Trata

El confinamiento paralizó la actividad de supervivencia de estas mujeres y rompió la frágil cadena de apoyo con las entidades sociales especializadas en prostitución. La ampliación teórica del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19 con medidas adicionales para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución a duras penas se ha llevado a la práctica en la ciudad autónoma.

Pasada la medianoche, Lamya recorre a paso lento la calle de La Legión, arteria principal del barrio de El Real —el más extenso de Melilla—, a la espera de que algún hombre se le acerque o pare algún vehículo a su lado. «Con suerte, me llevo 30 euros por noche«, comenta amparada por el nombre con el que la conocen quienes se dedican al «comercio», que es como algunos puteros llaman a la prostitución, explica colocándose bien la mascarilla azul marino a juego con la sombra de ojos.

La crisis sanitaria del coronavirus y el consecuente cierre de la frontera de Melilla con Marruecos ha afectado especialmente a las mujeres migrantes que ejercen la prostitución como única vía de supervivencia dada su situación administrativa irregular que se enmaraña en trámites, papeles y un idioma que muchas veces desconocen.

«Trabajo de esto obligada. Busco empleo de friegaplatos en restaurantes, en la limpieza o cuidando a personas mayores o niños, pero sin papeles nadie quiere contratarme», relata en un castellano marcado por la musicalidad árabe esta marroquí de 44 años que se encuentra inmersa en la maquinaria burocrática para conseguir la residencia.

Habla de esclavitud porque le ofrecieron trabajar de interna en un domicilio cuidando a una señora mayor las 24 horas del día, de lunes a sábado. Por ello cobraría 250 euros al mes con la excusa de que le ofrecían una habitación y le permitían comer lo que preparara para la señora. «Estoy sola con un hijo de diez años a cargo. Él nació en Melilla, tiene la residencia, es hijo de un español que se niega a pagar algún tipo manutención. ¿Cómo voy a cuidar de mi niño si me paso el día fuera?», se pregunta.

Actualmente, Lamya vive con su hijo en un piso vacío en el barrio del Tesorillo. «Lo hemos ocupado. No vivía nadie. Se cae a trozos y está lleno de cucarachas. Que vengan a desahuciarnos de la misma manera que nos echaron de una pensión en el Rastro porque me retrasé un día con el pago de los 280 euros mensuales que pagaba por una habitación», apunta.

Ahora hace malabares para afrontar los gastos de la vuelta al cole de su hijo. «Con el cierre de frontera hay menos competencia entre las chicas, muchas se quedaron en Marruecos, también muchos hombres, los hay que se dedican a regatear 10 o 20 euros. Algunos se van sin pagar. Otros solo te paran para reírse de ti», comenta sentada en un banco junto a una farola.

Lamya calza unas chanclas rosas, viste unos leggins con un estampado floral verdoso y una camiseta negra con transparencias. En su bolso carga con un paquete de preservativos, lubricante y gel hidroalcohólico. «Todo esto de poco sirve. Con el condón claro que evitamos el sida y embarazos, pero seamos sinceras, ¿quién usa mascarilla para tener sexo? Enfermaré antes de coronavirus que de VIH», reflexiona con la mirada fija en otra joven apoyada en un quiosco.

Preguntada por la asistencia que diversas ONG ofrecen a mujeres en su situación, Lamya dice no confiar en estas entidades: «Vienen un par de días, te hacen preguntas y luego desaparecen a hacer informes o te dicen que no tienen recursos para todas o que todo va muy lento y que hay que tener paciencia». Del Gobierno dice no esperar nada: «Somos invisibles para ellos». Suena su móvil. Responde. «Un habitual», comenta mientras tira el cigarrillo, se despide y desaparece al doblar la esquina.

Sin registro de mujeres en prostitución

Lamya solo pone voz a la cifra indeterminada de mujeres migrantes que se ven forzadas a prostituirse por supervivencia. La responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Melilla, Laura Segura Sarompas, afirma que no existe documento alguno que contabilice o permita llevar un control para atender a las mujeres que ejercen la prostitución al tratarse de una actividad de economía sumergida.

Asimismo, niega que existan prostíbulos o clubs de alterne en la ciudad en los que aplicar las medidas anunciadas por el Ministerio de Igualdad durante el pasado mes de agosto para prevenir brotes de covid-19 en ellos, y desconoce la existencia de casas particulares de citas. «Sí que hay bares de copas que suelen frecuentar para ofrecer sus servicios», apunta.

Por su parte, Melilla Acoge lleva 20 años trabajando con mujeres que ejercen la prostitución. En los últimos tres años han centrado su acción en el barrio de El Real, donde han atendido a 213 mujeres, la mayoría de ellas transfronterizas, de las que 114 tienen hijos a su cargo y son las únicas responsables de la economía familiar. A pesar de este registro, reconocen que posiblemente sean muchas más las que están fuera de su red de ayuda por falta de recursos para ampliar su acción sobre el terreno y generar lazos de confianza con los que establecer un contacto continuo para posteriormente llevar a cabo programas de educación para la salud y prevención de infecciones de transmisión sexual.

Desde esta entidad también ofrecen atención individualizada para derivar a las mujeres que visitan su sede a servicios jurídicos o sociales específicos, además de clases de alfabetización o cursos formativos de auxiliar de limpieza, actividades que han quedado truncadas por el coronavirus: han cancelado las clases de lengua castellana para adultos, mientras que el curso de limpieza será virtual y muchas de ellas no tienen medios para conectarse.

Plan de Contingencia, ¿papel mojado?

Precisamente, con el objetivo de paliar las consecuencias económicas y sociales del coronavirus sobre este colectivo, el Ministerio de Igualdad aprobó el 31 de marzo el Plan de Contingencia contra las Violencias de Género ante la Crisis del Covid-19, donde definía una serie de medidas en el ámbito de la pareja/expareja, de la trata y explotación sexual y para mujeres en contexto de prostitución.

Este plan declaraba «servicios esenciales» todos los servicios de asesoramiento jurídico, atención integral y acogida para víctimas de violencia de género, explotación sexual y de trata, pero no mencionaba en este apartado como beneficiarias a las mujeres en contexto de prostitución, hecho que le valió numerosas críticas por parte de organizaciones como Acción en Red Andalucía y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Sin embargo, el Estado de Alarma paralizó toda actividad, incluso estos servicios definidos como esenciales, y muchas entidades y ONG dedicadas a la atención de estas mujeres no pudieron mantener sus actividades a pie de calle por falta de medios y dificultades de localizarlas, lo que supuso una ruptura en esta red básica de apoyo, que forzó al Ministerio de Igualdad de definir y ampliar nuevas medidas para tratar de llegar a este sector.

No fue hasta el 21 de abril cuando se amplió este plan y se especificó que las mujeres que ejercen la prostitución también contarían con una alternativa habitacional en caso de verse con la necesidad derivada de la crisis sanitaria de la covid-19. De esta forma, daban respuesta a las reclamaciones de las asociaciones que alertaban de la vulnerabilidad de estas mujeres, que quedaron sin ingresos durante el confinamiento y sin posibilidad de beneficiarse de un ERTE, lo que les dificultaba hacer frente al pago del alquiler. También se garantizaba a este colectivo la posibilidad de acceder al Ingreso Mínimo Vital y detallaba que «se asegurará que las mujeres en situación administrativa irregular, que son la mayoría (…) puedan acceder a este derecho».

Ninguna mujer derivada en Melilla

Meses después de la publicación del Plan de Contingencia, la realidad muestra que las mujeres que ejercen la prostitución en Melilla no se han beneficiado de ninguna de estas medidas. La responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en Melilla, Laura Segura Sarompas, afirma a este medio que «no se ha derivado a ninguna mujer en contexto de prostitución a los recursos disponibles» desde el inicio de la crisis sanitaria.

En referencia a las alternativas habitacionales, concreta que actualmente hay dos viviendas que acogen a 33 mujeres víctimas de violencia de género y se ha habilitado un tercer recurso alternativo y temporal, pero en ninguno consta ninguna mujer procedente del ámbito de la prostitución, independientemente de su situación documental. Tampoco se ha gestionado ningún expediente de Ingreso Mínimo Vital, extremo con el que coinciden desde Melilla Acoge.

Sarompas reconoce que queda un largo camino por recorrer: «Si en materia de violencia de género vemos la punta del iceberg, en cuestión de prostitución, trata y explotación sexual apenas vemos nada», lamenta. De ahí que se haya propuesto definir mesas de trabajo para desarrollar programas que permitan aplicar medidas que den resultados, pero alerta: «El problema es que no tenemos presupuesto». Mientras tanto, mujeres como Lamya dicen sentirse «huérfanas» por no contar con el apoyo que esperaban del Gobierno y que las ONG iban a traducir en medidas tangibles.

Fuente: https://rebelion.org/abandonadas-en-la-pandemia-mujer-migrante-y-prostituta-por-necesidad-en-melilla-tras-el-cierre-de-fronteras/