Estos profesinales están sin duda capacitados para la identificación de los síntomas de Covid-19.
Niños con diabetes, alergias alimentarias graves que cursan con shock anafiláctico, casos graves de epilepsia, golpes, caídas, casos no diagnosticados de enfermedad cardiaca no diagnosticada… y ahora, por desgracia, coronavirus. A juicio de Borja Mediero, enfermero escolar en un instituto madrileño de Secundaria, la necesidad de estos profesionales en los colegios en tiempos de coronavirus queda fuera de toda duda, porque «están sin duda capacitados para la identificación de los síntomas de Covid-19. Nuestra figura es clave -insiste-. En los colegios es necesaria la visión de un sanitario a la hora de organizar un protocolo de actuación frente al Covid, tanto en prevención, como en detección de casos en el aula».
Mediero teme la llegada la apertura de los colegios y la llegada del frío, donde augura que se van al mezclar los síntomas de la gripe con los del coronavirus, y va a ser muy difícil de diferenciar entre ambas enfermedades hasta que no haya un diagnóstico hecho con PCR: «nos viene un tsunami», augura. «Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo que no todos los adolescentes están concienciados con todo esto, y qué mejor que darles formación sanitaria, tanto sobre el Covid y sus consecuencias, como otras muchas cosas que les rodean, como el alcohol y el tabaco».
De hecho, «la ley de regulación de profesiones sanitarias establece que las enfermeras son las responsables de ejercer esta promoción de la salud en la ciudadanía», explica Mediero. «Esta labor de prevención y promoción de la salud es la que ocupa gran parte de nuestra jornada laboral: organización de charlas, clases para evitar el tabaquismo, talleres sobre alimentación y nutrición, consumo de alcohol, drogas, estilos de vida saludables, RCP para el manejo de situaciones de emergencia…». Es más, a este profesional no se le olvidará en la vida el día en que tuvo que atender a un menor que presentaba una parada cardiorrespiratoria por atragantamiento. «Volvió a la vida tras hacerle una resucitación cardiopulmonar», rememora.
Porque el abanico de problemas sanitarios que se puede dar en un colegio es infinito. «Podemos realizar una atención práctica, de urgencia como una PCR… pero prevenir hábitos malos es básico para la sociedad., pero también realizamos una labor importantísima de educación sanitaria y de prevención… Es decir, además de hablar de lavado de manos y correcta utilización de mascarillas, tenemos mucho que alertar sobre el consumo de sustancias perjudiciales, por ejemplo».
La presencia en la enseñanza pública
Sin embargo, denuncia, « la tónica general es que no haya enfermeras en los colegios públicos. La ley solo establece que haya un sanitario, enfermera o enfermero escolar en caso de que haya algún niño que cumpla ciertos requisitos médicos. En Primaria se suele establecer cuando hay menores diabéticos, que necesitan un control del azúcar antes y después de las comidas, del recreo, cuando toca el comedor…». En Secundaria, prosigue, «nuestra presencia está más orientada a niños con problemas motóricos, de desplazamiento, que necesitan alguna adaptación porque van en silla de ruedas… Es decir, por problemas funcionales».
La presencia en la enseñanza privada
En los colegios privados, explica este enfermero, «esto lo gestionan las ampas (Las asociaciones de padres y madres de los centros escolares). Ellos son quienes contratan una enfermera escolar para que haya un control de parte de un sanitario. El centro contrata este tipo de profesionales cuando hay una petición generalizada por parte de los padres para atender a niños con epilepsia, diabetes, alergias alimentarias graves, alguna ambiental, etc.».
Pese a todo, el debate, reconoce Mediero, está ahí. «Muchas veces se discute sobre si los centros educativos necesitan una enfermera escolar o si los profesionales de enfermería de atención primaria pueden ejercer la labor que hacen los enfermeros escolares. yendo ellos a realizar esa atención in situ al colegio, o realizando los talleres de forma puntual. Como defensa de la profesión de enfermería escolar creo que un profesional de Atención Primaria puede atender a un niño con una enfermedad crónica o ir a dar un taller, pero no puede hacer un análisis de esa población. Eso solo lo puede establecer un enfermero que va a convivir con ese grupo escolar. La evidencia así lo dice: a la hora de prevención y promoción de la salud hay que establecer las necesidades de esa comunidad en la que se va a actuar».
Fuente e Imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-enfermero-escolar-alerta-apertura-colegios-y-llegada-gripe-viene-tsunami-202008190119_noticia.html
El índice de Precios al Consumidor al mes de julio de 2020 se ubicó en 145.47, registrando una inflación mensual de 0.42%, y con relación a julio del año anterior el ritmo inflacionario fue de 2.88%.
Los niveles de inflación más importantes de julio de 2020 son los siguientes: se registró una inflación mensual de 0.42%, ritmo inflacionario de 2.88% y una inflación acumulada de 2.59%.
La inflación mensual (0.42%) presenta una aceleración con respecto al mismo mes del año anterior (-0.06%), la acumulada (2.59%) e interanual (2.88%) registran una desaceleración con respecto al mismo mes del año anterior (3.11%), (4.37%).
La inflación mensual registrada en julio de 2020 se ubicó en 0.42%, la cual presenta una aceleración en el nivel de precios de 0.48 respecto a julio de 2019 (-0.06%).
La inflación mensual registrada en julio de 2020, es la cuarta más baja de los meses de julio del periodo 2013-2019 y se encuentra 0.13 por abajo del promedio de 0.55 del periodo mencionado.
De las doce divisiones de gasto que integran el IPC, la de transporte (0.99%), alimentos (0.74%), restaurantes (0.23%), reflejan el alza en el nivel general de precios de la inflación a julio de 2020. Por su parte educación (-0.06%), comunicaciones (-0.03%), presentaron las principales variaciones negativas en su nivel general de precios.
Las principales organizaciones de mujeres de la India convocaron una jornada de protestas el próximo 28 de agosto en el país para exigir alimentos, trabajo y servicios de salud, entre otros temas.
Dirigentes de la Asociación de Mujeres Democráticas de toda la India (Aidwa), Federación Nacional de Mujeres Indias (NFIW), Asociación de Mujeres Progresistas de Toda la India (Aipwa), Pragatisheel Mahila Sanghatan (PMS), Asociación de Mujeres Adelante de Toda India (All India Agragami Mahila Samiti) y All India Mahila Sanskritik Sangathan se reunieron en línea, reflejó el portal Indian Cultural Forum.
En la cita se expresó preocupación por el empleo y la seguridad alimentaria de las mujeres del país, así como la escalada de la pandemia y los cierres que crearon estragos en la vida de los sectores marginados. La mayoría de la población, especialmente las mujeres, perdió sus medios de vida, agregó.
La distribución de comida gratis y de las raciones no es uniforme y muchos de los hogares pobres no acceden a los mismos, mientras la privatización de los servicios de salud pública deja a la gente en el desamparo, acotó la fuente.
El sistema de salud no responde a ninguna emergencia sanitaria excepto las relacionadas con los casos de la Covid-19, lo cual crea enormes dificultades para las mujeres embarazadas y lactantes que necesitan atención médica urgente.
Hay casos de mujeres y niños que perecieron por la negativa de los hospitales a atender sus necesidades. Los cierres también aumentaron la vulnerabilidad de las mujeres y el aumento de los casos de violencia doméstica.
En tanto, el gobierno impulsa su agenda pro-corporativa de privatización y aún incumple sus escasas promesas sobre seguridad alimentaria, creación de empleo y apoyo en efectivo para los migrantes, las mujeres y otros trabajadores, afirma. También denunciaron las acciones policiales contra quienes dirigieron protestas contra las políticas autoritarias del Gobierno.
Las organizaciones decidieron abordar las cuestiones de seguridad alimentaria, empleo, acceso a servicios de salud mediante tratamiento gratuito, transferencias de efectivo a los migrantes y las mujeres, las dificultades agrarias y las reformas de la legislación laboral contrarias a los trabajadores.
8 de cada 10 muertes relacionadas con el covid-19 notificadas en los Estados Unidos ocurrieron entre adultos de 65 años de edad o más y en República Dominicana el promedio de edad de los fallecidos es de 66 años.
En Europa, como en otros países, muchos abuelos se han desesperado porque no les dejaban ver a sus nietos. Según los sectores y clases sociales, la cuarentena y las situaciones que se han producido en las relaciones entre abuelos y nietos han sido diferentes. En las clases medias y altas de nuestro país, donde las abuelas generalmente no viven con sus hijos, el distanciamiento social y el toque de queda han cambiado la forma de relacionarse con los nietos, así como los beneficios para ambos partes de esta relación cercana.
En las sociedades contemporáneas se espera que padre y madre sean personas adultas capaces de asumir el cuidado, la protección y la educación de los hijos. Dentro de este marco las abuelas cumplen papeles complementarios en las relaciones con sus nietos. Les proporcionan un amor pleno, puro e incondicional que deja huellas imborrables en el alma. Con paciencia y ternura trasmiten valores, y hacen sentir a los niños una pertenencia al grupo familiar que les da seguridad y autoestima
Abuelita
En República Dominicana la jefatura de hogar recae, de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en un 35.3% sobre la mujer. Dentro de este grupo hay situaciones menos visibilizadas, como son: la ausencia de ambos padres, sea por separación o divorcio, migración, muerte de uno de los cónyuges o padres vivos que abandonan el hogar.
En estos casos son las abuelas las que siguen en pie de lucha y asumen el rol de madres sustitutas, llevando el peso de varias generaciones a cuestas. Son, en su mayoría, abuelas de sectores vulnerables; las hay en toda la geografía nacional, con creces en las áreas de mayor migración. Gracias a su sacrificio, las madres emigran para buscar el sostén económico de las familias.
Las abuelas son mujeres luchadoras, sometidas a muchas tensiones y envejecidas antes de tiempo.Hablo de estas abuelitas de cabellos grises, porque abuelas las hay de todas las edades en una sociedad donde las niñas paren en la adolescencia. En muchos casos,las funciones maternas asumidas por las abuelas están relacionadas con experiencias familiares y personales: muchas fueron madres solteras que asumieron el cuidado de sus hijos sin la participación del padre.
Sus aportes tienen un fuerte impacto social y su rol está enraizado en los orígenes indígenas y africanos del pueblo dominicano que hacen de la familia una familia matrifocal, y de la figura materna un eje fundamental de la sociedad.
Abuelita
De repente las abuelitas de nuestros barrios se están muriendo; las que vemos a las salidas de las escuelas peleando con sus tumultuosos nietos, buscando un lavado o un planchado para completar las remesas, a veces desfasadas con la tecnología y la movida rápida de la juventud.
Mujeres con muchas necesidades de salud no resueltas, a menudo desgastadas, que no saben mucho de lo que es la prevención, que hablan de “vientos” y otras enfermedades y se sanan con botellas más que con medicamentos demasiado costosos.
Estas figuras de nuestros barrios han sido las primeras víctimas de la covid-19 y de la falta de responsabilidad de un importante sector de la población. Es así que en Villas Agrícolas se nos van las abuelitas, memorias del sector con sus vivencias, sus historias, su ternura.
Las calles, los callejones y las parteatrás están en luto: para dar solo algunos ejemplos, los callejones de los Chismosos, 21, Obrero, Caliente así como Villa Linda, y la calle Félix Evaristo Mejía han pagado su cuota al coronavirus y están de luto.
Abuelita
Oliva Aguaro de Félix, “Mamacita”; Carolina Guzmán, “Mama Caro”; Flor María Brea, doña Chela; Estherbina Heredia, doña Mabela; Carmen Dolores Germán Rosario, doña Carmen; Rosa Gilda Canela; María Altagracia Polonia Rodríguez; Juana Figueroa Pola, doña Maisita; Guillermina Feliz de la Rosa, doña Mimina, y Corina Linares, madres, abuelas, bisabuelas, hermanas, tías, vecinas, todas personas afanosas, solidarias, valiosas y pilares de la comunidad. Ellas quedarán para siempre como parte intrínseca de las estampas de Villas Agrícolas, de su historia y de su cultura barrial.
Es tarea de todosestimular el reconocimiento social de las abuelas, dando relevancia a estas mujeres que extienden el rol de madres a períodos de sus vidas en que deberían estar disfrutando logros personales postergados y merecer atenciones especiales.
Fuente e imagen: https://acento.com.do/opinion/se-nos-mueren-las-abuelitas-8843385.html
Los efectos de la pandemia sobre la salud mental pueden derivar en situaciones de ansiedad, depresión, miedo de infectarse e insomnio. En su estado crítico, estas condiciones pueden, incluso, ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Ninguna atención que como sociedad pongamos al estado de la salud mental de los nuestros, es poca.
La situación económica que enfrentan las familias ecuatorianas, la incertidumbre frente a la salud, el empleo, la delincuencia y el riesgo eminente de contagio empeoran síntomas que llegan hasta al 25% en quienes contraen el virus o conforman el círculo epidemiológico de un paciente confirmado.
Un estudio de la Universidad de las Américas en Quito revela que las cifras son similares a las detectadas durante lo más crítico de la pandemia por el coronavirus en China, lo cual refleja que son producto de la particular situación que vivimos.
El Ministerio de Salud Pública, mediante su línea 171, trabaja también con voluntarios y estudiantes universitarios para brindar ayuda emocional y psicológica.
A las familias, amigos, empleadores y colegas de quienes padecen síntomas de ansiedad o depresión les corresponde un rol vital que empieza por desestigmatizar estos problemas, que pueden tener soluciones sencillas pero requieren de atención. En casos graves, muchos de los cuales pasan desapercibidos, corresponde buscar ayuda, en ocasiones, incluso en contra de la voluntad de la persona afectada.
La salud mental es parte de nuestro bienestar como sociedad, y es una condición que se trata con apoyo comunitario y solidario.
«La depresión es la sombra de la cultura empresarial, cuando el voluntarismo mágico se enfrenta a oportunidades limitadas.” Mark Fisher (1968-2017) Filósofo, escritor y maestro; Inglaterra.
«La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad.” Constitución de la Organización Mundial de la Salud
América Central/República Dominicana/02-08-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.doacento.com.do
En el Día Mundial contra la Trata de Personas, Marcelo Pisani, director de ONU MIGRACIÓN, compartió el artículo reflexivo “Cuando la trata de personas se adapta a la pandemia”, para contextualizar la forma en que este negocio ilícito puede operar durante la crisis mundial actual.
Este 30 de julio, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, Marcelo Pisani, director regional de la Organización Internacional para las Migraciones (ONU MIGRACIÓN) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, hizo una reflexión sobre el nuevo contexto COVID y cuáles son las nuevas señales y formas de operar de las redes de trata de personas.
En un artículo que escribió Pisani para conmemorar el día, explicó que las redes de trata de personas aprovechan la vulnerabilidad durante la crisis humanitaria causada por la COVID-19 de múltiples formas para su provecho. Estas vulnerabilidades, indicó, están ocasionadas principalmente por el aumento del desempleo, la falta de acceso a servicios de salud y educación, el aumento de la violencia y el aumento de las restricciones para el desplazamiento.
Pisani argumentó que según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una red de más de 500 expertos internacionales en derechos humanos, las redes de trata tienen la capacidad de adaptar sus operaciones para capitalizar el impacto socioeconómico de la pandemia. La agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que estos ajustes en su “modelo de negocios” son muchas veces posibles a través del abuso de herramientas tecnológicas.
El incremento de la captación en línea es una de las modalidades que la Iniciativa Global advirtió, de acuerdo a Pisani, al considerar que ahora las personas, y especialmente los menores pasan mucho más tiempo encerrados en sus casas y utilizando internet debido al cierre de las escuelas.
Expuso que algunos tipos de trata de personas pueden generar menores ganancias debido a la pandemia, y en estos casos los tratantes se adaptan moviendo a sus víctimas a labores con productos de mayor demanda, como el trabajo forzado en agricultura o la explotación sexual de menores en línea.
Aunque es un fenómeno aun no estudiado con profundidad, dijo que algunos comercios o empresas que anteriormente pudieran no estar realizando prácticas explotadoras con sus trabajadores, en el contexto de la pandemia pueden verse tentados a recurrir a constantes amenazas de despido, lo que coloca a los empleados en situación de vulnerabilidad, incluyendo por ejemplo la aceptación de nuevas condiciones poco favorables: jornadas más largas, pago menor, etc.
Por otro lado, desarrolló que dada la pérdida de ingresos económicos de la población, muchos tratantes llegan con ofertas “salvavidas” para aliviar su situación, lo que significa captación para trabajo informal, servidumbre, trabajo sexual o inclusive para que se unan a la misma red como criminales.
Respuesta institucional y gubernamental
En cuanto a la respuesta institucional, Pisani afirmó que las instituciones también están trabajando con fuerza en su propia adaptación a la nueva realidad para asegurar así que la fiscalización por parte de las autoridades esté acorde con las necesidades en términos de recursos humanos, preparación y acceso a recursos tecnológicos adecuados.
En ese aspecto, resaltó la importancia de asegurar que las organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo en casos de trata de personas no pierdan recursos para mantenerse operativas en la lucha contra este flagelo.
“El brote de COVID-19 ha obligado a los estados, organismos de cooperación internacional y autoridades en general a repensar la manera en que se abordan las problemáticas sociales que se han visto impactadas por las medidas sanitarias, incluidas las restricciones a la movilidad. Es necesario que se estudien a fondo los cambios en el comportamiento de las redes criminales para poder plantear medidas de prevención y asistencia a víctimas según las características específicas que toman los delitos en el contexto de la pandemia; y con esta base de conocimientos realizar también los ajustes institucionales y de las normas vigentes que esta nueva realidad demanda”, concluyó diciendo en su reflexión.
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/revocacion-de-los-contratos-administrativos-por-razones-de-interes-publico-2-de-2-8844544.html
Por: Daniela Rea, Diana Cariboni y Lydiette Carrión
Las mujeres enfrentan una crisis de «violencia obstétrica» agravada por la emergencia sanitaria de covid-19, a pesar de las leyes que buscan combatir el maltrato y la «medicalización excesiva»
Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de covid-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, además de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva”.
La región ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.
La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, que dicen además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.
La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.
Fotografía durante una videollamada con Lidia y su bebé en su casa en el Estado de México. / Foto: María Ruiz.
La mayoría de estas leyes garantiza una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes del covid-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.
En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, incluso contrariando las pautas del propio ministerio de salud.
Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de covid-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.
En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de covid-19. Trece de ellas dijeron que no se les permitió parir con un acompañante, como parte de las restricciones de los hospitales, y 15 dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.
Benavides relató que, en el peor momento del brote en la ciudad de Guayaquil (abril y mayo), una clínica privada ofrecía: “vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1,200 dólares. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.
En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, estima que, cuando se acceda a las estadísticas, “en abril y mayo veremos un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, que sin embargo “es contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del covid-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.
En toda la región, “en nombre de la pandemia, los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin covid-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Uruguay, que registra alrededor de 1,000 casos de covid-19 y una treintena de muertes, las autoridades fueron acusadas de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, cesáreas y ecografías, contraviniendo la ley.
En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido solas y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).
Solas y mal informadas
A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a diecisiete mujeres y a gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.
La mayoría de las mujeres debieron parir solas porque se prohibieron los acompañantes por el covid-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.
Muchas de estas mujeres denunciaron asimismo abuso verbal y físico de un personal hospitalario sobreexigido, que tampoco les dio suficiente información para entender lo que estaba pasando. Además, varias parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”
Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria.
“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de covid-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.
No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.
Montse Reyes y su bebé durante una videollamada, mayo de 2020. Foto: Fernanda Ruiz.
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador. Le habían prometido un parto con música, libertad de movimiento y masajes en el centro de salud pública de Conocoto, Quito. Pero, si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos.
Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y explica que el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto y solo apareció tres horas después; para entonces ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.
En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.
La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz solas.
“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri. Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.
Problemas globales, partos riesgosos
En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó más de 100 infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.
En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.
Dos mujeres embarazadas esperan que las controlen en un hospital de Caracas, Venezuela, mayo 2020 Foto: Yadira Pérez.
En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto y debieron practicarle una histerectomía.
A otras parturientas que llegaban a pie a la maternidad (algunas tras caminatas de una hora desde sus casas) se les decía que volvieran más tarde, cuando tuvieran mayor dilatación del útero.
En Ecuador, la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna, dijo que en abril a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, entonces sumergida en un descontrolado brote de covid-19.
“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera.
También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de covid-19 sin previo aviso.
Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus. Al principio se lo negaron.
“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer. La médica la regañó y le aseguró que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Pero no era cierto, como demostró un segundo médico que ordenó una ecografía y un test de coronavirus, que resultó positivo.
La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas contra la violencia obstétrica. Sin embargo, no está claro si las autoridades van a investigar estos casos en algún momento, pues ninguna de ellas respondió las preguntas de openDemocracy en México. Tampoco en Argentina, ni en Uruguay, ni en Venezuela.
La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia.
Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de covid-19”.
“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.
La violencia obstétrica existe, pero no se nombra
A la violencia preexistente hacia las mujeres embarazadas, dice la OMS, se le suman los agravios por la emergencia sanitaria.
El asesor regional en salud materna de OMS/OPS, Bremen de Mucio, dijo que las situaciones encontradas en nuestra investigación no lo sorprenden, “porque ya existían antes de la pandemia y de hecho la necesidad de que OMS haya desarrollado una declaración específica sobre el maltrato durante el embarazo, el parto y el puerperio da cuenta de que esta es una realidad que se presenta en la casi totalidad de los países… Y lo único que ha ocurrido en la pandemia es que algunas de esas situaciones se han agravado o se han hecho más frecuentes”.
El experto añadió que “lo primero es abogar para que el tema tome la visibilidad necesaria, esto tiene un doble efecto, por un lado que las usuarias conozcan que el problema existe y que los derechos están de su lado. Y al mismo tiempo, dar a entender a los profesionales que prácticas que ellos consideran normales son violatorias de los derechos de las usuarias y que tarde o temprano deben ser punibles”.
De Mucio se explayó asimismo sobre la resistencia que genera en el personal médico la expresión “violencia obstétrica”.
En la declaración de la OMS, firmada por decenas de instituciones relevantes, “debimos hablar de trato irrespetuoso en lugar de violencia obstétrica. Y esto no ha sido por capricho, o por no reconocer que la violencia obstétrica existe”, sino “para evitar cortar puentes de diálogo con las sociedades profesionales, porque hablar de violencia obstétrica genera resistencias que impiden discutir el tema”, sostuvo.
Las leyes contra la violencia obstétrica se hicieron necesarias “ante la constante violación de los derechos de las usuarias. Desafortunadamente, en algunos casos no han sido reglamentadas, o no se han especificado las sanciones que comporta el no respetarlas, o directamente no se monitorea el respeto a estas leyes”, dijo. Más grave aún, según el experto, los profesionales y las mujeres incluso ignoran a veces la existencia de estas normas.
Una anécdota hace explícita esta situación. “Hace unos años, en un congreso de ginecología y obstetricia, el presidente de una gran federación de ginecología y obstetricia de un país de América Latina se jactaba de que, aunque existía una ley contra la violencia obstétrica en varios estados de su país, nunca se había sancionado a un ginecólogo por violencia obstétrica”, sostuvo De Mucio.
Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli y Agostina Mileo.
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