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Ciudad en Uruguay vuelve a clases y se arrepiente

América del Sur/Uruguay/28-06-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Redacción MONTEVIDEO

Uruguay suspendió de nuevo las clases presenciales «en todos los ámbitos» en la ciudad de Treinta y Tres (este) hasta el 3 de julio tras detectar este fin de semana 18 casos de Covid-19 en la localidad y poner en cuarentena a 215 personas, según anunció ayer el presidente del país, Luis Lacalle Pou.

«Vamos a hacer una pausa y a suspender la presencialidad educativa para la ciudad de Treinta y Tres hasta el viernes 3 de julio», indicó Lacalle Pou en conferencia de prensa después de encabezar la reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamental en Treinta y Tres.

El brote de Treinta y Tres registra 18 casos activos, 12 de ellos entre personal de la salud, y convierte al departamento en la región uruguaya con más personas cursando la enfermedad en la actualidad.

Además, las autoridades determinaron la cuarentena para 215 personas por haber estado en contacto con algún positivo, de las que 90 son trabajadores de la salud y 10 niños.

Según los datos oficiales, Uruguay acumula 876 casos positivos por COVID-19 y 25 fallecidos. EFE

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102321175/ciudad-en-uruguay-vuelve-a-clases-y-se-arrepiente

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Sierra Leona: Lecciones a un mundo asustado del hombre que doblegó la malaria

África/Sierra Leona/25 Junio 2020/elpais.com

El impacto de la covid-19 puede duplicar las muertes por paludismo en África subsahariana. Pero hay un médico sierraleonés que sabe cómo evitarlo

Las conclusiones de quienes más saben de malaria o paludismo son unánimes y claras: la humanidad ha logrado un inmenso avance en la lucha contra la enfermedad en las últimas décadas, pero ahora es más importante que nunca no flaquear. El progreso se refleja en los números: en 2018 se contagiaron 228 millones de personas y murieron otras 360.000 de este mal, provocado por un parásito que se transmite por la picadura de un mosquito. Aunque parecen —son— muchas víctimas, se trata de la cifra más baja registrada en los últimos 20 años. Desde el principio del siglo XXI ha muerto un 60% menos de afectados, según el último Informe Mundial de la Malaria elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este progreso solo se había visto mancillado por ligeros repuntes en los últimos tres años que advertían del peligro de bajar la guardia.

En semejante escenario, el virus de la covid-19 se expande por el planeta y provoca una crisis mundial en múltiples aspectos, y uno de ellos es, precisamente, en los esfuerzos por prevenir y curar el paludismo. La OMS calcula que, de interrumpirse ahora el trabajo, las muertes pueden doblarse, es decir, podemos acabar 2020 con 768.000 fallecidos. De hecho, los últimos resultados de una encuesta realizada por el Fondo Mundial contra la malaria, la tuberculosis y el VIH apuntan a que se está siguiendo un mal camino: en 106 países, sobre todo africanos, se están produciendo interrupciones en la prestación de servicios de prevención y tratamiento de las tres enfermedades. En el caso del paludismo, las disrupciones afectan al 73% de los programas revisados. Al mismo tiempo, el Fondo también ha avisado de que la financiación de los donantes se reduce año tras año.

Hay que actuar y hay que hacerlo ya. Desde el inicio del confinamiento, el mundo de la epidemiología se puso a buscar soluciones para mantener todas las actividades y recursos destinados a combatir la malaria a pesar de los estragos del nuevo coronavirus. En esta tormenta de ideas, destaca un nombre: el doctor Samuel Juana Smith.

El doctor Smith comparece ante un grupo de invitados en una conferencia virtual organizada por la Red Africana de Medios e Investigación de Malaria (AMMREN) y RBM Partnership, una plataforma de 500 socios, desde empresarios hasta organismos públicos con el mismo objetivo de acabar con esta enfermedad en el mundo.

Smith es jefe de Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Sanidad de Sierra Leona, un país de África occidental que se cuenta entre los más pobres del planeta y que se ha enfrentado a tremendos retos en las últimas décadas. Los más graves, la guerra civil entre 1991 y 2002 y el brote de ébola en la región en 2014 que solo aquí dejó 4.000 muertos. Además, es uno de los lugares favoritos del mosquito Anopheles, cuya hembra es la transmisora de la enfermedad: Sierra leona es uno de los siete Estados de África subsahariana donde más de un cuarto de la población está infectada y donde la malaria provoca cuatro de cada diez consultas hospitalarias.

Quizá porque ya saben manejarse en contextos de crisis, también es el país de África occidental que ha logrado el mayor retroceso del paludismo en los últimos tiempos: con 7,5 millones de habitantes, en 2010 registraron 8.188 decesos, y en 2018 habían bajado a 1.949. Buena parte de este logro es responsabilidad del doctor Smith, quien antes de ocupar su actual cargo fue responsable del Programa Nacional de Control de la Malaria. «Durante la epidemia de ébola, fue el primero en decir que también había que hacer algo con el paludismo, o todos morirían por una u otra causa. Y así, diseñó una estrategia muy cuidadosa para garantizar que los medicamentos y mosquiteras pudieran distribuirse de manera segura a la población», dice de él Melanie Renshaw, co-presidenta de RBM Partnership.

La idea de la cita es explicar, desde su punto de vista, cómo puede hacer el mundo ahora para no perder posiciones en la lucha contra el paludismo y para que los países más afectados continúen con sus campañas de distribución de mosquiteras, de fumigación de hogares y de profilaxis para mujeres embarazadas y niños, los más vulnerables. «Tiene que ser ya, cuando todavía existe una ventana de oportunidad crucial antes de la temporada de lluvias en África y partes de Asia», advierte el doctor.

Una de las claves del éxito ha sido el trabajo conjunto de Gobierno, organizaciones, científicos, médicos y de la sociedad, pero sobre todo, la buena compenetración entre organizaciones públicas y privadas. «Intentamos mejorar la atención hospitalaria y dotar de más médicos a los servicios sanitarios, y ahora estamos viendo un aumento en el uso de nuestras instalaciones sanitarias», afirma. Antes de la covid-19, se establecieron acuerdos con 36 centros de salud de todo el país para apoyar la implementación de servicios preventivos y curativos. Se les proporcionaron medicamentos, materiales de diagnóstico, herramientas de recopilación de datos, asesoramiento… Luego, los médicos de esos ambulatorios enviaban información de sus casos de paludismo a través de un sistema informático que los acababa recopilando e integrando en la base de datos nacional.

En las mejoras de los centros se tuvo en cuenta la formación de enfermeros y enfermeras a nivel comunitario. Sin acceso a los servicios de salud, los niños corren el riesgo de morir de enfermedades prevenibles tan comunes como la neumonía y la diarrea, y también de malaria. El papel de estos trabajadores sanitarios es tan esencial que el Gobierno de Sierra Leona los reconoció como parte del sistema de atención primaria del país y lanzó una política nacional en febrero de 2017 para ampliar el alcance de su trabajo y darles acceso a capacitación y a un sueldo mensual. Sierra Leona ha estado implementando esta política con ayuda de Unicef, que equipó a 15.000 trabajadores comunitarios y supervisores como recursos para desempeñar sus funciones, incluyendo materiales de formación, ayudantes de trabajo y herramientas, ropa de lluvia, antorchas, camisetas, mochilas y temporizadores de infecciones respiratorias agudas.

También se ha dotado a las farmacias de equipos para hacer pruebas rápidas de malaria con el fin de evitar que los ciudadanos se automediquen en cuanto sientan fiebre, aún sin tener un diagnóstico.

Asimismo se reparten mosquiteras de forma masiva en todos los hogares, ya que estas son la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de transmisión hasta en un 50% y la mortalidad infantil en un 25%. Se hizo durante el ébola y se ha hecho ahora. La última campaña de reparto, de hecho, se ha realizado en plena pandemia: el pasado 22 de mayo se inició la distribución de 4,6 millones de mosquiteras tratadas con insecticidas en los 14 distritos del país. «Cuando la pandemia llegó a Sierra Leona ya habíamos diseñado la campaña y tuvimos que volver atrás y repensarla teniendo en cuenta la covid-19», explica Smith. «Revisamos la estrategia a seguir para proteger tanto a nuestros beneficiarios como a los sanitarios que las distribuían considerando nuevos aspectos como la distancia social y el uso de mascarillas». En 2018, un 60% de los hogares sierraleoneses contaba con al menos una mosquitera, según Unicef. Una década antes, esta medida de protección solo llegaba a un cuarto de la población.

Sierra Leona, además, incorporó a su estrategia nacional en 2010 la llamada Terapia Preventiva Intermitente en Infantes (IPTp, por sus siglas en inglés) siguiendo la recomendación de la OMS. La intervención exige la administración de una dosis completa de un medicamento combinado para tratar la malaria a base de sulfadoxina y pirimetamina en los lactantes dentro de su calendario de vacunación. De igual manera, esta terapia se administra a mujeres embarazadas durante las visitas de atención prenatal, pues es una forma efectiva de reducir la anemia materna y el bajo peso al nacer. Según Unicef, en 2019 casi un tercio de las embarazadas recibió al menos tres dosis de IPTp durante su última gestación, una cifra superior a la media de África.

Difundir información veraz es otra de las herramientas que no se pueden perder de vista, especialmente a la hora de que los ciudadanos sepan tanto identificar los síntomas de la malaria como lo importante que es acudir al hospital para hacerse pruebas lo antes posible. «La malaria y la covid-19 tienen síntomas muy parecidos, como fiebre, debilidad y dolores de cabeza y musculares», avisa Smith. Pero también tienen importantes diferencias, pues la malaria no se contagia entre personas y el nuevo coronavirus sí. «Después del diagnóstico, es fundamental advertir a familiares, vecinos o personas que vivan cerca de nosotros». Igualmente, la distribución de mosquiteras no sirve de nada si no se sensibiliza sobre su uso. «Dormir bajo una mosquitera es la mejor herramienta en cuanto a coste y efectividad».

Fuente e imagen tomadas: https://elpais.com/elpais/2020/06/17/planeta_futuro/1592389810_004903.html

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Pueblos indígenas, sus vivencias frente al coronavirus/México

América/México/ 24/06/2020/Autor y Fuente: UNAM Global

La pandemia de COVID-19 aumentó las distintas problemáticas que los pueblos indígenas de América Latina han enfrentado históricamente, tales como la desigualdad en sistemas de salud, educación y economía, principalmente.

Así lo manifestaron especialistas de Guatemala, Chile, Colombia y Argentina durante la conferencia Lecciones para los pueblos a partir de la pandemia, organizada por la Red de Comunicación Indígena Internacional (RCCI), Servindi y el programa PUIC de la UNAM. Aquí un resumen de sus participaciones.

Por Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia – UNAM

22 de junio, 2020.- Para Abadio Green Stocel, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la pandemia lleva a reflexionar sobre qué tipo de educación es mejor construir a partir de estos momentos, ya que el sistema educativo que hoy permea en los Estados es racista, machista e individualista.

En su opinión, una transformación educativa podría incorporar conocimientos milenarios y el valor de lo colectivo.

Andrea Ixchíu, periodista y activista de Guatemala, compartió el caso del pueblo de Totonicapán, en donde ella nació y ha vivido. Ahí han encontrado sus propias formas de organización, de distribución de alimentos y de cuidado durante esta pandemia.

Destacó que las autoridades indígenas del lugar colocaron cercos comunitarios propios para evitar contagios y garantizar la propia seguridad de los habitantes del lugar.

También buscaron formas de organizar mercados comunales, estableciendo días específicos para ellos, se ha impulsado la creación de desinfectantes biodegradables y maneras de mantener vivas sus formas sociales de organización, así como el cuidado y la protección de los bosques comunitarios.

José Aylwin Oyarzúnlicenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, relató que en su país la pandemia está afectando seriamente a distintos sectores de la sociedad y con particular fuerza a los pueblos indígenas.

“Las 10 comunas más pobres de Santiago de Chile son las que concentran, por un lado, los mayores niveles de contagio y, por otro lado, entre el 10 y el 20% de población indígena, entonces, hay una correlación entre pobreza, desplazamiento e impacto de la  COVID.”

Nilo Cayuqueo, Werken, mensajero actual de la Comunidad Mapuche La Azotea, comentó que en Argentina se vive una política extractivista a través de la cual se promueve la explotación de recursos naturales como petróleo, gas y la minería en comunidades donde viven los pueblos indígenas. “En medio de esa violenta arremetida se produce la llegada del coronavirus.”

Dijo que los pueblos indígenas han tenido que migrar a Buenos Aires; viven en villas de miseria y en estos lugares el virus se propaga por el hacinamiento, la falta de agua y otras condiciones adversas.

“El COVID-19 no se detiene y es impredecible lo que ocurrirá en el futuro, los pueblos originarios y gran parte de la sociedad en Argentina están tomando conciencia contra todo ese tipo de injusticias».

«El pueblo no quiere volver a la normalidad y seguir siendo oprimido, explotado y ninguneado, nos hemos echado a andar para construir una nueva sociedad basada en el equilibrio y armonía con la naturaleza, las distintas culturas y todas las vidas que están en este planeta.” finalizó.

Este material se comparte con autorización de UNAM Global

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/pueblos-indigenas-sus-vivencias-frente-al-coronavirus/

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Maestros temen regresar a clases presenciales, revela encuesta

Por: Paulette Delgado

Ante la incertidumbre sobre cómo será el regreso a clases en otoño, Education Week se acercó a educadores, directores y líderes de distrito para descubrir si están preparados para volver.

Aunque el ciclo escolar está terminando, ahora a medida que las restricciones impuestas para evitar contagios por coronavirus se están levantando, muchos educadores y familias se enfrentan a la pregunta: ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué pasará cuando regresemos a clases?

Para descubrir qué opina la comunidad académica, Education Week encuestó a cerca de 2 mil maestros, 477 directores y 446 líderes de distrito. El estudio reveló puntos clave incluyendo qué sucederá con aquellos alumnos que tengan problemas de salud, ¿regresarán a clases presenciales o deberán continuar las clases remotas?

El panorama es incierto. En México, los casos de contagiados por COVID-19 siguen aumentando, y en Estados Unidos se pronostica llegar a 200 mil muertos para septiembre. Ante esta situación toca a las instituciones debatir si es mejor continuar las clases en línea o reabrir sus puertas.

Nerviosismo ante la reapertura de los centros educativos

Ante la posibilidad de volver a las clases presenciales tras la cuarentena, el 65 % de los maestros creen que las escuelas deben permanecer cerradas para evitar más contagios. Por el contrario, el otro 35 % restante creen que deberían abrir ya que ayudaría a regresar más rápidamente a la normalidad. Los que más apoyan la reapertura son los maestros y directores de bachillerato que aquellos con alumnos de niveles primaria y preescolar. Además, aquellos que no tienen personas cercanas con problemas de salud son más propensos a buscar la reapertura, según reveló la encuesta.

Aunque en el caso de Estados Unidos, la posibilidad de reabrir las escuelas varía de estado a estado. En Hawái, por ejemplo, casi la mitad de los directores tienen cerca de 55 años o más, mientras que en Illinois sólo el 9 % está en ese rango de edad. En general, el 9 % de los encuestados tienen 65 años o más, población que se considera como de  más riesgo. Este escenario también hace que los distritos escolares tengan que pensar en planes personales para proteger a los educadores de la tercera edad y atender escasez de personal en caso de que muchos no puedan regresar.

Aunado a la edad, 1 de cada 3 educadores contestaron que tienen problemas médicos que los pone en riesgo ante el virus. Más específicamente, el 36 % de los maestros, directores y líderes del distrito confesaron contar con una condición física asociada con los efectos del coronavirus. Además, el 69 % informaron que un familiar cercano son población de riesgo.

Cossondra George, maestra de Michigan que tiene asma y 59 años de edad, expresó su nerviosismo ante la posibilidad de regresar a clases, «Estoy realmente preocupada por mi salud, estoy preocupada por la salud de mis alumnos. Siento que abrir escuelas de nuevo tiene que ser un proceso realmente bien pensado». Además, expresó que tiene más dudas que respuestas al respecto, en especial cuando se trata de mantener la distancia social.

Education Week también reveló que el 76 % de los encuestados están “algo o muy preocupados” por las consecuencias que podría traer para su salud tener clases presenciales en otoño. Este porcentaje cambia según la zona, en zonas urbanas el 34 % de los educadores están preocupados ante esta posibilidad, pero sólo el 22 % de los maestros en zonas rurales. Este porcentaje se ve afectado por el número de maestros en riesgo (35 % versus 21 %).

Deserción docente pospandemia

Otro problema que enfrenta el sector educativo es que muchos docentes están considerando abandonar la profesión por la pandemia. Pero este porcentaje es engañoso, ya que aunque 1 de cada 5 maestros piensan abandonar las aulas, el 38 % de ellos ya consideraban retirarse antes de que sucediera la cuarentena.

El impacto que tuvo el coronavirus se ve reflejado en el hecho de que un 12 % de los encuestados no pensaban abandonar la profesión antes de la pandemia pero ahora lo están reconsiderando, provocando una rotación de maestros muy grande. De estos, el 79 % confiesa que parte de su decisión se basa en que tienen a algún ser querido con una condición que los pone en riesgo, por lo que no los quieren arriesgar.

Esta rotación de educadores presenta un riesgo para los distritos escolares ya que muchos pueden tener recortes presupuestarios que podrían conducir a no reemplazar a esos maestros y a despedir a otros.

¿Cómo será el regreso a clases, presencial, en línea o híbrido?

Aunque el cambio al aprendizaje virtual ha frustrado a muchos maestros, comentan que el cambio los obligó a aprender nuevas habilidades tecnológicas y métodos de enseñanza para llegar a los estudiantes de manera más efectiva. Ante los retos de la enseñanza en línea, los docentes que participaron en la encuesta confesaron que se sienten menos efectivos en esta modalidad pero esta no es una razón para pensar en renunciar, incluso si el regreso a clases en otoño es virtual.

Está claro que las interacciones en persona son clave en la educación y ayudan a los maestros a sentirse más motivados y efectivos, pero el nivel de productividad depende del rol. El 82 % de los docentes contestaron que trabajan mejor en las escuelas, comparado con un 64 % de los líderes del distrito.

Además, la perspectiva de muchos docentes ha cambiado tras la pandemia. Liz Russillo, profesora en Rhode Island señala que el cambio hacia el aprendizaje remoto la ha «obligado a utilizar la innovación y la creatividad para las evaluaciones más críticas al tiempo que destaca la importancia de la relación profesor-alumno. Nunca más daré por sentado que el estudiante que se presenta temprano para la clase para contarme sobre su fin de semana o el estudiante sentado en la parte de atrás del salón, tratando de permanecer fuera del radar, porque está teniendo un mal día».

A pesar de la incertidumbre, la posibilidad de regresar a clases los educadores se mantienen positivos. El 80 % confían que el mismo porcentaje de sus colegas regresarán a sus aulas el siguiente ciclo escolar, incluso si las clases no son presenciales o son híbridas.

La encuesta reveló fue que el 24 % de los educadores no piensan regresar si no hay un buen plan para implementar medidas de distanciamiento social efectivas. Sin embargo, el 35 % creen que estas medidas sólo harán más difícil que los estudiantes regresen, lo que provocaría implementar soluciones como sesiones dobles o más trabajo para los docentes.

Tras la implementación a nivel mundial de la enseñanza remota de emergencia,  es normal pensar que la educación en tiempos de coronavirus es un maestro interactuando por medio de herramientas como Zoom con sus alumnos pero este no es siempre el caso. Según la encuesta, 48 % de los participantes contestaron que sus clases se llevan a cabo a través de videoconferencias en vivo donde pueden hablar con los alumnos y estos tienen la oportunidad de interactuar con sus compañeros. Este tipo de participación se ve afectado por los niveles educativos. El 56 % de los docentes de primaria tienen clases en vivo, mientras que sólo el 40 % de maestros de secundaria y un 38 % de bachillerato lo hacen.

El estudio también reveló que entre los docentes que sí tienen clases en vivo, el 59 % dedica una hora o menos en hacerlo, ya que tratan de ajustarse a la disponibilidad de los padres y no abrumarlos. Algunos directores de distrito incluso pidieron a las escuelas que no se enseñen ningún material nuevo ya que muchas familias no cuentan con las capacidades docentes para administrar la enseñanza en el hogar.

Brecha digital y problemas de comunicación

En cuanto a la comunicación entre directores con maestros, familias y estudiantes, según Education Week menos de la mitad lo hace diariamente. Para ser específicos, 47 % de los directores interactúa todos los días con los alumnos y sólo el 17 % lo hace con las familias, cosa que hacían de manera frecuente cuando las escuelas estaban abiertas.

Uno de los puntos clave de la encuesta fue la participación de los estudiantes. Para el  76 % de los maestros encuestados, la participación de los alumnos ha ido disminuyendo. Esto puede provocar erosión académica, especialmente para aquellos alumnos de escasos recursos ya que pueden no tener acceso a las herramientas necesarias para continuar sus clases y comunicarse con los maestros. Además, dedican menos tiempo a sus clases, sólo una o dos horas, una hora menos de lo que los educadores reportan que invierten en ellos. Por su parte, los docentes también reportan que la poca participación provoca que ellos enseñen menos contenido nuevo.

Sobre este tema, Michael Casserly, líder del Consejo de las Escuelas de la Gran Ciudad dijo que la brecha es preocupante. “La imagen es muy desigual. No todos nuestros niños tienen acceso a las mismas cosas. Si estos patrones persisten, podrían crear una ‘subclase permanente’ de jóvenes que carecen de las habilidades para el trabajo y la responsabilidad cívica, una inequidad que daña la economía nacional y ofende el sentido de equidad moral».

Uso de herramientas para el aprendizaje en línea

El último punto que aborda la encuesta es si la videoconferencia es la principal herramienta que usan los educadores, especialmente aquellos de ciencias, matemáticas, lenguaje y arte. El 72 % de los encuestados creen que es una manera efectiva de enseñar ciencias, otro 63 % que es una buena forma de enseñar lenguaje y arte un 57 % confirman que les sirve para enseñar matemáticas.

Aunque las videoconferencias no son las únicas herramientas que utilizan. En el caso de ciencias, hacen experimentos con materiales caseros. Con lenguaje y arte, utilizan plataformas como Google Docs o Word Online y el uso de videos pregrabados es otro método que utilizan los maestros de matemáticas.

Debido a que aún no se tiene una vacuna y parece que el COVID-19 seguirá presente en otoño, las escuelas tienen que tomar en cuenta todos estos factores a la hora de pensar abrir sus puertas y, sobre todo, cómo lo harán. Es fundamental cuidar la salud y bienestar no solo de los estudiantes sino también del profesorado y personal. Plantear soluciones y alternativas para aquellos maestros que temen enfermarse o contagiar a sus familiares y cuidar especialmente a aquellos que son vulnerables al momento de planear el siguiente ciclo escolar y el enfoque que tendrá.

Fuente e Imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/maestros-temen-regreso-poscovid

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Pandemia por COVID muestra desigualdades hacia mujeres/México

América/México/17/06/2020/Autora: Anayeli García Martínez/Fuente: https://desinformemonos.org/

Ciudad de México. La pandemia del COVID 19 dejó al descubierto las desigualdades de género y los impactos sociales y económicos para las mujeres, y esta crisis nos debe llevar a un cambio profundo del modelo de desarrollo.

Así lo dijeron la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, durante el conversatorio virtual “Derechos Humanos de las mujeres: retos ante el COVID19″, organizado este viernes por el Senado de la República.

En el foro, en el que también participaron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, las diplomáticas coincidieron en que la salida de esta pandemia debe ser con medidas de igualdad de género.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que la pandemia es un problema global que requiere una respuesta global y destacó que esas acciones sólo serán efectivas si los Derechos Humanos son su eje rector.

La ex presidenta de Chile aseguró que ante esta emergencia sanitaria tenemos dos deberes esenciales: superar la pandemia y reconstruirnos mejor, porque, dijo, no podemos volver al día cero.

Si recordamos las protestas del año pasado, expuso, la gente no está contenta con el actual sistema económico porque siente que la democracia no ha mejorado su vida. “Al reconstruirnos mejor tenemos que pensar en las mujeres, pero también en una nueva economía inclusiva y sostenible”.

Bachelet aseguró que el virus no discrimina pero sus impactos diferenciados ha dejado al descubierto las desigualdades sociales y económicas de las que se alimenta. “El COVID ha desnudado la realidad pero además la ha exacerbado, ha exacerbado las desigualdades”.

Para la exdirectora de ONU Mujeres las consecuencias de la pandemia han sido catastróficas, por ejemplo, mujeres y niñas corren riesgos, pero no debido a vulnerabilidades inherentes sino a las consecuencias de la discriminación y desigualdad preexistentes.

Un dato que llamó la atención a la política, es que mujeres y hombres pueden contraer el virus por igual, pero mueren más hombres y aunque las teorías no están confirmadas, hay algunas que indican que las mujeres tiene dos cromosomas X y por tanto más capacidad de respuesta inmunológica.

Además de este tema, dijo, se debe entender que no todas las mujeres son iguales y que unas viven condiciones de desigualdad más profundas como pobreza, trabajar en la informalidad, ser parte de un grupo discriminado, ser indígena o tener una discapacidad. “La respuesta no puede ser neutra ni igual para todas”, advirtió.

Uno de los problemas de la respuesta a la pandemia es que los países no tienen datos desagregados por sexo y género para cada una de estas características. “Un consejo es mirar el tema sin dejar a nadie atrás, o esas personas seguirán atrás”, dijo Michelle Bachelet al dirigirse al Senado y a las autoridades mexicanas presentes.

Agregó que la pandemia está afectando a las mujeres de manera distinta, en particular las víctimas de violencia, quienes están en confinamiento y sin recursos para buscar apoyo. El UNFPA estima que si las medidas de confinamiento continúan, en 6 meses se tendrán 31 millones de casos adicionales de violencia de género, y en 3 meses se sumarán 15 millones más.

Si antes del COVID, una de cada tres mujeres era víctima de violencia de género en América Latina, Bachelet advirtió que hay señales del aumento de la violencia doméstica, como ha sucedido en Brasil, Argentina, Chile y México, donde también aumentaron las llamadas de emergencia al 911 por casos de violencia en el hogar.

La diplomática chilena consideró que en esta pandemia son esenciales los servicios para víctimas. Expuso que en otros países se han tomado medidas como sistemas de llamadas de emergencia, sistema de claves para pedir ayuda en lugares públicos como farmacias, rentar hoteles para usarlos de albergues o contactar a quienes habían denunciado violencia para asegurar que están seguras durante el confinamiento.

En el caso de México, la alta comisionada dijo que se debe seguir capacitando al personal que atiende las llamadas del 911 y fortalecer otros servicios, por ejemplo, para asegurar interpretación para mujeres y niñas sordas, o bien, promover campañas mediáticas para sensibilizar sobre este problema social, pero que integren mensajes claros, que sean representativas de mujeres y niñas, que se realicen con expertas y que sean ampliamente difundidas.

Por otro lado, Bachelet dijo el rol preponderante de las mujeres y niñas en el cuidado de la salud, aumenta el riesgo de infección. En la región, más de la mitad del personal médico y 80 por ciento del de enfermería son mujeres, por lo que consideró que el equipo de salud debe contar con equipo protección y condiciones para trabajar sin temor a agresiones físicas por su labor o a que se les nieguen servicios como guarderías.

Un tema más que puso sobre la mesa fue el presupuesto público. Los países tienen recursos limitados y al desviar recursos para atender la pandemia han dejado de lado el acceso a servicios de salud materna, anticoncepción y aborto. Mencionó que se ha documentado que las mujeres no son atendidas por falta de ambulancias o de hospitales, los cuales han sido reconvertidos para atender a pacientes con el nuevo virus.

A pesar de que se pueden notar los efectos de la pandemia, la alta comisionada aseguró que el impacto real aún no lo hemos visto. Explicó que las predicciones indican que el índice de Desarrollo Humano tendrá un deceso histórico, un retroceso de al menos siete años en lo ganado, además de que se espera la más grande contracción de la economía.

Al respecto, la la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, expuso que durante las últimas tres décadas los países han tenido un modelo de concentración de riqueza y desigualdades. Esta cultura de privilegios que normaliza la desigualdad, dijo, debe cambiar.

En su participación, la diplomática mexicana mencionó que el impacto social del COVID tiene rostro de mujer porque alrededor de 110 millones de mujeres en América Latina y el Caribe se encuentran en situación de pobreza y la caída económica por la pandemia sumaría 12 millones de personas desempleadas y 15.9 millones de personas en pobreza extrema.

En su presentación mencionó que son necesarias políticas para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en especial de las mujeres jóvenes. Entre estas políticas se encuentran ampliar el espacio fiscal y aumentar la progresividad de los sistemas tributarios; reforzar el financiamiento de servicios integrales contra la violencia de género. En este contexto, la Cepal apoya la propuesta de otorgar un ingreso básico de emergencia, equivalente a una línea de pobreza, durante seis meses. Esta iniciativa promovida por el organismo ha sido retomada en la Cámara de Diputados, donde actualmente se discute como un llamado al Ejecutivo federal y como reforma en materia económica a futuro.

Bárcena coincidió con la alta comisionada de la ONU al señalar que las medias de confinamiento están profundizando la crisis de cuidados, especialmente para las mujeres con menores ingresos y además han provocado situaciones de violencia.

En el tema de la salud, expuso que la cobertura presenta una segregación según el nivel de ingresos de los hogares en la región. En el primer décil de ingreso, sólo 33.7 por ciento de las mujeres ocupadas cotiza o esta afiliada a un sistema de salud. A esto se agrega que una cobertura limitad de servicios de cuidado, hace que esta carga se traspase a las los hogares, reforzando el trabajo no remunerado de las mujeres.

También mencionó que 72.8 por ciento de las personas profesionales de la salud son mujeres y enfrentan una brecha salarial.

En tanto, en el terreno laboral, 54.3 por ciento de las mujeres se encuentra ocupada en sectores que presentan precariedad, desde el punto de vista de los salarios, sin formalidad en el empleo ni seguridad en el punto de trabajo y mucho menos protección social.

Entre las propuestas que propuso de la secretaria ejecutiva de la Cepal están renovar los acuerdos del multilateralismo, generar datos desagregados por sexo, transformar los privilegios de derechos y promover un futuro feminista, con igualdad y sostenibilidad.

Fuente e imagen: https://cimacnoticias.com.mx/2020/06/12/pandemia-por-covid-muestra-desigualdades

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¿Medir el bienestar?

Por: Pedro Miguel

Las críticas al indicador del producto interno bruto (PIB) per cápita como indicador estrella del desarrollo de un país no son nada nuevo. El economicismo es un mal enfoque cuando se trata de aplicar a todos los aspectos de la vida de una sociedad. El propio Simon Kuznets, inventor del sistema de contabilidad nacional y uno de los primeros economistas que relacionó de manera hipotética el crecimiento económico como causal de distribución del ingreso, admitió, en fecha tan temprana como 1934, que resultaba improcedente calcular el bienestar de un país a partir del incremento a su renta nacional individualizada.

Sin embargo, la pretensión devino parte integrante de la ideología dominante, hasta el punto de que el PIB fue adoptado como rasero prácticamente único del éxito o el fracaso de las administraciones nacionales. Así, por ejemplo, la sempiterna animadver-sión de los medios occidentales hacia el régimen chino fue hecha de lado por una babeante admiración a los elevados índices de crecimiento de la potencia asiática y las elevadas cifras de su PIB mataron la atención sobre la represión de Tiananmen.

La más obvia de las objeciones a la asociación mecánica entre PIB per cápita y bienestar tiene que ver con que tal indicador es una abstracción matemática y que el promedio no refleja el grado de equidad en la distribución de la riqueza generada: mil dólares de PIB per cápita puede indicar un reparto igualitario de un millón de dólares entre mil personas a razón de mil dólares para cada una, pero también una realidad en la que 999 personas acceden a 100 dólares cada una, en tanto que un solo individuo se queda con 900 mil 100 dólares. La observación aplica directamente a México, donde el PIB per cápita correspondiente a 2018 (cifras del Banco Mundial) fue de 20 mil 616 dólares; en plena igualdad distributiva, esto habría debido significar un ingreso de mil 718 dólares mensuales para cada habitante del país. El célebre coeficiente de Gini tendría que ser un complemento indispensable al PIB para determinar el contexto de igualdad o desigualdad en el que se presenta el crecimiento económico.

Sin duda, la de disfrazar la desigualdad no es la única objeción al PIB y acaso no la más importante. Curiosamente, uno de los primeros que denunciaron en este siglo la absurda inferencia de bienestar a partir de ese indicador fue un reconocido promotor del malestar social: el ex presidente Nicolas Sarkozy, quien en 2008 convocó al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y a otras eminencias, las cuales confirmaron, en un informe de 300 páginas, la improcedencia del disparate. Incluyeron en el documento un ejemplo descarnado y crudo: los embotellamientos pueden hacer crecer el PIB debido al mayor consumo de gasolina, pero empeora el humor de los habitantes de las urbes, por no hablar de la calidad del aire.

Es claro que la medición del ingreso no necesariamente refleja grados de bienestar, que no toma en cuenta factores como salud (física y mental), educación, armonía con la sociedad y con el mundo ni grado de satisfacción personal o colectiva. Hay multimillonarios profundamente infelices y personas que con recursos materiales limitados, modestos e incluso escasos manifiestan un grado razonable de bienestar. Y es que si bien existen factores que son universalmente indispensables para lograrlo –alimentación, vivienda, educación, salud–, muchos otros difieren de país a país, de región a región y de cultura a cultura.

Hasta ahora, el principal problema al que se han enfrentado los múltiples intentos por determinar el bienestar de los países es la dificultad intrínseca de cuantificar algo que existe y es real, pero que escapa a toda medición posible porque pertenece al terreno de una experiencia personal o colectiva en la que los parámetros varían de persona a persona, de familia a familia, de municipio a municipio e incluso de religión a religión.

Una primera consideración derivada de esta dificultad es que tal vez resulte imposible determinar el bienestar nacional a partir de un modelo predeterminado por una autoridad y que deben ser las colectividades de la base social las que diseñen sus propios instrumentos para calificar su satisfacción o insatisfacción con el entorno inmediato, con las instituciones, con las condiciones materiales y con la vida en general. De esa forma, el censo de bienestar, por llamarle de alguna manera, tendría que ser un ejercicio colectivo y de abajo hacia arriba que necesitaría, más que métodos de medición, criterios de homologación para lograr una evaluación nacional consistente. De todas formas, acaso el producto principal del procedimiento no sería una cifra ni una flecha en una escala, sino un mapa tridimensional, o de múltiples capas, en el que se reflejaran los estados de ánimo del conjunto de la nación.

Puede ser así o de otras maneras, pero es un desafío muy estimulante.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/05/29/opinion/019a1pol

Imagen: https://pixabay.com/

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República Dominicana: Talento venezolano puede ser útil para enfrentar la pandemia

Centro América/ República Dominicana/ 02.06.2020/ Fuente: www.elcaribe.com.do.

El 61% de los venezolanos residentes en el país cuenta con estudios superiores

La crisis económica causada por la pandemia que creó el nuevo coronavirus aumenta el desempleo de la población, y afecta con dureza a las comunidades migrantes. Pero, para recuperar la economía se necesita, sobre todo, del talento, la creatividad y los conocimientos de los trabajadores y las trabajadoras.

En República Dominicana, una parte de esos conocimientos y talentos se encuentra en la población migrante y particularmente entre la venezolana. De acuerdo con el estudio “Promoción de medios de vida para población venezolana en República Dominicana”, el 61 % de los venezolanos residentes en el país cuentan con estudios superiores, principalmente en economía, administración, ciencias de la salud; y pedagogía y educación.

En parte, por su formación académica, la mano de obra venezolana no compite, sino que complementa la nacional, según Carmen Moreno, directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.

Mientras que la directora del Instituto Nacional de Migración, Florinda Rojas, destacó el potencial de ciertos trabajadores venezolanos para ayudar al país a hacer frente a la crisis causada por el covid-19.

“Este documento expone propuestas para la formulación de políticas públicas y/o programas que permitirían identificar a inmigrantes venezolanos calificados e incorporarlos en áreas o actividades en las cuales pudieran aportar sus habilidades y conocimientos para ayudarnos a responder adecuadamente a la crisis de salud que la COVID-19 ha creado”, dijo la funcionaria durante la presentación del informe en un encuentro virtual, donde se enfatizó la necesidad de que los migrantes se incorporen a la economía mediante el trabajo decente y el empleo digno.

Posibles aportes en salud y educación

De acuerdo con el estudio, la formación en ciencias de la salud y particularmente en enfermería podría ayudar a reducir el déficit de enfermeras y enfermeros que existe en el país, si se agilizan los procesos de regularización migratoria.

“República Dominicana tiene apenas 14 de los 23 profesionales de la salud (médicos, enfermeros y parteros) por cada 10,000 habitantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto obedece no a un déficit de médicos sino de profesionales en enfermería. Por lo que se recomienda la creación de programa de flexibilización de procesos migratorios y facilidades en la reválida académica en la práctica de enfermería”, se indica en el estudio realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM RD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Además, migrantes venezolanos bilingües, con formación en medicina o enfermería, podrían tener oportunidades de trabajo en el turismo de salud, que, de acuerdo con el documento, se encuentra en expansión. “Los empresarios entrevistados del sector turístico mostraron interés en contratar venezolanos, ya que valoran su formación académica y servicio al cliente, además les permite hacer frente a dos de sus principales retos en materia de gestión humana: la atracción de talento (ya que el personal calificado en su mayoría no es originario de los polos turísticos) y la rotación de personal. En lo relativo a la atracción de talento, los nacionales venezolanos han manifestado no tener inconvenientes en reubicarse cuando se trate de un empleo digno y considere regularización migratoria y además tienden a tener una rotación menor al promedio de mercado”, de acuerdo con el documento.

En el estudio también se destaca que el sistema educativo dominicano puede beneficiarse de profesionales que fortalecerían el trabajo de los docentes nacionales con prácticas innovadoras para fortalecer el aprendizaje de niños y niñas.

“En Venezuela la educación básica tiene prácticas no existentes en RD, tales como la participación permanente de especialistas en Educación Especial como soporte al docente”, se indica en el informe.

Dificultades para la regularización

Pero la regularización del estatus migratorio es un proceso difícil para la comunidad venezolana en la República Dominicana. El 77 % de los venezolanos encuestados para este estudio se encuentra en una situación migratoria irregular, y obtener residencia dominicana es complejo y costoso. Para solicitar visa de trabajo, los venezolanos deben viajar a su país e iniciar trámites en un consulado dominicano.

“Esto, en el caso de las personas que ya se encuentran en territorio dominicano, incrementa al costo del trámite, el costo del pasaje aéreo, penalidades por estadía tardía e incluso costos para acelerar trámites en Venezuela”, se informa en el reporte.

Además, la República Dominicana puede negar la visa al solicitante, e incluso si se obtiene visa, no hay garantías de que se permitirá el ingreso del migrante.

“No hay garantías de que aun con la visa de trabajo su ingreso al país sea permitido por las autoridades migratorias”, de acuerdo con el estudio.

Por otra parte, tanto la inseguridad que rodea al trámite como el costo de este, que ronda los US$1,221 por persona, desestimula a potenciales empleadores de pagar el proceso a los migrantes.
Tanto el estatus migratorio irregular como las dificultades para obtener documentos pone a la población venezolana en riesgo de sufrir abusos del empresariado.

“Se han documentado casos de empleadores que aprovechan la irregularidad migratoria de los trabajadores venezolanos para incumplir sus obligaciones patronales. Esto a pesar de que el Código de Trabajo Dominicano (Ley 16-92) garantiza la protección de todos los trabajadores en territorio nacional, independientemente de la existencia de un contrato, su nacionalidad o estatus migratorio”, según el estudio.

Por otra parte, aunque muchos venezolanos trabajan por cuenta propia, han mostrado poco interés en desarrollar emprendimientos formales porque “existe una percepción de alto riesgo al iniciar un negocio en República Dominicana sin un socio local, dado el desconocimiento del mercado, pocos contactos de negocios y limitaciones para acceder a financiamiento”, de acuerdo con el informe.

No obstante, el entorno social facilita la integración de los trabajadores venezolanos, ya que hay pocas manifestaciones de discriminación y xenofobia. Según el estudio, esto ocurre porque “las comunidades venezolana y dominicana comparten importantes lazos culturales, lo que ha permitido una fácil adaptación de ambas partes”.

El estudio se hizo a partir de una encuesta en la que se obtuvieron más de 900 respuestas de personas venezolanas o de origen venezolano. Además, se hicieron entrevistas a representantes del Ministerio del Trabajo (MT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Organización Internacional de las Migraciones y de la Fundación de la Comunidad Venezolana en República Dominicana (FUNCOVERD). También se consultaron 18 empresarios y ejecutivos de gestión humana.

Adicionalmente se hicieron grupos focales en Santo Domingo, Santiago y La Altagracia, en los que participación 62 profesionales venezolanos, se informa en el estudio.

Recomendaciones

Para facilitar la incorporación de la fuerza de trabajo venezolana a la economía nacional, en el estudio se sugiere:

  • Modificar el proceso de obtención de visa de trabajo, permitiendo cambio de estatus migratorio sin salir del país.
  • Crear portales informativos describiendo: a) proceso de regularización migratoria, b) revalidación académica, c) básicos de leyes laborales dominicanas.
  • Crear una base de datos de programas académicos en universidades venezolanas, de tal modo que se elimine la necesidad de legalización y apostilla de notas.
  • Revisar y mejorar los procesos de reválida académica.
  • Crear un programa especial que permita a los empleadores contratar trabajadores venezolanos por un período de tres meses sin necesidad de un visado de trabajo; finalizado este período el empleador tendrá la certeza de que el desempeño del trabajador justifica la inversión y permitiría la capitalización de los trabajadores para financiar y conseguir los documentos requeridos en Venezuela.

Fuente de la noticia: https://www.elcaribe.com.do/2020/06/01/talento-venezolano-puede-ser-util-para-enfrentar-la-pandemia/#

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