El hundimiento de la Ley Estatutaria y el Movimiento Pedagógico

Por: Carolina Corcho

 

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En el momento en que se hace este escrito se consuma el hundimiento del proyecto de ley estatutaria de educación, que buscaba avanzar en el reconocimiento de la educación como derecho fundamental, desafortunadamente en el paso por la comisión primera del Senado, este fue envenenado por la oposición y en un inexplicable acuerdo con algunos parlamentarios del pacto histórico y el Ministerio de Educación, el texto resultante bajo la figura de enmienda, configuró lo que sería la segunda gran contrarreforma vía legislativa al sector educativo, que lleva a cuestas la aprobación de ley 715 de 2001 en donde se dio un golpe a la descentralización lograda en la Constitución de 1991, en donde el sector salud como el educativo han perdido más de 250 billones de financiación por la vía del sistema general de participaciones. 

Finalmente y de manera adecuada, el Pacto Histórico y el Gobierno se apartaron del acuerdo y presentaron una ponencia para el debate de plenaria que retomaba los acuerdos logrados en la Cámara de Representantes y la oposición mantuvo otra ponencia con los contenidos de la enmienda, cuyo problema central es el boquete que se abriría para la privatización de la educación, desconociendo que uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una nación es el fortalecimiento de la educación pública. Es la educación pública la que permite que haya movilidad social en una sociedad, que las personas humildes y campesinas puedan acceder a la educación, que el destino de la gente no dependa exclusivamente de la cuna en que nació. Ningún país avanzó en el Siglo XX sin invertir en ciencia y educación, los que mejor desarrollo tienen en la actualidad es porque hicieron esta apuesta robusteciendo su sistema de educación pública, la China por ejemplo cuadruplicó en las últimos tres décadas el porcentaje del PIB en educación.

La movilización de los maestros y maestras convocados por FECODE alrededor de la ley estatutaria tiene una importancia histórica, no sólo por el logro unitario de detener el proyecto privatizador y excluyente que se abrió espacio en el Congreso de la República, sino porque es el momento que se reabra la discusión sobre el derecho a la educación para la reconstrucción de un nuevo proyecto de ley estatutaria que requiere el país. Discutir un derecho fundamental obliga a un gremio a ir más allá de las reivindicaciones salariales y corporativas. Lo digo por la experiencia que tuve como dirigente del gremio médico en la discusión de la ley estatutaria de salud, que nos obligó repensar el ejercicio mismo de la medicina, las profesiones de la salud y las inequidades del sistema de salud.

Es por esta razón, que es pertinente re lanzar el Movimiento Pedagógico que tuvo nacimiento en la década de los 80 bajo la Presidencia de Fecode en cabeza del referente intelectual del magisterio Abel Rodríguez (QEP), que se ocupó de pensar la educación como problema cultural y pedagógico, superando la visión sindical situada en lo meramente gremial y corporativo. Esto implica nutrir de un sentido más prolífico, intelectual y político el quehacer cotidiano del maestro y la maestra, como mediadores y trabajadores de la transformación de la cultura. Esto implica impulsar una reforma educativa en el ámbito pedagógico y de la calidad, que ha sido un escenario que los gobiernos han dejado a los mandatos burocráticos del MEN y el posicionamiento del pensamiento neoliberal en el cual los rectores deben ser gerentes y administradores, no intelectuales de la pedagogía. La medicina gerenciada, se denomina esta concepción en la salud.

Con motivo del debate en torno al derecho a la educación, que implica la universalidad, la gratuidad, el pluralismo, la accesibilidad, la diversidad, la superación de las inequidades, se debe abrir una gran conversación nacional, que reflexione sobre los logros en materia de cobertura, gratuidad de la educación básica, requerimientos, financiación y ampliación de infraestructura, pero que ausculte de nuevo el problema de la enseñanza y la calidad. Las pruebas PISA no nos dejan bien ubicados en el concierto internacional en las habilidades básicas de lecto escritura y de matemáticas, pero es necesario repensar el papel de la educación en la construcción de una ciudadanía crítica, con valores democráticos.

Estanislao Zuleta señaló que: “la educación es un campo de combate contra la injusticia y la ignominia, un proceso de constante liberación, allí todo el mundo puede combatir: desde el profesor de primaria, pasando por el de secundaria, hasta el profesor de física atómica de la universidad, combatir en el sentido de que mientras más busque la posibilidad de la realización humana de las gentes que educa, más estorba al sistema”. En tiempos de transición democrática, hay que construir la democracia también desde la cultura, eso implica forjar un pensamiento crítico en niños, niñas y jóvenes, que les permita de manera autónoma rechazar la violencia, la injusticia, respetar la diversidad, la vida, reconocer los derechos fundamentales, trabajar de manera colectiva y proba. Todos estos valores se construyen desde los tres lugares que configuran el mundo cultural: la familia, la escuela, los medios de comunicación, que hoy encuentran un contrapeso y un correlato también en las redes sociales.

La lucha por el reconocimiento legal y constitucional del derecho a la educación, implica la lucha por refundar la escuela y la Universidad, replantear ese modelo bancario educativo que criticaba Freire, en el cual se concibe al estudiante como un receptor de información, la escuela debe enseñar a pensar, a resolver problemas de la vida individual y colectiva. Es necesario impugnar ese acervo ideológico neoliberal en el cual los seres humanos son individuos que compiten para ser el mejor, sin valorar de manera solidaria y fraterna las condiciones del mas débil, sin un ejercicio colectivo de ciudadanía, se debe impugnar esa cultura del atajo en la cual han encontrado asidero la mafia y la corrupción en nuestro país. El cambio no será estructural en Colombia sino se transforma la cultura, se debe generar un nuevo proyecto político social y cultural de nación. Ese es el reto central de la Educación, es por eso que este campo no puede ser marginado del debate político e ideológico del devenir de la nación, en una aparente neutralidad que no es más que la aceptación acrítica del estatus quo, del orden establecido, así este sea injusto.

Es el momento para retomar el pensamiento y acción del Maestro Abel Rodríguez, el principal referente intelectual y moral del magisterio. Fecode tiene en su memoria colectiva los elementos que requiere para enfrentar esta nueva etapa de discusión de una propuesta de política pública educativa, pero este requiere la conciencia de que deben ir más allá del gremialismo, la educación pública no es sólo un tema que interesa y compete al gremio, sino al conjunto de la sociedad colombiana, de esta depende el futuro de la Nación.

Tuve la oportunidad de ser discípula del más importante médico del Siglo XX, el Abel de la Salud, José Félix Patiño Restrepo, sus escritos y pensamientos sobre la medicina y salud fueron esclarecedores para que pudiéramos concebir el derecho fundamental a la salud a través de una ley estatutaria y posteriormente la reforma a la salud. El magisterio tiene en sus memorias de la Revista Educación y Cultura, las ideas, las reflexiones y el pensamiento para suscitar una discusión prolífica en torno al Derecho a la Educación, el Movimiento Pedagógico debe inspirar esa discusión Nacional para el logro de la reforma educativa, en palabras del Maestro Abel Rodríguez esto es : “Rescatar el liderazgo intelectual y cultural del maestro y contribuir a realizar una gran reforma de la enseñanza y la educación, que sirva de sustento a un nuevo y vivificante proyecto cultural nacional. Esta es la razón y el sentido histórico del Movimiento Pedagógico Nacional. El Movimiento Pedagógico se levanta como una respuesta del magisterio al deterioro de la imagen del maestro y como una alternativa, gestada desde abajo, a la crisis que hoy soporta la educación”.

Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra

Fuente de la información e imagen:  https://www.sur.org.co

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Argentina: frenar la reforma judicial, a cualquier precio

Por: Atilio A. Boron

 

Asombra constatar la actitud de muchos observadores de la vida política argentina así como de buena parte de la gente del común cuando dicen no entender las razones por las cuales la clase dominante y su expresión política (el macrismo, en cualesquiera de sus variantes o re-encarnaciones), la oligarquía mediática y el grueso de la magistratura se oponen frontalmente a la reforma judicial. ¡Cómo puede ser, si es evidente que la Justicia no está funcionando adecuadamente en este país! ¿Cómo oponerse a su reforma, para mejorarla y ofrecer las garantías del debido proceso a toda la población? Hundiendo un poco el escalpelo en la gruesa capa de la retórica leguleya y pseudoconstitucionalista empleada por sus opositores lo cierto es que para la clase dominante y sus aliados en los medios y en el Poder Judicial la justicia está funcionando muy bien. Ha servido de protección y de cobertura para asegurar la impunidad de muchos delitos y crímenes; negociados escandalosos y fraudes monumentales en contra del fisco (como el de Vicentin en fechas recientes) que contaron con el silencio o la pasividad cómplice de los oligopolios mediáticos de Clarín y La Nación  y sus opinólogos. ¿Por qué razón los beneficiarios de esta escandalosa corrupción de la Justicia podrían apoyar una reforma que ponga fin a sus tropelías? Se comprende que guiados por sus intereses su conducta racional sea oponerse por todos los medios a la reforma, evitar que el tema se ventile ante la opinión pública y procurar por los muchísimos medios de “confusión de masas” de que disponen suscitar una respuesta negativa de la población ante la iniciativa reformista.

Los problemas del Poder Judicial en la Argentina son apabullantes. La causa del atentado a la AMIA tiene 26 años y aún está a la espera de una sentencia definitiva. La causa ACINDAR, que investiga delitos económicos, lleva diez años encajonada en los recintos del Poder Judicial sin que pase a Juicio Oral. La causa Correo Argentino (que, como sabemos, involucra a la familia del ex presidente) “tramita” sosegadamente  en los tribunales hace ya 19 años La mayoría de las personas detenidas y encarceladas lo están sin sentencia firme. El caso escandaloso de Milagro Sala, más de mil días privada de su libertad, es el más conocido pero está lejos de ser la única presa política o persona que sufre una prisión preventiva en nuestro país. En cambio, la causa de “la noche del Apagón” que incrimina de modo irrefutable a Carlos Pedro Blaquier y su socio Alberto Lemos, dueños del jujeño Ingenio Ledesma en Jujuy y que produjo la desaparición de 38 personas dormita  en los escritorios de la Corte Suprema  hace ya cuatro años. El listado de violaciones al Estado de Derecho en la Argentina sería interminable.  El caso de los Panamá Papers que involucraba al presidente en ejercicio, Mauricio Macri, fue escamoteado ante los ojos de la opinión pública por una alianza corrupta entre el Poder Judicial, la “prensa independiente” y parte de la dirigencia política. Lo mismo con la anomalía de un presidente como Macri que asume su función a pesar de estar procesado por la Justicia, que rápidamente enmendó ese “error”. O que intentó designar a dos jueces de la Suprema Corte por decreto, sin que hubiese un clamor de los miembros del Poder Judicial ante semejante atropello. Sólo la indignación de la opinión pública pudo obligar al presidente a revertir su decisión y avanzar por la vía constitucional enviando sendos pliegos al Senado de la Nación. Pero lo curioso del caso no es que allí finalmente se hayan aprobado las designaciones sino que los candidatos –Carlos Rosenkrantz y Carlos Rosatti- consintieran, para su perpetuo deshonor, que el presidente actuara de forma abiertamente contraria a los preceptos constitucionales.

La justicia argentina adolece de un pecado original: en los inicios de la transición democrática se decidió convalidar a los nombramientos efectuados en la Justicia Federal y Nacional por la dictadura cívico-militar. Según el constitucionalista Eduardo Barcesat cerca del 90 por ciento de jueces y fiscales designados durante la dictadura fueron ratificados en sus cargos por el jaqueado gobierno de Raúl Alfonsín.[1] Barcesat señala que fue esta insalubre continuidad del personal que administra la justicia en la Argentina la que permitió frenar “la vigencia de la Ley de Medios Audiovisuales, la que ha resistido en lo posible el enjuiciamiento de las responsabilidades del terrorismo de Estado, que ha violentado las normas y protocolos respecto a la violencia de género y el aborto no punible … y que jamás tuvo una palabra en defensa, ni de las instituciones  ni de los derechos humanos.”

La oposición a cualquier reforma que atenúe, ni hablemos de suprimir definitivamente, atenúe decíamos los nefastas alcances del “lawfare” será por lo tanto absolutamente intransigente. Para ello sembrarán mentiras a diestra y siniestra. Como por ejemplo decir que la reforma está hecha “a medida” de Cristina Fernández cuando ninguna de sus provisiones contempla la posibilidad de remover al personal del Poder Judicial que entiende en sus causas. Así lo afirma Horacio Verbitsky cuando asegura que “la palabra presidencial y el texto del proyecto no dejan dudas respecto de la continuidad de todas las causas ya iniciadas ante los mismos jueces que las tienen ahora, con lo cual ningún alivio podría esperar Cristina de esa reforma.”[2] Esa continuidad está también garantizada para quienes entienden en las múltiples causas de la megacorrupción del macrismo, y en la cual sobresale la “Mesa Judicial”, tal vez la más bochornosa violación de la separación de poderes que conozca la historia argentina. Sin embargo, esta aberración que hizo que Juan B. Alberdi se revolviese en su tumba, pasó desapercibida para los sedicentes campeones (y campeonas) del republicanismo argentino. Y aquélla es apenas la punta del iceberg de la corrupción de la Justicia. Recordemos que utilizaron jueces y fiscales para hacer operaciones políticas y “apretar” a opositores con amenazas de encarcelamiento, todo con el apoyo logístico de los servicios de inteligencia, la complicidad de los grandes medios y de los autoproclamados “custodios de la república”.

Por eso quienes se benefician de esta situación de la Justicia, cuyo jefe imitó al Emérito Rey de España y se ausentó del país, están desesperados por frenar el avance de la Reforma Judicial. Una reforma que es un paso importante aunque, a mi modo de ver, todavía insuficiente. Pero es un avance, entraña una mejoría. Por eso la respuesta de los “defensores de la república” no es discutirla sino abortarla. No sólo eso: el “triángulo de las Bermudas” en el cual puede naufragar la democracia argentina y que está compuesto por jueces y fiscales corruptos, medios corruptos y la derecha corrupta ya se ha puesto marcha en una ofensiva multidimensional cuyo objetivo de máxima va más allá de detener el tratamiento de la reforma sino provocar el derrumbe del gobierno de Alberto Fernández. Sólo espíritus de una gran ingenuidad pueden ignorar esta ominosa realidad. La “guerra híbrida” de amplio espectro tiene en los medios su artillería de vanguardia para debilitar las defensas enemigas y ganar el favor de un sector de la opinión pública. Los descerebrados que desafiaron el Covid-19 este 17 de Agosto, infectándose entre ellos pero diseminando el contagio en proporciones que en pocos días más podremos calibrar, demuestra que hay una población predispuesta a creer cualquier mentira que refuerce su odio visceral al peronismo y a todo lo que huela a izquierda, progresismo o populismo. Y que hay un liderazgo de la derecha capaz de instigar conductas criminales como las del 17-A que podrán causar la muerte de muchas personas. Pero estos daños colaterales están en los cálculos de la derecha. Son inevitables si se quiere mantener el imperio de la impunidad para la hoy acéfala camarilla que gobernó entre 2015 y 2019. Tal objetivo requiere pisotear toda norma o escrúpulo moral que se interponga ante su claro designio y ante su proclamado proyecto de recuperar el gobierno a cualquier costo. No van a esperar hasta las próximas elecciones y apelarán a la violencia. Esta no sólo es física sino que se manifiesta de muchas formas: verbal, en las pancartas, o en los titulares y zócalos de los medios, o la violencia que exuda en los supuestos análisis de embusteros disfrazados de periodistas, o en la extensa serie de notas “humorísticas” que no sólo se mofan o insultan al presidente sino que degradan la propia investidura del jefe de estado. Pero para los adoradores y beneficiarios de los privilegios que otorga el mercado el desprestigio de la presidencia o de la jefatura del Estado es irrelevante. En suma: esta coalición no va a esperar hasta las próximas elecciones. No cree, nunca creyó, en las elecciones de la democracia. Y eso exige que el gobierno y el Frente de Todos tomen conciencia que se les ha declarado la guerra. Guerra no convencional, “guerra híbrida”, de “quinta generación”, como quieran llamarla,  pero guerra al fin. Desconocer esta triste realidad o confiar en el apaciguamiento de los revoltosos mediante el diálogo es una peligrosa ilusión,  que desemboca fatalmente en el suicidio político.

 

[1]  Cf. Eduardo Barcesat, “Sobre la necesidad de una reforma judicial en nuestro país”, en Revista del CCC/ Primera Época, Nº 18, Mayo-Agosto 2013. Accesible en:  https://www.centrocultural.coop/revista/18/sobre-la-necesidad-de-una-reforma-judicial-en-nuestro-pais

[2] En “Los locos del martillo”, en El Cohete a la Luna, 2 de Agosto del 2020, accesible en https://www.elcohetealaluna.com/los-locos-del-martillo/

Fuente e imagen:  https://atilioboron.com.ar/argentina-frenar-la-reforma-judicial-a-cualquier-precio/

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Lawfare y guerra asimétrica vs. Venezuela

Por: Carlos Fazio

En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola  el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos  y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.
A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me  topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia  de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.
Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos.  Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo,  el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989,  en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una  “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los Soles.
Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015−  en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado  del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia,  y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior.

Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.
En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia  militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015,  estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,  utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación  sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con  filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional  de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban  dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con  acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más allá de lo  enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como  fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido,  reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA.

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016.  Y para ello, Washington intensificó su política  de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del  ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses  imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición  de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el Cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

Fuente e imagen: https://www.telesurtv.net/opinion/Lawfare-y-guerra-asimetrica-vs.-Venezuela-20200405-0019.html

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