Políticas Estado

América del Sur/Perú/Octubre 2016/Eduardo toche medrano/http://biblioteca.clacso.edu.ar/

Las fuerzas armadas peruanas han venido experimentado en los últimos años un proceso de reforma institucional, cuyo diseño se ha asentado en dos elementos fundamentales. En primer lugar, una evaluación de su desempeño durante las dos últimas décadas, periodo en el que tuvieron que hacer frente a una importante amenaza subversiva contra el Estado, incorporarse a la lucha antinarcóticos, enfrentar un conflicto bélico internacional focalizado con las fuerzas armadas del Ecuador y, además, apoyaron políticamente al régimen autoritario que se instala luego del autogolpe que realizara en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori. En segundo lugar, la forma en que debe realizarse su inserción en la institucionalidad democrática que empezó a construirse luego de que el régimen fujimorista se desmoronara, al sobrevenir una situación en la que se combinaron la recesión económica, la anticonstitucional reelección presidencial del año 2000, la exposición de evidencias incuestionables de una red de corrupción organizada desde el Estado, la movilización social antiautoritaria y la presión internacional.

Tomada la decisión de reformar a las instituciones armadas peruanas, se debió considerar no sólo el nuevo panorama que plantea la seguridad nacional en la actualidad, y los ajustes imprescindibles que deben adoptar para hacerlas funcionales a los criterios democráticos, sino también la manera de revertir la serie de resultados negativos provocados por el tipo de acciones en las que se vieron involucradas durante los años previos, como la alta incidencia que tuvo la corrupción entre sus mandos, la desestructuración organizativa debida a la influencia política que ejerció sobre ellas el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), bajo la conducción del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y las secuelas generadas por una lucha antisubversiva que generó una alta victimización en la población civil —especialmente en los sectores rurales más pobres— y que, a pesar de los tenues avances realizados entre la última etapa del gobierno del presidente Alejandro Toledo y el inicio del periodo gubernamental del presidente Alan García, aún espera una decisiva política de reparaciones y, sobre todo, la debida judicialización a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

La urgencia de los cambios quedó establecida cuando el 28 de julio del 2001, al asumir la presidencia de la República, Alejandro Toledo anunció la conformación del Acuerdo Nacional, espacio concebido para que las diversas fuerzas sociales y políticas del país establecieran consensos respecto de una serie de políticas de Estado. La novena de ellas refiere a la seguridad nacional, mientras que la vigé- simo quinta establece los criterios generales desde los cuáles debe impulsarse la reorganización de los institutos armados1 . Además, el Presidente de la República convocó a una comisión encargada de estudiar y proponer los lineamientos que dirigirían las acciones que debían realizarse en la órbita militar. De esta manera, el gobierno democrático, a través del Ministerio de Defensa, inició el desarrollo de las mismas, teniendo como objetivo modernizar a las fuerzas armadas, y revertir la aguda crisis que atravesaban.

Al cabo de tres años, la evaluación ya era desalentadora. A fines del 2003, una publicación electrónica especializada en la reforma militar, editada por el Instituto de Defensa Legal, afirmaba que “no existía evidencia de una decidida voluntad política en las más altas esferas del ejecutivo y el legislativo para abordar una reforma del sector defensa a fondo”2 . Más aun, desde mediados del 2004 hay indicios claros de que el proceso se ha detenido e, incluso, ha empezado a mostrar claras señales de reversión.

Este panorama indica que lo diagnosticado acerca de los problemas que aquejaban a los institutos militares era cierto, pero desbordaba la simple ausencia de voluntad política por parte de las más altas autoridades del país. La reforma militar intentó llevarse a cabo mediante cambios constitucionales y legales en los roles que deben cumplir los militares y, por otro lado, potenciando al Ministerio de Defensa como el ámbito en donde se formulase y ejecutase la política de defensa del país. Ambas cuestiones, aunque necesarias, no son suficientes.

La búsqueda de mejores marcos legales e institucionales, sin haber procedido a comprender los profundos sentidos que adquirió la cuestión militar en el Perú (en lo que hace a su organización, relaciones con su entorno y justificaciones de su función) pueden dar como resultado, como parece haber sucedido, cambios meramente formales que no provocan efectos sustanciales ni sostenibles. De esta manera, algunas medidas contempladas en el diseño de reorganización que han podido llevarse a cabo, como la sustitución del servicio militar obligatorio por el voluntario, la publicación del Libro Blanco de la Defensa Nacional, la reforma de los planes de estudios de las escuelas de oficiales para dar cabida a cursos de derechos humanos y de derecho humanitario, entre otras, están siendo cuestionadas, y no hay mayor seguridad de que pueda impedirse la distorsión de sus objetivos.

La insuficiencia de estas medidas, así como su relativa eficacia, quedó en evidencia cuando surgió una situación de tensión con Chile durante los primeros meses del 2004, a propósito de la demanda peruana sobre la delimitación marítima entre ambos países. El acontecimiento, que no debió trascender de los marcos diplomáticos, fue aprovechado por las fuerzas armadas de ambos lados para justificar la necesidad de aplicar considerables recursos en gastos de defensa.

En el caso del Perú, la coyuntura sirvió para que el gobierno del presidente Toledo accediera a las presiones de los militares, adquiriendo fragatas misilísticas y, posteriormente, creando un fondo destinado a suplir las demandas del sector Defensa. Paralelo a ello, fue evidente que el gobierno no mostró mayor disposición para implementar las recomendaciones que se indicaron en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), aunque finalmente dio señales positivas respecto de la reparación debida a los familiares y víctimas de la violencia política. Pero no ocurrió lo mismo con las sanciones pendientes sobre aquellos efectivos identificados fehacientemente como responsables de violaciones de derechos humanos cuando se aplicó una generalizada política contrasubversiva en el país.

En todo caso, puede decirse que el marco desde el cual se intentó dar curso a la reforma militar en el Perú debió facilitar la realización de los ajustes pertinentes para que tanto la norma como los encargados de hacerla cumplir fueran eficientes; pero la pregunta al respecto sería: ¿qué sucede cuando el fundamento mismo de ambos, el Estado, muestra graves fallas estructurales en su relación con la sociedad? Sobre ello, la conducta de las fuerzas armadas no puede ser desligada del marco institucional-estatal en el que se hayan inscritas, ni de las diversas, continuas y muy complejas relaciones que establecen con los actores civiles.

Bajo estas consideraciones, es muy importante para conocer las consecuencias de la intervención política de los militares en el Perú, remitirse a las conclusiones expuestas en el Informe Final de la CVR que, por lo mismo, resulta ser una herramienta indispensable para analizar los posibles remedios que podrían adoptarse para cancelar la posibilidad de una abierta violencia del Estado en el futuro.

Según la CVR, la importancia que adquirió el fenómeno subversivo en el Perú estuvo en directa relación con las debilidades mostradas por la democracia formal que se desarrolló en el país entre 1980 y 1992. En este sentido, la inoperancia de las autoridades elegidas alimentó la paulatina abdicación del poder civil, permitiendo la creciente presencia política de las fuerzas armadas (CVR, 2003: IX, 91).

El resultado fue la cada vez más evidente autonomización de las fuerzas armadas, que dio lugar a una situación que las alejó de los controles debidos sobre sus funciones, y que permitió la aparición de instancias que fueron usadas contra los opositores al régimen autoritario vigente en los años ’90 (como fue el caso del SIN).

Entonces, lo acontecido en torno a la violencia política ocurrida en el Perú durante las dos décadas previas, y la actuación que tuvieron las fuerzas armadas en este contexto, hace suponer que el problema a considerar cuando se intenta reformar a estas instituciones es más complejo que lo asumido hasta el momento, y sólo puede ser entendido si nos remontamos a periodos anteriores a 1980. En ese sentido, está claro que la manera como concibieron los militares el problema subversivo y, a su vez, cómo asumieron los gobernantes y autoridades civiles los roles que debían cumplir ante esta circunstancia no fueron productos que se elaboraron en el momento en que se presentó el problema. En gran medida, todo parece indicar que lo que allí se desplegó fue un discurso que fue construyéndose desde mucho antes —inscrito, además, en la forma como fue desenvolviéndose la construcción del Estado nacional peruano durante el siglo XX.

En este sentido, lo crucial para los militares peruanos fue definir a los miembros de la comunidad nacional, y a quiénes serían los que estaban fuera de ella. Además, entre los últimos, no hubo homogeneidad de criterios para caracterizarlos, pues —como intentaremos demostrar a lo largo del presente estudio— hubo quienes mostraron aptitudes para ser incorporados en esta comunidad nacional militarmente imaginada, y hubo quienes no. Aun así, la división no fue tajante, y muchos elementos no sólo se intercambiaron entre ambos grupos sino que, con el transcurso del tiempo, tal como afirmamos líneas arriba, ambas dimensiones operaron una especie de retroalimentación entre ellas.

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http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120419125101/medrano.pdf

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