Universidad Pública

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Colombia: “La educación no es mercancía”: lo que siguen exigiendo los universitarios del país

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América del Sur/Colombia//www.semana.com/

La gratuidad educativa, el endeudamiento por créditos, la financiación y la lucha contra ‘Ser Pilo Paga’ ya han ocupado por años la agenda de los movimientos estudiantiles de las IES públicas. Ahora hacen un llamado a paro nacional de la educación superior.

A pesar de los años, a la comunidad estudiantil aún la siguen acogiendo los mismos problemas: el endeudamiento de miles de estudiantes con Icetex y distintas instituciones financieras, el poco acceso a la educación superior, la precaria financiación de la universidades públicas y ahora se le suma el programa Ser Pilo Paga.

El pasado 19 de marzo finalizó el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES). A la sede de Bogotá de la Universidad Nacional llegaron poco más de 1.500 estudiantes de distintas universidad públicas de todo el país para debatir los temas que hoy tienen en jaque al sector.

Para Andrés Salazar, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, los problemas aún siguen siendo los mismos porque no se ha trabajado en lo que realmente se debe. Según él, el debate educativo se ha planteado netamente en la financiación sin tener en cuenta los problemas de fondo y sin considerar a la educación como un derecho fundamental.

Además, afirma que el Icetex y Ser Pilo Paga son una respuesta a la idea de que el problema del acceso a la educación es individual, y por el contrario, «la respuesta colectiva al problema es invertir en la gratuidad para garantizar un acceso mucho más equitativo y universal».

Sin embargo, como lo mencionó Alejandro Barón, representante estudiantil de la Universidad del Valle, por más que se quiera abordar el tema desde otras perspectivas, siempre se llega a un mismo tema: el modelo de financiación que no ha podido resolver las problemáticas que se vienen denunciando desde años atrás.

Jhonatan Camargo, representante estudiantil de la Universidad del Atlántico, cree que además de la grave situación financiera, la politización de la educación superior tampoco ha permitido que los problemas estructurales se solucionen.

“La democracia que da la Ley 30 le otorgó a la educación superior para escoger a los rectores es una democracia casi que de papel, en el caso de mi universidad, quién ocupa el cargo es del grupo Cambio Radical y así nos encontramos que la politización prioriza lastimosamente lo que son los escenarios de contratación que a la final se convierten en negocios de las redes clientelistas que mantienen a los rectores en las direcciones”.

Mientras que para Andrés Collazos, representante estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, la responsabilidad del Estado con la educación superior es cada vez más bajo, “tampoco existe un compromiso de los gobiernos con los problemas que aún siguen vigentes”.

Para Harold González, representante de la Universidad Popular del Cesar, los gobiernos que han pasado en los últimos años por el poder solo han mercantilizado la educación superior, siendo esta un derecho fundamental de todo colombiano.

Así mismo, Alejandro Barón aseveró que “las instituciones como el Icetex con proyectos como Pilo Paga han sido lesivos para la educación pública porque solo tienen un afán de mostrar que se están ampliando las opciones de cobertura pero en realidad no se están resolviendo los problemas para garantizar permanencia, bienestar y garantizar que el proceso académico y formativo sea de manera eficiente”.

De igual forma, en el encuentro se planteó la discusión de la financiación de la oferta y de la demanda, “al financiarse la oferta, se invierte en infraestructura, planta docente, administración, seguridad y demás para las IES públicas, mientras que si se financia la demanda, con programas como Ser Pilo Paga, se empieza a ver la educación no como un derecho sino como una mercancía” explicó Salazar.

Es aquí cuando entra a tomar protagonismo el programa bandera de la administración que está por culminar en el mes de agosto. En 2015 arrancó la primera versión de Ser Pilo Paga y hoy cuenta con su cuarta versión y 40.000 beneficiarios. Sin embargo, una de sus grandes críticas es el presupuesto total que se destina para este, que rodea un total de 3.5 billones de pesos, dinero que en su mayoría llega a las universidades privadas del país. Mientras que el presupuesto de las universidades públicas está en el margen de los 17.000 millones de pesos.

“El problema de Ser Pilo Paga es que el recurso del programa sale del fondo que antes estaba dedicado a las universidades públicas, ahora por esa vía se han disminuido la cantidad de recursos que llegan a las mismas. Existen  dos fugas: el capital financiero y el capital humano que está captando el programa”.

En noviembre del año anterior, el Ministerio de Educación anunció cambios en el programa para asegurar el ingreso de por lo menos el 30 por ciento de los pilos a las universidades públicas, dentro de las 47 instituciones acreditadas que los ‘pilos’ podían elegir, 15 de estas eran públicas. Pero, para Salazar eso no puede ser posible, “el diseño mismo del programa está hecho de forma tal que siempre el estudiante va a tener más incentivos para irse a la universidad privada”.

Según Harold González, Ser Pilo Paga e Icetex son brazos articulados para imponer la Ley 30. “Como universidad estamos muy afectados, no estamos acreditados, y por esto no podemos acceder a un crédito del Icetex, hay un sesgo aquí, y se está negando el derecho de muchos estudiantes que se quieren seguir educando en la institución”.

Andrés Collazos, afirmó que lo que se quiere lograr es un entendimiento por parte de los entes que rigen la educación pública «no solo estamos exigiendo dinero, sino un apoyo a la resolución de los problemas de financiación que nos han llevado a la crisis».

Por esto, la movilización estudiantil de educación superior del país alzó su voz para dar un paso contundente a la gratuidad y mermar el flagelo por el que hoy siguen pasando los jóvenes que quieren acceder a la educación superior.

Como lo dice la declaración final del encuentro los estudiantes proponen, “un modelo de financiación basado en los principios de la universidad y gratuidad de la educación superior, que garantice condiciones de acceso, permanencia y graduación. Levantamos la bandera de un sistema nacional de becas y matrícula cero para estudiantes de las IES públicas como paso conducente hacia la gratuidad”.

Además aclararon su descontento y lucha contra este programa además del rechazo al Sistema Nacional de Educación Terciaria y al proyecto de Ley 262 que crea el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso.

Finalmente hicieron un llamado a un paro nacional de la educación superior que confronte la crisis actual de la misma. “Convocamos al estudiantado a la Jornada Nacional de Protesta los próximos días 24 y 25 de abril con un cese de actividades académicas en todo el país”.

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/propuestas-de-estudiantes-de-universidades-publicas-para-la-crisis-de-educacion/561645 

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Colombia: Declaración final: Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior #ENEES 2018

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Colombia / 25 de marzo de 2018 / Autor: COMOSOC / Fuente:  Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia

A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba, nos encontramos alrededor de dos mil estudiantes de múltiples y diversos procesos de las diferentes instituciones de educación superior del país, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá los días 17, 18 y 19 de marzo, con el firme propósito de unir nuestros esfuerzos y voluntades por la defensa de la educación superior como un derecho fundamental y un bien común.

“Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resulto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.”

Manifiesto Liminar, Federación Universitaria de Córdoba 1918

A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba, nos encontramos alrededor de dos mil estudiantes de múltiples y diversos procesos de las diferentes instituciones de educación superior del país, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá los días 17, 18 y 19 de marzo, con el firme propósito de unir nuestros esfuerzos y voluntades por la defensa de la educación superior como un derecho fundamental y un bien común.

El Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior -ENEES-, representa un nuevo momento de la unidad y el renacer de la esperanza, la imaginación y la alegría de las jóvenes generaciones de estudiantes colombianos, dispuestas a conquistar la conciencia y el corazón de las inmensas mayorías del pueblo colombiano para luchar por un proyecto de país soberano, democrático y en paz.

La educación superior en Colombia atraviesa una prolongada y profunda crisis producto del modelo neoliberal que se evidencia en la desfinanciación de las Instituciones de Educación Superior –IES- Públicas; el endeudamiento de miles de familias colombianas con créditos educativos del ICETEX e instituciones financieras; el desvío de recursos públicos para la financiación de instituciones privadas; el desmonte progresivo del bienestar universitario que impide brindar condiciones materiales dignas para garantizar la permanencia y culminación de los programas académicos por las y los estudiantes.

La asfixia presupuestal tiene como efecto el detrimento de la planta docente y con ello de la calidad, la investigación y la formación académica al interior de las instituciones de educación superior. Toda esta situación tiene una repercusión directa en el acceso a la educación superior por parte de sectores populares del país, distintos grupos étnicos y diversidades sexuales.

Frente a esta situación, exigimos plena financiación a la educación superior, el reconocimiento y pago de la deuda histórica que ha provocado el desfinanciamiento de las universidades públicas y cuyo monto asciende a cerca de 16 billones de pesos. Estos recursos son fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, formalización de la planta docente, investigación y bienestar de nuestras Casas de Estudios.

Manifestamos nuestro rechazo al Sistema Nacional de Educación Terciaria y a los proyectos de Ley 262 que crea el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso y, el proyecto de Ley 275 que convierte el programa Ser Pilo Paga en política de Estado. Estas iniciativas legislativas profundizan las lógicas de mercantilización y privatización de la educación superior mediante el fortalecimiento del subsidio a la demanda y, con ello, el endeudamiento de miles de jóvenes y familias en el país, al tiempo que desvía recursos públicos hacia el sector privado agudizando la crisis presupuestal de las IES públicas. Hacemos un llamado al estudiantado a estar alerta ante la intención de aprobación de dichas iniciativas legislativas.

Exigimos el retiro de estos proyectos y el desmonte del “Ser Pilo Paga”, garantizando la permanencia, graduación y no endeudamiento de las y los estudiantes que han accedido a este programa. A su vez, proponemos un modelo de financiación basado en los principios de la universalidad y gratuidad de la educación superior, que garantice condiciones de acceso, permanencia y graduación. Levantamos la bandera de un sistema nacional de becas y matrícula cero para estudiantes de las IES públicas como paso conducente hacia la gratuidad.

Por otra parte, la ausencia de democracia y autonomía en instituciones públicas y privadas cierra espacios de participación y vocería estudiantil, además de atar a las instituciones educativas a intereses particulares aislados de las necesidades que presenta la sociedad colombiana. Respaldamos los procesos constituyentes de reformas democráticas al interior de las IES como los que se adelantan en la Universidad Distrital y la Universidad de Nariño, donde nos jugamos el derecho constitucional a la autodeterminación de las comunidades académicas.

Llamamos a la lucha por la democracia y la autonomía universitaria. En los próximos días se elegirán en 23 universidades rectores y autoridades académicas, exigimos del gobierno garantías democráticas vinculantes para que la comunidad educativa pueda por fin definir sobre su destino. Nos solidarizamos con la movilización de las y los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe contra la corrupción en dicha institución y las pretensiones de intervención del Ministerio de Educación Nacional desconociendo de las propuestas de la comunidad universitaria para darle solución a la crisis.

Expresamos nuestro absoluto rechazo a la estigmatización de las universidades públicas y la criminalización del movimiento estudiantil. Las declaraciones del Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, sobre los hechos presentados en la Universidad Pedagógica Nacional son irresponsables, violan la autonomía universitaria y atentan contra la integridad de la institución y sus estudiantes. No aceptamos la imposición de la fuerza pública en las IES como forma de resolver los conflictos; en nuestras Casas de Estudios privilegiamos el diálogo y la confrontación racional de las diferencias, es decir, el debate argumentado de las ideas.

Por otra parte, manifestamos nuestro dolor y repudio frente al sistemático asesinato de líderes sociales, defensores de DDHH, excombatientes y sus familiares a lo largo y ancho del país. La construcción de paz y reconciliación exigen el respeto a la vida y el derecho a la protesta. Exigimos al Estado colombiano las acciones y garantías correspondientes para que estos condenables hechos no se sigan presentando. A su vez, exigimos la libertad de las y los prisioneros políticos, en particular, del movimiento universitario.

El ENEES convoca al estudiantado de todas las instituciones de educación superior del país a fortalecer desde las bases los espacios asamblearios y las expresiones gremiales unitarias en aras de avanzar en la conquista de los objetivos programáticos del movimiento estudiantil. A su vez, hace un llamado a la más amplia confluencia de la comunidad académica, al movimiento educativo y de los diferentes sectores de la sociedad colombiana que históricamente han sido vulnerados y despojados de sus derechos, a proponer e impulsar estrategias conjuntas de pedagogía, comunicación y movilización que permitan consolidar procesos de lucha en defensa de las aspiraciones del estudiantado y del movimiento social popular.

Frente a las lesivas políticas que profundizan las desigualdades sociales y que afectan profundamente a la educación superior, convocamos a la realización del II Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, para el segundo semestre del presente año, los días 14, 15 y 16 de septiembre, con el objetivo de darle continuidad al proceso de unidad estudiantil por la defensa de nuestras Casas de Estudios.

El proceso de movilización se orientará hacia la acumulación de la fuerza estudiantil y la consolidación de un espacio amplio y democrático de articulación y coordinación nacional. El momento exige el fortalecimiento de la dinámica de movilización y la preparación de las condiciones para llamar a la realización de un paro nacional de la educación superior que confronte la crisis actual de la misma. Convocamos al estudiantado a la Jornada Nacional de Protesta los próximos días 24 y 25 de abril con un cese de actividades académicas en todo el país por la defensa del derecho a la educación, como también a sumarse a la agenda de movilización emanada de este encuentro.

Somos la Generación del Centenario, dispuestos a escribir nuestra propia historia bajo el legado de los gigantes de Córdoba y de las precedentes generaciones que entregaron todo por transformar la educación. Reafirmamos nuestro férreo compromiso por conquistar para el pueblo colombiano educación pública, gratuita y digna para toda la juventud. Queremos vivir en un Macondo en paz, digno y feliz.

¡Seamos realistas, hagamos lo imposible!
¡Nos aguarda un futuro mejor, si el presente es de lucha!

Bogotá, marzo 19 de 2018

Link para descargar la Declaración Final en formato pdf:

http://comosoc.org/IMG/pdf/declaracio_n_final_enees.pdf

Fuente de la Noticia:

http://comosoc.org/declaracion-enees-01-2018

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Con educación todo se puede

Ángel Pérez Martínez

Por Angel Pérez Martínez.

Con educación todo se puede surge de Mockus, hoy candidato al Senado por el Partido Verde, un colombiano insigne, comprometido y conocedor como pocos del sistema educativo. Desde su juventud, a principios de los años 80 del siglo pasado, Mockus participó con el grupo de profesor Carlo Federici y con el profesor Abel Rodríguez Céspedes, quien era presidente de Fecode, en el desarrollo del Movimiento Pedagógico. En los años 80 los principales intelectuales y académicos se interesaron por el desarrollo de la educación nacional. Mockus contribuyó desde entonces a la discusión sobre cómo mejorar la calidad de la educación, el rol del maestro para avanzar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en  la necesidad de que los docentes promuevan reformas pedagógicas y curriculares para trabajar con los estudiantes de la educación oficial.

 Mockus también fue rector de la Universidad Nacional y alcalde de Bogotá, donde planteó y promovió el desarrollo de la Cultura ciudadana, como un espacio donde educación, ciudadanía, convivencia y respeto por la ley van de la mano.

Mockus sostiene que con educación todo se puede, reconociendo a la vez que es necesario fortalecer la educación básica y superior: “soy consciente de las necesidades y la pertinencia de la universidad pública en Colombia. Existen un rol social que la universidad pública cumple que no puede reducirse a las “lógicas del mercado”. Es urgente fortalecer la universidad pública con recursos directos”. Además, “Hay mucho por avanzar en educación y en la pertinencia del sistema formal educativo. No solo fortalecimiento de la educación de calidad en el sistema formal, en sus diferentes niveles, sino también, educación en las calles. Todos aprendiendo de todos. Promoveré las reformas legislativas y el debate necesario para poner la educación en el centro del desarrollo de Colombia”.

Con seguridad, Mockus, antes de invitar a votar por él, preferiría que los colombianos votaran para elegir a los congresistas de manera razonada y critica, con información suficiente sobre los partidos, sus candidatos y sus propuestas legislativas para promover acciones de gobierno o para cambiar la ley. Si lo anterior ocurriera, sin duda alguna encontrarán en las regiones y a nivel nacional candidatos comprometidos con los niños, los adolescentes y los jóvenes y de manera especial con la necesidad de mejorar la educación. Con seguridad en una revisión cuidadosa aparecerán otros candidatos comprometidos con la educación, en cada una de las diferentes listas de quienes aspiran al congreso. Por ejemplo, en la lista del partido verde aparecen propuestas también para apoyar el desarrollo del sistema educativo de los candidatos Antonio Sanguino, Yesid Castañeda, Angélica Lozano y Jorge Guevara. En Nariño el ex maestro Raúl Delgado, aspirante a la Cámara por ese departamento, ha dedicado al sector educativo toda su vida.

Necesitamos un Congreso Nacional donde se comprenda que el objetivo de lograr consolidar el desarrollo del sector educativo de Colombia demanda retos de tal magnitud que se requiere un gran acuerdo nacional para promover acciones de mediano plazo (por lo menos 20 años) que permitan al país garantizar recursos adicionales, por cerca de 2 puntos del PIB, y el logro de políticas pública y de gestión de los gobiernos nacional y territorial en educación para los cuales hoy existe consenso casi universal.

Ese nuevo Congreso también debería reconocer que la educación debería concitar uno de los mayores intereses de la política en Colombia, dado el impacto que esta tiene en la calidad de vida de la población, en el desarrollo de la sociedad y en su aporte a la solución de los problemas estructurales antes anotado. En principio, según DANE, 16,2 millones de personas están en edad escolar, entre 4 y 22 años, de los cuales asisten 12,5 millones al sistema educativo, desde prescolar hasta la educación superior.

 El Congreso y el próximo gobierno reciben un sector educativo donde los académicos, expertos y organizaciones que lo componen reconocen y coinciden en gran medida en cuál es el camino a seguir; el problema de fondo es la falta de compromiso político. Por ello no puedo estar más de acuerdo con el pedagogo y educador Julián de Zubiría, quien retomando una experiencia de Ecuador en las elecciones del 2002, propuso en una columna publicada en la revista Semana y en un trino: “A tener presente en las próximas elecciones: Si tu candidato no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato. No hay que olvidar que un pueblo poco educado y culto, es fácil de manipular.

Fuente de artículo: http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/con-educacion-todo-se-puede-por-angel-perez/256049

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Universidades para la paz

Alejandro Saldaña Rosas

México / 4 de marzo de 2018 / Autor: Alejandro Saldaña Rosas / Fuente: RompevientoTv

 

Para Rosío Córdova, amiga y colega.

La semana pasada publiqué en este mismo espacio un comentario sobre la realización del Foro “La UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”.  Jamás imaginé la vorágine de acontecimientos que tal reunión académica suscitaría, derivadas del citatorio a declarar que la Fiscalía de Veracruz entregó -a través de policías ministeriales que irrumpieron en un espacio universitario- a la Dra. Rosío Córdova Plaza. La Fiscalía citó a la investigadora, con amenazas evidentes, para que acudiera en calidad de testigo por los datos aportados por el equipo de investigación en el que participa, junto con la Maestra Mayra Ledesma y la Doctora Zulma Amador, entre otras personas. Valgan estas líneas para expresar mi solidaridad con las compañeras del equipo de investigación, particularmente con Rosío Córdova, amiga y colega.

La Fiscalía veracruzana ha dado una muestra de miedo. Miedo a la verdad, miedo a los datos, miedo al conocimiento, miedo a un equipo de investigadoras que hacen su trabajo con responsabilidad y ética en la Universidad Veracruzana. Con su miedo expresado en un infame citatorio, la Fiscalía demuestra que es una institución débil y timorata: ante la falta de argumentos responde con bravuconadas, como adolescente erizado ante su propia adolescencia.

No quiero abundar sobre los dimes y diretes entre la Fiscalía y las investigadoras ni sobre el muy cuestionable papel de las autoridades universitarias (que dudaron de la veracidad de los datos recogidos con rigor y apego a criterios científicos), solamente quisiera aportar algunas reflexiones sobre una arista poco atendida y que está en el fondo de la discusión ocurrida en los últimos días: el papel de las universidades públicas en los escenarios de violencias múltiples que atraviesan a nuestro país.

De todos es conocido –y padecido- que México está sumido en una profunda crisis de derechos humanos, lo que no sabemos –o al menos no está tan claro- es cómo salir de ella. La tarea es ardua y de largo aliento e implica la participación de todas y todos para re-construir al país desde lo local: desde la ciudad, el pueblo, la colonia, el ejido, la fábrica, la escuela.

Las particularidades de la crisis de derechos humanos, los rasgos específicos en cada localidad, se sufren diario pero se conocen poco. Hacen falta muchas más investigaciones que arrojen luz sobre los escenarios de las violencias en México, su urdimbre local, sus actores específicos, sus anclajes institucionales, sus dispositivos de reproducción y las oquedades y asimetrías que producen en los territorios locales. Sin co-investigación (con los actores sociales) sobre las violencias y sus muchos rostros, la paz en México seguirá siendo una meta que se aleja conforme se avanza a ella. Es imprescindible conocer a través de la ciencia, del arte, de los múltiples saberes populares, de las diversas sensibilidades, los atributos singulares de las violencias que nos habitan y nos quejan. Sin conocimiento(s) las políticas públicas son lineamientos llenos de buenas intenciones (en el mejor de los casos) o pretextos oficiales para el enriquecimiento explicable, pero ilícito. No hablo en el vacío: ahí están los miles de millones de pesos desviados por funcionarios y funcionarias, como evidencia fehaciente de que las políticas públicas pueden ser (lo son actualmente) botín de pocos y despojo de muchos.

Para transformar hay que conocer. Y para preservar también. Por ejemplo, la defensa y preservación de los sagrados territorios wirikutas es irrenunciable porque ahí viven miles de personas que acunan saberes que desde la ciencia apenas se intuyen. Es obligación de todas y todos preservar los saberes profundos del espíritu, del arte y de la ciencia. El lujo imbécil de la ignorancia es tan pernicioso que pone en riesgo la vida toda en el planeta.

En mi opinión el proyecto de las investigadoras Ledesma, Amador y Córdova debería replicarse en todas las universidades públicas del país, con las adecuaciones pertinentes en cada contexto. Las universidades públicas estatales (y en general las Instituciones de Educación Superior) son absolutamente cruciales para la construcción de la paz que anhela y merece nuestro país, por lo que las investigaciones sobre seguridad ciudadana, sobre las violencias, los feminicidios y en general sobre los contextos sociales en que vivimos, trabajamos y nos queremos, son necesarias, pertinentes e irrenunciables. Quizás como nunca antes en la historia de México las universidades son el principal baluarte para construir la paz.

Lo son porque las universidades públicas, aún y pese a todo, gozan de credibilidad y confianza. Detractores de las universidades públicas hay y muchos, enemigos por montones (algunos cobran en oficinas de las mismas universidades), envidias como sarampión en kínder, incontables enconos, absurdos por antonomasia. Pero incluso y a pesar de quienes quieren acabar con ellas, nuestras universidades son, siguen siendo, bastión de libertad, espacio de alegría y posibilidad de pensamiento crítico. Las universidades son una firme opción para construir la paz que queremos y merecemos.

Una paz que no es ausencia de guerra o de conflicto, sino la creación de instancias y criterios para resolver nuestras diferencias con respeto al otro, al diferente, al disidente. Una paz activa que no es letargo, sino re-creación de la palabra mediante el arte, la cultura y el conocimiento. Una paz que se crea en los intersticios del día a día.

Y una paz que se construye a contrapelo de las instituciones artífices del dolor, operadoras del secuestro, responsables de las desapariciones, perpetradoras de los asesinatos. Las instituciones de impartición de justicia y de seguridad pública de Veracruz han sido –según las evidencias- las principales culpables de la crisis de derechos humanos en la entidad. Los culpables aún no han sido condenados y aún más: la violenta reacción de la fiscalía ante el trabajo de las académicas expresa con absoluta nitidez su temor a la verdad.

Termino con dos reflexiones:

I.-No olvidemos que la irritación del Fiscal Jorge Winckler por el trabajo de las investigadoras es ridícula frente al dolor de miles de familias que siguen en busca de sus desaparecidos, desesperadas por el pago del secuestro o llorando a sus muertos.

II.-Las universidades públicas son constructoras de paz, a través de la verdad. Como la UV, que es mucho más que las instancias de dirección.

Fuente del Artículo:

Universidades para la paz (Margensur)

Fuente de la Imagen:

http://veracruzalmomento.blogspot.mx/2011_11_13_archive.html

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Haití: Senador Latortue funge como mediador en crisis universitaria

Noticias
Centro América/Haití/08 Febrero 2018/Fuente: Prensa Latina
La crisis de la Universidad Pública de Artibonite en Gonaives (UPAG), cerrada tras semanas de protestas, permanece hoy y el senador Yuri Latortue funge como nuevo mediador.
Desde hace casi un mes, profesores y estudiantes exigen la expulsión del rector Roldano Auguste por mala gestión administrativa y la toma de decisiones arbitrarias que afectan al instituto.

Luego de una decisión del Ejecutivo, Latortue se reunió con alumnos y académicos de ese centro universitario para escuchar las demandas de los manifestantes y servir como intermediario entre ambas partes.

A la cita no asistió el actual rector de la UPAG, quien dice no haber sido invitado.

‘No puedo sentarme con delincuentes’, declaró Auguste al medio digital Loop Haiti y añadió que ninguna invitación formal había llegado a su despacho recientemente, aunque estaba al tanto del mitin.

Peterson Joseph, uno de los principales cabecillas de las manifestaciones, señaló, por su parte, que la presencia del rector ‘no habría agregado nada a la reunión’, y afirmó que los profesores y estudiantes ya no lo reconocen como líder de la institución.

La crisis ha tomado auge desde que, en diciembre, un grupo de catedráticos denunciaron la mala gestión administrativa de Auguste y enviaran una carta al coordinador de Universidades Públicas de la Región, Narcissus Fever.

A pesar de la negativa del funcionario a renunciar, los manifestantes refieren que resulta necesario salvar la institución y continúan cerrando el paso a quienes intenten acercarse a la entidad.

Mañana está programada en la capital una reunión entre los protestantes, el primer ministro Jack Guy Lafontant, y Pierre Josué Agenor Cadet, titular del Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional.

La UPAG es la segunda casa de altos estudios que enfrenta una crisis en este mes. Recientemente la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Haití reabrió sus puertas tras casi un año de protestas.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=150587&SEO=senador-latortue-funge-como-mediador-en-crisis-universitaria
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Debates para 2018 (Primera parte)

Pedro Flores Crespo

México / 2 de enero de 2018 / Autor: Pedro Flores Crespo / Fuente: Educación Futura

La política educativa será campo de constante pugna y debate el próximo año. 2018 marcará un tiempo netamente político por la coyuntura electoral. A pesar de que algunas voces ya anuncian catástrofes y tragedias, las próximas elecciones federales también abren, aparte del miedo y la incertidumbre, espacios para la crítica razonada, la participación política y la reflexión ciudadana. En este sentido, quisiera sugerir algunas áreas de discusión que nos señalan complejos problemas educativos y que, para tratar de resolverlos, es necesario llevarlos más allá del ambiente electorero que vamos a vivir.

  1. Los maestros como individuos. Tan pronto iniciaron las precampañas, los distintos actores políticos empezaron a considerar a las maestras y maestros como una masa maleable a sus propios intereses. Principalmente, los candidatos nacidos bajo la matriz revolucionaria (José A. Meade y Andrés M. López Obrador) no negaron la cruz de su parroquia y rápido buscaron el apoyo de los líderes sindicales y sus partidos a cambio de los votos de los agremiados. De tal manera, Meade irá en coalición con Nueva Alianza y todo hace suponer que López Obrador ya tiene de su lado a la maestra Elba Esther Gordillo y familiares. La pregunta que aquí formulamos hace semanas es si aún en estos tiempos tanto el Panal como la desafortunada maestra aún aportan capital electoral significativo (Adiós al juego de máscaras, EF, 10/12/17).

Si la educación y el desarrollo docente realmente importan, ¿no sería mejor que alguna opción político-partidista reconociera a los maestros de una manera amplia y no simplemente como súbditos, clientes o actores que sólo actúan por puro interés, como lo dejó ver la reforma educativa actual? Si en tiempos electorales los maestros hacen sentir su voz para exigir que se les vea como seres humanos que saben trazar sus propias rutas de desarrollo académico y que pueden utilizar los resultados de las diversas evaluaciones en beneficio de ellos mismos y de la niñez mexicana, el debate educativo cambiaría de eje y mejoraría sustancialmente. La autonomía docente – que implica una responsabilidad individual – junto con tener una representación laboral sólida y legítima conforman una agenda que rebasa por mucho los dimes y diretes de algunos precandidatos y sus equipos de campaña.

  1. Universidades y poder. Los modelos de financiamiento, gobierno y evaluación de las universidades públicas muestran, como lo han constatado diversos académicos, rasgos de franco agotamiento. Esto quizás explique los graves incumplimientos en materia de política universitaria que oportunamente comentó Roberto Rodríguez (¿Un sexenio perdido?, Campus, 01/11/17). A estas fallas, las ha cruzado una variable que hace 20 ó 30 años era poco observada: el conflicto entre los gobernadores y los rectores o rectoras de las universidades autónomas.

Por si esto fuera poco, la capacidad de interlocución entre el Gobierno Federal y las universidades, por la vía de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), parece disminuida e inclinada a favor del actor más poderoso. Ante la crisis financiera y los problemas “estructurales” que enfrentan algunas universidades públicas del país (Nayarit, Zacatecas, Morelos, Michoacán y Zacatecas), Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, hizo eco del argumento oficial: el Gobierno Federal no las va a apoyar, es un problema, dijo, que tiene que “resolverse no solamente para coyunturas de cierre de año, sino que tiene que haber un replanteamiento fundamental en las universidades”. Valls prosiguió y dijo “ayudar” a las universidades “en las buenas prácticas de rendición de cuentas y transparencia, ya que muchas veces no se conoce la información de las universidades” (Reforma, 19/12/17 nota de Isabella González).

Sin dejar de reconocer la responsabilidad de los grupos directivos en el manejo administrativo de las universidades, la ANUIES, al tomar esta posición desdibuja su capacidad de interlocución, aun cuando gane simpatías con el gobierno en turno y sobretodo, con el precandidato oficialista, Mead, a quien Valls acompañó en su arranque de precampaña en Chiapas el pasado 14 de diciembre.

Ante esta problemática, no va a faltar el candidato que quiera “salvar” a las universidades públicas, sin embargo, el debate y la propuesta tendría que tomar otro giro para que seamos las comunidades universitarias los que discutamos qué responsabilidades compartimos, con qué reglas deseamos operar sin que esto signifique opacidad, cómo podemos construir nuevas coaliciones entre los diversos actores para negociar, en un terreno más abierto y transparente, el presupuesto público y sobre todo, cómo vamos a proceder para modificar la política universitaria imperante. Los universitarios no somos seres desconfiables y tampoco requerimos al “iluminado” para resolver nuestros problemas.

Fuente del Artículo:

Debates para 2018 (Primera parte)

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La educación superior pública brasileña bajo ataque

Felipe Zurita

Por: Felipe Zurita

«Otra línea de ataque a la Universidad Pública ha sido la opción por intentar desmoralizar a diferentes instituciones mediante el uso abusivo y violento de formas de proceder contra autoridades, académicos y funcionarios universitarios en la investigación de supuestos casos de corrupción».

Desde que en Brasil el Golpe de Estado Parlamentario se hizo finalmente exitoso en Agosto de 2016, derivando en la destitución de la democráticamente electa Presidenta Dilma Rousseff, el escenario político de aquel país se ha visto profundamente marcado por el avance brutal de cierto conservadurismo revanchista. Las nuevas autoridades, en diálogo con grandes grupos económicos brasileros y extranjeros, se han mostrado abiertamente decididas a desmontar una serie de Políticas Públicas que apuntaban hacía la problemática construcción de ciertos derechos sociales y hacia acciones concretas de distribución de renta hacia los grupos más desfavorecidos.

En ese escenario amplio, la Educación Superior Universitaria, representada de manera fundamental por la red de Universidades Públicas, Federales y Estatales, gratuitas, laicas y de alta calidad científica/académica y de inconmensurable importancia social y cultural, se han constituido en objeto de diversos ataques.

Una línea de este accionar ha sido la política de recortar las inversiones en áreas de la educación de una manera violenta. En esta dimensión es completamente representativa la denominada propuesta de enmienda constitucional PEC 241 aprobada en Octubre de 2016 que pone un límite a los gastos del Gobierno Federal en salud y educación durante 20 años, puesto que sólo considera la implementación de un ajuste anual en relación al aumento de la inflación.

En un país como Brasil, marcado por una profunda deuda social con amplios sectores de su población, una política de esta naturaleza es sinónimo de la oficialización de una forma de hacer Gobierno completamente indiferente con respecto a parte de las necesidades más sentidas de la sociedad. En el caso de la Universidad Pública, una política de esta naturaleza afecta de manera radical a todos los múltiples esfuerzos de creación científica y tecnológica en las diferentes áreas de conocimiento que vienen desarrollando investigadoras e investigadores desde hace décadas y con importantes resultados.

Otra línea de ataque a la Universidad Pública ha sido la opción por intentar desmoralizar a diferentes instituciones mediante el uso abusivo y violento de formas de proceder contra autoridades, académicos y funcionarios universitarios en la investigación de supuestos casos de corrupción. El uso de operaciones espectaculares y mediáticas por parte de la Policía Federal, donde las personas acusadas han sido conducidas coercitivamente a declarar sin previo aviso e interrogadas por largas horas sin posibilidad de contactar a su defensa, ha ocurrido en dos casos de importantes Universidades Federales.

El primero ocurrió en la Universidad Federal de Santa Catarina donde la Policía Federal y la Justicia brasilera investigan aún un supuesto esquema de corrupción. Una de las personas envueltas en dicho proceso fue el Rector Luiz Carlos Cancellier de Olivo, quien fue acusado de obstruir la investigación, apartado de sus funciones e impedido de volver a ingresar a la institución. Todo el proceso de exposición y acusación pública a la que fue expuesto tuvo como resultado que el Profesor Cancellier se suicidara a inicios de Octubre de 2017.

El segundo de estos casos ocurrió el 06 de Diciembre en la Universidad Federal de Minas Gerais, donde nuevamente de forma espectacular y usando una fuerza desproporcional la Policía Federal movilizó todos sus recursos para apresar y llevar de manera coercitiva a autoridades, académicos y funcionarios a declarar en el contexto de una operación que investigaría un supuesto caso de corrupción en el proceso de construcción del Memorial da Anistia que dicha institución tiene a su cargo en la ciudad de Belo Horizonte. La lógica de amedrentamiento, imposición de límites a la presunción de inocencia, al derecho a la posibilidad de amplia defensa, entre otras conquistas jurídicas mínimas, muestra una tendencia a violentar profundamente las garantías básicas de la ciudadanía en una sociedad democrática por parte de un aparato policial y judicial contaminado por aquella onda conservadora revanchista que avanza hoy en Brasil.

Toda esta situación asume un nivel de gravedad singular, puesto que justamente en Noviembre de este año el Banco Mundial emitió un documento de trabajo donde analiza el gasto público de Brasil y propone una serie de recomendaciones para mejorar su estado. Una de estas recomendaciones es justamente acabar con la gratuidad universal de la Universidad Pública brasilera. Si bien esta propuesta no es del todo novedosa, sí llama la atención su puesta en escena justo en un momento de intento de desmoralización pública de la Universidad Pública brasilera.

De esta forma, es importante llevar adelante una política de denuncia de esta situación en la que nuevamente en nuestra América Latina pequeños grupos se hacen del poder estatal de manera ilegítima y lo usan para el beneficio propio, incluso, contando con el decidido apoyo de organizaciones de supuesto cuño técnico, como el Banco Mundial, que intentan poner el telón de fondo legitimador a una forma de hacer Política Pública indiferente a las necesidades y deseos de las amplias mayorías.

También es importante llevar adelante un ejercicio de construcción de conocimiento y organización política que ponga trabas a los decididos impulsos de desarticular a la Universidad Pública brasilera, que hoy día más que nunca es un patrimonio de todas y todos los brasileros y latinoamericanos.

Fuente: http://www.eldinamo.cl/blog/la-educacion-superior-publica-brasilena-bajo-ataque/
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