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Marcha federal universitaria en Argentina: 5 claves del conflicto por el presupuesto educativo

Por: Alfredo Dillon

La caída de los salarios docentes y el desmantelamiento del sistema científico figuran entre los principales reclamos de la movilización que se realizará hoy. Mientras el presidente se prepara para vetar la ley de financiamiento, se profundiza la confrontación con las casas de estudio

En septiembre, el Congreso aprobó la ley que recompone el financiamiento universitario para 2024. Pero el anuncio del veto por parte del presidente Milei catalizó una nueva movilización, tras la marcha del 23 de abril. (Mario Sar)

 

Pasaron 162 días desde la primera Marcha Federal Universitaria, que el pasado 23 de abril movilizó en todo el país a estudiantes, egresados, docentes y familias en contra de los recortes al presupuesto para la educación superior. Aquella marcha consiguió que, en mayo, el Gobierno nacional aprobara una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento, así como un 300% en los fondos para los hospitales universitarios, en línea con la inflación acumulada desde 2023.

 

Pasaron 224 días desde que los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtieron públicamente sobre “la situación crítica en las universidades”. En un documento del 21 de febrero, expresaron su preocupación por cuatro puntos: los gastos de funcionamiento, los salarios de docentes y no docentes, la inversión en infraestructura y becas, y los fondos para las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

 

De esos cuatro puntos, las universidades plantean que solo el primero se resolvió. La situación del segundo –la caída salarial– no encontró solución, pese a que la paritaria universitaria mantuvo reuniones periódicas. En septiembre, el Congreso aprobó la ley que recompone el financiamiento universitario para 2024, con foco en los salarios. Pero el anuncio del veto por parte del presidente Javier Milei fue el catalizador de la nueva movilización que tendrá lugar hoy en todo el país, con epicentro en Plaza del Congreso.

 

¿Cómo se llegó hasta acá? ¿Por qué no pudo resolverse la situación del presupuesto universitario? A continuación, cinco puntos clave para entender la movilización de hoy, en el marco de un conflicto que signó los primeros diez meses del gobierno libertario.

 

1. La caída de los salarios docentes y no docentes

Los salarios de docentes y no docentes tuvieron una pérdida de alrededor del 33% de su poder adquisitivo desde que asumió el nuevo gobierno, según un informe de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN). Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 los salarios universitarios tuvieron un aumento del 89,5%, pero en ese período la inflación acumulada fue de 153,1%, informó Conadu. Desde el Gobierno reconocen la caída, pero explican que está en línea con el retroceso general del salario real de los asalariados desde fines de 2023. Los salarios representan más del 90% del presupuesto universitario.

El gráfico muestra el aumento de los salarios universitarios desde noviembre de 2023, en contraste con la inflación acumulada (y considerando el impacto del impuesto a las ganancias a partir de julio). Fuente: Conadu

El gráfico muestra el aumento de los salarios universitarios desde noviembre de 2023, en contraste con la inflación acumulada (y considerando el impacto del impuesto a las ganancias a partir de julio). Fuente: Conadu

Uno de los reclamos del Frente Sindical de Universidades Nacionales (integrado por Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fatun y Fagdut) es que en 2024 los salarios universitarios evolucionaron 20 puntos por debajo del promedio de los empleados estatales. Según el Gobierno, esa brecha se resolvía con la propuesta oficial de la última paritaria, cuando las autoridades ofrecieron un 5,8% para octubre (que se sumaba al 1% ya otorgado), cifra que desde el Ministerio de Capital Humano calificaron como un “histórico ofrecimiento”.

Aquel aumento ubicaba los salarios universitarios en “niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, informó el ministerio. Pero los gremios lo rechazaron por considerarlo insuficiente; la negociación se retomará el próximo lunes 7 de octubre. El diálogo entre las partes permanece abierto, pese a que las acusaciones cruzadas fueron subiendo de tono, especialmente en los días previos a la marcha.

Según cifras oficiales, en Argentina 7 de cada 10 (69,5%) docentes del sistema universitario público tienen una “dedicación simple”, en torno a las 10 horas semanales. Por eso, desde el Gobierno cuestionan que se consideren esos salarios como referencia para plantear que la mayoría de los profesores están “bajo la línea de pobreza”. Apenas el 10% de los profesores tiene dedicación “exclusiva”: un titular en esas condiciones cobró $1.356.097 en septiembre (sueldo bruto básico), que ascienden a $1.695.122 con 10 años de antigüedad. Para un adjunto con dedicación exclusiva (es decir, 40 horas semanales), el salario bruto inicial es de $1.057.891 (y 1.322.364 con 10 años de antigüedad).

Desde fines de 2023, los salarios universitarios tuvieron una caída aún mayor que la del sector público. Sin embargo, según el Gobierno ambos sectores quedarían equiparados con la última oferta salarial del 6,8% en octubre. Fuente: Ministerio de Capital Humano

Desde fines de 2023, los salarios universitarios tuvieron una caída aún mayor que la del sector público. Sin embargo, según el Gobierno ambos sectores quedarían equiparados con la última oferta salarial del 6,8% en octubre. Fuente: Ministerio de Capital Humano

Al comparar el salario de un profesor titular de dedicación exclusiva en Argentina con respecto a otros países de la región, se observa que los salarios universitarios en Argentina (medidos según el dólar financiero) son 3,7 veces más bajos que los de Brasil y apenas un tercio de los de Uruguay. A su vez, representan la mitad de lo que cobra un profesor con la misma categoría en Chile, Bolivia o Perú, según el informe de la UNSAM y la UNRN.

La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en septiembre establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período”. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

 

2. Un reclamo federal con amplio apoyo social

Esta semana varios funcionarios del Gobierno nacional consideraron que la movilización será una marcha “opositora”. Desde distintos sectores de la oposición expresaron la adhesión a la marcha: legisladores nacionales de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, así como de Unión por la Patria, anticiparon que participarán de la movilización y llamaron a la ciudadanía a sumarse. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldó la protesta, así como Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta; a la marcha del pasado 23 de abril asistieron, entre otros líderes políticos, Sergio Massa y Axel Kicillof.

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada el 23 de abril, movilizó a cientos de miles de personas en CABA y en las principales ciudades del país. REUTERS/Agustin Marcarian

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada el 23 de abril, movilizó a cientos de miles de personas en CABA y en las principales ciudades del país. REUTERS/Agustin Marcarian

Sin embargo, distintos relevamientos han mostrado que la preocupación por la situación de las universidades públicas trasciende ampliamente las banderas partidarias. La última Encuesta nacional de creencias sociales, elaborada en junio por el observatorio Pulsar de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, encontró que el 72% de los argentinos rechazan los recortes en educación (y otro 19% dice estar “poco de acuerdo”: apenas el 8% apoya el ajuste en este rubro). También es mayoritario el rechazo a los recortes en ciencia y tecnología (suma 85% entre quienes están “poco” y “nada” de acuerdo con recortar). En esa misma encuesta, el 88% se mostró a favor de reducir el gasto de la política.

Otro estudio de la consultora Escenarios realizado en agosto mostró que las universidades nacionales son, por lejos, la institución estatal más valorada por los argentinos: más de la mitad de los encuestados (52,7%) tiene una evaluación positiva de las casas de estudio públicas, con una diferencia del +35,4% entre imagen positiva y negativa. En segundo lugar queda la Anses, con un +7,1% de diferencia entre la imagen positiva (34,3%) y la negativa (27,2%). La Presidencia de la Nación tiene en un 36,2% de valoración positiva y un 46,1% de valoración negativa según este relevamiento hecho en agosto: el saldo es una diferencia negativa de -9,9%. Otras instituciones, como el Congreso (13,4%) o la Corte Suprema de Justicia (12,9%), no llegan al 15% de valoración positiva entre los encuestados.

Una encuesta de la consultora Escenarios midió en agosto la valoración social de las instituciones del Estado nacional: las universidades encabezan el ranking. Fuente: @zapatafederico

Una encuesta de la consultora Escenarios midió en agosto la valoración social de las instituciones del Estado nacional: las universidades encabezan el ranking. Fuente: @zapatafederico

El conflicto involucra a las 61 universidades nacionales. La semana pasada, los rectores nucleados en el CIN le pidieron al presidente Milei “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Argumentaron: “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”.

También les solicitaron a los legisladores nacionales que, “de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento”. Además, agradecieron “a la sociedad argentina” por el apoyo y convocaron a la ciudadanía a manifestarse este miércoles.

 

3. Las críticas del Gobierno al sistema universitario

El Gobierno nacional ha ido ampliando el repertorio de críticas al sistema universitario público. Los cuestionamientos, orientados a erosionar la confianza social en el sistema, se agudizaron en los últimos días. El presidente Javier Milei expresó varias veces la idea de que las instituciones educativas estatales (incluidas las escuelas) son lugares de adoctrinamiento. De hecho, una de las primeras medidas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, fue habilitar una cuenta de correo electrónico para que los estudiantes denunciaran a sus profesores (o para denuncias entre colegas). Álvarez aseguró haber recibido muchas denuncias de “persecución ideológica” en las aulas.

Desde el Ministerio de Capital Humano describen al sistema universitario público como “caro, inequitativo e ineficiente”. Durante todo el año han insistido sobre la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades; las instituciones responden que son auditadas anualmente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso. La falta de transparencia ha sido uno de los argumentos recurrentes del Gobierno, que acusó a la UBA de adeudar “la rendición del 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022″.

 

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionaron a las universidades públicas en una ronda de prensa previa a la marcha

El Índice de Transparencia de organismos estatales que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública –que no se refiere a la rendición de gastos sino a la accesibilidad de la información– tiene 3 universidades públicas (las de San Martín, Lanús y Quilmes) entre los 6 organismos estatales considerados más transparentes. Esas tres universidades nacionales, con más de 95 puntos en el índice (calculado sobre 100), superan en transparencia al Ministerio de Economía (en el puesto 7) y al Ministerio de Capital Humano (en el puesto 11). La UBA tiene 38,6 puntos en ese índice: una cifra más bien baja, pero superior por ejemplo a la de la Secretaría de Prensa (24,3), según los resultados del 2° trimestre de 2024.

La cuestión de la “ineficiencia” se refiere sobre todo a las bajas tasas de graduación del sistema en comparación con la cantidad de ingresantes. Mientras que el cuestionamiento sobre la inequidad apunta a que en Argentina solo el 12,4% de los jóvenes entre 19 y 25 años pertenecientes al decil más bajo (los más pobres) acceden a estudios superiores, mientras que en el decil de mayores ingresos lo hace el 46%, según un dato del Observatorio de Argentinos por la Educación que el Ministerio de Capital Humano incluyó en un informe difundido esta semana. El informe oficial también señalaba, a partir de un dato del CEDLAS, que el sistema universitario chileno es más equitativo que el argentino: “No solo el sistema educativo de Chile presenta un mayor nivel de acceso a la educación superior en general, sino que incluso la brecha de acceso es significativamente mayor para aquellos alumnos de los sectores más vulnerables de la población”.

 

Porcentaje de asistencia al nivel superior de jóvenes de entre 19 y 25 años, por deciles de nivel socioeconómico. Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación (2022)

 

En los últimos días, a estos cuestionamientos se sumó otro: desde la Secretaría de Educación acusaron a las universidades de “inventar alumnos” para abultar la matrícula y obtener más fondos. La acusación fue desmentida por las universidades, por exfuncionarios del área (como Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno de Cambiemos) y por especialistas del sector.

“En vez de hablar de alumnos fantasmas, hay que ponerse a trabajar en una mesa y ver qué posibilidades hay de arreglar esto con lo que puede el Gobierno y lo que sostienen los gremios”, afirmó Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN.

“Las universidades nacionales hace más de 10 años entregan la información nominal de estudiantes, con nombre y apellido, DNI, nota, acta, folio y fecha de cada asignatura, lo cual hace casi imposible su alteración y muy fácil su auditoría”, señaló el investigador Juan Ignacio Doberti en su cuenta de la red social X. Según explicó Doberti, desde hace 20 años el modelo de distribución de recursos para las universidades “se basa en indicadores objetivos (alumnos, docentes, investigadores, metros cuadrados)” y “no considera a los alumnos que no aprueban ninguna o solo una materia anual, por lo cual estos no inciden en la designación de cargos docentes”.

 

4. La dilatación de un conflicto anunciado

La crónica del conflicto universitario podría empezar hace poco más de un año, cuando los dos candidatos presidenciales que disputaron el ballotage acordaron postergar el debate del Presupuesto 2024. Ese acuerdo terminó implicando que se “recondujera” el presupuesto 2023 para 2024, tras una inflación récord de 211,4% el año pasado (la más alta desde 1990).

La situación de las universidades empezó a visibilizarse en febrero, cuando los rectores advirtieron por primera vez que peligraba el funcionamiento de las casas de estudio por el congelamiento de los recursos en medio de la espiral inflacionaria. La tensión creciente llevó a la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, impulsada por las autoridades universitarias, los gremios docentes y los estudiantes –representados por la Federación Universitaria Argentina (FUA)–.

La magnitud de la movilización fue reconocida por algunos sectores del Gobierno, que la semana siguiente convocaron al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, a una reunión con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y Carlos Torrendell, el secretario de Educación. Las negociaciones llevaron al aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento, primero para la UBA y luego –tras un reclamo del CIN– para todas las universidades nacionales.

 

Tras la primera marcha federal, la ministra Sandra Pettovello y el secretario Carlos Torrendell se reunieron con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y acordaron un aumento en los gastos de funcionamiento y en los fondos para hospitales universitarios

Sin embargo, quedaron al menos dos puntos claves sin saldar. Por un lado, la cuestión de los salarios de docentes y no docentes. Por el otro, la situación crítica del sistema de ciencia y tecnología. Esos reclamos motivaron una serie de paros nacionales y otras medidas de fuerza en las universidades. En septiembre, cuando el presidente Milei anunció con un tuit su intención de avanzar con un “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario para preservar el equilibrio fiscal, los principales actores del sistema anunciaron la movilización que se concretará hoy.

 

5. Un panorama incierto a futuro

Si bien las universidades públicas vienen pidiendo “previsibilidad”, el panorama de los próximos meses se perfila incierto. El inminente veto presidencial eliminaría de la escena una eventual recomposición de los salarios en 2024. Sin embargo, los cálculos políticos también sugieren que el Congreso podría tener los números suficientes para rechazar el veto.

De cara al año que viene, las universidades ya denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2025 profundiza el ajuste sobre el sector. Desde el propio Ministerio de Capital Humano reconocieron esta semana que el proyecto requerirá “reacomodamientos” en el Congreso. Los fondos proyectados para el año próximo ($3,8 billones) equivalen a la mitad del financiamiento que habían solicitado los rectores ($7,2 billones).

 

Los rectores de las universidades nacionales se reunieron en agosto en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en Santa Rosa, y pidieron un presupuesto de $7,2 billones para 2025. El Gobierno ofrece la mitad

Las autoridades de la Secretaría de Educación aseguraron que no están pensando en intentar transferir las universidades a las provincias –como circuló en los últimos días– ni con avanzar en propuestas de arancelamiento (aunque el Gobierno sí planea retomar, por ley, la propuesta de habilitar aranceles para los estudiantes extranjeros no residentes).

Desde las universidades advierten por un impacto de los recortes en el sistema científico, donde temen una nueva “fuga de cerebros”. Pero además, la preocupación por el financiamiento educativo alcanza no solo a la enseñanza en las universidades, sino también al sistema de educación obligatoria. Según un informe de CTERA, el Presupuesto 2025 implica que el recorte de los fondos nacionales será aún mayor en la educación básica que en el sistema universitario.

De concretarse ese ajuste, el año que viene se acelerará una tendencia que mostró hace unos días un informe de Argentinos por la Educación: desde 1980, la Nación fue retrayendo su aporte al sistema educativo, que es financiado cada vez en mayor proporción por las provincias. Según varios expertos, esa tendencia conduce a una profundización de las inequidades territoriales que caracterizan a la Argentina: si el Estado nacional continúa su retirada, el cumplimiento del derecho a una educación de calidad dependerá, cada vez más, del lugar de origen de cada estudiante.

https://www.infobae.com/educacion/2024/10/02/marcha-federal-universitaria-5-claves-del-conflicto-por-el-presupuesto-educativo/?outputType=amp-type#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17281500971726&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

 

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El programa del desfinanciamiento educativo en Argentina: vouchers y padres organizados

Por: Luciana Jouli y Paulo Zambroni

El gobierno de Javier Milei informó este miércoles 20 de marzo el lanzamiento del Programa “Vouchers Educativos” para familias que envían sus hijas e hijos a instituciones privadas. El Sistema de vouchers, la entrega de presupuesto educativo a los padres y no a las instituciones, la promoción de competencia entre las instituciones educativas, eran ya, una de las banderas de campaña del electo presidente, en diciembre pasado.

Junto con la eliminación de la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral, hace tres meses, parecían solo propuestas electorales que muchos auguraban “no iba a poder cumplir”. Hoy, forman parte del programa educativo que Milei lleva adelante en Argentina a través de políticas económicas que cuentan con el apoyo de fundaciones, ONGs y grupos de padres organizados, o más bien podríamos decir, financiados.

El 29 de diciembre Carlos Torrandel asumió como Secretario de Educación. Recordemos que el Ministerio fue reducido en diciembre y anexado al Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, ex vicepresidenta del partido de derecha Unión del Centro Democrático (Ucedé) y ex productora de Luis Majul, estrella periodística de La Nación+ (canal digital, fundado con el apoyo económico de Mauricio Macri).

En sus dos meses de gestión el Secretario de Educación no ha dado conferencias públicas ni ha hecho declaraciones relevantes respecto de su área a cargo, dejando vislumbrar así que la educación no es un eje vertebral para las políticas de Capital Humano.

En un contexto de devaluación económica en el cual, para la clase trabajadora, resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes la educación sigue un punto de conflicto social atravesado por la crisis económica de nuestro país.

En marzo de 2024, la canasta escolar registra un aumento del 273%, siendo según la Consultora Miglino&Asociados la más cara del mundo; las y los docentes dejan de cobrar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que representa entre un 10 y 13% del total de los salarios y las provincias dejan de recibir el fondo compensador de desigualdades salariales para docentes y las partidas destinadas a la alimentación de niñas, niños y jóvenes en las escuelas. A la par de todo esto, las reuniones paritarias entre representantes sindicales y el gobierno no logran acuerdos que signifiquen incrementos a la economía real de la comunidad educativa.

Por el otro lado, el gobierno impone su programa a través de ayudas escolares, otorgadas vía web con procedimientos que en muchos casos resultan muy dificultosos para los sectores con mayores índices de pobreza, y aparece el protagonista de la campaña de Javier Milei: “el voucher educativo”. Medios de comunicación como TN lo definen como un plan de asistencia financiera. Javier Milei ya lo había dicho en su campaña: una de sus propuestas es financiar en dirección a la oferta para desfinanciar el sistema educativo público.

Es importante no confundir “el voucher” con la ayuda escolar que planteó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para infancias asociadas a la Asignación Universal por Hijo, con padres en relación de dependencia y monotributo, y asociados a jubilados y pensiones no contributivas. El mandatario ya había hablado de «vouchers» para poder comprar útiles escolares, así como de asistencias para hacer frente al pago de los colegios privados, con el fin de «contener a la clase media».

Como consecuencia de la recesión económica y del ajuste a la clase media se ha dado un éxodo de las escuelas privadas a las públicas. Se calcula que por jurisdicción entre 12 y 20 mil estudiantes que concurrían a escuelas privadas, se inscribieron en escuelas públicas, generando también la consiguiente saturación de un sector público que se encuentra desfinanciado.

En e marco de una campaña de desprestigio y desvalorización de lo público como todo aquello que forme parte del Estado Nación, la quita de las partidas presupuestarias para educación a las provincias y las propuestas paritarias insuficientes para la comunidad educativa de todos los niveles y modalidades, son las acciones que el actual gobierno está llevando adelante para acrecentar la crisis que atraviesa la educación, en un marco de crisis global de los sistemas educativos, proponiendo como única solución: el vaciamiento y la completa mercantilización del sistema educativo argentino.

El detrás de escena del desguace educativo

Para llevar adelante su plan de gobierno, Javier Milei y su ministerio de capital humano no están solos. El actual gobierno cuenta con actores económicos, políticos y estratégicos que amparan, avalan y acompañan cada una de sus acciones. Como en la década de los 90, frente al desfinanciamiento de la educación pública aparecen los grandes salvadores: personalidades reconocidas, empresas, y las tan nombradas durante el gobierno de Mauricio Macri por la vinculación de sus funcionarios: las ONGs.

El gobierno de Javier Milei no es la excepción, y esto se demostró cuando eligió al presidente de una ONG como actual secretario de educación. Carlos Torrandel, doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene una larga trayectoria en vinculación con el sector de la iglesia, de las ONGs y con el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. En su vinculación con el onegeismo, Torrandel se presenta en su currículum como referente educativo del Observatorio Argentinos por la Educación (AxE) y presidente de la Fundación Potenciar Argentina.

El Observatorio AxE mantuvo convenios con el estado durante las gestiones macrista y albertista para realizar análisis y estadísticas educativas. Como ya profundizamos en la nota “Argentina: entramado empresarial y oenegeista lleva su agenda educativa a Casa Rosada” (1),

AxE menciona como red de organizaciones con las que se vincula a actores como Cimientos, Enseñá por Argentina, Fe y Alegría, IDEA, Junior Achievement, Fundación Varkey, entre otros. Y como empresas que acompañan, se puede inferir política y económicamente, a: Fundaciones Grupo Petersen G.P (integradas por Fundación Banco San Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz, Pan American Energy y CAF Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros.

Por su parte la Fundación Potenciar Argentina se encargó de felicitar a su presidente el 29 de diciembre de 2023 cuando asumió como Secretario de Educación de la Nación. La fundación de Torrendel se presenta como una entidad que busca “maximizar el potencial e impulsar el desarrollo integral de las personas, a través de la innovación, la sustentabilidad, la tecnología y consultoría institucional”. Propuesta que responde y es coherente con su incorporación en el Ministerio de Capital Humano.

La fundación no sólo propone ejes de trabajo como educación ambiental, digital, alfabetización y formación de líderes innovadores sino que también cuenta con patrocinadores, que define en sus redes sociales como aliados, donde mencionan a: Pan American Energy, Fundación Varkey, La Serenísima, Conciencia, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), entre otras.

El entramado onegeista es parte de los mecanismos que los gobiernos neoliberales han desarrollado para tender sus hilillos en todos los espacios y todos los sectores, y como puede verse las empresas financistas, suelen repetirse en unas y otras entidades. Estas ONGs no sólo funcionan como financiamiento para los actores de la política educativa sino que también sirven para responder ante los conflictos sociales.

Ejemplo de ello fue en 2020 y 2021,durante la pandemia de COVID-19 cuando la organización #alasaulas, en apariencia apartidaria, pero compuesta por organizaciones como Cimientos, Fundación La Nación, Junior Achievement, Fundación Noble, Argentinos por la Educación y Fundación Varkey, entre otras, promovieron los movimientos y manifestaciones en contra del aislamiento educativo.

Hoy, frente al reclamo docente de mejoras salariales aparecen los Padres Organizados, quienes en su página se presentan como simples grupos de padres de diferentes provincias argentinas, pero si se mira en profundidad, también puede encontrarse el logo de #alasaulas como parte del entramado.

Frente a la realidad educativa del 2024, la primera iniciativa de padres organizados fue abrir un sitio web donde denunciar los días sin clases y los motivos, no sin antes dejar evidenciado su posicionamiento contra las organizaciones sindicales y el menosprecio por la lucha docente, mientras mantenían reuniones virtuales con el Secretario de Educación de la Nación.

El programa de desfinanciamiento de la educación de Javier Milei requiere de decretos, cierre de ministerios y el fin de programas educativos pero como puede verse, también requiere de actores políticos y económicos que jueguen en sus filas a través de la construcción de redes con nuevas formas de intervenir tanto en el sentido común como en la lucha de calles.

Notas

(1) Ver https://estrategia.la/2022/10/25/argentina-entramado-empresarial-y-oenegeista-lleva-su-agenda-educativa-a-casa-rosada/

* Jouli es Licenciada en Educación Especial. Zambroni es Licenciado en Ciencias Políticas. Ambxs miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente de la información e imagen:  https://estrategia.la

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La educación en México, desde que surgió hace 200 años, ha estado al servicio de la clase dominante capitalista

Por: Pedro Echeverría V.

1. El problema de la educación en México y en el mundo no es primariamente un asunto de técnica de enseñanza, de pedagogía, de computadoras, enciclomedias, disciplina o de hacer que los profesores cumplan. Esas son boberías con las que nos quieren engañar. El problema de la educación ha sido siempre de política educativa, es decir, hacia dónde se dirige el proceso educativo y para conseguir qué; qué tipo de profesionistas o de técnicos queremos formar y para qué; cuánto interés y qué presupuesto debe dedicarse a la educación en función de su importancia; cómo debemos preparar o capacitar a los profesores para que se orienten hacia lo que se necesita. Para trazar la política educativa se tiene que tomar en cuenta el rumbo económico, político, cultural del país y muchos problemas aún no resueltos: ¿Cómo educar a los hijos de padres desempleados y explotados, que no les alcanza para alimentarlos ni para darles una vida sana?

2. Si antes de los años cincuenta del pasado siglo la educación se centró en el campo y su orientación fue para la vida rural, a partir de esa década la política educativa se dirigió a la vida urbana (abandonando el campo) para hacer crecer las ciudades y la industria. Aún siguió controlada la educación por el Estado que apoyaba la educación pública; pero a partir de 1982 la orientación educativa cambió radicalmente en beneficio de la educación privada y de los poderosos empresarios. Hoy, para los amos del capital, la educación debe estar al servicio de la producción, debe servir para crear riquezas para los capitalistas dueños de México. Todas aquellas profesiones, escuelas y asignaturas que ayudaban a humanizar, a entender los problemas sociales, a pensar en la solidaridad y a hacer a un lado los intereses privados, ya no cuentan en el sistema educativo. Hoy la educación es un negocio capitalista y forma a las personas para enfrentarse unas a otras en la competencia desigual.

3. Ante esa política empresarial impuesta en educación desde hace muchas décadas, los profesores sólo han sido “correas de transmisión” de los proyectos educativos de la clase dominante. Si buscáramos culpables, los profesores sólo serían irresponsables por acomodarse por miedo e inconciencia a las órdenes de la autoridad y por no luchar para que el pueblo tenga una mejor educación. Aunque también por aprovecharse de la corrupción institucionalizada arriba para ser parte del “río revuelto”. Pero los profesores saben que si les pagan poco (comparando sus salarios con los de otros profesores, de políticos y funcionarios) pues deben trabajar poco; y si observan corrupción en todos los niveles de gobierno, de la dirigencia sindical y de la SEP, entonces ellos tienen que ser corruptos. Aunque debe reconocerse que no todos los profesores son corruptos porque hay un buen porcentaje que lucha en las escuelas y en las calles para cambiar de raíz.

4. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuenta con más de millón y medio de afiliados, pero desde que surgió en 1943 ha servido a los intereses del gobierno y del PRI. Estaría de más decir que negocia todo con el gobierno en turno porque ha sido siempre una organización corporativa controlada por un millar de dirigentes vendidos al gobierno y al capital (dirigentes charros o lacallos) En su interior surgió una oposición fuerte de izquierda en 1979 (La coordinadora, CNTE) que agrupa a más de la quinta parte de los asociados, pero parece estar estancada a pesar de sus masivas y heroicas batallas. A partir de 1982, los dirigentes charros se montaron en la ola de la “reforma educativa” y fortalecieron al caciquismo sindical que desde 1989 manipula a los profesores del SNTE. Este sindicato negocia todo con la SEP y ambos organismos han destruido parte de la educación.

5. La educación en México (de acuerdo a informes internacionales) no solo ocupa los últimos lugares en lectura, escritura, matemáticas y ciencias, también (y es lo más importante) se ubica en los últimos escalones en el porcentaje de inversión que se destina al presupuesto educativo, en producción de profesionistas y de investigadores. Bastaría con mirar algunos números en inversión en educación general, inversión universitaria e investigación para ver que nuestro cuatro o cuatro y medio por ciento en educación apenas es la mitad o la tercera parte de lo que invierten otros países. Si viajara al extranjero no solo no presumiría que ser universitario sino que me daría vergüenza decir que estudié en México. Mejor diría que soy autodidacta y que mi preparación viene de 60 años de lecturas y práctica social, como los Arreola, Revueltas y miles de escritores que piensan que la educación mexicana sólo sirve para conseguir títulos y trabajo.

6. Pero al parecer en educación todo se ha dicho hasta la saciedad. Se han hecho mil y una propuestas en grandes reuniones y consultas de campaña. El problema fundamental es cómo organizarnos los profesores independientes para derrotar a la dirigencia sindical traidora en la lucha de masas. Porque no se trata simplemente de quitar a unos dirigentes para poner a otros, aunque fueran de diferente color o signo; lo importante es que la mayoría de los profesores del país acaben con su dirigencia espuria al mismo tiempo en que intervienen en el cambio estructural del sistema capitalista. Esa transformación, aunque suene a maximalista y utópica, es la única que puede hacer que la educación cambie en serio. Lo demás, si no se cambien leyes constitucionales, será puro engaño. “Cambiar todo” en apariencia para que todo siga igual. Por ello nuestras luchas deben ser desde la raíz.

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

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Argentina: El Frente de Todos prevé recortar un 15,5 % en el presupuesto para Educación

Por: Mario Hernandez

Los fondos del Ministerio de Educación pasarán de $870.044 millones este año a $735.467 millones el año próximo.

Los datos del ajuste en Educación surgen del informe “Presupuesto educativo nacional 2023″, del Observatorio Argentinos por la Educación, que analiza el presupuesto 2023 y la evolución del gasto del Ministerio de Educación durante el período 2013-2023.

Son fondos que están destinados a la formación docente, reparto de computadoras y libros, evaluación educativa y construcción de escuelas, entre otros programas.

Pero por la descentralización de las escuelas iniciada a fines de los setenta y profundizada en los noventa, 3 de cada 4 pesos que van a educación hoy los ponen las provincias, principalmente para el pago de los salarios. El otro 25% sale del Estado Nacional, ahí sería dónde estaría este recorte.

No bien trascendió la noticia, y antes de aprobarse el Presupuesto, Massa y Perczyk se reunieron con los dirigentes de Ctera, Sonia Alesso y Roberto Baradel, quienes al salir de la reunión declararon: “Los ministros se comprometieron a que el Presupuesto educativo 2023 aumentará con respecto a 2022 en infraestructura, becas, conectividad y construcción de escuelas”.

También terció en la polémica el diputado Carlos Heller, que preside la Comisión de Presupuesto, a través de su habitual columna los domingos en Tiempo Argentino, quien señaló que la partida asignada a Educación no tiene incorporados los aumentos salariales, dado que dependerán de las paritarias e incorporar este ítem resulta indispensable para analizar el gasto asignado al ministerio de Educación.

También señala que hay un importante monto del ministerio de Obras Públicas dedicado a infraestructura universitaria, a financiamiento para obras en establecimientos educativos (principalmente escuelas) y a la construcción de escuelas técnicas.

Pero además, y a pedido de diputados/as del Frente de Todos, se asignaron $ 95.200 millones adicionales a partidas para becas a estudiantes y al Fondo de Incentivo Docente. Con este agregado, según lo manifestado por Heller, los gastos en Educación y Cultura crecen un 5,7% real respecto a este año.

No obstante, muchos sectores criticaron el recorte. Entre ellos, varios dirigentes del PRO quisieron aprovechar el dato y llevar agua para su molino, haciendo demagogia y criticando el ajuste. Horacio Rodríguez Larreta compartió en su cuenta de Twitter la tapa de La Nación y escribió: «No sorprende: siguen despreciando la educación y el futuro de millones de chicos y chicas que necesitan que el Estado los acompañe para que puedan soñar un futuro y trabajar para construirlo». El mensaje, parecería ser de un hombre y una fuerza política que tienen como preocupación central el destino de los fondos para la educación pública. Pero nada puede estar más lejos de la realidad.

La demagogia de Larreta contrasta con los elogios de Juntos por el Cambio en las comisiones que debatieron el proyecto de Presupuesto elaborado por el oficialismo en Diputados. Los diputados de la Alianza que incluye al jefe de Gobierno porteño lograron que se incorporen muchos de sus pedidos en el dictamen final, pero ninguno de ellos fue en línea con criticar el desfinanciamiento en Educación o reclamar un aumento para las partidas del ministerio. Por el contrario, distintas voces cambiemitas celebraron y felicitaron al Frente de Todos por usar la podadora y recortar el gasto. Así lo afirmó Luciano Laspina, que celebró “el reconocimiento de que este nivel de gasto público es insostenible” y aseguró que se trata de “un cambio histórico” por parte del kirchnerismo.

Por ese motivo, Nicolás del Caño salió a criticar con dureza el mensaje del jefe de Gobierno de CABA y aspirante a la presidencia en 2023. «Los diputados de tu fuerza política elogiaron el presupuesto de ajuste de Massa y el Frente de Todos. No te hagas el otro. Perseguís a estudiantes, docentes y familias que defienden la educación pública en la ciudad», señaló el referente del PTS y el Frente de Izquierda Unidad.

La hipocresía de Juntos por el Cambio con respecto a la Educación es una marca de la alianza que lidera el ex presidente Macri. En la Ciudad de Buenos Aires, bastión de esta fuerza política desde 2007 hasta la fecha, el presupuesto educativo es siempre una de las variables de ajuste por excelencia en los presupuestos año tras año. Tomando tan solo el período que va desde el 2016 al 2022, el presupuesto del ministerio de Educación porteño disminuyó un 19,5% en valores reales.

La política del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio parece no tener grieta en esta cuestión.

Ya en agosto de este año, mediante una resolución oficial, el gobierno nacional redujo los fondos disponibles para educación. En esa ocasión quitaron $15.000 millones del dinero asignado al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, $30.000 millones al programa Conectar Igualdad y 5.000 millones el de Infraestructura y Equipamiento.

Capacitación los sábados: 95% de los docentes porteños le dijeron “No” a Soledad Acuña

El sábado 29 se realizó la primera jornada de capacitación para docentes porteños que reemplaza a los Espacios de Mejora Institucional. Por estatuto, éstos deben realizarse en servicio, es decir, de lunes a viernes. Sin embargo, la ministra de Educación, Soledad Acuña, impuso contra la opinión de la docencia que se lleven a cabo los sábados 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre de forma remunerada, aunque no obligatoria. La respuesta de las y los trabajadores de la educación fue que el 95% de ellas y ellos no concurrieron.

“Para poder tomar dimensión del rechazo a la jornada EMI de este sábado, en una escuela donde hay 30 docentes sólo asistieron uno o dos. Concurrió un muy bajo porcentaje, el rechazo ha sido un éxito y fue superior al 95%”, dijo Jorge Adaro, secretario adjunto de la asociación docente Ademys.

Tras el feriado del 2 de septiembre por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno porteño resolvió levantar la Jornada Espacio de Mejora Institucional (EMI) que estaba prevista para el próximo 31 de octubre y convertirla en un día lectivo regular porque, según la ministra, “cada día cuenta”. Pero a esto sumó que se convocaría a la docencia a cumplir con la EMI y las capacitaciones el sábado 29 de octubre.

La decisión fue, una vez más inconsulta con la docencia que la tomó como un nuevo ataque de la ministra. A las ya largas cargas horarias que soportan las y los docentes, incluso llevando trabajo a casa, Acuña pretende que, ahora, se capaciten los días sábados y que cada quien se las arregle para organizar su día a día.

Por tal motivo, este lunes 31, las y los docentes, pararon contra la suspensión de las jornadas de capacitación y para exigir que se restituyan los Encuentros de Mejora Institucional (EMI). La medida de fuerza, convocada por los sindicatos docentes UTE y Ademys coincide con el día en que en toda la Ciudad de Buenos Aires se iba a llevar a cabo el Encuentro de Mejora Institucional suspendido por el Gobierno porteño.

Desde Ademys, la convocatoria fue decidida y votada en una asamblea que contó con numerosos mandatos de escuelas. Como parte del plan de lucha que el sindicato viene llevando adelante, además de las sucesivas asambleas para que la docencia pueda organizarse y decidir, se impulsaron otras iniciativas como cartas dirigidas a las familias describiendo las condiciones laborales de las y los docentes, su vínculo con el bajo presupuesto educativo, campañas de fotos para visibilizar el reclamo, entre otras.

Por su parte, la conducción de UTE adhirió a la convocatoria del paro mediante un flyer difundido en sus redes sociales. Si bien se plegaron a la medida de fuerza, no han hecho un llamado a movilizar en unidad con Ademys, que convocó a la comunidad educativa a concentrar a las 13:00 en la Jefatura de Gobierno porteño.

La capacitación docente

Todos los años, quienes nos desempeñamos como docentes en la Ciudad de Buenos Aires contamos con cinco Encuentros de Mejora Institucional (EMI) en la agenda educativa, los cuales incluyen instancias de capacitación conocidas como Formación Docente Situada. En ellas, docentes contratados (y precarizados) por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindan capacitaciones para el conjunto de la docencia dentro del horario laboral según el nivel y el distrito escolar donde se trabaja. Para que las jornadas puedan desarrollarse como indica el Estatuto docente, en servicio, es decir, de lunes a viernes con los y las docentes presentes, esos días se suspenden las clases en todos los establecimientos educativos.

Sin embargo, hace diez días las y los miles de docentes que trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires recibimos, en nuestra casilla de correo electrónico laboral, una notificación del ministerio de Educación porteño que establecía el reemplazo de estos espacios por otros a realizarse los sábados 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre de forma remunerada, no obligatoria. Por eso, las y los docentes de las escuelas explican por qué, aunque el ministerio de Educación llame Encuentros de Mejora Institucional a los que se realizarán los sábados, no lo son: los EMI se realizan de lunes a viernes, con suspensión de clases y la presencia de todas y todos los compañeros.

Este cambio repentino, impuesto e inconsulto, como es costumbre de esta gestión, generó, en un gremio donde casi el 80% son mujeres sostenes de hogar que están doce horas fuera de sus casas sin ver a sus hijos e hijas de lunes a viernes, una preocupación y un rechazo masivo: tanto desinterés por las condiciones de vida de las docentes porteñas desencadena mucha bronca.

Encima, como si desconociera totalmente la existencia del Estatuto docente que establece el derecho a la capacitación en servicio, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, muy suelta de cuerpo, utilizó estas palabras para justificar en un programa de TV por qué no es un problema asistir a jornadas de capacitación fuera de la jornada laboral: “con planificación se pueden organizar”.

Para la funcionaria, las docentes simplemente tienen que “organizarse” para no asistir con sus hijos e hijas ya que, de lo contrario, como ya ha ocurrido en otras instancias, las excluyen. Se trata de una doble exclusión: no sólo al derecho a capacitarse, sino también al derecho, luego de una larga y extenuante semana laboral, de disponer de su tiempo libre para dedicarlo a lo que deseen.

Es que actualmente una docente, para llegar a fin de mes, tiene que tomar dos o tres cargos. Esto se traduce en jornadas laborales muy extensas y agotadoras de ocho a doce horas dando clases en diferentes cursos, sin contar el trabajo extra clase no reconocido ni remunerado que se hace en los domicilios como la planificación, la revisión de las producciones de los y las estudiantes, la organización de actos escolares, entre otras tareas.

Los resultados del día a día de una docente con este nivel de sobre carga laboral son obvios: no sólo impacta negativamente su cotidianidad laboral, sino que también obstaculiza el deseo de destinar tiempo a actividades que incluso pueden potenciar su rol docente: el estudio de alguna carrera o pos título de su interés, la lectura, la visita a diversos espacios culturales y científicos que pueden ser significativo para llevar a sus estudiantes, son algunos ejemplos.

La educación que queremos 

Este debate, como se ve, hace emerger la necesidad de discutir la jornada de trabajo docente de conjunto. No sirve de nada la imposición de medidas por parte de funcionarios y funcionarias que no sólo ignoran y desprecian cómo se trabaja en las escuelas públicas, sino que van en contra de nuestro rol docente como guía para la construcción del pensamiento crítico de nuestros y nuestras estudiantes. Lo que sí sirve, y es urgente, es organizar desde abajo a toda la comunidad educativa para poner en debate qué educación queremos, denunciando y visibilizando como nunca este ritmo laboral antinatural que tenemos las y los docentes que agobia y estresa.

No podemos permitir que se naturalice la necesidad de tomar dos o tres cargos, o su equivalente en nivel medio y superior, para cobrar un salario que ni siquiera alcanza para llegar a fin de mes. Otra jornada laboral es posible y es clave nuestra organización para debatir y conquistarla: de lunes a viernes, seis horas diarias, de las cuales cuatro sean frente al curso y dos para capacitación, planificación, preparación de proyectos y salidas didácticas, entre otras tareas, con un salario que cubra la canasta básica familiar y nos permita el acceso a la cultura, al tiempo compartido con nuestras familias.

Por una jornada laboral en la que podamos trabajar en pareja pedagógica dentro del aula a partir de la duplicación de los cargos y un plan de formación docente continuo para que sean cubiertos por las y los aspirantes a la docencia. Por un mayor presupuesto educativo que permita no sólo la construcción de escuelas para que ningún niño, niña ni adolescente se quede sin su vacante, sino para que también haya un servicio de comedor de calidad manejado por los trabajadores y no por las empresas concesionarias que lucran con el hambre de nuestros estudiantes. Quienes sostenemos la escuela pública (docentes, familias, cooperadoras y estudiantes) somos miles, conquistemos otra escuela con lucha y organización en unidad.

Los docentes porteños también pararon el miércoles 19 

Rechazamos el “aumento” que mantiene la rebaja salarial.
Respeto a la jornada laboral de lunes a viernes y la capacitación en servicio.
Rechazamos la extensión a los sábados de la jornada laboral. Nos preparamos para organizar el rechazo.

Seguimos exigiendo:
Reapertura real de la discusión Salarial y recomposición salarial. Por un salario igual a la canasta familiar para el cargo testigo. Blanqueo de todas las cifras fijas y en negro. Actualización mensual por inflación. Contra la diferenciación salarial a la baja, salario inicial igual para todes les docentes.
Por la defensa de la salud de la docencia, por la plena vigencia de las licencias médicas y en defensa de nuestra obra social. No al vaciamiento de la #OBSBA. Inmediata regularización de la atención médica y de los servicios. Apertura de los libros a les afiliadxs y les trabajadores para controlar el destino de los fondos.
Aumento de emergencia de los montos de las asignaciones familiares y eliminación de los topes que dejan afuera de su cobro a miles de docentes.
Seguimos exigiendo la titularización de les docentes de media, superior y los programas socioeducativos que hace más de 10 años revistan como interinxs por incumplimiento de Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en la realización de los Concursos en estos niveles. Exigimos titularización inmediata y regularización de los Concursos.
Por la regularización de los actos públicos en el programa M+M.
Defensa de la educación especial. No a la exclusión de jóvenes de las Escuelas de Educación Especial.
Por el aumento de emergencia para los jubilados y por la defensa del 82% y movilidad mensual.

Que el Ejecutivo de respuesta al proyecto aprobado exigiendo el pedido de informes y se presente a dar explicaciones sobre el vaciamiento de la ObSBA.
Impulsar la conformación de una Comisión independiente, conformada por sindicatos, afiliados que investigue el vaciamiento de la obra social.
Por la defensa de la salud de la docencia, por la plena vigencia de las licencias médicas y en defensa de nuestra obra social. No al vaciamiento de la OBSBA. Inmediata regularización de la atención médica y de los servicios. Apertura de los libros a les afiliadxs y les trabajadores para controlar el destino de los fondos.

Los gastos que hacen los maestros para dar clases 

El “Indice de la Canasta Básica Docente” (CBD) fue creado por el Sindicato de Educadores Argentinos (SEduCA), un gremio que tiene presencia en la Ciudad y parte de provincia de Buenos Aires, y que se hizo conocido recientemente por oponerse con vehemencia a los paros docentes como método de lucha.

El Indice mide los gastos por material didáctico, capacitación, indumentaria, costos desarrollo profesional (almuerzo, refrigerio, etc.), movilidad y conectividad.

Explican que calcularon 20 días de transporte (o 40 viajes considerando el descuento por cantidad de viajes). En conectividad, un promedio de planes básicos de datos móviles –“hoy el docente necesita tener esa conectividad”, afirman- al que le agregaron el porcentual por renovar y actualizar notebook, celular y otros dispositivos; como “Gastos laborales” consideraron desde el valor del desayuno, almuerzo y merienda, más la ropa de trabajo. Y para capacitación, los costos de cursos para llegar a un puntaje máximo, pero que no es cubierto por la formación estatal. En el caso de CABA, la Escuela de Maestros.

“En concreto, un docente porteño con dos cargos y diez años de antigüedad está ganando hoy (junio 2022) unos $ 135.700. Si de su bolsillo tiene que poner $ 34.000 para su tarea que lo que nos dio el índice, estará ganando cerca de $ 100.000, prácticamente lo que necesita una familia para no caer en la pobreza, según el Indec. Esta semana lo calculó en $ 99.677”, explicó Juan Vedani, secretario gremial del sindicato.

Con menos horas de clases en Finlandia son los mejores 

Enero de 2020. La ciudad es Jyväskylä. Está 270 kilómetros al norte de Helsinki y 700 al sur del Círculo Polar Artico. El colegio es la Escuela Unitaria de Mankola.

“Los más pequeños vienen 4 horas y los más grandes, 5 o 6, según si tienen arte, gimnasia o materias especiales como carpintería o economía doméstica”, explica Marjut, docente que enseña inglés, sueco y español.

Jarmo (38) es el vicedirector de la Escuela. Con él caminamos los pasillos de Mankola. Hay lockers, aulas enormes, bebederos de distintas alturas y bachas para lavarse las manos. También, los baños son más limpios de lo que uno pueda imaginar.

El proyecto que más los enorgullece hoy se llama Schools on te move, o escuelas en movimiento. Se aplica en todos los establecimientos.

Según Majut, “en lugar de sentarse 45 minutos, o 90 -porque las clases suelen ser dobles, para que haya tiempo de aplicar lo que se aprendió-, estimulamos a que los chicos de muevan mientras están en clase”.

Y agrega: “También nos sentamos, escribimos y leemos, pero la idea es hacer actividades que activen el cerebro a la vez que el cuerpo”.

Todos almuerzan en la escuela, gratis. En Finlandia no existe la doble escolaridad. Los docentes dan clases a la mañana y a la tarde planifican. “Se paga con nuestros impuestos”, señala Marjut.

En un costado del aula de arte hay un niño con Síndrome de Down. Asiste con sus compañeros, pero está terminando una tarea con su maestra integradora.

“Pruebas casi no se toman, salvo en los años avanzados. Si les va mal, la vuelven a hacer”, detalla Jarmo

Tras los 9 años obligatorios, hay otro tramo de tres años. “El 50% elige el instituto (bachillerato). El otro 50% secundarias vocacionales que te forman con orientación a un oficio en particular. Todas del Estado”, cuenta Jarmo. Y señala que las escuelas tienen al menos un maestro responsable de ideas nuevas y otro que se ocupa de ponerlas en práctica.

Clarín entrevistó a Marjo Kyllönen, doctora por la Universidad de Tampere (Finlandia), que es directora del área de Educación, Unidad de Desarrollo, de la ciudad de Helsinki, quien señaló:

“Tras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia comprendió que la inversión en Educación no era un costo. El lema era que nadie se podía quedar atrás. En los 60 se hizo una gran inversión, pensando en que estaba en juego el futuro de la sociedad.

Si hablamos de reforma educativa precisás discusiones en el ámbito político, decidir qué queremos como nación. Nuestro gobierno cambia cada cuatro años también. La clave fue asegurar que todos tuvieran el mismo tipo de educación. Para ello hubo una concientización que el beneficio era social y que requería consenso político”.

Preguntada por los bajos salarios docentes y el desprestigio social del maestro, sostuvo: “En Finlandia la profesión docente es muy respetada y es una de las claves que llevó al país a educar a nuestros chicos para estar a la altura de los requerimientos del futuro. Nosotros confiamos en ellos. Si falta confianza, la discusión pública y el discurso sobre educación se vuelve no fructífero. Los líderes pueden cambiar el curso de esto, si es negativo”.

Al respecto recordemos las opiniones de la ministra, Soledad Acuña: “[los docentes] son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras».

Y agregó: «Si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser un determinante, o en términos de capital cultural, al momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente».

Mientras en CABA y el resto del país se impulsa aumentar las horas de clase lo más posible, aun en los más chicos, Marjo opina: “El tiempo hace la diferencia. Nuestros chicos pasan menos horas en la escuela y tienen menos tarea. Esta filosofía se basa en la comprensión de que el conocimiento no se gana solo con más tiempo en el ámbito académico. Tenemos investigaciones neurológicas que indican que agregar actividad física y artística en el horario de primaria o jardín hace que los chicos se sientan más libres, lo que tiene un impacto directo en su rendimiento. Con una jornada escolar larga en cerebro se sobrecarga. Al final del día no aprendés nada”.

Con respecto a la jornada docente: “Si el maestro enseña 7 u 8 horas por día, no tiene tiempo para planificar con sus colegas. En Finlandia esto no ocurre porque los salarios son suficientemente buenos como para que no tengan que tener otro trabajo. Se precisa cada vez más colaboración y coplanificación. Los problemas y desafíos que el docente enfrenta en clase pueden ser muy difíciles si trabaja solo. Estamos invirtiendo mucho en la colaboración entre docentes. No se sienten solos”.

Las horas frente a clase son 24, si sos maestro de grado, y si das una materia de 20 a 24 horas por semana. No hay una definición de cuánto se precisa para planificar. Depende de cada docente, pero todos entienden que hay que destinar un  tiempo.

Esto hace uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Nosotros todo lo contrario. Así nos va.

Volvieron las tomas 

En la tercera semana de octubre, tras una breve tregua a la espera de respuestas de parte del gobierno porteño, las y los estudiantes volvieron a tomar algunas escuelas para hacer escuchar sus reclamos.

El primero en volver fue la Escuela Normal Superior Nº 5 de Barracas. También en la Escuela Artística Rogelio Yrurtia cortaron Lacarra y Alberdi por varias horas, mientras que el Centro de estudiantes de la Escuela de Educación Media Nº 1 del DE 16, Rodolfo Walsh, también llevó adelante medidas.

Mientras las protestas siguen vigentes, la cartera a cargo de Soledad Acuña implementó una nueva estrategia de desgaste. Llama por separado a representantes de cada escuela, atomizando los reclamos, cuando las y los estudiantes elevan pedidos colectivos y exigen una reunión conjunta.

Las pasantías 

Uno de los principales reclamos de les estudiantes son las prácticas laborales gratuitas y obligatorias, en horario escolar, y que la mayoría de las veces no tienen que ver con las orientaciones que estudian. Además, se viven diferencias entre públicos y privados. Mientras que los primeros son obligados, los segundos cuentan con casos dónde eligen cómo y dónde hacerlas.

En los casos de establecimientos privados no se dan casos de estudiantes que vayan a lavar los platos a cadenas de hoteles internacionales, hagan pochoclos en cines o limpien los pisos de grandes empresas. Por ejemplo, en el Instituto San Antonio de Padua realizaron un plan pedagógico individual para cada estudiante y pusieron una supervisora exclusivamente para eso.

“Nadie está en contra de la vinculación de formación y trabajo, pero las pasantías que ejecuta el Gobierno de la Ciudad no tuvieron la opinión de las y los estudiantes respecto a su implementación, explica Mariano Mango, de la secretaría de Educación Privada de UTE. El objetivo es generar mano de obra gratuita y precarizada para empresas privadas”.

Juan Rub, del colegio Juan B. Justo, cuenta que fueron enviados a una sede comunal en Palermo, alejada del colegio, y sin autorización de los padres. “Era patético, en cinco horas teníamos que contar árboles y detallar algunos datos y luego pasarlos a un Excel. La otra actividad era pasar por las casas que tuvieran grafitis, tocar timbre y preguntarle a los dueños si querían que el gobierno los tape o no. Un compañero nuestro fue obligado a entrar a un a propiedad. El responsable lo dejó solo y el propietario empezó a pedirle datos. Por este tema decidimos no asistir más a las pasantías y como castigo el ministerio nos hizo reprobar cuatro materias”.

“Lo único que lograron con las pasantías es hacernos perder el tiempo. Nos recortaron las materias de dibujo y pintura. Estuvieron muy mal aplicadas, nunca tendrían que haber sido obligatorias. La mayoría ya estudiamos y trabajamos”, enfatiza Florencia Avilés Bernat, de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano.

Larreta y Acuña denunciaron a 366 padres y madres de estudiantes por las tomas de secundarios

También hay 25 presentaciones por daños y perjuicios en concepto de días de clase perdidos, con un monto de $50.538.442,85.

Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, dijo al respecto que los adultos tienen “la obligación de enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”. Cínica reflexión para una funcionaria que no solo no dialoga, sino que persigue tanto a estudiantes como a docentes cada vez que deben tomar una medida de fuerza ante la negativa a resolver sus demandas.

Acuña con un discurso virulento consideró que las instituciones “que más se quejan no tienen demandas propias” y que no tenían “ninguna información de que hubiera un malestar que justificara una medida de fuerza tan grande”.

Al parecer la ministra no ve, no oye y no lee las constantes denuncias de la comunidad educativa sobre la presencia de ratas, las viandas podridas y el decadente estado edilicio de algunos establecimientos. Tampoco le interesan las permanentes críticas a las prácticas laborales obligatorias, que carecen de todo fundamento pedagógico y quitan horas de formación y asignaturas para los y las secundarias.

Denuncian que CABA vacía programas educativos para destinar fondos a funcionarios militantes

Por Martín Suárez

Las cifras aparecen en el último informe realizado por la Auditoría General de la Ciudad: “Soledad Acuña destina los recursos a pagar a sus funcionarios mientras deja sin fondos los programas que atienden a los estudiantes”, afirmó el auditor Lisandro Teszkiewicz. 

La denuncia es grave y pone en jaque el discurso del oficialismo porteño que, en los últimos años, hizo campaña política con la educación pública. De acuerdo a una investigación realizada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y Juveniles (CAJ), no existe control alguno interno sobre el manejo financiero de los recursos humanos y advierten un vaciamiento de los fondos destinados a diferentes actividades relacionadas con niñas, niños y adolescentes porteños.

Los CAI y CAJ se encuentran bajo la órbita de la Dirección General de Escuela Abierta, “un espacio lúdico, expresivo y recreativo destinado a complementar y fortalecer la formación de niños, niñas y adolescentes que concurren a los CAI y CAJ en sus propias escuelas en jornada extendida”, destaca la información oficial.

Según el informe realizado por la auditoría porteña, los gastos involucran a 269 personas que fueron contratadas para prestar servicios en los CAI, que no pudieron ser identificadas en la actividad que corresponde. “Lo mismo ocurrió con 104 personas que se desempeñan en los CAJ, de los que el Ministerio no pudo informar qué servicio prestan, siendo que muchos de ellos no cuentan con formación docente alguna”, destacó el auditor porteño Lisandro Teszkiewicz.

“Da vergüenza la falta absoluta de interés y compromiso por parte de la gestión de Rodríguez Larreta y de Soledad Acuña para sostener políticas fundamentales que garanticen igualdad de oportunidades de acceso a la educación y la cultura a niños y jóvenes”, agregó el auditor.

Ambos espacios son la continuación de programas gestados durante las administraciones educativas de Daniel Filmus, Roxana Perazza, Alberto Sileoni y Ana María Clement, que buscan favorecer el acceso igualitario a la educación y la cultura, al tiempo que debe propiciar actividades culturales, deportivas, recreativas y de expresión que favorezcan la inclusión social y educativa. Una de las actividades más destacadas es el de vacaciones en la escuela, en temporada de verano e invierno.

En estos centros, las y los docentes comunitarios se ocupan de niñas y niños que cursan el último año del nivel primario y brindan herramientas y acompañamiento necesarios para facilitar el tránsito para terminar la cursada y poder llegar al nivel secundario. La mayoría de estas niñas y niños se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad social. Por esta razón, el programa focaliza en la promoción, implementación y evaluación de políticas educativas, para que contribuyan al desarrollo particular y social de la comunidad, así como la optimización de las condiciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje en procura de mejorar la calidad educativa.

Lo grave es que los fondos destinados a Escuela Abierta fueron a parar a manos equivocadas. “Al revisar el cuadro presupuestario del Programa nos encontramos con que al tiempo que todo el programa recibía un incremento promedio superior al 34% -que llega al 94% de incremento en los gastos de conducción-, la partida destinada a los CAI y CAJ recibió solo un 16% y la de Música para la Equidad directamente se redujo en un 5%”, advirtió Teszkiewicz. “Esto demuestra que Soledad Acuña destina los recursos a pagar a sus funcionarios, mientras deja sin fondos los programas que atienden a los estudiantes”.

Por último, el auditor porteño aseguró que a partir de estos informes que queda en evidencia, además de la falta de control interno en las distintas áreas de la gestión, el desinterés del ejecutivo de la Ciudad. “El vaciamiento de programas educativos para destinar los fondos a los funcionarios militantes del PRO es una constante de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña”, terminó Teszkiewicz.

Masivo paro docente en provincia de Buenos Aires

El paro convocado para el jueves 27 por las seccionales recuperadas de SUTEBA fue masivo en el Conurbano y principales ciudades de la Provincia, pese a los aprietes de funcionarios y de la conducción Celeste de Baradel. Fuerte rechazo al ajuste en educación, la 5ª hora y los salarios debajo de la inflación.

En los días previos se venía gestando un paro con mucha fuerza, no solo en las seccionales recuperadas de Suteba donde conduce la Multicolor (Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz) sino a lo largo de la provincia de Buenos Aires.

El descontento en la docencia de la provincia viene manifestándose desde el paro de la CTERA en agosto, al que luego ni la misma CTERA y SUTEBA Provincia dieron continuidad pese a que las luchas en el interior del país seguían en pie. Luego volvimos a ver este descontento en los dos paros y jornadas de lucha que le siguieron, impulsados por las seccionales recuperadas de SUTEBA y las agrupaciones que forman la Multicolor.

La conducción provincial de SUTEBA, el frente Celeste Violeta de Roberto Baradel y el conjunto del FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense) vienen siendo cómplices del ajuste: no denunciando el presupuesto 2023, arreglando paritarias por debajo de la inflación sin consulta con la docencia, apoyando la reforma en educación superior, dejando correr la aplicación de la 5ª hora y el brutal ajuste en discapacidad.

En estos días llegaron denuncias de decenas de escuelas en distritos donde conduce la Celeste, donde se han multiplicado aprietes contra el paro. Desde funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación hasta equipos directivos amenazando con desconocer el paro y aplicar el artículo para falta injustificada. Las conducciones seccionales de la burocracia de Baradel replicaban las amenazas, generando indignación incluso entre docentes que adhieren a la Celeste pero ven que el gremio está dejando pasar el ajuste.

Pese a todo esto, el paro fue muy fuerte, sobre todo en Primaria donde han comenzado a aplicar en algunas escuelas la 5ª hora que ya está mostrando cómo afecta a docentes y familias, y en Inicial donde se extiende el descontento por las condiciones laborales y la situación de vulneración de niños y niñas.

Enorme paro docente en La Matanza

En La Matanza, donde hace pocos meses dirige la Celeste oficialista de Baradel, el acatamiento fue casi total. En este distrito se movilizaron a Jefatura Distrital y realizaron una radio abierta donde se expusieron los reclamos de las escuelas que se hicieron presentes: resonó muy fuerte el rechazo a la 5ª hora, la necesidad que se aumente la comida para los/as pibes/as y sea de calidad, y contra el ajuste que se está llevando adelante.

Otros de los reclamos que se expresaron fue la falta de personal en las escuelas y la necesidad de creación de cargos, así lo contaban los compañeros/as de la Técnica 8 “Newbery” una de las escuelas más grandes de La Matanza.

Estuvieron presentes docentes y estudiantes de la secundaria 109 que vienen organizándose por la infraestructura escolar, una problemática que atraviesan muchas escuelas, un reclamo histórico porque los edificios se caen a pedazos.

Una próxima pelea importante es la Asamblea Ordinaria de SUTEBA el 23 de noviembre. 

Tigre: paro en escuelas por el despido de dos auxiliares

Docentes y auxiliares impulsaron un paro común ante el cese arbitrario de dos auxiliares suplentes de la escuela secundaria 24, de Troncos del Talar. El viernes 21 se movilizaron junto a las familias al Consejo Escolar para exigir su inmediata reincorporación.

Los hechos denunciados por la Junta Interna de ATE Educación y el Suteba Tigre no hacen más que demostrar que en el distrito de Julio Zamora (Intendente del Frente de Todos) quieren tapar con despidos y persecución la grave desinversión que hay en las escuelas públicas. A las dos auxiliares les dieron el cese, lo que implica dejar a dos mujeres trabajadoras sin sueldo en pleno octubre y sin la posibilidad de acceder a un nuevo cargo, luego de que se negaran a garantizar la merienda de los estudiantes en la bacha del baño de la escuela (sic).

Fueron las mismas trabajadoras las que hicieron diversas propuestas de acuerdo para garantizar la merienda en condiciones de salubridad y no en el baño de discapacitados de la escuela, pero ninguna fue atendida por el equipo directivo y la respuesta fue un cese arbitrario de ambas suplentes. En esta escuela como en muchas del distrito y en toda la provincia, los docentes denuncian que se arrastran una cadena de problemas que ningún gobierno soluciona. Con 700 estudiantes matriculados, esta institución tiene graves problemas de infraestructura que generan que en los días de lluvia los estudiantes se mojan para ir al baño, persisten problemas eléctricos y de gas, le falta un patio cubierto y siguen sin crearse los tres cargos de vicedirector, un cargo de prosecretario, un jefe de área, un jefe de preceptores, un preceptor y tres bibliotecarios.

Desde Suteba Tigre denunciaron que “el cese orquestado por el Consejo Escolar de Tigre con actuados irregulares y desconociendo las instancias de acuerdo que propusieron las auxiliares para garantizar una merienda en condiciones, no lavando en la pileta del baño, es una medida que atenta contra los derechos de todxs lxs trabajadorxs de la educación de tigre. Este disciplinamiento es parte de lo que sufrimos también lxs docentes en las escuelas con el trabajo sin cargos necesarios, sin condiciones de infraestructura, con sueldos que no alcanzan”.

El que pisó una escuela sabe sobradamente que las auxiliares son las que garantizan la higiene, desayuno y merienda de los estudiantes, muchas veces poniendo recursos de sus bolsillos porque el Consejo escolar no envía los insumos suficientes. Lavandina, trapos, detergente, azúcar, mate cocido, etc., muchas veces son garantizados por las trabajadoras que tienen los salarios más bajos en Educación. Por un sólo cargo (ya que no acceden a un segundo) las auxiliares que en su mayoría son el sostén del hogar cobran de salario unos $73.700 que están muy por detrás de la canasta de consumos mínimos que según la Junta Interna de Ate Indec, en el segundo trimestre fue de $161.853.

Estos despidos pretenden ser un ejemplo disciplinador para todos los trabajadores/as de la educación que no aceptan trabajar bajo cualquier condición, merecen todo nuestro repudio, solidaridad y la mayor movilización para lograr la reincorporación a sus puestos de trabajo de ambas compañeras. ¿Cómo se explica que en el Municipio más rico de la provincia de Buenos Aires, la merienda de los pibes y pibas de la escuela pública se tenga que preparar dentro de un baño? La respuesta es el ajustazo que Massa le aplicó a la escuela recortando 50.000 millones para Educación a pedido del FMI y que se profundizó con el Presupuesto 2023.

Atech rechazó la oferta del gobierno provincial

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) rechazó en la última reunión paritaria la oferta del gobierno provincial de un aumento salarial del 10 % en octubre y un 4 % para noviembre, la modificación del porcentual por materiales llevándolo a un 10,5 % y 1.000 pesos al ítem de ubicación geográfica, y convocó a realizar asambleas escolares y movilizaciones.

Mientras UDA, AMET, SADOP y Sitraed aceptaron, Atech fue el único sindicato que rechazó la propuesta ya que “el reclamo de Atech ha sido siempre un salario igual a la canasta básica y estamos muy, muy, muy por debajo de la canasta básica, muy por debajo de lo que queremos o pretendemos como sindicato. La recomposición hoy tendría que ser de un 90 % para cubrir la canasta”, explicaron.

Actualmente “los docentes de Chubut estamos cobrando por debajo de la línea de pobreza”, dicen y subrayan que desde Atech consideran que “la propuesta del gobierno es insuficiente” pero que “si el gobierno dice que tiene ese dinero que lo cargue igualmente en los sueldos y seguimos negociando a partir del 4 de noviembre”.

Atech realizó reuniones de delegados y delegados con mandatos escolares y estos mandatos han manifestado que se realicen asambleas unificadas que se llevarán a cabo fuera de los establecimientos escolares.

Ante esto, el ministerio de Educación emitió una resolución número 744 que expresa que para la realización de asambleas el sindicato debe pedir autorización previa y que será descontado del salario.

Llamativamente, “la ley que cita es de matrimonio civil, que no tiene nada que ver con la ley de asociaciones sindicales”.

Posterior a esa resolución 744, el sindicato de Chubut recibió dos nuevas resoluciones del ministerio. Una es la 781 que deroga la resolución 744 y la otra es la resolución 782 que corrige el número de la ley, y citando la Ley de Asociaciones sindicales dice que el sindicato no puede hacer asambleas.

“Primero, una resolución no puede modificar nunca una ley y las asambleas, en la misma Ley de asociaciones sindicales, establece que el sindicato puede convocarlas sin pedir autorización. Con los cual, los mismos considerandos que utiliza el ministro de Educación para la resolución se caen por su propio peso, son contradictorios con una ley superior”, expresaron.

Por lo cual, la propuesta de Atech es que se realicen asambleas escolarees saliendo de las escuelas o dentro de los establecimientos educativos “porque estamos ejerciendo un derecho y para los derechos no se pide permiso para ejercerlos, se ejercen” y convocan a manifestarse.

Arcioni ataca el derecho a la organización de los docentes 

Las docentes y los docentes de Chubut vienen desarrollando desde marzo de 2022 en el marco de las paritarias docentes un reclamo de aumento salarial, para recuperar lo perdido ante el congelamiento salarial de 2020 y 2021 que impuso el gobernador Arcioni, como parte de su ajuste permanente.

A cada paro de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, respondió con descuentos brutales con la intención de quebrar la voluntad de lucha. No lo logró.

Con la resolución 781, Arcioni, vuelve a atacar a los docentes y su organización, intentando quebrar las asambleas escolares. No podemos permitirlo.

Hay que enfrentar este ataque a la organización democrática de las docentes y los docentes del gobierno provincial de Mariano Arcioni, aliado del gobierno nacional del Frente de Todos. Por esto rechazamos cualquier intento de limitar el derecho a la protesta y este ataque del gobierno contra la organización de los trabajadores, que tiene que ser independiente del Estado y los gobiernos.

Todas las organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, sociales, estudiantiles y políticas deben rechazar este ataque de Arcioni y apoyar la lucha de los docentes de Chubut.

Sigue la lucha docente en Santa Cruz

Desde julio la docencia santacruceña con Adosac está en plan de lucha con paros, movilizaciones, actos, acampes, radios abiertas, caravanas y diferentes formas de lucha. Reclaman al gobierno kirchnerista un  aumento salarial real y frenar las medidas de ajuste y reforma educativa.

La docencia de Santa Cruz tiene salarios por debajo de la línea de pobreza. El inicial es de $ 76.000. El gobierno implementó un ajuste y reforma donde avanza la flexibilización laboral docente y el vaciamiento de los contenidos educativos en secundaria y la improvisada quinta hora extendida.

Por eso reclaman un aumento salarial que recupere lo perdido, en camino a la canasta familiar, y cláusula gatillo mensual permanente. No, como ofrece el gobierno para que levanten el paro, por solo dos meses. También exigen que no haya despidos por hacer paro, la devolución de los descuentos y ningún cargo precarizado.

Santa Cruz es de las provincias más ricas y con mayores ingresos por la entrega de los recursos naturales, petróleo, mineras y pesqueras, a las multinacionales. Concentró el 45,2% de las exportaciones de oro y los funcionarios se jactan de que es la provincia que más dólares genera.

Por todos estos motivos, la conducción provincial de Adosac, la Lista Lila, fracasó en la política de “levantar los paros”, “cobrar a cuenta” y “seguir negociando”. La docencia provincial le impuso un paro de 72 horas. Como previamente habían aceptado en forma inconsulta la propuesta gubernamental, el gobierno salió a denunciarlos por no cumplir lo acordado en el ministerio de Trabajo.

Intento de fraude en las elecciones de delegados de UEPC-CTERA (Córdoba)

La Izquierda Diario entrevistó a Andrés Farías, delegado electo por la lista opositora en el IPET 249 «Nicolás Copérnico» e integrante de Docentes D-base.

¿Cómo se desarrollaron las elecciones en el Copérnico y por qué la conducción de la Lista Celeste quiere avanzar con una impugnación?

AF: En la escuela desarrollamos las elecciones con total normalidad durante todo el día de votación, participando 173 docentes de un padrón de 251. Los resultados mostraron el gran rechazo a la conducción Celeste y a la lista presentada por ellos que sacaron 67 votos frente a 104 votos que sacamos con nuestra lista opositora. Una vez finalizada la votación, candidatos de la Lista Celeste e integrantes de la conducción del gremio plantearon la impugnación porque una de las candidatas salió delegada en otra escuela el día anterior.

Como plantea el Estatuto, todo docente tiene la posibilidad de presentarse en dos escuelas, por lo que no hay ningún motivo de impugnación. Además, si un candidato o lista quiere impugnar a la otra por alguna irregularidad, esto debería hacerse previo a las elecciones, no cuando el resultado es desfavorable. Hay que entender que si aceptamos esto, se están violando las mínimas garantías democráticas en el gremio. Este intento de fraude no es sólo contra nosotros, sino contra los casi 200 docentes que votaron ayer.

¿Cuál es tu visión de este accionar de la Celeste?

AF: Claramente buscan impugnar nuestra lista porque es opositora en una escuela muy importante donde muchos años los y las delegadas fueron integrantes de la Lista Celeste de la conducción. Creo que estas elecciones reflejan el gran malestar que se expresó en las calles, en la lucha que la docencia impuso con paro y una movilización histórica donde se mostró un enorme desprestigio de Monserrat y la conducción.

Pero nos está llegando información que no es la única escuela donde se quiere impugnar. Sabemos que presentarse en dos escuelas lo permite el Estatuto.

¿Cómo sigue esta situación?

AF: Las planillas ya fueron entregadas a UEPC y nos dijeron que evaluarán la situación, amenazando con la impugnación. Sabemos que contamos con el apoyo de los y las docentes y realizaremos un petitorio en nuestra escuela para defender las elecciones que realizamos.

Decías que está situación de intento de impugnación se está replicando en otras escuelas, ¿Hay alguna propuesta ante esta situación?

AF: Sí, esta situación se está viviendo en otras escuelas donde la Celeste quiere avanzar con las impugnaciones. Por este motivo, desde Docentes D-base consideramos que hay que hacer visible esta situación y tiene que ser repudiada por toda la docencia de la provincia, no se puede permitir semejante fraude de la conducción de UEPC.

Proponemos desde la agrupación lanzar una gran campaña con toda la docencia de la provincia. Si avanzan contra la voluntad de las compañeras y compañeros en las escuelas, ¿qué pueden hacer en las próximas elecciones sindicales? El descontento con Monserrat y la Celeste son enormes, como dije antes, lo vimos en las calles y enorme movilización de la docencia que no le permitió hablar a Monserrat en el acto de cierre. Quieren responder al descontento con fraude. Tenemos que organizarnos y responder colectivamente ante este atropello.

Córdoba: estudiantes toman el Manuel Belgrano

El Centro de estudiantes del colegio pre universitario Manuel Belgrano comunicó que se realizó una toma del establecimiento como medida para visibilizar el reclamo de que se respete la ciudadanía universitaria de los colegios pre universitarios, actualmente sub representados en los órganos de cogobierno universitario. La toma fue desde el 26 a las 14:35 hasta el 27 a las 12:00.

Uno de los reclamos que se han dado a conocer es que los estudiantes menores de 16 años puedan participar en las elecciones de autoridades, a diferencia de lo que proponen proyectos que se están discutiendo en la Universidad en la actualidad.

Prórrogas de las becas UBA 2022: una provocación del rectorado

Por Agustina M.

Después de meses de lucha de la Asamblea de Becarixs UBA, con apoyo de la AGD-UBA, el miércoles pasado el rectorado de la UBA anunció la extensión excepcional de las becas que culminan entre agosto y noviembre de este año hasta el 31 de diciembre. Se trata de un pequeño alivio para 82 investigadores en formación de la UBA que podrían acceder a 4 meses más de tiempo y salario para entregar la tesis. No obstante, el anuncio del rectorado es claramente insuficiente, llega de forma muy tardía y entraña una serie de problemas.

Nadie ignora que una crisis humanitaria como la desatada por la pandemia afectó muy profundamente todas las actividades, incluyendo las tareas de investigación, que se vieron interrumpidas o severamente trastocadas durante gran parte de 2020 y 2021. A raíz de las luchas de Jóvenes Científicxs Precarizadxs, la Asamblea Nacional de Becaries y la Asamblea de Becarixs UBA, en 2020 se obtuvieron becas automáticas en Conicet y Agencia de un año para las investigaciones afectadas por la pandemia, que se fueron replicando para las cohortes de 2022, 2023 y 2024. En cambio, el Rectorado de la UBA prorrogó las becas finalizadas en 2020 solo por 4 meses, en 2021 por un promedio de 6 meses y ahora por 4 meses. El tiempo es claramente insuficiente y no se desprende de ningún criterio claro. El anuncio llega a mitad de octubre, mientras los investigadores cobraron su último estipendio en septiembre. Es decir que tendrán que esperar un mes más para cobrar lo que constituye su principal sustento. Para colmo, se plantea que queden sin ingresos en diciembre, justo antes de las vacaciones, con la dificultad que esto representa para acceder a otros trabajos.

Además, el rectorado ignora el reclamo de prórrogas y equiparación con las becas estímulo para las becas UBA 200 y no contempla casos particulares de becas que terminaban regularmente en otras fechas, o que fueron prorrogadas por licencias. Esto afecta a las becas de culminación de doctorado que finalizan en noviembre y a quienes tuvieron licencias por embarazo, que accederían a prórrogas de solo un mes. Las prórrogas correspondientes a las licencias por embarazo son un derecho conquistado con la lucha que debe ser defendido. El intento de ignorarlo de parte del rectorado constituye un claro caso de discriminación y violencia de género, que ya tiene antecedentes en 2020 y 2021, pero que fueron revertidos por la intervención de la Asamblea y del sindicato AGD-UBA.

La pandemia desnudó crudamente las condiciones de precariedad en la que realizan sus tareas los investigadores en formación. Ser becario implica realizar el mismo trabajo que un investigador de planta, con una dedicación exclusiva, solamente compatible con un cargo docente simple. La única diferencia es que aún no se cuenta con un título de posgrado, que se busca obtener al final del período de la beca con la entrega de la tesis. El mal llamado “estipendio” es el principal sustento de profesionales ya graduados de carreras universitarias que participan de proyectos de investigación, producen regularmente informes y artículos y se someten a evaluaciones constantes.

Este fue uno de los ejes principales que se debatieron en el Conversatorio “¿En qué condiciones hacemos ciencia lxs investigadorxs en formación? Debates sobre investigación, derechos laborales y pandemia”, organizado el jueves 14/10 en Plaza de Mayo por la Asamblea de Becarixs UBA y JCP en el marco del paro de 48 horas de docentes universitarios convocado por la Conadu H. Allí, se hizo un balance de las luchas en el marco de la pandemia, se planteó la necesidad de luchar por mejoras salariales y se debatieron estrategias para conquistar el reconocimiento como trabajadores.

En ese sentido, los colectivos de becarios reclaman un marco regulatorio que reconozca derechos laborales plenos: un salario en regla, antigüedad, aportes, aguinaldo, paritarias, obra social para el grupo familiar, licencias con las correspondientes prórrogas, derecho a la estabilidad y la continuidad laboral. JCP ha elaborado un proyecto que se nutrió con los aportes de numerosos investigadores y docentes y que fue presentado en varias instancias. A pesar de que la gestión actual del Conicet, con Ana Franchi a la cabeza, prometió discutir el proyecto, se trata de una deuda todavía pendiente.

Por otro lado, el atraso en los resultados de la convocatoria a la carrera de investigador del 2022 hasta casi fusionarse con la convocatoria 2023 corre el riesgo de eliminar de hecho un año de convocatoria, empeorando la situación de cuello de botella para quienes quieren seguir desempeñándose en el ámbito de la investigación.

¿Cómo nos organizamos?

Los problemas en torno a las prórrogas y la continuidad laboral en investigación se enmarcan en un ajuste generalizado llevado adelante por los gobiernos, en connivencia con el FMI. Esto se traduce en reducción presupuestaria para Ciencia y Educación y en una rebaja salarial bajo la forma de paritarias con cuotas muy por detrás de la inflación.

El desafío actual es fortalecer la organización de docentes e investigadores para impulsar una lucha de conjunto. JCP Buenos Aires ha convocó a una asamblea el martes 18/10, en el Instituto de Literatura Hispanoamericana (25 de Mayo 221) para discutir las problemáticas del sector. Desde la agrupación Naranja-Tendencia de docentes e investigadores proponemos llamar a asambleas en cada lugar de trabajo en rechazo al ajuste presupuestario y salarial, en la perspectiva de organizar un Congreso de delegados de base que ponga en pie un plan de lucha de conjunto.

Fuentes: Clarín, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Tiempo Argentino, Prensa Obrera, Resumen Latinoamericano, El Socialista.

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Argentina: Ciudad, sin clases: el 90% de los docentes adhirió al paro

Miles de docentes se sumaron al paro propuesto por los gremios en rechazo a la «insistencia del Gobierno de la Ciudad de mantener las escuelas abiertas».

Alrededor del 90% de los equipos de docentes de todos los niveles educativos de la Ciudad de Buenos Aires adhirió al paro de este martes, que fue propuesto por los gremios del sector en rechazo a la «insistencia del Gobierno de la Ciudad de mantener las escuelas abiertas» a pesar de la segunda ola de contagios masivos por Covid-19.

Integrantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Sindicato Argentino de Docentes (Sadop), la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y la Unión Argentina de Maestros y Profesores (Camyp) adhirieron al paro al no reconocer la legitimidad del fallo de la justicia porteña que obligó a escuelas y colegios a recibir a sus alumnados para clases presenciales.

El lunes de esta semana todos los gremios convocantes remarcaron el «alto nivel de acatamiento» al paro de 24 horas dispuesto en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo del fallo de la justicia porteña, que autorizó la presencialidad en los establecimientos, tras la solicitud de Rodríguez Larreta.

Los sindicatos rechazan el regreso a la presencialidad en las aulas ante «el descontrolado aumento de los casos por la Covid-19» al tiempo que respaldan el decreto vigente hasta el viernes 30 de abril y «el cumplimiento de todas las medidas sanitarias».

El decreto del presidente Alberto Fernández 421/2021 dispuso desde las 20 del viernes último nuevas restricciones en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), de la cual la Ciudad forma parte, para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus que azota al país en esta segunda ola, y con nuevas cepas.

«A última hora de la noche del domingo, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, sosteniéndose por una estrategia de Lawfare, dio la orden de continuar con la presencialidad escolar desconociendo el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que indica la suspensión temporal por dos semanas de las clases presenciales como medida de cuidado sanitario», expresaron Angélica Graciano, secretaria general UTE-Ctera, y Paula Galigniana, secretaria de Comunicación, Prensa y Difusión del gremio de docentes.

«Desde el comienzo del ciclo lectivo 2021 venimos denunciando y reclamando tanto a las autoridades ministeriales como al propio Larreta las deficiencias de los protocolos vigentes así como también la falta de inversión en infraestructura e insumos para poder llevar adelante una presencialidad cuidada», comunicaron desde el sindicato.

Por su parte Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, expresó a Télam que «habrá paro de actividades hoy y mañana porque necesitamos pasar a la virtualidad mientras siga la ola ascendente de contagios» por Covid-19.

Mientras tanto, la secretaria general del gremio, Mariana Scayola, denunció a El Destape Radio que a esta situación se suma «la presión de Larreta que es la de realizar descuentos en los sueldos si hacemos paro, porque no llegamos a fin de mes», tras lo cual solicitó «suspensión de la presencialidad, vacunación masiva y equipos para la virtualidad».

«Los docentes están dispuestos a dar esta pelea. Estamos discutiendo entre contagiarnos o no«, convino, y citó como ejemplo que «ayer una docente no conseguía cama de terapia intensiva».

Scayola aseguró que «el gran evento masivo que produjo esta segunda ola fue la apertura de las escuelas» y por eso para ella «lo que hacen Larreta y Acuña es de un cinismo completo», en referencia a sus declaraciones en favor de la educación ya que «en diciembre redujeron el presupuesto educativo».

Según Scayola, «ayer hubo un 90% de acatamiento al paro y hoy será similar«, en referencia a este martes.

En tanto, Sadop realizará «una retención de tareas presenciales» y continuará con la virtualidad, «como determinó la medida oficial», indicaron en un comunicado en referencia al decreto presidencial.

Fuente: https://www.minutouno.com/ciudad/clases-el-90-los-docentes-adhirio-al-paro-n5186031

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La anunciada muerte del Normalismo: Sin presupuesto y sin revalorización del magisterio

Por: Erick Juárez Pineda

Los legisladores matan al Normalismo Mexicano.

La Cámara de Diputados ha aprobado el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con un recorte histórico y lamentable a las escuelas formadoras de profesores.

265 Escuelas Normales Públicas se verán afectadas pues el Presupuesto de Egresos no las contempla y corren el riesgo de sufrir daños irreparables.

El 9 de septiembre de este año, desde Educación Futura se denunció el recorte de más 95% del presupuesto. Para 2020, el presupuesto asignado fue de 461.4 millones de pesos. La propuesta para 2021 es de 20.6 millones. A cada estudiante normalista le corresponderían 229 pesos para su formación durante el siguiente año.

Sin embargo, este dinero corresponde al Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa S300 (PROFEXE), dejando afuera otros programas y Estrategias de Fortalecimiento de las Escuelas Normales de México. Incluso, quedan en riesgo los programas de gratuidad de la inscripción, los cuales, han adoptado las Escuelas Normales de 12 Estados, varios de ellos son entidades con enormes necesidades y desigualdades como Michoacán y Guerrero.

Ante ello, la la Junta de Coordinación Nacional del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal que integran las 32 Entidades Federativas y que representan a las 265 Escuelas Normales del país señalan mediante un comunicado (Pronunciamiento LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados) que estas acciones representan una verdadera incongruencia entre lo legislado y lo presupuestado.

Explican que las más de 300 acciones que incluyen el replanteamiento curricular, la profesionalización, la transformación de las Escuelas, no se realizarán el próximo año, además, señalan, será muy difícil también, que las maestras y maestros, las y los estudiantes, el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados, y las organizaciones magisteriales y estudiantiles no se sientan traicionadas.

Escuchamos pronunciamientos de Senadoras y Senadores, de Diputadas y Diputados, el dictamen de la Comisión de Educación, en el sentido de que se reconsideraría el presupuesto de las Normales. Lamentablemente no fue así. Con claridad apoyamos la propuesta para que los recursos llegaran con celeridad y directamente a los beneficiarios; sin embargo nuestra voz y la de muchos y muchas no fue tomada en cuenta.

También puntualizan que anualmente se les otorgan 440 millones de pesos, que en porcentaje para el presupuesto de egresos de la Federación es mínimo, pese al trabajo y al significado que tiene en este país la formación de maestras y maestros.

Finalmente, advierten que esta injusticia deja al normalismo sin posibilidades de un cambio y transformación verdadera. 

Al mismo tiempo, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), advierte que que con estas acciones quedan desprotegidas 265 Escuelas Normales Públicas, dentro de estas, las 17 Escuelas Normales Rurales del país agremiadas a la Federación.

Mediante un documento (Pronunciamiento Recorte Presupuestal) dirigido a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, comentan que creían que  las propuestas de que se considerara el presupuesto de las Normales, serían tomadas en cuenta, pero lamentablemente vemos que no es así y nos preocupa pensar cuál es el rumbo que tomará la Educación Normal.

«Toda educación es, de alguna forma u otra, una introducción al futuro, es una lucha para establecer qué tipo de futuro queremos para la juventud”, nosotros nos preguntamos ¿qué tipo de futuro quieren para la juventud? Estamos frente a un país lleno de corrupción, sometimiento, pobreza, analfabetismo, donde la única arma para cambiar el rumbo es la educación

Por último, señalan que el mal llamado “Recorte Presupuestal para las Normales” es una más de sus políticas que dejan la ciencia y la educación como espacios de privilegios y lujos, condenando a muerte a las Normales Rurales. «El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador prometía cambios y ahora los vemos, este fuerte golpe pone en juego la existencia de las Normales Públicas de nuestro país», concluyen.

Como anteriormente lo cuestionaba: ¿Esta es la revalorización del magisterio que tanto alarde Esteban Moctezuma y López Obrador?

La nueva Reforma Constitucional en materia Educativa y las Leyes Secundarias mandatan un fortalecimiento a las Normales Públicas, una revalorización y mejores condiciones a estas instituciones formadoras. En papel se ve bien, en la práctica, apesta.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-anunciada-muerte-del-normalismo-sin-presupuesto-y-sin-revalorizacion-del-magisterio/

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Dejan a niños sin clases extra y alimentos: SEP recorta 100% presupuesto a Escuelas de Tiempo Completo. México

El programa Escuelas de Tiempo Completo se dedicaba exclusivamente a dar alimentos y actividades extracurriculares para alumnos de primarias y secundarias.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé dejar sin recursos el programa Escuelas de Tiempo Completo mediante el cual un millón de estudiantes recibían alimentos en sus planteles y 534 mil tenían actividades educativas o deportivas en horario extendido, y en cambio propone un aumento de 63% al presupuesto del programa La Escuela es Nuestra.

El objetivo de La Escuela es Nuestra durante el primer año de operación en 2019 fue entregar recursos a padres de familia para que se hicieran cargo de mejorar la infraestructura educativa pero, a partir de 2020, también incluyó la contratación de “asesorías y tutorías”, según los lineamientos publicados en octubre pasado.

Este programa tendrá 12 mil 280 millones de pesos, según el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2021; esto significa un aumento de 63%, equivalente a 5 mil millones de pesos, cifra comparable el presupuesto de 5 mil 100 millones de pesos que tuvo Escuelas de Tiempo Completo en 2020, y que ahora tendría cero recursos.

En la Escuela es Nuestra, los recursos pueden ser utilizados para el mantenimiento del inmueble escolar; construcción de aulas, baños, laboratorios, entre otros; adquisición de mobiliario y equipo escolar como computadoras, tabletas, televisores; creación de condiciones de seguridad; compra de materiales educativos como biblioteca, actividades artísticas, software educativo, actividades deportivas, entre otros.

Y también para la “contratación de servicios de conectividad, adquisición de insumos y materiales impresos y en línea, asesorías, tutorías para alumnos, docentes, padres de familia y directores”.

Cada comunidad, a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) –conformado por padres y madres de familia, directivos, docentes y alumnos–deben realizar asambleas para que, a partir de sus necesidades, decidan qué comprar o contratar.

En tanto, el programa Escuelas de Tiempo Completo se dedicaba exclusivamente a dar alimentos y actividades extracurriculares para alumnos de primarias y secundarias en un horario extendido de 6 u 8 horas por jornada. Inició en 2006 con 500 escuelas y tras 14 años de operación suman 27 mil planteles en todo el país hasta 2020, de las cuales 19 mil son indígenas y rurales, lo que representa 70.5% del total, de acuerdo con el segundo informe de Gobierno del presidente López Obrador.

Todas las escuelas primarias y secundarias que participaban en programa recibían aproximadamente 90 mil pesos cada año para pagar los salarios de maestros que impartían clases en el horario extendido, los materiales para las actividades y lo necesario para la provisión de los alimentos para estudiantes.

En la Escuela es Nuestra, después de definir sus necesidades, número de alumnos y grado de marginación, podrán recibir entre 150 mil y 500 mil pesos, que son depositados directamente en la cuenta del Comité Escolar, cuyo tesorero se encarga del manejo y comprobación de los recursos.

Animal Político preguntó a la SEP sobre el análisis que realizó para determinar el recorte de 100% al programa Escuelas de Tiempo Completo y el aumento presupuestal a La Escuelas es Nuestra, pero el área de prensa dijo que no darían entrevistas al respecto hasta que el presupuesto fuera aprobado en la Cámara de Diputados.

Escuelas de Tiempo Completo mejoró aprendizaje

Evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirman que el programa Escuelas de Tiempo Completo, iniciado en 2006, mejoró el aprovechamiento escolar entre alumnos de educación básica.

 El programa inició en el sexenio de Felipe Calderón, continuó en la administración de Enrique Peña Nieto y cada año tuvo incrementos presupuestales, pero desde el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el recorte, primero de 5% en 2019, luego de 50% en 2020; y para el presupuesto de egresos de 2021, el Ejecutivo no le asignará presupuesto.

Esto significará que las escuelas dejarán de recibir recursos a través del programa que proveía alimentos a un millón de niños y adolescentes en sus planteles, y donde 534 mil recibían clases extracurriculares y actividades artísticas o deportivas en horario extendido, los objetivos centrales del programa.

La más reciente evaluación de impacto del programa realizada por el Coneval en 2018 analizó los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba PLANEA respecto al aprendizaje de matemáticas y lengua, y concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.

Los alumnos de sexto grado de Escuelas de Tiempo Completo “registran una disminución promedio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos correspondientes al nivel I de desempeño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación.

Y los mayores beneficios se observan entre las poblaciones más vulnerables, pues de acuerdo con el análisis, el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”.

Esto porque el propio diseño del programa “presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación como el medio para incrementar su nivel de logro educativo”.

También, en las escuelas primarias participantes se identificó una disminución significativa en las tasas de repetición y rezago educativo, respectivamente, en el periodo 2007-2017.

Las tasas de abandono presentan un aumento para las escuelas que no cuentan con servicio de alimentación en 2.2 puntos porcentuales, en contraste con la disminución de 1.16 puntos porcentuales en las escuelas que si cuentan con este servicio. “Esto sugiere que el servicio de alimentación contribuye a disminuir el abandono a nivel secundaria”.

De hecho, en 2017, la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP también evaluó el programa y concluyó que “tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los alumnos. La Percepción de los directores y los padres de los beneficiados también apoyan esta indicación”.

El estudio incluyó encuestas entre los integrantes de la comunidad educativa y entre los puntos positivos del programa destacaron los apoyos a docentes y directivos de tipo financiero y técnico. 68% consideró que eran suficientes y dijeron estar satisfechos con los convenios con algunas Universidades para realizar la capacitación a profesores, certificación de directivos, y la incorporación de maestros de nuevo ingreso y a especialistas para el equipo pedagógico.

Mientras que en la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 del CONEVAL, cuyo equipo evaluador provenía del Colegio de México (COLMEX) identificó como principales hallazgos que el programa podría tener una incidencia positiva en el logro de los alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to de primaria, tanto en lectura como en matemáticas.

Y además, “el efecto se incrementa de acuerdo al número de años que la escuela ha participado en el Programa de acuerdo al artículo derivado de la investigación de tesis de maestría. Aunque, no puede generalizarse a otros grados”.

En tanto, respecto a la revisión del gasto de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó la ejecución de 7 mil 756 millones de pesos en 2017. De ello se detectaron irregularidades por 311 millones de pesos, es decir, 4% del total auditado.

Sin embargo, las irregularidades se concentraron en el estado de Chihuahua con 92 millones de pesos; Chiapas con 57.5 mdp y Morelos con 21.3 mdp, “por lo que es fundamental que estas entidades federativas establezcan medidas con el objetivo de mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del programa, a efecto de lograr el cumplimiento de metas establecidas”, indicó la Auditoría.

Por ello, recomendaba a la SEP, la institución rectora del programa, que implementara “acciones encaminadas a atender las deficiencias en la entrega y calidad de la información trimestral por parte de las entidades federativas, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa, donde valore la posibilidad de sancionar a aquellas que no entreguen los reportes en tiempo y forma”.

 Fuente: https://www.animalpolitico.com/2020/09/sep-recorta-presupuesto-escuelas-tiempo-completo/
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