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La izquierda pro Maduro abandona a su suerte a los trabajadores y el pueblo venezolanos

Por: Ana Carvalhaes | Luis Bonilla-Molina

A diferencia de lo que viene ocurriendo desde hace 25 años con las elecciones en Venezuela – y ya van decenas desde la victoria de Hugo Chávez en 1998 – esta vez, tras la votación del 28 de julio, la amplia izquierda latinoamericana, incluida toda la base del “progresismo”, se ha dividido de arriba abajo. Un sector cada vez más pequeño, pero todavía numeroso y lleno de intelectuales, se hace eco del argumento del Foro de São Paulo[1], según el cual, para salvar a Venezuela y a la región del imperialismo estadounidense, es necesario apoyar al gobierno de Nicolás Maduro a cualquier coste. Este coste, por supuesto, incluye la posibilidad de que, a diferencia de épocas anteriores, Maduro no haya ganado las elecciones porque, después de todo, hasta ahora se ha negado a comprobar su victoria.

Según esta lógica, basada más en la geopolítica clásica que en el marxismo, no sólo todo vale, sino que es necesario para no “entregar” el poder (y el petróleo) venezolano a la “derecha”. Según esta lógica geopolítica, el hecho de que Nicolás Maduro gane o pierda las elecciones es secundario frente al imperativo nacionalista “progresista” de impedir que el imperialismo estadounidense, encarnado por el candidato opositor Edmundo González, se instale en el Palacio de Miraflores y ponga así en peligro la propiedad estatal de PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), dueña de una de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta. Un sector de estos neomaduristas, es cierto, se concentra menos en el petróleo y más en la tragedia de reconocer la derrota de Maduro, visto como un izquierdista, en un contexto de avance de la extrema derecha en el mundo y en la región. Para todos ellos, sin embargo, no habría otra salida que apegarse a Maduro. Ni siquiera una negociación entre las dos partes de la disputa venezolana, como proponen Lula y Gustavo Petro, probablemente para buscar una división de poderes entre los dos lados, con alguna garantía para las libertades democráticas y alguna protección a la integridad de PDVSA.

La historia, los hechos no importan

A modo de recordatorio, ¿cuál es la línea que marca la diferencia entre derecha e izquierda: el discurso o la acción? Ciertamente, Maduro mantiene una gramática discursiva con verborrea de izquierda. Dice que su gobierno es una “alianza militar-policial-popular” antiimperialista y por el socialismo. Necesita legitimarse interna y externamente como sucesor de Chávez, cuando lo único que ha hecho es hacer retroceder los logros y el legado de los años de avance del proceso bolivariano. Más allá de las apariencias, lo cierto es que su política desde 2013 ha sido alentar el enriquecimiento de un nuevo sector empresarial en el país y, como Bonaparte, negociar entre las distintas fracciones de la burguesía venezolana, nuevas y viejas (con excepción de la más vinculada a la ultraderecha yanqui, que es María Corina Machado y Edmundo González) para mantenerse en el gobierno.

En una trayectoria abiertamente autoritaria, Maduro siempre ha favorecido a los sectores empresariales, en particular a los servicios de la industria petrolera, ampliamente distribuidos en la cúpula de sus fuerzas armadas y policiales. (e ahí la “alianza…”) De hecho, nunca ha dejado de favorecer a diversos sectores empresariales, viejos y nuevos, en particular a aquel de los servicios a la industria petrolera, cuyos dividendos alimentan a la nueva burguesía y una porción es distribuida a las cúpulas de sus fuerzas armadas y policiales. Más de 800 carros de alto lujo fueron decomisados solo al centenar de involucrados en la mega corrupción PDVSA-cripto descubierta en 2023, que es solo un reflejo de la situación de deterioro moral de la dirigencia gubernamental.[2]

Incluso bajo el intenso fuego de las sanciones estadunideneses contra Venezuela – que vienen de la administración Obama, pasaron por Trump y se flexibilizaron con Biden – Maduro nunca ha dado ningún paso para enfrentar al sistema financiero globalizado y sus apoyos internos. Ha venido destinando una parte sustancial del menguado presupuesto nacional a la banca privada para garantizar la venta de divisas a empresas privadas y rentistas, lo que se convierte en una política de subsidio y favorecimiento a los ricos[3]

Al mismo tiempo (desde el decreto 2792 de 2018), prohíbe las huelgas, la presentación de reivindicaciones, el derecho de la clase trabajadora a movilizarse, la organización y legalización de nuevos sindicatos, mientras persigue y envía a prisión a los dirigentes sindicales que cuestionan las prácticas internas de las empresas, o simplemente piden un aumento salarial y un seguro de salud. Este fue el caso de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la mayor concentración del proletariado en Venezuela: tras movilizarse por salarios y beneficios entre junio y julio de 2023, fueron víctimas de una intensa represión. Leonardo Azócar y Daniel Romero, delegados sindicales, están encarcelados desde entonces[4].

El “antiimperialismo” de Maduro y su entorno no le impide ahora entregar el petróleo que necesita EE UU a través de Chevron y otras grandes empresas extranjeras (como Repsol), en un contexto en el que el Tesoro de EEUU les autoriza a extraer el oro negro venezolano, prohibiendo a sus empresas pagar impuestos y regalías a Venezuela[5]. La aceptación de estas condiciones neocoloniales muestra los límites del antiimperialismo madurista.

Las sanciones contra Venezuela se han flexibilizado con Biden (presionado por la guerra en Ucrania), pero Maduro sigue manteniendo el discurso de que todo es culpa de las sanciones, como pretexto para avanzar en un ajuste estructural que afecta fundamentalmente a quienes viven de su trabajo. En términos políticos, dentro de Venezuela, el discurso de las sanciones norteamericanas (reales, concretas y detestables) ha perdido su eficacia política frente al ostentoso y lujoso estilo de vida de quienes hoy gobiernan el país.

La clase obrera como elemento accesorio

El análisis de la situación de la clase obrera venezolana como base del análisis de izquierdas ha sido sustituido por la moda de la “geopolítica del petróleo”. Esta geopolítica binaria sólo ve la contradicción entre el imperialismo y el Estado venezolano (sin duda una contradicción importante en la realidad). No tiene suficiente dialéctica para tomar en cuenta, en un escenario de múltiples contradicciones, la situación material y política de la clase trabajadora, sus aspiraciones y opciones. Es como si se tratara de una cuestión accesoria, o de una contradicción secundaria. El “mantra” de los pro Maduro para omitir el análisis de clase es evitar que la derecha llegue al poder, ignorando que Venezuela tiene un gobierno que aplica las recetas económicas estructurales de la derecha, sólo que con retórica de izquierda.  Bastaría hablar con los trabajadores (no con la burocracia patronal de la CBST) de Sidor, PDVSA, maestros y profesores universitarios para ver la terrible situación material en que viven (salario mínimo de 4 dólares mensuales, salario promedio de 130 dólares mensuales, compuesto de 80% de bonus), en medio de la peor pérdida de libertades democráticas en décadas para su organización, movilización y lucha.

Los nuevos geopolíticos del progresismo están poniendo el tema de las elecciones del 28J en la agenda de los grandes medios de comunicación internacionales (CNN, CBS y otros), sólo que en la acera de enfrente. No defienden los intereses de María Corina Machado y Edmundo González, sino los de Maduro y la nueva burguesía, con el falso axioma de que Maduro es igual a la clase obrera, sin analizar cuáles han sido las políticas antiobreras y antipopulares de Maduro. Caen en la trampa del “fetichismo legal” al limitar su análisis de la situación a los resultados de las elecciones, sin cualquier criterio de clase. No se trata sólo de que Maduro y el CNE no hayan demostrado qué cuentas hicieron para darle la victoria al presidente en las elecciones del 28 de julio, sino de cómo esta situación afecta a la estructura de las libertades democráticas concretas en las que operan y sobreviven los e las trabajadoras.

Si no hay transparencia y legitimidad en las elecciones nacionales, en las que los candidatos inscritos representaban diferentes matices de los programas burgueses, es difícil pensar en restaurar las libertades democráticas mínimas que la clase obrera necesita para defenderse de la ofensiva del capital sobre su trabajo (derecho a salarios dignos, derecho a huelga, libertad de asociación, libertad de movilización, de expresión de opiniones y de organización en partidos políticos). A la clase obrera le interesa fundamentalmente cómo la situación tras el 28J permite o restringe, a corto plazo, las libertades que necesita para expresarse como clase explotada. Pero esta contradicción no entra en la lógica y el discurso de la nueva geopolítica progresista.

Omisiones y silencios comprometedores

Poco importa a estos “progresistas” que haya habido represión a la organización sindical y política de los trabajadores y el pueblo[6], ni que Maduro haya impedido que cualquier sector a la izquierda del PSUV participara en las últimas elecciones del país -¡incluso a costa de infiltrar, judicializar y atacar a la dirigencia del Movimiento Electoral Popular (MEP), el Partido Patria Para Todos (PPT), los Tupamaros y el propio Partido Comunista de Venezuela (PCV) para intervenir en él![7] Los partidarios de Maduro no mencionan que después del 28 de julio, el gobierno intensificó la represión, ya no contra la clase media, sino principalmente contra la clase obrera, enviando a prisión a cerca de 2.500 jóvenes con una retórica de reeducación, lo que significa someterlos a vejatorios rituales públicos de lavado de cerebro.

Guardan silencio sobre la construcción de dos prisiones de máxima seguridad para quienes sean sorprendidos protestando o incitando a protestar en las redes sociales. Ignoran el encarcelamiento de varios políticos de la oposición y las amenazas directas proferidas en televisión a otros, como hizo el “ministro del martillo”, Diosdado Cabello, al ex alcalde de Caracas Juan Barreto[8], o a Vladimir Villegas, hermano de la ministra de Cultura y presidente de una comisión parlamentaria. Si la amenaza a las personalidades públicas es así, es peor en los territorios de las personas corrientes que no son figuras mediáticas. Recientemente, hemos visto el despliegue de fuerzas de seguridad vestidas de civil para amenazar a activistas, como ocurrió el sábado 10 de agosto contra Koddy Campos y Leandro Villoria, líderes de la comunidad LGBTQI en Caracas. Como vimos en los días siguientes en el tradicional bastión chavista del 23 de febrero en Caracas, donde las casas de los activistas fueron marcadas con una X de Herodes por funcionarios del gobierno para asustarlos ante la posibilidad de manifestaciones.

La izquierda geopolítica guarda silencio sobre el número de muertos tras el 28J (cerca de 25, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales), extendiendo la narrativa de que sólo fueron derechistas. Esto no sólo es falso, sino que constituye un retroceso en las conquistas de derechos humanos logradas en los períodos post-dictadura en la región.

El progresismo geopolítico replica el espejismo de un gobierno popular que ya no existe, que ha sido borrado por el transformismo y las políticas antiobreras de Maduro. Parecen pedirle a la clase trabajadora venezolana que luche por sus derechos sólo en el marco que Maduro permite, para poder alimentar, desde afuera, la utopía que no pueden construir en sus propios países. Este progresismo no ve que el crecimiento de la candidatura de derechas es el resultado de proscribir y negar la posibilidad de una alternativa por la izquierda. El éxito electoral del binomio Machado-González es en buena medida el resultado de los errores políticos del madurismo.

¿Y el petróleo?

Todos los graves hechos mencionados son considerados por los partidarios de la “victoria” de Maduro como “detalles formal-democráticos” secundarios ante el peligro de tener de nuevo a la “derecha escuálida” en el gobierno venezolano.  El razonamiento está tan desprovisto de criterios de clase como de un seguimiento básico de la realidad del país.

Desde noviembre de 2022, en el marco de la guerra en Ucrania, el Secretario del Tesoro de EE UU autorizó a Chevron a explorar y exportar petróleo venezolano, con la condición de no pagar impuestos ni regalías al gobierno venezolano, lo que constituyen condiciones neocoloniales que ni siquiera se conocían en los gobiernos anteriores a Chávez y que han sido aceptadas por Maduro. Desde entonces, Venezuela ha vuelto a ser un proveedor estable de petróleo para Norteamérica. Esto explica la delicadeza de las posiciones de Biden y la larga espera de los esfuerzos de la tríada progresista Lula, Petro, AMLO (de la que AMLO se retiró la semana pasada).

Hay que tener cuidado al hablar del embargo de EE UU a Venezuela. Hay embargos y embargos. El que afectó a alimentos, medicinas y repuestos para autobuses y coches que movían al pueblo, contribuyó decisivamente al éxodo de cuatro a cinco millones de trabajadores. Pero Venezuela de los de arriba ha conseguido convertirse en el sexto proveedor de petróleo de Estados Unidos, superando a países como Reino Unido y Nigeria[9], sin que los nuevos ingresos de esa “apertura petrolera” hayan mejorado para nada las condiciones materiales de vida del pueblo.

Lo que está en juego en Venezuela es qué sector de las clases dominantes – ya sea la vieja y escuálida burguesía oligárquica o los nuevos sectores empresariales vinculados a los “militares bolivarianos”, enriquecidos bajo Maduro – controla el negocio del petróleo. Así que es una disputa por ver quién se queda con la parte del león de la renta petrolera. Cualquiera de ellos garantizará el suministro geoestratégico de petróleo a las potencias capitalistas occidentales y restringirá cada vez más la distribución de la renta petrolera al pueblo – porque eso es de la naturaleza económico social de los sectores capitalistas, en un contexto en que la naturaleza del Estado monoextractivista exportador de fósiles no ha sido tocada por el proceso bolivariano. Es ingenuo y mal informado imaginar a un Maduro con programa y coraje suficiente para enfrentar los planes imperialistas de volver a colocar en el mercado mundial el petróleo que Venezuela puede producir – va a permitir y ganar con eso. Es un enorme error, en nombre de una supuesta soberanía, que seria garantizada por Maduro, hacer la vista gorda ante la creciente tendencia autoritaria del régimen contra los trabajadores y el pueblo descontentos.

Trágico es también, dicho sea de paso, que los geopolíticos maduristas sigan creyendo que la salvación de Venezuela viene de lo que es, en realidad, su maldición histórica: su riqueza petrolera. Algo que incluso el gran desarrollista brasileño Celso Furtado, sin ser socialista ni ecologista, ya señalaba como un gran problema para el país en el que vivió en los años 50.

¿Hay salida?

Está claro que la fuerza adquirida por la oposición de derecha, que ya fue derrotada en las urnas varias veces por Chávez y una vez por Maduro, y que ahora tiene a la cabeza a su ala más extremista, la oligarca Maria Corina Machado, es una tragedia. Una tragedia aún mayor es el hecho de que esta extrema derecha haya podido ganar o estar muy cerca de ganar las elecciones, no hay otra razón para la insistencia de Maduro en negar los resultados y reprimir tan duramente al pueblo. Precisamente por eso, porque una solución pacífica es difícil y simplemente entregar el gobierno a este sector es difícil de digerir, el camino para evitar el “baño de sangre” con el que ambos bandos amenazan a Venezuela puede ser el indicado por los gobiernos de Brasil y Colombia: presentación de los resultados, negociaciones entre ambos lados, en primer lugar con el propio Maduro (el grupo de gobiernos se niega a dialogar y a revisar los resultados de la oposición). Si bien es posible esperar que se garanticen libertades democráticas mínimas, liberación de presos políticos, cese de la represión, amplia libertad sindical y partidaria, también es posible negociar cláusulas de protección a PDVSA.

En este momento, apoyar la salida negociada propuesta por Colombia y Brasil – que cuenta con el apoyo de Chile y el repudio, por supuesto, del dictador Daniel Ortega – es la política correcta, porque es mucho más prudente, más oportuna y mucho más favorable a los trabajadores y al pueblo del país. Esta política, en contradicción con un régimen cada vez más autoritario, que reprime a los jóvenes, a los sindicalistas y a los opositores de izquierda, es menos ingenua y burocrática que limitarse a avalar las irregularidades y arbitrariedades del gobierno. Por un lado, permite argumentar que la extrema derecha no debe trocear PDVSA y los pocos logros sociales que quedan. Por otro lado, no parte de la premisa equivocada de que Maduro y su séquito militar-policiaco burocrático-burgués garantizarán la “soberanía” venezolana sobre cualquier cosa.

Soberanía nacional y soberanía popular

El progresismo latinoamericano, al igual que el tercermundismo y la izquierda estalinista, utiliza el término soberanía amalgamando dos acepciones diferentes: soberanía nacional y soberanía popular. Por supuesto, la soberanía nacional suele ser una condición para el pleno ejercicio de la soberanía popular. El problema es que los más diversos regímenes (y movimientos de opinión), tanto progresistas como regresivos, se apropian de la defensa de la soberanía nacional frente a la presión del mercado mundial y del imperialismo.

La soberanía nacional estuvo en el centro de los movimientos anticoloniales y de independencia nacional, así como de los populismos de desarrollo nacional del siglo XX. Pero está en el centro de la defensa de dictaduras militares (como las del Cono Sur latinoamericano en la década de 1960), dictaduras teocráticas (como la de Irán), burocracias estatales y, como vemos con Modi y Trump, gobiernos de extrema derecha. Sí, la defensa de la soberanía nacional e incluso los enfrentamientos con el imperialismo pueden llevarse a cabo bajo regímenes muy regresivos. Así, la defensa de la soberanía nacional solo tiene sentido en conjunción con la defensa de la soberanía popular, la autoorganización democrática de las masas, la conquista de libertades y derechos que fortalezcan el bloque histórico de las clases trabajadoras, que pueden construir alternativas al capitalismo global y a los imperialismos que lo estructuran.

Del mismo modo, tras las experiencias estalinistas del siglo XX, no podemos identificar mecánicamente a los pueblos con sus dirigentes políticos, que pueden o no representarlos, en una relación siempre dinámica. Cuando esta relación se rompe -como se ha roto o se está rompiendo en Venezuela- las libertades democráticas se convierten en un punto de apoyo fundamental para cualquier lucha por la soberanía, tanto popular como, por cierto, nacional.  Por lo tanto, no habrá fuerzas que garanticen la soberanía de Venezuela sobre su territorio y sus riquezas sin la recuperación de la soberanía popular.

¿No es importante la democracia?

Los regímenes democrático-burgueses no son el régimen al que aspiramos estratégicamente los socialistas: soñamos y luchamos por construir organizaciones democráticas de base, democracia directa, poder popular -como embriones de una nueva y más vital forma de democracia, ejercida por los trabajadores y sectores populares- en los procesos de la ofensiva revolucionaria. Pero, ¿es tan despreciable la democracia formal que nos importan un bledo las elecciones, que nos eduquen, con resultados amañados?

En un mundo cada vez más amenazado por una constelación de fuerzas de extrema derecha, la lucha es y será por mucho tiempo por la defensa de las libertades y los derechos democráticos, incluso de las instituciones de los regímenes democrático-burgueses frente a los embates de la extrema derecha – como ya lo hemos vivido con Trump, Bolsonaro, Erdogan, Orbán, etcétera. ¿Cómo queda una izquierda que desprecia la democracia hasta el punto de avalar la manipulación de las elecciones, frente a los pueblos y trabajadores del mundo y en países (cada vez más) donde la lucha contra la extrema derecha es vital? ¿Cómo van a resolver esta contradicción? O ¿esta igualmente es una contradición más que no importa?

Sectores que se autodenominan de izquierdas y avalan regímenes represivos también lo están haciendo muy mal, desde el punto de vista estratégico, en el necesario proceso de construcción política, teórica y práctica de una nueva utopía anticapitalista, capaz de volver a encantar a amplias capas de la juventud, de las mujeres, de los que viven del trabajo y de los pueblos oprimidos. Una nueva izquierda anticapitalista de masas debe ser democrática, independiente y enfrentarse a modelos autoritarios, o no será.

Pero queda una pregunta que debería ser más importante que todas para cualquier militante y organización socialista en América Latina y el mundo: ¿cómo nos vemos ante los ojos y expectativas de los trabajadores, el pueblo y lo que queda de la izquierda no burocrática en Venezuela? ¿Serán abandonados a su suerte aquellos sectores a la izquierda del PSUV, o críticos ocultos dentro del propio PSUV, hoy fragmentados, perseguidos, algunos presos, muchos en plena actividad contra la represión del gobierno[10]? Por nuestra parte, apoyar sus luchas, alentar su unidad para resistir, ayudarlos a sobrevivir y respirar es la tarea internacionalista prioritaria. Todo lo demás que no les tenga en cuenta puede ser geopolítica, pero internacionalismo no lo es. Al fin y al cabo, la única garantía estratégica de una Venezuela soberana, de mejores condiciones de vida y trabajo, de reorganización y poder popular a medio plazo, está en manos de aquellos sujetos sociales y políticos que protagonizaron los años dorados del proceso bolivariano y no en manos de los sepultureros del proceso.

Ana C. Carvalhaes es periodista, máster en Economía Política Internacional y miembro del PSOL. Luís Bonilla-Molina es profesor universitario, pedagogo crítico y presidente de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada.

[1] Amplia unión de partidos de izquierda, creada por el PT en 1990 y hoy formada por más de 100 organizaciones, entre ellas el Partido Comunista de Cuba, el partido de Ortega en Nicaragua, Evo Moralez y su partido MAS en Bolivia. El Frente Amplio uruguayo lleva más de un año distanciándose de Maduro. Ahora, Lula, Petro y López Obrador han “dividido» definitivamente el bloque.

[2] Una malversación de fondos de PDVSA estimada en 15.000 millones de dólares derribó al presidente de la empresa estatal y ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, el pasado mes de abril. Véase https://g1.globo.com/mundo/noticia/2024/04/09/ex-vice-presidente-de-nicolas-maduro-na-venezuela-e-preso.ghtml

[3] Sobre la política económica de Maduro y su relación con los sectores empresariales del país, ver: https://nuso.org/articulo/venezuela-elites-Maduro-fedecamaras/

[4] https://www.aporrea.org/trabajadores/n393080.html

[5] Estas son las condiciones establecidas por la llamada Licencia 44, con la que la administración Biden, en octubre de 2023, volvió a permitir la venta legal de petróleo venezolano a empresas privadas estadounidenses y extranjeras.

[6] Ver el artículo de Bonilla sobre el tema en: https://luisbonillamolina. com/2024/07/25/las-elecciones-presienciales-en-venezuela-del-28j-2024-una-situacion-inedita/ “El decreto 2792 de 2018 que elimina las contrataciones colectivas y el derecho a huelga, el instructivo ONAPRE que desconoce los derechos adquiridos de una parte importante de los empleados públicos, trabajadores de la educación, la salud y otros sectores, forma parte de una medida natural de contención y de una difusión de coincidencias entre la nueva y la vieja burguesía, para avanzar en acuerdos con amplios sectores del capital nacional y sus representaciones políticas.”

[7] El Partido Comunista de Venezuela fue intervenido e impedido de lanzar candidatos en agosto de 2023.

[8] Diosdado Cabello presenta un programa de televisión en el que condena a los desleales como traidores y los aplasta con un enorme martillo. No, no se trata de un cuento de realismo fantástico latinoamericano.

[9] https://www.brasildefato.com.br/2024/06/03/eua-compram-cada-vez-mais-petroleo-de-caracas-enquanto-enquanto-dificultam-vendas-venezuelanas-para-outros-paises

[10] Aqui, três dos setores que conformam essa esquerda fora do PSUV: https://www.aporrea.org/actualidad/n395391.html#google_vignette

[VIDEO] Organizaciones políticas, sociales y sindicales exigen auditoría y proponen creación de un frente democrático-popular

Venezuela: manifesto por uma outra campanha 

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México: Marcha Sección 22 en repudio a la represión del Gobierno

Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) convocaron a sus bases a participar en una marcha masiva en repudio por las agresiones de los gobiernos federal y estatal durante su jornada de lucha.

Los mentores salieron este 5 de junio desde el crucero de la ex Ieepo a las 09:00 horas en repudio total de la represión en la Ciudad de México y en la ciudad de Oaxaca por parte del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal al MDTEO.

Y es que un día anterior al estar dando seguimiento a las mesas de negociación con el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron agredidos por un grupo de granaderos en la Ciudad de México.

De igual manera, en Oaxaca durante su jornada de lucha al estar bloqueando el acceso al aeropuerto y la Base Aérea Militar ubicada dentro de la comunidad de San Juan Bautista La Raya fueron enfrentados por los pobladores.

Los mentores acusaron que un grupo de integrantes del sindicato de transportistas fueron los agresores y no gente de la población. Durante la marcha los maestros deslindaron al pueblo de San Juan Bautista La Raya “Le decimos al pueblo de La Raya (San Juan Bautista) que no fueron directamente los responsables; hoy, hay responsables y tienen nombres”.

Fuente de la información e imagen:  https://www.ejecentral.com.mx

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10 días de paro indefinido en Guatemala; la justicia y el gobierno amenazan con represión

Por: Noelia Carrazana

Guatemala está en Paro Indeterminado desde hace 10 días, inicialmente el paro fue convocado por líderes indígenas para terminar con la renuncia de de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchinche y el juez Fredy Orellana quienes han sido acusados de querer alterar los resultados de las elecciones presidenciales.

Las protestas inician tan solo tres días después de que la Fiscalía allanó una cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral y a los golpes decomisara varias cajas con los votos de las elecciones en las que Bernardo Arévalo se llevó el triunfo como presidente del país. Ya el 13 de septiembre el presidente electo Arévalo de León, anunció la suspensión temporal del proceso de transición de mando luego de que varios agentes del Ministerio Público allanaran las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y abrieran urnas de votación.
La semana pasado hubo paro y plantón de al menos 200 líderes indígenas en inmediaciones de la sede de la Fiscalía, luego se sumaron los estudiantes, gremios de taxistas, los trabajadores de los mercados y desde el lunes 9 de septiembre la organización campesino indígena CODECA anunció que se sumará garantizando el corte en 52 puntos a lo largo de todo el territorio y sumó la consigna de Paro Plurinacional.
Democracia manchada
Desde el inicio del proceso electoral a principios del 2023 existieron denuncias contra el Tribunal Nacional Electoral por impedir la participación del exprocurador Jordán Rodas y afectar el binomio presidencial, encabezado por la mujer indigena maya mam Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), instrumento político del Comité Campesino CODECA, quien en las elecciones de 2019 había quedado muy bien posicionado
causando sorpresa en un país siempre gobernado por la oligarquía afín a EEUU.

La Justicia de Guatemala y sobre todo la Fiscal General de la Nación Consuelo Porras viene siendo denunciada desde hace varios años a través de los paros plurinacionales de este Comité Campesino como parte del pacto de corruptos ya que no solo obstaculiza la participación popular, sino que la justicia legítima causas contra abogados y defensores de Derechos Humanos.
Las protestas que se han mostrado pacíficas y que culminan con baile y participación de cultura popular siguen intensificando, el día sábado la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) intentó aplacar estas medidas con una resolución que ordena garantizar la toma del poder de Arévalo, pero hasta el momento la población sigue pidiendo la renuncia de los funcionarios y el fin del pacto de corruptos.
Desde la primera ronda electoral, el 25 de junio, la fiscal general, apoyada por el jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana -los tres incluidos en una lista de dirigentes guatemaltecos «corruptos» y «antidemocráticos» elaborada por Estados Unidos- emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su partido político, Semilla.
Arévalo que llega a la presidencia con algunas promesas cercanas al progresismo ha viajado varias veces a EEUU e incluso logró que se manifieste el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien decidió atender una solicitud del gobierno guatemalteco y anunció el sábado último la creación de una misión de «mediación y diálogo» con los sectores que mantienen las protestas.
«Me reuní con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre aspectos clave de transición: persecución judicial contra su partido (Movimiento Semilla); persecución al Tribunal Supremo Electoral; y aspectos políticos y administrativos del cambio de mando en que deberá ser investido como presidente», escribió Almagro en la red social X.
El día lunes por la noche hubo varias denuncias de infiltrados por parte del gobierno de Alejando Giammattei e incluso amenazas al estilo narco de hombres armados en algunos bloqueos, esto ocurrió a minutos de que el actual presidente diera una conferencia de prensa grabada y anunciara que no «tolerarán» más bloqueos de carreteras, además de advertir que se pedirán órdenes de captura en contra de quienes interrumpan el paso de la población.
Ayer salió la policía en algunos puntos de carretera a intentar levantar los bloqueos, pero en imágenes se vieron que fueron rebasados por la población, en su mayoría campesina e indígena.
Hoy en redes sociales se esparcía la amenaza de represión por parte del estado.
Desde hace 531 años, momento en que llegó a estas tierras Cristóbal Colón, las comunidades siguen resistiendo ante el atropello permanente y la explotación de los recursos humanos y naturales.

Fuente de la información e imagen:    https://www.pressenza.com

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10 días de paro indefinido y desde la Justicia y el Gobierno hay amenazas de represión

  1. Guatemala está en Paro Indeterminado desde hace 10 días, inicialmente el paro fue convocado por líderes indígenas para terminar con la renuncia de de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchinche y el juez Fredy Orellana quienes han sido acusados de querer alterar los resultados de las elecciones presidenciales.

Las protestas inician tan solo tres días después de que la Fiscalía allanó una cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral y a los golpes decomisara varias cajas con los votos de las elecciones en las que Bernardo Arévalo se llevó el triunfo como presidente del país. Ya el 13 de septiembre el presidente electo Arévalo de León, anunció la suspensión temporal del proceso de transición de mando luego de que varios agentes del Ministerio Público allanaran las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y abrieran urnas de votación.

desde la Justicia y el Gobierno hay amenazas de represión

Guatemala está en Paro Indeterminado desde hace 10 días, inicialmente el paro fue convocado por líderes indígenas para terminar con la renuncia de de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchinche y el juez Fredy Orellana quienes han sido acusados de querer alterar los resultados de las elecciones presidenciales.

Las protestas inician tan solo tres días después de que la Fiscalía allanó una cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral y a los golpes decomisara varias cajas con los votos de las elecciones en las que Bernardo Arévalo se llevó el triunfo como presidente del país. Ya el 13 de septiembre el presidente electo Arévalo de León, anunció la suspensión temporal del proceso de transición de mando luego de que varios agentes del Ministerio Público allanaran las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y abrieran urnas de votación.

La semana pasado hubo paro y plantón de al menos 200 líderes indígenas en inmediaciones de la sede de la Fiscalía, luego se sumaron los estudiantes, gremios de taxistas, los trabajadores de los mercados y desde el lunes 9 de septiembre la organización campesino indígena CODECA anunció que se sumará garantizando el corte en 52 puntos a lo largo de todo el territorio y sumó la consigna de Paro Plurinacional.

Democracia manchada

Desde el inicio del proceso electoral a principios del 2023 existieron denuncias contra el Tribunal Nacional Electoral por impedir la participación del exprocurador Jordán Rodas y afectar el binomio presidencial, encabezado por la mujer indigena maya mam Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), instrumento político del Comité Campesino CODECA, quien en las elecciones de 2019 había quedado muy bien posicionado causando sorpresa en un país siempre gobernado por la oligarquía afín a EEUU.

La Justicia de Guatemala y sobre todo la Fiscal General de la Nación Consuelo Porras viene siendo denunciada desde hace varios años a través de los paros plurinacionales de este Comité Campesino como parte del pacto de corruptos ya que no solo obstaculiza la participación popular, sino que la justicia legítima causas contra abogados y defensores de Derechos Humanos.

Las protestas que se han mostrado pacíficas y que culminan con baile y participación de cultura popular siguen intensificando, el día sábado la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) intentó aplacar estas medidas con una resolución que ordena garantizar la toma del poder de Arévalo, pero hasta el momento la población sigue pidiendo la renuncia de los funcionarios y el fin del pacto de corruptos.

Desde la primera ronda electoral, el 25 de junio, la fiscal general, apoyada por el jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana -los tres incluidos en una lista de dirigentes guatemaltecos «corruptos» y «antidemocráticos» elaborada por Estados Unidos- emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su partido político, Semilla.

Arévalo que llega a la presidencia con algunas promesas cercanas al progresismo ha viajado varias veces a EEUU e incluso logró que se manifieste el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien decidió atender una solicitud del Gobierno guatemalteco y anunció el sábado último la creación de una misión de «mediación y diálogo» con los sectores que mantienen las protestas.

«Me reuní con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre aspectos clave de transición: persecución judicial contra su partido (Movimiento Semilla); persecución al Tribunal Supremo Electoral; y aspectos políticos y administrativos del cambio de mando en que deberá ser investido como presidente», escribió Almagro en la red social X.

El día lunes por la noche hubo varias denuncias de infiltrados por parte del Gobierno de Alejando Giammattei e incluso amenazas al estilo narco de hombres armados en algunos bloqueos, esto ocurrió a minutos de que el actual presidente diera una conferencia de prensa grabada y anunciara que no «tolerarán» más bloqueos de carreteras, además de advertir que se pedirán órdenes de captura en contra de quienes interrumpan el paso de la población.

Ayer salió la policía en algunos puntos de carretera a intentar levantar los bloqueos, pero en imágenes se vieron que fueron rebasados por la población, en su mayoría campesina e indígena. Hoy en redes sociales se esparcía la amenaza de represión por parte del estado.

Desde hace 531 años, momento en que llegó a estas tierras Cristóbal Colón, las comunidades siguen resistiendo ante el atropello permanente y la explotación de los recursos humanos y naturales.

Fuente: https://rebelion.org/%f0%9d%9f%8f%f0%9d%9f%8e-%f0%9d%90%9di%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%ac-%f0%9d%90%9d%f0%9d%90%9e-%f0%9d%90%8f%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%ab%f0%9d%90%a8-%f0%9d%90%88%f0%9d%90%a7%f0%9d%90%9d%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%9f/

 

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Víctor Jara, el alma llena de banderas

Por: Oleg Yasinsky

Este 16 de septiembre de 2023 se cumplieron 50 años del asesinato del cantautor, compositor, poeta y director de teatro chileno Víctor Jara. No fue ningún «error» ni un «exceso» en medio del caos represivo después del golpe. Los que conocen el Ejército chileno entenderán que es una máquina perfecta que funciona con absoluto orden o mando vertical, sin la mínima posibilidad para realizar cualquier improvisación.

«…¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!
Llevan a cabo sus planes con precisión artera
Sin importarles nada
La sangre para ellos son medallas
La matanza es un acto de heroísmo…»,

escribía Víctor en las últimas horas de su vida desde el Estadio Chile, en el centro de Santiago, convertido por los militares en un campamento de reclusión y tortura. Él era uno de los símbolos artísticos del gobierno de la Unidad Popular, militante comunista, uno de los más talentosos directores teatrales de su generación en América Latina y el embajador cultural de Chile de Salvador Allende.

Tenía que ser uno de los primeros objetivos militares de los golpistas. Después de varios intentos de investigación de su asesinato —la más seria y efectiva fue realizada por el equipo de los periodistas del canal Chilevisión, a cargo de mi amigo Pedro Azocar—, por fin se pudo dar con los autores materiales y varios de ellos terminaron presos casi medio siglo después. Pero todavía no sabemos los nombres de los autores intelectuales ni los detalles del mecanismo de muerte que fluía en aquellos trágicos tiempos, entre Pinochet y los verdugos con uniforme en los centros de tortura y exterminio que funcionaban por todo el país.

El Ejército chileno sigue manteniendo sus macabros secretos y los asesinos siguen muriendo de viejos orgullosos de su «misión» cumplida. A cambio, la generación que en aquellos tiempos cumplía servicio militar continúa alcoholizándose y con graves trastornos sicológicos.
El asesinato de Víctor Jara, al igual que el saqueo del museo de Bagdad bajo la vigilancia de los militares norteamericanos o la destrucción de los monumentos y libros soviéticos por los nazis ucranianos, fue un operativo militar dirigido contra el corazón del enemigo: su cultura.

En 1970, después del asesinato en una manifestación del joven comunista chileno Miguel Ángel Aguilera, Víctor escribió una de sus más tremendas canciones; ‘El alma llena de banderas’ decía:

«Ahí, debajo de la tierra
No estás dormido, hermano, compañero
Tu corazón oye brotar la primavera
Que, como tú, soplando irán los vientos».

Mucho se habló de la profecía de varios de sus textos (‘Soldado, no me dispares’, etc.). No lo creo, era una lógica simplemente racional frente a la cruda realidad de una lucha a muerte, sin necesidad de adornos literarios sobre lo «místico», «los presentimientos» o los «destinos». Víctor, igual que sus compañeros del arte popular y políticamente comprometido, entendía perfectamente a qué se exponía. Fue un combatiente, no una víctima, visto desde esta perspectiva. Simplemente hasta el final cumplió con lo que cantó, igual que el presidente Allende.

Me parece muy escandaloso e increíble que lo que más impresiona a la gente sea la capacidad de los artistas o los políticos de ser consecuentes. Si lo que nos enseñaron como tan normal era cambiarse muchas veces de chaqueta cuando nos convenga, adaptar nuestros discursos «para evitar problemas», o después de escribir más de década sobre los crímenes de la dictadura en Chile, en los tiempos la Unión Soviética, después en la época de Yeltsin pedir luego entrevista a Pinochet para presentarle las disculpas públicas por criticarlo «siendo joven e influenciado por la propaganda comunista»; como lo hizo un conocido periodista ruso y luego, orgulloso, contárselo a sus lectores. Lamentablemente, no fue el único. ¿Cuántos artistas y políticos hicieron últimamente las mismas o peores cosas? En el caso de Chile al revés, muchos ex pinochetistas se arrepintieron y condenaron la dictadura porque hablar bien de Pinochet se hizo oficialmente un mal negocio. En este extraño mundo vivir y morir según lo que cantas o lo que dices parece ser lo más increíble y raro.

Hablar de Víctor Jara hoy no es solo recordar la tragedia de Chile de hace 50 años, es tocar la esencia de la gran construcción antiimperialista nacional y a la vez muy internacionalista latinoamericana del siglo pasado, una urgente búsqueda de la identidad propia y una cultura auténtica, arraigada en nuestras tierras y nuestra sangre. El arte de Víctor y el de los que como él han sido el antídoto a las modas enajenantes que nos imponen, un instrumento de profunda transformación humana:

«…Que no es guitarra de ricos
Ni cosa que se parezca
Mi canto es de los andamios
Para alcanzar las estrellas
Que el canto tiene sentido
Cuando palpita en las venas
Del que morirá cantando
Las verdades verdaderas
No las lisonjas fugaces
Ni las famas extranjeras
Si no el canto de una lonja
Hasta el fondo de la tierra…»

El mes de septiembre es primavera en Chile. Igual que las semillas de las flores del Atacama, que largos años pueden dormir bajo la arena del desierto, despertando cuando las nubes del Pacífico les traen agua, el corazón de Víctor un día escuchará brotar la primavera de Latinoamérica y del mundo. Con tantas letras, tantas notas y tantas vidas sembradas en el mapa musical del mundo, los hijos humanos del futuro descubrirán este sólido y tan necesario continente de sueños, el continente llamado Víctor Jara.

Fuente de la información e imagen: https://www.pressenza.com

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El régimen de Boluarte continúa con la represión del movimiento popular de Perú

Por Enric Llopis

Entre las plazas Dos de Mayo y San Martín de Lima se produjeron, el pasado 30 de agosto, movilizaciones contra el ejecutivo de Dina Boluarte, informó el corresponsal de teleSur Ramiro Angulo.

Boluarte accedió a la Presidencia de la República de Perú en diciembre de 2022, como consecuencia del golpe derechista perpetrado contra Pedro Castillo (maestro rural de izquierdas que venció en los comicios presidenciales de junio de 2021).

Los manifestantes pidieron la dimisión de Boluarte Zegarra, una constitución nueva (la actual fue aprobada en 1993) y justicia para las personas represaliadas (las protestas comenzaron a finales de 2022 y se han prolongado durante 2023).

Además, en la marcha de Lima, “se están condenando los abusos policiales y militares que se han cometido en las últimas manifestaciones”, destacó el reportero de teleSur.

El medio comunitario peruano Wayka presentó el 15 de  agosto el informe Vivir con más de 80 perdigones: el proyectil prohibido usado en las protestas; el audiovisual de 15 minutos muestra ejemplos de su utilización –por ejemplo el 19 de julio-, pese a que las autoridades negaran este extremo; “el uso de perdigones injustificado e indiscriminado (por parte de la policía) ha causado muertes y heridos de civiles (…)”, explica el vídeo.

Uno de los casos detallados es el de estudiante de 22 años Rosalino Flórez Valverde, de Cusco, quien falleció en marzo de 2023 tras el disparo de 36 perdigones de plomo por la espalda; o el del puneño de 35 años Gabriel López, conductor de carga pesada y otros oficios, asesinado en enero con proyectiles de plomo (en su cuerpo se hallaron 72 orificios); también el de Armando Quispe, de 34 años, trabajador de la minería artesanal, quien sobrevive con 80 perdigones en su cuerpo.

El régimen de Boluarte reconoció, a finales de julio de 2023, el fallecimiento de al menos 63 personas durante las protestas (otras fuentes elevan la cifra de víctimas mortales –entre diciembre de 2022 y marzo de 2023- a 77); el periódico La República apuntó que Rosalino Florez era la víctima mortal número 61.

En un reportaje publicado en La República por Gloria Purizaca, se detalla que de las 61 personas muertas, “la represión policial les arrebató la vida a 49 de ellos a punta de proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas” (No son sólo una cifra. Las vidas de los 49 civiles asesinados en las protestas contra Dina Boluarte, actualizado marzo 2023).

Además este año se cumple el 20 aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú (CVR), de 2003,  sobre el conflicto armado interno durante el periodo 1980-2000; fue, según el documento de conclusiones, “el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República” (69.280 víctimas mortales).

Una de las notas relevantes es la relación entre pobreza, exclusión social y la posibilidad del impacto por la violencia; así, según la CVR, en el departamento de Ayacucho (región andina), se produjo más del 40% de las  desapariciones y muertes.

En otros términos, el 79% de las víctimas computadas residía en el ámbito rural y más de la mitad –el 56%- tenía un empleo en el sector agrícola y ganadero; asimismo la población indígena resultó afectada especialmente por la violencia: el 75% de las personas fallecidas tenían como lengua materna el quechua u otras lenguas originarias.

Al cumplirse dos décadas del Informe, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú –de la que forman parte organizaciones de la sociedad civil- hizo público un pronunciamiento titulado Continuidades que matan (28 de agosto 2023); las ONG condenaban, entre otros puntos, “el autoritarismo y la violencia que estamos viviendo, con 49 ejecuciones extrajudiciales y masacres que enlutan a nuestro país”.

En cuanto a las situaciones de impunidad, añade el pronunciamiento, “demoras, complicidades y pactos de silencio caracterizan la justicia; si bien en un centenar de casos se ha dictado sentencia, son hechos que ocurrieron hace 30 ó 40 años, como la violencia sexual contra las mujeres (de los distritos) de Manta y Vilca (…)” perpetrados por el ejército peruano entre 1984 y 1998.

Ejemplo de esta tendencia a largo plazo es el Informe de la ONG Global Witness El ambiente mortal de Perú (2014), que recoge el asesinato de al menos 57 defensores ambientales y de la tierra en el periodo 2002-2014; el reporte calificaba entonces a Perú como “el país más peligroso del mundo” para los defensores; la mayor parte de las muertes tenía relación con los conflictos por la tierra, la tala o la minería.

En las últimas fechas se han producido novedades, asimismo, respecto a las denuncias por esterilizaciones forzadas en Perú; así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 18 de agosto sobre la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Celia Edith Ramos Durand; murió como consecuencia de una esterilización “sin consentimiento”, en el contexto del denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).

Los hechos se retrotraen al verano de 1997, durante la dictadura fujimorista; la Comisión detalla que la mujer fallecida –quien vivía en el Caserío La Legua, en el departamento de Piura-, fue “sometida a esta intervención y experimentó complicaciones médicas” que derivaron en la muerte; el mismo 3 de julio, el Ministerio de Salud esterilizó a 15 mujeres en el citado caserío, en la ciudad de Catacaos.

Una sentencia relevante tuvo lugar el pasado 12 de agosto; la Corte Superior Nacional condenó a dos oficiales y 16 soldados por el asesinato de 39 campesinos, en la conocida como masacre de la comunidad de Cayara (departamento de Ayacucho), sucedida el 14 de mayo de 1988 durante la presidencia de Alan García Pérez.

Las penas a los autores del delito de homicidio oscilaron –según los casos- entre los ocho y los 15 años de cárcel; los militares formaban parte de dos patrullas cuyos efectivos desplegaron el llamado plan Persecución, diseñado por el Estado Mayor de la Segunda División del Ejército con sede en la provincia de Huamanga (Ayacucho), informó Resumen Latinoamericano citando a La República.

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Se agudiza represión para reactivar minería en El Salvador

Por: Ñaní Pinto

 

La tarde del miércoles (17), elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Manuel Gómez Morales, hijo de la ambientalista Vidalina Morales, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2022 bajo el pretexto del combate a las pandillas.

Horas antes, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES) de Santa Marta, departamento de Cabañas, denunciaba en medios nacionales las acciones del gobierno salvadoreño que promueven la minería en el país centroamericano, pese a que la industria extractiva está prohibida por ley.

Durante entrevista radiofónica, Vidalina sostuvo que existe la “intención de este gobierno, ahora más clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en 2017 (…) una ley aprobada por unanimidad en el congreso”, en referencia a la norma que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera.

Al testimonio de Morales, se suma la denuncia de la ADES, la cual días antes precisó que representantes de dos empresas consultoras llegaron a la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a las autoridades territoriales sobre la reanudación de las actividades mineras.

Tras la noticia de la captura de su hijo, la ambientalista dirigió una carta a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, mediante la cual calificó la detención de una acción arbitraria e injusta. En la misiva denunció que la aprehensión de su hijo “se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia” durante el régimen de excepción.

Cabe resaltar que la supresión de garantías constitucionales decretada por la Asamblea Legislativa, con el pretexto de combatir la violencia criminal, ha permitido detenciones masivas sin orden judicial y elimina la defensa legal de los aprehendidos. Con 15 meses de permanencia, hasta mayo del 2023 se registran más de 68 mil arrestos.

Debido a la presión local e internacional, Manuel Gámez Morales fue liberado después de haber sido detenido arbitrariamente durante más de 24 horas.

Persecución

El arresto de Morales es solo el más reciente caso de persecución contra la organización anti minera del norte de El Salvador.

Vidalina Morales y su hijo, Manuel Gómez Morales.

El 11 de enero de 2023 fueron capturados cinco ambientalistas pertenecientes al poblado de Santa Marta, comunidad que ha destacado por su lucha contra la minería y por la promoción de su prohibición que se concretó mediante la ley de 2017.

La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto interno, pero organizaciones como la ADES sostienen que es un pretexto para atacar la organización de las comunidades contra la minería.

Vidalina Morales argumenta que, dadas las acciones del gobierno de Nayib Bukele desde su llegada al poder en 2019, organizaciones sociales se han mantenido en alerta ante la reactivación minera. La lideresa sostiene que fue, durante finales del 2022, al enterarse de la existencia de recursos en el presupuesto general de la nación para “revisar y actualizar la ley de prohibición de minería”, cuando las organizaciones decidieron actuar.

“En ese movimiento estábamos, de querer organizar un evento grande, a nivel nacional, cuando capturan a los compañeros el 11 de enero”, sostuvo la lideresa comunitaria en el mismo día del arresto de su hijo.

Los cinco líderes de Santa Marta, también integrantes de la ADES, aún permanecen detenidos. El pasado 8 de marzo, Naciones Unidas solicitó al gobierno salvadoreño información sobre la base legal de la acusación y la situación humanitaria de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En su respuesta, dos meses después, la administración de Bukele afirma que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos y que no se ha vulnerado el debido proceso.

Al contrario, el abogado de los acusados, Dennis Muñoz declaró que “se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, sostuvo sobre la respuesta del gobierno salvadoreño a la ONU con respecto a la condición de los ambientalistas presos.

A las denuncias de la defensa legal de los detenidos, el mismo miércoles (17), se sumó la exigencia de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien expresó su preocupación al gobierno salvadoreño y pidió la libertad de los activistas ambientales.

Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.

Reapertura minera

Por su parte, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, recalcó que existen “acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador”.

La organización de comunidades del norte de El Salvador consiguió frenar la actividad minera en el país centroamericano.

Ante medios nacionales, Leiva ejemplificó el contexto actual, en el que se dio la visita a la comunidad de Santa Marta “de personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería”, sostiene.

Leiva asegura que ambas empresas han sido contratadas por el gobierno y ya tienen listo el estudio para la reanudación de la actividad minera en los territorios del norte de El Salvador, por lo que denunció que la lucha contra la minería que realiza la comunidad está de fondo en la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta.

Fuente de la información e imagen:  Avispa Midia

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