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El Plan Decenal y la política pública en educación

Por: Julián de Zuburía

“El país acaba de conocer la versión final del tercer Plan Decenal de Educación para el periodo 2017-2026. Ésta es la oportunidad de oro para construir la política pública en educación de la cual hemos carecido”.

En Colombia no existe política pública en educación. Cada ministro llega, creyendo que con él se inicia la historia, debido a lo cual vuelve a pensar qué hacer. Para completar, en la mayoría de casos, los ministros del ramo desconocen por completo los fundamentos de la pedagogía. Es muy frecuente que lleguen economistas a intentar resolver problemas vinculados con la formación, la movilidad social y la equidad. Por ello, suelen durar sus dos primeros años aprendiendo de un tema que les resulta esencialmente desconocido, en una de las “maestrías” más costosas que podría conocer un país. Peor aún, la mayoría de ellos es reemplazado antes de que culmine y apruebe dicho curso.

Al mismo tiempo, no solemos contar con evaluaciones rigurosas de los programas. Así, ¿cómo podría ser posible hacer los ajustes necesarios para cualificar las políticas? El problema es tan marcado que aún durante un mismo gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, existieron claramente dos políticas educativas: en su primer periodo –y una vez fue retirada la propuesta de incluir el ánimo de lucro en la educación superior–, el énfasis estuvo en un programa muy trascendente en la vida nacional y muy querido por los profesores: Todos a Aprender, conocido por sus siglas como “PTA”, el cual muy acertadamente recurrió a sistemas de formación in situ para atender los problemas de calidad y equidad de cuatro mil escuelas rurales, históricamente abandonadas. Pero una vez llegó la ministra Gina Parody, la política educativa dio un giro de 180 grados y, sin que mediara una sola reunión con la comunidad pedagógica, decidió invertir la mayor parte de los recursos de la educación superior en el 2% de los egresados de la educación media. De esta manera, creó el muy publicitado programa de Ser Pilo Paga, pero el cual cada vez encuentra mayor resistencia en los escenarios académicos y en las calles del país.

Construir una política pública de largo aliento es una condición para que la educación supere los problemas estructurales que la aquejan de tiempo atrás. Necesitamos una carta de navegación que nos asegure que tenemos claras las metas hacia las cuales marchamos como sociedad. El país acaba de lanzar su tercer Plan Decenal de Educación y esta es su oportunidad de oro para hacerlo.

Los dos planes anteriores tuvieron un impacto casi nulo en la política pública, ya que no fueron asumidos por el país como política de Estado, ni fueron incorporados en el plan de desarrollo nacional ni en los planes regionales. Faltó el respaldo político y presupuestal para garantizar que las metas se alcanzaran. En contra de lo que hemos oído tantas veces en los medios masivos de comunicación, la inversión en educación no ha aumentado en los últimos veinte años y sigue siendo cercana al 4,5% del PIB. Ni ayer ni hoy la educación ha sido una prioridad.

El país tiene que aprender de su historia y garantizar que no volvamos a fracasar. El Plan Decenal debe ser asumido por el país político, social, cultural y económico. La explicación es muy sencilla: la educación tiene que ver con todas las esferas de la vida humana. Si la educación es de muy baja calidad, como sigue siendo en Colombia, no podremos consolidar la democracia y se seguirá deteriorando la creatividad, la productividad, las competencias ciudadanas y el tejido social. Si la educación pública sigue rezagada en calidad, como tristemente sigue pasando en el país, entonces nuestro sistema educativo no logrará fortalecer la movilidad social y disminuir la inequidad social.

El tercer Plan Decenal es un documento pensado para que la educación contribuya a consolidar la paz, para orientar la estructuración de un sistema que ha estado por completo fragmentado en secciones y niveles y para seguir ampliando el derecho a la educación, con especial énfasis en el nivel rural, ya que mantenemos una deuda histórica con los niños y jóvenes campesinos. De allí el nombre que le dio la Comisión Académica: Un Acuerdo Nacional para construir Paz y Nación desde la Educación.

Tras un año de reuniones intensas, las Comisiones Académicas y Gestora han elaborado un documento profundo, sintético y jerárquico, el cual establece los diez desafíos para la educación en la próxima década. Para llegar allí, las comisiones partieron de una muy amplia consulta nacional, la cual permitió caracterizar los sueños que tienen los colombianos sobre su educación. Sin duda, el documento final señala los principales desafíos para la educación colombiana, los cuales se relacionan, entre otros, con la necesidad de ampliar el derecho a una educación de calidad, con crear las condiciones para la construcción de un sistema educativo articulado y con las que se requieren para transformar el modelo y el currículo tradicional que ha dominado la educación hasta el momento. Para lograrlo, se exige una política de formación de educadores, de la cual hemos carecido hasta el momento.

El tercer Plan Decenal acertó en los retos establecidos. Sin embargo, la tarea que le queda a la sociedad es inmensa: Hay que garantizar que éste no sea un documento más. Para ello es imprescindible que el país se apropie de dichos desafíos. Necesitamos que los empresarios, los medios de comunicación, la clase política, los padres de familia y los maestros y estudiantes, entre otros, entendamos que el Plan le pertenece a la sociedad civil y que es ella quien debe garantizar su cumplimiento.

Necesitamos asegurar que la inversión en ciencia, investigación y educación se convierta en una verdadera prioridad nacional y no en un slogan publicitario con fines electorales, como ha sucedido durante el presente gobierno.  El país debe seguir vigilante de esas decisiones y por ello tienen la razón los estudiantes que se han declarado en alerta hasta que se decida el presupuesto definitivo para el año 2018, porque el que inicialmente presentó el gobierno recortaba la inversión en ciencia, investigación, cultura y deporte y solo aumentaba significativamente los gastos militares y los de la presidencia. Ese no puede ser el presupuesto para consolidar la paz, pues su defensa es inseparable de la de la educación, la ciencia, el campo y la cultura.

Destruir un país es muy fácil: basta con mantener baja la calidad de la educación que reciben sus habitantes. Así dice un letrero al ingresar a una universidad en Sudáfrica. Y pareciera que es lo que estamos haciendo en Colombia. En un país que mantiene baja la calidad de su educación, los ingenieros que egresan del sistema, verán que sus puentes se caen. En un país que destruye su educación pública será más fácil que los economistas y contadores se presten para que las empresas evadan impuestos y se disminuyan los recursos para la salud y la educación. En un país que no garantice el derecho a una educación de calidad, se graduarán abogados que creerán que el derecho no tiene nada que ver con la ética, y por ello, serán presa fácil de la corrupción.

Por lo anterior, es imprescindible un acuerdo nacional para fortalecer el derecho a una educación de calidad. Un acuerdo en el que estén presentes el sector empresarial, la clase política, la cultura, los jóvenes, los medios masivos de comunicación y la sociedad como un todo. Al fin y al cabo, a todos nos compete mejorar el derecho y la calidad de la educación. Por ello, el eje del acuerdo será fortalecer la inversión y trabajar conjuntamente para garantizar la mejora de la calidad de la educación. El Plan Decenal es la oportunidad para construir dicho acuerdo, pero su materialización dependerá de la sociedad civil como un todo.

La educación –decía Oppenheimer– es demasiado importante como para dejársela a los políticos”. Hasta ahora, en Colombia, los políticos han decidido qué hacer en educación. Por eso estamos como estamos. Le llegó el momento a la sociedad civil de actuar como interlocutor activo y participante de la política pública en educación

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/plan-decenal-de-educacion-en-colombia/544074

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Medellín fue ejemplo para construir el Plan Decenal de Educación de Colombia

15 octubre 2017/Fuente y Autor:telemedellin

El Plan Decenal de Educación que lleva como nombre ‘El camino hacia la calidad y la equidad’ marcará el destino de la educación en Colombia hasta 2026.

Esta iniciativa tiene el sello de Medellín, ciudad ejemplo en estos programas. En la capital de la montaña, la educación ha sido y es eje fundamental la formación desde temprana edad hasta terminar la etapa de formación profesional.

Este plan, se convierte en pilar fundamental en el momento histórico que vive el país. De acuerdo con la Ministra Yaneth Giha, la educación se debe convertir en la base en construcción de paz.

El Plan Decenal de Educación tiene objetivos trazados

El plan tiene como retos contribuir con la construcción de la paz, la cultura ciudadana, el sentimiento de Nación, impulsar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad de la educación. Así mismo reducir los altos niveles de inequidad y las brechas regionales.

Ver reportaje: https://youtu.be/6gxud45ElYY

Fuente de la noticia: https://telemedellin.tv/medellin-plan-decenal-de-educacion/210413/

Fuente de la imagen: https://admin.kienyke.com/wp-content/uploads/2017/03/Medellin.pn

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Diez millones de votos por la educación

Julián De Zubiría

“Un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o las culturas, está ya gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber”. Esta frase, atribuida en redes a Italo Calvino, pero que en realidad es de la filósofa italiana Gabriella Giudici, evidencia que el problema de la baja calidad de la educación se genera porque fuertes intereses en el interior del Estado hacen que los recursos se desplacen a otras “prioridades”. Al fin y al cabo, la peor amenaza para gobiernos ligados a la corrupción y a las culturas mafiosas es un pueblo educado, culto y crítico. Pero si ello es así, la solución al problema también tendrá que ser política. Oppenheimer añade un nuevo elemento cuando dice que “la educación es algo demasiado importante como para dejársela a los políticos”.

Diversos países del mundo, de tiempo atrás, han conformado movimientos nacionales en defensa de la calidad. Polonia, Brasil o Chile son tan sólo un ejemplo de ello. Por el contrario, en Colombia hemos carecido de la decisión política para transformar la escuela y no contamos con movimientos civiles que actúen como interlocutores ante la política pública trazada desde el MEN. Pese a ello, muy seguramente, tenemos una oportunidad de oro para revertir esta situación con la firma de los Acuerdos de paz y la construcción de un nuevo Plan Decenal.

Después de un millón de consultas, decenas de foros regionales y especializados, y arduo trabajo de las Comisiones Académica y Gestora, estamos por culminar la redacción del Plan Decenal de Educación 2017-2026 y por conocer los grandes desafíos que se han construido en la consulta educativa más grande que hayamos tenido en el país. Mi invitación es a que discutamos estos desafíos en las urnas y a que definamos qué tendríamos que hacer desde la sociedad civil para garantizar su cumplimiento. Es por ello que desde esta columna quiero invitar al país a votar por una “octava papeleta” en marzo de 2018, mediante la cual nos comprometamos a apoyar e impulsar la transformación de la educación; algo que ya en octubre de 2011, en lo local, realizó Manizales.

La Ley General de 1994 es, hasta el momento, el mayor consenso alcanzado en la educación colombiana. Gracias a ella, establecimos que cada diez años el país construyera la política para la siguiente década. Se trataba de definir la política de Estado en materia educativa, algo que había sido imposible hasta entonces, pues habíamos contado con 119 ministros en el lapso de los últimos 100 años, para un promedio de 10 meses para cada uno de ellos, tiempo insignificante para construir política pública y aun para que el propio ministro comprendiera la naturaleza y las características del sector, las cuales, por lo general, no comprendía cuando era nombrado. Ha sido la maestría en educación más costosa en la historia nacional y la pagamos casi cien veces.

Hoy, los ministros duran más, pero, salvo este detalle, nada esencial ha cambiado: seguimos careciendo de política pública educativa. Es así como durante el mismo gobierno del presidente Santos se pueden evidenciar dos políticas por completo diferentes en materia educativa: Durante los cuatro primeros años, María Fernanda Campo enfatizó en el apoyo a las instituciones educativas con peores balances y con niños con privación socioeconómica y cultural. Para ellas se elaboró un completo programa de formación y acompañamiento in situ, conocido como PTA (Todos a Aprender).

En la educación superior se firmó un importante acuerdo con las diversas fuerzas sociales para garantizar mejoras en el derecho y la calidad. Sin embargo, para el segundo periodo, la ministra Gina Parody cambió de políticas y se dedicó a impulsar la jornada completa y a apoyar las universidades privadas de élite y a los jóvenes con mejores resultados, mediante el programa Ser Pilo Paga, que es una manera disimulada de privatizar la educación universitaria y de garantizar su derecho tan sólo al 2% de la población. Son dos enfoques educativos y políticos diametralmente opuestos frente a los problemas del derecho y de la calidad. Una vez más se ratifica que el problema es político; más exactamente, que carecemos de una política pública de largo aliento y de un movimiento ciudadano amplio que impida que se cambie de ruta al vaivén de los intereses electorales de quien ocupe el ministerio, como de manera dramática sucedió para el segundo periodo del presidente actual.

La experiencia de los dos planes decenales anteriores también nos ratifica la tesis de Giudici: fracasaron en el cumplimiento de sus fines, porque carecieron de apoyo político y de movilización social de respaldo. Debido a ello, los recursos del Estado fueron absorbidos por la guerra, y la educación, la ciencia y la investigación se quedaron sin recursos para garantizar el desarrollo humano, integral y sostenible. Los planes anteriores no fueron vinculantes y los nuevos ministros que llegaron, terminaron por desconocerlos. No podemos permitirnos volver a fracasar en esta tercera oportunidad.

La reciente firma de la paz y las movilizaciones juveniles que la acompañaron generan un nuevo escenario en la vida nacional. Ahora tenemos mejores condiciones para construir el verdadero sistema educativo articulado y descentralizado, del cual hemos carecido. Ha crecido la conciencia y la participación de la ciudadanía en los temas educativos. Sin ninguna duda, tendremos que retornar al Acuerdo por lo superior con la mira puesta en el 2034 y debemos dar cumplimiento al compromiso ético y político para cerrar las brechas con la educación rural y para adecuarla a las condiciones y necesidades del contexto. P

ara lograr estos cambios, necesitamos una profunda transformación en los lineamientos curriculares y en la formación de los maestros, de manera que el desarrollo sea el eje del proceso y no la transmisión de informaciones, como hasta ahora sigue siendo dominante.

En conjunto con los docentes de las normales y las facultades de educación, tendremos que replantear lo que actualmente estamos haciendo en materia de formación. También tendremos que consolidar el derecho a la educación, en especial, de los más pequeños y de los jóvenes. En 1994 establecimos en la ley que todo niño tendría tres años de educación inicial. Veintitrés años después, sólo garantizamos uno; todavía les debemos dos, aunque todos sabemos que esta es la inversión más rentable que conoce la historia humana. Nuevamente: No es un problema de recursos, sino de política pública.

Necesitamos un acuerdo en torno a lo fundamental en materia educativa. Lo más importante es que lo hemos logrado entre investigadores, científicos, estudiantes, académicos y docentes. Después del millón de consultas, discusiones y foros, ese acuerdo se ha plasmado en el Plan Decenal 2017-2026. Ahora necesitamos que el país entero entienda que las decisiones educativas no las puede seguir tomando exclusivamente la clase política y que debemos ser conscientes de que los padres de familia, los medios masivos de comunicación, los empresarios, los artistas, las iglesias y aun los partidos políticos también educan y también son responsables de la calidad educativa.

La educación es una responsabilidad de todos y por ello todos tenemos que participar al definir sus fines y prioridades. Sin educación de calidad no saldremos del subdesarrollo, ni ampliaremos la democracia, ni generaremos mejores condiciones para la convivencia ciudadana, ni crearemos la tecnología que necesitamos para resolver nuestros problemas. Hoy somos el producto de la educación y la cultura que recibimos ayer. Si queremos impulsar de manera sensible el desarrollo artístico, cultural, tecnológico y científico, necesariamente tendremos que jalonar un cambio cultural y replantear de manera más innovadora los modelos pedagógicos que hasta el momento han dominado la educación nacional.

La propuesta es que todos nos pronunciemos en materia educativa. Que la sociedad participe en la definición de la política pública y que los ciudadanos no sigamos siendo invitados de piedra al definirla, como hasta el momento ha sucedido. Los invito a que voten por la calidad y a que colectivamente construyamos la política de Estado en materia educativa. Para ello, la consigna es alcanzar diez millones de votos en defensa de la educación.

Pero esta propuesta no tiene ninguna viabilidad si los jóvenes no la impulsan en las calles y la asumen como propia. Su derecho a la educación ha sido amenazado por una política que privatiza a escondidas y de manera disimulada y populista. No pueden alcanzar la universidad sólo los más “pilos”, como si sólo ellos tuvieran derecho a la educación. Necesitamos que los jóvenes defiendan su sagrado derecho a estudiar, porque como resonó en todo el país en 2012: ¡La educación es un derecho, no una mercancía! La paz y la educación vuelven a convocar a la MANE en las calles. Ojalá los jóvenes escuchen su llamado.

El ex ministro de educación, Jaime Niño Díez, nos acompañó seis años atrás en la fase inicial de esta cruzada y hoy queremos reivindicar su nombre con la consigna que hicimos propia después de que se la escuchamos: ¡Si es necesario, tiene que ser posible!

Fuente del articulo: http://www.semana.com/educacion/articulo/elecciones-2018-la-importancia-de-la-educacion/523153

Fuente de la noticia: https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2012/9/5/272305_174520_1.jp

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