Segregación

Cristiano Morsolin

Luego de seis meses de la estruendosa intervención del barrio “Bronx” de Bogotá, la administración distrital del Alcalde Mayor Peñalosa no presenta mayores avances, ni siquiera hay asomos de una política pública integral para atender a la población habitante de calle que se constituyó en la principal víctima de la intervención y que hoy, de acuerdo con expertos, está siendo presuntamente eliminada sistemáticamente por resultar incómoda no sólo para la administración distrital, sino para la ciudadanía en general.

Así lo denunció Ángela María Robledo en el Congreso de la República quien aseguró además que el Distrito tan sólo ha atendido a 550 personas de las 3.500 retiradas del Bronx, es decir, sólo el 16% de la población, que de acuerdo con el Secretario Distrital de Seguridad, Daniel Mejía, fue expulsada del Bronx y de quienes aseguró que era mejor tenerlos en el caño.

¿Dónde están los habitantes de calle que fueron desplazados del Bronx? Preguntó insistentemente la congresista Robledo, a lo largo del debate de control político realizado el pasado 20 de septiembre, pregunta que sigue sin responder en la audiencia realizada el viernes 2 de diciembre, con el agravante de los permanentes hallazgos y señalamientos en el sentido de que esta población podría ser víctima de una estrategia de “limpieza social”.

El represettante Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo denunció que, de acuerdo con reportes de Medicina Legal, este año, hasta el 30 de noviembre, han sido asesinados 99 habitantes de calle en Bogotá “Es decir, 9 habitantes de calle cada mes, lo cual es una situación muy dramática que significa que por lo menos cada tercer día se cometen crímenes por intolerancia contra los habitantes de calle”, aseguró Uribe.

Ángela María Robledo documentó e hizo seguimiento al recorrido realizado por un grupo entre 200 y 500 habitantes de calle que fueron literalmente arriados, violentados y hostigados por la Policía Metropolitana a lo largo del caño de la Avenida Sexta en Bogotá, entre el 28 de mayo y el 17 de septiembre, y de quienes no se conoce su paradero.

Parece increíble, pero una de las acciones más contundentes emprendidas contra la población han sido ocho tutelas interpuestas por vecinos de los barrios a los que se desplazó esta población y que exigen que la Alcaldía los desaloje a la fuerza, a lo mejor recogiendo la premisa de Peñalosa frente a que “el orden urbano trae orden social”.

“El talante autoritario e higienista de Peñalosa empeñado en limpiar aquí, embellecer y ordenar allá, puede estar incidiendo en esta práctica macabra de limpieza social que en palabras del profesor Carlos Mario Perea, es una práctica que (…) condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar (…) Sus mismos perpetradores –asegura Perea- entienden que es un (…) acto de remover la inmundicia y la suciedad de aquellos que portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular”, dijo Robledo.

Según Perea las operaciones de exterminio social son frecuentes en Colombia y Bogotá no es la excepción, sobre todo en barrios populares como Ciudad Bolívar. Datos del CINEP del 2014 –citados en el libro del Centro de Memoria Histórica, Limpieza Social, Una violencia mal nombrada – indican que es una práctica con presencia en 28 departamentos y 356 municipios del país con un saldo de 4.928 personas asesinadas. “De los 189 casos ocurridos en Bogotá, con saldo de 346 homicidios, se identificó la práctica en cuatro expedientes directos y seis de miembros del Bloque Capital”. Como es común en Colombia es un crimen que está en la casi total impunidad, no existen mayores registros sobre el tema ni en las instituciones ni en las investigaciones académicas, como tampoco hay claras estadísticas de este crimen.

De acuerdo con Robledo pasados seis meses de la intervención en el Bronx, “Enrique Peñalosa no resuelve la crisis humanitaria que generó esta operación y que deja desamparada a la población habitante de calle que, de acuerdo con la Ley 1641 de 2013, tiene derecho a que se le proteja y restablezca sus derechos. Peñalosa desconoce además las sentencias de la Corte Constitucional 881 de 2002 y 043 de 2015 que indican que son sujetos de especial protección”.

La Organización Parces denunció que luego de la intervención del Bronx se han registrado por lo menos 15 muertes violentas de habitantes de calle. “La violencia se ha convertido en el vehículo preferido de la Policía para recuperar el espacio público. La Alcaldía de Bogotá sembró en el imaginario colectivo que el habitante de calle es sinónimo de peligro y por tanto un sujeto que fácilmente puede eliminarse”, aseguró Alejandro Lanz, su director.

La audiencia convocada por los representantes Ángela María Robledo e Inti Asprilla del Partido Alianza Verde y Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo contó con la participación de Patricia Rodríguez, socióloga, coautora del libro Emergencia del sujeto excluido; Susana Fergusson, educadora comunitaria y trabajadora social; Alberto López de Mesa – ex habitante de calle y autor de “El Manifiesto Callejero”; Marcela Tovar, Filósofa y Directora de Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT); German Betancourt, Ex funcionario del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON; Ángel “alias Todo Copas”, rapero del Bronx; Pablo Zuleta, Médico psiquiatra; Ingrid Johanna Morris, Antropóloga experta en población habitante de calle y Wilfredo Grajales, Director del IDIPRON, entre otros (1).

Antecedentes

Ante la Procuraduría y la Fiscalía fue denunciado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por las políticas del Distrito en la atención de habitantes de calle, luego de la intervención al Bronx, en el centro de la ciudad.

El representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, quien anunció la demanda el pasado 18 de agosto, dijo que Peñalosa “ha hecho una intervención totalmente negligente e improvisada y eso ha afectado a una población vulnerable que es el habitante de calle”.

En ese sentido, dijo Alirio Uribe, la situación ha desencadenado “desplazamiento forzado, ha generado una política de odio en la ciudadanía hacia los habitantes de calle y se han presentado abusos de autoridad y tratos crueles hacia esta población”.

Sobre la situación que se viene presentando con los habitantes de calle, el alcalde Enrique Peñalosa manifestó en las últimas horas que la administración distrital está en capacidad de atender a esa población en los centros de acogida pero, por sentencia de la Corte Constitucional, se trata de una decisión voluntaria de estas personas, relata Caracol (2).

El pasado 27 de mayo de 2016 las autoridades de la ciudad de Bogotá pusieron fin a años de tráfico y expendio de estupefacientes en el sector El Bronx, centro de la capital colombiana, a solo 400 metros del Palacio Presidencial de Nariño.

En la zona había casas de pique y ocurrían torturas, secuestros, además, los perros eran usados como armas de ataque. Asimismo, abundaba la trata de personas y la esclavitud sexual de 300 niñas, niños y adolescentes en situación de calle. En el Bronx se recaudan mensualmente 1,5 millones de dólares solo por concepto de venta de drogas, aseguraron las autoridades.

La diputada Ángela María Robledo (Verdes), ex Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana de Bogotá, subraya que “Bogotá está en una crisis humanitaria y social. La Alcaldía trató a habitantes de calle como animales y hoy la vida de seres humanos está en riesgo.

La intervención en Bronx requería más que inteligencia policial y bolillo; mínimo debió haber proceso de 1 mes para generar confianza con el habitante de calle. Después del garrote, cualquier acercamiento genera rechazo.

La responsabilidad de Enrique Peñalosa (actual Alcalde Mayor) es más que política. La Corte Constitucional dice en la sentencia C-385 de 2014: Habitantes de calle requieren protección del Estado.

Lo de la improvisación en la administración de Peñalosa no es un «slogan de oposición», tenemos ya una tarea documentada que así lo demuestra y surgirán acciones legales”, concluye Ángela Robledo.

Al respecto Gustavo Petro (Alcalde de Bogotá entre 2011-2015) considera que “la operación sobre el Bronx en Bogotá se convirtió en una política de gentrificación a mano armada.

La gentrificación es el proceso que excluye una población pobre o étnicamente diferente de donde habita tradicionalmente, para ser reemplazada por poblaciones más ricas o de otra índole étnica. En la Colombia contemporánea se ha producido un extenso y profundo proceso de gentrificación en los campos con el desplazamiento de millones de campesinos de sus tierras reemplazados por narcotraficantes, testaferros y sus compradores de “buena fe” de muy altos recursos, a partir de la acción armada del paramilitarismo con la ayuda del Estado.

La gentrificación siempre es una práctica antidemocrática y es capaz de generar violencias incontenibles.

Bogotá Humana cambió las políticas de gentrificación que se dieron, incluso en gobiernos del Polo, por políticas de revitalización urbana, que implican que los habitantes tradicionales de una zona puedan gozar de las renovaciones urbanas que se dan en su zona de residencia y no ser desplazados por ellas, así no tengan capacidades económicas o sean muy reducidas. Ejemplos de revitalización se dieron en los Olivos, Chapinero; el barrio Belén, Egipto, la Plaza de la Hoja, en el proyecto Fenicia con la Universidad de los Andes, en la transformación del centro comercial cielos abiertos en el centro comercial popular de San Victorino”, concluye Gustavo Petro (3).

Yo he video-entrevistado a Antonio Aniesa (4), miembro del gabinete del Presidente Plaine Commune – Paris y miembro de la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, presenta la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales y el 5º Congreso de CGLU que se realizarán en Bogotá (12-15 octubre de 2016).

En esta entrevista Aniesa debate sobre periferias, segregación, derecho a la ciudad, con relación a mi libro:

Emancipaciones de calle. Entrevistas a Wanderlino Nogueira Neto, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carlos Monedero, Lola Sánchez Caldentey y otros expertos sobre el derecho a la ciudad y la segregación en Latinoamérica. Ed. Mediafactory, Italy, 2015.

Este libro propone algunas alternativas para enfrentar la problemática de los niños, niñas y adolescentes que viven y trabajan en la calle en Latinoamérica. Se trata de un proceso relacionado a la carta abierta de 74 expertos que han escrito a Naciones Unidas con relación a la elaboración de un informe mundial y a recomendaciones, que actualmente están en construcción.

Se encuentran algunas entrevistas exclusivas a representantes de los movimientos sociales, académicos y expertos de Naciones Unidas para construir nuevas políticas públicas innovadoras e incluyentes.

Este libro visibiliza las voces de sujetos históricamente excluidos en Latinoamérica también en la perspectiva del derecho a la ciudad (Juan Carlos Monedero) y de la epistemología del Sur (Boaventura de Sousa Santos), denunciando la segregación urbana en Colombia y en Brasil.

Vernor Muñoz, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2004-2010), dijo: “Respaldo la carta abierta promovida por Cristiano Morsolin y considero que la situación de los niños y niñas en la calle muestra uno de los impactos más graves del abandono, la exclusión y discriminación en nuestras sociedades. Se hace necesario profundizar en el análisis de las causas y en la búsqueda de soluciones que conduzcan a mejores intervenciones gubernamentales, basadas en políticas públicas culturalmente pertinentes y socialmente efectivas. Para este fin, se requiere que las acciones desplegadas por las agencias y organismos de las Naciones Unidas, amplíen sus márgenes de acción, de modo que se puedan fortalecer la investigación y acción intercultural e intersectorial”.

​​REDIM y Commenta A.C saludan la respuesta del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México al llamado a garantizar derechos de niñas y mujeres en poblaciones callejeras

Hace dos años se solicitó Audiencia Pública con el Jefe de Gobierno donde las participantes puedan exponer personalmente las problemáticas que enfrentan en la Ciudad de México. Es indispensable crear la Ley de Protección a los Derechos Humanos e Inclusión social con la participación de población callejera y sociedad civil.

Frente a las múltiples formas de discriminación y violencia que afectan la vida de las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas que viven en poblaciones callejeras de la Ciudad de México, Commenta A.C integrante de la red nación REDIM, comenzó en 2014 la iniciativa “Existo Si Me Nombras Tú” a través de la cual se han obtenido a la fecha más 30 mil firmas de apoyo a través de la plataforma Change.org y que ahora tiene continuidad con la campaña #YoTeNombro porque existes. La exigencia social difundida a través de estas campañas ha sido apoyada por múltiples voces entre las que están: Natalia Lafourcade, Tiaré Scanda, Lidya Cacho, Kate del Castillo y Fernanda Tapia.

El Jefe de Gobierno dio respuesta a través de un mensaje en vídeo dirigido a las niñas, las adolescentes y las mujeres que viven en calle en el que menciona “tenemos un compromiso claro, de apoyo, de atención, de protección para todas ustedes, de empoderarlas, de hacer visible ésta condición en la que se encuentran de vulnerabilidad y por supuesto de apoyar para que la misma cese para que la misma se termine. Todo nuestro compromiso y todo nuestro apoyo en su defensa. Y por supuesto el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México comprometido y todo el gabinete también con esa instrucción de tener una línea de acción transversal en favor de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres en situación de calle.”

Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México, subraya al Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS de Milán (Italia) que “desde REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México y Commenta A. C saludamos la iniciativa del Jefe de Gobierno y estaremos a la espera de la fecha de Audiencia Pública en la que un grupo de mujeres pueda hablar personalmente con Miguel Ángel Mancera sobre las dificultades así como las violaciones a derechos a las que están expuestas al sobrevivir en situación de calle.

Esperamos que luego de la Audiencia Pública donde se recojan las propuestas de las participantes, se establezca una mesa de trabajo que dé seguimiento a su cumplimiento y en la que participen autoridades, sociedad civil e integrantes de poblaciones callejeras. Consideramos prioritario que estas demandas sean atendidas y que las autoridades estén abiertas al diálogo productivo ya que nos encontramos en un momento coyuntural para avanzar en el respeto a los derechos humanos de la población que viven en calle.

​Estamos frente a la oportunidad histórica de construir políticas públicas con la participación del Jefe de Gobierno con mujeres integrantes de las poblaciones callejeras, políticas que atiendan a esta población desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, donde Miguel Ángel Mancera tome en cuenta su opinión y les reconozca como ciudadanas con voces válidas para los tomadores de decisiones de la Ciudad de México, invitamos a establecer a la brevedad una fecha para la Audiencia Pública con mujeres integrantes de las poblaciones callejeras. Con el fin de que el Jefe de Gobierno escuche las problemáticas y propuestas de las mujeres y niñas que viven en las calles.

Es importante desarrollar políticas públicas para mujeres. Crear la primera política pública en América latina con perspectiva de género e infancia para mujeres callejeras, sus hijas e hijos.

Hay que crear la Ley de Protección a los Derechos Humanos e Inclusión Social de las Poblaciones Callejeras con la participación de las y los integrantes de las poblaciones callejeras y de sociedad civil especialista en el tema, y garantizar el cumplimiento del Protocolo de Atención a Poblaciones Callejeras particularmente a nivel delegacional en que se le reconoce como ciudadanas de plenos de derechos y prohíbe la esterilización forzada, violencia obstétrica y separación familiar.

Debemos trabajar con sociedad civil y mujeres de poblaciones callejeras sobre un modelo de trabajo para el Hogar CDMX basado en el enfoque de Derechos Humanos y con perspectiva de género y incorporar a la Ciudad de México como una de las 12 Ciudades Modelo en la estrategia global para reducir las condiciones y personas que viven sin hogar junto al Institute of Global Homelessness”, concluye Juan Martín Pérez García.

REDIM organiza consulta latinoamericana en Ciudad de México, rumbo a la Observación General sobre la niñez en situación de calle del Comité de las Naciones Unidas, ONU

Juan Martin Perez Garcia– Director Redim – co-autor del libro “On children’s rights debt. Reconsidering the debates about working and street children in a globalized world“ junto a Cristiano Morsolin- ha organizado en Ciudad de México Consulta con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México y América Latina el pasado 5 de abril, rumbo a la Observación General sobre la niñez en situación de calle del Comité de las Naciones Unidas, ONU.

En el marco del foro internacional “Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras”, senadores, organizaciones civiles, funcionarios y especialistas denunciaron que las personas que se encuentran en esta situación son objeto de discriminación, limpieza social, detenciones arbitrarias y desalojos forzosos, por parte de las autoridades y de la sociedad. Según un comunicado de prensa difundido el pasado 6 de abril de 2016, coincidieron en que es indispensable escuchar las opiniones y propuestas de este sector poblacional, a través de mecanismos adecuados que faciliten su participación, pues sólo de esa forma se podrán generar políticas públicas que permitan visibilizarlos y hacerlos sujetos de derechos plenos. La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, señaló que en la actualidad existen poblaciones callejeras no sólo en las grandes ciudades, sino que ahora también las hay en las fronteras, que poco a poco van creciendo “y se van constituyendo en pequeñas metrópolis”. Ante este panorama, dijo que es necesario visibilizar a este sector poblacional y entender cuáles son las circunstancias que los convierten en un grupo vulnerable y de riesgo; pues además persisten actitudes de persecución y de criminalización por parte de las corporaciones policiacas de todo tipo y también por funcionarios administrativos en las demarcaciones donde se encuentran. Recordó que México como Estado parte de la Convención sobre Derechos de la Niñez, tiene la obligación de trabajar para que la población infantil sea sujeta de derechos plenos y no permitir que esté fuera del contexto de ese reconocimiento, por lo que la población callejera tiene que ser reconocida en el marco de los derechos humanos que deben gozar más allá de la condición en la que se encuentran.

Para Bernard Gastaud, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este foro podría suscitar una esperanza para el acceso a la dignidad y al goce de los derechos humanos de las personas en situación de calle. No obstante, dijo que para ese fin es fundamental el compromiso conjunto y continúo de todas las partes: estados, familias, comunidades, asociaciones civiles y de las mismas personas que se encuentran en esta condición.

Alexandra Hass, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (Conapred), destacó que la falta de información respecto a las poblaciones callejeras ha llevado a crear políticas públicas deficientes y asistencialistas, que no tienen un enfoque de derechos humanos, además de que perpetúan los estereotipos y los prejuicios en contra de este sector. Dijo que las personas en situación de calle se enfrentan a la negación directa de sus derechos humanos, así como a detenciones arbitrarias y desalojos forzosos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Aunado a ello, se encuentran en una situación de invisibilidad que no le permite tener acceso a otros derechos como el de la identidad, ni los servicios médicos ni salud.

Daniel Ponce Vázquez, coordinador de vinculación de dependencias y órdenes de gobierno del Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría Ejecutiva, señaló que niñas, niños y adolescentes en situación de calle se encuentran ante situaciones de discriminación, invisibilidad y estigmatización, por lo que es fundamental un cambio de paradigma en las decisiones que se tomen para resolver esta problemática. Indicó que se han llevado a cabo políticas inadecuadas, que muchas veces van de la limpieza social hasta mecanismos coercitivos que no toman en cuenta la información y opiniones de niños y niñas que viven en las calles.

En este sentido, mencionó que el nuevo paradigma consiste en escuchar sus opiniones y alternativas para que sean tomados en cuenta en la construcción de políticas públicas que les permitan restituir los derechos que les han sido negados.

Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifestó la necesidad de transitar de un modelo de atención que deriva en medidas de carácter paliativo a otro, cuya piedra toral sea el reconocimiento de su calidad como sujetos de derechos y que obligue a las autoridades a adoptar soluciones integrales a largo plazo. Comentó que se requiere visibilizar a poblaciones callejeras, en especial a las niñas, niños y adolescentes que las integran, así como reconocer sus condiciones particulares para prevenir y evitar el acoso, discriminación e intolerancia de la sociedad y de las autoridades, que muchas veces generan su ocultamiento, marginación, incluso, la negación de su existencia. Para ello, consideró indispensable que este sector poblacional exprese sus inquietudes, aspiraciones y necesidades, a través de mecanismos adecuados que faciliten su participación, pues sólo de esa forma podrán conocerse las causas que los incorporaron a la vida en las calles y las razones que propician su permanencia en ellas. Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional para el Desarrollo Social, refirió que en 2015 el Instituto Nacional de Migración retuvo a 35 mil niños que llegaron a la frontera solos; cifra que es “escalofriante”. Explicó que muchos menores migrantes huyen de sus regiones debido a los fenómenos asociados al cambio climático, aumento de la pobreza, violencia familiar y en sus comunidades, crímenes, por explotación, trata y venta de la que son objeto. Juan Garay Amores, de la Delegación de la Unión Europea, aseguró que para generar políticas públicas que atiendan el problema de las poblaciones callejeras es fundamental la voz y opinión de los niños y adolescentes, de lo contrario no tendrá ningún sentido.

Mariana Olivera West, directora general adjunta de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comentó que la Cancillería se encuentra en espera de la observación general que hará la ONU a México sobre este tema, a fin de realizar acciones conjuntas para atender las recomendaciones que pudiera emitir. A su vez, Elba Cárdenas, directora de Protección del DIF Nacional, informó que este año se va iniciar la actualización de del estudio Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores en diferentes ciudades del país, el cual aportará información valiosa para la toma de decisiones (5).

Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión Derechos Humanos del Senado mexicano, ha destacado que “Indiferencia y criminalización fomentan exclusión de las poblaciones callejeras

El fenómeno de las personas en situación de calle, sin hogar, ha crecido exponencialmente hasta convertirse en una verdadera población callejera, a pesar de lo cual está invisibilizada y en situación permanente de vulnerabilidad y riesgo.

Este grupo poblacional si bien está conformada por una gran cantidad de niñas y niños menores de 8 años de edad, también hay adolescentes, adultos, personas de la tercera edad y por familias que se han conformado en la calle e incluso han procreado hijos o hijas.

Todas estas personas además de subsistir las condiciones propias de vivir en la calle, también deben sobrellevar la persecución y criminalización de las corporaciones policiacas y de funcionarios administrativos en las demarcaciones en donde se encuentren.

Las grandes poblaciones callejeras se ubican en principales ciudades de nuestro país, pero no es un tema exclusivo de la Ciudad de México, Monterrey, Puebla o Guadalajara, sino que ahora están presentes en las ciudades fronterizas y en aquellas que muestran un crecimiento acelerado.

México, como Estado parte de la Convención sobre Derechos de la Niñez, tiene la obligación de integrar a toda la población de niñas y niños menores de 18 años de edad, sin distinción de ningún tipo, en el mundo las y de los sujetos de derechos plenos, y ese es el gran reto que se tiene como país.

Las personas que viven en la calle tienen derechos reconocidos en nuestra Constitución y son los mismos derechos que tenemos el resto de mexicanas y mexicanos; por lo tanto, la población callejera debe ser reconocida en el marco de ese gran conglomerado de los derechos humanos que deben gozar irrestrictamente más allá de la condición en la que se encuentran.

Finalmente, el Senado de la República se preocupa y ocupa no solamente por visibilizar a esta población, sino también para que sus integrantes sean reconocidos como sujetos y sujetas plenas de derechos; así como para impulsar políticas públicas y acciones gubernamentales que garanticen este nuevo estadio que obliga la Convención sobre Derechos de la Niñez al Estado mexicano”, concluye Angélica de la Peña Gómez, entrevistada por el Observatorio SELVAS.

La segregación impide la paz, según Ministro Pardo

Rafael Pardo, ministro para el Posconflicto, aseguró durante la Conferencia internacional “Hábitat III FollowUp” realizada en la Universidad Nacional de Colombia U.N. de Bogotá el viernes 21 de octubre de 2016 – que las agendas de seguimiento de este tipo son muy eficaces para fortalecer las políticas públicas de las diferentes ciudades. “En Ecuador, una inmensa cantidad de personas no se sintieron representadas por los asistentes y esto hace que se tengan que crear alternativas de diálogo que lleven a derribar las barreras de relaciones con otros y que los ejercicios democráticos sean eficientes”.

Se puede considerar como histórico el pronunciamiento del representante del Presidente Santos, Rafael Pardo que subrayó que «la segregación es contraria a la paz. El contraste a la segregación es parte de la agenda del post-conflicto. Las ciudades son hoy el lugar más adecuado para el fortalecimiento de la democracia”.

A su vez Jordi Borja, catedrático de la Universidad de Barcelona famoso por transformar a Barcelona, enfatizó que “el derecho a la ciudad no es una lista de derechos bien intencionados. Es una estrategia transformadora, plantea acciones con la bandera de la justicia espacial. El Derecho a la Ciudad quiere decir conquistar poder político, no de participación para lograr consensos pasivos. Las ciudades deberían ser protectoras no resilientes, sin embargo no lo son. Quienes más necesitan la ciudad son los más necesitados. El derecho a la ciudad es una conquista del poder político en las clases sociales».

María Mercedes Maldonado, secretaria de transporte del Alcalde Petro (2012-2015) declaró que “la potencia del Derecho a la Ciudad se liga a su connotación política: interpelar y cuestionar un sistema basado en la propiedad privada y la mercantilización de la ciudad”.

He conversado con Roberto Lippi, Coordinador de ONU-Hábitat Colombia, que me ha comentado que “se trata de construir colectivamente una sociedad en paz y de aprovechar del post-conflicto como grande oportunidad para que el país avance más rápidamente en la senda de la prosperidad y de la inclusión”.

Lippi ha organizado en agosto en Cali el IV Foro Urbano Nacional (FUN4). Como resultado del Foro se formuló un manifiesto con ocho puntos que la delegación colombiana debe tener en cuenta para las discusiones durante Hábitat III.

Entre las ideas principales del manifiesto se destacan: i) El carácter participativo que se debe tener en cuenta para la implementación de la Nueva Agenda Urbana; ii) La promoción del derecho a la ciudad en Colombia; iii) La identificación de instrumentos financieros para la implementación de la Nueva Agenda Urbana; iv) Promover la integración territorial como herramienta fundamental para construir una paz sostenible en Colombia; v) Aumentar la autonomía política, técnica y financiera de los territorios; vi) Promover la innovación tecnológica en los procesos de urbanización y viii) Construir un pacto colectivo entre los sectores público, privado y la sociedad civil para abordar de forma contundente la inequidad (6).

Conclusión

El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS de Milán ha documentado el tema del derecho a la ciudad entre la Cumbre Mundial de Alcaldes de Bogotá y la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III de Quito, a través de varios artículos: Se abre Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales CGLU (7), Cumbre Mundial de Alcaldes CGLU: El reto de las alcaldías es traducir el urbanismo en inversión social e inclusión (8), El camino difícil del derecho a la ciudad (9), la video-entrevista a Antonio Aniesa de las banlieux de Paris-CGLU (10) y la video-entrevista a Marisa Glave, congresista peruviana del Frente Amplio (11), Conclusiones de la Conferencia internacional “Hábitat III FollowUp”: Derecho a la ciudad, Nueva Agenda Urbana y contraste a la segregación, artículo de Morsolin para agencia ALAI (12).

Concluyendo, esperamos que el Presidente Juan Manual Santos, después de recibir el Premio Nobel de Paz, se comprometa a implementar la paz también en dirección de la lucha en contra de la segregación porque la realidad de Colombia in primis de Bogotá es intolerable. La comunidad internacional sigue presionando para que las palabras del Ministro Pardo se traduzcan en un compromiso real del Gobierno Nacional.

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