Políticas Públicas

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España: Una iniciativa pretende fiscalizar los 2.000 millones del Fondo Covid

Noticias

Europa/España/08 Octubre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • La Plataforma de Infancia junto a PoliticalWatch ponen en marcha una campaña hoy bajo el nombre de #ColeSeguro, con la que quieren conocer en qué se están invirtiendo los fondos COVID destinados a las comunidades autónomas, así como recoger la opinión de la comunidad educativa sobre el funcionamiento de las diferentes políticas públicas puestas en marcha.

a promesa del Gobierno central de destinar 2.000 millones a las comunidades autónomas para que invirtieran en educación para compensar las dificultades provocadas por la pandemia de la Covid-19 se cumplió hace semanas. Antes del verano ya se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las cifras que cada autonomía recibiría.

El problema mayor es que son fondos finalistas. Las administraciones pueden gastarlos en educación o en cualquier cosa. No tienen que rendir cuentas a nadie por este tema, como han reconocido varias veces fuentes del Ministerio de Educación. Conseguir la información sobre esta cuestión es realmente complicado. Algunas autonomías responden a esta pregunta enviando tablas informativas en las que no se aclara muy bien qué partidas las sufraga el fondo y cuáles el presupuesto autonómico. Otras se limitan a facilitar un escueto «hemos contratado 2.300 docentes».

Para paliar esta falta de información, la Plataforma de Infancia y la entidad PoliticalWatch, comienzan hoy una campaña, #ColeSeguro, que como mínimo se prolongará hasta el mes de diciembre. Se apoyará en tres patas fundamentales.Para ello, además de hacer incidencia en redes sociales, también han puesto en marcha la página web ColeSeguro: https://coleseguro.es

La primera, conseguir toda la información posible sobre esta inversión en educación de las autonomías. Para ello contarán con colaboradores que intentarán rastrear los fondos siguiendo la actividad parlamentaria en las diferentes comunidades autónomas, o buceando en los boletines oficiales de cada una de ellas para ir armando el complejo puzzle de las inversiones no finalistas. Un arduo trabajo con el que, explica Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia quieren averiguar dónde se está poniendo el dinero: bajadas de ratios, obras en los centros educativos, compra de material higiénico-sanitario…

La segunda de las patas será una encuesta de 32 preguntas que se centrará en actores de la comunidad educativa. Para ello consultarán a sindicatos, organizaciones de directores y directoras y, también, a las de estudiantes. El objetivo es saber cómo estas inversiones y políticas públicas están llegando a los 28.000 centros educativos que hay en el país.

Y, la tercera, será una encuesta dirigida a toda la sociedad en general, aunque principalmente pensada para las familias o las personas con niñas, niños y adolescentes cerca. El objetivo de sus preguntas será conocer cómo perciben ellas las actuaciones que se están llevando a cabo para garantizar la salud y la seguridad de las y los menores en los centros educativos.

Ibarra explica que esperan conseguir una muestra bastante grande para estas encuestas. Con toda la información que obtengan de cada una de estas partes intentarán ver cómo se relacionan unas con otras a lo largo del tiempo. Comenta el director de la Plataforma que, además, andando el tiempo y en función de la evolución de la pandemia intentarán hacer nuevas oleadas de encuestas para hacer ese seguimiento de la información.

Ambas organizaciones, si la financiación lo permiten, mantendrán el seguimiento de la información sobre las medidas, las políticas y las inversiones relacionadas con ellas a lo largo también de 2021.

Se trata de una iniciativa compleja, dado que, como constata el propio Ibarra, «no hay mucha voluntad de transparencia» en lo que se refiere a dar explicaciones sobre en qué y cómo se está invirtiendo el dinero para paliar las consecuencias de la pandemia y mejorar la atención a la infancia y la adolescencia en los centros educativos.

La dificultad de recopilar los datos

Durante las últimas semanas, hemos intentado recopilar algunas de las cifras de inversión de diferentes administraciones públicas autonómicas sobre la finalidad de los fondos Covid invertidos por el Gobierno central. Un total de 1.600 millones han ido a parar a las arcas de los territorios, bajo la premisa de que podrían gastarlos en educación. Pero sin obligación legal de hacerlo. Y sin un seguimiento o fiscalización de ningún tipo.

Hemos consultado a algunas de las autonomías que mayores cantidades pecibieron en su momento: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Catalunya. Los datos que unas y otras devuelven son muy diferentes, en cuanto a concreción, sobre todo.

Por ejemplo, Catalunya, según el primer anuncio publicado en el BOE, recibió 337,4 millones de euros de los fondos. Esta cantidad se ha destinado al refuerzo de personal docente, también del de administración y servicios. Se han contratado refuerzos para la concertada y para los municipios. También ha habido inversiones en material informático, o se ha completado el Plan de Equidad Digital, se han comprado EPI, se han adecuado espacio, se han realizado pruebas de salus. Se han invertido en los comedores o en compensación para la escolarización en educación infantil pública y privada. Finalmente, se ha incrementado el servicio de transporte escolar y se ha indemnizado a empresas de comedor escolar.

El «problema» surge al comprobar que las candidades de todas estas inversiones exceden el fondo Covid destinado a Catalunya, además, de superar también otras inversiones provinientes del Gobierno central por vía de los programas PROA+ o de la inversión de la empresa Red.es. El total invertido cuenta con financiación de la propia Generalitat y las fuentes de Educació consultadas no saben decir en qué partidas exactas se ha gastado qué cantidad del Fondo Covid.

Aún así, Catalunya ofrece una información relativamente transparente. Las fuentes de la Comunidad de Madrid son más crípticas. Hasta hace unos días, lo único de lo que podían informar es que ya se estaban ejecutando los Fondos Covid destinados a la autonomía, cerca de 291,7 millones de euros. «En la actualidad, aseguran estas fuentes, este presupuesto ya se está ejecutando en lo más importante para el inicio de curso como la contratación de personal docente, infraestructuras educativas de diferente índole, la adquisición de material para los centros y todo lo que está siendo necesario para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Por el momento no podemos ofrecer el desglose de cada uno de los gastos».

En la Consejería de Educación de Andalucía también han hecho un importante trabajo en relación a conocer en qué se han invertido cientos de millones de euros para este inicio de curso. Pero no se ha terminado de afinar esa transparencia. Según informan, la Junta ha puesto en marcha un Plan de Acción en Educación que está dotado de 600 millones de euros. Aunque en las últimas horas se ha visto aumentado tras el acuerdo firmado con los sindicatos para aumentar la ampliación de las plantillas docentes.

En cualquier caso, dentro del cómputo global de estos 600 millones (620 según las últimas cifras facilitadas por educación), estarían contenidos los cerca de 300 millones que ha recibido Andalucía. Aunque no se ha facilitado un desglose de qué parte del fondo Covid cae en cada nueva inversión, se cuenta con un aumento de las plantillas docentes tanto en la pública como en la concertada. También de las plantillas no docentes, con un aumento del personal de limpieza o de PTIS para los centros de educación especial. Además, se contempla un aumento de la inversión para obras en las infraestructuras y en material higiénico-sanitario.

Desde la Comunidad valenciana, fuentes sindicales aseguran que la inversión del fondo, unos 214 millones de euros, ha recaido en la contratación de más personal. Aproximadamente, dicen, un 80% del total. El resto se ha ido en material higiénico-sanitario, aunque hace unos días (finales de la semana pasada) había centros que todavía no habían recibido nueva financiación.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/07/una-iniciativa-pretende-fiscalizar-los-2-000-millones-del-fondo-covid/

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Libro (PDF): «Cambio climático y sus impactos en el Gran Caribe»

Reseñas

Reseña: CLACSO

Este libro recoge las experiencias del Primer Seminario sobre Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe de 2019, dictado en la Universidad de La Habana, Cuba, y organizado por el Grupo de Trabajo de CLACSO «Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe» de conjunto con la Cátedra de Estudios del Caribe «Norman Girvan».

Los ejes transversales que atraviesan a los artículos seleccionados son el papel de las políticas públicas en el enfrentamiento al cambio climático en el Gran Caribe; la articulación con movimientos sociales y activismo en el enfrentamiento al cambio climático en el Gran Caribe; y la necesidad de la construcción de redes que impacten incluso en el discurso global y las relaciones internacionales. Considérese que, para los países caribeños, en la formulación de política exterior y participación en foros internacionales sobre clima y medio ambiente, resulta central el reconocimiento de la pequeñez y vulnerabilidad del Caribe. Tal argumento es estratégico para el desarrollo de las negociaciones. Las posiciones regionales necesitan identificar similitudes para concurrir desde una posición Caribe y convencer a donantes internacionales sobre la urgencia de destinar fondos y apoyos a proyectos para la adaptación y mitigación. El Seminario fue una experiencia positiva en el esfuerzo de articular ciencias naturales y sociales en torno a un tema singular: el cambio climático y sus impactos. En la región falta mucho por hacer en términos de avanzar hacia una comprensión integral sobre el cambio climático desde esferas de lo político, jurídico y económico. Lo ambiental no puede verseaislado de lo social, la conciencia ambiental no puede formarse sin una dimensión social.

Autor (a): Jaqueline Laguardia Martínez. [Coordinadora]

Jaqueline Laguardia Martínez. Arlene Gómez Palacios. Daniel Hernández Rosete. Marlén Sánchez Gutiérrez. Marta Rosa Muñoz Campos. María Isabel Romero Sarduy. Jorge Alfredo Carballo Concepción. Janet Rojas Martínez. Verónica Polo Jiménez. Jean Yves Lacascade. Raymond Laureano-Ortiz. Marisleidys Concepción Pérez. Mildred Cabrejas Quintana. Rosabel Sotolongo Gutiérrez. Maritza Islas Vargas. José Luis Perelló Cabrera. Sahilí Cristiá Lara. Sandy Yero Arbelo. Juan Manuel Fernández Lorenzo. Armando Caymares Ortiz. [Autoras y Autores de Capítulo].

Editorial/Edición: CLACSO

Año de publicación: 2020

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-658-4

Idioma: Español.

Descarga: Cambio climático y sus impactos en el Gran Caribe

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2234&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1424

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Rezago Educativo

Sergio Martínez Dunstan

Por: Sergio Martínez Dunstan

La economía mexicana ha sido afectada por la pandemia. ¿A cuánto asciende el daño? El  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el sistema del mismo nombre, lo estima tomando como punto de referencia el Producto Interno Bruto (PIB). En la metodología utiliza estadísticas, modelos econométricos así como las recomendaciones internacionales. En días pasados dio a conocer el cálculo del segundo trimestre del actual dos mil veinte. Resultó el – 18.9% de variación con respeto a igual periodo del año anterior. Abunda sobre el tema, por ejemplo, que las actividades secundarias son las más perjudicadas (- 26.0%) seguidas de las terciarias (- 15.6%) y las primarias mantuvieron casi la misma tendencia (- 0.7%). Recoge información fidedigna y la contrasta con las series históricas. A partir de ahí, diversas audiencias interpretan y emiten juicios de valor a fin de tomar decisiones oportunas para mejorar la economía, en este caso a través de políticas públicas. De manera similar, procesa datos sobre comercio, agricultura, ganadería, pesca medio ambiente, turismo, entre otros tópicos. ¿Y para el sector educativo? Se exponen indicadores desagregados por características generales, materiales y recursos e indicadores de eficiencia (matriculación, absorción, abandono escolar, eficiencia terminal y esperanza de escolaridad). Pero no se cuenta con una medida que sirva para conocer el aprendizaje de los alumnos en su paso por el sistema educativo nacional. Ese desapreció junto con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No hay manera de valorar objetivamente el estado actual, sus avances y/o retrocesos, que guarda la educación en México.

Cabría suponer que, al igual que la economía, la educación también haya sufrido  afectaciones a nivel sistémico, en lo general, como en lo individual. ¿En qué medida? Si el daño económico, según dicen los especialistas, es inédita como nunca había ocurrido en la historia de nuestro país, cabría suponer entonces que el rezago educativo es de la misma magnitud. Con la información que se cuenta disponible en las diversas dependencias gubernamentales ¿podría medirse el rezago educativo? ¿sería posible identificar las áreas geográficas, los estratos sociales, las edades cronológicas prioritarias de atención? ¿Cuáles son las capacidades o competencias necesarias de privilegiar para su desarrollo en los estudiantes? ¿cuáles déficits trae consigo y cómo se reflejará en lo social y en lo laboral? ¿en el desarrollo científico y cultural? ¿Estamos en condiciones de plantear alternativas de solución sin un diagnóstico técnicamente sólido? ¿Cuáles son los saberes y sus ignorancias de nuestros alumnos? ¿qué deberían saber? Al parecer, se están dando palos de ciego en la política educativa mexicana porque se desconocen las dimensiones del problema.

Basta tener presente que el Ciclo Escolar 2020 – 2021, en los hechos, aún no empieza. Las tres semanas de repaso es un reconocimiento tácito de las autoridad educativa federal de tal deterioro. Las inscripciones y reinscripciones concluyen el 11 de septiembre. Aprende en Casa II principia hasta el 14 del mes patrio. Es indudable el retraso del aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo se resolverá tan grave situación? Sería muy cuestionable decir que esto es mejor que nada, mejor un rezago a medias que total, preferible un retraso a no recibir ningún tipo de educación formal. Hay que solventar el presente de acuerdo con las circunstancias pero con la mirada puesta en el futuro inmediato, en mejorar paulatinamente la situación educativa a corto, mediano y largo plazo y no sólo para salir del paso. Veo la necesidad de impulsar un Plan Emergente de Educación a fin de blindar la formación de los estudiantes de las vicisitudes propias de los tiempos por venir. O al menos concretar y darle viabilidad al Acuerdo Nacional de Educación. Es un asunto de muchos sino es que de todos y no sólo de la heroica labor de los maestros. Es aquí en donde se requiere replantear el perfil de egreso, el tipo de mexicano que se quiere formar. ¿El de la reforma integral de la educación básica y media superior? ¿el de los aprendizajes claves para la educación integral? ¿o el anunciado, y frustrado hasta el momento, Nuevo Modelo Educativo 2020? ¿o hay otro? La función de la Nueva Escuela Mexicana está en duda.

Por cierto, están ocurriendo algunos sucesos que dan muestra de la lucha por el poder y condicionan de una forma u otra el contexto educativo actual. Para ese fin, les recomiendo la primicia de Erick Juárez, Director Editorial de Educación Futura y publicada en ese mismo espacio el pasado 30 de agosto sobre el regreso al escenario político y sindical de Elba Esther Gordillo. Ella retuiteó recientemente el artículo de Alberto Aguirre en el periódico El Economista bajo el título “SNTE ¿democracia postergada?” en el cual se concluye que “El SNTE está obligado a convocar a un Congreso Nacional para reformar el Estatuto y elegir la nueva dirigencia nacional por voto secreto, libre y directo de los afiliados a la organización, según el calendario de renovación aprobado por la autoridad laboral. Ella también compartió en esa misma red social el video en el cual el Presidente señaló que se le había enjuiciado torciendo la ley y por consigna. Días después, al actual líder del sindicato más grande y poderoso de Latinoamérica, el SNTE, visitó Palacio Nacional al lado de Andrés Manuel López Obrador. Otra noticia que ha causado sorpresa es la negación del registro como partido político a Redes Sociales Progresistas dirigido por el yerno de la Maestra  y al Grupo Social Promotor de México impulsado por la actual dirigencia nacional del SNTE con el apoyo de la estructura del desaparecido Partido Nueva Alianza. Y la nota más reciente, las posiciones en el gobierno del Estado de México que aún conservaba el SNTE desde los tiempos de Elba Esther Gordillo se han venido perdiendo. Es indudable que la disputa por la educación y el magisterio se está dando sin cuartel ni tregua con miras al próximo periodo electoral.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: http://www.educacionfutura.org/rezago-educativo/

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Ecuador: Corte Constitucional autoriza que el gobierno recorte el presupuesto a Universidades

Noticias

Corte Constitucional autoriza que el gobierno recorte el presupuesto a Universidades

La Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia en la que consta la revocatoria de las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo, lo que frenaba temporalmente al Ministerio de Finanzas a reducir el presupuesto de las universidades.

La CC consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas actúa dentro de sus competencias. “La emisión de las directrices presupuestarias constituye una medida constitucional y legal ordinaria”, señala la sentencia.

Fallo

“Consta como atribución del Ministerio de Economía y Finanzas el aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles presupuestarios fijados. (…) Considerando esas premisas normativas, se concluye que la emisión de directrices presupuestarias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas no constituye como tal una medida excepcional adoptada al amparo del artículo 165 de la Carta Constitucional, sino una medida del régimen constitucional y legal ordinario”, dice la CC.

Nóminas y sueldos

La reducción impacta sobre el pago de nómina de docentes y administrativos. En entrevistas pasadas, Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central señalaba que esto significaría una reducción del personal lo que impacta directamente en la calidad académica.

Por su parte, Agustín Albán, titular de la Secretaría de Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en conversación con Diario La Hora (el pasado17 de mayo) resaltó la necesidad de entender el ajuste presupuestario y su aporte durante la crisis.

Las autoridades universitarias han reconocido que el recorte planteado por el Ministerio de Finanzas, aplica en la partida 51, destinada al pago de salarios.

La Hora

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Libro(PDF): «Arte y ecología política»

Reseñas

Reseña: CLACSO

En la literatura, las artes plásticas y el cine, igual que en la acción democrática, lo que está en juego es la posibilidad de alterar las formas hegemónicas de experiencia del mundo y así dar visibilidad a todo aquello que suele ser excluido de los marcos consensuales de percepción.

En Argentina y a lo largo de América Latina, la reciente expansión de la frontera extractiva ha puesto en jaque los derechos territoriales y la salud colectiva. Es preciso poner en discusión esa lógica sacrificial que subordina la vida humana y no humana a la apropiación y explotación intensiva de la naturaleza. Es una tarea que requiere repoblar nuestra imaginación para hacer lugar a mundos alternativos. Arte y ecología política constituye el primer volumen de su tipo pues reúne ensayos, crónicas e investigaciones que bucean en diferentes aspectos estéticos y expresivos que hacen espacio a otras formas de vivir más justas y sustentables.

Autor (a): Gabriela Merlinsky. Paula Serafini. [Editoras]

Gabriela Merlinsky. Paula Serafini. Silvana Buján. Eduardo Molinari. Azul Blaseotto. Aurelio Kopainig. Julia Mensch. Pablo D’Alo Abba. Abelardo Cabrera. Juan Pablo Lepore. Yasmín Dávalos. Felipe Gutiérrez Ríos. Iconoclasistas. Julián Pellegrini. Anahí Méndez. Gabriela Massuh. Florencia Tola. [Autores y Autoras de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. IIGG – Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Año de publicación: 2020

País (es): Argentina

ISBN: 978-950-29-1858-7

Idioma: Español.

Descarga: Arte y ecología política

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2225&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1419

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Argentina: El gobierno del agronegocio: de la manipulación de las políticas públicas a la toma del poder

Noticias
Biodiversidad América Latina

El agronegocio en el poder. Puertas giratorias, leyes a medida y manipulación de políticas públicas.

La presencia de CEOs y dirigentes empresarios dentro de los gobiernos es un rasgo distintivo del extractivismo en la región. Tienen un perfil antiestatal, antipolítico y promercado, convencidxs de que el sector privado debe liderar los procesos de desarrollo, dejando al Estado en un rol subsidiario.

Aunque los argumentos públicos que esgrimen lxs ejecutivxs para justificar esta práctica de entrada y salida de cargos públicos (denominada “puertas giratorias”) pasan por la supuesta profesionalización, eficiencia y modernización del sistema, la razón principal del paso de estxs actores desde el sector privado al público obedece a la decisión de incidir en el accionar del Estado en favor del sector empresario.

El imaginario publicitado es que si construyeron carreras laborales exitosas en el mundo privado, son lxs mejores; que como ya tienen posiciones económicas acomodadas no buscarán enriquecerse a costa del erario público; que como no provienen de la política partidaria son más independientes para aplicar medidas tecnocráticas; que los criterios de administración privada son extrapolables a la función pública; y que los criterios del sector privado son los más modernos y eficientes.

En Argentina, siempre hubo representantes del agronegocio en los ministerios, pero la gestión de Cambiemos (presidencia de Mauricio Macri, 2015-2019) superó todo lo anterior. El 31% de los funcionarios de ese Gobierno ocupó alguna vez un puesto de alta o media/alta gerencia en el sector privado. La mayor incidencia empresaria se dio en los ministerios de Agroindustria, Energía, Hacienda y Producción.

En Agroindustria, la mitad de los altos funcionarios (13 sobre 26) fueron dirigentes de corporaciones agropecuarias, en particular de Confederaciones Rurales (CRA), de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Una investigación reveló que, en los intentos de modificar la ley de semillas, existían al menos treinta funcionarixs con conflictos de intereses por sus vínculos con las compañías que serían beneficiadas con la ley. El estudio también denuncia el rol de ONG y fundaciones que se presentan como “apolíticas” y “científicas” pero son financiadas por las empresas dedicadas a productos transgénicos. Las organizaciones involucradas son Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y Fundación Barbechando, entre otras.

Un caso paradigmático es el de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), responsable técnica-científica de aprobar los transgénicos y que ya hemos presentado en el Capítulo 1.

Tweets sugeridos:

#AtlasOGMConoSur | La presencia de CEOs y dirigentes empresarios dentro de los gobiernos es un rasgo distintivo del extractivismo en la región. Tienen un perfil antiestatal, antipolítico y promercado.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina, siempre hubo representantes del agronegocio en los ministerios, pero la gestión de Cambiemos (presidencia de Mauricio Macri, 2015-2019) superó todo lo anterior.

#AtlasOGMConoSur | El 31% de los funcionarios de ese Gobierno ocupó alguna vez un puesto de alta o media gerencia en el sector privado.

#AtlasOGMConoSur | El agronegocio en Bolivia funciona operado desde el poder político regional de Santa Cruz. No se aplica el concepto de “puertas giratorias”.

#AtlasOGMConoSur | En Brasil, históricamente, los ministros de agricultura han sido grandes terratenientes, involucrados en el agronegocio y activos en las organizaciones del agro empresariado, con particular influencia de la CNA.

#AtlasOGMConoSur | En Paraguay la clase dominante está constituida por la oligarquía terrateniente agroexportadora. Como señalaba Tomás Palau, todo gobierno tiene que ser funcional a los mecanismos instalados de acumulación de riqueza.

#AtlasOGMConoSur | Desde la instalación del agronegocio, el sector empresario logró leyes, resoluciones y decretos a medida de lo solicitado por las compañías.

#AtlasOGMConoSur | La lucha de las organizaciones campesinas en cada uno de los países logró importantes victorias también en el terreno legislativo.

– Pueden descargar el capítulo (PDF) aquí

Fuente e imagen:  Biodiversidad América Latina

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México: Prevén aumento considerable de abandono escolar ante COVID 19

Noticias

Las investigadoras Inés Dussel (CINVESTAV); Carlota Guzmán, del Centro (CRIM, UNAM), y Sylvia Ortega (Mejoredu) manifestaron que un gran número de estudiantes de la educación media superior está en riesgo de abandonar la escuela en este tiempo de pandemia por causas socioeconómicas, por lo que recomendaron establecer una nueva generación de políticas públicas con las que se refuerce la coordinación intersectorial para hacer frente a este problema.

Destacaron la pertinencia de las sugerencias emitidas por la comisión para este nivel educativo, las que pueden adaptarse a las condiciones y diversidad de los planteles.

En el foro moderado por Leonel Pérez, consejero técnico de Mejoredu, Inés Dussel, investigadora del DIE-CINVESTAV, señaló que entre los factores que incrementan el riesgo de abandono en la educación media superior están la desigualdad económica y la falta de conectividad.

Resaltó que durante la contingencia por COVID-19 es importante que los actores educativos tengan mejores herramientas, trabajen de cerca con madres y padres de familia y construyan grupos de apoyo en la escuela y señaló que es momento de valorar “qué queremos que siga y qué debemos desechar”.

Destacó que el regreso a clases debe tomarse como una celebración en la que se reconozca el esfuerzo que el Sistema Educativo Nacional ha realizado en favor de las y los estudiantes.

Dijo que uno de los principales retos que enfrentan las y los docentes durante la pandemia es la selección de contenidos y los invitó a no renunciar a los más difíciles y a no descuidar los aspectos afectivo y emocional de alumnas y alumnos.

Carlota Guzmán Gómez, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, señaló que en la educación media superior 19 por ciento de las y los estudiantes no ha tenido contacto con sus profesoras y profesores, cifra bastante preocupante que orilla al abandono escolar.

Destacó que la insuficiente conectividad, la falta de interés al no poder acoplarse a la educación a distancia y el deterioro económico de sus familias están entre los factores que influyen para que los jóvenes dejen la escuela.

Mencionó que, en términos de política pública, el programa “Aprende en Casa II” realizado a través de la televisión, transmite un mensaje de certeza a las niñas y a los niños, a las y los docentes, y a las madres y los padres de familia, porque hay una estrategia de comunicación mucho más clara de parte de las autoridades educativas.

Resaltó que hay cambios favorables, como la mejor preparación docente y que tanto ellos como las y los estudiantes aprendieron a comunicarse en este tiempo.

Sylvia Ortega, consejera ciudadana de Mejoredu, aseguró que ante esta crisis las comunidades escolares respondieron al organizarse para mantener el aprendizaje de las y los estudiantes y que con base en esa evidencia se puede apreciar lo que funcionó.

Prueba de ello, comentó, fueron las decisiones tomadas para no dejar a nadie atrás y el interés mostrado por las profesoras y los profesores para que sus estudiantes terminaran su ciclo escolar.

Subrayó que la deserción se presenta por motivos socioeconómicos y afecta más a las mujeres. La educación necesita una nueva generación de políticas públicas coordinadas con sectores como los de salud y de trabajo, subrayó.

Informó que la exclusión, la desigualdad y el bajo logro escolar deben atenderse en la educación media superior, pues es posible que empeoren con la pandemia.

Finalmente, destacó que las administraciones anteriores dejaron muchas cosas por hacer en este nivel educativo, por lo que el actual gobierno trabaja para que el sistema educativo esté a la altura de lo que requieren las nuevas generaciones.

Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/preven-aumento-considerable-de-abandono-escolar-ante-covid-19/

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