Innovación, inclusión y democratización del conocimiento.
América del Sur/Argentina.
Sebastián G. Mauro. Damián Del Valle. Federico Montero. [Compiladores]
Jorge Aliaga. Dora Barrancos. Damián Del Valle. Aldo Ferrer. Oscar Galante. Santiago Garrido. Ariel Gordon. Diego Hurtado. Facundo Picabea. Betiana Ridel. Eduardo Rinesi. Laura Inés Rovelli. Roberto Salvarezza. Cecilia Sleiman. Gabriela Trupia. Martín Unzué. [Autores de Capítulo]
ISBN 978-987-24464-7-5
CLACSO. IEC-CONADU.
Buenos Aires.
Febrero de 2016
La recuperación de la centralidad del Estado en su capacidad regulatoria, distributiva y en la provisión de bienes y servicios públicos ha interpelado al sistema científico y a la Universidad Pública. La Universidad se ha visto obligada a repensar las históricas misiones de docencia, investigación y extensión en el marco de una agenda de reformas políticas y sociales orientadas a la generación de un proceso de desarrollo con equidad. Se trata de un escenario novedoso, en el cual se ha revitalizado el debate sobre la relación entre tres actores disociados durante el auge de las políticas neoliberales: el sistema científico, el Estado y el aparato productivo. En el campo de las ciencias sociales, este escenario obliga a revisar las culturas académicas e institucionales instaladas, y repensar la necesidad de construir conocimiento socialmente relevante y de ampliar su impacto. Visibilizar, multiplicar y promover prácticas de vinculación desde nuestros campos disciplinares ha significado uno de los grandes desafíos de los últimos años. En ese marco, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se ha propuesto trabajar fuertemente para generar aportes activos y concretos a las transformaciones estructurales que se están produciendo tanto en la sociedad como con el Estado. La vinculación con FEDUBA, sindicato de docentes universitarios de la UBA, para el diseño y organización del Programa en Investigación, Transferencia y Desarrollo en la Universidad Pública constituye una de estas iniciativas.
México / 22 de octubre de 2017 / Autor: Humberto Muñoz García / Fuente: Campus Milenio
Un problema que ha estado presente en la historia de México es el de la desigualdad social. No hemos tenido la suficiente fuerza y habilidades para cambiar la situación injusta que padecen la mayor parte de nuestros compatriotas. Este problema se reproduce y se encuentra de diferentes maneras en distintos planos de la realidad social, siendo uno de ellos el educativo. Doy algunos ejemplos.
En un análisis publicado en un libro del Seminario de Educación Superior, UNAM (2009), se indica que las universidades públicas en México forman un conjunto institucional estratificado. La diferenciación va más allá de indicadores estrictamente económicos. Se expresa en función del contexto educativo (vía la cobertura), de la estructura demográfica ligada a la demanda, de la relación entre el subsidio y la matrícula, de los soportes intelectuales para hacer investigación y de criterios políticos. Lo que resalta, en suma, es que las universidades públicas se distinguen por diferencias en sus capacidades intelectuales, derivadas de los recursos materiales y humanos con los que cuentan.
Unas instituciones tienen más ventajas que otras para cumplir con sus tareas. Hay grandes diferencias para hacer investigación, formar investigadores, contribuir al desarrollo del entorno social y para adquirir un determinado peso político que permita influir en las políticas públicas instrumentadas por el gobierno. Y estas desigualdades institucionales tienen que ver con las posibilidades de que los alumnos tengan una buena educación y que los actores y sujetos del cambio social cuenten con conocimientos apropiados al desarrollo local.
La institución donde se estudia o trabaja resulta de importancia para entrar al mercado laboral o para tener una voz reconocida en la opinión pública. Estudiar en una universidad es relevante en la definición de las oportunidades de vida y de estatus. En México, la mayor parte de los jóvenes no tiene acceso a la educación superior. Un poco más de seis de cada diez personas, que tienen entre 18 y 23 años, no estudian licenciatura. Y entrar a una universidad es más difícil para los jóvenes cuyas familias tienen ingresos escasos que para quienes provienen de las familias más adineradas. Aquí radica una desigualdad notable.
A fines del sexenio pasado, se indicó que un 20 por ciento de los jóvenes provenientes de los 4 deciles de ingreso más bajos estaban matriculados en el nivel superior. Ese porcentaje había aumentado, en contraste con el del pasado. Los estudiantes de las familias más ricas (deciles 9 y 10) doblaban esa proporción en las universidades públicas, mientras que la diferencia era bastante mayor cuando se trata de las universidades privadas. (Datos de la SEP). Estas últimas, como se sabe, incluyen a las instituciones de elite y a aquellas que atienden a estudiantes que no encontraron ubicación en las públicas o que no pueden pagar universidades caras.
El lugar donde habitan las familias también es significativo en relación con las oportunidades de estudio que se brindan. En México hay diferencias de cobertura muy grandes entre las entidades con más alta y más baja cobertura. En el estudio de Gil, Mendoza, Rodríguez y Pérez (2009) diecisiete entidades tenían una cobertura menor que el promedio nacional. En los datos mostrados por el Subsecretario Tuirán (2012) hay entidades que rebasan hasta 2.3 y 3.9 veces la tasa de cobertura más baja en el país. Las líneas divisorias no desaparecen, mantienen desiguales a los jóvenes en la República. La desesperanza de un mejor futuro es la que crece entre ellos.
Por otra parte, cuando incorporarse a una universidad es difícil, y se mantiene a los jóvenes en medio de la inseguridad y la incertidumbre, con un estrés cotidiano, en un ámbito social violento, se afecta el rendimiento escolar. Más aún, si hay violencia por la venta de estupefacientes en el barrio en el que se localiza la escuela o de plano en las instalaciones universitarias. No hablo de ninguna universidad en lo particular, porque hay señalamientos de que el problema se ha extendido sin distinción entre las instituciones.
La desigualdad educativa, traducida en falta de oportunidades de estudio, una dosis de violencia provocada por el clima social que se vive, y la carencia de valores éticos, nos dan una trilogía de factores de la cual no se desprende un futuro promisorio para las nuevas generaciones de universitarios. Y eso preocupa y duele. Necesitamos encaminarnos a cambiar las realidades institucionales para que el paso por nuestras escuelas y universidades produzca razonabilidad, pensamiento crítico, capacidades de convivencia con los otros, respeto a las ideas diferentes, disponibilidad para el diálogo, compromiso social y actitudes innovadoras.
Algunas cuestiones pueden resolverse sí se abren buenas universidades, sí se exige al Estado acciones eficaces contra la venta de drogas en los planteles y sí formamos estudiantes tolerantes que contribuyan a formular un nuevo pacto social. Necesitamos nuevas políticas que amplíen el financiamiento a las universidades, políticas que liberen las falsas presiones en la vida académica, y políticas que estimulen el accionar ciudadano de los universitarios.
Angola / 15 de octubre de 2017 / Autor: Rafa Perez / Fuente: Ciber Cuba Noticias
El gobierno de Angola destinará alrededor de 55 millones de euros a la contratación de profesores cubanos para la enseñanza superior pública en ese país africano durante el actual año académico 2017, reportó la agencia portuguesa Lusa.
De acuerdo con el referido medio, el Ministerio de Educación Superior angolano ha aprobado este acuerdo de conjunto con la empresa estatal cubana Corporación Antillana Exportadora Antex S.A, a la cabeza de las relaciones Cuba-Angola desde hace décadas.
Según datos divulgados el pasado año por la embajada de Angola en la Isla, sobre la base de la colaboración con Antex S.A existen más de tres mil cubanos que prestan servicios en los sectores de la salud, la educación y la construcción civil.
Antex fue contratada para reclutar profesores de enseñanza superior por 37,2 millones de dólares (31,5 millones de euros), así como docentes para área de la salud, en este caso por 27,4 millones de dólares (23,2 millones de euros), destacó la agencia.
Estos profesionales reciben los salarios por Antex, que a su vez cobra el servicio al Estado angolano. Las 24 universidades públicas y 41 privadas que funcionan en ese país ofrecieron este año académico, iniciado en marzo, 111.086 vacantes para la enseñanza superior. En 2016 estaban inscritos en la enseñanza superior 241.284 estudiantes, un aumento del 9,2% frente al año anterior.
En tal sentido, el Sindicato de Profesores de la Enseñanza Superior de Angola (SINPES) manifestó su indignación al gobierno de la nación africana por la decisión de invertir dicha suma para contratar a profesores cubanos, en lugar de “para darle dignidad” a los profesores nacionales.
Eduardo Peres Alberto, Secretario General del SINPES, dijo a la agencia Lusa que los 55 millones de euros deberían invertirse en los cuadros y profesores angolanos que ya están en funciones, y agregó que muchos de estos profesionales han abandonado las instituciones de la enseñanza superior por falta de salarios.
Para Peres Alberto, la política de contratar profesionales es “ineficiente” pues “al invitar extranjeros” no se resuelve la “deplorable” situación que enfrentan los docentes angolanos, quienes “reciben salarios miserables”, además de que existe una “tradición de retardo” en el pago de sueldos.
El sindicalista considera que el Gobierno angolano debería priorizar el concurso público para admisión de cuadros nacionales capaces como profesores, doctores y maestros desempleados.
«Como se puede ver, el salario del mes de septiembre aún no se ha pagado y también el recorte recurrente de los subsidios que constituyen una deuda pública, junto a las promociones de la carrera docente desde hace más de 15 años», subrayó.
El Sinpes acordó el 13 de septiembre paralizar las clases en octubre, porque los docentes estaban sin salarios hace dos meses y sin subsidios desde 2011, atribuyendo la responsabilidad en este proceso al Ministerio de Finanzas.
La postura fue explicada en conferencia de prensa por el secretario general de ese sindicato, que acotó que en la misma situación se encuentran los funcionarios no docentes de las instituciones de enseñanza superior públicas del país.
«Todavía hoy vamos a hacer la entrega del oficio que solicita el encuentro con la ministra de la Enseñanza Superior, asumida el sábado en funciones y no vamos a retroceder, porque la gestión del sistema de enseñanza superior no ha sido eficiente», apuntó.
En las últimas décadas las nuevas tecnologías nos han permitido descubrir nuevos estilos de vida, la virtualidad ha simplificado muchas acciones, entre estas están la comunicación, las compras y la educación. En Colombia la educación virtual busca posicionarse de manera positiva y masiva, dejar a un lado todos los tabúes que se tienen como por ejemplo, que la educación virtual no es de calidad. Actualmente en el país de 288 universidades públicas y privadas que existen, solo 50 de ellas ofrecen programas 100% virtuales y un 80% de la personas que participan de estos programa son mayores de 25 años, mientras que en Europa o países como Estados Unidos, la educación virtual toma cada vez más fuerza.
Gloria Figueroa – Directora Programa UPB Virtual.
Néstor David Restrepo – Secretario de Educación de Antioquia.
Elkin Echeverri – Gerente Prospectiva y Planeación Ruta N.
América del sur/Colombia/07 Octubre 2017/Fuente: Bluradio
Esta es una de las opciones que analiza el Ejecutivo para mejorar la financiación del programa.
Las universidades públicas protestan por el recorte de recursos para destinarlos a Ser Pilo Paga, el programa que permite a estudiantes de bajos recursos acceder a la educación superior.
Al respecto, el director de Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, dijo que analiza con el Ministerio de Educación la posibilidad de cambiar el esquema de financiación del programa.
“Que no sea simplemente una transferencia a los estudiantes, sino que se pueda recuperar parte de lo invertido a través de lo que se llama pago por ingreso contingente. Es decir, cuando los estudiantes inicien su vida profesional puedan retornar esa inversión que hace el Estado”, aseguró.
Agregó que, para ello, se tendría en cuenta si la persona consigue o no empleo.
Además, manifestó que se analiza que el 50 por ciento de los beneficiados escojan universidades privadas y, el otro, 50 universidades públicas.
“Hace parte de la discusión. Pero también está la otra parte de la balanza y es que la libre elección de los estudiantes fomenta la competencia”, explicó.
De otro lado, el presidente de la Adolfo León Atehortúa, rector de la Universidad Pedagógica y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades -Ascun-, dijo que la situación financiera de las universidades es insostenible.
En ese sentido, el académico argumentó que la deuda acumulada que tiene el Estado con la universidad pública se puede acercar a los 14 billones de pesos, pero que solo un billón anual serviría para aliviar la situación.
“Lo que hay que poner en la balanza es que con un billón de pesos (de Ser Pilo Paga) se atienden 40 mil estudiantes, el 83 por ciento de los cuales están en las universidades privadas, mientras que con ese mismo billón anual se atienden en las universidades públicas”, dijo.
“El Estado no puede comprometerse en programas que resultan mucho más costosos para menos cantidad de personas. Creo que la universidad pública, con estos recursos, está en la total posibilidad de asumir un número mayor de estudiantes”,expresó.
América del sur/Ecuador/07 Octubre 2017/Fuente: Andes
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ratificó este miércoles ante rectores de universidades públicas y privadas del país que una de las tareas más importantes del gobierno será reforzar la educación superior.
“Estamos atentos a escuchar sus inquietudes, propuestas, sueños, esperanzas y críticas, porque de eso se trata también con el fin de llevar adelante esta importantísima tarea que tiene el Ecuador que es la de reforzar cada vez más la educación superior”, señaló el jefe de Estado ante los catedráticos, quienes al mismo tiempo agradeció la predisposición al diálogo.
El dignatario apuntó que estos encuentros servirán también para subsanar los problemas que existan y vayan apareciendo. “Podremos tomar soluciones y aquellas que no podamos inmediatamente nos daremos el debido tiempo para pensarlas y razonarlas para resolverlas”, apuntó.
En el encuentro también participó Augusto Barrera, quien es el titular de la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt), y se congratuló por la masiva presencia de representantes de prácticamente todo el sistema de educación superior.
“Estamos concretando una política de diálogo, lo hemos hecho con casi todos. También nos encontramos pendientes de los enormes desafíos que tenemos como los cientos de miles de jóvenes a los que debemos responder sin afectar la calidad de la educación de tercer nivel”, sostuvo Barrera.
Tras las palabras del presidente de la República y del ex-alcalde de Quito, la reunión paso a desarrollarse a puerta cerrada, sin la presencia de los medios de comunicación.
Tras la publicación de los rankings universitarios es habitual la aparición de análisis que llaman al cambio del sistema. Pero no hay que creer en recetas mágicas, pues no existen. El cambio o es incremental o no lo será.
Fotografía: Andrew Tan / Pixabay
Hace un año publicaba un artículo en esta misma página, tras la aparición de las ediciones correspondientes a 2016 de los tresrankings universitarios más populares: Academic Ranking of World Universities (ranking de Sanghai), Times Higher Education World University Rankings y QS World University Rankings. Ahora acaba de publicarse la nueva edición del primero de ellos y han vuelto a reproducirse los debates, los lamentos, los reproches y las justificaciones habituales. Decía entonces que considero importante llevar a cabo un debate riguroso y crítico en torno a los rankings y que aquella no era más que una primera entrega. Así que ahora vuelvo sobre el tema, con el propósito de aportar algunas nuevas reflexiones.
La pregunta que en esta ocasión me inquieta es la que se refiere a qué podemos y debemos hacer una vez que tenemos publicados los rankings. Se supone que son instrumentos que nos aportan información fiable acerca de nuestras universidades, de los que deberíamos poder extraer lecciones y adoptar medidas de mejora. ¿Es así? Para dar respuesta a esta pregunta podemos adoptar una triple perspectiva: individual, institucional y sistémica. Vamos a ello.
Como recordaba hace un año, los rankings nacieron con la intención de proporcionar información a los estudiantes y a sus familias acerca de la calidad de las universidades, a fin de que pudiesen elegir plaza con conocimiento de causa. Pero, aunque esa haya sido su intención primigenia, el objetivo se ha cumplido solo parcialmente. En efecto, la lectura de los rankingsse detiene muchas veces en el nivel macroscópico, esto es, en las clasificaciones de las universidades consideradas en su conjunto. Sin embargo, cuando se desciende a la información menos consultada de los rankings, la relativa a las titulaciones que cada una de ellas imparte, se aprecia una notable dispersión de valoraciones. Mientras que algunas titulaciones de una determinada universidad ocupan posiciones destacadas entre sus pares, no sucede lo mismo con otras. La diversidad es la norma. Por lo tanto, la información que suele llegar al gran público (la relativa a las universidades en su conjunto) resulta insuficiente para poder decidir bien. Por otra parte, los indicadores habitualmente utilizados para clasificar a las universidades derivan mayoritariamente de su investigación, incluyendo aspectos como los Premios Nobel recibidos por sus profesores o estudiantes. Pero, ¿es cierto que dicha información sea concluyente? Por ejemplo, saber que determinados científicos fueron docentes o alumnos de determinada universidad, ¿de verdad resulta concluyente para que un estudiante elija estudiar allí? Y por si fuera poco, estos rankings no incluyen apenas indicadores de calidad docente, que es lo que más influye en la formación del alumnado. En suma, si un estudiante se fija en los rankings, lo que más puede determinar su elección es realmente el prestigio, la consideración social que tiene la universidad, lo que resulta ser una información limitada respecto de su calidad real.
Los responsables universitarios también tenemos complicado extraer conclusiones nítidas de la consulta de los rankings para mejorar nuestras universidades individualmente consideradas. En efecto, muchas de las condiciones que determinan nuestra actuación vienen fijadas por normativa externa, por marcos de acción prefijados, por tradiciones arraigadas. ¿Cómo puede, por ejemplo, decidir una universidad pública española contratar a un Premio Nobel como docente, si el sistema de acceso y las condiciones laborales vienen fijadas por normativas estrictas? Es evidente que tenemos margen de mejora, pero no tan amplio como para adoptar por nosotros mismos determinadas acciones, ya que muchas están condicionadas externamente. El margen real de autonomía de las universidades españolas es ciertamente reducido. Entiéndase que con ello no quiero evadir ninguna responsabilidad, pero tampoco asumir las culpas que muchas veces se nos echan encima.
Y en tercer lugar, los rankings son muchas veces considerados radiografías de los sistemas universitarios nacionales, que supuestamente pueden y deben orientar para la mejora colectiva. Este suele ser el enfoque más habitual en muchos comentarios y opiniones expresadas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Este año, como en los anteriores, no han faltado análisis que hablan de una situación insostenible, una inercia insalvable, un sistema aquejado de una gangrena que requeriría una actuación quirúrgica. No voy a entrar a debatir sobre si situarse en estos rankings en la novena posición por número de universidades incluidas en el top-800 es un fracaso, cuando España ocupa la posición 14 entre las economías nacionales. Ni seré yo quien niegue la existencia de problemas en nuestras universidades que requieren tratamiento y solución. Se han hecho análisis rigurosos y concienzudos de aquellos y vamos sabiendo por dónde deberíamos avanzar. Y de hecho lo estamos haciendo.
Desgraciadamente, estos análisis precipitados, interesados y falsos, suelen ir acompañados de llamadas a la intervención radical con objeto de promover un cambio profundo e inmediato de modelo. Son cantos de sirena que pueden sonar bien a quienes no hayan reflexionado en profundidad sobre los problemas de la universidad y sus posibles soluciones, pero que inducen a llevar a cabo actuaciones milagrosas… y generalmente equivocadas, que pueden generar más problemas de los que resuelven. Demuestran un desconocimiento grave de las dinámicas de cambio en instituciones y sistemas, que suelen ser reacios al cambio instantáneo. Nos lo ha enseñado la historia de las reformas educativas y de sus fracasos.
Entonces, ¿no se puede hacer nada para mejorar nuestras universidades? Pues claro que se puede. Contamos con buenos diagnósticos, que nos pueden dar pautas sólidas de actuación. Conocemos la etiología de muchos de esos problemas e, incluso, hemos ensayado soluciones. Lo que nos hace falta es, por una parte, la voluntad de buscarles solución, cosa que, aunque algunos lo duden, no falta en nuestros medios universitarios, y por otra parte, aceptar que los cambios no se producen de la mañana a la noche, requieren tiempo, constancia y medios (no solo económicos). Cuando se trata de mejorar sistemas educativos o universitarios avanzados, como son los nuestros, no hay que creer en recetas mágicas, pues no existen. Todos intentamos mejorar a partir de la situación en que estamos. El cambio en este tipo de sistemas o es incremental o no lo será. Personalmente, me adhiero a quienes así piensan.
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