Page 5 of 35
1 3 4 5 6 7 35

FMI: Alrededor de 19 millones de personas cayeron en la pobreza en Latinoamérica

El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que los niveles de desigualdad aumentaron un 5% en América Latina debido a la pandemia de la COVID-19.

Unos 19 millones de personas en Latinoamérica cayeron en la pobreza en el 2020 debido a la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19, según estima el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La pandemia también aumentó el nivel de desigualdad en un 5% en la región, si se compara con las cifras que se registraban en años anteriores.

“Recuperarse de las secuelas a largo plazo será más difícil y obligará a acelerar las reformas estructurales, mejorar el acceso a sistemas de educación y salud de calidad, ampliar las redes de protección social y mejorar el clima empresarial”, indicó el director del departamento del hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner.

Solo el año pasado el nivel de actividad económica de América Latina sufrió una caída del 7%, la más alta a nivel mundial.

«La contracción de 7% experimentada por la región en 2020 (en el nivel de actividad económica) fue la más pronunciada del mundo, superando con creces la desaceleración mundial, que fue de 3.3%».

Para este año se espera que el crecimiento económico de la región sea de 4.6%, unos 5.8% menos que lo proyectos en mercados emergentes.

Asimismo, indicaron que el ingreso per cápita no retornará al nivel de antes de la pandemia hasta 2024, lo cual provocaría pérdidas acumuladas del 30%.

Fuente: https://rpp.pe/economia/economia/fmi-alrededor-de-19-millones-de-personas-cayeron-en-la-pobreza-en-latinoamerica-noticia-1331902

Comparte este contenido:

OIT: Expertos del mundo entero piden que se reconozca la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental

Destacados expertos mundiales en salud y seguridad en el trabajo han exhortado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a incluir la seguridad y salud en el trabajo (SST) como un derecho fundamental, en vísperas del debate sobre el tema en el Consejo de Administración de la OIT, que tuvo lugar el pasado 23 de marzo.

Los sindicatos piden que la Conferencia de la OIT, en junio de 2021, sitúe la salud y seguridad en el trabajo al máximo nivel de las normas internacionales del trabajo, asignando así mayor responsabilidad a gobiernos y empleadores para salvar vidas en el trabajo, y lograr que más países ratifiquen convenios vitales sobre seguridad y salud.

Esto respondería al compromiso que figura en la Declaración del Centenario de la OIT, de 2019, que fuera adoptada unánimemente por gobiernos, trabajadores y empleadores, de garantizar salud y seguridad en el trabajo para toda la gente trabajadora.

El Collegium Ramazzini, sociedad científica independiente integrada por expertos en medicina ocupacional y ambiental, ha instado a la OIT a implementar urgentemente las decisiones adoptadas en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019, idealmente durante la Conferencia de 2021.

Según el Collegium Ramazzini, “Cientos de millones de personas en el mundo entero sufren lesiones cada año a causa de su trabajo. Millones más pierden la vida. Esta masacre puede prevenirse, pero sólo si se concede a la protección de los trabajadores la mayor prioridad posible y la salud y seguridad en el trabajo se reconoce como un derecho humano fundamental. La OIT debe actuar lo antes posible reconociendo la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo”.

Salvar vidas en el trabajo

Nick Pahl, Director Ejecutivo de la Society of Occupational Medicine, asociación internacional de profesionales de la medicina ocupacional con sede en el Reino Unido, indicó: “La Society of Occupational Medicine respalda firmemente que se designe la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Instamos al Consejo de Administración de la OIT a actuar con la debida diligencia aplicando la decisión de la Conferencia del Centenario de la OIT (108ª sesión) en 2019, con vistas a incluir la designación de la salud y seguridad en el trabajo como uno de los derechos fundamentales en el trabajo en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2021”.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró que: “Gobiernos y empleadores deberían hacer caso a estos destacados expertos. Durante demasiado tiempo, se ha venido concediendo a la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a posibles lesiones y enfermedades ocupacionales mucha menos relevancia que a los otros derechos fundamentales en el trabajo. Algunos empleadores e incluso ciertos gobiernos parecen pensar que los costes de la actividad empresarial son más importantes que las vidas de la gente trabajadora. Asignando a la salud y seguridad el estatus legal que se merece contribuiría a reparar un fallo histórico, contribuyendo además a impulsar los esfuerzos para controlar la pandemia de COVID-19”.

Fuente: https://facuso.es/sindicato/internacional/item/5987-oit-expertos-del-mundo-entero-piden-que-se-reconozca-la-salud-y-seguridad-en-el-trabajo-como-un-derecho-fundamental.html

Comparte este contenido:

Mundo: 25 países pobres dedican más dinero a pagar la deuda que al presupuesto de educación, salud y protección social

Pero el problema no es exclusivo de esas 25 naciones. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado el riesgo de una crisis de deuda de otras naciones. La agencia que vela por la infancia alerta de las nulas posibilidades que tienen los niños para salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida en esas naciones, y llama a un alivio y reestructuración de los créditos para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Ecuador reestructura su deuda a un alto costo social.

Un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que 25 países de todas las regiones asignaron mayores partidas presupuestales al servicio de la deuda que a la educación, la salud y la protección social juntas en 2019.

El documento, divulgado este jueves, explica que ya antes de la pandemia esos países (uno de cada ocho aproximadamente) se encontraban abrumados por la pobreza y su población infantil ya padecía grandes privaciones y falta de perspectivas de un futuro mejor.

La directora ejecutiva de UNICEF señaló que los niños de las naciones con deudas grandes y recursos limitados para los programas sociales carecen de posibilidades para salir de la pobreza y dejar atrás las privaciones.

“Los costos personales y públicos son enormes, y llevan a que los niños, sus comunidades y sus países tengan muy pocas esperanzas de lograr un desarrollo económico y social sostenible”, dijo Henrietta Fore.

Chad, Gambia, Haití y Sudán del Sur son algunos de los países con mayores pagos por servicio de deuda y gastaban al menos tres dólares diarios por cada dólar destinado a los servicios sociales básicos.

AU/UN IST/Stuart Price
Las agencias calificadoras han contribuido a exacerbar las crisis, dice la experta en deuda y derechos humanos.

Países de renta baja y media

Pero el problema no es exclusivo de esas 25 naciones. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado el riesgo de una crisis de deuda para países de renta baja y media que ha ido en aumento desde la crisis financiera mundial de 2008, y los datos del Fondo Monetario Internacional muestran que una cuarta parte de ellos, hogar de 200 millones de niños, actualmente ya está endeudado o tiene un alto riesgo de endeudamiento.

Como respuesta a la emergencia económica derivada de la pandemia, los países del G20 acordaron una iniciativa de suspensión del servicio de deuda para el periodo de abril de 2020 a junio de 2021, pero hasta el momento sólo participa la tercera parte de los países que reúnen las condiciones para beneficiarse del programa, es decir, 46 naciones.

Catástrofe educativa

Uno de los grandes desastres acarreados por la pandemia del coronavirus se observa en el sector de la educación, cuyo gasto recortado aunado a las necesidades apremiantes y la falta de recursos de las familias, han colocado a millones de estudiantes de todas las edades en riesgo de abandono escolar y trabajo y matrimonio infantil.

UNICEF ha advertido en repetidas ocasiones que el mundo se enfrenta al peligro de perder toda una generación, lo que, además del impacto negativo en cada niño o joven, implicaría un freno al desarrollo nacional de cada país y sumiría a una mayor población en la pobreza.

“La pandemia ha provocado una catástrofe educativa mundial que es necesario abordar desesperadamente para evitar que la generación del COVID-19 se convierta en una generación perdida. Sin embargo, debido a la emergencia y a la carga de la deuda a la que se enfrentan los países, ya estamos viendo una contracción de los presupuestos para la educación en un momento en que los países necesitan invertir en la mejora de las escuelas y en los sistemas educativos”, afirmó Fore.

Según el informe, los países endeudados también han recortado el gasto en sectores como la protección de la infancia, la nutrición y los servicios de agua, saneamiento e higiene.

Banco Mundial/Mano Strauch
La pobreza sigue aumentando en América Latina a causa de la pandemia de COVID-19.

Una nueva arquitectura de deuda

De cara a este panorama, UNICEF insta a diseñar una reestructuración de la arquitectura de deuda internacional, que englobe las necesidades de los países de ingresos bajos y medios para proteger los derechos de los niños tras la crisis del COVID-19.

El Fondo de la ONU abunda que dicha reestructuración debería incluir un mayor apoyo y condiciones favorables para los países pobres más endeudados, al igual que mayor transparencia sobre la deuda como parte de los planes presupuestarios nacionales. También aboga por una acción coordinada por parte de los acreedores para convertir la deuda en inversiones que beneficien a los niños.

“El alivio y la reestructuración integrales de la deuda son esenciales para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible, de modo que los niños no tengan que soportar la doble carga de la reducción de los servicios sociales ahora y el aumento de la deuda en el futuro”, recalcó Fore, y agregó que es fundamental que los organismos internacionales, los acreedores y los gobiernos nacionales actúen juntos para reducir la carga de la deuda y dirigir los ahorros hacia inversiones sociales que incluyan a todos.

América Latina

El estudio de UNICEF indica que mientras que los países pobres por ahora están cubiertos por la suspensión del servicio de deuda, los países de ingresos medianos han seguido pagando al menos un tercio de su deuda externa durante el curso de la pandemia. Como reflejo, el servicio de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es más alto en los países de América Latina y el Caribe, seguido de los países de Oriente Medio y Asia Central.

Los países de América Latina y el Caribe pagan en promedio más de 1,5 veces por servicio de la deuda en relación con el PIB que en los países de África subsahariana.

Banco Mundial//Jamie Martin
Niños acuden al reparto de comida diaria en una zona pobre de Ecuador.

Costo social de la reestructuración de deuda en Ecuador

A las deudas nacionales, en muchos países se añade el endeudamiento privado de empresas y familias, aumentando el peligro de una debacle. Ecuador es uno de los países en esa situación.

En marzo de 2020, el Congreso ecuatoriano solicitó al gobierno suspender el pago de la deuda para asignar esos recursos a la respuesta a la pandemia. Consecuentemente, Ecuador pidió en abril del mismo año cuatro meses de aplazamiento de 800 millones de dólares en pago de intereses y expresó su intención de reestructurar la deuda.

Pese a lograr una reducción en el servicio de la deuda a corto plazo, las condiciones impuestas incluían metas de consolidación del gasto público que resultaron en recortes de gastos por 4000 millones de dólares y una reducción de la jornada laboral y los salarios de los empleados del gobierno.

Las oficinas en Ecuador de UNICEF, además, han reportado recortes en el presupuesto de los servicios infantiles durante el COVID-19 en todos los sectores: nutrición, protección social salud y educación.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/04/1490402

Comparte este contenido:

OIT: Expertos del mundo entero piden que se reconozca la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental

Fuentes: USO-FAC

Destacados expertos mundiales en salud y seguridad en el trabajo han exhortado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a incluir la seguridad y salud en el trabajo (SST) como un derecho fundamental, en vísperas del debate sobre el tema en el Consejo de Administración de la OIT, que tuvo lugar el pasado 23 de marzo.

Los sindicatos piden que la Conferencia de la OIT, en junio de 2021, sitúe la salud y seguridad en el trabajo al máximo nivel de las normas internacionales del trabajo, asignando así mayor responsabilidad a gobiernos y empleadores para salvar vidas en el trabajo, y lograr que más países ratifiquen convenios vitales sobre seguridad y salud.

Esto respondería al compromiso que figura en la Declaración del Centenario de la OIT, de 2019, que fuera adoptada unánimemente por gobiernos, trabajadores y empleadores, de garantizar salud y seguridad en el trabajo para toda la gente trabajadora.

El Collegium Ramazzini, sociedad científica independiente integrada por expertos en medicina ocupacional y ambiental, ha instado a la OIT a implementar urgentemente las decisiones adoptadas en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019, idealmente durante la Conferencia de 2021.

Según el Collegium Ramazzini, “Cientos de millones de personas en el mundo entero sufren lesiones cada año a causa de su trabajo. Millones más pierden la vida. Esta masacre puede prevenirse, pero sólo si se concede a la protección de los trabajadores la mayor prioridad posible y la salud y seguridad en el trabajo se reconoce como un derecho humano fundamental. La OIT debe actuar lo antes posible reconociendo la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo”.

Salvar vidas en el trabajo

Nick Pahl, Director Ejecutivo de la Society of Occupational Medicine, asociación internacional de profesionales de la medicina ocupacional con sede en el Reino Unido, indicó: “La Society of Occupational Medicine respalda firmemente que se designe la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Instamos al Consejo de Administración de la OIT a actuar con la debida diligencia aplicando la decisión de la Conferencia del Centenario de la OIT (108ª sesión) en 2019, con vistas a incluir la designación de la salud y seguridad en el trabajo como uno de los derechos fundamentales en el trabajo en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2021”.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró que: “Gobiernos y empleadores deberían hacer caso a estos destacados expertos. Durante demasiado tiempo, se ha venido concediendo a la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a posibles lesiones y enfermedades ocupacionales mucha menos relevancia que a los otros derechos fundamentales en el trabajo. Algunos empleadores e incluso ciertos gobiernos parecen pensar que los costes de la actividad empresarial son más importantes que las vidas de la gente trabajadora. Asignando a la salud y seguridad el estatus legal que se merece contribuiría a reparar un fallo histórico, contribuyendo además a impulsar los esfuerzos para controlar la pandemia de COVID-19”.

Comparte este contenido:

Regreso de los niños a las aulas: preocupación latente en América Latina

“Cuando me dieron la opción de que mi hija de 13 años regresara al colegio, no lo dudé dos veces”, dice María Fernanda García, quien le contó a la Voz de América que la pequeña llevaba 10 meses sin tener contacto con niños de su edad.

“Al ver el avance de la alternancia en Europa se puede evidenciar que los colegios o instituciones educativas son los espacios en los que menos se presentan contagios y que son las reuniones familiares las que de verdad hacen que crezcan los contagios”, agrega esta madre, residente en Bogotá y quien, a pesar de estar embarazada y padecer de COVID-19, manifiesta que no siente miedo de enviarla a clases. “El colegio tiene todas las adecuaciones necesarias para evitar contagios”, manifiesta.

Una opinión que comparte Inés González, madre de Julieta: “Todavía hay padres con mucho temor y los entiendo, pero debemos ver más allá y saber que si los niños siguen encerrados en casas vamos a tener una peor pandemia llamada depresión”.

No obstante, padres como Néstor Aguilera, un ecuatoriano que tiene un hijo adolescente, explicó que “luego de casi dos meses, desde que llegó el primer embarque de vacunas, que comprendió apenas 8.000 vacunas, solo se ha vacunado a poco más de 121.000 personas. Esto es muy poco frente a una población de más de 17 millones de personas. Enviar a nuestros hijos a la escuela termina siendo una apuesta peligrosa, ya que un joven asintomático puede llegar a casa y, sin querer, contagiar a su familia y poner en peligro de los más vulnerables”.

Una maestra comparte este pensamiento: “Preferiría que los alumnos no regresen a clases presenciales hasta que esto termine. El riesgo de contagio es para todos los que trabajan o asisten a un establecimiento educacional. Las medidas de bioseguridad no son óptimas”, escribió la profesora a través de las redes sociales de la VOA, donde pudimos evidenciar que las opiniones están divididas.

ONU: Los niños deben volver al colegio

Cerca del 60% de todos los niños y adolescentes en la región perdieron un año escolar completo por las restricciones ordenadas por los gobiernos para contener la propagación del coronavirus, según reportó un informe de la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF. En promedio, los menores en edad en Latinoamérica escolar perdieron 158 días clase, muy por encima de la media global de 95 días, según encontró el organismo.

La reapertura de escuelas es un tema complejo, ya que involucra la perspectiva no sólo de los menores y sus familias, sino también de los profesores y los gobiernos, que incurren en un alto coste político, según explicó a la Voz de América Zelmira May, especialista de educación de la UNESCO para Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Muchos países deciden no abrir, no solamente porque las condiciones sanitarias no lo permiten sino porque el costo político que puede tener el generar focos de epidemia en una escuela o incluso costar vidas de alumnos o de estudiantes, es muy alto”, dijo la experta a la VOA.

Para May, mientras que por un lado los docentes “exigen” que el estado “garantice las condiciones” necesarias de seguridad para que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas —que van desde infraestructura hasta material de protección—si los menores no vuelven a clase en persona, habrá grandes impactos en su educación.

“Nadie dice que volver a la escuela sea garantía de que no te va a pasar nada (…) pero sí es mucho más sano mandar a los chicos a la escuela que no mandarlos, porque sabemos que los impactos que tiene la no asistencia son mucho más grandes que la posibilidad de contagiarse”, subrayó.

Estudios en países donde no se han reabierto las escuelas completamente o se han abierto de manera parcial o intermitente concluyen que los colegios pueden reabrir de manera segura cuando la transmisión comunitaria es baja, de acuerdo con la revista científica Nature.

Incluso, en lugares donde la transmisión comunitaria va en aumento, no son tan comunes los brotes de COVID-19 en los colegios. Esto puede atribuirse a que los jóvenes, en especial los menores de 15 años, son menos susceptibles a infectarse y a transmitir el COVID-19 que los adultos, según la publicación.

Un estudio realizado en Islandia entre 40.000 personas encontró que los niños menores de 15 años tienen la mitad de probabilidad de enfermar y de transmitir el coronavirus que los adultos, según informó National Geographic.

Para los niños y niñas, las consecuencias de perder más días de colegio presencial van más allá de la educación. Los colegios proveen alimentación a los más vulnerables, el cierre les ha arrebatado la única comida sana que tenían al día. Además de ello, muchos niños que viven en ambientes familiares violentos o disfuncionales perdieron la seguridad que les daba el ambiente escolar, según el informe de UNICEF.

“La escuela es un lugar dónde no solamente se aprende: también se ofrecen servicios de alimentación; es un espacio de protección, donde hay servicios de salud, de apoyo psicosociales”, subrayó a la VOA Ruth Custode, especialista de educación en emergencia de la oficina regional de UNICEF.

Esto, sumado a las barreras a la hora de acceder a las clases online en un continente que todavía está expandiendo el acceso a internet: el 20% de la población latinoamericana no tiene buena conexión a internet móvil, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La recomendación de UNICEF ante este panorama es que los gobiernos tomen decisiones sobre la reapertura y procesos a nivel regional y no nacional. “No podemos tener la misma respuesta para todos”, sentenció Custode.

“No será igual un sitio donde no hay una propagación amplia del virus a un sitio como, por ejemplo, espacios rurales, donde hay escuelas muy pequeñas que tienen muy pocos niños”, dijo la experta.

¿En qué situación están los países?

En Ecuador, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) decidió mantener suspendidas las clases presenciales a nivel nacional hasta el próximo 13 de abril. No obstante, algunos planteles tienen permiso para funcionar con una respectiva autorización del comité. Además de la pandemia, el invierno ha destruido muchas escuelas rurales lo que ha imposibilitado el regreso a las aulas.

En Bolivia, se decidió aplicar tres modalidades para esta gestión que inició el 1 de febrero: a distancia, semipresencial y presencial (la cual funciona en pocas regiones, sobre todo rurales, donde es casi imposible una buena conexión). Con todos estos problemas, muchos padres piden volver a l clase presencial, pero aún no hay una orden general, cada zona o colegio lo va decidiendo de acuerdo a las condiciones que tiene.

Colombia, por su parte, le apuesta a la alternancia educativa, tanto para los colegios públicos como privados. Aunque desde enero, el departamento de Antioquia comenzó con las clases presenciales, algunos críticos han señalado que esta reapertura ha sido lenta. Según el movimiento #LaEducaciónPresencialEsVitals, solo 376.110 estudiantes han retornado a clases, por medio del modelo de alternancia, a los colegios públicos, lo que representa solo el 4,7 por ciento de los casi 8 millones matriculados.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció el domingo que, por el momento, su país no aplicará la modalidad de clases presenciales: “Venezuela mantiene el sistema educativo a través de teleclases, Internet, videoconferencia. No vamos a poder regresar, por ahora, a clases”, manifestó el mandatario, quien además anuncio un periodo de cuarentena radical por dos semanas, incluida la Semana Santa.

En México, el regreso a clases iniciará el 13 de abril en el estado de Campeche: este retorno se dará gradualmente en estados con poco nivel de contagios. Entre las condiciones para regresar esta también vacunar a todo el personal educativo y adultos mayores.

En Guatemala, el ciclo escolar en el sector público inició el 22 de febrero, y el sector privado inició en enero, cada colegio con sus calendarios. La indicación del Ministerio de Educación es que se combine las clases presenciales y a distancia. Esta metodología se aplicaría para los municipios donde el semáforo epidemiológico esté en color amarillo o anaranjado. Sin embargo, actualmente la mayoría de establecimientos continúan con clases a distancia, por medio de guías de trabajo o clases por videoconferencias.

Algo similar sucede en Honduras, donde prácticamente los observatorios de educación están demandando el regreso a clases presenciales o semi-presenciales. El sistema público no está operando, por ahora, se está estudiando esa posibilidad de clases semipresenciales. Algunas zonas de bajo nivel de contagio pueden dictar clases, pero el número es muy reducido.

El regreso a las aulas en El Salvador empieza el 6 de abril. El Ministerio de Educación ha publicado un listado de más de 6.000 centros escolares, entre públicos y privados, los cuales tienen la autorización de abrir esa fecha. Las instituciones educativas que no cuenten con un permiso no pueden abrir. Que los alumnos asistan a clases no es una obligación aunque el centro educativo tenga la autorización. La modalidad que el Ministerio de Educación ha dispuesto es semipresencial y opcional.

Por otro lado, el primero de febrero un total de 1’700.000 mil estudiantes que fueron matriculados en colegios públicos y privados de Nicaragua, asistieron a la inauguración del año escolar 2021. En 2020, este Gobierno, a diferencia del resto de Centroamérica se negó a suspender clases presenciales en las escuelas públicas a pesar del riesgo de contagio que impuso la pandemia del COVID-19 en los centros de educación.

En cuanto al Cono Sur, el 1 de marzo comenzaron las clases presenciales en Uruguay. No obstante, y a pesar de que se empezó a vacunar a buen ritmo, el presidente Luis Lacalle Pou informó la semana pasada que en Rivera, ciudad fronteriza con Brasil, se suspendieron las clases presenciales en la educación media y secundaria y, en el resto del territorio, se mantiene la presencialidad, pero ya no es obligatorio ir a estudiar. Antes excepciones sugeridas por las autoridades, se puede llegar a suspender las clases presenciales. Los padres que tengan temor de enviar a sus hijos, pueden hacerlo hasta el 4 de abril, sin que se tome como una falta.

Según el mandatario uruguayo, solo el 2,55% de los contagios se dan dentro del sistema educativo, y más de 6.000 brotes en las relaciones intrafamiliares.

En Argentina, dice May, “este año y con muchísima planificación lograron que hoy, en su mayoría, tenga sus escuelas abiertas y fue todo un desafío porque Argentina es un país federal donde las provincias tienen autonomía para tomar ciertas decisiones”, mientras que en Chile “tienen una situación también sanitaria compleja. Creo que fueron para adelante y para atrás, pero creo que es uno de los países que hoy tiene sus sistemas educativos operativos”.

Fuente: https://paralelo32.com.ar/regreso-de-los-ninos-a-las-aulas-preocupacion-latente-en-america-latina/

Comparte este contenido:
Las medidas en la mayoría de países son iguales, por ejemplo Bosnia y Serbia determinaron reducir los estudiantes por curso. Foto: AP

Decálogo para la vuelta a clases

Por: Emilio Vargas Santiago 

El conocimiento curricular se enriquece con la cultura del entorno, con la posibilidad de desarrollar diversas habilidades y de disfrutar del patrimonio artístico y natural.

Esta nota se basa en el artículo Decálogo para la vuelta al cole (en septiembre), publicado el 15/07/2020 por Jaume Carbonell,pedagogo, periodista, sociólogo y exdirector de la famosa revista española Cuadernos de Pedagogía. De cada uno se seleccionó el contenido relevante para  la educación pública dominicana.

  1. El pleno derecho a la educación solo puede ser presencial. El interés superior debe ser la infancia y, por extensión, la adolescencia y la juventud. Ahí es donde se trabaja la igualdad de oportunidades, se desarrolla la educación integral, se opera el proceso de socialización y se combate el fracaso escolar. El profesorado debe formarse y actualizarse al máximo con la tecnología, no para sustituir la presencialidad sino para enriquecerla. La modalidad online no es educación sino mero aprendizaje o instrucción.
  2. El alumnado más vulnerable debe recibir una atención especial. Este período sin escuela agudizó las desigualdades educativas y más la brecha digital por falta de conectividad, carencias telemáticas, escaso apoyo docente o familiar, condiciones de habitabilidad, entre otros, porque la COVID-19 se ceba especialmente en la pobreza. Es preciso organizar todo tipo de apoyos y ayudas, dentro del horario escolar y extraescolar, para recuperar el tiempo perdido hasta donde sea posible. Movilizar amplios recursos para que la educación inclusiva, que atiende a todas las diversidades, sea posible.
  3. El cuidado de la salud integral de la infancia y la juventud. Ahora se sabe más sobre el coronavirus, por ejemplo, su baja o mínima afectación en la infancia, indican numerosos estudios de pediatras. Esto no significa bajar la guardia y las medidas preventivas y de control. Las PCR, entre otras, siempre serán imprescindibles, porque conviven con personas adultas y las cadenas de transmisión son múltiples y el riesgo cero nunca existe. Pero hay que atender su salud integral: física, mental, emocional y social. Son conocidas las secuelas psicológicas del confinamiento y del aislamiento en algunos países: estados de ansiedad e irritabilidad, lloros incontrolados, tristeza, obesidad y otros.
  4. El acompañamiento emocional y la cura mutua. Esto es lo que hicieron muchos docentes durante el confinamiento y lo que tendrán que continuar haciendo para “cicatrizar” las heridas descritas. Pero, este acompañamiento requiere un cuidado continuo entre todos los agentes de la comunidad educativa. Recordar que el bienestar emocional es una de tantas condiciones que favorece una mejor educabilidad. Desarrollar relaciones humanas más cercanas, empáticas, colaborativas y solidarias.
  5. Vivir la naturaleza. Este gran bien no ha podido ser disfrutado por muchos infantes durante el confinamiento y, lamentablemente, del que siguen privados muchos centros que viven de espaldas a ella. Huelga enumerar los beneficios que supone para la salud. La historia de la renovación pedagógica es pródiga en ejemplos que ponen en relación las nuevas corrientes higienistas y ecológicas con las oportunidades que brinda el entorno natural para el crecimiento en libertad y la adquisición de diferentes conocimientos. ¡Lo que se aprende en la naturaleza!
  6. Curriculum: lo más prioritario. Poner el foco en los aspectos culturales y socialmente relevantes, como la condición humana, los bienes comunes, los Derechos Humanos, la conciencia planetaria, entre otros. Los que ayudan a entender mejor en qué mundo vivimos y cómo se puede contribuir a transformarlo. Esto se hace tratando de convertir la información en conocimiento y en pensamiento, formando mentes críticas y libres, donde el hábito y la comprensión lectora constituyan las herramientas para acceder a estos y otros contenidos relevantes.
  7. Ratios, tiempos y espacios. Esta situación excepcional también es una oportunidad para introducir medidas de calidad, como la reducción del número de estudiantes por aula para atender mejor la diversidad de alumnos, la personalización de su aprendizaje y el acompañamiento tutorial. Pero hay otras como, la disponibilidad de nuevos espacios o la transformación de los ya existentes, empezando por el aula y terminando por el patio para adecuarlos a las diversas tareas: trabajo colaborativo, investigación, experimentación, talleres y ambientes de aprendizaje, etc. Asimismo, se requiere una mayor flexibilidad de los tiempos horarios: estos deberían fijarse en función de cada actividad y no lo contrario. Por esto, el curriculum escolar debería ofrecer estas otras oportunidades educativas a toda la población, con políticas de ayudas y becas para el alumnado socialmente más vulnerable.
  8. Equipos docentes ampliados. Esta pandemia obliga a los centros a ampliar sus plantillas con personal de limpieza e incorporar personal de enfermería si no existe, porque el profesorado no puede asumir esta responsabilidad sanitaria. Pero además de maestros y profesores, hay otras figuras profesionales que, tanto ahora como en el futuro, tendrían que formar parte del equipo docente, tales como orientadores, educadores sociales, logopedas, equipos psicopedagógicos, personal para atender alumnado con diversidades funcionales específicas, entre otros. Asimismo, se precisa una ampliación del personal administrativo para liberar a los equipos directivos de la sobrecarga de tareas burocráticas en aquellos centros que lo requieran.
  9. Complicidad y conciliación familiar.  Durante el confinamiento ha habido de todo: familias absolutamente desconectadas y abandonadas por parte de los centros y casos en los que se han generado nuevas complicidades y, sobre todo, nuevas necesidades que requieren una colaboración de confianza mutua entre escuela y familia. Hay que preguntarse si los canales de relación y participación son suficientes o habría que explorar otras fórmulas más imaginativas, actualizadas y eficientes.  Por otro lado, el confinamiento ha modificado la vida familiar, para muchas ciertamente muy duras. Lo cual  abre el debate, ¿no sería necesario modificar algunos horarios escolares y laborales,  para garantizar la tan demandada conciliación familiar?
  10. El derecho a la educación, más allá de la escuela. En el primer punto se enfatiza el derecho a la educación mediante la presencialidad escolar, porque no puede ser de otra manera. Pero este derecho, para ser más amplio y efectivo, se complementa con el acceso a actividades extraescolares, vacacionales y de otro tipo, porque el conocimiento curricular se enriquece con la cultura del entorno, con la posibilidad de desarrollar diversas habilidades y de disfrutar del patrimonio artístico y natural. Por esto, el curriculum escolar debería ofrecer estas otras oportunidades educativas a toda la población, con políticas de ayudas y becas para el alumnado socialmente más vulnerable.+

Fuente: https://acento.com.do/opinion/decalogo-para-la-vuelta-a-clases-8915660.html

Comparte este contenido:

Entre la ética, la salud y la economía

Por: Germán Velasquez

De los siete a trece años de investigación y desarrollo (I+D) y 1,8 millones de ensayos clínicos necesarios para desarrollar una vacuna en el pasado hemos pasado a diez meses de I+D y unas decenas de miles de ensayos clínicos para empezar a vacunar contra la covid-19 en el 2021.

 

No se puede hablar de vacunas sin hacer referencia al francés Louis Pasteur. En 1885, después de ocho años de investigación en animales, Pasteur anunciaba el principio de la vacunación: “Inocular virus debilitados con la característica de no matar nunca, dando una enfermedad leve que preserva de la enfermedad mortal” (1).

El 6 de julio de 1885, un niño de nueve años, Joseph Meister, procedente de Alsacia y mordido catorce veces por un perro rabioso, dio a Pasteur la oportunidad de probar su tratamiento en seres humanos. Esta primera vacunación fue un éxito y Meister se ­convertirá en el primer ser humano vacunado (2). En 1908, en Lille (Francia), Albert Calmette inicia sus trabajos para la vacuna contra la tuberculosis. Trece años después será vacunado el primer bebé en un hospital de París. En 1948, el norteamericano Jonas Salk orientó su investigación sobre la vacuna contra la poliomielitis. Ocho años más tarde, y después de haber rea­lizado 1,83 millones de ensayos clínicos, se anunció que la vacuna de Salk era segura y eficaz para prevenir la poliomielitis (3).

El desarrollo de las vacunas contra la covid-19

Frente a la devastadora crisis de la covid-19, la búsqueda de una vacuna originó una inyección masiva inédita de dinero público en la investigación y desarrollo global. Actualmente hay, según la OMS, más de 50 candidatas de vacunas en ensayos clínicos en el mundo (4). Diversos laboratorios de Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Cuba y la India han desarrollado y están produciendo vacunas, varias de ellas han sido autorizadas y las campañas de vacunación han empezado.

Se utilizan básicamente dos clases de tecnologías para las vacunas: las tecnologías clásicas, basadas en el uso de un virus entero e inactivado, o en el uso de una parte del virus. Y las llamadas “nuevas” tecnologías, basadas en el uso de ácido nucleico “puro” (ADN o ARN), como por ejemplo, en las de Moderna y Pfizer-BioNTech, o el uso de un vector viral, como en las de Oxford-AstraZeneca, Johnson&­Johnson, Sputnik y CanSinoBio (5). Esas últimas plataformas ya llevan años de investigación, relacionadas con otros virus. Permitieron identificar rápidamente una vacuna contra la covid-19 apenas determinando el agente infeccioso y representan, sin duda, un avance revolucionario.

Históricamente, las grandes farmacéuticas no se habían interesado mucho en la producción de vacunas. Tratar patologías graves o crónicas es más rentable que la profilaxia (6). Sin embargo, la pandemia de la covid-19 ha cambiado esta situación. Las sumas astronómicas de subvenciones públicas a las empresas privadas han transformado sus perspectivas financieras y la epidemia global ha creado un mercado potencial colosal. Se trata de vacunar a toda la población mundial, no se sabe cuántas veces y cada cuánto tiempo (7).

Tiempo de inmunidad y contagio

Quedan aún muchas preguntas abiertas. Si da una inmunidad de seis meses, no estaríamos hablando de una vacuna sino de un fármaco. Tomará tiempo investigar la duración de la inmunidad de las vacunas. Ese tiempo desafortunadamente no se puede “comprar”. La sola inyección de dinero en salud pública, como lo piensa tal vez Bill Gates, no lo puede solucionar todo, como por ejemplo la necesaria reconstrucción de los sistemas de salud que sufrieron recortes durante años.

Por otro lado, se ignora todavía si las vacunas pueden bloquear la contaminación a otras personas, lo cual es fundamental en el concepto de la vacunación (8). Entretanto, la aparición de variantes complejiza la situación, con una posible baja de respuesta inmunitaria de algunas vacunas frente a ciertas variantes.

Al mismo tiempo, algunas vacunas tendrán poco alcance global debido a sus características. Es el caso de la vacuna de Pfizer, que requiere de costosos refrigeradores –superiores a 12.000 euros– para su conservación. Estos refrigeradores no están disponibles en muchos países, en particular en zonas alejadas, y exige de una logística compleja. Así, el investigador norteamericano William Haseltine se pregunta si Pfizer y Moderna no han creado “un Lamborghini cuando la mayor parte de los países necesitaba simplemente un Toyota” (9).

El nacionalismo de las vacunas

A finales de enero de 2021, la OMS reportaba cerca de 100 millones de casos y más de 2 millones de muertos en el mundo (10). Según el director de este organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hasta el 18 de enero del 2021 habían sido administradas 39 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 en 49 países industrializados y solo 25 dosis en países en desarrollo. “No 25 millones ni 25.000, no, solo 25 dosis” (11). Entretanto la situación ha evolucionado, pero continúa habiendo fuertes desigualdades entre países industrializados y países del Sur.

Algunos Gobiernos, como el de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea, han querido comprar (acaparar) toda la producción de candidatos a vacunas, o impedir la exportación fuera de sus fronteras, operación llamada “nacionalismo de las vacunas” (12). Washington, por ejemplo, ha firmado al menos seis acuerdos bilaterales, que suman más de mil millones de dosis, más que suficientes para inocular a toda su población (328 millones). La Unión Europea (447 millones), Gran Bretaña (67 millones) y Canadá (37 millones) han firmado siete acuerdos bilaterales cada uno, con el potencial de cubrir a sus poblaciones dos, cuatro y seis veces más, respectivamente, según el Duke University Global ­Health Innovation Center (13). La falta de vacunas, debido a las dificultades de producción, no solo indujo un mercado feroz, con una distribución no equitativa, sino también juegos de influencia geopolítica, una “diplomacia de las vacunas”. Así, la vacuna Sinovac (China) está llegando a Brasil (14); Sputnik V (Rusia), a Argentina; Covishield (la India, con Oxford-AstraZeneca), a varios países del Sur.

El nacionalismo de las vacunas no es nuevo. En 2009, durante la pandemia de la gripe A (H1N1), también surgió un “nacionalismo” similar. El acceso a las vacunas y los tratamientos estaba determinado por el poder adquisitivo, y los países de altos ingresos aseguraron los suministros para sus poblaciones antes que el resto del mundo.

El mecanismo Covax

En junio de 2020, una colaboración mundial llamada “Acelerador ACT” definió un mecanismo de financiación para el acceso universal a las vacunas de la covid-19 (bautizado como mecanismo Covax). Este plan de inmunización mundial está codirigido por GAVI (la Alianza Vacunas, un organismo internacional fuertemente influenciado por la Fundación Gates) (15), la Coalición para la Innovación en la Preparación ante las Epidemias –CEPI– (lanzado en Davos en el 2017) y la OMS.

El anuncio del Covax suscitó una fuerte respuesta mundial, especialmente de parte de los países del Sur, preocupados por el acceso equitativo a las futuras vacunas. Casi un año después el mecanismo Covax está siendo cuestionado al constatar que los países industrializados y la gran industria farmacéutica han ignorado los compromisos acordados. Igualmente, no fue posible abrir la discusión sobre licencias obligatorias. Este mecanismo legal de la Organización Mundial del Comercio permitiría aumentar el acceso a las vacunas en los países, pero enfrenta fuertes resistencias de los países industrializados y de las industrias.

Un nuevo actor en el acceso a medicamentos y vacunas

Históricamente el acceso a medicamentos ha estado en manos de dos actores: el comercial (industria farmacéutica) y el sanitario (ministerios de Sanidad). La covid-19 ha traído un nuevo actor: el político (gobiernos y oposición a los gobiernos). Hoy son los gobiernos quienes compran y deciden a quién vacunar y cuándo. Sin embargo, estos están a la merced de la industria, que es quien hace los anuncios “científicos” sobre la eficacia de sus productos, informa de plazos, crea las expectativas, impone los precios y exige inmunidad sobre los posibles efectos secundarios negativos de sus vacunas. Los gobiernos tienen cada vez menos poder para regular y controlar la industria de vacunas, o por lo menos han mostrado hasta hoy su incapacidad de hacerlo. La OMS observa lúcida e impotente, ya que sus recomendaciones son de carácter voluntario. Si el objetivo prioritario de la OMS es la salud pública, la industria busca el lucro, el sector de la salud nacional depende del actor político y este busca votos (apoyo) para mantenerse en el poder o alcanzarlo.

Los países industrializados lograrán vacunar a toda o a tres cuartas partes de su población en 2021, probablemente ignorando los principios éticos, la lógica sanitaria y la racionalidad económica a los que se habían comprometido con el mecanismo Covax. La adquisición de las diferentes vacunas se ha dejado en manos de la oferta y la demanda. El concepto de bienes públicos abogado durante la Asamblea Mundial de Salud de mayo de 2020 por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, así como por muchos jefes de Estado y de Gobierno parece haberse dejado de lado.

Son muchas las preguntas que quedan todavía por responder, como el tiempo de cobertura de las vacunas, si estas podrán bloquear el contagio, los efectos secundarios a medio y largo plazo, hasta dónde aceptarán los Estados la exigencia de la industria de no responsabilidad por los eventuales efectos secundarios, la transparencia de los contratos entre industria y gobiernos o la obtención de patentes de bienes públicos comunes. Cada día aparecen nuevos interrogantes debido a la velocidad con que avanza el virus y se proponen soluciones. La covid-19 ilustra nítidamente la necesidad de emplear el mecanismo de las licencias obligatorias y, en último término, la pregunta que se plantea es la de cómo encontrar un modelo de I+D que garantice un acceso equitativo a la salud.
© Le Monde diplomatique en español

Notas:

(1) Institut Pasteur , “ Notre histoire. Troisième époque: 1877 – 1887”, https://www.pasteur.fr

(2) Institut Pasteur, ídem.

(3) Alexander Hammond, “Jonas Salk et le vaccin contre la polio – Les Héros du Progrès”, Contrepoints, 2020, https://www.contrepoints.org

(4) OMS, Ginebra, COVID 19, Vaccines, enero de 2021.

(5) Société de Pathologie Infectieuse (SPILF), “Vaccins contre la Covid-19: questions et réponses” (PDF), París, 11 de enero de 2021.

(6) J. M. Bezat, “Covid-19: ‘C’est par des biotechs que l’industrie pharmaceutique a produit un miracle : la mise au point en un an de plusieurs vaccins efficaces’”, en Le Monde, París, 18 de enero de 2021.

(7) J. M. Bezat, ídem.

(8) Nathaniel Herzberg, “Les vaccins anti-COVID évitent-ils la transmission du SARS-CoV-2?”, Le Monde, 6 de enero de 2021.

(9) W. A. Haseltine, “COVID 19: ‘La plupart des pays avaient besoin d’un vaccin que l’on aurait pu produire, stocker et administrer simplement et à bas coût’”, Le Monde, 15 de enero de 2021.

(10) https://covid19.who.int/

(11) OMS, Discurso del Director General en la apertura del 148 consejo ejecutivo, enero de 2021.

(12) Santos Rutschman A. “How ‘vaccine nationalism’ could block vulnerable populations’ access to COVID-19 vaccines”, The Conversation, 17 de junio de 2020, https://theconversation.com. Esta expresión fue utilizada por el director general de la OMS en un panel de discusión el 6 de agosto del 2020.

(13) Yasmeen Serhan, “Vaccine Nationalism Is Doomed to Fail”, The Atlantic, Washington DC, diciembre de 2020.

(14) La Croix, París, 20 de enero de 2021.

(15) GAVI, “La Fondation Bill & Melinda Gates”, 2020.

Germán Velásquez. Consejero especial para políticas y salud, del Centro Sur, Ginebra (Suiza). Exdirector del programa de medicamentos de la OMS.

Fuente: https://rebelion.org/entre-la-etica-la-salud-y-la-economia/

 

Comparte este contenido:
Page 5 of 35
1 3 4 5 6 7 35