La sociedad conoce bien las consecuencias de no ejercer la ciudadanía; a pesar de ello, cede el control a sus enemigos.
No es casual el descubrimiento de las redes del crimen metidas hasta el tuétano de las estructuras institucionales del Estado. No es solamente la policía; el cáncer viene desde el Ejército y su control absoluto sobre puertos y fronteras, armamento y aparatos de inteligencia. Tampoco es sólo el Ejército, ahí están agazapados detrás los grandes capitales que le otorgaron su pleno respaldo en la minuciosa obra de limpieza social y política que acabó con el liderazgo político durante la Guerra Fría.
Por lo tanto, es mucho lo que se debe escarbar en el pasado para encontrar una respuesta coherente que explique la situación de la Guatemala de hoy, con su inconcebible manera de voltear la cara a la realidad de la corrupción; ese modo de justificar la pasividad social con el miedo a las antiguas formas de represión, ese carácter evasivo de las clases sociales para excluirse de toda decisión que trascienda su capacidad de involucramiento.
El enemigo sigue ahí. Se encuentra en el enrevesado argumento con el cual pretendemos victimizarnos en lugar de actuar. Si somos el objetivo de grupos desestabilizadores o de organizaciones criminales, es porque nos colocamos a tiro y los dejamos actuar sin la menor resistencia. Si la prensa publica un escándalo tras otro, lo comentamos por lo bajo, cerramos a piedra y lodo las puertas para no sentir el impulso de protestar y preferimos concentrar nuestra atención en el que vendrá mañana en las primeras planas.
¿Cuál es la gran diferencia entre un 75 o un 99.75 por ciento de ineficacia del sistema de justicia? ¿Acaso tenemos que conformarnos con algo un poco menos malo o levemente menos vergonzoso? Guatemala tiene los indicadores más inexplicables en América Latina, si se toma en cuenta su prodigiosa capacidad de enriquecer ilimitadamente a quienes gobiernan, una administración tras otra.
Entonces no hay excusa para tener centros de salud carentes de todo, aún de servicio de agua potable. No se explica que los policías compren sus propias municiones con el miserable salario que reciben. No es lógico que niñas y niños en edad escolar sufran la vejación de recibir clases a la intemperie sentados sobre pedazos de block. Menos explicable aún es el despilfarro de funcionarios y diputados, alcaldes y gobernadores, quienes actúan convencidos de su autoridad para hacer de los fondos públicos su alcancía privada.
Si para todo esto existe una solución razonable, es el ejercicio de la ciudadanía. Único instrumento válido para detener el abuso, exigir el cumplimiento de las leyes, arrojar a los corruptos fuera de los despachos ministeriales y de las curules del parlamento, este hermoso concepto es la clave misma del concepto de Nación.
(Escribí este artículo hace 13 años. Nada ha cambiado desde entonces.)
Las autoridades de Nicaragua ordenaron el jueves la «búsqueda y captura» de Humberto Belli, ex ministro de Educación durante el gobierno de Violeta Chamorro, se informó oficialmente.
Un comunicado del Ministerio Público señaló que la misma medida se ha dispuesto contra el empresario Gerardo Baltodano, propietario de la empresa Café Soluble, debido a que, al igual que Humberto Belli, no se presentó a un citatorio de la Fiscalía en días pasados.
Baltodano es hermano del general del ejército retirado Alvaro Baltodano, quien ha sido funcionario del gobierno de Daniel Ortega como director de la Corporación de Zonas Francas. Belli, por su parte, fue ministro de Educación de 1990 a 1997 y es hermano de la conocida poeta y novelista Gioconda Belli.
La escritora informó en su cuenta de Twitter que la policía estaba allanando la noche del jueves la casa de su hermano.
La medida es parte de una investigación iniciada por el gobierno contra 13 empresarios directivos de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (Funides), cuyo ex director Juan Sebastián Chamorro fue detenido a inicios de este mes junto a otros 15 opositores.
Más temprano, la Fiscalía informó que una jueza local decidió levantar el sigilo bancario y «congelar» las cuentas de los 13 investigados, a quienes se les prohibió abandonar el país. Al grupo se le investiga por supuestas “operaciones financieras derivadas de actividades ilícitas” a través de Funides.
Medios de prensa locales informaron que la residencia de Baltodano, ubicada al sureste de Managua, habría sido allanada por la policía por la tarde, pero la información no fue confirmada por esa entidad.
Según el gobierno, las Funides “ha incumplido gravemente sus obligaciones ante el ente regulador, presumiendo que las personas sujetas a una investigación han estado realizando operaciones financieras derivadas de actividades ilícitas”.
Uno de los empresarios vinculados a Funides es el presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, quien fue detenido el martes por la policía y un juez local dictó 90 días de prisión preventiva en su contra.
En las últimas semanas, la policía ha arrestado a 16 personas, de ellos 13 dirigentes políticos opositores, un banquero y dos ex empleados de la Fundación Violeta Chamorro, que se encuentra también bajo investigación.
La lista de detenidos incluye a cuatro aspirantes presidenciales a las elecciones del 7 de noviembre: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, así como a dos ex guerrilleros sandinistas disidentes y dos ex vicecancilleres.
La oposición asegura que se trata de una «escalada represiva» para impedir la postulación de candidatos presidenciales que pueden enfrentar y derrotar a Ortega, de 75 años, quien buscará en noviembre su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.
Durante la Emergencia Sanitaria por Covid 19, se intensificaron las violencias estructurales hacia las mujeres en México. En distintos ámbitos desde lo familiar y comunitario a lo institucional, tanto en lo físico como en lo virtual. Sus derechos fueron violentados en la salud, la educación, lo laboral, la vivienda, entre otros. Los aislamientos con agresores, el detrimento en las condiciones de vida, la falta de protección en los espacios públicos, las restricciones de movimiento y las múltiples preocupaciones económicas, así como la fuerte sobrecarga psicológica del encierro, significó la reducción de posibilidades para las mujeres. Además de ser las principales cuidadoras de quienes se enfermaron tanto en hospitales como en los hogares.
La situación extrema de riesgo a la vida, seguridad e integridad se incrementó, debido a la falta de eficacia del Estado mexicano para implementar medidas urgentes de prevención y a los vacíos en el acceso a un sistema de justicia que mantiene un carácter patriarcal. En la política de gobierno federal y de las entidades, el asesinato de las mujeres, adolescentes y niñas, es un asunto de menor importancia, que envía mensajes de permisividad a los feminicidas.
De acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México y Brasil son los países con mayor número de casos de asesinatos de mujeres, en la segunda entidad, América Latina, más letal en el mundo.1 Esta preocupante estadística se agravó. El reporte especial Las dos Pandemias, publicó que en el mes de abril de 2020, en nuestro país fueron asesinadas en promedio, 11.2 mujeres por día.2
En el Estado de Chiapas, el feminicidio y la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es preocupante. El Observatorio Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres, registró: 46 feminicidios al mes de septiembre.3 En el mismo lapso, hay al menos 151 mujeres desaparecidas y es alarmante que en su mayoría son menores de edad.
En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró un aumento en los casos de Atención de la Violencia hacia las Mujeres, en el segundo semestre de 2020, respecto al mismo lapso en 2019. Con un total de 22 casos, del mes de julio a septiembre.4Los cuales siguen el patrón de violencia en el ámbito familiar con la omisión de autoridades de los distintos niveles, específicamente de las instancias encargadas de procurar justicia a mujeres y niñas.
En medio de las restricciones de la Pandemia y el incremento de la violencia hacia ellas, las mujeres en México y en Chiapas continúan organizándose en la reivindicación de la vida. A pesar de enfrentarse al asesinato, la privación de la libertad, la criminalización, la estigmatización y la judicialización. La Red Nacional de Defensoras y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras denunciaron, las intimidaciones a las Mujeres Autoconvocadas que asistieron a la Marcha de Las Catrinas, el 30 de octubre de 2020, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas5.“Estos hechos se suman a los actos de represión y violencia contra protestas de feministas y de defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en otros lugares del país.”
Ante la falta de garantías y los antecedentes de represión policiaca a manifestaciones de mujeres en diversas entidades6, el Frayba se suma a la exigencia al Estado mexicano de respetar el derecho a la libre expresión y organización, de quienes saldrán a las calles en el Día Internacional De la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres.
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1 Una mujer es asesinada cada dos horas en América Latina por el hecho de ser mujer. 03 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.france24.com/es/20200303-dia-de-la-mujer-feminicidios-latinoamericano-violencia-genero.
2 Equis: Justicia para las mujeres, la Red Nacional de Refugios y la organización Intersecta. Las dos pandemias. Violencia contra las mujeres en México, en el contexto de COVID. Informe elaborado para la Relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Disponible en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/08/informe-dospandemiasmexico.pdf
3 Datos disponibles en la página: https://web.facebook.com/ObsFeministaCh
4Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Persiste violencia hacia las mujeres en Chiapas. Boletín 07. 13 de abril de 2020. Disponible en: https://frayba.org.mx/persiste-violencia-hacia-las-mujeres-en-chiapas/
5Intimidan, amenazan con atropellar e incitan a la violencia contra participantes en “Marcha de las Catrinas” el pasado 31 de octubre en San Cristóbal de las Casas. 24 de noviembre de 2020. Disponible en: Intimidan, amenazan con atropellar e incitan a la violencia contra participantes en “Marcha de las Catrinas” el pasado 31 de octubre en San Cristóbal de las Casas.
610 de septiembre, en Culiacán, Sinaloa; 11 de septiembre, en el municipio de Ecatepec, Estado de México; 28 de septiembre en Veracruz; 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, entre otras.
A medida que la pandemia de la Covid-19 socava los sistemas de salud y las economías incluso en las naciones más avanzadas, las redes mutuas y los esfuerzos de autoorganización han surgido en todo el mundo como muestra de solidaridad pandémica.
Con el asesinato policial de George Floyd, EE. UU. ha visto una mayor expansión de la autoorganización: desde bonos y fondos de ayuda mutua para manifestantes hasta patrullas ciudadanas en Minneapolis y una zona autónoma libre de policía en Seattle.
A raíz del caso Floyd, el primer intento de abolir la policía y reemplazarla con justicia transformadora basada en la comunidad está en marcha en los EE. UU., pero hay comunidades que han estado experimentando con la autoorganización sin recurrir a los estados que las oprimen o desposeen, como Rojava en el noreste de Siria, Cooperación Jackson en Mississippi y Zapatistas en Chiapas.
Los zapatistas, en particular, han pasado los últimos 26 años organizando sus comunidades de manera autónoma del Estado en todas las esferas de la vida, desde la policía y el sistema de justicia hasta la atención médica, la economía y la educación. A medida que somos testigos de los límites de lo que se puede cambiar radicalmente, la experiencia zapatista es más relevante que nunca.
Siendo estudiante de nuevas formas de democracia directa y autogobierno apátrida, viajé a Chiapas en diciembre pasado para asistir a un programa de un mes, llamado «Celebración de la Vida», que culminó con la celebración del 26 aniversario del levantamiento Zapatista de 1994, cuando campesinos indígenas de Chiapas se levantaron para defender sus derechos y tierras contra el Estado y los grandes terratenientes.
Basándome en la investigación etnográfica existente, así como en mis propias entrevistas y conversaciones durante el viaje, exploro en esta pieza las características más instructivas de la organización social de los zapatistas: toma de decisiones de abajo hacia arriba, justicia autónoma, educación, sistemas de salud y economía cooperativa, con la esperanza de que podamos beneficiarnos de ellos al construir nuestro propio «otro mundo».
Las personas son las que deciden
En los 26 años posteriores al levantamiento inicial, los zapatistas se convirtieron en una voz destacada de los pueblos indígenas de México y construyeron un sistema autónomo de facto de autogobierno en territorios no contiguos al estado de Chiapas, habitados por los partidarios del movimiento.
Un principio clave que subyace en el proyecto zapatista, que asegura que las instituciones autónomas sirvan a la gente, es «mandar obedeciendo», lo que significa liderar obedeciendo. Implica que los líderes políticos no toman decisiones en nombre de su comunidad como sus representantes, sino que actúan como delegados de la comunidad, implementando las decisiones tomadas en las asambleas locales, un mecanismo tradicional de toma de decisiones.
Estos existen a nivel de aldea y, en contraste con las asambleas tradicionales de México, incluyen mujeres, cuyo empoderamiento ha estado en el centro de la revolución zapatista. Las asambleas eligen delegados para un consejo municipal, el siguiente nivel en la estructura administrativa zapatista.
Luego, a nivel regional, varios municipios autónomos están representados a través de delegados en Juntas del Buen Gobierno (JBG), o Consejos de Buen Gobierno, llamados así en contraste con el gobierno mexicano «malo». Los miembros de JBG sirven durante 3 años de forma rotativa en turnos de tan solo unas pocas semanas. Dicha rotación frecuente está destinada a prevenir la aparición de redes clientelerales.
El mapa es cortesía de Maël Lhopital, voluntario de DESMI.
Cualquier idea propuesta en un nivel administrativo superior pasa por el proceso de consulta con cada comunidad, después de lo cual los delegados llevan la opinión de sus comunidades a una reunión municipal. Hay un fuerte énfasis en la toma de decisiones por consenso, aunque eso a menudo significa asistir a reuniones de un día en las que todos deben ser escuchados, y la decisión no se toma hasta que se llega a un compromiso.
Los líderes se eligen de acuerdo con la tradición indígena de carga, una obligación de servir a la comunidad, y se comprometen a puestos de responsabilidad no remunerados. Las comunidades tienen derecho a revocar el mandato de aquellos funcionarios que no cumplan con su deber de servir a la gente.
La formación político-militar EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), que se había organizado clandestinamente desde 1983 y que culminó en el levantamiento de 1994 y las ocupaciones de tierras, existe paralelamente a los tres niveles de administración autónoma y da dirección política al movimiento. Si bien está organizado jerárquicamente, su cuerpo más alto está formado por civiles elegidos por asambleas comunitarias. Además, su presencia en los asuntos comunales es limitada para garantizar un verdadero autogobierno democrático de las comunidades zapatistas.
El subcomandante Moisés está haciendo una declaración en la celebración del aniversario, rodeado por el resto del CCRI-CG, el cuerpo más alto del EZLN (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comando General). | Foto: Anya Briy
Tras adoptar una posición de rechazo a cualquier ayuda del llamado gobierno «malo», los zapatistas asumieron la función estatal de prestación de servicios en las comunidades afiliadas al movimiento. Eso significaba construir sus propios sistemas comunitarios de justicia, educación, salud y producción.
Sistema de justicia
El sistema de justicia zapatista ha ganado confianza y legitimidad incluso más allá de los partidarios del movimiento. Es gratuito, se lleva a cabo en lenguas indígenas y se comprueba que es menos corrupto o parcial en comparación con las instituciones gubernamentales de justicia. Pero lo que es más importante: adopta un enfoque restaurador en lugar de punitivo y pone énfasis en la necesidad de encontrar un compromiso que satisfaga a todas las partes.
Arraigado en la comunidad, el sistema consta de tres niveles: el primer nivel se refiere a cuestiones entre los partidarios zapatistas, como chismes, robos, borracheras o disputas domésticas. Dichos casos son resueltos por las autoridades electas o, si es necesario, por la asamblea comunal, según la práctica habitual. Al resolver conflictos, las autoridades funcionan en gran medida como mediadores, proponiendo soluciones a las partes involucradas. Si no se resuelven, los casos pasan al siguiente nivel municipal, donde son tratados por una Comisión de Honor y Justicia elegida.
La mayoría de las veces, las sentencias involucran servicio comunitario o una multa; las penas de cárcel normalmente no exceden varios días. Como Melissa Forbis explica, la cárcel comunitaria generalmente es solo una habitación cerrada con una puerta parcialmente abierta para que las personas puedan pasar a conversar y pasar comida. Dado que el o la infractora a menudo tiene que pedir prestado dinero a los miembros de su familia para pagar una sanción, estos también están involucrados y su presión ayuda a prevenir una mayor transgresión. Las cuestiones domésticas relacionadas con la mujer son abordadas por las mujeres en la Comisión.
Mariana Mora ofrece una ilustración reveladora del enfoque del movimiento hacia el castigo, documentando un caso en el que los zapatistas emitieron una sentencia de servicio comunitario de un año por un robo. A los declarados culpables se les permitió alternar el servicio con el trabajo en sus propios campos de maíz para que sus familias no tuvieran que compartir el castigo. La Comisión explicó su decisión de la siguiente manera:
«Pensamos que si simplemente los encarcelamos, los que realmente sufren son los miembros de la familia. Los culpables simplemente descansan todo el día en la cárcel y aumentan de peso, pero sus familias son las que tienen que trabajar en el maizal y descubrir cómo sobrevivir.»
El nivel más alto del sistema de justicia, el de JBG, se ocupa de casos que involucran principalmente a no zapatistas u otras organizaciones políticas locales, generalmente en disputas sobre tierras, así como a las autoridades gubernamentales locales. Los no zapatistas buscan el sistema de justicia autónomo no solo cuando tienen disputas con miembros de las comunidades zapatistas, sino también cuando experimentan un trato injusto por parte de los funcionarios del gobierno, en cuyo caso los zapatistas pueden decidir acompañar a los demandantes a la oficina pública y discutir en su nombre.
Si bien los zapatistas todavía tienen policía, es bastante diferente de cómo estamos acostumbrados a pensar en ello. Como documenta Paulina Fernández Christlieb, no son armados, ni uniformados, ni profesionales. Al igual que otras autoridades, la policía es elegida por su comunidad; no son remunerados y no sirven en esta función de forma permanente. Cada comunidad tiene su propia policía, mientras que los niveles administrativos más altos, los del municipio y la región, no la tienen. Descentralizados y desprofesionalizados, los policías sirven y están bajo el control de la comunidad que los elige.
Dance festival as part of the month-long program, called “Celebration of Life”: members of a Zapatista community are enacting life after 1994. Signs say “Education,” “Health,” and “Collective Work.” | Photo: Anya Briy
Educación
El sistema educativo zapatista está igualmente arraigado en la comunidad. Las escuelas autónomas son administradas por los llamados «promotores de la educación», principalmente jóvenes locales que enseñan en sus propias comunidades bajo la supervisión de un comité de educación elegido por una asamblea local.
Desde el lanzamiento del sistema educativo autónomo, los zapatistas han llevado a cabo programas de capacitación para preparar a los promotores educativos y desarrollar un plan de estudios en colaboración con grupos solidarios, ONG y voluntarios de afuera, así como en consulta con la población local. Hoy las comunidades tienen sus propios profesionales que capacitan a nuevos promotores. Al igual que otros puestos de autoridad y responsabilidad, los promotores no reciben salarios y la comunidad a menudo los ayuda a cultivar sus campos de maíz.
El plan de estudios está integrado en la vida de la comunidad y está diseñado para preparar a una nueva generación para tareas de gobernanza y autosuficiencia, que incluyen temas como autonomía, historia, agroecología y medicina veterinaria. Las clases se imparten tanto en español como enlenguas indígenas, con énfasis en la preservación de las tradiciones y conocimientos locales. La comunidad participa activamente en la determinación de la metodología y el plan de estudios, como lo ilustra el comentario de un promotor de educación de una de las comunidades,citado por Bruno Baronnet:
«Consultamos a nuestro comité de educación y nuestra asamblea sobre los verdaderos conocimientos que son importantes para nuestra gente. Son las personas las que deciden y respetamos su opinión, incluso si a veces no estoy de acuerdo, como el otro día durante la asamblea, cuando me ordenaron que ya no jugara con niños durante las horas de escuela porque algunos padres piensan que uno no puede aprender mientras se divierte. No sabía cómo decirles que no es del todo cierto, pero los convenceré la próxima vez. (Traducción de la autora, del francés).»
Los jóvenes zapatistas están representando su vida antes de 1994, pretendiendo beber cerveza y sosteniendo un cartel con el nombre de un reciente programa de ayuda gubernamental, Sembrando Vida. | Foto: Anya Briy
Cuidado de la salud
Los zapatistas también han desarrollado su propio sistema de salud, aunque todavía se utiliza la ayuda de especialistas no zapatistas. La mayoría de las comunidades tienen un voluntario local, un promotor de salud, que recibe capacitación en medicina tradicional y moderna en los centros de salud regionales organizados por los zapatistas. Estos voluntarios brindan servicios básicos en una casa de salud local.
El tratamiento más avanzado está disponible en clínicas ubicadas en cruces de caminos y en algunos de los centros municipales. La clínica en Oventic, por ejemplo, es una de las más sofisticadas: ofrece cirugía básica regular, clínicas dentales, ginecológicas y oftalmológicas; alberga un laboratorio, un taller de hierbas, una docena de camas para admisiones y está equipado con ambulancias. Los comités de coordinación de salud, al igual que los de educación, existen en cada nivel administrativo, lo que garantiza la participación de las comunidades en la administración del sistema de salud autónomo.
Mujeres zapatistas que salían de una clínica ubicada en el caracol Morelia, donde se realizó el encuentro internacional de mujeres, que también forma parte del programa de un mes y el aniversario. | Foto: Anya Briy
En las comunidades mixtas, donde los zapatistas coexisten con los no zapatistas, los servicios autónomos están abiertos a todos. Me dijeron, por ejemplo, que los padres no zapatistas enviaron a sus hijos a escuelas autónomas porque saben que son de mejor calidad. Lo mismo se aplica a las clínicas zapatistas, ya que la falta de médicos en las comunidades indígenas es común.
Producción: Para Todos Todo, Para Nosotros Nada
El funcionamiento del gobierno autónomo, las escuelas y clínicas, así como otros proyectos colectivos, se financia con los ingresos de las cooperativas y los colectivos de tierras. Estos están en el centro de la aspiración de los zapatistas de alcanzar la autosuficiencia económica del Estado y construir una economía basada en la distribución equitativa de los recursos.
Si bien las cooperativas y los colectivos coexisten con los terrenos familiares y el emprendimiento individual, la participación en el trabajo colectivo de forma rotatoria es obligatoria. También hay bancos populares en forma de fondos rotativos que otorgan préstamos a bajo interés a los miembros de las comunidades como base de apoyo. Estos bancos generan fondos que se invierten en nuevos proyectos colectivos. Algunos proyectos colectivos son solo para mujeres y tienen la intención de brindar una oportunidad para que las mujeres ganen confianza y participen en la vida social de sus comunidades.
María, miembro de una comunidad zapatista, compartió su experiencia y comprensión de muchos aspectos de la lucha zapatista, incluido el compromiso con el trabajo colectivo. | Foto: Anya Briy
Otro mundo es posible
Los desafíos que enfrenta el movimiento zapatista son muchos. Van desde deserciones como resultado de la campaña de cooptación del gobierno a través de subsidios y programas de mejora, hasta la dependencia del financiamiento por parte de ONG solidarias y la persistencia de tendencias patriarcales y desigualdades internas.
Sin embargo, a pesar de los desafíos, en 26 años de lucha por la autonomía, los zapatistas han construido acuerdos sociales funcionales basados en la democracia de abajo hacia arriba, la cooperación y la justicia comunitaria, que colocan el bienestar de la comunidad por encima del beneficio individual.
A través de estos acuerdos, las comunidades zapatistas han asegurado los derechos, la protección y las necesidades básicas que el Estado mexicano les ha negado o no ha podido proporcionarles. Como señaló recientemente Dora Roblero de Frayba, una organización que ha estado acompañando a los zapatistas desde el principio, los zapatistas pueden ser la única comunidad en México más preparada para resistir la pandemia, gracias a su autoorganización de servicios básicos durante años.
Dado que los Estados no protegen ni brindan servicios a tantos ciudadanos en todo el mundo, la experiencia zapatista ofrece una alternativa inspiradora centrada en la comunidad.
Fuente e imagen: https://www.opendemocracy.net/es/zapatistas-lecciones-de-auto-organizacion-comunitaria/?fbclid=IwAR3RkUmt5ai-u8YNgQdTJWOFJHnM_P5kIgPgly7FTgBfqOAJiUqvo818uHM
Entrevista a Silvia Glas, hermana del depuesto vicepresidente Jorge Glas
Después de un positivo balance de diez años en la presidencia de Ecuador, Rafael Correa ayudó a la victoria de Alianza País en la segunda vuelta de las elecciones de principios de 2017. Pero muy pronto se produjo un viraje de 180 grados : el nuevo presidente Lenín Moreno empezó a atacar el legado de la Revolución Ciudadana que le habia permitido ser electo. Una parte importante de Alianza País, fiel a las políticas sociales del “Buen Vivir”, desaprobó a Moreno. Entonces, el vicepresidente Jorge Glas; quien se contaba entre esas voces críticas, es depuesto de sus funciones y expuesto nuevamente bajo los focos mediáticos, acusado de corrupción en el marco del caso Odebrecht. ¿Mera coincidencia o fatalidad del destino? Tras cuatro meses de cárcel preventiva, en enero de 2018 Jorge Glas es condenado a seis años de prisión. La economista Silvia Glas nos ha concedido una entrevista en exclusiva, en la que expone la “ausencia de pruebas” tras la sentencia, y hace un llamamiento a romper el bloqueo mediático sobre el caso de su hermano.
El 24 de mayo de 2017 se formó un gobierno con Lenín Moreno como presidente de Ecuador y Jorge Glas el vicepresidente. ¿En qué momento se tuerce el curso de ese binomio ganador?
Podemos citar dos hitos importantes: El 2 de agosto de 2017, a través de una carta pública, Jorge Glas denuncia supuestas irregularidades en la gestión del presidente Lenín Moreno. El 4 de agosto este último le releva de todas las funciones que son atribuídas por decreto debido a esta “carta irrespetuosa”.
A partir de este momento nuestra historia se acelera. A finales de septiembre, posteriormente a un conversatorio con medios donde Jorge Glas denunciaba su situación de acoso y argumentaba su inocencia, se anuncia al día siguiente, un viernes por la tarde, que habrá revisión de sus medidas cautelares. Es decir, la posible entrada en prisión para el lunes inmediato.
Estos hechos siempre ocurren en un escenario donde las posibilidades de reacción y defensa son improbables o imposibles. Luego sigue el encarcelamiento el 2 de octubre justificando la presencia de nuevas y “fuertes” evidencias. En el juicio se comprueba que se trataba de las asistencias penales de Estados Unidos y Brasil, donde nunca se menciona ni el nombre ni el cargo del acusado…Además, la fuente de ambos documentos es la propia empresa culpable y absuelta en Ecuador. Desde entonces, la sucesión de abusos a los derechos humanos del ex vicepresidente van en aumento.
Un vicepresidente a quien se le impide ejercer su mandato tras la elección… ¿Cómo lo explica?
A través de su destitución ilegal, ha sido quebrantada la voluntad del pueblo ecuatoriano, que eligió a un vicepresidente en las urnas. Las irregularidades demostradas en las violaciones al debido proceso y en el cortísimo método de reemplazo del cargo, demuestran una clara ambición por quitarse del medio a una persona elegida por mandato del pueblo. Esperamos que las instancias internacionales las puedan pronto auditar.
Sólo por mencionar algunas de estas faltas relevantes a su pregunta: 1. la decisión de dictar prisión preventiva fue arbitraria. Una detención sin los justificantes que requieren los acuerdos internacionales que garantizan los derechos de las personas. 2. Una supuesta ausencia de la carta en la que el vicepresidente informaba sobre la toma de su período legal de vacaciones para poder contar con el tiempo necesario de ejercer su defensa y de esta manera le decretan ausencia temporal. 3. Las asombrosas prisas para llamar a un juicio en menos de tres meses con un contenido de 470 cuerpos de 200 páginas cada uno. 4. Los cuestionamientos sobre un encargo y posterior reemplazo de la Vicepresidencia de la República; quien tiene encargada temas claves referentes a una consulta popular que puede cambiar la gobernabilidad del país.
Todos son aspectos que los ecuatorianos necesitamos que se sometan a veedurías externas. Hay un hombre inocente cuya seguridad y la de su familia no tiene garantías por culpa de un proceso que no pudo demostrar absolutamente nada.
Es importante recordar que fue el mismo vicepresidente quien solicitó por iniciativa propia a la Asamblea, ser relevado de la inmunidad inherente al cargo para enfrentar las acusaciones y el acoso que venía sufriendo, confiando en el sistema judicial del país al que había servido por tantos años. Sin embargo, está comprobado que, en Ecuador, no hay justicia para Jorge Glas
En Latinoamérica 70 millones de niños se encuentran en condiciones de pobreza, y 2 de 3 de estos menores de edad son víctimas de violencia.
Alrededor de 300 millones de niños y niñas en el mundo viven en situación de violencia, el dato se desprendel del informe publicado el pasado miércoles por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) “Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes”.
El documento destacó los datos relacionados al “maltrato doméstico durante la primera infancia; la violencia en la escuela; las muertes violentas entre los adolescentes; y la violencia sexual en la infancia y la adolescencia”, advirtiendo que los daños a menores de edad es naturalizado y comprendido como un modo efectivo de crianza.
Maltrato infantil a nivel global
Las cifras del “maltrato doméstico durante la primera infancia” reflejadas en el estudio señalaron que 300 millones de niños de 2 a 4 son víctimas de algún tipo violencia, y 250 millones de niños son castigados físicamente.
También expresó que seis de cada diez infantes de 12 a 23 meses son víctimas de disciplinas violentas; así como mostró que solo 60 países ha tomado medidas legales contra la violencia infantil, por lo que quedan 600 millones de niños menores de cinco años sin protección jurídica.
Desde el abuso escolar, en hogar y comunidades sufren muchos menores de edad en el mundo, sin respuesta jurídica que los ampare. EFE
El acoso escolar es otro tema que acontece a la mayoría de los niños y adolescentes del mundo, en este caso 130 millones de estudiantes sufre de hostigamiento escolar en edades comprendidas de 13 a 15 años; otros 732 millones de menores de edad se establecen en escuelas donde el castigo corporal es permitido; en los últimos 25 años se registraron 59 ataques de balas a escuelas, y en su mayoría de Estados Unidos.
Los actos violentos entre adolescentes pueden deberse a muchos factores, pero la mayoría terminan gravemente heridos, e incluso muerte. El estudio indicó que cada siete minutos un adolescente en el mundo muere, y los jóvenes de 15 a 19 años son más vulnerables a padecer ataques de violencia. Estos tienen gran impacto en África del norte, América y Oriente medio.
Por otro lado, la violencia sexual infantil y de adolescencia es un grave problema con gran frecuencia, este documento señaló que aproximadamente 15 millones de mujeres entre 15 y 19 años en el mundo han sido víctimas de violación; destaca también que las personas de bajos recursos económicos son abusadas sexualmente con más frecuencia que las clases media y alta.
Abuso a menores de edad el América Latina
Desde un enfoque latinoamericano, estudios apuntan que 70 millones de niños se encuentran en condiciones de pobreza, y 2 de 3 de estos menores de edad padecen de violencia verbal, física y sexual en centros educativos, hogares y comunidades.
De esta manera, 2 de cada 3 niños menores a 15 años sufren de disciplinas agresivas en el hogar, y 3 de cada 10 estudiantes son acosados en institutos educativos desde los 13 a 15 años de edad.
Algunos datos de Unicef en el 2017 indicaron que 1 de 4 homicidios de niños o adolescentes que se cometen a nivel mundial ocurre en la región latinoamericana.
La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais, aseguró que «cada cinco minutos hay un niño que muere como resultado de actos de violencia» y agregó que «lo más frecuente son los casos de violencia al interior de las familias».
Los planteamientos para la erradicación de la violencia infantil se pretenden instaurar a nivel mundial, para crear las condiciones necesarias de bienestar para los menores de edad. EFE
Santos aseguró que por el momento existen diez países de la región con legislaciones fuertes que prohíben la violencia y acatan medidas de protección a las víctimas, también se procuran maneras de reintegración para que se recuperen del trauma.
Santos expresó que «es claramente un problema de mucha preocupación y por eso se ha incluido como prioridad en la nueva Agenda Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, lo que nos abre una enorme oportunidad para cambiar la realidad».
Este informe planteó una serie de medidas para erradicar la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes, reflejadas en la Agenda Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
En la Agenda se propone diferentes medidas, entre ellos estan: acceso a un sistema de justicia para menores de edad, igualdad de género, planes y acciones de organizaciones nacionales para contrarrestar la violencia infantil, cambiar las normas educativas que perpetúan la violencia, y de esta manera transformar el sistema cultural y de conciencia para acabar con el abuso infantil.
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