Las principales organizaciones de mujeres de la India convocaron una jornada de protestas el próximo 28 de agosto en el país para exigir alimentos, trabajo y servicios de salud, entre otros temas.
Dirigentes de la Asociación de Mujeres Democráticas de toda la India (Aidwa), Federación Nacional de Mujeres Indias (NFIW), Asociación de Mujeres Progresistas de Toda la India (Aipwa), Pragatisheel Mahila Sanghatan (PMS), Asociación de Mujeres Adelante de Toda India (All India Agragami Mahila Samiti) y All India Mahila Sanskritik Sangathan se reunieron en línea, reflejó el portal Indian Cultural Forum.
En la cita se expresó preocupación por el empleo y la seguridad alimentaria de las mujeres del país, así como la escalada de la pandemia y los cierres que crearon estragos en la vida de los sectores marginados. La mayoría de la población, especialmente las mujeres, perdió sus medios de vida, agregó.
La distribución de comida gratis y de las raciones no es uniforme y muchos de los hogares pobres no acceden a los mismos, mientras la privatización de los servicios de salud pública deja a la gente en el desamparo, acotó la fuente.
El sistema de salud no responde a ninguna emergencia sanitaria excepto las relacionadas con los casos de la Covid-19, lo cual crea enormes dificultades para las mujeres embarazadas y lactantes que necesitan atención médica urgente.
Hay casos de mujeres y niños que perecieron por la negativa de los hospitales a atender sus necesidades. Los cierres también aumentaron la vulnerabilidad de las mujeres y el aumento de los casos de violencia doméstica.
En tanto, el gobierno impulsa su agenda pro-corporativa de privatización y aún incumple sus escasas promesas sobre seguridad alimentaria, creación de empleo y apoyo en efectivo para los migrantes, las mujeres y otros trabajadores, afirma. También denunciaron las acciones policiales contra quienes dirigieron protestas contra las políticas autoritarias del Gobierno.
Las organizaciones decidieron abordar las cuestiones de seguridad alimentaria, empleo, acceso a servicios de salud mediante tratamiento gratuito, transferencias de efectivo a los migrantes y las mujeres, las dificultades agrarias y las reformas de la legislación laboral contrarias a los trabajadores.
8 de cada 10 muertes relacionadas con el covid-19 notificadas en los Estados Unidos ocurrieron entre adultos de 65 años de edad o más y en República Dominicana el promedio de edad de los fallecidos es de 66 años.
En Europa, como en otros países, muchos abuelos se han desesperado porque no les dejaban ver a sus nietos. Según los sectores y clases sociales, la cuarentena y las situaciones que se han producido en las relaciones entre abuelos y nietos han sido diferentes. En las clases medias y altas de nuestro país, donde las abuelas generalmente no viven con sus hijos, el distanciamiento social y el toque de queda han cambiado la forma de relacionarse con los nietos, así como los beneficios para ambos partes de esta relación cercana.
En las sociedades contemporáneas se espera que padre y madre sean personas adultas capaces de asumir el cuidado, la protección y la educación de los hijos. Dentro de este marco las abuelas cumplen papeles complementarios en las relaciones con sus nietos. Les proporcionan un amor pleno, puro e incondicional que deja huellas imborrables en el alma. Con paciencia y ternura trasmiten valores, y hacen sentir a los niños una pertenencia al grupo familiar que les da seguridad y autoestima
Abuelita
En República Dominicana la jefatura de hogar recae, de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en un 35.3% sobre la mujer. Dentro de este grupo hay situaciones menos visibilizadas, como son: la ausencia de ambos padres, sea por separación o divorcio, migración, muerte de uno de los cónyuges o padres vivos que abandonan el hogar.
En estos casos son las abuelas las que siguen en pie de lucha y asumen el rol de madres sustitutas, llevando el peso de varias generaciones a cuestas. Son, en su mayoría, abuelas de sectores vulnerables; las hay en toda la geografía nacional, con creces en las áreas de mayor migración. Gracias a su sacrificio, las madres emigran para buscar el sostén económico de las familias.
Las abuelas son mujeres luchadoras, sometidas a muchas tensiones y envejecidas antes de tiempo.Hablo de estas abuelitas de cabellos grises, porque abuelas las hay de todas las edades en una sociedad donde las niñas paren en la adolescencia. En muchos casos,las funciones maternas asumidas por las abuelas están relacionadas con experiencias familiares y personales: muchas fueron madres solteras que asumieron el cuidado de sus hijos sin la participación del padre.
Sus aportes tienen un fuerte impacto social y su rol está enraizado en los orígenes indígenas y africanos del pueblo dominicano que hacen de la familia una familia matrifocal, y de la figura materna un eje fundamental de la sociedad.
Abuelita
De repente las abuelitas de nuestros barrios se están muriendo; las que vemos a las salidas de las escuelas peleando con sus tumultuosos nietos, buscando un lavado o un planchado para completar las remesas, a veces desfasadas con la tecnología y la movida rápida de la juventud.
Mujeres con muchas necesidades de salud no resueltas, a menudo desgastadas, que no saben mucho de lo que es la prevención, que hablan de “vientos” y otras enfermedades y se sanan con botellas más que con medicamentos demasiado costosos.
Estas figuras de nuestros barrios han sido las primeras víctimas de la covid-19 y de la falta de responsabilidad de un importante sector de la población. Es así que en Villas Agrícolas se nos van las abuelitas, memorias del sector con sus vivencias, sus historias, su ternura.
Las calles, los callejones y las parteatrás están en luto: para dar solo algunos ejemplos, los callejones de los Chismosos, 21, Obrero, Caliente así como Villa Linda, y la calle Félix Evaristo Mejía han pagado su cuota al coronavirus y están de luto.
Abuelita
Oliva Aguaro de Félix, “Mamacita”; Carolina Guzmán, “Mama Caro”; Flor María Brea, doña Chela; Estherbina Heredia, doña Mabela; Carmen Dolores Germán Rosario, doña Carmen; Rosa Gilda Canela; María Altagracia Polonia Rodríguez; Juana Figueroa Pola, doña Maisita; Guillermina Feliz de la Rosa, doña Mimina, y Corina Linares, madres, abuelas, bisabuelas, hermanas, tías, vecinas, todas personas afanosas, solidarias, valiosas y pilares de la comunidad. Ellas quedarán para siempre como parte intrínseca de las estampas de Villas Agrícolas, de su historia y de su cultura barrial.
Es tarea de todosestimular el reconocimiento social de las abuelas, dando relevancia a estas mujeres que extienden el rol de madres a períodos de sus vidas en que deberían estar disfrutando logros personales postergados y merecer atenciones especiales.
Fuente e imagen: https://acento.com.do/opinion/se-nos-mueren-las-abuelitas-8843385.html
Los efectos de la pandemia sobre la salud mental pueden derivar en situaciones de ansiedad, depresión, miedo de infectarse e insomnio. En su estado crítico, estas condiciones pueden, incluso, ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Ninguna atención que como sociedad pongamos al estado de la salud mental de los nuestros, es poca.
La situación económica que enfrentan las familias ecuatorianas, la incertidumbre frente a la salud, el empleo, la delincuencia y el riesgo eminente de contagio empeoran síntomas que llegan hasta al 25% en quienes contraen el virus o conforman el círculo epidemiológico de un paciente confirmado.
Un estudio de la Universidad de las Américas en Quito revela que las cifras son similares a las detectadas durante lo más crítico de la pandemia por el coronavirus en China, lo cual refleja que son producto de la particular situación que vivimos.
El Ministerio de Salud Pública, mediante su línea 171, trabaja también con voluntarios y estudiantes universitarios para brindar ayuda emocional y psicológica.
A las familias, amigos, empleadores y colegas de quienes padecen síntomas de ansiedad o depresión les corresponde un rol vital que empieza por desestigmatizar estos problemas, que pueden tener soluciones sencillas pero requieren de atención. En casos graves, muchos de los cuales pasan desapercibidos, corresponde buscar ayuda, en ocasiones, incluso en contra de la voluntad de la persona afectada.
La salud mental es parte de nuestro bienestar como sociedad, y es una condición que se trata con apoyo comunitario y solidario.
«La depresión es la sombra de la cultura empresarial, cuando el voluntarismo mágico se enfrenta a oportunidades limitadas.” Mark Fisher (1968-2017) Filósofo, escritor y maestro; Inglaterra.
«La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad.” Constitución de la Organización Mundial de la Salud
América Central/República Dominicana/02-08-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.doacento.com.do
En el Día Mundial contra la Trata de Personas, Marcelo Pisani, director de ONU MIGRACIÓN, compartió el artículo reflexivo “Cuando la trata de personas se adapta a la pandemia”, para contextualizar la forma en que este negocio ilícito puede operar durante la crisis mundial actual.
Este 30 de julio, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, Marcelo Pisani, director regional de la Organización Internacional para las Migraciones (ONU MIGRACIÓN) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, hizo una reflexión sobre el nuevo contexto COVID y cuáles son las nuevas señales y formas de operar de las redes de trata de personas.
En un artículo que escribió Pisani para conmemorar el día, explicó que las redes de trata de personas aprovechan la vulnerabilidad durante la crisis humanitaria causada por la COVID-19 de múltiples formas para su provecho. Estas vulnerabilidades, indicó, están ocasionadas principalmente por el aumento del desempleo, la falta de acceso a servicios de salud y educación, el aumento de la violencia y el aumento de las restricciones para el desplazamiento.
Pisani argumentó que según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una red de más de 500 expertos internacionales en derechos humanos, las redes de trata tienen la capacidad de adaptar sus operaciones para capitalizar el impacto socioeconómico de la pandemia. La agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que estos ajustes en su “modelo de negocios” son muchas veces posibles a través del abuso de herramientas tecnológicas.
El incremento de la captación en línea es una de las modalidades que la Iniciativa Global advirtió, de acuerdo a Pisani, al considerar que ahora las personas, y especialmente los menores pasan mucho más tiempo encerrados en sus casas y utilizando internet debido al cierre de las escuelas.
Expuso que algunos tipos de trata de personas pueden generar menores ganancias debido a la pandemia, y en estos casos los tratantes se adaptan moviendo a sus víctimas a labores con productos de mayor demanda, como el trabajo forzado en agricultura o la explotación sexual de menores en línea.
Aunque es un fenómeno aun no estudiado con profundidad, dijo que algunos comercios o empresas que anteriormente pudieran no estar realizando prácticas explotadoras con sus trabajadores, en el contexto de la pandemia pueden verse tentados a recurrir a constantes amenazas de despido, lo que coloca a los empleados en situación de vulnerabilidad, incluyendo por ejemplo la aceptación de nuevas condiciones poco favorables: jornadas más largas, pago menor, etc.
Por otro lado, desarrolló que dada la pérdida de ingresos económicos de la población, muchos tratantes llegan con ofertas “salvavidas” para aliviar su situación, lo que significa captación para trabajo informal, servidumbre, trabajo sexual o inclusive para que se unan a la misma red como criminales.
Respuesta institucional y gubernamental
En cuanto a la respuesta institucional, Pisani afirmó que las instituciones también están trabajando con fuerza en su propia adaptación a la nueva realidad para asegurar así que la fiscalización por parte de las autoridades esté acorde con las necesidades en términos de recursos humanos, preparación y acceso a recursos tecnológicos adecuados.
En ese aspecto, resaltó la importancia de asegurar que las organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo en casos de trata de personas no pierdan recursos para mantenerse operativas en la lucha contra este flagelo.
“El brote de COVID-19 ha obligado a los estados, organismos de cooperación internacional y autoridades en general a repensar la manera en que se abordan las problemáticas sociales que se han visto impactadas por las medidas sanitarias, incluidas las restricciones a la movilidad. Es necesario que se estudien a fondo los cambios en el comportamiento de las redes criminales para poder plantear medidas de prevención y asistencia a víctimas según las características específicas que toman los delitos en el contexto de la pandemia; y con esta base de conocimientos realizar también los ajustes institucionales y de las normas vigentes que esta nueva realidad demanda”, concluyó diciendo en su reflexión.
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/revocacion-de-los-contratos-administrativos-por-razones-de-interes-publico-2-de-2-8844544.html
Por: Daniela Rea, Diana Cariboni y Lydiette Carrión
Las mujeres enfrentan una crisis de «violencia obstétrica» agravada por la emergencia sanitaria de covid-19, a pesar de las leyes que buscan combatir el maltrato y la «medicalización excesiva»
Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de covid-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, además de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva”.
La región ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.
La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, que dicen además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.
La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.
Fotografía durante una videollamada con Lidia y su bebé en su casa en el Estado de México. / Foto: María Ruiz.
La mayoría de estas leyes garantiza una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes del covid-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.
En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, incluso contrariando las pautas del propio ministerio de salud.
Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de covid-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.
En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de covid-19. Trece de ellas dijeron que no se les permitió parir con un acompañante, como parte de las restricciones de los hospitales, y 15 dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.
Benavides relató que, en el peor momento del brote en la ciudad de Guayaquil (abril y mayo), una clínica privada ofrecía: “vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1,200 dólares. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.
En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, estima que, cuando se acceda a las estadísticas, “en abril y mayo veremos un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, que sin embargo “es contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del covid-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.
En toda la región, “en nombre de la pandemia, los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin covid-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Uruguay, que registra alrededor de 1,000 casos de covid-19 y una treintena de muertes, las autoridades fueron acusadas de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, cesáreas y ecografías, contraviniendo la ley.
En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido solas y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).
Solas y mal informadas
A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a diecisiete mujeres y a gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.
La mayoría de las mujeres debieron parir solas porque se prohibieron los acompañantes por el covid-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.
Muchas de estas mujeres denunciaron asimismo abuso verbal y físico de un personal hospitalario sobreexigido, que tampoco les dio suficiente información para entender lo que estaba pasando. Además, varias parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”
Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria.
“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de covid-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.
No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.
Montse Reyes y su bebé durante una videollamada, mayo de 2020. Foto: Fernanda Ruiz.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador. Le habían prometido un parto con música, libertad de movimiento y masajes en el centro de salud pública de Conocoto, Quito. Pero, si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos.
Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y explica que el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto y solo apareció tres horas después; para entonces ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.
En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.
La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz solas.
“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri. Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.
Problemas globales, partos riesgosos
En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó más de 100 infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.
En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.
Dos mujeres embarazadas esperan que las controlen en un hospital de Caracas, Venezuela, mayo 2020 Foto: Yadira Pérez.
En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto y debieron practicarle una histerectomía.
A otras parturientas que llegaban a pie a la maternidad (algunas tras caminatas de una hora desde sus casas) se les decía que volvieran más tarde, cuando tuvieran mayor dilatación del útero.
En Ecuador, la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna, dijo que en abril a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, entonces sumergida en un descontrolado brote de covid-19.
“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera.
También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de covid-19 sin previo aviso.
Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus. Al principio se lo negaron.
“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer. La médica la regañó y le aseguró que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Pero no era cierto, como demostró un segundo médico que ordenó una ecografía y un test de coronavirus, que resultó positivo.
La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas contra la violencia obstétrica. Sin embargo, no está claro si las autoridades van a investigar estos casos en algún momento, pues ninguna de ellas respondió las preguntas de openDemocracy en México. Tampoco en Argentina, ni en Uruguay, ni en Venezuela.
La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia.
Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de covid-19”.
“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.
La violencia obstétrica existe, pero no se nombra
A la violencia preexistente hacia las mujeres embarazadas, dice la OMS, se le suman los agravios por la emergencia sanitaria.
El asesor regional en salud materna de OMS/OPS, Bremen de Mucio, dijo que las situaciones encontradas en nuestra investigación no lo sorprenden, “porque ya existían antes de la pandemia y de hecho la necesidad de que OMS haya desarrollado una declaración específica sobre el maltrato durante el embarazo, el parto y el puerperio da cuenta de que esta es una realidad que se presenta en la casi totalidad de los países… Y lo único que ha ocurrido en la pandemia es que algunas de esas situaciones se han agravado o se han hecho más frecuentes”.
El experto añadió que “lo primero es abogar para que el tema tome la visibilidad necesaria, esto tiene un doble efecto, por un lado que las usuarias conozcan que el problema existe y que los derechos están de su lado. Y al mismo tiempo, dar a entender a los profesionales que prácticas que ellos consideran normales son violatorias de los derechos de las usuarias y que tarde o temprano deben ser punibles”.
De Mucio se explayó asimismo sobre la resistencia que genera en el personal médico la expresión “violencia obstétrica”.
En la declaración de la OMS, firmada por decenas de instituciones relevantes, “debimos hablar de trato irrespetuoso en lugar de violencia obstétrica. Y esto no ha sido por capricho, o por no reconocer que la violencia obstétrica existe”, sino “para evitar cortar puentes de diálogo con las sociedades profesionales, porque hablar de violencia obstétrica genera resistencias que impiden discutir el tema”, sostuvo.
Las leyes contra la violencia obstétrica se hicieron necesarias “ante la constante violación de los derechos de las usuarias. Desafortunadamente, en algunos casos no han sido reglamentadas, o no se han especificado las sanciones que comporta el no respetarlas, o directamente no se monitorea el respeto a estas leyes”, dijo. Más grave aún, según el experto, los profesionales y las mujeres incluso ignoran a veces la existencia de estas normas.
Una anécdota hace explícita esta situación. “Hace unos años, en un congreso de ginecología y obstetricia, el presidente de una gran federación de ginecología y obstetricia de un país de América Latina se jactaba de que, aunque existía una ley contra la violencia obstétrica en varios estados de su país, nunca se había sancionado a un ginecólogo por violencia obstétrica”, sostuvo De Mucio.
Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli y Agostina Mileo.
A medida que la pandemia de la Covid-19 socava los sistemas de salud y las economías incluso en las naciones más avanzadas, las redes mutuas y los esfuerzos de autoorganización han surgido en todo el mundo como muestra de solidaridad pandémica.
Con el asesinato policial de George Floyd, EE. UU. ha visto una mayor expansión de la autoorganización: desde bonos y fondos de ayuda mutua para manifestantes hasta patrullas ciudadanas en Minneapolis y una zona autónoma libre de policía en Seattle.
A raíz del caso Floyd, el primer intento de abolir la policía y reemplazarla con justicia transformadora basada en la comunidad está en marcha en los EE. UU., pero hay comunidades que han estado experimentando con la autoorganización sin recurrir a los estados que las oprimen o desposeen, como Rojava en el noreste de Siria, Cooperación Jackson en Mississippi y Zapatistas en Chiapas.
Los zapatistas, en particular, han pasado los últimos 26 años organizando sus comunidades de manera autónoma del Estado en todas las esferas de la vida, desde la policía y el sistema de justicia hasta la atención médica, la economía y la educación. A medida que somos testigos de los límites de lo que se puede cambiar radicalmente, la experiencia zapatista es más relevante que nunca.
Siendo estudiante de nuevas formas de democracia directa y autogobierno apátrida, viajé a Chiapas en diciembre pasado para asistir a un programa de un mes, llamado «Celebración de la Vida», que culminó con la celebración del 26 aniversario del levantamiento Zapatista de 1994, cuando campesinos indígenas de Chiapas se levantaron para defender sus derechos y tierras contra el Estado y los grandes terratenientes.
Basándome en la investigación etnográfica existente, así como en mis propias entrevistas y conversaciones durante el viaje, exploro en esta pieza las características más instructivas de la organización social de los zapatistas: toma de decisiones de abajo hacia arriba, justicia autónoma, educación, sistemas de salud y economía cooperativa, con la esperanza de que podamos beneficiarnos de ellos al construir nuestro propio «otro mundo».
Las personas son las que deciden
En los 26 años posteriores al levantamiento inicial, los zapatistas se convirtieron en una voz destacada de los pueblos indígenas de México y construyeron un sistema autónomo de facto de autogobierno en territorios no contiguos al estado de Chiapas, habitados por los partidarios del movimiento.
Un principio clave que subyace en el proyecto zapatista, que asegura que las instituciones autónomas sirvan a la gente, es «mandar obedeciendo», lo que significa liderar obedeciendo. Implica que los líderes políticos no toman decisiones en nombre de su comunidad como sus representantes, sino que actúan como delegados de la comunidad, implementando las decisiones tomadas en las asambleas locales, un mecanismo tradicional de toma de decisiones.
Estos existen a nivel de aldea y, en contraste con las asambleas tradicionales de México, incluyen mujeres, cuyo empoderamiento ha estado en el centro de la revolución zapatista. Las asambleas eligen delegados para un consejo municipal, el siguiente nivel en la estructura administrativa zapatista.
Luego, a nivel regional, varios municipios autónomos están representados a través de delegados en Juntas del Buen Gobierno (JBG), o Consejos de Buen Gobierno, llamados así en contraste con el gobierno mexicano «malo». Los miembros de JBG sirven durante 3 años de forma rotativa en turnos de tan solo unas pocas semanas. Dicha rotación frecuente está destinada a prevenir la aparición de redes clientelerales.
El mapa es cortesía de Maël Lhopital, voluntario de DESMI.
Cualquier idea propuesta en un nivel administrativo superior pasa por el proceso de consulta con cada comunidad, después de lo cual los delegados llevan la opinión de sus comunidades a una reunión municipal. Hay un fuerte énfasis en la toma de decisiones por consenso, aunque eso a menudo significa asistir a reuniones de un día en las que todos deben ser escuchados, y la decisión no se toma hasta que se llega a un compromiso.
Los líderes se eligen de acuerdo con la tradición indígena de carga, una obligación de servir a la comunidad, y se comprometen a puestos de responsabilidad no remunerados. Las comunidades tienen derecho a revocar el mandato de aquellos funcionarios que no cumplan con su deber de servir a la gente.
La formación político-militar EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), que se había organizado clandestinamente desde 1983 y que culminó en el levantamiento de 1994 y las ocupaciones de tierras, existe paralelamente a los tres niveles de administración autónoma y da dirección política al movimiento. Si bien está organizado jerárquicamente, su cuerpo más alto está formado por civiles elegidos por asambleas comunitarias. Además, su presencia en los asuntos comunales es limitada para garantizar un verdadero autogobierno democrático de las comunidades zapatistas.
El subcomandante Moisés está haciendo una declaración en la celebración del aniversario, rodeado por el resto del CCRI-CG, el cuerpo más alto del EZLN (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comando General). | Foto: Anya Briy
Tras adoptar una posición de rechazo a cualquier ayuda del llamado gobierno «malo», los zapatistas asumieron la función estatal de prestación de servicios en las comunidades afiliadas al movimiento. Eso significaba construir sus propios sistemas comunitarios de justicia, educación, salud y producción.
Sistema de justicia
El sistema de justicia zapatista ha ganado confianza y legitimidad incluso más allá de los partidarios del movimiento. Es gratuito, se lleva a cabo en lenguas indígenas y se comprueba que es menos corrupto o parcial en comparación con las instituciones gubernamentales de justicia. Pero lo que es más importante: adopta un enfoque restaurador en lugar de punitivo y pone énfasis en la necesidad de encontrar un compromiso que satisfaga a todas las partes.
Arraigado en la comunidad, el sistema consta de tres niveles: el primer nivel se refiere a cuestiones entre los partidarios zapatistas, como chismes, robos, borracheras o disputas domésticas. Dichos casos son resueltos por las autoridades electas o, si es necesario, por la asamblea comunal, según la práctica habitual. Al resolver conflictos, las autoridades funcionan en gran medida como mediadores, proponiendo soluciones a las partes involucradas. Si no se resuelven, los casos pasan al siguiente nivel municipal, donde son tratados por una Comisión de Honor y Justicia elegida.
La mayoría de las veces, las sentencias involucran servicio comunitario o una multa; las penas de cárcel normalmente no exceden varios días. Como Melissa Forbis explica, la cárcel comunitaria generalmente es solo una habitación cerrada con una puerta parcialmente abierta para que las personas puedan pasar a conversar y pasar comida. Dado que el o la infractora a menudo tiene que pedir prestado dinero a los miembros de su familia para pagar una sanción, estos también están involucrados y su presión ayuda a prevenir una mayor transgresión. Las cuestiones domésticas relacionadas con la mujer son abordadas por las mujeres en la Comisión.
Mariana Mora ofrece una ilustración reveladora del enfoque del movimiento hacia el castigo, documentando un caso en el que los zapatistas emitieron una sentencia de servicio comunitario de un año por un robo. A los declarados culpables se les permitió alternar el servicio con el trabajo en sus propios campos de maíz para que sus familias no tuvieran que compartir el castigo. La Comisión explicó su decisión de la siguiente manera:
«Pensamos que si simplemente los encarcelamos, los que realmente sufren son los miembros de la familia. Los culpables simplemente descansan todo el día en la cárcel y aumentan de peso, pero sus familias son las que tienen que trabajar en el maizal y descubrir cómo sobrevivir.»
El nivel más alto del sistema de justicia, el de JBG, se ocupa de casos que involucran principalmente a no zapatistas u otras organizaciones políticas locales, generalmente en disputas sobre tierras, así como a las autoridades gubernamentales locales. Los no zapatistas buscan el sistema de justicia autónomo no solo cuando tienen disputas con miembros de las comunidades zapatistas, sino también cuando experimentan un trato injusto por parte de los funcionarios del gobierno, en cuyo caso los zapatistas pueden decidir acompañar a los demandantes a la oficina pública y discutir en su nombre.
Si bien los zapatistas todavía tienen policía, es bastante diferente de cómo estamos acostumbrados a pensar en ello. Como documenta Paulina Fernández Christlieb, no son armados, ni uniformados, ni profesionales. Al igual que otras autoridades, la policía es elegida por su comunidad; no son remunerados y no sirven en esta función de forma permanente. Cada comunidad tiene su propia policía, mientras que los niveles administrativos más altos, los del municipio y la región, no la tienen. Descentralizados y desprofesionalizados, los policías sirven y están bajo el control de la comunidad que los elige.
Dance festival as part of the month-long program, called “Celebration of Life”: members of a Zapatista community are enacting life after 1994. Signs say “Education,” “Health,” and “Collective Work.” | Photo: Anya Briy
Educación
El sistema educativo zapatista está igualmente arraigado en la comunidad. Las escuelas autónomas son administradas por los llamados «promotores de la educación», principalmente jóvenes locales que enseñan en sus propias comunidades bajo la supervisión de un comité de educación elegido por una asamblea local.
Desde el lanzamiento del sistema educativo autónomo, los zapatistas han llevado a cabo programas de capacitación para preparar a los promotores educativos y desarrollar un plan de estudios en colaboración con grupos solidarios, ONG y voluntarios de afuera, así como en consulta con la población local. Hoy las comunidades tienen sus propios profesionales que capacitan a nuevos promotores. Al igual que otros puestos de autoridad y responsabilidad, los promotores no reciben salarios y la comunidad a menudo los ayuda a cultivar sus campos de maíz.
El plan de estudios está integrado en la vida de la comunidad y está diseñado para preparar a una nueva generación para tareas de gobernanza y autosuficiencia, que incluyen temas como autonomía, historia, agroecología y medicina veterinaria. Las clases se imparten tanto en español como enlenguas indígenas, con énfasis en la preservación de las tradiciones y conocimientos locales. La comunidad participa activamente en la determinación de la metodología y el plan de estudios, como lo ilustra el comentario de un promotor de educación de una de las comunidades,citado por Bruno Baronnet:
«Consultamos a nuestro comité de educación y nuestra asamblea sobre los verdaderos conocimientos que son importantes para nuestra gente. Son las personas las que deciden y respetamos su opinión, incluso si a veces no estoy de acuerdo, como el otro día durante la asamblea, cuando me ordenaron que ya no jugara con niños durante las horas de escuela porque algunos padres piensan que uno no puede aprender mientras se divierte. No sabía cómo decirles que no es del todo cierto, pero los convenceré la próxima vez. (Traducción de la autora, del francés).»
Los jóvenes zapatistas están representando su vida antes de 1994, pretendiendo beber cerveza y sosteniendo un cartel con el nombre de un reciente programa de ayuda gubernamental, Sembrando Vida. | Foto: Anya Briy
Cuidado de la salud
Los zapatistas también han desarrollado su propio sistema de salud, aunque todavía se utiliza la ayuda de especialistas no zapatistas. La mayoría de las comunidades tienen un voluntario local, un promotor de salud, que recibe capacitación en medicina tradicional y moderna en los centros de salud regionales organizados por los zapatistas. Estos voluntarios brindan servicios básicos en una casa de salud local.
El tratamiento más avanzado está disponible en clínicas ubicadas en cruces de caminos y en algunos de los centros municipales. La clínica en Oventic, por ejemplo, es una de las más sofisticadas: ofrece cirugía básica regular, clínicas dentales, ginecológicas y oftalmológicas; alberga un laboratorio, un taller de hierbas, una docena de camas para admisiones y está equipado con ambulancias. Los comités de coordinación de salud, al igual que los de educación, existen en cada nivel administrativo, lo que garantiza la participación de las comunidades en la administración del sistema de salud autónomo.
Mujeres zapatistas que salían de una clínica ubicada en el caracol Morelia, donde se realizó el encuentro internacional de mujeres, que también forma parte del programa de un mes y el aniversario. | Foto: Anya Briy
En las comunidades mixtas, donde los zapatistas coexisten con los no zapatistas, los servicios autónomos están abiertos a todos. Me dijeron, por ejemplo, que los padres no zapatistas enviaron a sus hijos a escuelas autónomas porque saben que son de mejor calidad. Lo mismo se aplica a las clínicas zapatistas, ya que la falta de médicos en las comunidades indígenas es común.
Producción: Para Todos Todo, Para Nosotros Nada
El funcionamiento del gobierno autónomo, las escuelas y clínicas, así como otros proyectos colectivos, se financia con los ingresos de las cooperativas y los colectivos de tierras. Estos están en el centro de la aspiración de los zapatistas de alcanzar la autosuficiencia económica del Estado y construir una economía basada en la distribución equitativa de los recursos.
Si bien las cooperativas y los colectivos coexisten con los terrenos familiares y el emprendimiento individual, la participación en el trabajo colectivo de forma rotatoria es obligatoria. También hay bancos populares en forma de fondos rotativos que otorgan préstamos a bajo interés a los miembros de las comunidades como base de apoyo. Estos bancos generan fondos que se invierten en nuevos proyectos colectivos. Algunos proyectos colectivos son solo para mujeres y tienen la intención de brindar una oportunidad para que las mujeres ganen confianza y participen en la vida social de sus comunidades.
María, miembro de una comunidad zapatista, compartió su experiencia y comprensión de muchos aspectos de la lucha zapatista, incluido el compromiso con el trabajo colectivo. | Foto: Anya Briy
Otro mundo es posible
Los desafíos que enfrenta el movimiento zapatista son muchos. Van desde deserciones como resultado de la campaña de cooptación del gobierno a través de subsidios y programas de mejora, hasta la dependencia del financiamiento por parte de ONG solidarias y la persistencia de tendencias patriarcales y desigualdades internas.
Sin embargo, a pesar de los desafíos, en 26 años de lucha por la autonomía, los zapatistas han construido acuerdos sociales funcionales basados en la democracia de abajo hacia arriba, la cooperación y la justicia comunitaria, que colocan el bienestar de la comunidad por encima del beneficio individual.
A través de estos acuerdos, las comunidades zapatistas han asegurado los derechos, la protección y las necesidades básicas que el Estado mexicano les ha negado o no ha podido proporcionarles. Como señaló recientemente Dora Roblero de Frayba, una organización que ha estado acompañando a los zapatistas desde el principio, los zapatistas pueden ser la única comunidad en México más preparada para resistir la pandemia, gracias a su autoorganización de servicios básicos durante años.
Dado que los Estados no protegen ni brindan servicios a tantos ciudadanos en todo el mundo, la experiencia zapatista ofrece una alternativa inspiradora centrada en la comunidad.
Fuente e imagen: https://www.opendemocracy.net/es/zapatistas-lecciones-de-auto-organizacion-comunitaria/?fbclid=IwAR3RkUmt5ai-u8YNgQdTJWOFJHnM_P5kIgPgly7FTgBfqOAJiUqvo818uHM
América del Sur/Perú/28-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.andina.pe
El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó que, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el Perú del futuro ya no puede seguir siendo el mismo país, por lo que es necesario impulsar cambios profundos para modernizar el Estado y mejorar la salud, la educación y la inclusión social.
“Esta ingrata experiencia de la pandemia que ha cobrado muchas vidas tiene que motivar en nosotros la convicción de que esta forma de Estado no puede ser el mismo. Una de nuestras prioridades tiene que ser la salud, la educación y la inclusión”, reflexionó durante un encuentro virtual con los Voluntarios del Bicentenario.
Para graficar la necesidad de optimizar el Estado, comentó que las falencias en el aparato público perjudican directamente a las familias más vulnerables y lamentó que un caso palpable de ello es que muchos hogares pobres no recibieron los subsidios del Estado debido a la falta de conectividad y de inclusión financiera.
“Desde una perspectiva formal este Estado tiene que cambiar” manifestó.
A juicio del Jefe del Gabinete de Ministros, uno de los agentes de este cambio necesario son los jóvenes del país.
Al respecto, destacó que los jóvenes voluntarios del Bicentenario han desempeñado un papel fundamental durante la pandemia, pues han estado presentes en aquellas localidades del país donde la presencia del Estado era débil brindando su apoyo hacia las poblaciones más vulnerables ante la pandemia.
En ese marco, expresó el agradecimiento del Gobierno por el trabajo de los voluntarios y afirmó que su próximo reto tras la pandemia será el bicentenario de la independencia el próximo año.
(FIN) CVC
Fuente e Imagen: https://www.andina.pe/agencia/noticia-zeballos-peru-ya-no-puede-ser-mismo-y-debe-priorizar-salud-y-educacion-803368.aspx
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