Pobres contra Ricos

Las continuas manifestaciones de protestas mantienen detenido a un Líbano con un Gobierno sin potestad para presentar leyes o decretos, ni un Parlamento que las pueda aprobar.

Tal vez sea una de las conclusiones ante el aplazamiento este martes de sesiones del Congreso impedidas de desarrollarse porque los manifestantes las consideraron ajenas a sus demandas.

Los legisladores se disponían a debatir proyectos contra la corrupción, las pensiones y una amnistía general, a espaldas de reclamos de miles de libaneses en las calles desde el 17 de octubre último.

A lo largo de los últimos 35 días, las multitudes en desobediencia civil exigen cambios radicales en el sistema político sectario, la renuncia de la elite gobernante, elecciones y recuperación de lo robado al erario, entre otras demandas.

De las cuales hasta ahora solo se concretó la dimisión del primer ministro Saad Hariri y, por ende, del Gabinete.

En la percepción de los analistas, hay una intención desde el exterior de desviar las manifestaciones hacia agendas favorables a otros intereses.

Una de esas posibilidades la denunció el Partido de Dios o Hizbulah, el cual quedaría apartado del poder, caso de prosperar la demanda de un Gobierno tecnocrático puro. Hay sospechas de hilos y recursos detrás de las concentraciones de protesta, pues del aire no vienen la distribución gratuita de comida, agua, cargadores portátiles de móviles o la colocación de equipos de audio en las plazas.

La corriente crisis económica libanesa que se anticipa llevará al colapso si continúa, pasa a un plano secundario frente a un escenario de desobediencia civil para el cual por ahora no aparece solución.

Los intentos oficiales por contener las protestas quedan por debajo de las expectativas de ciudadanos que han visto en los últimos 30 años que la corrupción, la venalidad y el clientelismo político prevalecen en el escenario nacional.

Sin embargo, el movimiento antigubernamental adolece de la falta de una conducción capaz de enrumbarlo hacia un objetivo común.

Cada quien protesta por su cuenta y riesgo, aunque haya un punto coincidente, los pobres contra los ricos, sobre todo si estos últimos robaron para hacerse de sus fortunas.

A la percepción popular no escapa que quienes comandaron los grupos en la guerra civil de 1975-1990, son los mismos que ahora gobiernan.

Los ciudadanos de a pie aguardaban un cambio, pero explotaron cuando la clase dominante intentó con medidas impositivas contra la población liquidar un déficit público de unos 85 mil millones de dólares, equivalente a más de 150 por ciento del producto interno bruto.

Y de momento, las protestas afectaron la credibilidad para las inversiones, la circulación de divisas con la consiguiente falta de suministros en hospitales y gasolineras y se avecina la de productos básicos alimentarios como la harina y la azúcar.

La solución no se ve a lo inmediato porque los problemas acumulados en tanto tiempo, también requerirán de un proceso largo, empero los ciudadanos la quieren ya.