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Las siete mentiras que las empresas usan para blanquear su impacto en la emergencia climática

Fuente: Publico

Un informe reciente ahonda en la problemática de la falsa publicidad ecológica planteada por grandes multinacionales.

La lucha contra la emergencia climática compete a todas las partes de la sociedad. Con 2050 como fecha límite para alcanzar la descarbonización de la economía, los Gobiernos trabajan para conseguir reconvertir un sistema petrodependiente y sustentado en la extracción intensiva de recursos naturales cada vez más escasos. Las advertencias de la ciencia para disminuir el número de emisiones de CO2 y frenar el calentamiento del planeta, así como la cada vez mayor conciencia ecológica de la sociedad han puesto en la picota a parte del sector empresarial, que ve como su modelo productivo ha quedado en entredicho por sus impactos ambientales.

Desde compañías energéticas, hasta marcas de alimentación, pasando por equipos de fútbol. La realidad muestra que muchas de estas empresas empiezan a movilizar recursos para cambiar su imagen, algo que podría ser celebrado si no fuera porque muchas de las estrategias emprendidas se quedan en la superficie y no terminan de transformar la base productiva que contribuye a la crisis climática. Así lo evidencia un reciente informe de Greenpeace sobre el denominado greenwashing o lavado verde que muchas de las grandes multinacionales llevan a cabo. La publicación muestra la dificultad que conlleva para los consumidores conocer si realmente una empresa tiene un compromiso con la emergencia climática o no. Estos son los siete grandes pilares sobre los que se sustenta la propaganda verde de las grandes corporaciones:

Compromisos que no son vinculantes

Algunas de las multinacionales que más han contribuido a la emergencia climática se presentan ahora como líderes del cambio que la ciencia y los movimientos sociales llevan reclamando más de 30 años. Lo hacen en ventanas internacionales como las Cumbres del Clima, donde anuncian adhesiones a tratados y convenios internacionales en los que se comprometen a reducir su dependencia de los combustibles fósiles o a disminuir el uso de plásticos, entre otras cosas. Sin embargo, los «acuerdos voluntarios como el Pacto Mundial o los Principios para la Inversión Responsable (PRI) tienen serios problemas de credibilidad debido a las escasas garantías existentes sobre su aplicación», expone el informe del grupo ecologista.

Un ejemplo claro es el acuerdo firmado en la antesala de la Cumbre del Clima de 2019, cuando 87 grandes empresas y entidades bancarias se comprometían a vincular sus actividades económicas con el Acuerdo de París. Desde Nestlé, hasta Danone, pasando por algunos de los principales bancos españoles como BBVA o el Grupo Santander. Más allá de las buenas intenciones que pudieran tener los directivos, la rúbrica de este convenio no tenía ningún tipo de vinculación legal ni obligaba a los firmantes a su cumplimiento.

Desde Greenpeace señalan estas prácticas como el pilar central de la propaganda verde utilizada por las grandes empresas y, citando a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), recuerdan que «la información ambiental por parte de los emisores o gabinetes de comunicación tiene que huir de lo comercial y buscar noticias que aporten valor a la sociedad».

Productos ‘bio’ y ‘eco’ de la otra punta del mundo

En informe de Greenpeace lanza una advertencia directa: las etiquetas mienten. Los supermercados están plagados de artículos con envases catalogados como bio o eco que, lejos de ser sostenibles, llevan consigo una mochila cargada de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque lo más popular es el caso de la alimentación, con fruta ecológica que han tenido que ser transportada desde el otro lado del Atlántico y llevando consigo una importante huella de carbono, existen otras formas más desconocidas de falso etiquetado ecológico.

Uno de ellos es el de los biocombustibles. «Llamar biodiésel a la mezcla entre diésel convencional y aceite de palma ha sido muy perjudicial para la lucha
contra el cambio climático a nivel global, pero también para la biodiversidad de los países productores, especialmente Indonesia. Si se tienen en cuenta todas las emisiones a lo largo de su ciclo de vida, la quema de biodiésel fabricado a
partir de aceite de palma emite tres veces más gases de efecto invernadero que el diésel convencional», exponen desde la organización ecologista, en referencia a la deforestación asociada a los cultivos intensivos de palma.

Incluso en el mundo del fútbol se pueden observar campañas engañosas de este tipo. Durante la víspera de la Cumbre del Clima de Madrid de 2019, el Real Madrid anunció que jugaría su partido de liga vestido de verde para mostrar su compromiso con el cambio climático. Se trató de un gesto tan simbólico como poco efectivo, ya que el club siguió –y sigue– desplazándose en avión todos los fines de semana, a pesar de que algunos de sus contrincantes se ubican en zonas a las que podrían acudir en tren o en ave, un transporte mucho menos contaminante.

Las finanzas verdes

La denominada transición ecológica o Green New Deal pasa, según el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, por el incentivo de las finanzas verdes. Este objetivo a veces se tergiversa desde algunos sectores económicos, que destinan pequeñas sumas de dinero a energías renovables o a infraestructuras verdes mientras siguen apostando a gran escala por la economía fósil del petróleo, el carbón o el gas. Greenpeace pone como el ejemplo los Principios de Banca Responsable firmados por cerca de 130 bancos internacionales, que se comprometían a poner sus actividades financieras en consonancia con la lucha climática y los Derechos Humanos. Pese a ello, muchas de estas entidades, según Bankrolling Extinction, han continuado invirtiendo en actividades que contribuyen al calentamiento del planeta con una inversión de 2,9 billones de dólares en el último año destinadas a deforestación, minería, petróleo o ganadería intensiva.

Reforestar para compensar la contaminación

La retórica de reforestar y generar masas boscosas que actúen como sumideros de carbono ha generado grandes expectativas y las grandes compañías lo saben. Muchas veces, ese papel regulador que se le otorga al sector de la silvicultura viene potenciado desde las propias instituciones públicas, en tanto que la Unión Europea se ha puesto como objetivo plantar 3.000 millones de árboles de cara a 2030.

Empresas con inversiones en combustibles fósiles como BBVA, Santander, compañías de alimentación que contribuyen a las emisiones asociadas a la ganadería intensiva como Campofrío, o el propio lobby del plástico, Ecoembes, han anunciado planes de reforestación, tal y como destaca la investigación de Greenpeace. Si bien es cierto que se trata de una iniciativa importante, la organización ecologista denuncia que, tanto la UE como las empresas, apuestan por un modelo de plantación que no tiene demasiada validez para mitigar la emergencia climática, ya que se tiende a optar por monocultivos en lugar de fomentar la reconstrucción natural de los ecosistemas. «No es lo mismo sembrar árboles que restaurar bosques», sostiene la organización, que denuncia que el destino final de estas iniciativa sea satisfacer el aumento de la demanda de pasta de papel para cartón y embalajes que ha traído consigo la era de las compras digitales.

Captura y almacenaje de CO2, ¿existe?

El tecno-optimismo es una de las tendencias más comunes en la lucha contra la crisis climática. Esto no es otra cosa que creer que obras de ingeniera podrán revertir la situación de emergencia en la que se ha adentrado la humanidad. Los métodos de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglés) son los más conocidos. Se trata de una tecnología poco desarrollada que tiene el propósito de recoger las emisiones de CO2 y guardarlas en depósitos subterráneos.

Algunas empresas están apostando por ello para demostrar su compromiso verde al mundo. Pese a todo, Greenpeace explica en su informe que se trata de un método poco efectivo ya que tan sólo hay 19 plantas de CCS en funcionamiento y entre todas han conseguido extraer únicamente 5 millones de toneladas de CO2. Según las Naciones Unidas (ONU), para que esta metodología tuviera algún efecto positivo se tendría que conseguir capturar un mínimo de 100 gigatoneladas de CO2. Se necesitarían, según el organismo internacional, 4.750 plantas para alcanzar un impacto positivo en la concentración de partículas atmosféricas. «Esta tecnología no puede ser considerada una solución que evite un cambio climático peligroso a corto y medio plazo», denuncia la organización verde.

Datos de emisiones trucados

Otra de las realidades comunes es la falta de datos coherentes sobre los índices de contaminación y emisiones de CO2 que las grandes compañías aportan. Tanto es así, que un estudio de la revista científica Science advertía en septiembre de 2020 que muchas de las las empresas tienden a no contabilizar las emisiones asociadas a la cadena de suministro, las cuales representan una media de una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero globales.

De esta forma, muchas entidades financieras no revelan de manera pública el cómputo general de sus actividades económicas. Por poner algún ejemplo, determinados bancos pueden dar préstamos a empresas y no contabilizar el impacto que tienen esas inversiones en el medio ambiente. Lo mismo podría ocurrir con compañías de seguros que aseguran actividades como la extracción minera de carbón o la explotación de un yacimiento de petróleo.

¿Una producción 100% renovable?

«Producimos con energía 100% renovable»; «ilumina tu casa con electricidad sostenible»; «caliente su hogar de una forma eficiente y limpia». Muchas de estas afirmaciones están a la orden del día, se escuchan y se ven en banners de Internet, anuncios de televisión y radio o marquesinas publicitarias. Sin embargo, la energía puramente verde no es nada fácil de encontrar en España. Tanto es así que, en 2019, sólo el 39% de la electricidad generada en el Estado era de origen renovable.

Pese a ser un dato positivo, esta energía limpia que circula por las redes de transporte se distribuye mezclada con la de origen fósil. Es decir, es imposible que el mercado mayorista sirva energía 100% renovable. Sólo productores de renovables que ofrecen contratación bilateral, normalmente cooperativas como Som Energia, ofrecen un producto que se acerca a esa idea de Green New Deal.

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/greenwashing-siete-mentiras-empresas-blanquear-impacto-emergencia-climatica.html

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México: TMEC profundiza modelo extractivo minero: REMA

Política minera protege desmesuradamente inversiones y anula los derechos de poblaciones, alerta.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) alertó que con la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), el pasado primero de julio, se reforzó la política extractiva minera a favor del despojo.

La organización ambientalista señaló que dicha política “protege desmesuradamente al inversor minero y anula los derechos de las poblaciones” y los trabajadores, quienes “progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales”.

Al analizar algunas partes del acuerdo comercial, REMA identificó que en el apartado sobre Medio Ambiente, específicamente el Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5 (24.2.5) y el 24.6.3, se subordinan las normas y políticas ambientales nacionales a los intereses de las compañías mineras canadienses y estadounidenses, y se busca desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos inconvenientes para los inversores, como la defensa del territorio.

Además, el TMEC sólo reconocen la existencia de “esquemas de simulación filantrópica”, pues varios artículos hablan de “ implementar prácticas voluntarias” y “mecanismos flexibles y voluntarios” para proteger el medio ambiente, identificó la REMA.

También destacó que resulta “particularmente pernicioso” el tema de Resolución de Controversias, donde las empresas pueden demandar por miles de millones de dólares en tribunales supranacionales en caso que consideren afectadas sus inversiones como ocurre con las restricciones ambientales.

Señaló que este recurso permanece disponible para las empresas estadounidenses, mientras que  se le ha quitado para las canadienses, sin embargo éstas pueden recurrir al arbitraje cobijados del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica, vigente desde diciembre de 2018.

La organización recordó que México ha sido demandado 34 veces por parte de trasnacionales en tratados de libre comercio, 21 de ellas concluidas y 13 pendientes, por las que ha sido ordenado de pagar por lo menos 242.94 millones de dólares. Pero además, hay tres demandas pendientes, una de ellas por más de 3 mil millones de dólares por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration.

Fuente e imagen: https://lacoperacha.org.mx/tmec-profundiza-modelo-extractivo-minero-rema/

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El Covid-19 dispara la pandemia de estúpidos

Por: Marcos Roitman Rossenmann

 

El virus no es inteligente, no tiene conciencia ni es reflexivo. Los seres humanos poseen, en teoría, dichas cualidades. Sin embargo, en esta crisis, donde es obligado ser prudentes y no buscar chivos expiatorios, emerge una especie que se multiplica, los estúpidos.

El combate es contra prelados, deportistas, cantantes, académicos, periodistas, premios Nobel, científicos, políticos de tres al cuarto o expertos. Luchar contra la estupidez constituye una necesidad vital. Hay quienes se escudan en títulos, publicaciones o sus instituciones para decir estupideces.

Como ejemplo, el manifiesto de la Fundación Internacional para la Libertad, encabezado por Vargas Llosa, y seguido de expresidentes, escritores, periodistas, políticos, empresarios y economistas, entre otros José María Aznar, Álvaro Uribe, Macri, Zedillo, Sanguinetti, Cristiani, Castañeda, Krause, Savater, Jorge Edwards, Albert Rivera, Esperanza Aguirre, María Corina, Álvarez de Toledo, exministros, politólogos y gente de bien, hasta más de un centenar.

Ellos, llaman la atención a un confinamiento que impi­de trabajar, producir, generar riqueza, persigue políticamente, ataca la empresa privada, la democracia liberal y la economía de mercado. El enemigo, como siempre, la Internacional Comunista y el populismo.

En esta dirección de estúpidos, sobresale el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, quien, en sincronía con el manifiesto declara que el coronavirus, camuflado bajo la ideología de género, el cientifismo y el alarmismo climático, es una invención del marxismo y una conspiración para implantar el comunismo, usando la Organización Mundial de la Salud a fin de “consolidar un orden sin naciones y libertades y sin espíritu”.

Carlo Cipolla, uno de los historiadores más destacados del siglo XX, escribió Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Cipolla abría el ensayo: “La humanidad se encuentra … en un estado deplorable”.

La especie humana posee el privilegio de cargar con un peso añadido a los problemas cotidianos, representado por un grupo de personas más poderoso que la mafia, que el complejo militar industrial o la Internacional Comunista. “Se trata de un grupo no organizado, que no se rige por ninguna ley, no tiene jefe, ni presidente, ni estatuto, pero que consigue actuar en perfecta sintonía, como que las actividades de cada uno de sus miembros contribuyen poderosamente a reforzar y ampliar la eficacia de la actividad de todos los demás miembros”.

Se refería a los estúpidos. Luego estableció cinco leyes para explicar su comportamiento. Primera ley: siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo; segunda ley: la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona; tercera ley o ley de oro: un estúpido es alguien que causa daño a otro u otros sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo perjuicio; cuarta ley: los no estúpidos subestiman siempre el potencial nocivo de los estúpidos.

Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que en cualquier momento y lugar, y en cualquier circunstancia, tratar y/o asociarse con estúpidos se manifiesta infaliblemente como costosísimo error; y quinta ley: la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Corolario: el estúpido es más peligroso que el malvado.

Cipolla no ha sido el único en escribir sobre la estupidez. Jean Paul Richter dijo en su Elogio de la estupidez (1782) : “Están demasiado imbuidos por una sensación de superioridad que hace que la expresen mediante el odio y el desprecio… Tendrían que no quererse tanto para no odiar al hombre ilustrado”. Igualmente, el potencial de los estúpidos para perjudicar a los demás, dirá Cipolla, está en función del grado de poder y la autoridad que atesoren.

El manifiesto es buen ejemplo de la variedad de especímenes que lo integran. Pero Cipolla va más lejos; subraya que las acciones de los estúpidos no se ajustan a la racionalidad: “nos pillan por sorpresa…, incluso cuando se tiene conocimiento del ataque no es posible organizar una defensa racional, porque el ataque carece de cualquier tipo de estructura racional… ante comportamientos erráticos es extremadamente difícil cualquier contraataque”. Su conclusión es demoledora: “Con la sonrisa en los labios […], el estúpido aparecerá de improviso para echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder tiempo…, el buen humor, el apetito… y todo… sin remordimientos y sin razón. Estúpidamente”.

En este orden, podemos situar a Trump, Bolsonaro, Boris Johnson o Sebastián Piñera. Pero no menos un sinnúmero de expertos a posteriori que dicen conocer las causas y plantean soluciones a la pandemia, todos en el poder político.

Asimismo, estúpidos que hablan de un cambio, para mejor, en los comportamientos sociales colectivos. Seremos más responsables, solidarios y comprometidos con el ambiente. Los corruptos mutarán en honrados, los narcotraficantes se entregarán a la justicia, los empresarios darán beneficios entre sus trabajadores, los bancos darán préstamos a cero por ciento de interés, se financiará la sanidad pública, se perseguirá el fraude, se acabará con los paraísos fiscales, y por fin la cultura gozará de buena salud.

La pobreza desaparecerá, las trasnacionales dejarán de sobrexplotar la naturaleza y las empresas contaminantes se volverán ecológicas. No se puede ser más estúpido. Recuerden: no se junten con ellos porque se contagia.

Fuente e imagen: https://www.telesurtv.net/opinion/El-Covid-19-dispara-la-pandemia-de-estupidos-20200428-0020.html

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Un frente común contra el imperialismo y los golpes

Por: Giorgio Trucchi

Miles de personas reunidas en Cuba para articular acciones y luchas. En Bolivia se consuma el golpe contra Evo Morales

Del 1 al 3 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, el Encuentro antiimperialista de solidaridad, por la democracia y contra el neoliberalismo.

Durante tres días, más de 1300 delegados y delegadas de unas 789 organizaciones, movimientos, redes, plataformas, articulaciones, partidos políticos, provenientes de todos los rincones del mundo (86 países representados), se reunieron para analizar, debatir, compartir experiencias, articular luchas, como parte del esfuerzo -no siempre fácil- de profundizar la unidad en la acción.

«Vivimos un nuevo momento en la historia. Los pueblos en las urnas, en las calles y en las redes sociales demuestran con su voto y sus protestas, el agotamiento de la ofensiva imperial conservadora y restauradora neoliberal de la derecha oligárquica, en alianza con el fundamentalismo religioso, el poder mediático, el capital y las empresas trasnacionales que, de la mano del imperialismo norteamericano, en su naturaleza depredadora, excluye a amplios sectores de la población, destruye el trabajo digno, la vida en armonía con la naturaleza y pone en peligro a la especie humana», señala con fuerza la declaración final del Encuentro.

Ejes de debate

Seis fueron los ejes alrededor de los cuales se articuló la discusión y se planteó la agenda continental futura: solidaridad con Cuba y demás causas justas; los pueblos ante el libre comercio y las trasnacionales; descolonización, guerra cultural, comunicación estratégica y lucha social; la juventud; democracia, soberanía y antiimperialismo; integración, identidades y luchas comunes en la Patria Grande.

«El Encuentro es parte de un proceso de construcción colectiva que surge en 2015 y que involucra a sujetos diversos, con el objetivo de juntar análisis, experiencias de lucha y esfuerzos, y que llevó a la conformación de un espacio que denominamos Jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo», explica Martha Flores, coordinadora de Jubileo Sur/Américas a la LINyM.

Dos años después (2017) se organizó otro momento continental en Montevideo, Uruguay, donde se retomaron los diferentes puntos de la agenda común y se avanzó en la articulación.

«Fue a inicios de este año (2019) que decidimos que el próximo encuentro se iba a realizar en Cuba. Veníamos de momentos muy difíciles, con golpes de estado, ofensivas para desestabilizar y derrocar a gobiernos progresistas, derrotas electorales y una marcada avanzada de la derecha continental y de los procesos neoliberales de privatización y sumisión a las políticas de los organismos financieros internacionales. Lo estamos viendo en estos días en Ecuador, Chile, Honduras y Haití donde hay un rechazo total a estas políticas», agrega Flores.

Enfoque antimperialista y antineoliberal

En este segundo encuentro que se desarrolló en La Habana, uno de los ejes fue la solidaridad con Cuba y la condena absoluta del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que en días pasado sufrió otra abrumadora derrota en las Naciones Unidas.

«Ha sido un momento importante para volver a solidarizarnos con Cuba y su Revolución, para condenar este brutal bloqueo -cuyas medidas se han recrudecido como nunca con el gobierno Trump-, pero también para propiciar un espacio donde convergieran múltiples formas organizativas, para repensar y articular todos aquellos procesos de resistencia y lucha que surgen desde los territorios, hasta llegar al nivel local, nacional y a las redes regionales, movilizados en favor de la solidaridad, la vida y la autodeterminación de los pueblos», aseveró la coordinadora de Jubileo Sur Américas.

El Encuentro puso un reto fundamental: ¿cómo mantenemos esta unidad en la diversidad, con objetivos claros, con un camino trazado, con la convicción que necesitamos juntar esfuerzos para hacer transformaciones que favorezcan la dignidad y el derecho de los pueblos?

En este sentido, este segundo momento continental sirvió para analizar a fondo la situación que vive el continente latinoamericano y caribeño, en especial la lucha contra los efectos del modelo neoliberal en países como Ecuador, Chile, Haití y Honduras, así como la resistencia ante intentonas golpistas y procesos de desestabilización de gobiernos legítimos como en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, y el uso de la ‘justicia’ para criminalizar y judicializar a defensores y defensoras de territorios y bienes comunes, o a personalidades como el recién excarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.

«Hubo mucha discusión y debate alrededor de las que consideramos ‘causas justas’. La gente está muy consciente del momento histórico que estamos viviendo y de los peligros a los que nos enfrentamos. En once días, por ejemplo, se recogieron en Cuba más de 2 millones de firmas para la liberación de Lula. Asimismo se analizó el golpe de estado racista y clasista que se quiere gestar en Bolivia contra el presidente Evo Morales[1], así como la situación de la lucha e insurrección en Chile, que va encaminada en la búsqueda de una transformación sustantiva y profunda de un modelo basado en la precarización de la vida», manifestó Martha Flores.

Bolivia en llamas

En cuanto a Bolivia, la situación ha ido rápidamente deteriorándose después de la entrevista con la coordinadora de Jubileo Sur Américas, hasta consumarse el golpe de estado la mañana de este 10 de noviembre, cuando, después de la decisión del presidente Morales de acatar el contenido del informe preliminar del grupo de auditores de la OEA, convocando a nuevas elecciones y renovando la totalidad del Tribunal Supremo Electoral, la propuesta fue rechazada por los dos principales opositores, el candidato presidencial Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho [1] y el jefe de las Fuerzas Armadas apareció en conferencia de prensa, «sugiriendo» al presidente Morales de renunciar a su mandato (a pesar que el mismo informe de la OEA reconociera a Morales como ganador de la primera vuelta electoral). La Policía ya se había acuartelado desde el día viernes.

Mientras tanto se profundizaba la violencia golpista con ataques cada vez más violentos contra militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), funcionarios de gobierno y sus familias. También fueron atacados edificios públicos y fueron rodeadas las instalaciones de canales de televisión y radios estatales, obligando a trabajadores y trabajadoras abandonar el lugar, no sin antes amenazarlos y golpearlos.

A primeras horas de la tarde, para que no hubiese un baño de sangre en el país, el presidente Evo Morales y su vice Àlvaro García renunciaban a su cargo y denunciaban que se estaba consumiendo un golpe, ante el silencio cómplice de la comunidad internacional y de organismos multilaterales.

Si la OEA ha sido el «caballo de Troya» de este nuevo golpe del siglo XXI, la inmensa mayoría de los gobiernos latinoamericanos -solamente Cuba, México, Nicaragua, Venezuela y el presidente electo de Argentina condenaron la ruptura del orden constitucional y se solidarizaron con Morales-, los Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y la CIDH mantuvieron el más absoluto silencio ante las barbaridades que se estaban cometiendo.

La casa del presidente Morales fue atacada y saqueada, todos los miembros del máximo órgano electoral están presos o tienen mandato de captura, se multiplican episodios de violencia racistas (como la quema de wiphalas, la bandera de siete colores de los pueblos andinos, reconocida como símbolo del Estado Plurinacional de Bolivia en la Constitución de 2008), decenas de funcionarios públicos o legisladores del MAS pidieron asilo en la embajada mexicana. En medio de esta ‘cacería de brujas’, son cada vez más fuertes los rumores de una orden de aprehensión contra el presidente Morales.

En este momento (noche del domingo 10 de noviembre) centenares de activistas del MAS y miembros de movimientos sociales se están desplazando de El Alto hacia La Paz.

Un golpe de estado ampliamente denunciado durante las semanas previas a las elecciones en varias publicaciones («El plan de EEUU contra Bolivia» parte 1 y parte 2) y por el mismo Morales. Un golpe que pretende acabar con su exitosa experiencia de gobierno y que es una nueva advertencia a otros gobiernos del continente latinoamericano que no se plegan a los intereses de Washington.

Más solidaridad

Durante la actividad en La Habana se analizó a profundidad la lucha por la independencia de Puerto Rico, la situación de agresión y bloqueo que sufre Venezuela, el fallido golpe en Nicaragua y otros procesos como el de Palestina. A ese propósito, Martha Flores aclaró que no hubo vacilaciones en cuanto a diferenciar las sublevaciones populares en Ecuador, Chile, Haití y Honduras de los intentos de golpe en Bolivia (ya consumado), Nicaragua y Venezuela (fallidos). Asimismo, se hizo hincapié en el doble rasero de organismos multilaterales como la OEA y la CIDH.

«¿Por qué no tienen la misma beligerancia en condenar los asesinatos y las masivas violaciones de los derechos humanos en Chile y Ecuador, así como la tuvieron en Nicaragua y Venezuela?», se preguntó Flores.

Uno de los elementos donde más hubo coincidencia y donde más se trabajó fue la necesidad de romper el cerco mediático y contrarrestar la mediatización, politización y manipulación de temas claves como son la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.

También hubo un elemento transversal, que se convirtió en la tónica general del Encuentro, que fue el rol del gobierno de los Estados Unidos en todas esta problemáticas, así como su lógica de fuerza y poder para intervenir e imponer un modelo y una agenda, en abierta violación de los derechos de los pueblos.

Plan de acción

Para el próximo año hay una ruta trazada y un Plan de Acción que involucrará organizaciones, movimientos, partidos políticos, redes y articulaciones de todo el continente, y que incluye una jornada de lucha antiimperialista en marzo y una movilización antiimperialista a nivel global en el mes de mayo, entre otras.

«Ningún sector, por sí solo, puede hacer transformaciones estructurales. Tenemos que juntar voluntades dispersas en función de objetivos comunes, poniendo cada uno y cada una las cosas que necesitamos para alcanzar estas metas que son trascendentales. Es un momento histórico donde todos juntos los movimientos sociales, populares, los partidos políticos, las redes y articulaciones podemos hacer transformaciones. En este sentido es necesario que tanto los partidos como los movimientos entendamos que, si no trabajamos juntos, nunca podremos llegar a una verdadera transformación», concluyó.

Notas:
[1] Camacho exigía la renuncia de Morales, de todos los legisladores y funcionarios judiciales y electorales, la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2019/11/12/un-frente-comun-contra-el-imperialismo-y-los-golpes

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Por qué interesa el debate sobre ciencia y tecnología

Por: Silvia Ribeiro

Porque nos afecta a todos y hay mucho en juego. La disputa es entre los intereses de las megaempresas (trasnacionales y nacionales), que se han beneficiado en grande con la ley y programas actuales, y la necesidad de reformar el sistema de ciencia y tecnología para que sirva a las necesidades de la mayoría del pueblo mexicano. Son paradigmas opuestos: una ciencia elitista para producir tecnologías al servicio del lucro (tecnociencia) o la posibilidad de desarrollar una ciencia digna, comprometida con la sociedad que la sostiene, que reconozca e integre distintas formas de conocimiento, que desarrolle tecnologías para el bien común, en lugar de venderse al mejor postor.

Como planteé antes (ver ¿Ciencia para el lucro o ciencia para la gente?, La Jornada, 30/3/19), esta disputa se agudizó con una nueva propuesta de ley de humanidades, ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera. Ésta propone sustituir la norma existente y reformar la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados para que la Comisión de Bioseguridad (que tramita las solicitudes de liberación de transgénicos) quede bajo el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

La propuesta de ley plantea una reestructura del sistema nacional de ciencia y tecnología para eliminar duplicidades y devolver al Conacyt su papel rector en el tema, sobre la base de una ciencia y tecnologías que observen, entre otros, los principios de previsión, prevención y precaución, el derecho a consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y locales, que promueva la investigación de frontera y aquella orientada a la atención de problemas sociales prioritarios, así como fortalecer la planta productiva nacional para consolidar la independencia tecnológica del país.

Propone mantener programas de apoyo a sectores productivos, pero dirigidos al sector social y las micro, pequeñas y medias empresas (99 por ciento de las empresas en México, según el Inegi), prefiriendo proyectos que tengan como objeto prioritario contribuir a la protección de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país, el uso racional y la conservación de los recursos naturales, el respeto del territorio, los conocimientos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables. Requiere que los proyectos cuenten con una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada por los potenciales usuarios.

Prevé realizar foros de consulta, abiertos a toda la comunidad de ciencia y tecnología, lo cual es un cambio muy positivo. La ley actual restringe la consulta a una sola entidad –el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que integra a grandes asociaciones empresariales, las cuales han marcado su impronta en sus posiciones–, que además es financiado por el Conacyt, con lo cual el erario público paga el cabildeo en favor de las empresas. Muchas críticas al cambio de ley vienen de este foro y sus allegados, que avizoran perder privilegios.

La nueva ley propone abrir la consulta a sectores mucho más amplios de la sociedad, apoyando a campesinos e indígenas para que puedan participar. No obstante, es preciso aclarar en qué políticas y programas debe existir no sólo voluntad, sino obligatoriedad de consulta por parte del Conahcyt, con quiénes, en qué plazos y cómo se tomarán en cuenta los resultados.

Esto adquiere particular importancia, ya que el Conahcyt absorbería las funciones de la Comisión de Bioseguridad (actual Cibiogem).

Hasta ahora, las consultas sobre liberación de transgénicos de la Cibiogem han sido una burla. Las consultas electrónicas son de difícil acceso para los que serán afectados en sus territorios. La Cibiogem ha ignorado sistemática y arbitrariamente los aportes críticos en esas consultas. Peor aún, en consultas directas a pueblos indígenas, a las que la Cibiogem fue obligada por sentencia judicial a partir de demandas de organizaciones en la península de Yucatán, la Cibiogem y su entonces secretaria ejecutiva, Sol Ortiz, colaboraron con Monsanto y otras empresas, intentando manipular las consultas y dividir a los pueblos.

Pese a este historial –¿o gracias a él?–, el nuevo secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, buen amigo de las trasnacionales de transgénicos, se llevó a Sol Ortiz a trabajar a la Sader como encargada de cambio climático, tema en el cual no tiene formación ni capacidad. Los que protestaron por otros nombramientos que califican de arbitrarios convenientemente se callaron en este caso.

Esos críticos a modo señalan también que las secretarías de Salud y Medio Ambiente tienen participación en las decisiones de liberación de transgénicos de la Cibiogem, lo que se perdería con las reformas a la ley. Por el contrario, al colocar la comisión bajo la junta del Conahcyt, esas y otras nueve secretarías estarán vigilando las actividades. La Semarnat tendrá que tomar en cuenta los dictámenes de expertos de Inecc, Conabio y Conanp, entes que dictaminaron en repetidos casos que no se debe liberar transgénicos en ciertas áreas, algo que la Semarnat y la Cibiogem ignoraron, aprobando igual la liberación de transgénicos en esas áreas.

Todo esto debe cambiar. Un primer paso es participar activamente en el debate.

Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/04/13/opinion/019a1eco

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Bolívia: Evo Morales denuncia conspiración política contra el gobierno

Tomado de: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=22225&SEO=evo-morales-denuncia-conspiracion-politica-contra-el-gobierno
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Desigualdad global y devastación

Por:  Silvia Ribeiro

A principios de 2014, un reporte de Oxfam resumió gráficamente la desigualdad que impera en el mundo: 85 individuos concentran más riqueza que los 3500 millones de habitantes más pobres en el planeta, mitad de la población mundial. El informe, llamado “Gobernar para las élites: secuestro económico y desigualdad económica”, indicaba desde el título que la situación se mantiene porque las políticas gubernamentales se hacen para favorecer a los más ricos.

Lo cual no sorprende, en la vasta mayoría de los casos los gobiernos y legisladores llegan a sus cargos apoyados en las “contribuciones”, por decir lo menos, de esas élites de poder económico. En un año, los 85 más ricos aumentaron su fortuna en 14 por ciento, que se tradujo, en conjunto, en ganancias por 668 millones de dólares diarios, o casi medio millón de dólares por minuto.

En octubre 2014, el banco Credit Suisse publicó un informe sobre la riqueza mundial, en el que resaltaba la preocupación por los niveles de desigualdad que siguen creciendo, lo cual considera un factor de riesgo.

La riqueza mundial pasó de 117,000 billones en el año 2000 a 262,000 billones de dólares en 2014. El 1 por ciento más rico de la población mundial tiene actualmente casi la mitad de la riqueza global (48.5 por ciento).

Al mismo tiempo, el 50 por ciento de la población más pobre tiene menos del 1 por ciento de los ingresos y de ellos, el 90 por ciento vive en países del Sur.  Si estas cifras son difíciles de digerir, casi lo es más saber que el 70 por ciento de la población mundial, tiene en conjunto ¡menos del 3 por ciento de los ingresos!

La región con mayor índice de desigualdad en el mundo es América Latina y el Caribe, pese a que en los últimos años, algunos países, como Uruguay y Venezuela, han contribuido a bajar el promedio continental. México y Chile son los países con mayor desigualdad de todos los miembros de la OCDE, e integran los 10 más desiguales de la región, junto a Honduras, Brasil y Colombia, entre otros.

En el último año el número de mil-millonarios en la región aumentó 38 por ciento. La desigualdad global creció particularmente en las últimas tres décadas, pero la brecha se hizo mayor a partir de las crisis de 2007-2008. Según Credit Suisse, los países donde aumentó más la desigualdad son China e India, donde ahora se encuentran algunas de las mayores fortunas y corporaciones del planeta. Estados Unidos sigue siendo el país que, con distancia, concentra la mayor parte de los ingresos.

Allí radica el 49 por ciento de los individuos llamados ultra-ricos, con una fortuna mayor a los 50 millones de dólares. Esos no son los que sufrieron con la crisis financiera que ellos mismos provocaron. Por el contrario, el 1 por ciento más rico de Estados Unidos capturó el 95 por ciento del crecimiento y ganancias posteriores a 2009, mientras el 90 por ciento de la población se hizo más pobre. Y esto sin tener en cuenta las sumas ingentes de dinero público que se gastaron para “rescatar” a instituciones financieras en crisis, de las cuales esos mismos ricos son propietarios total o parcialmente.

A estos análisis, es necesario superponerle la enorme concentración corporativa que tomó vuelo en la década de 1990, en la que las fusiones y adquisiciones empresariales crecieron 757 por ciento y siguieron en ritmo ascendente, aunque más lento, hasta el 2007.

Con las crisis financieras, económicas y alimentarias de 2007-2008, bajó el porcentaje de fusiones y adquisiciones, pero la concentración empresarial ya establecida nunca volvió a bajar del nivel alcanzado en el 2000, e incluso subió en algunos años del siglo XXI.

Según el estudio publicado en 2011 The network of Global Corporate Control (La red de control corporativo global) de los investigadores Vitali, Glattfelder y Battiston, 1328 corporaciones trasnacionales tienen el 60 por ciento de los ingresos globales y están interconectadas entre sí, por 2 o más relaciones mutuas, con un promedio de 20 interconexiones. En esta telaraña de relaciones que tienen atrapado al mundo,  el estudio identificó una “super-entidad” corporativa, como una araña en la red, integrada por 147 corporaciones que detentan el 40 por ciento de los ingresos de todas las transnacionales y que tienen un enorme poder de decisión sobre toda la red corporativa mundial.

Tres cuartas partes de éstas son instituciones financieras, que a su vez están estrechamente ligadas con las mayores transnacionales de sectores claves de la economía, como energía, petroquímica y química, comunicaciones, construcción, minería, alimentación y agricultura, etc.

Son los intereses de lucro de esta extraordinariamente ínfima minoría de ricos, los que modelan regulaciones nacionales e internacionales para mantener sus privilegios, las que empujan los modelos industriales de producción y consumo masivos, y los responsables de la devastación social, ambiental y las crisis planetarias.

Apenas un ejemplo: sólo 90 empresas, la mayoría privadas, de petróleo, carbón, gas y cemento son responsables de dos terceras partes de las emisiones de gases que han provocado el cambio climático. Hay muchos factores que se imponen para mantener la desigualdad, incluyendo un amplio aparato bélico y represivo, en general pagado con fondos públicos.

Pero también hay muchos y diversos focos de resistencia y construcción colectiva desde abajo, sin duda lo que sigue haciendo el mundo habitable y en definitiva las únicas alternativas reales a estas nuevas formas de esclavitud global.

ALAINET

Fuente: http://alainet.org

 

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