Reforma Educativa

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Migrantes y desburocratización educativa

Carlos Ornelas

Por: Carlos Ornelas

¿Quién lo fuera a pensar? Las bravuconadas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sembraron un incentivo para reducir —y de forma drástica— un montón de trámites que catalogaban como ciudadanos de segunda clase a niños y jóvenes que por diversas causas regresaban al país; tal clasificación sigue vigente. Por razones obvias, a quienes retornaban de Estados Unidos.

¡Vaya paradoja! Discriminados allá por no ser estadunidenses y segregados aquí por no ser mexicanos completos. Para niños, jóvenes y adultos repatriarse era tanto o más complicado que irse por el desierto. Se les exigían papeles notariados, que hablaran a la perfección el español, que demostraran conocimientos de la historia patria y la correspondiente mordida.

Tenemos un sistema educativo regulado en exceso, cargado de papeles y rutinas innecesarios que nada más complican la práctica educativa y la vida de los docentes. Se basa en la desconfianza, en la presunción de que todo el mundo miente o es propenso a hacer chapuza.

Aunque me arriesgo a la inquina de quienes ven mal todo lo que haga el gobierno, voy a ser claro. Me parece bien y oportuna la iniciativa del presidente Peña Nieto para reformar la Ley General de Educación y brindar algunas facilidades a quienes volverán a México en condiciones difíciles, quizá no por su voluntad. Las ventajas que les ofrecerá la nueva normativa no les resolverán la vida, pero se la harán menos espinosa.

Aplaudo que se reduzcan los requisitos y se simplifique la revalidación de estudios para quienes llegarán; además, con un voto de confianza de que dirán la verdad. Es más, conmino a los legisladores a que se apliquen y, una vez entrada la iniciativa, que además es preferente, hagan más para aflojar el embalaje burocrático del sistema educativo mexicano.

La reducción de trámites se puede extender para los migrantes internos. ¿Cuántos niños y jóvenes que vienen de Oaxaca u otras partes del país al área metropolitana sufren de las mismas calamidades? Muchos. ¿Cuántos jóvenes que siguen a sus padres de una ciudad a otra no pueden revalidar las materias del bachillerato del lugar original al de la nueva residencia? No muchos, pero igual sufren, a veces tienen que comenzar el ciclo completo, aunque hayan cursado dos o más años.

Y ya entrados en legislar, ¿por qué no revisar con lupa aquellas disposiciones que impliquen papeleo inútil, que signifiquen cargas de trabajo para los maestros que no abonan al aprendizaje de los estudiantes? Entiendo que es peliagudo. Es mucho pedir a legisladores que no se identifican por sus buenos hábitos parlamentarios, que se preocupan más por moches y bonos que por confeccionar buenas leyes. Pero no está mal hacerse ilusiones de vez en cuando.

Por lo pronto, la iniciativa presidencial tiene potencial para mover un poco la inercia burocrática y abre perspectivas para cambios que no estaban previstas en la Reforma Educativa. Contradice tradiciones “nacionalistas” cultivadas por décadas y muestra un propósito noble. La Secretaría de Educación Pública anunció acciones concretas que puso en marcha en coordinación con los gobiernos de los estados, aunque dudo que éstos se apliquen.

Intuyo que poner en práctica las medidas concretas no será un asunto de trámite. Habrá resistencias. La legítima, de docentes que verán incrementadas sus tareas y la complejidad de las mismas. La gandalla, de líderes de las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que tratarán de sacar tajada.

En educación no abundan las buenas noticias. Y, si las hay, no sirven para la diatriba de los eternos descontentos. Concedo que la débil agresión a la burocratización del sector educativo fue motivada por el efecto Trump. A pesar de ello, le doy la bienvenida.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/migrantes-y-desburocratizacion-educativa/

Imagen: www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2016/11/trump-768×576.jpg

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México: Supuesto pacto CNTE-Gobierno de Oaxaca Crispa ambiente en sistema educativo

Noticias

América del Norte/México/10 de febrero de 2017/Fuente y autor:  Draco L Dracul. El Dragonario

El trascendido de un supuesto pacto entre la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno de Oaxaca, encabezado por el priista Alejandro Murat –que supondría una nueva violación a la letra de la reforma educativa– crispó distintos ámbitos del sistema educativo.

Según información publicada este martes por el diario Reforma, mediante un oficio de la CNTE en Oaxaca se habría difundido a sus bases, después de celebrar varias mesas de negociación durante la semana anterior, un supuesto acuerdo con las autoridades estatales con el que se exentaría a sus agremiados normalistas de ser evaluados para recibir una plaza automática como docentes.
A su vez, mediante otro oficio, esta vez firmado por el secretario técnico de la 22, se habría solicitado a los agremiados al sindicato disidente hacer “caso omiso a las convocatorias que hace el espurio Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) sobre la evaluación punitiva de la mal llamada reforma educativa”, según Reforma.
Cuestionado sobre este arreglo entre el gobierno oaxaqueño y el magisterio, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, negó rotundamente lo publicado al respecto.
“Las cosas que hoy se publican sobre el tema de Oaxaca no son ciertas. Lo aclararé de manera particular al medio que lo publicó, pero les digo que no es cierto y la mejor prueba es que los normalistas de Oaxaca ya se evaluaron. Lo más difícil ya sucedió y las plazas que se van a entregar son de quienes aprobaron la evaluación”, dijo el funcionario al término del acto de asignación de plazas docentes en la capital del país.
Y remató: “Que la CNTE, o un papel de la CNTE, diga lo contrario… es un problema de ellos. Los normalistas se evaluaron en la Ciudad de México. Vino el 98%. Casi un 70% aprobó. A ellos se les va a entregar las plazas y a los demás se les va a capacitar”.
Según las cifras oficiales de la SEP, destacadas por Nuño, de los normalistas oaxaqueños convocados, 98% se evaluó en la Ciudad de México para acceder a una plaza docente en su estado, de los cuales 70% habría aprobado.
El líder del sindicato oficialista SNTE, Juan Díaz de la Torre, respaldó los dichos de Nuño. Según sus palabras, “es obvio que hay intereses que quieren que Oaxaca se mantenga en una condición no adecuada para el país”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks, exigió a las autoridades de Oaxaca aplicar la ley, no negociarla.
“La Constitución se aplica, no se negocia”, declaró el senador.
Finalmente, la organización de corte empresarial Mexicanos Primero, volcada al sector educativo, también fijó su postura.
Mediante un comunicado, luego de exigir al gobierno de Oaxaca que aclare los comunicados de la CNTE, consignó:
“Mexicanos Primero lamenta el oportunismo anacrónico que caracteriza las expresiones de los líderes sindicales de la sección 22 (…) Otorgar el pase automático sin evaluación a los normalistas, así como cancelar las evaluaciones docentes de los maestros en servicio nulifica de facto no sólo la Reforma Educativa, sino que traiciona la confianza de todos aquellos aspirantes que sí han apostado por la transformación educativa y, por encima de todos ello, atenta contra el derecho que tienen las niñas, los niños y los jóvenes de Oaxaca a contar con un maestro idóneo”.
Fuente: http://www.eldragonario.com/2017/02/supuesto-pacto-cnte-gobierno-de-oaxaca.html
Fotografía: proceso
http://insurgenciamagisterial.com/supuesto-pacto-cnte-gobierno-de-oaxaca-crispa-ambiente-en-sistema-educativo/
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‘Micos’ ministeriales

Noticias

Por: Francisco Cajiao

Lo que se necesita para el desarrollo rural y la búsqueda de la equidad no es reformar la educación superior, sino hacer bien hecho lo que ya las leyes dicen que hay que hacer.

No fue fácil llegar al final de las negociaciones con las Farc, y quienes hemos creído en la solución política del conflicto nos alegramos de que este gobierno lo haya logrado. Pero en el largo trecho que queda por recorrer, no se deben dar argumentos a una oposición empeñada en demostrar los abusos del Gobierno para conseguir sus propósitos. Por eso se debe cuidar el uso de las facultades otorgadas al Presidente.

No se acababan de aprobar las primeras leyes indispensables para la desmovilización, mediante el procedimiento abreviado, cuando se les ocurrió a las ministras de Educación y del Trabajo la idea peregrina de meter por este mecanismo el Sistema de Educación Terciaria que está en el Plan de Desarrollo, pero no en los acuerdos de La Habana. Y con el ‘mico’, orangután o gorila se ha alborotado la comunidad académica: asociaciones de instituciones universitarias, academias científicas, la Universidad Nacional, el representante de los profesores en el Cesu y las agremiaciones de estudiantes de educación superior.

En las comunicaciones, que incluyen mensajes al Presidente, renuncias y comunicados de prensa, se destacan tres objeciones de forma, que podrían resumirse así:

No debe usarse el fast track para legislar por decreto en materias que no hacen parte de los acuerdos, y pretender que el desarrollo rural y la paz dependen de una reforma de la educación superior parece bastante forzado.

Durante dos años se han tenido reuniones con rectores y representantes de las instituciones de educación superior, pero de allí no se desprende que haya claridad ni consenso sobre el propósito y los mecanismos de implementación de las propuestas del Gobierno.

Organismos creados por ley, como el Cesu (Consejo Nacional de Educación Superior), no han sido consultados, omitiendo un procedimiento que le da legitimidad al desarrollo de las políticas públicas del sector.

De ñapa, no se sabe qué pitos toca la firma de la Ministra del Trabajo en una reforma de la educación superior que está en la órbita exclusiva del Ministerio de Educación.

Pero si los aspectos de forma son impresentables y suficientes para claudicar de la idea, peores aún son los de fondo. Basta leer los primeros seis u ocho párrafos de los considerandos para asombrarse de la rara capacidad de raciocinio de quienes los redactaron… prefiero no usar calificativos.

Lo que se necesita para el desarrollo rural y la búsqueda de la equidad no es reformar la educación superior, sino hacer bien hecho lo que ya las leyes dicen que hay que hacer. Lo que es inaplazable es mejorar de verdad la educación básica y media en el sector rural, para lo cual no se necesita más legislación sino mejor gestión, más recursos y mayor flexibilidad y pertinencia en los diseños curriculares. Eso sí está en los acuerdos firmados.

Durante décadas, el Sena ha desarrollado programas de transferencia de tecnología en el sector rural y ha sido una entidad insustituible en la formación técnica y humana de los campesinos de todo el país, sin necesidad de ser asimilada al sistema de educación superior, lo cual es posible que le haga más mal que bien. ¿Por qué no aprovechar tantos años de experiencia haciendo cada vez mejor lo que ya se ha demostrado que se hace bien?

Tratar de convertir el Sena en una semiuniversidad ha sido un capricho que responde más a necesidades estadísticas –cobertura de educación superior todavía muy precaria– que a criterios de calidad. Es claro que haberle otorgado centenares de registros calificados, por una especie de fast track, sin aplicar los rigurosos criterios que el Ministerio de Educación exige a las demás instituciones no garantiza que la calidad haya mejorado.

Avanzar en la idea de un sistema de educación terciaria es importante y vale la pena, pero hacerlo a la brava no asegura el éxito ni garantiza la consolidación de la paz.

Fuente:http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/micos-ministeriales-francisco-cajiao-columna-el-tiempo/16812196

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La reivindicación de los sujetos populares y la educación de jóvenes y adultos en América Latina

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

El estado de las sociedades latinoamericanas en el marco de un mundo cada vez más interconectado, pero a la vez más desigual es muestra del posicionamiento de la democracia como significante vacío al que diversos sectores recurren como fuente de legitimación de sus proyectos. Así, los movimientos políticos que han contado con un amplio apoyo popular muestran cadenas equivalenciales diversas coaligadas en torno a liderazgos de rasgos populistas. Así, las centrales obreras en Brasil llegaron a converger con el liderazgo de Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores; las clases medias pauperizadas y los sectores de trabajadores del Estado, entre ellos los docentes se aglutinaron en torno a la propuesta de los Kirchner en Argentina. La larga tradición aymara de autogobierno ha sido la base de la refundación de Bolivia en clave plurinacional con la llegada al poder de Evo Morales.

Estas experiencias han sido representativas de los movimientos político-sociales surgidos como respuesta ante las crisis generadas por las políticas neoliberales de ajuste, así como del retorno de la democracia en los contextos postdictadura. Estos liderazgos populistas se entienden en el marco de la frontera política trazada entre el conjunto de la población agraviada por las crisis padecidas entre las décadas de 1990 y 2000 y las desprestigiadas clases políticas que impulsaron las políticas emanadas del Consenso de Washington. Sin embargo, la tensión sigue presente y la vulneración de la democracia como expresión de la voluntad popular se encuentra amenazada. La propia fragilidad de las experiencias neopopulistas, que basaron sus programas redistributivos en un repunte favorable que experimentaron las exportaciones en el mercado internacional, revelaron su vulnerabilidad a partir de la crisis financiera de 2008.

A partir de entonces, se han posicionado los llamados golpes blandos de Estado, que vulneran la democracia a través de mecanismos legales con los que se han destituido a gobiernos representativos, elegidos democráticamente. Tales son los casos recientes de Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y de Brasil en 2016. La confluencia del predominio del capital financiero internacional con los intereses de las oligarquías nacionales conforma las condiciones de producción de este contexto de vulnerabilidad de los regímenes elegidos democráticamente y de las políticas redistributivas que se basaron en lógicas compensatorias.

Dicho contexto plantea la necesidad de radicalizar el vínculo democrático en las experiencias basadas en liderazgos populistas. La reivindicación de las luchas populares va más allá de demandar una efectiva representación. Por el contrario, debe apuntar a conducir un proyecto de nación incluyente, que retome las revolucionarias ideas de Simón Rodríguez en torno a fundar el proyecto de instrucción pública como medio de cohesión sobre la base de los actores subalternos. Este horizonte apunta a revertir la dicotomía civilización/barbarie instalada por la tradición sarmientina que creó dualidades jerárquicas como la de ciudad/campo, dualidades basadas en la imposición de una cultura occidental sobre las diversas culturas populares. El normalismo como dispositivo de formación de un sujeto destinado a ejercer una labor de disciplinamiento en la escuela también creó una tendencia a la homogeneización. Dicha tendencia se recicla en el presente con el énfasis otorgado a las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, que miden el logro de aprendizajes en función de indicadores, lo cual resulta en un reduccionismo del acto educativo.

La tensión que se produce entre el reconocimiento de las culturas populares y una educación enfocada en los requerimientos del mercado, repercute en la orientación que se imprime a los sectores subalternos del sistema educativo, como lo son los adultos en condición de rezago o analfabetismo. Su misma condición es evidencia de las desigualdades intrínsecas del sistema educativo. Asimismo, es muestra de la necesidad de ampliar los espacios de socialización por fuera de la escuela para llevarlos a los lugares en que estos sujetos se desempeñan, ya sea en sus distintos contextos laborales o en función de los requerimientos de desarrollo de sus referentes regionales. En ese sentido, se mantiene la disputa por el proyecto de educación pública, tras las reformas descentralizadoras de la década de 1990 que fragmentaron el sistema educativo en sus niveles locales, con consecuencias en el acceso equitativo a una educación gratuita y de calidad, ya que la descentralización administrativa no se tradujo en una descentralización de la dotación de recursos y en cambio afloraron las desigualdades regionales junto con las políticas de subvención a la oferta privada.[i]

En este marco, en América Latina hacia 2015 la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años fue de 98.2%, de 98.4% en mujeres y 98% en hombres.[ii] Sin embargo, esta disminución en el analfabetismo se ha debido más por la ampliación de la escolarización en el nivel primaria que por la acción de políticas exprofeso para la alfabetización de adultos.[iii] Este problema se relaciona con el hecho de que el sistema educativo “no elimina las desigualdades, sino que las recicla y traslada a otros momentos del proceso de escolarización”[iv]. En esa lógica se inscriben los programas gubernamentales enfocados a la reducción del analfabetismo en la población mayor de 15 años. Uno de los más sobresalientes es el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas (PIA), cuyo objetivo es cubrir a un universo de 34 millones de adultos analfabetos. Otro es el programa cubano “Yo sí puedo” creado en 2003 y que opera en 12 países latinoamericanos, entre los que se encuentran Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Mientras que en México el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), dirigido a personas mayores de 15 años que no concluyeron sus estudios elementales, atiende cada año a 12,000 personas en sus 3 módulos básicos del nivel inicial.[v]

Sin embargo, en la mayoría de estos programas los alfabetizadores son voluntarios,[vi] lo cual indica que en América Latina la Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA)  experimentó un reflujo hacia un enfoque compensatorio. Esto se relaciona con el hecho de que los programas que atienden a la EPJA se enmarcan en la política de discriminación positiva, que despliega distintos programas de acuerdo a las diferentes necesidades para obtener resultados equiparables en cuanto al logro de aprendizajes significativos. Estructuralmente, esta política genera una segregación que perpetúa las desigualdades generacionales y tiene su raíz en una escuela homogénea con respecto al servicio que los educandos reciben, que no reconoce la diversidad social y cultural. En este filtro del acceso a la escolarización influye la educabilidad, como factor que predispone a amoldarse al requerimiento de ser alumno. Este requerimiento tiene en mente a un alumno idealizado, con el consiguiente problema de demandar a los maestros la formación prescriptiva de ese sujeto que inevitablemente debe amoldarse a una cultura occidentalizada, ajena a su historicidad. A la vez, se genera una fragmentación en la diversidad de modalidades que integran el sistema educativo, creándose un archipiélago de circuitos educativos inconexos.[vii] En cambio, sigue siendo necesaria una concepción de escuela entendida como un espacio democrático que debe asociarse a la justicia social y a la igualdad de oportunidades.[viii]

A pesar del horizonte de equidad que se persigue a través de los distintos informes y encuentros internacionales, no se asume que la inequidad educacional en el caso de América Latina ha ido en aumento. Tal situación obedece a las políticas neoliberales que enfatizan el rendimiento de la inversión desvinculado del bienestar social y sólo comprometido con las ganancias. En consecuencia, los organismos internacionales pese a que plantean metas loables no asumen que las políticas neoliberales son parte de la causa del problema, siendo difícil avanzar en muchas materias educativas, si no se modifica la lógica neoliberal que se ha impuesto en las últimas décadas en la región.

En el caso del campo de la EPJA convive la necesidad de matizar los índices de escolaridad, que ocultan importantes rezagos al interior, con un desplazamiento en el sentido economicista que se le ha otorgado a la EPJA, así también se advierte la importancia de recuperar su sentido más integral de formación a lo largo de la vida. Esta recuperación  emergente es una oportunidad para revitalizar el sentido inicial de la EPJA en el marco del derecho a la educación, que consiste en promover y preservar el acervo cultural que representa el patrimonio intangible que se encuentra en los “saberes, hábitos comunitarios, herencias artísticas y técnicas”.[ix] Dicho patrimonio se refiere a una comunidad en movimiento de la que son parte los sujetos de la EPJA, como portadores de tal acervo que, al formar parte de la tradición oral quedan invisibilizados para la ciudad letrada[x] en tanto que el analfabetismo persiste como una barrera que separa ambas culturas. El acercamiento entre las esferas orales y letradas se sitúa como un itinerario más en el campo de la EPJA.

i] Stubrin, F. (2006). “Protesta magisterial y reformas educativas en América Latina” en Cadernos de Sociologia e Política. V. 9, p. 112.

[ii] CEPALSTAT (2016). América Latina y el Caribe: perfil socio regional demográfico. Consultado en: < http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Regional_Social.html?idioma=spanish>

[iii] UNESCO (2015). América Latina y el Caribe Revisión Regional 2015 de la Educación para Todos. Santiago. pp. 200

[iv] Blanco, E. (2012) “El reciclaje de la desigualdad: exclusiones educativas en América Latina”. En Puchet, Martín; Rojas, Mariano; Salazar, Rodrigo; Valenti, Giovanna; Valdés Ugalde, Francisco (Coords.) América Latina en los albores del siglo XXI. 2. Aspectos políticos y sociales. México, FLACSO.

[v] CEPAL (2010). Panorama social de América Latina 2010. Capítulo 2: “La educación frente a la reproducción inter-generacional de la desigualdad y la exclusión, situación y desafíos en América Latina”.

[vi] Infante, M., Letelier, M. (2013). La alfabetización de personas jóvenes y adultas

en América Latina y el Caribe: análisis de los principales programas. Santiago, CEPAL. Pp. 38

[vii] Blanco, “El reciclaje…” Op. Cit.

[viii] Rivero, J. (2000). “Reforma y desigualdad educativa en América Latina”. Revista Iberoamericana de Educación Número 23 ¿Equidad en la Educación? mayo – agosto.

[ix] Rojas, M. (2009). “La responsabilidad cultural de la universidad pública” en Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, UNAM, México, núm. 48, enero-junio, pp. 9-27.

[x] Rama, A. (1998). La Ciudad Letrada. Montevideo, Arca.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-reivindicacion-de-los-sujetos-populares-y-la-educacion-de-jovenes-y-adultos-en-america-latina/

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La iniciativa ciudadana para la educación a todas y todos, VS. La bandera de trasimaco

Noticias

América del Norte/México /03 de febrero de 2017/Fuente y autor  Lilia M.Partida Flores. CNTE.

Continuando con el análisis sobre la desnacionalización de nuestra Carta Magna plasmados en los cambios a los Artículos 3 y 73, las modificaciones a la Ley General de Educación (LGE), y la implantación de  la regresiva Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la suprema Ley Nacional de Evaluación Educativa (LNIEE), se proseguirá con la LGE.

La inicial LGE fue dictaminada en el periodo del presidente Salinas de Gortari el 11 de julio de 1993, y enmendada por los subsecuentes gobernantes. Su último cambio se realizó el 11 de septiembre de 2013 para dar operatividad a la oficial reforma educativa, se realizaron cambios y adiciones  en varios artículos. A continuación se señalan algunos:

En su Artículo 2°  “todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad” y el artículo 3° que señala la “obligación del Estado a prestar servicios educativos de calidad”, desde el preescolar hasta la media superior.

Artículo 6°, menciona que la educación será gratuita pero a su vez incluye, “la donación o cuotas voluntarias”, mismas que en la realidad son prácticamente obligatorias, más altas o bajas según donde se ubique el plantel. Los padres también participaran las cooperaciones “voluntarias” de numerario, bienes y servicios hechas por las asociaciones a la escuela, Artículo 67.

La calidad señala en su Artículo 8°. Fracción IV, será “conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad”, y es el INEE, indica en el artículo 11° la institución que evaluará los resultados y coordinará el  Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

El Artículo 12°, consta de catorce fracciones sobre las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa, entre las cuales se encuentra el mandatar  que en las escuelas básicas y normales los planes y programas de estudio deberán  ser acordes al marco de educación de calidad; el formular programas para la gestión escolar; consolidar el Sistema de Operación y Gestión Educativa y fijar lineamientos para la autonomía de gestión escolar, así como, el realizar la planeación y la programación global del sistema educativo nacional atendiendo las directrices emitidas por el INEE.

En el Artículo 24 Bis, indica que la SEP señalará los lineamientos para “el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda  escuela” que “cumplirán los criterios nutrimentales”, con la prohibición en las escuelas de alimentos que no favorezcan la salud.

La venta de estos productos no se ha regulado y la violación a la ley en este aspecto es mayúscula. La organización El Poder del Consumidor ha denunciado su incumplimiento y señalado que se continúa vendiendo comida chatarra en presentaciones especiales – para cumplir tramposamente lo reglamentado-, con ayuda de Pepsico, Cocacola o Bimbo.

La desnutrición, anemia, diabetes infantil y sobrepeso se ha incrementado. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. La publicidad en los medios de difusión masiva es determinante del gusto y elección,  la escuela lo refuerza al poner al alcance de los niños estos productos  de los que son consumidores cautivos. El 70 % de los padres de familia considera que el prohibir alimentos chatarra propiciará que  se consuman menos[1]. En 2017 sigue sin cumplirse la regulación al respecto.

En cuanto a la autonomía de gestión de las escuelas en su Artículo 28 bis se indica que toda autoridad ejecutará programas y acciones para fortalecerla.  Esta autonomía se dirige a la inclusión de padres de familia, para compartir responsabilidades en la mejora de infraestructura o compra de materiales, es la forma progresiva hacia el deslinde de las obligaciones del Estado y hacia  la privatización. Esta reforma sigue los lineamientos del Banco Mundial, que recomienda compartir costos con familias y comunidades así como el uso múltiple de los locales escolares.

Una muestra de las acciones ejercidas en cumplimiento a lo mandatado en este Artículo es la Guía básica para colaborar voluntariamente en acciones de mantenimiento  escolar del estado de Campeche[2], donde se promueve el dar a los hijos educación de calidad enseñándoles a mantener y conservar su escuela, así como, promover valores para la convivencia democrática  y la responsabilidad. El documento orienta para la formación de comisiones de mantenimiento como limpieza de tinacos, cisternas, vidrios o pisos, pintura, jardinería, impermeabilización, y para la reparación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, etc., a cargo de la comunidad escolar.

El Artículo 29 mandata al INEE la evaluación del Sistema Educativo Nacional (SEN) de acuerdo con los lineamientos que expida en acuerdo con las demás  autoridades educativas. Es importante señalar que el SEN se integra por las instancias referidas en el Artículo 10° de la LGE mismo que en su fracción VII incluye a “las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía”. Al respecto el Dr. Hugo Aboites ha analizado las implicaciones de la reforma educativa a este nivel.[3]

Para los Artículos 65 y 69, se señala en el primero los derechos de los padres de familia, como es el  conocer “la capacidad profesional” y los resultados obtenidos por los docentes en las evaluaciones; conocer los resultados a nivel escuela; presentar quejas y opinar a través de los Consejos de Participación, que se integraran, señala el segundo artículo referido, por los padres y sus asociaciones, maestros, directivos, representantes sindicales, exalumnos y demás interesados.

En el Artículo 72, la LGE indica que la SEP promoverá el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como “instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información”, en la que estarán integrados los participantes mencionados a nivel escuelas, pero además otras “organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en educación”, con lo cual se avala que organizaciones como Compromiso Social por la Calidad de la Educación o Mexicanos Primero participen abiertamente, con voz y voto en el diseño de la educación nacional.

Esta LGE deroga en su 2o. Transitorio todo lo que se le oponga, por lo mismo todos los derechos previamente adquiridos son anulados por decreto.

En la necesidad de socializar los cambios constitucionales y las leyes secundarias que sustentan la oficial reforma educativa y lo que representa la Iniciativa Ciudadana para la Educación Pública para todas y todos, se proseguirá con el  análisis de la LGSPD, ley punitiva y regresiva por antonomasia.

[1]   Encuesta Nacional de Obesidad 2015, Alianza por la Salud Alimentaria de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y El Poder del Consumidor.

[2]   Guía básica para colaborar voluntariamente en acciones de mantenimiento escolar. Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche. 2014-2015.

[3]   Aboites Hugo, La reforma educativa: también contra los universitarios. La Jornada, pp.31, 30 de noviembre de 2013.

Fotografía: facebook/sin autor visible

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/la-iniciativa-ciudadana-para-la-educacion-a-todas-y-todos-vs-la-bandera-de-trasimaco/

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Educación: Argentina propone una reunión de ministros del G20

Noticias

Argentina/02 febrero 2017/Fuente: Clarin

«El G20 nunca tuvo una agenda ministerial educativa y la Argentina está proponiendo la primera reunión de ministros de educación del G20 para el año que viene, que es cuando nuestro país presidirá el encuentro”, le dijo a Clarín el ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, antes de abandonar estas temperaturas bajo cero con las que salía a correr por Davos durante los días que duró el Foro Económico Mundial en Suiza.

“Las normas del G20 establecen que el país anfitrión puede introducir algún tema de agenda durante la reunión y nosotros hemos propuesto la inclusión de la agenda educativa en el G20 con un foco muy específico en los docentes”, agregó Bullrich, que entre ayer y hoy es anfitrión de la reunión regional de ministros de educación de América Latina y el Caribe de la UNESCO, que se celebra en Buenos Aires.

“Creemos que el problema de la educación se resuelve globalmente si buscamos un estándar global de docentes –dijo–. Esto quiere decir que debemos empezar a trabajar en conjunto la calidad y la formación docente, con patrones comunes en cuestión de valores, para salir de la visión de la educación como un tema patriótico, nacional. Los rankings, en este sentido, no ayudan. Estamos convencidos de que los problemas de pobreza tienen una raíz educativa, los problemas de terrorismo tienen una raíz educativa y los problemas de inmigración tienen una raíz educativa”.

Bullrich tiene muchas expectativas puestas en la reunión de ministros del educación del G20: “Quisiéramos llegar a un título de docente global, a una validación global del docente entendiendo que es el factor que marca la calidad de un sistema educativo. No es el edificio, no es la computadora. Lo que te cambia la calidad de un sistema educativo es la calidad del docente”.

Aquí, en Davos, el ministro se reunió con representantes de España, Italia, Japón y Canadá para avanzar con el programa de intercambio docente: “Estamos mandando 500 directores de escuela por año a Estados Unidos y en marzo, cuando el presidente Mauricio Macri viaje a Holanda, vamos a firmar un acuerdo para que 100 docentes vayan a hacer intercambio allí. Lo vimos en la breve reunión que tuvimos en Davos con la reina Máxima”.

El ministro recordó, por otra parte, la promesa de lograr que, a fines del año que viene, todas las escuelas argentinas tengan acceso a Internet. “El problema que tienen todos los países es cómo sostener el nivel del conocimiento cerca del nivel de innovación que hay. Por eso para nosotros es importante que el gobierno no se meta en el tema de la currícula. Cuando uno no tiene confianza en el docente quiere tomar esa función porque teme que no lo haga bien. La currícula tiene que ser algo mucho más vivo y debemos tener mucha más confianza en los docentes que formamos”, aseguró.

Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/educacion-argentina-propone-reunion-ministros-g20_0_B1ChXNLDx.html

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Guatemala: Diálogo Interamericano llama a construir una educación de calidad y a renovar un pacto con el futuro de América Latina

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Guatemala/02 febrero 2017/Fuente: Reduca

El lunes 30 de enero el Diálogo Interamericano, la Universidad del Valle de Guatemala y Empresarios por la Educación presentaron el informe “Construyendo una educación de calidad: Un pacto con el futuro de América Latina”.

Este libro fue trabajado por la Comisión para la Educación de Calidad para Todos con el objetivo de dar a conocer y posicionar en la agenda el problema de la baja calidad de la educación en América Latina y proponer una agenda para el cambio en las políticas educativas, que despierte el interés y el compromiso de todos los actores relevantes.  Este esfuerzo es producto del Programa de Educación del Diálogo Interamericano, que tiene como objetivo mejorar la calidad educativa e impulsar el desarrollo de habilidades en toda América Latina.

El Lic. Roberto Moreno, Rector de la Universidad del Valle de Guatemala, dio la bienvenida a los 150 participantes, líderes de diversos sectores académicos, sector público, empresarial y organizaciones que trabajan en educación e introdujo a Ariel Fiszbein, Director del Programa de Educación del Diálogo Interamericano.

Fiszbein comentó que el libro busca promover alianzas entre sectores, identificar los progresos realizados en los últimos años y ofrecer una serie de recomendaciones prácticas que sirvan como punto de partida para la transformación educativa que la región tanto necesita.

También indicó que el informe se divide en tres partes: Primero, presenta un panorama del estado actual de la educación en América Latina.  Segundo analiza seis áreas prioritarias para mejorar la calidad educativa. Tercero, propone la creación de un pacto social que genere un cambio profundo y sostenible en los sistemas educativos de la región.

El informe hace notorio que alcanzar el desarrollo con equidad y en democracia requiere que todos y cada uno de los niños latinoamericanos reciban una educación de calidad.   América Latina ha hecho importantes progresos en expandir la cobertura de sus sistemas educativos, asignando una proporción creciente de los presupuestos públicos para hacerlo posible.  Sin embargo, y a pesar de los importantes esfuerzos realizados, los déficits de aprendizaje siguen siendo alarmantes. Los resultados de las pruebas nacionales e internacionales demuestran que América Latina se está quedando atrás, no solo en comparación con el resto del mundo, sino con respecto a nuestros propios estándares. En una era de creciente globalización y cambio tecnológico acelerado, las brechas educativas representan un desafío vital para las economías y sociedades de la región.

Nuestros países se encuentran en una encrucijada. Si no mejoran de manera sustancial y sostenida la calidad de la educación, los enormes esfuerzos realizados para aumentar la escolaridad no rendirán los frutos esperados. El futuro económico, social y político de la región depende de que nuestras sociedades y gobiernos logren avanzar una agenda ambiciosa de calidad educativa. Mejorar la calidad de la educación representa la diferencia entre estancamiento y desarrollo.

En este informe se proponen reformas en seis áreas que se consideran fundamentales para transformar los sistemas educativos de la región: (1) la educación temprana, (2) la excelencia docente, (3) la evaluación de aprendizajes, (4) las nuevas tecnologías, (5) la relevancia de la educación y (6) el financiamiento sustentable. En cada una de esas áreas se explora dónde se encuentra América Latina actualmente y, en base a la mejor evidencia internacional disponible, se discute qué se puede hacer para que los países de la región alcancen su potencial educativo.

El informe propone una serie de reformas que no son sencillas. Estas reformas requieren recursos humanos y financieros, compromiso político y persistencia en el tiempo para que den buenos resultados. El cambio debe dar espacio para experimentar, evaluar y adaptar según las necesidades de cada país. Asimismo, el cambio requiere altos niveles de consenso y participación social, incluyendo a los educadores, estudiantes y padres de familia.

. La idea es promover estrategias a largo plazo que trasciendan diferentes gobiernos, estableciendo mecanismos que aseguren que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas y brinden el tiempo suficiente para obtener los resultados requeridos.

Solo de esa manera lograremos fomentar el desarrollo con equidad y en democracia de toda América Latina. Este informe hace un respetuoso llamado a nuestros conciudadanos a abandonar la complacencia para avanzar más decididamente en la transformación educativa que demanda el futuro de nuestra América Latina y Guatemala muy especialmente.

Participaron comentando: Salvador Paiz, miembro de Junta Directiva de Empresarios por la Educación y de la Comisión para la Educación de Calidad para Todos, quien señaló la necesidad de acelerar el paso en las reformas que Guatemala necesita;

Ernesto Martínez, Especialista Principal de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, participó dando su punto de vista desde la perspectiva de BID, entidad que ha venido sumando esfuerzos con el Diálogo Interamericano para contribuir al desarrollo de la Educación en América Latina.Oscar Hugo López, Ministro de Educación de Guatemala, compartió su visión y las acciones que desde el MINEDUC se consideran prioritarias en la agenda educativa nacional y en el Plan 2016-2020.

Para concluir, Gabriel Biguria, Presidente de Empresarios por la Educación, cerró el evento llamando a sumar esfuerzos y constituir ese pacto como una acción clave en el corto plazo.  La educación es tan importante que debemos sumar esfuerzos y no dejar sólo al gobierno.

Fuente:http://www.reduca-al.net/noticias/dialogo-interamericano-llama-a-c-1166

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