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Los docentes de Liberia se mantienen firmes en la lucha contra la privatización

Fuente: Internacional de la educación / 2 de Mayo de 2016

 

A pesar de la intención del gobierno de crear una asociación público-privada con Bridge International Academies, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se mantiene firme en su oposición al plan del gobierno de externalizar todo su sistema de enseñanza primaria.

La campaña de sensibilización del consorcio de organizaciones de la sociedad civil liberianas en defensa del diálogo en materia de educación (LUCSED, por sus siglas en inglés) contra la asociación público-privada ha adoptado medidas para llevar a cabo acciones directas de cabildeo ante el gobierno, el senado y la cámara baja.
El grupo, que incluye al sindicato de la educación de Liberia, NTAL, miembro de la Internacional de la Educación (IE), se reunió recientemente con legisladores y el Comité Mixto de Educación de la Asamblea Legislativa de Liberia. El ministro de educación tenía que comparecer ante el Pleno de la Cámara Baja para abordar cuestiones críticas y emergentes del ámbito de la educación, entre ellas la polémica APP.
Las reuniones en la Cámara Baja
El martes 19 de abril, LUCSED visitó el Capitolio para presenciar la comparecencia del Ministro Werner ante el Pleno de la Cámara Baja para abordar el tema de la APP. Los miembros del grupo aprovecharon la oportunidad para reunirse con representantes del gobierno, los cuales aplaudieron y respaldaron sus esfuerzos de cabildeo y prometieron examinar detenidamente la decisión del Ministerio.
Mientras asistían a la sesión de la Cámara de Representantes y se reunían personalmente con los legisladores, algunos docentes realizaron una protesta pacífica fuera del Capitolio sosteniendo pancartas y un cartel contra la APP para manifestar su oposición al intento por parte del gobierno de subcontratar las escuelas públicas de enseñanza primaria del país.
Conclusiones predefinidas
El grupo también se reunió recientemente con el Senado y el Comité Mixto de Educación la Cámara Baja. LUCSED tuvo la oportunidad de abordar cuestiones jurídicas y de procedimiento relacionadas con el proceso de la APP, así como sus implicaciones para el sector y el país en general.
Aunque el Comité Mixto reconoció que las directrices nacionales relativas a la contratación pública habían sido quebrantadas al seleccionar a Bridge International Academies, no adoptó las medidas apropiadas para remediar esta situación y calificó las acciones del ministro como “error honesto”.
Decepción
A pesar de su profunda decepción ante tal resultado, NTAL está resuelto a proseguir su campaña para impedir que sus escuelas sean subcontratadas.
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Argentina /Desembarco de una fundación privada en la escuela pública: llegan los “codocentes”

Fuente: enorsai.com.ar   / 2 de Mayo de 2016

Trabajan como “parejas pedagógicas” de los docentes nombrados por el Ministerio. Se ignora si tienen formación docente. Los contrata una fundación privada, la ONG Enseñá por Argentina, que les paga un tercio del sueldo legal

Hace pocos días, y sin previo aviso, comenzaron a llegar a algunas escuelas porteñas los “codocentes” de la fundación Enseñá por Argentina, una institución privada asociada a importantes bancos y empresas (http://ensenaporargentina.org/empresas.html).Enseñá por Argentina cultiva una estrecha relación con el gobierno porteño, entre otros.

Los “codocentes” están en el aula -o sea en contacto con el alumnado-, participan de la planificación de contenidos y toman parte en el dictado de clases de las escuelas públicas. Pero no atravesaron los concursos de antecedentes que establece la norma vigente y que es la garantía de la formación e idoneidad de los profesores. Diario Z consultó el título y la formación de estos supuestos docentes a la Fundación Enseñá x Argentina el viernes a la tarde. Quienes atendieron el teléfono se negaron a brindar esta información y, ante la insistencia, directamente cortaron la comunicación. Sin embargo, pudo averiguar que cobran un tercio de los haberes fijados por convenio para quienes ejercen legalmente la docencia en la escuela pública.

El contenido del programa que les ha facilitado el ingreso a las escuelas públicas es desconocido, ya que no es posible encontrarlo en la página web de la fundación, en la que abundan las generalidades y brillan por su ausencia las precisiones.

Los funcionarios de Enseñá por Argentina tampoco se mostraron dispuestos a responder una pregunta tan elemental telefónicamente. Lo único que queda claro en la página es que la ONG ofrece “un programa de formación en liderazgo”, fórmula habitual en el lenguaje marketinero de los CEO pero extraña a la pedagogía.

Los funcionarios de Enseñá por Argentina no se mostraron dispuestos a dar cuenta del contenido de su programa.

La sociedad de esta fundación con el gobierno porteño viene de lejos: en 2012 y 2013, recibió subsidios de la Ciudad. Desde 2011, animan una Escuela de Apoyo Escolar en Villa Soldati durante los veranos. Un proyecto del bloque del PRO propone declarar “de interés cultural y educativo” la tarea de la fundación Enseñá por Buenos Aires. Allí se destaca que “actualmente, 28 jóvenes profesionales trabajan en las aulas junto a docentes con el objetivo de desarrollar en los estudiantes las competencias académicas esenciales (…) y competencias socio-emocionales”.

Lo que no tiene respuesta, por el momento, es qué norma autoriza el ingreso de asociaciones privadas en las escuelas públicas de la Ciudad, qué convenios se establecieron entre la ONG y el Ministerio de Educación, sus alcances, plazos previstos y objetivos ni cómo se desarrollará la aplicación del programa educativo de “co-docentes”, entre otras preguntas básicas que permanecen en penumbras.

Lo que no tiene respuesta, por el momento, es qué norma autoriza el ingreso de asociaciones privadas en las escuelas públicas de la Ciudad.

Esta connivencia salió a la luz por denuncias de los delegados del sindicato docente Ademys.

Desembarco

“Lo aplicaron de manera sorpresiva, abruptamente. Como suele actuar el Gobierno de la Ciudad: sin consultar”, explica Juan Martirena, delegado de los profesores del Liceo 4. “Un jueves, hace dos semanas, durante una reunión docente cayeron representantes de la fundación a hacer una presentación marketinera del programa que venían promocionando. Ahí hicieron circular una planilla para que se anotaran aquellos profesores que quieren contar con un ´co-docente´. Como las dificultades que hay en el aula son muchas y las respuestas del Estado pocas, varios se anotaron. Una semana después, les mandaron un mail avisando que se ponía en marcha y aparecieron tres o cuatro de estos ´co-docentes´ en las aulas”.

Martirena explica que “esto vulnera el Estatuto y la carrera docente y se aplica contra la voluntad de los docentes. Por eso enviamos a los supervisores del distrito una carta, firmada por más de 40 docentes, rechazando el programa. Según nos contaron los mismos ´becados´ de la fundación, cobran $5000 por un módulo de 30 horas cátedra. Eso es un tercio de lo que deberían cobrar si fuesen docentes concursados. Tampoco sabemos quién es el que les paga. Lo que reclamamos es que manden esos cargos a concurso, porque son necesarios, respetando la normativa vigente”.

Según contaron los mismos ´becados´ de la fundación, cobran $5.000 por un módulo de 30 horas cátedra. Un tercio de lo que deberían cobrar si fuesen docentes concursados.

Dirigentes de Ademys anticiparon que harán pública la denuncia, exigirán explicaciones al Ministerio de Educación y presentarán un pedido de informes en la Legislatura.

Los socios

La sospechosa fundación cuenta con el apoyo de diversas empresas, la mayoría de ella ligadas al macrismo: incluso los bancos que fueron beneficiados desde que asumió Mauricio Macri.

En la lista figuran:

  • Banco Galicia
  • HSBC
  • Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
  • Gobierno de la Provincia de Córdoba
  • Gobierno de la Provincia de Salta
  • LAN
  • Microsoft
  • Nestlé
  • Universidad de San Andrés
  • Universidad Austral
  • Deustche Bank
  • Renault
  • Ogilvy
  • Roche
  • Techint
  • DirecTV
  • DHL
  • VISA
  • Western Union
  • Telefé
  • UADE
  • UAI
  • UCA
  • Banco Supervielle
  • Telecom

Fuente: Diario Z. Tomado del siguiente enlace: http://www.enorsai.com.ar/politica/18500-desembarco-de-una-fundacion-privada-en-la-escuela-publica–llegan-los-codocentes.html

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EEUU: Exposed by CMD: KIPP’s Efforts to Keep the Public in the Dark while Seeking Millions in Taxpayer Subsidies

Fuente: PRWatch / 2 de Mayo de 2016

By Lisa Graves and Dustin Beilke

Charter schools are big business, even when they are run by «non-profits» that pay no taxes on the revenue they receive from public taxes or other sources.

Take KIPP, which describes itself as a «national network of public schools.»

KIPP (an acronym for the phrase «knowledge is power program») operates like a franchise with the KIPP Foundation as the franchisor and the individual charters as franchisees that are all separate non-profits that describe themselves as «public schools.»

But how public are KIPP public schools?

Not as public as real or traditional public schools.

New documents discovered on the U.S. Department of Education’s website reveal that KIPP has claimed that information about its revenues and other significant matters is «proprietary» and should be redacted from materials it provides to that agency to justify the expenditure of federal tax dollars, before its application is made publicly available.

So what does a so-called public school like KIPP want to keep the public from knowing?

1. Graduation and College Matriculation Rates

KIPP touts itself as particularly successful at preparing students to succeed in school and college.

Yet, it insisted that the U.S. Department of Education keep secret from the public the statistics about the percentage of its eighth graders who completed high school, entered college, and/or who completed a two-year or four-year degree.

A few years ago, professor Gary Miron and his colleagues Jessica Urschel and Nicholas Saxton, found that «KIPP charter middle schools enroll a significantly higher proportion of African-American students than the local school districts they draw from but 40 percent of the black males they enroll leave between grades 6 and 8,» as reported by Mary Ann Zehr in Ed Week.

Zehr noted: «‘The dropout rate for African-American males is really shocking,’ said Gary J. Miron, a professor of evaluation, measurement, and research» at Western Michigan University, who conducted the national study.

Miron’s analysis was attacked by KIPP and its allies, who said KIPP’s success was not due to the attrition of lower performing students who leave the school or move to other districts. One of its defenders was Mathematica Policy Research, whose subsequent study was used to try to rebut Miron’s analysis. (That name will be important momentarily.)

The Department of Education has been provided with the data about what percentage of KIPP students graduate from high school and go on to college, but it is helping KIPP keep that secret—despite the public tax dollars going to these schools and despite KIPP’s claim to be operating what are public schools.

Real public schools would never be allowed to claim that high school graduation rates or college matriculation rates are «proprietary» or «privileged» or «confidential.»

Why does the Education Department’s Charter School Program «Office of Innovation and Improvement» defer to KIPP’s demand to keep that information secret from the public?

Meanwhile, the KIPP Foundation regularly spends nearly a half million dollars a year ($467,594 at last count) on advertising to convince the public how great its public charters are using figures it selects to promote. Almost no public school district in the nation has that kind of money to drop on ads promoting its successes.

2. Projected Uses of Federal Taxpayer Dollars (and Disney World?)

Even as KIPP was seeking more than $22 million from the federal government to expand its charter school network, it insisted that the U.S. Department of Education redact from its application a chart about how much money would be spent on personnel, facilities, transportation, and «other uses» under the proposed grant. KIPP also sought to redact the amount of private funding it was projecting.

The agency’s compliant Office of Innovation and Improvement obliged KIPP.

However, after the grant was approved, KIPP did have to comply with IRS regulations to file a report on its revenues and expenditures, as all entities given the privilege of having their revenue tax-exempt or tax-deductible do. (Those filings usually are made available a year after the revenue and expenditures accrue.)

That is, the federal government’s Office of Innovation and Improvement redacted information about KIPP’s revenue and expenditures on the basis of an unsupportable assertion that such information was exempt under the Freedom of Information Act as proprietary, confidential, or privileged even though it is not.

Here are some of the key details from KIPP’s 2013 tax filings (uploaded below):

  • KIPP received more than $18 million in grants from American tax dollars and more than $43 million from other sources, primarily other foundations;
  • KIPP spent nearly $14 million on compensation, including more than $1.2 million on nine executives who received six-figure salaries, and nearly $2 million more on retirement and other benefits;
  • KIPP also spent over $416,000 on advertising and a whopping $4.8 million on travel; it paid more than $1.2 to the Walt Disney World Swan and Resort;
  • It also paid $1.2 million to Mathematica for its data analysis; that’s the firm that was used to try to rebut concerns about KIPP’s performance and attrition rates.

KIPP’s revenue and spending in 2014 were similar, but there are some additional interesting details (uploaded below):

  • KIPP received more than $21 million in grants from American tax dollars and more than $38 million from other sources, primarily other foundations;
  • KIPP spent nearly $18 million on compensation and nearly $2 million more on retirement and other benefits;
  • KIPP paid its co-founder, David Levin, more than $450,000 in total compensation, and its CEO, Richard Barth, more than $425,000 in total compensation, in addition to six-figure salaries for eight other executives;
  • KIPP also spent over $467,000 on advertising and more than $5 million on travel;
  • It also paid nearly $1 million to Mathematica for its data analysis.

In that tax year, which covers the 2013-2014 school year, as traditional public schools faced budget cuts across the country, KIPP spent more than $3.5 million on «lodging and hospitality,» including more than $1.8 million alone at the posh Cosmopolitan Hotel and Casino in Las Vegas.

Since its revenue from taxpayers is commingled with its revenues from wealthy charter school advocates and the foundations they control, there is no way to sort out how much of taxpayer money has directly gone into luxurious trips for KIPP employees versus how much having revenue from taxes helps subsidize such largesse.

But, there is no public school district in the country that would be allowed such travel and promotional expenditures for its executives or teachers if the voters knew about it or had a say in it.

Perhaps it should be no surprise that KIPP would want the grant-makers at the U.S. Department of Education to redact the amount of its expenditures for personnel, facilities, transportation, and «other uses»—especially with extravagant expenditures like its transportation and lodging at fabulous resorts, as opposed to transportation for kids to school—but why would the federal agency charged with oversight go along with redacting information about how much KIPP was projecting to spend in those categories?

KIPP did request that budget information about how much it or its affiliates paid the executive directors for individual charters, principals, accountants, grant managers, community coordinators, and IT teams be kept from the public, under a claim that such information is proprietary.

But the Office of Innovation and Improvement did not accommodate that request.

Notably, KIPP’s grant application sets forth «regional leadership» expenses that total nearly $5 million of the projected budget for the grant. There is no indication how much taxpayers are directly or indirectly subsidizing the six-figure salaries of its executive suite including the nearly half-million in total compensation for each of KIPP’s two highest paid employees. (This grant application only pertains to one source of federal and state grants that annually provide revenue to KIPP.)

3. Full Disclosure of Attrition and Performance Results

Not only did KIPP seek to keep the public in the dark about how it spends tax-exempt funding and how many KIPP students make it to high school graduation or college, it also sought to redact information «KIPP Student Attrition» by region and «by subgroup» and «KIPP Student Performance» on state exams on «Math and Reading.»

The Office of Innovation and Improvement did as KIPP requested.

But why would KIPP, which advertises its claimed superiority, and the Department of Education, which uses KIPP as an example of the success of charters, keep information about attrition and performance secret, especially when that subject is one of great public interest as noted by the Economic Policy Institute?

Page after page after page in KIPP’s application that shows the percentage of school students who leave KIPP is blacked out along with information about student test results by school for the three years prior to the grant application.

How can the Department of Education acquiesce in a request by a charter it cheerleads for to keep data about that charter’s retention or dropout rate secret?

If both sets of redacted figures were truly excellent, why wouldn’t both KIPP and the Department of Education release those results? After all, KIPP included glossy PR documents on some of its schools in its application materials touting select data about test results.

Why should unelected bureaucrats at the federal agency get to see the data about attrition and performance in awarding millions in taxpayer dollars to KIPP but go along with KIPP in keeping those specific statistics from the public?

In short, what are KIPP and the Department of Education hiding from the American people?

4. The CEO Foundations Pushing School «Choice» and Subsidizing KIPP

KIPP also asked the Office of Innovation and Improvement to redact the amounts of funding provided to KIPP by foundations that wrote letters of support for KIPP to receive federal taxpayer money under the grant.

The grant documents the Center for Media and Democracy has examined reveal that these are the names and amounts that KIPP sought to keep the public from knowing and that the Department of Education blacked out at KIPP’s request:

  • Robertson Foundation: $20M
  • Atlantic Trust/ Kendeda Fund: $15 million
  • Marcus Foundation: $4.5M
  • Zeist: $1.7M
  • Lowe Foundation: $357,000
  • Webber Family Foundation: $351,780
  • Sooch Foundation: $675,000
  • Tipping Point Community: $2M
  • Schwab Foundation: $2.5M
  • Koret Foundation: $2,135,000
  • SAP: $297,389
  • Kobacker: $100,000
  • Todd Wagner Foundation: $1,000,000
  • El Paso, $1,000,000
  • Charles T. Bauer Foundation: $1,242,000
  • Karsh: $8M
  • Charter Schools Growth Fund: $2 million
  • Formanek: $526,000
  • Goldring Family Foundation: $1,000,000
  • Charles Hayden Foundation: $1.393 million
  • Victoria Foundation: $626,000
  • CityBridge Foundation: $2.9M»

Almost all of these donors are foundations that have to annually disclose to the IRS and make available to the public the names of their grantees and the amounts granted. So this information is not privileged, confidential or proprietary.

Why would the Office of Innovation and Improvement go along with a request to keep secret from the public information that is subsequently required to be made public?

While many of the foundations listed above are led by corporate CEOs or their families, only a few are corporations whose donations might not be routinely disclosed.

SAP, for example, is the name of a German corporation that made headlines 18 months ago for dumping the American Legislative Exchange Council (ALEC) after Google dumped ALEC for its climate change denial and obstruction. Should Americans be concerned that a foreign multinational corporation is influencing American «public charters» through KIPP? The truth is foreign multinationals are exercising increasing influence over American charter schools and testing. Just look at the growth in U.S. business of the British firm, Pearson.

At the same time, the volume of such private philanthropic support begs the question of why the American taxpayer ought to be subsidizing schools that are touted as public but act like private ones when it comes to executive compensation and roadblocks to transparency, especially at a time when traditional public schools are facing such budgetary pressures?

KIPP is a taxpayer-subsidized school franchise that pays no taxes on its revenue and provides a tax-deductible vehicle for uber-wealthy families to promote the school «choice» agenda.

And, the fact that taxpayer money is going to a group spending millions on luxury trips to resorts in Las Vegas is mind-boggling in an age of austerity when many public schools are going without basic necessities.

With each new fact that comes out, the charter school industry is looking more like the military defense industry with the scandals of the 1980s as with the infamous $600 toilet seat. There’s no indication of fraud by KIPP.

But from an optics standpoint some might consider a $600 plastic seat small change, compared with a «public school» spending more than a million to go to Disney World in one year, even if only one-third of KIPP’s funding comes from taxpayers directly and the remainder comes at taxpayer expense due to CEOs writing off donations to foundations that help underwrite KIPP.

Plus, separate from the grant application discussed here, KIPP has been funded by the U.S. Department of Education to conduct leadership training summits for KIPP principals and other personnel. That application also includes significant redactions, including about key components of the budget for what it calls KIPP «summits» or annual meetings and other gatherings (as well as a total redaction of the Mathematica analysis commissioned by KIPP).

Meanwhile, KIPP told the Education Department that in its first 10 years it had raised more than $150 million from private philanthropic sources, which underscores the question of why taxpayers are subsidizing an operation that already has ample support from the corporate community and those taxpayer dollars could be going instead to strengthen traditional public schools that are truly public and that are not subsidized by tax write-offs for the one percent through their foundations.

Indeed, those tax write-offs serve to diminish the base of revenue available for tax revenue to fund public schools and other genuinely public goods in the first place.

A Closer Look at KIPP

It appears that all the redactions were in response to «proprietary» instructions KIPP dictated to DOE through a four-page document titled, «Proprietary Information.»

The Education Department complied with almost all of KIPP’s instructions, despite how contrary they are to public policy and even to publicly available information.

These black marks come at a time when cracks are starting to show in KIPP’s once beyond-reproach veneer.

KIPP is the largest and most lauded charter school chain in the United States and the recipient of many millions of dollars in taxpayer grants, foundation gifts and handouts from billionaire charter school enthusiasts.

A new book by Jim Horn, Work Hard, Be Hard: Journeys Through ‘No Excuses’ Teaching, focuses on the experiences and perspectives of dozens of former KIPP teachers who have become critics of the chain and many of the principles it is based on, including the Teach for America program that supplies KIPP with many of its teachers.

The book’s title is a reference to «Work Hard. Be Nice» the book-length puff piece authored by Washington Post education reporter Jay Matthews about KIPP’s founders Mike Feinberg and Dave Levine.

In a review of Work Hard, Be Hard that is excerpted on Diane Ravitch’s blog, education professor Julian Vasquez Heilig writes that screaming at students is accepted teaching practice in KIPP schools:

Why does KIPP encourage and/or allow these practices? Horn writes, school leaders relayed that ‘because of cultural differences, black students are accustomed to being screamed at…because that’s how their parents speak to them.’ A KIPP teacher characterized the worst offender at her school as a ‘screamer, swearer and humiliator.’

«KIPP might also argue that they are the beneficiaries of widespread support in communities across the nation. It is very clear that KIPP benefits from powerful influential and wealthy supporters in government, the media, and foundations. Their no excuses approach to educating poor children has resonated with the elites in society and they have showered the corporate charter chain with resources for decades. So it may be surprising to some to read the counternarrative from KIPP teachers that is quite different than what you typically read in the newspapers, see in documentaries like Waiting for Superman, and generally experience in the public discourse. I proffer that the KIPP teachers’ counternarratives in Journeys should be required reading for all of KIPPs influential supporters.»

So what is the disgruntled KIPP teachers’ counter-narrative? For one, the model seems to create lousy working conditions for the purpose of encouraging high teacher turnover. One former teacher says, «I wouldn’t wish it on anyone who wanted to be a teacher for the long-term…It’s exhausting. It’s demoralizing.»

And this is where Teach for America comes in. «Without a constant infusion of new teachers to replace all those who burn out,» Horn writes, «KIPP would have to shut its doors… The role of Teach For America and programs based on Teach For America’s hyper-abbreviated preparation are crucial, then, for the continued survival of… KIPP.»

In short, the new book offers a devastating critique of the KIPP business model at a time when KIPP and the Department of Education appear to be aiding each other in trying to keep critical information out of the public debate through redaction.

Lisa Graves is the Executive Director of the Center for Media and Democracy, a national watchdog group. Her expertise and CMD’s niche are investigating and exposing the undue influence of corporations on public policy. CMD’s investigations help aid grassroots efforts to secure a healthier democracy, economy, and environment for us all.

  • See more at: http://www.prwatch.org/news/2016/04/13096/exposed-cmd-kipps-efforts-keep-public-dark-while-seeking-millions-taxpayer#sthash.EOUa99Md.9RhT360H.dpuf

  • See more at: http://www.prwatch.org/news/2016/04/13096/exposed-cmd-kipps-efforts-keep-public-dark-while-seeking-millions-taxpayer#sthash.EOUa99Md.9RhT360H.dpuf

 

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Privatizar la educación

Enrique Calderón Alzati

Cada día los objetivos neoliberales del actual gobierno en torno a la educación son más claros, las acciones fascistas de Aurelio Nuño, conocido ya por su nula voluntad para entender a los maestros y su escaso conocimiento del sistema educativo nacional, se han reducido a denostar y aplicar la fuerza represiva contra el magisterio nacional, cumpliendo las órdenes del Presidente y olvidándose de los objetivos mismos de la educación pública, establecidos en la Constitución.

La privatización de la educación aún no ha sido develada oficialmente como el objetivo central del presidente Enrique Peña Nieto, pero su afán de servir a los grandes intereses financieros internacionales –contenidos gracias a la heroica resistencia de los maestros– sin duda forma parte de los compromisos adquiridos a cambio de la legitimación de su gobierno, colocando en oferta no sólo los recursos naturales de la nación, sino también sus grandes mercados de consumo, conformando así un nuevo peligro para la nación. En este artículo me propongo describir las causas, los objetivos, las acciones y las consecuencias de esta estrategia privatizadora, en vías de instrumentación.

De los intereses del capital: El crecimiento actual de los grandes recursos financieros mundiales requiere que éstos sean colocados en nuevos mercados altamente rentables, un objetivo esencial para el FMI. El mercado educativo mexicano, con 27 millones de estudiantes, vale más de 30 mil millones de dólares anuales; para las instituciones financieras, la calidad de la educación es lo que menos importa; su preocupación está en asegurar que una inversión de esa magnitud les produzca utilidades similares o mayores a las que les puedan representar otras inversiones, como la de créditos para llenar de autos las ciudades.

Del acceso a la educación privada mediante créditos: La historia de las empresas mexicanas que venden a crédito televisores, computadoras, utensilios de cocina, etcétera, ha mostrado la factibilidad de grandes negocios; a la población de bajos ingresos, más que precios reducidos, le interesa que los pagos mensuales sean pequeños. Una buena campaña de promoción de créditos para una educación de alta calidad adquiere importancia como un buen sustituto para la educación pública, calificada de panzazo, por culpa de los profesores. La estrategia ha funcionado en todas las privatizaciones anteriores. ¿Por qué no en ésta? La adquisición de servicios educativos por algunos fragmentos de la llamada clase media a la que le gusta ser considerada totalmente palacio es igualmente importante. De hecho, buena parte de la población de ingresos medios prefiere esta opción para asegurar que sus hijos tengan acceso a amistades con niños defamilias acomodadas, lo cual pueda convertirse, a futuro, en relaciones sociales adecuadas. El éxito no está en lo que sabes, sino en a quien conoces. Ello explica la supuesta preocupación de Televisa por la educación. El negocio de la promoción de franquicias educativas y de créditos será una nueva y atractiva mina exclusiva para esa empresa.

El endeudamiento de la población: Adquirir un crédito para la educación de los hijos será relativamente sencillo. Los bancos ofrecerán líneas de crédito para este noble fin y, a lo mejor exentos del IVA, sus montos serán similares al de un auto, entre 12 mil y 18 mil dólares por toda la educación básica y cantidades similares por la educación superior, dependiendo de la calidad. Invierte hoy para el futuro podría ser un bonito lema. Para quienes, por su condición de pobreza, se queden sin acceso a alguno de estos servicios, existirá una nueva educación popular, administrada por la Secretaría de Desarrollo Social, donde podrán instruirse para realizar actividades básicas con salarios mínimos en el sector informal.

El pago de los créditos y sus intereses será de largo plazo y, como garantía, estará vinculado a los salarios que, se espera, los estudiantes recibirán cuando egresen. El monto general de los adeudos de 20 millones de estudiantes será en pocos años similar a lo que hoy representa la deuda del gobierno de México, seguramente un alto porcentaje de la población estará atada a esa deuda a lo largo de buena parte de su vida productiva, sin que ello implique en forma alguna que las nuevas generaciones de mexicanos logren tener una educación mejor de la que tenemos hoy, por la sencilla razón de que al sistema financiero le tendrá sin cuidado lo que las nuevas generaciones aprendan o dejen de aprender, con tal de que paguen los créditos recibidos. Una experiencia de este tipo la vivieron ya los mexicanos con las llamadas tiendas de raya, siendo necesario reflexionar lo que los avances tecnológicos puedan representar para su aplicación en los tiempos actuales.

Consecuencias: Las grandes empresas que se dediquen a la educación no tendrán necesariamente un interés por la excelencia, pues éste será primordialmente de orden financiero. Así las cosas, la excelencia educativa será resuelta con atractivas campañas mediáticas, cuyos costos serán pagados por los estudiantes y sus padres, mientras el gobierno quedará liberado de esta carga impuesta por una Constitución obsoleta, inventada quien sabe por quién. De esta manera, las escuelas populares de las regiones más pobres del país tendrán como finalidad principal alimentar los mecanismos clientelares utilizados de tiempo atrás para asegurar la estabilidad política del régimen. El esquema así definido permitirá un mayor control de la ciudadanía, pues cuanto más ocupada esté en pagar sus deudas, menos conciencia y participación política tendrá, facilitando así la democracia perfecta, capaz de producir nuevos Peña Nieto, reconocidos por su ignorancia, por su falta de visión y su desprecio por el país que gobiernan. Los bancos incrementarán sus utilidades, las empresas trasnacionales seguirán teniendo a México como un mercado seguro y los mexicanos, como nación, seguiremos perdiendo en todos los aspectos, como ha sucedido en las últimas cuatro décadas.

En el sistema económico global y unipolar en el que vivimos, los destinos y funciones de cada país para asegurar el desarrollo del planeta seguramente ya han sido definidos por los dueños de los grandes capitales, catalogando a México como un país periférico. Por ello, la educación, la calidad de vida y el respeto a los derechos humanos resultan irrelevantes. El control de las poblaciones mayoritarias se dará necesariamente limitando la educación y la distribución de créditos con base en las buenas conductas. ¿Cuánto tiempo falta para que esto sea realidad? ¿Cuáles podrán ser las consecuencias para las nuevas generaciones de mexicanos? ¿Podemos hacer algo para evitar que esto suceda? El problema no es sólo de los maestros, es del pueblo mexicano en su conjunto.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/30/opinion/014a1pol

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MIDE no mide lo que dice medir

 

Se argumenta que para que MIDE de cuenta de la calidad de las instituciones, los resultados que arroje deben reflejar propiedades objetivas de las mismas. Las características y el ordenamiento de las instituciones por su supuesto “grado de calidad” deben ser independientes del modelo. Un análisis de MIDE muestra fácilmente que el ranking de universidades es un artificio que depende del modelo, por lo tanto es subjetivo e inválido para el fin alegado. Un análisis detallado de las variables usadas por el MIDE, también permite concluir que, independientemente del modelo con el cual se elabore el ranking, tales variables son cuestionables. Se muestra que la implementación del MIDE y la publicación de los resultados se salta el debido proceso jurídico y las buenas prácticas investigativas. Finalmente, se enfatiza el carácter subjetivo de este tipo de mediciones de la “calidad”, y de los ranking en general, con lo cual resultan en contra vía de los alegados propósitos.

Recientemente, los medios de comunicación informaron de la existencia del Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación Superior MIDE, elaborado con el apoyo del Ministerio de Educación de Colombia, y de la publicación de un ranking de las universidades colombianas según su grado de calidad elaborado con base en el MIDE. El modelo evalúa una función que tiene como entrada un conjunto de datos que corresponden a cada universidad estudiada y como salida un único índice que determina su calidad, llamado “puntaje nacional”.

La modelación es de gran utilidad y se usa ampliamente en muchos campos. Un modelo se apoya en teorías y experimentos, constituye una “simulación”, o representación matemática de un sistema. Un modelo válido debe ser “estable” o “robusto”, eso significa que sus parámetros se deben ajustar “en un punto de equilibrio del espacio de parámetros”. El índice que evalúa MIDE es la suma de tres índices, uno que toma valores entre 1 y 40 corresponde a los estudiantes, otro de 1 a 40 a los docentes y otro de 1 a 20 al entorno.

En MIDE, los valores 40-40-20 no fueron obtenidos con el criterio de estabilidad, porque es imposible que este modelo tenga equilibrios. Por lo tanto, si se cambian esos valores, por ejemplo a 37-42-21, o 45-36-19, el ranking cambiará (cualquier tripleta de números tomados al azar, cuya suma sea 100, definiría un modelo diferente que conduciría a un ranking final diferente); esto es suficiente para invalidar el «modelo» (porque los ordenamientos que arroja no son propiedades de la realidad que pretende describir sino «model-dependent artifacts»). Así, la evaluación resulta dependiente del modelo y subjetiva, por lo tanto inaceptable.

El modelo desglosa cada campo en dos subcampos. Así, aparecen seis nuevos valores: 25% desempeño, 15% graduados, 20% docencia, 20% investigación de los docentes, 10% presencia y atracción, 10% internacionalización. Los pesos asignados son igualmente arbitrarios. Finalmente, estos seis subcampos se dividen en 18 sub-sub-campos. Es decir, el modelo tiene 18 variables (los datos de los sub-sub-campos) y 18 parámetros (los factores de peso de cada variable).

Se pretende usar fuentes de datos para asignarles valores a las 18 variables de sub-sub-campos que, supuestamente, son “objetivas”: de las citaciones, de la empleabilidad, de las obras artísticas, del paso a posgrado, etc.

El modelo MIDE habla de la calidad como si fuera un observable, pero no la define ni establece la forma de medirla. Por lo tanto no considera las barras de error de la determinación experimental de “la calidad”.

Varios indicadores se expresan con tres cifras decimales, implicando con ello que los autores creen que los errores comienzan a actuar a partir de la cuarta cifra; así, en “puntaje en docencia” varias instituciones aparecen “empatadas” en el puesto 168 con 33,725 puntos (son 21 instituciones “cuya docencia tiene una calidad tan pareja” que las “diferencias” sólo se empiezan a “notar” a partir de la cuarta cifra decimal). La diferencia de puntaje en “docencia” entre las instituciones del puesto 168 y la primera en este subcampo (Seminario Bíblico Colombiano) es de 32 puntos, con lo cual la distancia promedio entre dos puntajes consecutivos de este subcampo es de 0.2, por eso no deja de llamar la atención el múltiple “empate”, un extraño fenómeno natural. Las diferencias por nivel de “internacionalización” (Inglés Saber Pro y coautoría con extranjeros) entre Reformada y Barraquer, ubicadas consecutivamente en este subcampo, se expresan diciendo que la primera tiene 15,02 y la segunda 15,23, se “notan” en las décimas, aquí “ya no se puede decir que están empatadas”, es curioso que el ministerio de educación de un país elabore un reporte para contar que una de esas instituciones “le gana en internacionalización” a la otra.

No se menciona la incertidumbre de la ubicación en el ranking. No se considera el poder de resolución de su índice, por ejemplo mediante un criterio análogo al de Rayleigh. Este hecho es indispensable para reconocerle validez a la evaluación de la función que entrega el ranking: la diferencia entre los puntajes totales de dos instituciones ubicadas consecutivamente en el ranking debe ser superior a las incertidumbres de los mismos, de lo contrario tienen “empate técnico”. La metrología ofrece medios para evaluar la incertidumbre de una función dependiente de datos que a su vez tienen incertidumbres. Aquí se tienen 36 incertidumbres: las 18 de cada uno de los parámetros (de los factores de peso del modelo que, recordemos, son números aleatorios aunque los autores se hayan permitido escoger ciertos valores) y las 18 de cada una de las variables de entrada (de los datos de cada universidad), con las cuales se calcularía la incertidumbre de la salida, o sea del puntaje que determina la posición en el ranking (luego de aplicar un criterio de resolución).

Pero, mucho antes de hablar de la estabilidad de un modelo respecto a variaciones de los parámetros y de incertidumbres y barras de error, incluso de “modelos”, se requiere asegurarse de que las variables que caracterizan los estados del sistema que se quiere modelar si sean las apropiadas. El análisis de tales variables brilla por su ausencia en el modelo MIDE. Lo propiedad más elemental, el signo de la variable, no se considera. Ciertos indicadores, por ejemplo tener muchas coautorías con extranjeros, pueden ser «buenos» (signo positivo), pero también, con argumentos sólidos pueden declararse «malos» (signo negativo). Así, alrededor del 60% de los artículos de Colombia fueron hechos en colaboración internacional y alrededor del 20% de los artículos de China, Brasil y Estados Unidos fueron hechos en colaboración internacional (datos de SCImago). Por su parte, el MIDE dice que las universidades que publican más artículos con colaboradores extranjeros merecen por ello mejores puntajes que las que no lo hacen. En este aspecto, una universidad típica de Colombia sería mejor que una de los países mencionados, afirmación discutible. Este detalle simple permitiría invalidar el modelo, porque evidencia el uso de indicadores cuyo significado no se tiene claro. Pero hay otras variables que merecen descalificaciones similares.

Se tiene posible redundancia de ciertos indicadores. Por ejemplo, los de «investigación» no son indicadores mutuamente independientes. Así, «investigadores de Colciencias» y “artículos” se consideran como indicadores distintos, ¿pero son independientes? La calificación de Colciencias a las hojas de vida no se refiere a la calidad sino a aspectos formales (depende del nivel de aprendizaje y entrenamiento en el uso del software CvLAC, es subjetivo), por lo tanto su uso por parte del ministerio para calificar la calidad de los profesores es inapropiado. CvLAC utiliza el índice de impacto de las revistas y evalúa los libros con criterios formales, igualmente inapropiados. Si se pretende calificar la producción de los profesores, debería aceptarse que ésta es muy diversa; por ejemplo, los libros y las obras literarias en general se quedan por fuera, pues no se trata de artículos, obras de arte, patentes, citaciones o el ranking de Colciencias. Vale la pena mencionar que en la investigación (y en las otras actividades creativas del campo “docentes”, como obras de arte, por ejemplo) participan no solo profesores sino estudiantes, contratistas y personas de fuera de la institución. De nuevo, se usan indicadores cuyo significado no se ajusta a su uso.

Se utilizan los números resultantes de tres «pruebas» Saber Pro para caracterizar la calidad de los estudiantes y de Inglés Saber Pro para caracterizar el grado de internacionalización. Similarmente que el índice asignado por Colciencias a los investigadores, lo que mide Saber Pro es el nivel de entrenamiento y habilidad en un juego, de ninguna manera el nivel académico de los participantes. ¿Cómo es posible que unas encuestas de marcación múltiple se utilicen para introducirles matices o sobrepasar los títulos universitarios que fueron resultado de un conjunto muy grande y diverso de materias y de evaluaciones a cargo de expertos (no propiamente con escogencia múltiple o falso-verdadero)? Y hay un atrevimiento mayor aún: decir que las habilidades de los estudiantes para jugar Saber Pro son indicadores de calidad de las universidades en las cuales dichos alumnos se matricularon en las más diversas materias, y que la habilidad de los estudiantes para jugar Inglés Saber Pro es indicador del nivel de internacionalización de la universidad. ¿Qué tienen que ver esos números con la “alta” o “baja” calidad de las universidades? Idénticamente podrían usarse los valores de los carros de los estudiantes, o los indicadores de la salud oral, para determinar la calidad de las universidades.

Se usan indicadores que les permite una mejor ubicación en el ranking a las universidades a las cuales usualmente asisten personas de familias influyentes. Por ejemplo, «salario de enganche» como indicador de la calidad de una universidad. Igualmente «empleabilidad». Decir que una universidad con más «ingresos propios» es de mejor calidad que una que no los tiene, favorece a las universidades privadas respecto a las públicas. Con todo esto se están comparando universidades que no pueden ser comparadas. La objeción central en este aspecto es que el ranking MIDE convierte correlación en causación, dice que si dos cosas ocurren simultáneamente, una es causa de la otra (por ejemplo, que jugar bien Saber Pro es causado por estar matriculado en una universidad de calidad).

Docentes con doctorado y docentes con posgrado son indicadores no independientes. Paradójicamente, lo que caracteriza a una universidad “de garaje» (de negocio) es depender de profesores por horas y poseer una gran nómina informal. El ranking MIDE no intentó contabilizar esos contratos. Se recalcan indicadores irrelevantes de la calidad de una universidad, se “cuantifican” cosas que son atributos de los estudiantes, sus familias y su pertenencia social y se hacen pasar como atributos de las universidades. Pero se omiten aspectos esenciales, como la nómina informal de profesores. Un aspecto esencial a considerar, pero que se omite es el siguiente: ¿en qué medida los sistemas curriculares permiten el libre desarrollo de las más diversas fortalezas individuales de los alumnos?, ¿en qué medida la dirección central de la universidad protege y estimula culturas curriculares que estandarizan y controlan el trabajo de los alumnos?, en últimas ¿cuál es el grado de libertad con el cual las personas que asisten a la institución realizan su trabajo?

La publicación de MIDE, independiente de la validez del modelo y de la calidad de la medición como tal, merece criticarse desde el punto de vista del “debido proceso”. Los resultados tienen efectos de “premios” y “castigos”, por lo tanto los implicados por cualquier veredicto tienen derecho a conocer las pruebas y a controvertirlas antes de la asignación oficial de la “medalla” o la “condena”. La apelación, la solicitud formal de aclaración y la posibilidad real de rectificación son componentes esenciales del debido proceso.

Dos “colombianadas” típicas en el campo académico son prometer resultados de investigaciones que se quisieran realizar, y anunciar resultados sin tener seguridad de su validez. Desde el punto de vista de las debidas prácticas investigativas, un nuevo modelo o instrumento debe someterse a pruebas antes de divulgarse y usarse oficialmente, debe haber una etapa preliminar de experimentos y validaciones antes de la publicación. También tiene su aspecto jurídico: la norma debe tener un proceso riguroso de discusión y decantación antes de oficializarse y de aplicarse. Jurgen Habermas (en Conciencia Moral y Acción Comunicativa) y otros autores dan como criterio de validez de una norma su aceptación por los involucrados. Nada de esto se hizo con MIDE: elaboró un procedimiento cuestionable, lo implementó y publicó los resultados saltándose el debido proceso jurídico y las buenas prácticas investigativas. Lo mismo que hace Colciencias desde tiempos inmemoriales.

MIDE recoge todo lo cuestionable de los ranking internacionales, de la “calidad” y la “medición”, y lo empeora con muchos elementos de “innovación nacional”. Claudine Haroche (en O Inavaliável em uma Sociedade de Desconfiança), presenta citas de Yves Charles Zarka (de Qu’est-ce que Tyranniser le Savoir? y L’évaluation: un Pouvoir Suposto Saber). Refiriéndose a las mediciones del saber, escribió que “Zarka menciona que “la evaluación es siempre subjetiva y relativa”, pero que esta “subjetividad… debe permanecer escondida” y que, por este motivo, “procura esconderse detrás de una matemática”. Insiste sobre el hecho de que “la evaluación (…) mide otra cosa”. Pensemos que esa otra cosa corresponde, entre otras, a la parte imposible de observar que protege la interioridad del individuo: la evaluación realmente realiza… “una inquisición de la interioridad”, con el fin de gobernar tanto a los individuos como sus comportamientos, actuaciones y reflexiones,…”.

 

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El sueño de la educación gratuita en Chile

Chile / 27 de abril de 2016 / Por: Grandes reportajes de RFI. Las Voces del Mundo

En Chile, en el 2011, cientos de miles de estudiantes marcharon por las calles de este largo y angosto país exigiendo una educación gratuita y de calidad, fin al lucro y acceso a la universidad asegurado como un derecho universal. Un reportaje de Yasna Mussa, desde Santiago de Chile.

Según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, Chile se ubica en el cuarto lugar con los sistemas universitarios más caros del mundo, teniendo un costo 19 veces mayor, por ejemplo, que en Francia. Además, el aporte monetario de las familias para la educación terciaria de sus hijos alcanza un récord mundial.

La universidad, un sacrificio para muchas familias

En el 2011, Victoria Parra tenía 16 años, cursaba el penúltimo año del liceo en su ciudad natal de Chillán, ubicada a unos 400 kilómetros de la capital, y soñaba con entrar a la universidad, transformándose así en la primera integrante de su familia en acceder a la educación superior. Un sueño que era más bien un sacrificio para su familia.

«Lo pensé mucho tiempo», cuenta Victoria, «pero creo que los papás son capaces de hacer hasta lo imposible para que su hijo cumpla su sueño. En mi familia somos la primera generación en entrar a la universidad, mis papás no son universitarios y siempre esperaron que su hija pudiera entrar, entonces yo creo que hacen un esfuerzo sobrehumano para lograr cumplir el sueño de su hija».

Así, Victoria Parra se instaló en Santiago para estudiar Periodismo en la Universidad Diego Portales, una institución privada que se encuentra dentro del Consejo de Rectores de Chile y que se suma al sistema de gratuidad promulgado en 2015 por la presidenta Michelle Bachelet. El proyecto es parte de la reforma educacional asumida como compromiso de gobierno durante la campaña presidencial.

Victoria es una de las beneficiadas y en el patio de su universidad recuerda que cuando llegó a Santiago estaba feliz y ansiosa por entrar a clases. Sin embargo, esa felicidad era opacada por la preocupación y la urgencia de conseguir becas y ayudas financieras para poder cubrir sus gastos de matrícula, mensualidad, alojamiento, transporte y comida, lo que sumaría una cantidad de 700 mil pesos mensuales, es decir, más de tres veces el salario que reciben sus padres.

«Yo soy la única hija, pero actualmente mi mamá se hace cargo de mi papá porque él está muy enfermo. Y ella trabaja de lunes a domingo con un sueldo mínimo, como gran parte de los chilenos», explica Victoria. «Para la matrícula no hay ninguna opción de beca, la única opción que te dan es pagarla en cuotas mensuales, entonces mis papás tenían que pagar todos los meses alrededor de 50 mil pesos; generalmente lo pagaba un tío mío porque a mi mamá, con los 200 mil pesos que gana, no le alcanzaba, y tenían que enviarme plata para alimentarme, movilizarme, para todo lo que implica vivir en otra ciudad».

La Ley Corta de Gratuidad, un paso importante

Bachelet anunció en diciembre pasado las características de la llamada Ley Corta de Gratuidad, que beneficia a 165 mil estudiantes de los cinco primeros deciles de menores ingresos, es decir a las familias con un presupuesto per cápita de hasta 154.166 pesos mensuales, unos 200 euros, lo que equivale al 50 por ciento más vulnerable del país.

Camila Vallejo fue una de las principales líderes del movimiento estudiantil en 2011. Segunda presidenta mujer en la historia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, se convirtió en un icono de esa juventud que exigía que luego de 35 años la educación volviese a ser gratuita, tal como lo era antes de la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora diputada de la República y presidenta saliente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, ella cree que esta ley es un hito histórico.

Desde su escaño en el Parlamento ve desde la otra vereda los avances en la educación: «Ha sido un gran desafío. En el 2011 muchos nos dimos cuenta de que era importante, necesario y urgente que nuestras instituciones políticas, nuestros espacios de poder político se viesen permeados por las demandas sociales. No bastaba simplemente con tener una mayoría en las calles demandando un cambio en la educación sustantiva, sino que necesitábamos también un Parlamento que apoyara esta idea y que por lo tanto pudiera legislar una reforma estructural en la educación chilena, pudiendo no solamente garantizar el derecho a la educación vía la gratuidad, sino también hacer una reforma profunda».

Los límites de la nueva legislación

Las críticas apuntan a la falta de información, errores y restricciones que han perjudicado el proceso. Miles de estudiantes no saben cuál será su situación para este año académico. Camila Rojas, actual presidenta de la FECH y militante de Izquierda Autónoma, asegura que el movimiento estudiantil saldrá a las calles nuevamente en este 2016 y que la implementación de la gratuidad no es más que un sistema de becas que no responde a sus demandas. «Lo que vemos con esta gratuidad es que el sistema de becas mejoró pero sigue siendo eso, un sistema de becas donde principalmente depende de la situación socioeconómica del estudiante», afirma.

Para Rojas, no ha habido un cambio sustantivo en esta propuesta del gobierno socialista de Bachelet: tanto la forma como el fondo siguen presentando numerosos fallos que están provocando confusión en los estudiantes y generando falsas expectativas. Aunque la mayoría de los estudiantes comenzaban sus clases a fines de marzo, muchos han tenido que inscribirse sin saber aún qué pasará con su situación económica.

El proceso de selección puede dejar a estudiantes fuera de la gratuidad por una diferencia de ingresos de 10 mil pesos en el presupuesto familiar, unos 15 euros, siendo uno de los puntos más criticados tanto por alumnos como por dirigentes y políticos.

Javiera Riveros es una de las miles de estudiantes que tenían la esperanza de comenzar este año con el alivio de no endeudarse para tener acceso a la educación. Estudiante de Periodismo, pertenece a una familia donde los cuatro miembros que la componen trabajan para poder llegar a fin de mes y para que tanto ella como su hermana menor puedan acceder a la educación superior.

«Es un sacrificio más que para mí, para mis papás, porque en mi familia somos dos estudiantes», cuenta Javiera. «En un principio a mi hermana no le dieron el crédito con aval del Estado entonces tenían que pagar 400 mil pesos mensuales además de mi mensualidad, y la gratuidad era una esperanza. Yo estoy con beca en estos momentos, la beca Juan Gómez Millas que me cubre parte de la carrera y con crédito».

Este crédito es un contrato con la banca privada que significa un 2 por ciento de interés anual y que se comienza a pagar una vez egresado de la carrera. Con el sistema de gratuidad los estudiantes podrán elegir una carrera universitaria que en promedio dura cinco años, pero en caso de retrasarse por desempeño académico o por motivos personales, tendrán que cubrir ellos la diferencia del arancel por el tiempo extra de estudios. Para Camila Rojas, la ley de gratuidad se encuentra lejos las aspiraciones del movimiento estudiantil pues se sigue tratando a los estudiantes como consumidores.

Incertidumbre y sentimiento de exclusión

Para el joven diputado Giorgio Jackson, otro de los parlamentarios que encabezó el movimiento estudiantil de 2011 junto a Camila Vallejo, si bien la gratuidad es un avance, ésta se encuentra muy lejos de la solución que piden los chilenos quienes exigen el acceso a la educación como un derecho social y universal: «Era una medida para acelerar el beneficio de los estudiantes a la hora de enfrentarse a los aranceles, pero por ningún motivo era consecuencia de la lucha que se ha dado desde hace un buen tiempo por parte del movimiento estudiantil. Por cierto que nos alegramos que hayan estudiantes que este año puedan estudiar gratuitamente, pero eso no puede en ningún momento llamarnos a descansar, o bajar los brazos y sentir que las cosas ya están cumplidas porque todavía no ingresa el proyecto a la educación superior que es por el que estamos peleando durante todo este tiempo».

En Chile, el sueldo mínimo está fijado en 250 mil pesos. Por eso, la incertidumbre de algunos estudiantes que aún no saben si se encuentran dentro de la gratuidad es angustiante. Pedro Gospodnetic es estudiante de segundo año de Sociología en la Universidad de Chile, una de las universidades tradicionales de mayor prestigio en el país y que hasta 1981 era totalmente gratuita. En la actualidad, la carrera de Sociología cuesta 3 millones 10 mil 500 pesos al año, unos 3.936 euros, lo que para Pedro y su familia resulta imposible de costear.

«Estoy financiado con dos becas», explica Pedro. «Una es la beca Bicentenario, la cual paga un 90, 95 por ciento del arancel y el otro lo paga la beca Universidad de Chile que es una beca interna. Y en este año, sigo con las mismas becas pero me han dicho que estoy pendiente, para el proceso de cambio y ya no van a existir estas dos becas sino que se van a reemplazar por el nuevo proceso que es el de la gratuidad. Sobre el cual aún no se informa bien, y nos están estresando, y estamos esperando».

Los estudiantes afirman que no han sido considerados para ser parte activa en este proceso de reformas y que por lo mismo se mantienen críticos frente a los cambios propuestos por el gobierno, como asegura Camila Rojas, presidenta de la FECH: «A nosotros se nos presentó el borrador de la reforma junto a otros actores, los rectores principalmente, y durante el 2015 estuvimos trabajando en mesas pre-legislativas. Pero si bien se nos invita, se nos informa, nuestros posicionamientos no quedan considerados finalmente, por lo tanto sí hemos sentido esa exclusión».

2016, un año clave

Tanto por las diferencias entre las partes como por la urgencia que significa encontrar una solución a los estudiantes que aún continúan pagando cifras millonarias en sus aranceles, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) mantendrá las movilizaciones y el debate hasta concretar un acuerdo que satisfaga sus demandas.

Para Camila Rojas, 2016 será un año clave: «Esperamos que sea un año de ofensiva. Lo que queremos es que este 2016 pueda ser un avance hacia donde la educación se entiende como un derecho social, y para eso sabemos que tenemos que estar movilizados, que es necesario tener fuerza social, convocar a más actores, tener respaldo ciudadano, y ése es el desafío que tenemos este año».

Mientras tanto, la nueva legislación significa una pequeña batalla ganada para familias como las de Victoria Parra, quien asegura que puede respirar más tranquila. Otros siguen esperando que sus nombres aparezcan en la lista que se entregará el próximo 27 de abril. Lo cierto es que en este otoño chileno, las grandes avenidas recibirán nuevamente a miles de estudiantes marchando por reconquistar su derecho a la educación.

 

Fuente: http://es.rfi.fr/americas/20160427-el-sueno-de-la-educacion-gratuita-en-chile

Fotografía: http://es.rfi.fr/americas/20160427-el-sueno-de-la-educacion-gratuita-en-chile

 

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España. Educación congela las tasas universitarias para el próximo curso

Canarias/ Dalia Guerra/ 28/04/2016/La opinión

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias prevé mantener para el próximo curso las tasas universitarias. Así lo afirmó ayer el director general de Universidades, Ciro Gutiérrez, tras reunirse con el Consejo de Estudiantes de las dos universidades Canarias, en la que también participaron el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, y la consejera de Educación, Soledad Monzón.

El próximo será el cuarto año consecutivo en el que el Ejecutivo autonómico conserve el precio de las matrículas universitarias después de que en el año 2012 el Ministerio de Educación fijara una subida del 40%. «El nivel de tasas es el más bajo que nos permite el Ministerio porque establece una horquilla en la que se tienen que mantener», aseguró el director general. Además, manifestó que los precios que existen en el Archipiélago «son unos de los más bajos de España».

El aumento de las tasas que se produjo hace cuatro años fue duramente criticado por los alumnos, que ayer en la reunión volvieron a demandar que los precios de las matrículas universitarias se equiparen a los que existían en 2010, una medida que está incluida en el manifiesto Vota por la Educación, que los alumnos promueven.

El portavoz del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas, Eliezer Santana, criticó que las universidades obliguen a sus estudiantes a adquirir un nivel B1 de inglés para terminar sus estudios. Por eso, proponen que se implante un programa de becas para que aquellos estudiantes que no puedan acceder a este nivel por falta de recursos económicos.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Canarias de Estudiantes de la Universidad de La Laguna, Gabriel Villegas, denunció que se quisiera fomentar desde el Gobierno las titulaciones universitarias dependiendo de su demanda, algo que consideró que fustraría la vocación de los alumnos.

Aunque el director general de Universidades reconoció que muchos de los temas que les trasladaron los estudiantes en la reunión dependen de la autonomía universitaria, la Consejería se comprometió a trabajar conjuntamente con ellas para solventar algunos de estos problemas, como la normativa de progreso y permanencia que afecta a los universitarios de ambas instituciones educativas.

El director general de universidades aseguró que durante la reunión se trasladó a los estudiantes algunas mejoras que se habían realizado en el sistema de gestión de becas. «Somos la segunda comunidad que más dedica a becas en el territorio nacional y este año hemos tomado medidas para agilizar el pago de estas becas y aumentar el número de becarios», argumentó.

Gutiérrez también adelantó que el distrito único en Canarias dará sus primeros pasos a partir de junio, con la página web que preparara la Consejería de Educación. «Tendremos una única página para hacer la matrícula y la preinscripción en las dos universidades», afirmó.

En la reunión también se abordó la inserción de los estudiantes en el mercado laboral. Gutiérrez señaló que el Gobierno trabaja ya con las universidades en un programa de becas para que se pueda realizar prácticas en pequeñas empresas. «Los datos que tenemos es que muchos de esos titulados después se quedan porque la empresa reconoce su valía», afirmó.

AMEC denuncia la indefensión del alumnado de la ULL

La Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) denuncia el caso de un alumno del Grado de Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL) que, durante la revisión de un examen de la asignatura Antropología del Turismo, «no fue atendido de forma apropiada, por lo que el asunto derivó en una impugnación y posteriormente en un recurso de alzada». Un proceso que «lleva extendiéndose durante más de siete meses, sin solución aún, cuando lo normal sería resolverlo en mucho menos tiempo». Este asunto interminable resulta especialmente extenuante para el alumno, colocándole en una «situación de incertidumbre frente a su futuro académico».

El colectivo entiende que este es un caso de tantos y denuncia la indefensión del estudiantado de la Universidad de La Laguna (ULL) en los conflictos con el profesorado. La asamblea ha remitido un escrito al rector, Antonio Martinón, en el que denuncian que muchos de estos conflictos derivan en «acoso institucional». AMEC afirma que en demasiados casos, «un roce con el profesorado puede terminar derivando en un grave conflicto para los estudiantes implicados».

Fuente de la Noticia: http://www.laopinion.es/sociedad/2016/04/28/educacion-congela-tasas-universitarias-proximo/671643.html

Imagen: http://www.abc.es/Media/201405/08/tasas-universidad–644×362.jpg

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