llevar por los cantos de sirena de las modas internacionales y apostó a las maquilas y las industrias de bajo nivel tecnológico, incluyendo a los servicios, abandonando la agricultura y la ciencia. Costa Rica apostó al ecoturismo y a la alta tecnología.

El desafío educativo requiere un cambio del modelo de desarrollo del país, del sistema de formación de los educadores, y de la institución que lo administra. La misma pelea entre los mismos actores no nos va a dar nada distinto a lo mismo que ya tenemos.

Fuente: http://www.prensa.com/blogoterapia/des-educacion-Panama_7_4537116244.html

Imagen:

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¿De qué sufren los doctores en Colombia?

Ausencia de becas, un sistema de educación centralizado, poca oferta de programas y falta de posibilidades de trabajo son algunos de los problemas a los que se deben enfrentar tanto graduados como candidatos a doctores en el país.

Por: El Espectador

La situación de los doctorados en el país no es la más deseada. Factores como el déficit actual de investigadores en Colombia (hay 6,6 por cada millón de habitantes, cuando el promedio en Latinoamérica es de 37,4, según Colciencias), la calidad, escasez de ofertas, la estructura de los sistemas de financiación, el pobre fomento entre la juventud y, principalmente, la falta de inversión del Estado, hacen tambalear el nivel más alto de la educación superior. Esa es la conclusión a la que han llegado los expertos después de preguntarles sobre el tema.

La directora del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, Clara Inés Pardo, señala que los doctorados nacieron en Colombia, tardíamente, a finales de los 90, “cuando se empieza a hablar de acreditaciones y de requerimientos internacionales”. Desde entonces, el país invierte en ciencia y tecnología el 0,2 % del PIB nacional, según Eduardo Mora, director de investigación y Desarrollo de la Fundación Universitaria del Área Andina, quien cree que actualmente “no hay una voluntad política adecuada” para mejorar las cosas.

Sin embargo, las universidades han mostrado interés por la investigación, pues de cero, en 1999, han incrementado el número de doctorados a 236 en 2015, según el Ministerio de Educación. Pero Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, considera que la cifra aún es irrisoria frente a países desarrollados de Europa, Estados Unidos e, incluso, Brasil, y prueba de ello es que la oferta “es excesivamente costosa”, por lo que muchos no pueden acceder a este nivel de educación.

La calidad es un tema que también preocupa. De acuerdo con cifras de Colciencias, solo el 5 % de los programas de doctorado en el territorio nacional cuentan con una acreditación de alta calidad del Ministerio de Educación. Aunque hay una salvedad: la gran mayoría son programas muy jóvenes y para la acreditación se necesitan egresados y trayectoria que todavía no tienen. Habría que esperar una década para evaluar realmente cuáles son buenos y cuáles no.

A esto se suma que la variedad en la oferta de doctorados es precaria. Mora opina que los programas no se dirigen a lo que necesita el país, sino a las tendencias del mercado; una opinión a la que se suma el subdirector de Colciencias, Alejandro Olaya, al argumentar que “en nuestro sistema doctoral las áreas que predominan son las ciencias sociales humanas”, dejando de lado otras indispensables para el país, como las ciencias de la educación, de la salud y la agronomía. Las dos primeras con un 8 % de participación cada una y la última con 6%, según cifras del Mineducación.

El vicerrector académico de la Universidad Nacional, Juan Manuel Tejeiro, agrega que la educación en Colombia es totalmente centralista y eso obedece a la concentración de grandes poblaciones, donde hay una variedad de la oferta. Por ejemplo, en Bogotá, la Nacional tiene casi 40 programas de doctorados, mientras que la Universidad de La Guajira tan solo dos.

Con ese panorama, los aspirantes se ven en la necesidad de buscar apoyos y becas de movilidad, como las financiaciones del sistema nacional de regalías, las facilidades que ofrecen las universidades a proyectos de investigación o las becas de Colciencias. Sobre estas últimas, la entidad señala que ha otorgado 6.818 becas de doctorado entre 1992 y 2015, de las cuales “el 58,81 % se queda en Colombia, mientras el 41,19 % se va al exterior”.

La mayoría de estas becas son, en realidad, créditos condonables, un término que el vicerrector de la Nacional cree necesario revaluar por sus limitaciones. Por ejemplo, “si el candidato a doctor se demora un poco más de lo presupuestado, ese préstamo no lo cubre”. Al ser precisamente un préstamo, los aspirantes tienen un compromiso para devolverle su inversión al Estado, ya sea trabajando o pagando la cuantiosa deuda.

Y muchas veces ocurre que ese retorno, así se tenga un trabajo asegurado, no es satisfactorio. Según la directora del Observatorio Nacional de Ciencia, es común que quienes vuelven a Colombia estén acostumbrados a sistemas de ciencia mucho más potentes y con más recursos. Esto provoca que el doctor “baje la producción, tenga que investigar cosas que no planeaba y busque la manera de regresar al otro país para hacer sus pruebas, pues no tiene un laboratorio con lo que necesita”. La situación se repite si los que se trasladaron a Bogotá tienen que regresar a sus regiones, complementa Tejeiro.

Ahora bien, la vinculación laboral con la industria tampoco es la mejor. “Colombia es uno de los países del mundo en donde la gran mayoría de sus doctorados trabajan en la academia, con salarios poco atractivos, y muy escasos en la industria”, dice Carlos Mario Lopera. Y no miente. Por un lado, Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias, manifiesta que casi el 98 % de nuestros doctores están vinculados a universidades y solo el 0,5 % trabajan en el sector productivo. Eso se debe a la falta de interés de las empresas colombianas. Por el otro, Mora asegura que un doctor recién egresado en Colombia gana seis millones de pesos, mientras que en el exterior factura más de diez.

Por supuesto, los expertos no solo hablan de problemas, también de soluciones. Tejeiro, por ejemplo, cree que el Gobierno debe seguir apostando por el reforzamiento de las políticas públicas de los posgrados, en especial, de los doctorados. “En el discurso se quiere aumentar el apoyo, pero en la práctica no. Eso se refleja en que las pocas políticas que hay en instituciones públicas, como Colciencias, cada año cambian. No son consistentes y no hay para todos, solo para unos cuantos”.

En ese sentido, Olaya señala que los estudios concluyen que ponernos al día con la región costará $7 billones en los próximos diez años. Dicha cifra está expuesta en un documento Conpes que contiene la política nacional de ciencia y tecnología que comenzó a ser discutida en el consejo de ministros en marzo, comenta el funcionario, quien agrega que las probabilidades de aprobación completa son bajas por la situación financiera que atraviesa la nación.

Una de las alternativas, propone, sería “buscar créditos de banca multilateral”, que se otorgan a plazos de veinte años, con periodos de gracia de siete años y tasas de interés bajas. En cuanto a temas como la ubicación laboral y el impulso a la investigación académica entre los jóvenes, todos concuerdan en que es necesario entablar un diálogo claro entre el sector público, el sector privado y las instituciones de educación superior para mejorar la inversión y el compromiso. Por ahora, habrá que esperar para conocer la voluntad del Gobierno frente al Conpes.

Tomado de: http://mba.americaeconomia.com/articulos/entrevistas/de-que-sufren-los-doctores-en-colombia

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