Reforma educación superior

América del Sur/Chile/15 Abril 2017/Fuente: Entorno Inteligente

Dos noticias tienen en alerta a los actores de la educación superior. En primer lugar, la posibilidad que a partir del próximo año la gratuidad cubra hasta aquellos alumnos provenientes de familias del 60% más vulnerable, ha levantado preocupación entre los rectores adscritos al programa por las dificultades financieras que ello significaría para sus instituciones. Por otra parte, el trabajo prelegislativo del gobierno para destrabar la reforma a la educación superior -que suma varios meses sin avances en el Congreso- inquieta a quienes ven cómo el Ejecutivo avanza en acuerdos con un grupo de instituciones interesadas, las universidades estatales, en lugar de diseñar una política sin privilegios y que potencie la calidad de los proyectos educativos.

Los recursos que se entregan por concepto de gratuidad son típicamente menores a los que los alumnos más vulnerables aportaban, fundamentalmente, vía becas y créditos previos a la instalación de esta política. Para hacerla viable, el Estado además entregó ciertos fondos adicionales a las instituciones que se adscribieron al sistema. Sin embargo, el total de recursos no fue suficiente y ha generado déficits en gran parte de las instituciones. Paradójicamente, en su propuesta de reforma el gobierno exige a las universidades involucrarse más decididamente en investigación y en vincularse con sus comunidades, pero bajo un sistema de gratuidad dichos ámbitos, que enriquecen la experiencia educativa de los estudiantes y que no es posible de desvincular de la docencia en instituciones complejas, difícilmente podrán ser costeados.

Así, instituciones que siendo parte de la gratuidad no reciben aportes basales -todas aquellas que no pertenecen al Cruch- no tienen mayores opciones de financiar estas áreas, situación que previo a la gratuidad no significaba mayor problema, ya que la libertad de aranceles y el sistema de ayudas estudiantiles equilibraban adecuadamente la necesidad de recursos con el apoyo a aquellos alumnos que lo requerían. Ese equilibrio se extravió, tal como lo muestra el hecho que los rectores de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado hayan adelantado que revisarán su participación en el programa.

Por su parte, las gestiones del gobierno para destrabar la reforma ante los rectores de los planteles estatales- una ley que iría en su propio beneficio-, es poco presentable. La experiencia de los rectores de las universidades estatales es necesaria como insumo para las iniciativas que prepara el Ejecutivo, siendo su voz y planteamientos importantes para asegurar un buen diseño de las propuestas y que sean posibles de implementar. Sin embargo, que los mencionados rectores estén diseñando lo que será el marco regulatorio que luego les será aplicable, como parece estar sucediendo, es tan grave como que un subgrupo de las AFP estuviera redactando y poniendo condiciones en el debate acerca de la reforma de todo el sistema de pensiones.

Las dificultades que ha tenido la tramitación de la reforma a la educación superior y la implementación de la gratuidad son el reflejo de una política que no solo no cuenta con los necesarios respaldos políticos ni técnicos, sino que ha generado problemas financieros que repercuten directamente en la formación de los alumnos. Ello, unido a un proyecto de ley hecho a la medida de las universidades estatales, hacen dudar que valga la pena que el gobierno insista en aprobar esta reforma durante los meses de mandato que le restan.

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