Fuente: Publico
Un informe reciente ahonda en la problemática de la falsa publicidad ecológica planteada por grandes multinacionales.
La lucha contra la emergencia climática compete a todas las partes de la sociedad. Con 2050 como fecha límite para alcanzar la descarbonización de la economía, los Gobiernos trabajan para conseguir reconvertir un sistema petrodependiente y sustentado en la extracción intensiva de recursos naturales cada vez más escasos. Las advertencias de la ciencia para disminuir el número de emisiones de CO2 y frenar el calentamiento del planeta, así como la cada vez mayor conciencia ecológica de la sociedad han puesto en la picota a parte del sector empresarial, que ve como su modelo productivo ha quedado en entredicho por sus impactos ambientales.
Desde compañías energéticas, hasta marcas de alimentación, pasando por equipos de fútbol. La realidad muestra que muchas de estas empresas empiezan a movilizar recursos para cambiar su imagen, algo que podría ser celebrado si no fuera porque muchas de las estrategias emprendidas se quedan en la superficie y no terminan de transformar la base productiva que contribuye a la crisis climática. Así lo evidencia un reciente informe de Greenpeace sobre el denominado greenwashing o lavado verde que muchas de las grandes multinacionales llevan a cabo. La publicación muestra la dificultad que conlleva para los consumidores conocer si realmente una empresa tiene un compromiso con la emergencia climática o no. Estos son los siete grandes pilares sobre los que se sustenta la propaganda verde de las grandes corporaciones:
Compromisos que no son vinculantes
Algunas de las multinacionales que más han contribuido a la emergencia climática se presentan ahora como líderes del cambio que la ciencia y los movimientos sociales llevan reclamando más de 30 años. Lo hacen en ventanas internacionales como las Cumbres del Clima, donde anuncian adhesiones a tratados y convenios internacionales en los que se comprometen a reducir su dependencia de los combustibles fósiles o a disminuir el uso de plásticos, entre otras cosas. Sin embargo, los «acuerdos voluntarios como el Pacto Mundial o los Principios para la Inversión Responsable (PRI) tienen serios problemas de credibilidad debido a las escasas garantías existentes sobre su aplicación», expone el informe del grupo ecologista.
Un ejemplo claro es el acuerdo firmado en la antesala de la Cumbre del Clima de 2019, cuando 87 grandes empresas y entidades bancarias se comprometían a vincular sus actividades económicas con el Acuerdo de París. Desde Nestlé, hasta Danone, pasando por algunos de los principales bancos españoles como BBVA o el Grupo Santander. Más allá de las buenas intenciones que pudieran tener los directivos, la rúbrica de este convenio no tenía ningún tipo de vinculación legal ni obligaba a los firmantes a su cumplimiento.
Desde Greenpeace señalan estas prácticas como el pilar central de la propaganda verde utilizada por las grandes empresas y, citando a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), recuerdan que «la información ambiental por parte de los emisores o gabinetes de comunicación tiene que huir de lo comercial y buscar noticias que aporten valor a la sociedad».
Productos ‘bio’ y ‘eco’ de la otra punta del mundo
En informe de Greenpeace lanza una advertencia directa: las etiquetas mienten. Los supermercados están plagados de artículos con envases catalogados como bio o eco que, lejos de ser sostenibles, llevan consigo una mochila cargada de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque lo más popular es el caso de la alimentación, con fruta ecológica que han tenido que ser transportada desde el otro lado del Atlántico y llevando consigo una importante huella de carbono, existen otras formas más desconocidas de falso etiquetado ecológico.
Uno de ellos es el de los biocombustibles. «Llamar biodiésel a la mezcla entre diésel convencional y aceite de palma ha sido muy perjudicial para la lucha
contra el cambio climático a nivel global, pero también para la biodiversidad de los países productores, especialmente Indonesia. Si se tienen en cuenta todas las emisiones a lo largo de su ciclo de vida, la quema de biodiésel fabricado a
partir de aceite de palma emite tres veces más gases de efecto invernadero que el diésel convencional», exponen desde la organización ecologista, en referencia a la deforestación asociada a los cultivos intensivos de palma.
Incluso en el mundo del fútbol se pueden observar campañas engañosas de este tipo. Durante la víspera de la Cumbre del Clima de Madrid de 2019, el Real Madrid anunció que jugaría su partido de liga vestido de verde para mostrar su compromiso con el cambio climático. Se trató de un gesto tan simbólico como poco efectivo, ya que el club siguió –y sigue– desplazándose en avión todos los fines de semana, a pesar de que algunos de sus contrincantes se ubican en zonas a las que podrían acudir en tren o en ave, un transporte mucho menos contaminante.
Las finanzas verdes
La denominada transición ecológica o Green New Deal pasa, según el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, por el incentivo de las finanzas verdes. Este objetivo a veces se tergiversa desde algunos sectores económicos, que destinan pequeñas sumas de dinero a energías renovables o a infraestructuras verdes mientras siguen apostando a gran escala por la economía fósil del petróleo, el carbón o el gas. Greenpeace pone como el ejemplo los Principios de Banca Responsable firmados por cerca de 130 bancos internacionales, que se comprometían a poner sus actividades financieras en consonancia con la lucha climática y los Derechos Humanos. Pese a ello, muchas de estas entidades, según Bankrolling Extinction, han continuado invirtiendo en actividades que contribuyen al calentamiento del planeta con una inversión de 2,9 billones de dólares en el último año destinadas a deforestación, minería, petróleo o ganadería intensiva.
Reforestar para compensar la contaminación
La retórica de reforestar y generar masas boscosas que actúen como sumideros de carbono ha generado grandes expectativas y las grandes compañías lo saben. Muchas veces, ese papel regulador que se le otorga al sector de la silvicultura viene potenciado desde las propias instituciones públicas, en tanto que la Unión Europea se ha puesto como objetivo plantar 3.000 millones de árboles de cara a 2030.
Empresas con inversiones en combustibles fósiles como BBVA, Santander, compañías de alimentación que contribuyen a las emisiones asociadas a la ganadería intensiva como Campofrío, o el propio lobby del plástico, Ecoembes, han anunciado planes de reforestación, tal y como destaca la investigación de Greenpeace. Si bien es cierto que se trata de una iniciativa importante, la organización ecologista denuncia que, tanto la UE como las empresas, apuestan por un modelo de plantación que no tiene demasiada validez para mitigar la emergencia climática, ya que se tiende a optar por monocultivos en lugar de fomentar la reconstrucción natural de los ecosistemas. «No es lo mismo sembrar árboles que restaurar bosques», sostiene la organización, que denuncia que el destino final de estas iniciativa sea satisfacer el aumento de la demanda de pasta de papel para cartón y embalajes que ha traído consigo la era de las compras digitales.
Captura y almacenaje de CO2, ¿existe?
El tecno-optimismo es una de las tendencias más comunes en la lucha contra la crisis climática. Esto no es otra cosa que creer que obras de ingeniera podrán revertir la situación de emergencia en la que se ha adentrado la humanidad. Los métodos de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglés) son los más conocidos. Se trata de una tecnología poco desarrollada que tiene el propósito de recoger las emisiones de CO2 y guardarlas en depósitos subterráneos.
Algunas empresas están apostando por ello para demostrar su compromiso verde al mundo. Pese a todo, Greenpeace explica en su informe que se trata de un método poco efectivo ya que tan sólo hay 19 plantas de CCS en funcionamiento y entre todas han conseguido extraer únicamente 5 millones de toneladas de CO2. Según las Naciones Unidas (ONU), para que esta metodología tuviera algún efecto positivo se tendría que conseguir capturar un mínimo de 100 gigatoneladas de CO2. Se necesitarían, según el organismo internacional, 4.750 plantas para alcanzar un impacto positivo en la concentración de partículas atmosféricas. «Esta tecnología no puede ser considerada una solución que evite un cambio climático peligroso a corto y medio plazo», denuncia la organización verde.
Datos de emisiones trucados
Otra de las realidades comunes es la falta de datos coherentes sobre los índices de contaminación y emisiones de CO2 que las grandes compañías aportan. Tanto es así, que un estudio de la revista científica Science advertía en septiembre de 2020 que muchas de las las empresas tienden a no contabilizar las emisiones asociadas a la cadena de suministro, las cuales representan una media de una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero globales.
De esta forma, muchas entidades financieras no revelan de manera pública el cómputo general de sus actividades económicas. Por poner algún ejemplo, determinados bancos pueden dar préstamos a empresas y no contabilizar el impacto que tienen esas inversiones en el medio ambiente. Lo mismo podría ocurrir con compañías de seguros que aseguran actividades como la extracción minera de carbón o la explotación de un yacimiento de petróleo.
¿Una producción 100% renovable?
«Producimos con energía 100% renovable»; «ilumina tu casa con electricidad sostenible»; «caliente su hogar de una forma eficiente y limpia». Muchas de estas afirmaciones están a la orden del día, se escuchan y se ven en banners de Internet, anuncios de televisión y radio o marquesinas publicitarias. Sin embargo, la energía puramente verde no es nada fácil de encontrar en España. Tanto es así que, en 2019, sólo el 39% de la electricidad generada en el Estado era de origen renovable.
Pese a ser un dato positivo, esta energía limpia que circula por las redes de transporte se distribuye mezclada con la de origen fósil. Es decir, es imposible que el mercado mayorista sirva energía 100% renovable. Sólo productores de renovables que ofrecen contratación bilateral, normalmente cooperativas como Som Energia, ofrecen un producto que se acerca a esa idea de Green New Deal.
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