Reforma Neoliberal

Normales rurales, su esencia colectiva

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Por: Tanalís Padilla*

La esencia de las normales rurales es su carácter colectivo. En gran medida esto se debe a sus orígenes en la Revolución. El contenido social de la Constitución de 1917 –las protecciones laborales, el reparto agrario y el acceso a la educación– que pretendía corregir la irrisoria concentración de riqueza del periodo porfirista dependió del principio de derechos colectivos cuya articulación son la única forma de contrarrestar el poder del capital.

Las características colectivas de las normales rurales se dieron desde su construcción inicial, ya que en muchas instancias eran las comunidades mismas quienes aportaban la mano de obra, los materiales o la elaboración de sus muebles. Los informes de la primera generación de directores de estas escuelas y las memorias de los primeros alumnos enumeran múltiples ejemplos de esta labor. En la normal rural de Río Verde, San Luis Potosí, los estudiantes dedicaban las tardes después de sus clases a construir mesas, bancos y camas para su comedor e internado; en Xocoyucan, Tlaxcala, los alumnos instalaron una cooperativa con sus propios fondos; en el El Mexe, Hidalgo, rehabilitaron las paredes y muros; en Ayotzinapa, Guerrero, cimentaron la carretera a Tixtla.

El que muchas de las normales rurales se instalaran en antiguas haciendas era una justicia poética: los antiguos palacios cuyos propietarios se habían enriquecido gracias a la apropiación de tierra y trabajo de la clase campesina e indígena albergarían ahora a los descendientes de esa clase explotada. Además, los directores, estudiantes y profesores promovían una activa labor y relación con las comunidades vecinas, ya fuera con campañas de vacunación e higiene, organización de festivales cívicos o poniendo las instalaciones de la normal a disposición de las comunidades, como lo hizo en 1926 el director de la entonces normal rural de Tixtla, quien bajo el nombre de la escuela, puso un letrero que decía TALLERES DEL PUEBLO, así con mayúsculas, y así dar libertad muy amplia al pueblo para que entre a trabajar con nosotros.

El carácter colectivo de estas escuelas también se reforzó con el código disciplinario adoptado en su seno y elaborado en muchas de ellas por el profesor, pedagogo y director de varias normales rurales José Santos Valdés. Entre otras cosas, Santos Valdés enfatizó que los alumnos deberán participar no sólo en la elaboración de su cultura y en la producción económica de la escuela, sino en la organización y dirección de la vida de los niños y de los maestros, tanto dentro como fuera de la institución. En las normales rurales los alumnos debatían e incidían en las sanciones que se implementaban cuando se faltaba a las normas y el código disciplinario se aplicaba a la comunidad entera: docentes, estudiantes y cuerpo administrativo.

En las normales rurales el comedor y el internado son las modalidades que más han preservado el carácter colectivo de estas escuelas. Son espacios para convivir. Son también lugares de socialización y de concientización, donde la lógica de organización colectiva se enseña, se aprende y se intuye. Y son espacios comunes donde jóvenes pobres, muchos de ellos de comunidades remotas, conviven con centenares de estudiantes, cada uno con su propia historia, pero con el común denominador de ser de extracción humilde y de querer estudiar. En este mundo y en las prácticas que lo refuerzan y lo protegen, los normalistas han desarrollado un fuerte sentido de dignidad, una dignidad que manifiestan al defender sus derechos en colectivo.

Es una dinámica que desde hace mucho ha incomodado a altos funcionarios de la SEP. A finales de la década de los 60, cuando ya se veía venir la reforma educativa que eliminaría 14 de las 29 normales rurales y donde también se separó el ciclo de secundaria del profesional, uno de los argumentos era que los alumnos mayores manipulaban a los menores. En ese entonces también se consideró remplazar internados con becas individuales como forma de control ideológico y para minimizar huelgas y paros. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México caracterizaba de reaccionaria y antipopular este tipo de medida y declaró: no consideramos justo ni revolucionario mutilar las escuelas normales rurales.

Las reformas neoliberales implementadas en las cuatro décadas anteriores han diezmado el carácter popular y social de la Constitución mexicana. Así como el concepto de eficiencia se ha utilizado como justificación para privatizar la infraestructura pública, el individualismo, eje central de la cultura neoliberal, es vista como tentadora respuesta a la corrupción. Pero ambos conceptos sirven al capital porque atomizan a la sociedad y debilitan mecanismos de defensa y movilización colectiva.

A casi un siglo de vida y en contextos distintos, las escuelas normales rurales han experimentado tanto cambios como continuidades, pero su esencia colectiva hoy continúa en pie gracias a la infraestructura del comedor y del internado. Eliminar estos espacios sería acabar con ellas.

* Profesora-investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Autora del libro Unintended Lessons of Revolution, una historia de las normales rurales en el siglo veinte , próximo a publicarse con Duke University Press

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/opinion/013a1pol

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Entrevista: Profesores Roberto López Sánchez y Lino Meneses responden al Ministro César Trómpiz «Sin dudas está en curso una reforma neoliberal de la educación universitaria en Venezuela»

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A raíz de la nota de prensa de aporrea.org en la que «Profesores Universitarios se pronuncian ante la eliminación de las Carreras Humanísticas«, se produjo una repuesta en la que el Ministro César Trómpiz desmiente el cierre de carreras en una entrevista realizada por Unión Radio y publicada también por este medio.

Debido a la inmensa importancia de lo que ya es un debate público de alto interés en cuanto a la concepción y orientación de la formación educativa, desde Aporrea pudimos contactar y conversar con dos profesores universitarios Roberto López Sánchez de la Universidad del Zulia (LUZ)[i] y Lino Meneses de la Universidad de los Andes (ULA)[ii] firmantes del citado Pronunciamiento y a quienes le hicimos las siguientes preguntas:

Aporrea: El Ministro Trómpiz ha respondido al pronunciamiento crítico que ustedes han publicado denunciando la no priorización de las carreras humanísticas en el currículum nacional. Específicamente el ministro ha dicho que ustedes se mantienen en una «universidad rentística» y el país debe ir a una «universidad productiva».

Prof. Lino Meneses: Lo primero que debemos dejar claro es que nuestro pronunciamiento lo hacemos en base a un documento emanado del Ministerio que preside el Sr. Ministro Trómpiz, titulado: REDIMENSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INGRESO UNIVERSITARIO, BASADO EN LA REACTIVACIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO NACIONAL en la cual se deja claro en el documento en cuestión, que se va a priorizar, cito textualmente: «el ingreso de nuevos estudiantes a las carreras y/o programas relacionados con la economía productiva, de acuerdo a las necesidades de formación de la nación. Es por ello que se estableció la oferta de 15 carreras base en las áreas prioritarias, 21 carreras derivadas y 109 complementarias, las cuales constituyen la nueva oferta académica 2021». Lo que hemos planteado parte del análisis del contenido de ese documento y de la realidad que viven no solo los profesores, trabajadores y estudiantes universitarios, sino todas las familias venezolanas que de una u otra manera están vinculadas a la vida universitaria, bien sea por que tengan a sus hijos cursando una carrera universitaria o un familiar que trabaje en una institución universitaria pública del país, de tal manera, que lo que hemos plateado en este pronunciamiento no tiene nada que ver con que si defendemos una «universidad rentística» o estemos en contra de una «universidad productiva».

El ministro pretende evadir el debate planteado sobre la redimensión del sistema nacional de ingreso, levantando un discurso que busca polarizar en base a un juego dicotómico ―universidad rentística y universidad productiva ― que pretende enmascarar lo que en la realidad práctica significa dar prioridad o preferencia a un grupo de carreras universitarias en detrimento de otras.

Cuando se revisa el documento emanado por el ministerio que preside el Sr. Cesar Trómpiz observamos que en las 15 carreras prioritarias, las 21 carreras derivadas y 109 complementarias, no se encuentran carreras trascendentales para la construcción de conocimientos alternativos al conocimiento noratlántico que nos permita subvertir el neocoloniaje que todavía vivimos, nos referimos a la antropología, la sociología, la historia, la arqueología, la geografía, la educación, entre otras.

Ahora bien, en relación a la «universidad productiva» que menciona el ministro, nosotros, me refiero los firmantes del pronunciamiento que hemos llamado: LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS Y LA RESOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PUEBLO Y LA NACIÓN dejamos claro que toda actividad productiva a desarrollar en Venezuela requiere de una visión científica y humanística que la haga viable y perdurable. De tal manera, que creemos que es de suma importancia mancomunar esfuerzos multidisciplinarios que nos permitan ejecutar los proyectos productivos en nuestro territorios, para tal fin se requieren del concurso de antropólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos, comunicadores sociales (que no solo es periodismo), trabajadores sociales, psicólogos, y demás profesionales que aporten diagnósticos, explicaciones y propuestas vinculadas y en armonía con el escenario productivo que se ejecuta. Un proyecto productivo, por ejemplo turístico, por solo mencionar uno, que no tome en cuenta los recorridos históricos, la identidad cultural, los acervos patrimoniales, los procesos culturales existentes, las variables geográficas y la realidad social en general, difícilmente podrá responder a las necesidades de la Nación y por tanto nunca podrá constituirse en «la solución de los problemas del pueblo».

Prof. Roberto López: El Ministro Trompiz tiene el mismo discurso de los funcionarios del Banco Mundial que en 1996 vinieron a Venezuela a impulsar su modelo de educación universitaria neoliberal, subordinada a las necesidades del gran capital mundial. El centro del debate es si las universidades se deben subordinar al modelo productivo existente en un país determinado de la periferia capitalista, o si deben promover un modelo productivo que tienda a la soberanía económica de ese país. Si los países de escaso desarrollo industrial, como es el caso de Venezuela, se restringen a impulsar un modelo universitario y de producción científico-técnica que esté vinculado exclusivamente a los proyectos productivos en ejecución, digamos la explotación petrolera y la explotación minera, pues nuestra dependencia económica se prolongaría de manera indefinida en el tiempo, que es precisamente lo que le conviene a las grandes empresas multinacionales, sean estas estadounidenses, europeas, chinas o rusas. Pues nunca podremos adquirir capacidades científico-técnicas y político-culturales que nos permitan diversificar nuestras capacidades productivas, alcanzar la soberanía alimentaria, sustituir importaciones, y hasta generar nuevos productos de exportación no tradicionales.

Por ello es que hemos sostenido por décadas, recuperando las ideas de los teóricos de la dependencia, que el modelo universitario a desarrollar tiene que fundamentarse en dar respuestas a las necesidades del pueblo venezolano, incluyendo aquí las necesidades de la nación en cuanto a su desarrollo económico inmediato, pero sin limitarse a eso. Por ejemplo, la explotación minera, tanto de oro, diamantes y coltán en el estado Bolívar, como la del carbón en el estado Zulia, afectan a numerosas comunidades indígenas que habitan en dichos territorios; esos proyectos productivos requieren de investigaciones antropológicas, y de impacto ambiental, que establezcan normas que guíen la actuación de las empresas nacionales y extranjeras involucradas en dichas explotaciones, para evitar afectar las condiciones de vida y el medio ambiente de esos pueblos indígenas.

De ahí que el impulso de un plan económico minero, como pretende el gobierno de Maduro, no se reduce a formar ingenieros de minas. Esa visión que defiende el ministro es la visión propia de las grandes multinacionales mineras y petroleras, que históricamente han exigido que los países receptores de sus inversiones aporten el personal profesional y técnico necesario para ejecutar dichos proyectos mineros o petroleros. Es el modelo dependiente que en el plano educativo se promovió desde Estados Unidos después de la segunda guerra mundial, siendo James Dewey uno de sus principales teóricos. Es un modelo que prolonga hasta el infinito la dependencia, pues reduce a las universidades a resolver las necesidades de cuadros profesionales científico-técnicos que requieren las multinacionales. En los objetivos e intereses de todas las grandes empresas capitalistas, incluyendo aquí a las chinas y rusas, no aparece por ninguna parte garantizar las necesidades y el bienestar del pueblo venezolano.

Esas empresas persiguen mantener el monopolio tecnológico, y por tanto la creación de nueva tecnología y la formulación de nuevos proyectos productivos en áreas que no sean de interés a las multinacionales pero que sí sean prioritarias para resolver las necesidades del pueblo, debe ser una responsabilidad del estado y de las universidades venezolanas. Responsabilidad de un estado y de unas universidades que tienen que estar sujetas a la respectiva contraloría institucional y social, para evitar que determinadas élites en el poder del estado o que controlen las universidades, ignoren sus responsabilidades patrióticas y éticas, como ocurre actualmente.

Por estas razones, el discurso del ministro Trompiz al defender la «universidad productiva» se debe traducir en que desea formar los profesionales en áreas científico-técnicas para garantizar las necesidades de las multinacionales que invierten en Venezuela. Ese discurso tiene más de 60 años, y fue la inspiración de la creación de universidades como la Simón Bolívar (1969), que precisamente fue la respuesta que las elites adeco-copeyanas dieron a la rebelión estudiantil y profesoral conocida como La Renovación, desarrollada entre 1966 y 1970. La Renovación buscaba colocar a las universidades al servicio de las necesidades del pueblo y del desarrollo económico soberano. En contrapartida, la USB fue creada bajo un modelo tecnocrático a imitación del Instituto Tecnológico de Massachusets (en Estados Unidos), que sólo oferta carreras de ingeniería y ciencias básicas. Trompiz repite ese mismo discurso tecnocrático que prioriza las carreras científico-técnicas y deja por fuera todas las carreras de formación humanística. Trompiz podrá ser joven, pero su pensamiento es el mismo de Rafael Caldera.

En una declaración reciente en la cual el ministro intenta responder a nuestro documento-denuncia, afirma que él no cerrará ninguna carrera humanística, pues cuando salga del cargo que ocupa piensa convertirse en empresario, y que en ese caso «ningún administrador, al cual le hayan cerrado la carrera, querrá ir a trabajar en su empresa». Aquí tienen al pretendido «revolucionario» que tiene por norte el ser empresario. Obviamente, empresario capitalista. Porque no dijo cooperativista ni nada que se diferencie. Es un buen ejemplo de que la «revolución socialista» de Maduro es puro discurso, para los incautos, y que realmente está en ejecución una reforma neoliberal en todos los órdenes de la sociedad.

Aporrea: El ministro Trómpiz ha dejado claro que el gobierno no ha decretado el cierre de ninguna carrera humanística. Que sólo buscan priorizar las necesidades profesionales acordes al plan de desarrollo de la nación.

Prof. Roberto López:  Es que el cierre de la formación humanística se viene produciendo desde hace años, al excluir a todas las disciplinas humanísticas de las áreas de investigación prioritarias definidas por la ONCTI. Todas las carreras universitarias son un compendio de docencia, investigación y extensión. Sin investigación priorizada en el área humanística no pueden existir carreras humanísticas. Si un equipo multidisciplinario de antropólogos, sociólogos e historiadores, para poner un ejemplo, propone un proyecto de investigación que estudie la situación de las comunidades populares y/o indígenas afectadas por la explotación petrolera/minera, pues el gobierno ha negado y sigue negando todo financiamiento a proyectos de contenido humanístico. Esta es una forma de cortar el desarrollo de las carreras en el área de ciencias sociales. Si no existe investigación en el área específica, las universidades se equiparan a un liceo.

Personalmente hemos investigado durante más de 20 años los movimientos sociales venezolanos, por considerarlos los motores de los cambios sociopolíticos desarrollados en el último siglo. Particularmente estudiamos al movimiento estudiantil y al movimiento obrero en Venezuela. Esta área de investigación, que abarca la historia, la sociología, la antropología y las ciencias jurídicas y políticas, no es prioritaria para Trompiz y Maduro, pero si es de suma importancia para el futuro del movimiento de trabajadores y del movimiento estudiantil en Venezuela. Son investigaciones al servicio de las grandes mayorías sociales, pero que por supuesto en nada interesan a una multinacional china que venga a explotar oro en el arco minero, o a la Chevron-Texaco que viene a explotar petróleo. En contrario, esas empresas estarán sumamente interesadas que no se aparezcan nunca en sus áreas de explotación científicos sociales que intenten dar argumentos a las comunidades y a los trabajadores para que defiendan mejor sus derechos.

Por otra parte, en nuestro documento publicado en aporrea y otros portales, le exigimos a Trompiz y a Maduro que aclaren si la no priorización de las carreras humanísticas se extiende a negar presupuestos para reposición de cargos docentes, administrativos y obreros en esas carreras, y si implica también una negativa a otorgar cupos estudiantiles destinados a esas carreras. Porque de ser así, aunque no se decrete un cierre inmediato, está condenando a las humanidades a la muerte lenta.

La actual rectora encargada de LUZ, Judith Aular, dijo recientemente que la no priorización de las carreras humanísticas se «limitaba» a las 46 nuevas universidades que ha creado el gobierno en tiempos recientes. Si en los años 70 el movimiento estudiantil revolucionario denunciaba que una sola universidad creada por el estado, la USB, estaba concebida como una institución tecnocrática, al servicio de las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con mucha más razón hay que reaccionar ahora cuando el estado venezolano ha creado no una sino 46 nuevas universidades tecnocráticas, en las cuales ni se asoma la formación humanística.

Trompiz y Maduro creen que maniobrando con las palabras van a engatusar al pueblo venezolano. Suena muy bonito hablar de «universidad productiva». Que da a entender que desde las actuales universidades no se produce nada. Nosotros hemos generado durante más de 20 años toda una serie de «productos» académicos vinculados estrechamente con las necesidades del pueblo venezolano. Entre ellos podemos mencionar 8 diplomados en Formación Sindical, Consejos de Trabajadores y Prevención Laboral, realizados con dirigentes y activistas sindicales de distintas áreas aquí en Maracaibo. Ocho diplomados en Consejos Comunales que realizamos en conjunto con Fundacite, en municipios como Mara, Guajira, Maracaibo y La Cañada de Urdaneta. Junto con ello 50 seminarios y foros sobre temas de interés general, como Marxismo y Antropología, Crisis Económica Mundial, Crisis Política en Venezuela, Protagonismo Popular en la Historia de Venezuela, Movimientos Sociales y Lucha de Clases en el Siglo XXI, Movimientos Estudiantiles en Venezuela, y Desarrollo Histórico del Movimiento de Trabajadores en Venezuela. Junto con ello hemos publicado unos 40 artículos en revistas científicas y 15 libros que resumen todas esas investigaciones realizadas, todas muy pertinentes para el desarrollo del movimiento popular en Venezuela. Realizamos dos congresos internacionales de Historia Inmediata (en 2008 y 2011), además de contribuir como tutores a numerosas tesis de pregrado y posgrado en el área de Historia y Ciencias Políticas.

Las universidades venezolanas producen ciencia, tecnología, cultura, y nuevos profesionales. Esa es la función básica de las universidades en todo el mundo. Dependiendo de cómo se oriente esa investigación, esa formación docente y esa política de extensión, los productos de la universidad redundarán en beneficio de las grandes mayorías sociales, o simplemente servirán para mantener en el poder a élites político-económicas que se burlan de las necesidades populares y sólo buscan su propio beneficio como socios menores del capital multinacional.

Prof. Lino Meneses: Si, el gobierno no ha decretado el cierre de ninguna carrera humanística; sin embargo, cuando no le da prioridad para atender los planes del desarrollo de la nación a las ciencias sociales y humanísticas, nos indica que en lo práctico los presupuestos estarán dirigidos, para utilizar sus propias palabras, a las carreras priorizadas, derivadas y complementarias, trayendo como consecuencia el cierre técnico de todas carreras humanísticas y sociales que no entraron en la carreras priorizadas.

Ya esto lo hemos visto antes cuando dejan de ser prioritarias las líneas de investigación o alguna ciencia cesan los financiamientos, se congelan los presupuestos y cuando se deja de financiar y/o otorgar presupuestos para el funcionamiento, se empiezan a cerrar las puertas, ya tenemos experiencia en esto, solo basta con recordar cuando se empezaron a implementar las líneas de investigación prioritarias para ser financiadas por el FONACIT y luego por el ONCTI, los proyectos ubicados en el campo de las humanidades y las ciencias sociales ni siquiera podían aplicar por que no eran prioritarias, también pasó lo mismo con las revistas científicas del país que dejaron de ser prioritarias y le cortaron los financiamientos que venían desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y hoy sobreviven gracias al trabajo heroico de sus editores/as, de los universitarios que se encuentran al frente de los repositorios institucionales y de las comisiones de publicaciones de las universidades.

Aporrea: ¿Cuáles son los principales problemas a resolver para garantizar la permanencia de las universidades venezolanas y que puedan aportar a la solución de la grave crisis nacional?

Prof. Lino Meneses: Tal como lo indicamos en el documento, las universidades venezolanas, incluyendo las recién fundadas por el gobierno, atraviesan una profunda crisis presupuestaria, agudizada por la grave crisis económica que vive el país, que atenta severamente contra ellas y contra la razón de ser de las universidades como instituciones productoras de los conocimientos necesarios para emprender cualquier proyecto verdadero de nación y formadoras de los hombres y las mujeres que contribuirán profesionalmente con el futuro de la misma.

Entre los problemas a resolver está el fin del cerco presupuestario aplicado sistemáticamente por el gobierno nacional que ha llevado a casi la paralización de las instituciones de educación superior en tanto que la inexistencia de recursos económicos ha trastocado de manera grave el funcionamiento de facultades, escuelas, programas académicos y de investigación, revistas científicas y programas deportivos y culturales en general que se desarrollaban en las universidades venezolanas.

Este cerco presupuestario ha contribuido a la desaparición casi total de las capacidades científicas en todos los campos del conocimiento, el desmantelamiento de los laboratorios y de las bibliotecas. Este cerco presupuestario ha contribuido a que los docentes, empleados y obreros cobren un ‘salario 0’, que no se resuelve con la bonificación del salario mensual, que ha contribuido a una diáspora de docentes e investigadores y trabajadores en general hacia otros países o hacia otras actividades laborales distintas a la universitaria como nunca antes habíamos visto en la historia de nuestro país.

Entre los problemas que tenemos que resolver está la grave crisis económica que estamos padeciendo los venezolanos y las venezolanas que ha contribuido a la migración masiva de jóvenes estudiantes hacia el exterior del país, o abandono de los estudios por incapacidad de sus familias costearles sus estudios.

Las universidades venezolanas ha hecho y siguen haciendo aportes sustantivos para la solución de la grave crisis nacional económica y social por la que atraviesa nuestro país, ejemplos sobran, para citar uno de ellos podemos mencionar la ejecución en años recientes del Proyecto Paleoarqueológico del Llano del Anís en estado Mérida donde los antropólogos del Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes, institución de la cual formo parte, promovimos la participación comunitaria para la apertura de un parque arqueológico que tenía como finalidad la conservación del patrimonio paleoarqueológico de la nación y el manejo de este patrimonio por parte de la comunidad con fines educativos y de explotación turística.

Entre los aportes más grandes de nuestras universidades para la solución de los problemas del país tenemos los esfuerzos gigantescos, ralentizados por la crisis económica que vivimos y la falta de presupuesto, para formar a los: médicos que día a día laboran en los hospitales públicos venezolanos, odontólogos/as, Licenciados/as en educación, los ingenieros e ingenieras, los/las bioanalistas, farmaceutas, nutricionistas, geógrafos/as, y antropólogos/as, sociólogos/as e historiadores/as que día a día trabajamos en proyectos culturales vinculados a centros urbanos, centros educativos, grupos étnicos, minorías culturales, a la protección del patrimonio histórico y cultural de la nación, a la salud, y todos aquellos proyectos que contribuyen al fortalecimiento de las identidades locales, regionales y de la identidad nacional .

Prof. Roberto López: Uno de los problemas a resolver es el del salario de los universitarios, y de los trabajadores en general. Actualmente el salario mínimo es menos de un dólar mensual. Un profesor titular con 26 años de experiencia y prima doctoral, apenas llega a los cinco dólares mensuales, como es mi caso. Esas escalas salariales son las más bajas de Latinoamérica y probablemente en todo el mundo. Nadie puede siquiera asistir al trabajo con ese salario; tampoco puede alimentarse el profesor ni su familia. No hablemos de adquirir equipos electrónicos indispensables para la docencia, como computadoras y teléfonos inteligentes, además de pagar la mensualidad del servicio de internet, cuyos precios más «económicos» andan por los 20 dólares mensuales.

Por cierto, ese plan tecnocrático de priorizar las carreras de ingeniería tiene muy pocas posibilidades de viabilidad pues no van a encontrar profesores capacitados en el área de ingeniería para dictar los cursos respectivos. Desde hace una década aquí en LUZ todos los concursos para docentes en ingeniería quedan desiertos. Ahora que ni sueldo hay con más razón quedarán desiertos los llamados a concursos docentes en esa área.

A menos que el gobierno recurra a la ya conocida piratería de la que suelen hacer gala hasta por televisión, y habrá que cuidarse de entrar en un futuro a esas construcciones que resulten de esos «proyectos productivos», no vaya a ser que se derrumben.

Hay que resolver la cuestión del financiamiento a las universidades, y particularmente el financiamiento a la investigación en todas las áreas. Como ya dijimos, sin investigación la universidad se equipara a un liceo. Venezuela ha descendido en picada en su capacidad de producción de conocimiento en todas las áreas, y hoy en día estamos muy por debajo de todos los países latinoamericanos. Cuando un investigador no tiene ni para los pasajes para asistir a su lugar de trabajo, pues menos podrá asistir a congresos científicos y cursos de formación dentro y fuera de Venezuela, indispensables para mantenerse actualizado en un mundo global que cada año avanza a pasos agigantados en las ciencias exactas y también en las ciencias sociales.

Hay que garantizar la protección de lo que queda de infraestructura física en las universidades, las cuales han sido prácticamente desmanteladas por los continuos saqueos, primero en 2019 durante los apagones, y ahora en esta larga cuarentena. Aquí en LUZ los saqueadores arrasaron con el edificio del Rectorado viejo, y se llevaron como cien computadoras y otros equipos de las oficinas de recursos humanos y nómina, entre otras; además de saqueos constantes en todas las facultades.. Debe haber sido un saqueo con decenas de participantes y varios camiones, y llama la atención que los cuerpos policiales se enteran es al día siguiente. Además de proteger lo que aún queda de oficinas y laboratorios universitarios, habrá que resolver el nuevo equipamiento de todos los espacios saqueados.

Está la cuestión de la migración juvenil, y la incapacidad de las familias venezolanas de mantener a sus hijos estudiando en las universidades. Por una parte, implica resolver el «salario cero» que condena a la hambruna a casi todos los venezolanos. Por la otra, aprobar becas suficientes para los estudiantes y garantizarles también comedores y transporte.

Hay que decir que si las universidades siguen trabajando es por la voluntad particular de sus profesores y empleados, que trabajamos prácticamente gratis, mientras podamos. Me consta que Lino Meneses ha hecho esfuerzos por continuar publicando la revista de Antropología de la ULA, como también hacen varios profesores que mantienen las revistas científicas de LUZ. Y que en este período de cuarentena por el coronavirus hemos dictado los cursos virtuales que se han abierto (en nuestro caso un intensivo que dictamos en agosto-septiembre), aunque lamentablemente hubo muchos estudiantes que no pudieron cursarlos por no tener computadoras, ni teléfonos inteligentes, y tampoco acceso a internet.

Reiteramos nuestras propuestas del documento publicado de abrir un proceso democrático de reorganización de las universidades venezolanas, con participación de docentes, estudiantes, empleados y obreros, que incluya la realización democrática de elecciones para autoridades rectorales y decanales. Elecciones democráticas que deben realizarse igualmente en la UBV y demás universidades creadas por el gobierno, las cuales se asemejan a los antiguos tecnológicos y experimentales de la cuarta república, instituciones que estaban bajo control absoluto de la burocracia adeco-copeyana y que se caracterizaban por sus bajos niveles académicos. Ciertamente hay sus excepciones, y reconocemos que existe un personal y un estudiantado muy valioso en esas universidades controladas por el gobierno. Lamentablemente el gobierno mantiene allí un clima «organizacional» de represión interna, como lo fue el despido de Manuel Sutherland (economista marxista, además) de la UBV por discrepar de la política económica de Maduro.

Finalizamos reiterando que está en curso una reorganización neoliberal que el gobierno de Nicolás Maduro quiere imponer a troche y moche. Pero que sin lugar a dudas va a encontrar la resistencia de los universitarios que hemos defendido por décadas una educación verdaderamente comprometida con los intereses del pueblo venezolano y el desarrollo soberano de la nación.

___________________________

[i] Roberto López es doctor en Ciencia Política y Magister en Historia. En la Licenciatura de Antropología de LUZ dicta las materias de Historia de Venezuela e Historia de América.

[ii] Lino Meneses, antropólogo, Coordinador del Doctorado en Antropología de la Universidad de Los Andes y Director del Museo Arqueológico de la misma a Universidad.

Pronunciamiento relacionado: Ante la “Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, basado en la Reactivación del Aparato Productivo» Consejo de Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia (LUZ)

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n362405.html

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Brasil – Educación: debate político y alternativas

Noticias
05/07/2019 | Caroline Bahniuk

Nos hemos ido encontrando, cotidianamente en Brasil, con un embate reaccionario a la educación. Son expresiones de esa decadencia ideológica: el hecho que los manifestantes alineados al gobierno arrancaran un cartel en frente de la Universidad Federal de Paraná con la frase “En defensa de la Educación”; la postura del actual Ministro de Educación, por medio de un live en facebook, al explicar los recortes de los gastos en las universidades federales comparándolos con porcentajes irreales utilizando chocolates; o con el propio presidente de Brasil, al conmemorar el golpe militar de 1964 en nuestro país. En nuestros tiempos, lo que parecía retrógrado se volvió dramáticamente actual y el gobierno central ha asumido esa cara perversa de la cual la educación pública es uno de sus principales objetivos.

¿Cómo explicar esas cuestiones? ¿Cuáles son las inflexiones sufridas por la educación pública brasilera en ese contexto? ¿Cuál es su origen y como llegamos hasta aquí? ¿Cuáles son los enfrentamientos y resistenciasa ese proceso? El grado de complejidad de la sociedad actual exige preguntas y respuestas complejas, requieren ciertamente mayores procesos de investigación. A pesar de eso, traemos en este pequeño texto algunas reflexiones y contribuciones de investigadores que se han inclinado en revelar el embate del capital en la educación, en particular, la educación brasilera actual.

Para iniciar la conversación destacamos dos presupuestos. El primero remite a comprender la educación en el contexto de crisis del capital contemporáneo y sus estrategias para garantizar la recomposición de sus tasas de ganancia. El capital en crisis ha desencadenado mundialmente un proceso de ajuste estructural resultando en la destrucción de los derechos sociales, incidiendo en la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores y al mismo tiempo, posibilitando una mayor apropiación privada de los fondos públicos por el capital.

En Brasil ese ajuste fue significativamente acelerado por el golpe parlamentario que destituyó a la presidenta Dilma Rouseff en 2016 y las recientes modificaciones en el campo jurídico formal expresan un momento de síntesis de esas estrategias. En 2017, las aprobaciones de la ley de tercerización permitiéndola tornarla amplia e irrestricta en los contratos de trabajo y de la Reforma Trabalhista (modificaciones en la legislación laboral) provocó una intensa alteración en la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT), asumiendo como la espina dorsal de esa reforma la dominación de lo negociado sobre lo legislado. La tramitación en curso en el Congreso Nacional de la Reforma de la Previsión social, que pretende elevar la edad mínima de la jubilación, el tiempo de contribución y la institución de un régimen de capitalización de la previsión sobre la gerencia del capital financiero, representa un ataque más a la clase trabajadora. Estas transformaciones en el ámbito de los derechos laborales buscan, al fin y al cabo, regular y ampliar la flexibilización del trabajo por medio del empleo parcial, temporal, subcontratado; marcas de la intensa precarización del trabajo en los días actuales. Esos procesos no han sido realizado sin luchas y cuestionamientos por la clase trabajadora.

La segunda cuestión se refiere a las disputas intraburguesas en el capitalismo. Distintas fracciones de la clase burguesa disputan entre si, constantemente, la dirección de la hegemonía a partir de diferentes estrategias para garantizar el proceso de dominación. Esta opresión se altera a lo largo del tiempo y se aprovecha no sólo de distintas formas de convencimiento sino también de la violencia. Para Fontes (2017) hay una frenética ampliación del activismo empresarial burgués en la sociedad contemporánea al mismo tiempo que un encogimiento de la democracia burguesa, por medio de la expansión de las fundaciones sin fines de lucro vinculadas a las empresas. Estas entidades tienen por objetivo no explícito la captura y la transfiguración de las diversas expresiones de las luchas de las clase dominada, operando tanto en el Estado (restricto) como en la sociedad civil en la dirección de mantener la hegemonía capitalista. Tal proceso ha expandido significativamente la privatización de los servicios públicos, en particular de la educación, foco de nuestra reflexión.

Esos presupuestos son esenciales para comprender la educación hoy en día. Conviene señalar que no es de hoy el interés del capital por la educación. A pesar de eso, la reforma empresarial de la educación en curso, desde la década de 1990 en Brasil y también en otros países de América Latina, revela una actuación de la clase burguesa cualitativamente distinta. La referida reforma tiene instituida, sistemáticamente, la lógica empresarial en la educación pública, en sintonía con la reforma neoliberal del Estado, profundizada en tierras brasileras por medio de la Reforma Administrativa iniciada en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) (1995-2000), la cual estimuló una mayor incidencia de lo privado en la educación pública

Desde la década de 1990, los diferentes gobiernos brasileros han dado continuidad al desarrollo de esa reforma en el campo educacional. Las principales características de la reforma empresarial de la educación son: la concretización de alianzas público-privada por medio de la gestión por concesión, la venta de servicios educacionales, el control del proceso pedagógico por evaluación externa, el pagamento de vouchers y/o becas pagas por el Estado para que los estudiantes realicen sus estudios en colegios privados, la venta de materiales didácticos, entre otros (FREITAS, 2018). Estas alianzas concretizan una privatización no clásica, o sea, puede no haber venta de la institución pública en sí, pero ocurrir una privatización interna, más velada. Este proceso acentúa la mercantilización de la educación, con el direccionamiento del gasto público para corporaciones del sector educacional, sobre todo los grandes conglomerados financieros, presentes en mayor volumen en el mercado de la educación superior y en la venta de materiales didácticos (LEHER, 2018).

Para Leher (2018, p. 46) tampoco los gobiernos de coalición petista rompieron con esa lógica a pesar de haber ampliado el acceso a la Educación Básica y superior y haber colocado en pauta algunas políticas de acciones afirmativas importantes: “las eclécticas medidas educacionales del gobierno del PT (2003-2014) fueron armónicas con la agenda del capital”. En ese período hay un crecimiento de la interferencia de la clase empresarial organizada en las políticas educacionales. El ejemplo más emblemático se refiere a la incorporación por el gobierno de la agenda del movimiento Todos por la Educación (TPE) en el Plano de Desarrollo de la Educación (PDE, 2007) por medio de una concepción gerencialista, sustentada por la evaluación y cumplimiento de metas.

El TPE consiste en un conglomerado de grupos empresariales que ocultan su carácter de clase por medio de la filantropía y de la responsabilidad social, presentándose como un movimiento “apartidario” y “plural”, con la finalidad de cobrar y efectivizar mejorías en la calidad de la educación pública brasilera, incidiendo fuertemente en las políticas públicas. Ese organismo revela el carácter inédito de la actuación de los empresarios en la educación en los inicios del siglo XXI orientada a la formación del consenso social, conjuntamente con el crecimiento de las posibilidades lucrativas del empresariado en el sector educacional. El TPE tiene organismos relacionados en diversos países de América Latina, que componen la Red Latinoamericana por la Educación (Reduca). Esos movimientos están sintonizados con los otros organismos supranacionales que formulan e inciden sobre la educación a nivel mundial (Banco Mundial, Unesco, OCDE, Bird, entre otros).

En 2016, en lo que se refiere a las políticas educacionales, se instituyó la Reforma de la Enseñanza Media – decretada inicialmente por Medida Provisoria en 2016 y posteriormente aprobada con ley N.º 13.415/2017 – y la definición de las Bases Nacionales del Currículo Común (BNCC) para la Educación Básica. En los años siguientes apuntaron a restringir la educación al mercado de trabajo o en las palabras de los reformadores: “formar los jóvenes para las competencias y habilidades del siglo XXI”, anclados a la perspectiva falsa del capital humano, donde más educación sería la clave para resolver los problemas estructurales de la sociedad.

La Reforma de Enseñanza Media pretende volver más flexibles a los jóvenes para la variedad de trabajos en un contexto de aumento de desempleo englobando a la juventud de forma más dramática. La nueva Enseñanza Media prioriza las disciplinas de Lengua Portuguesa y Matemática en los tres años de esa etapa de escolarización y deja en segundo lugar los demás componentes curriculares, siendo que los estudiantes deberán elegir un área para profundizar (Lenguajes, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Humanas y Sociales, Técnico-profesional). Hay un fuerte énfasis para el itinerario técnico-profesional en escuelas cada vez más precarias, sin biblioteca ni laboratorios; condición para realizar minimamente esa formación. Por otro lado, hay una abertura todavía mayor para la actuación de las empresas en esa formación, inclusive en la educación a distancia. En gran medida los educadores critican la reformulación de la Enseñanza Media al considerar que frena todavía más el acceso de los jóvenes al conocimiento universal, despreciando principalmente los contenidos de las humanidades (Filosofía, Sociología, Educación, Física y Artes), incluidos de forma subordinada después de diversas reivindicaciones. Otra crítica está en el riesgo de la limitación para continuar los estudios en la educación superior, por la falta de profundización de conocimientos en diferentes áreas. En las palabras de Motta y Frigotto (2017, p. 369), la reforma “condena generaciones al trabajo simple y niega los fundamentos de las ciencias que permiten a los jóvenes entender y dominar cómo funciona el mundo de las cosas y la sociedad humana. Una violencia cínica de prohibición del futuro de los hijos de la clase trabajadora por medio de la oficialización de la dualidad intensificada de la Enseñanza Media y de una escuela vacía, en la perspectiva de Antonio Gramsci”

Conviene recordar que en Brasil la Educación Básica es compuesta por: Educación Infantil (0-5 años), Enseñanza Fundamental (6-14 años) y Enseñanza Media (15-17 años). La Enmienda Constitucional Nº 59 de 2009 amplió la escolarización obligatoria desde los 4 a los 17 años. Sin embargo, en la Enseñanza Media todavía hay enormes restricciones, tanto para el acceso como para la permanencia en esa etapa de escolarización. En 2017 estaban cursando ese nivel de enseñanza 68% de los jóvenes de 15 a 17 (Investigación Nacional por muestra de domicilio IBGE, 2017). Algunos de los jóvenes que no estaban cursando la Enseñanza Media, se encontraban en la Enseñanza Fundamental. Sin embargo parte significativa, en torno del 20%, no estudiaba. En la realidad brasilera muchos jóvenes trabajan (formal o informalmente) para contribuir con los ingresos familiares. Ese número es bien expresivo en las familias más pobres y en gran parte de los casos la necesidad de trabajo acaba limitando los estudios.

Más allá de las reformas citadas, la situación en Brasil se agravó en los últimos años con la ampliación expresiva de movimientos políticos de extrema derecha. Las organizaciones y proposiciones alineadas a esos grupos fueron decisivas tanto en el golpe de 2016, que destituyó a la Presidenta Dilma Rouseff, como en las elecciones de 2018 resultando en el ascenso del presidente Jair Bolsonaro (PSL) alineado a esa concepción. De esos movimientos se destacan según Lamosa (2018) Estudiantes por la libertad (EPL) y el Movimiento Brasil Libre (MBL), entidades brasileras ligadas a las redes internacionales como Atlas Network y Red Libertad 1/.

Brasil307 IIEn el campo educacional, esa vertiente comparte en gran medida la reforma empresarial de la educación – en particular la privatización de la educación pública, el control del proceso pedagógico de la escuela por medio de formación de profesores y estudiantes sintonizada a las habilidades y competencias del mercado de trabajo. Al mismo tiempo, ese grupo reaccionario agrega otras pautas y acciones, dentro de las cuales se destacan: el Proyecto Escuela Sin Partido, la militarización de las escuelas y el homeschooling, los cuales componen la base de las políticas educacionales bajo el gobierno de Bolsonaro 2/.

El Programa Escuela Sin Partido que está en trámite en la cámara de los diputados, como también en diversas cámaras estaduales y municipales, en algunas de ellas ya aprobado, tiene por objetivo vedar una supuesta “doctrinación política e ideológica” en las escuelas y enfatizar el control del profesor responsabilizándolo por la mala calidad de la educación. El Programa defiende que sería posible una escuela “neutra”, apolítica y que no discuta relaciones de género y otras contradicciones sociales, como también enseñe a los estudiantes conforme la convicción de los padres. Se puede percibir un amplio ascenso de criminalización de profesores, inclusive hay incentivos, tanto del Presidente como del actual Ministro de Educación Abraham Weintraub, a que filmen y denuncien a sus profesores.

La militarización de las escuelas se refiere a compartir la gestión de la escuela pública con militares (policías, bomberos y ejército). El Ministerio de Educación estableció en 2019 una subsecretaría de fomento a las escuelas cívico-militares para establecer alianzas con estados y municipios que deseen militarizar parte de sus escuelas. Para Freitas (2018) y Lamosa (2018) hay en esas escuelas una exacerbación de la disciplina rígida y autoritaria en particular en lo que se refiere al control de la conducta moral de estudiantes. Al mismo tiempo hieren la autonomía y la gestión democrática de las escuelas públicas.

El homeschooling o educación doméstica se refiere a la sustitución total o parcial de las actividades escolares por actividades en casa. Por medio de una medida provisoria el Gobierno Federal pretende reglamentar esa práctica en Brasil yendo a contramano del derecho a la educación, al acceso a contenidos universales impidiendo también los procesos de socialización vivenciados en la escuela.

Los recortes y las reducciones de recursos en la educación también ha sido una de las tónicas del gobierno actual. Los recortes en el financiamiento de la educación pública por parte del Ministerio de Educación (MEC) desde el inicio de este año giran en torno a 5 mil millones de reales que representa el 25% de su presupuesto total afectando tanto a la Educación Básica como a la Enseñanza Superior. En la Enseñanza Superior ocurrieron recortes de más de seis mil becas de estudiantes de Posgraduación y una reducción en torno a 30% del presupuesto de las universidades e institutos federales en los gastos discrecionales (utilizados para el pago del agua, luz, políticas de permanencia estudiantil, prestación de servicios [principalmente de vigilancia y de limpieza que son en gran parte tercerizados]). Si no se revierte está situación se inviabilizará el funcionamiento de estas instituciones a partir del segundo semestre.

Los recortes en la educación también han sido utilizados como chantaje para que el gobierno negocie la aprobación de la Reforma de la Previsión social. Para ellos la reducción en la educación es necesaria y con la aprobación de la reforma los recursos podrían volver. En reacción a estas estrategias y acciones políticas de ataques a la educación sucedieron grandes manifestaciones y movilizaciones contrarias a los recortes. La insatisfacción de la comunidad universitaria, de la población en general y de los sindicatos vinculados a los trabajadores garantizó la realización de dos grandes actos los días 15 y 30 de mayo que movilizaron un número muy expresivo de personas en las calles en más de doscientas ciudades brasileras. Esto demuestra el crecimiento exponencial del rechazo al gobierno y sus políticas que más allá del campo educativo han generado un empeoramiento de las condiciones de vida de los brasileros. Estas manifestaciones fueron reconocidas por la clase trabajadora organizada como preparativo para la huelga general que transcurrió el día 14 de junio a favor de la previsión, educación pública y empleo.

Lo que podemos percibir es que hay en curso una tentativa deliberada de privatización y mayor mercantilización en la Enseñanza Superior, de destrucción o reducción masiva de la universidad pública en un contexto donde ya predomina lo privado. Según Leher (2018), 73% de las matrículas de Enseñanza Superior brasilera son en instituciones privadas representando 6,3 millones de estudiantes en esas instituciones y 2,3 millones en las públicas.

En el campo educativo diversas son las luchas y resistencias frente a la reforma empresarial de la educación, a lo largo de todo este transcurrir. Podemos citar algunas: las luchas por la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad; las luchas de Magisterio de la Educación Básica por condiciones de trabajo; las luchas de los estudiantes con la ocupación de las escuelas contra la Reforma de la Enseñanza Media; la lucha del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra por la educación y por la garantía de gestionar colectivamente las escuelas públicas en campamentos y asentamientos de la Reforma Agraria a partir de sus principios filosóficos y pedagógicos, entre muchas otras.

El desafío en marcha implica la articulación de las luchas educacionales entre sí y con un proyecto mayor de transformación social; un proceso de reconstrucción y fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores de Brasil, con vistas a superar la pedagogía del capital y el propio capitalismo, condición puesta para superar la barbarie y la destrucción sin medida del ser humano y de la naturaleza en nuestros días.

Caroline Bahniuk. Profesora y educadora popular. Doctora en Educación por la Universidade Federal de Santa Catarina. Actualmente realiza un Pos-Doctorado en el Programa de Posgraduación en Servicio Social de la misma universidad. Este artículo fue escrito en portugués. La traducción estuvo a cargo de Hemisferio Izquierdo.

3/7/2019

https://correspondenciadeprensa.com/2019/07/03/brasil-la-educacion-y-la-ofensiva-reaccionaria-del-capital/

Notas

1/ Sobre el ascenso de esos grupos de extrema derecha en Brasil ver CASIMIRO, Flavio Henrique. A nova direita – aparelhos de ação política e ideológica no Brasil contemporâneo. São Paulo: Expressão popular, 2018.

2/ Para Lamosa (2018) en los últimos años, en el campo educacional de Brasil se disputan en el interior de la clase burguesa dos frentes: el social liberal y el ultra conservador. El frente social liberal tiene como una de sus grandes expresiones el movimiento Todos por la educación, conforme abordamos anteriormente. El frente ultra conservador disemina un proyecto de criminalización de los profesores y de la escuela. El autor destaca las divergencias entre los dos frentes, sin embargo busca indicar las convergencias que no se encuentran tan aparentes, pero que en el análisis del autor se verifican por la adhesión a los proyectos de ambos frentes, por la presencia de intelectuales en ambos frentes y por el financiamiento, entre otros.

Referencias bibliográficas

FONTES, Virgínia. Hegemonismos e política: que democracia? In: MATTOS, Marcelo Badaró. (Org.). Estado e formas de dominação no Brasil contemporâneo. 1ed.Rio de Janeiro: Consequência, 2017.

FREITAS, Luiz Carlos. A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

LAMOSA, Rodrigo. Todos pela educação? A ofensiva empresarial no interior do Estado ampliado. In: Anais do X Simpósio Estado e Poder: Estado Ampliado. – Niterói, SC: UFF, 2018.

LEHER, Roberto. Universidade e Heteronomia Cultural no capitalismo dependente: um estudo a partir de Florestan Fernandes. Rio de Janeiro: Consequência, 2018.

MOTTA, Vania; FRIGOTTO, Gaudêncio. Por que a urgência da Reforma do Ensino Médio? Medida Provisória n° 746/2016 (lei n° 13.415/2017). Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 38, nº. 139, p.355-372, abr.-jun., 2017.

Fuente de la Información: https://vientosur.info/spip.php?article14958

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La carta presidencial a la CNTE

Educación Futura

Por: Jorge Javier Romero/Educación Futura

Si algo se le debe reconocer al Presidente López Obrador es que ha cumplido puntualmente con algunos de sus compromisos más importantes de campaña. No importa que se trate de disparates, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, o que, como en el caso que aquí me ocupa, su tesón se traduzca en un retroceso a un arreglo que ha llevado a que en México tengamos un sistema educativo oneroso e ineficaz, que da pésimos resultados, ha condenado ya a generaciones enteras, desde hace medio siglo, al analfabetismo funcional y ha impedido que el país forme el capital humano necesario para poder competir en las condiciones de la economía global, que para bien y para mal impera en el mundo.

El candidato López Obrador ofreció cancelar la “mal llamada Reforma Educativa” como base de la alianza electoral que estableció con distintas facciones del sindicalismo magisterial, principalmente con la radical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); ahora, el Presidente López Obrador está cumpliendo con su promesa. Su objetivo es reducir el conflicto magisterial recurrente planteado por la organización gremial que domina en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y parte de Ciudad de México con un discurso cuasi insurreccional, pero que en realidad busca mantener los privilegios ganados por el magisterio como parte del arreglo corporativo de la época clásica del PRI. Para el Presidente de la República es mucho más relevante mantener la gobernabilidad entre el magisterio que mejorar el desempeño del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.

Los sujetos de la acción justiciera presidencial son los profesores, a los que considera agredidos por la reforma neoliberal, no los niños condenados a una formación extremadamente deficiente. Es una cuestión de enfoque: en la medida en la que ni los padres ni los propios alumnos demandan una mayor calidad educativa, lo racional para este Gobierno es desarticular la protesta en el sector que sí se moviliza con estruendo, que paraliza ciudades enteras y deja sin clase a miles de estudiantes en las regiones más pobres del país. Una organización que se aferra a los privilegios heredados y que desde hace décadas se ha apropiado de una buena tajada de rentas estatales, de la cual dispone discrecionalmente para mantener la lealtad y la disciplina de sus agremiados.

La carta de López Obrador a la CNTE es transparente: las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional reciente, la cual fue facilitada por los partidos que impulsaron los cambios de hace seis años, diseñados precisamente para quitarle al sindicalismo magisterial el control del sistema educativo que el régimen corporativo le había escriturado, serán escritas de consuno con los sindicatos y en ellas se reestablecerá el otorgamiento automático de plazas a todos los egresados de las normales públicas, los ascensos no serán más definidos por concursos de méritos, sino con base en la antigüedad, experiencia y tiempo de trabajo, además del reconocimiento del buen desempeño medido no por evaluaciones diseñadas con criterios técnicos, sino por el mucho más amable método de consulta a los compañeros de trabajo, padres y alumnos. Además, promete “federalizar” (léase en realidad “centralizar”) todas las plazas magisteriales.

El proyecto de López Obrador busca un retorno no a la situación previa a 2013, sino al arreglo que prevalecía antes de la fallida reforma descentralizadora de 1992. De hecho, busca recuperar la situación de la década de 1970, cuando en tiempos de expansión demográfica las plazas magisteriales se repartían entre todos los egresados de las normales públicas. Nada le importa al Presidente toda la evidencia de los males que aquel arreglo provocó en el sistema educativo. Los resultados de México en la prueba PISA seguro le parecen sesgados por el neoliberalismo y de nuevo, como en los buenos tiempos del monopolio del PRI, parece querer volver a un sistema educativo cuyo objetivo central era formar capital político, no mexicanos con la formación necesaria para conseguir empleos de calidad.

Me imagino que ahora se estarán llevando un gran chasco quienes vieron en la reforma constitucional de hace unas semanas un éxito que salvaba al menos en parte lo avanzado en 2013, al tiempo que eliminaba los puntos más conflictivos de la fallida reforma, aquellos que hicieron que nunca fuera bien vista por los profesores. Los resquicios abiertos por los cambios constitucionales recién promulgados serán suficientes para que, de nuevo, las plazas y la carrera de los docentes esté controlada por los sindicatos, pues el SNTE no tardará en hacer lo que siempre hace: aprovechar los embates de la CNTE para sacar raja. Las profesoras y los profesores, mientras tanto, seguirán siendo clientelas cautivas de estos sindicatos verticales y nada democráticos, en la medida que sus incentivos seguirán siendo sindicales y políticos, no académicos y profesionales.

Lo paradójico es que la reforma de 2013 contó en su día con un amplio apoyo social y político. Ahora casi nadie ha salido a romper una lanza por lo que entonces se consideró un paso relevante para desmontar el poder corrupto de una de las organizaciones gremiales más poderosas del país, que dispone, tanto en su vertiente tradicionalmente oficialista como en la radical, de manera discrecional de cantidades ingentes de recurso sobre los que no rinde cuentas a nadie y que ha sido el principal obstáculo para que México cuente con un magisterio profesional, bien capacitado y comprometido con la formación de la niñez y la juventud.

La decisión de López Obrador de pactar con el sindicalismo magisterial en términos casi idénticos a los que caracterizaron al arreglo autoritario es tremendamente injusta, porque condena a las generaciones en formación a una educación de mala calidad y porque impide que el sistema educativo sea una palanca para atemperar la desigualdad brutal que define al país. No veo cómo puede ser considerado progresista un proyecto que lo que hace es mirar al pasado con nostalgia y que quiere volver a una arcadia falsa, donde los profesores eran vistos solo como clientelas políticas a las cuales controlar para mantener el poder y no como profesionales especializados de importancia estratégica para el desarrollo.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-carta-presidencial-a-la-cnte/

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La 4t, sin proyecto para la SEP

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Por: Lev M Velásquez Barriga.

 

Los movimientos de transformación latinoamericanos que instituyeron gobiernos progresistas se hicieron acompañar a su vez de procesos educativos; ninguno logró desvincularse por completo de los preceptos hegemonizados mediante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o más recientemente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero sí le imprimieron un sello propio a la educación, recuperando de su historia la tradición liberadora, nacionalista e indígena en algunos casos.

De modo que el ideario pedagógico de José Martí, Simón Rodríguez o de las cosmovisiones de los pueblos originarios andinos se plasmó en las constituciones cubana, venezolana y boliviana, abriendo posibilidades a nuevos aprendizajes más cercanos a las necesidades populares y al fortalecimiento de las rutas para la democratización de cada país.

Sin embargo, la forma en cómo ha evolucionado hasta el momento el proceso fallido para la cancelación de la reforma neoliberal y la construcción de una nueva propuesta educativa, luego de 100 días de la llegada de este gobierno que se autoproclamó como la Cuarta Transformación de la vida nacional, como la síntesis de las luchas históricas del pueblo mexicano por su independencia, su autonomía y su emancipación social, podemos decir que no han aportado nada propio en la educación básica y ni siquiera transcendente en nuestro país que dé continuidad a ese ciclo de transformaciones profundas.

Lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados es un síntoma de esta falta de proyecto propio y de compromiso histórico. El titular de la Secretaría de Educación, las y los legisladores de lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia están pactando con la derecha parlamentaria una reforma educativa que sería aprobada sin mayores compli-caciones en el pleno legislativo; el planteamiento de decreto de la reforma castra su propia propuesta de Cuarta Transformación que se había convertido en el sello narrativo de la política del nuevo gobierno.

La iniciativa de origen del presidente López Obrador pretendió introducir al texto constitucional que el objetivo del derecho a la educación sería el bienestar social y no la calidad como versa la ley vigente; sin embargo, en el acuerdo PT-Morena con los partidos del Pacto por México se niega lo que hubiera sido su aportación a la educación nacional y afianza el concepto de educación de excelencia, parafraseando la noción de calidad que ya se encuentra en la Constitución actual y desechando la recomendación de varios académicos de las instituciones más importantes del país que hicieron público su rechazo a ese término en las sesiones del parlamento abierto.

Los congresistas de la Cuarta Transformación no sólo están traicionando su proyecto, sino que además están aceptando reproducir y mejorar los dispositivos de la educación neoliberal. No quiero desestimar la propuesta para desvincular la evaluación de la permanencia, lo cual me parece un importante avance, pero sí señalar que, distinto a la iniciativa del jefe del Ejecutivo federal, están acordando mantener en el artículo tercero el régimen de excepción laboral para los maestros, como no se había hecho con ninguna otra profesión en el país.

Sobre el ente descentralizado para sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que aparece en el proyecto de decreto de la reforma educativa, no sólo es que cambie de nombre, además se refuerza y amplían sus funciones para adentrar y avalar a las instituciones privadas en el negocio de la certificación educativa; por un lado garantiza su independencia del gobierno sin que necesariamente se haga referencia a su total autonomía y por otro abre nuevos espacios en su estructura orgánica para la intromisión directa de los mercaderes de la educación.

Llama la atención que la derecha parlamentaria asegura su participación decisiva para negociar el nombramiento de los integrantes del nuevo instituto, que para ser elegidos tendrían que contar con el aval de dos terceras partes del Senado

Así anularían las potencialidades que tendrían los congresistas de la Cuarta Transformación contando con mayoría relativa.

En lo que respecta a las responsabilidades del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Educación, tampoco han realizado cambios sustanciales; las medidas anunciadas por Esteban Moctezuma Barragán en su mensaje a la última reunión mensual de los Consejos Técnicos Escolares resultaron tibias y conservadoras; ciertamente la reducción de la carga administrativa es una cuestión necesaria, no obstante impera ahí una lógica eficientista y no un cambio de rumbo de la educación. Lo mismo sucedió con los programas gubernamentales que acompañaron la reforma de Enrique Peña Nieto y que en la actualidad siguen avanzando ¿Dónde están los nuevos programas de educación básica para el bienestar que desplazarían a la educación de calidad?

Para concluir, reitero lo que dije en este mismo espacio de La Jornada hace dos meses, pero con mayor urgencia porque los tiempos para aprobar un nuevo artículo tercero están encima: sin la reanimación de las voces críticas y de las fuerzas democráticas opositoras a la reforma educativa neoliberal, el gobierno y los legisladores del Cuarta Transformación definirán el rumbo de la educación con la derecha parlamentaria y con la OCDE a espaldas de lo que se expresó en las urnas, en los foros de consulta y ahora en el parlamento abierto.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2019/03/17/opinion/007a1pol

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Argentina: Los Simpson contra el Operativo Aprender

Noticias

América del Sur/Argentina/www.laizquierdadiario.com/Por: Hernán Cortiñas

Entre la docencia se está viralizando el capítulo “Cómo se ganó la prueba”, en donde se critica fuertemente el impacto de las evaluaciones estandarizadas como las que está impulsando Esteban Bullrich.

La familia animada más famosa del mundo está trayendo más de un dolor de cabeza para los planes del ministro nacional de Educación, Esteban Bullrich. Esta serie, que está en el aire desde 1991, se caracteriza por realizar una mordaz crítica al modo de vida estadounidense. Como no podía ser de otra forma, han abordado críticamente los sistemas de evaluaciones estandarizadas que se vienen implementando en EE.UU. desde hace años.

El capítulo en cuestión es el número 11 de la 20va temporada, titulado “Cómo se ganó la prueba”. En el mismo se reflejan satíricamente las nefastas consecuencias de la ley No Child Left Behind (NCLB), impulsada por el ex presidente George W. Bush, sancionada en el año 2002 y derogada en el 2015 por las protestas de familias y trabajadores de la educación.

De acuerdo con esta ley, los estudiantes de las escuelas estadounidenses debían pasar regularmente exámenes estandarizados. A su vez, en caso de “malos” resultados, se estipulaban una serie de reformas disfrazadas de “asistencia técnica”, pero que incluían desde la pérdida de fondos hasta el remplazo de todo el personal y la conversión en escuela charter o privada. El capítulo en cuestión muestra cómo estas evaluaciones estandarizadas y punitivas, en lugar de mejorar la educación, generan estrés y vaciamiento de la enseñanza en los establecimientos educativos.

Como era de esperar, se utiliza el personaje de Bart para parodiar la estigmatización que sufren los estudiantes con malos resultados. Por su parte, la profesora Krabappel, Skinner y el inspector Chalmers, dan cuenta del estrés docente y de cómo se adapta la enseñanza al adiestramiento para la resolución de exámenes de opción múltiple. De principio a fin, una gran clase animada de por qué no se debe imitar el sistema educativo norteamericano.

Además de viralizarse entre docentes, este capítulo está comenzando a usarse en varios establecimientos educativos para iniciar el debate con las familias y los estudiantes sobre las consecuencias, a largo plazo, de las reformas educativas basadas en evaluaciones estandarizadas. La creatividad docente y la organización por abajo está comenzando a minar los planes neoliberales de Cambiemos.

Importando recetas que ya fracasaron

En la Argentina, con el Operativo Aprender, pretenden comenzar a implementar una serie de reformas en este sentido. El Banco Mundial, su principal impulsor e ideólogo, recomienda ir paso a paso, de la mano de campañas mediáticas como la que está desarrollando Clarín, para imponer estas reformas “con la menor resistencia posible”. El primer paso recomendado es el desarrollo de pruebas estandarizadas censales, es decir para todos los estudiantes de determinado año o grado. Recién luego de instalar una “cultura de la evaluación” en las escuelas, es decir después de vencer la resistencia de docentes, estudiantes y familias, recomiendan la incorporación de premios y castigos.

El impacto de este tipo de evaluaciones puede ser muy fuerte si se aplican masivamente. Un riesgo es la publicación de sus resultados, especialmente cuando se hacen ordenamientos de escuelas basados en los puntajes obtenidos por los alumnos, dejando de lado el contexto de cada una. Esto genera una tendencia a una mayor fragmentación del sistema educativa, profundizando las desigualdades.
Pero las críticas no terminan ahí. Incluso defensores de las evaluaciones externas como James Popham señalan que “aspectos importantes del currículo se están haciendo a un lado, porque no son medidos por las pruebas”. Eso sin tener en cuenta la diversidad cultural que es negada e incluso menospreciada en evaluaciones con una lógica estandarizada.

Diane Ravitch, una de las responsables de implementar las evaluaciones externas en EE.UU., considera que el sistema de evaluaciones externas fracasó: “observando los efectos concretos de estas políticas, cambié de opinión: ahora considero que la calidad de la enseñanza que reciben los niños es más importante”. También advirtió que “si logran quitar a los maestros el derecho de negociar el contrato colectivo, silencian sus voces, con ello eliminan la única fuerza que puede detenerlos. Eso deja el camino abierto para recortar fondos y para entregar más escuelas públicas a las cadenas de escuelas chárter”. Asimismo, Ravitch, en un artículo en The Daily Beast, pronosticó que “en los próximos años, los alumnos estadounidenses serán sometidos a más y más exámenes, la industria de los exámenes engordará”. Un negocio redondo, a costa del derecho a la educación.

Que el rechazo a la evaluación se transforme en lucha por la educación pública

Ante el intento de reformas por evaluaciones externas es necesario contraponerle la lucha por una mejor educación pública, partiendo del reclamo de un aumento inmediato del presupuesto educativo al 10 % del PBI, para implementar un plan de construcción de escuelas que garanticen el derecho a la educación desde los 45 días y reformar la jornada laboral docente a 6 horas, con un salario mínimo igual a la canasta familiar y un tope de 4 horas frente al curso, destinando el resto del tiempo a tareas de corrección, preparación de clases y capacitación en servicio. Sólo así podremos garantizar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje necesarias para mejorar la educación pública.

Por todo esto, es imperioso rechazar el Operativo “Aprender 2016” y lograr su anulación. Para ello, es preciso tomar el plan de lucha en nuestras manos, desarrollando un fuerte y profundo debate y exigir desde cada asamblea de escuela, distrital o provincial a la conducción de Ctera un paro nacional de 48 horas. el próximo 18 y 19 de octubre para derrotar de una vez las reformas neoliberales de Macri y el Banco Mundial.

Tomado de: http://www.laizquierdadiario.com/Los-Simpson-contra-el-Operativo-Aprender

 

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