Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

Una delegación uruguaya encabezada por el vicecanciller, Ariel Bergamino, participó en el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que presentó los avances registrados en base a su anterior comparecencia, en 2014, y recibió comentarios y aportes de otros países. En materia de políticas socioeducativas, la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), Marisa Lindner, planteó que el país “avanza hacia un sistema nacional de protección a la infancia y adolescencia a través de políticas integrales e intersectoriales que cuentan con la participación de la sociedad civil y de los niños, niñas y adolescentes”. Agregó que actualmente el INAU atiende a 10% de esa población, con un aumento de 13% en su cobertura desde 2014. Para ello resaltó la importancia de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Ante algunos cuestionamientos de otros países sobre la situación de los centros de detención de menores de edad, Gabriela Fulco, presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), afirmó que en el período 2015-2020 se está llevando a cabo una “tarea de refundación” del sistema, “con apego a la protección de derechos y la dignidad de adolescentes”. En ese sentido, destacó la primacía de las medidas alternativas a la privación de libertad, que para el organismo es concebida como último recurso. Según informó Fulco, desde 2015 se registra una “progresiva y drástica” disminución de la cantidad de adolescentes privados de libertad en el sistema. De acuerdo a las cifras que brindó, actualmente en Uruguay hay 276 menores de edad con medidas privativas de su libertad y 216 están bajo medidas no privativas, “acortándose la brecha preexistente”. Explicó que el modelo de actuación incorpora acciones de justicia restaurativa y que el INAU, INISA y la sociedad civil lo aplican en acuerdo con fiscales, defensores y jueces. “Uruguay ya no es más el país de América Latina con mayor cantidad de adolescentes privados de libertad en relación con la cantidad de habitantes”, afirmó Fulco. Agregó que desde 2016 no hay hacinamiento en el sistema y que se clausuraron cuatro centros cuyas condiciones se consideraban “indignas”, entre ellos el centro de ingreso.

La jerarca planteó que para combatir la violencia se revisaron los protocolos de actuación y ello desembocó en la prohibición de sanciones colectivas. También destacó otros avances, como la creación de figuras de delegados en los centros y la instalación de un mecanismo de denuncias anónimas y de visitas periódicas de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Fulco informó ante la ONU que a partir de estas medidas el organismo procesó 400 investigaciones administrativas, hizo 23 denuncias penales y más de 50 funcionarios resultaron destituidos y apartados del trabajo con los adolescentes. Además, señaló que el nuevo modelo de actuación tiene como centro a la educación, con la participación de 100% de los adolescentes en programas de ese tipo, y también destacó la existencia de programas de acompañamiento al egreso.

En sistema

Rosita Angelo, directora de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, habló de la puesta en marcha de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y de la conformación de un grupo de trabajo para la inclusión de personas migrantes en el sistema, para “asegurar” su ingreso y egreso en todos los tramos obligatorios. Para ello, por ejemplo, se generó un punto de atención para quienes llegaron a vivir a Uruguay en el último tiempo. En materia de políticas dirigidas a la población afrodescendiente, Angelo informó que en 2018 aumentaron las becas para la educación media y los posgrados dirigidos a ese sector.

Laura Motta, integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, habló ante la ONU del sistema de protección de trayectorias que implementa el organismo para mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema. Explicó que comenzó a implementarse desde 2016 e implica la preinscripción obligatoria de los niños y adolescentes en el sistema, el seguimiento de trayectorias, el aumento del tiempo pedagógico y la generación de un sistema informatizado en tramos de obligatoriedad del sistema. Motta señaló que su aplicación implicó un aumento de 3% en los inscriptos a la educación media. Entre otros aspectos, la consejera destacó el trabajo de los Centros Educativos Asociados de UTU, que se ubican en predios próximos a escuelas primarias. Según dijo, la experiencia ha tenido buenos resultados, como el hecho de que en estos centros sólo se registra 2% de abandono en el primer año de la educación media. Por su parte, también habló de la creación de un Marco Curricular de Referencia Nacional para todo el sistema educativo, y de un marco curricular de referencia para niños de hasta seis años.

Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/1/uruguay-dejo-de-ser-el-pais-del-continente-con-mayor-proporcion-de-adolescentes-privados-de-libertad-afirmo-fulco-ante-la-onu/