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México: Enrique Graue presenta a AMLO propuestas de UNAM para mejorar educación

América del Norte/México/10.07.18/Fuente: www.elsoldepuebla.com.mx.

En este primer acercamiento, el rector reconoció la victoria en el ámbito local de Claudia Sheinbaum, de quien dijo “es muy cercana a nosotros y vamos a colaborar

El rector de la UNAM, Enrique Graue, se reunió con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar sobre las contribuciones de la máxima casa de estudios del país al próximo Plan Nacional de Desarrollo.

En entrevista a su llegada a las oficinas ubicadas en la colonia Roma, puntualizó que “México espera muchísimo de este gobierno y ahí hay un ánimo generalizado de cambio. Espero un México esforzado, honorable, trabajando por el desarrollo”.

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Indicó que además de acudir a felicitar al candidato presidencial por su victoria, fue también a “presentarle las propuestas que la Universidad hace para el Plan Nacional de Desarrollo, tanto en temas prioritarios del país como en lo que tenemos en relación a educación, ciencia, tecnología e innovación”.

Graue Wiechers manifestó que se trata de 10 temas que se desarrollaron en documentos trabajados de manera conjunta con universidades públicas y los centros de investigación del país.

En este, el primer acercamiento con el candidato presidencial triunfador, Graue también reconoció la victoria, en el ámbito local, de Claudia Sheinbaum, de quien dijo “es muy cercana a nosotros, es una gente de primera, vamos a colaborar”.

A su salida del encuentro, Graue Wiechers indicó que se trabaja en un plan para analizar cómo aumentar la capacidad en educación superior, que si bien no podría hacerse de inmediato, “sí hay que hacer un proyecto para crecerla y es lo que presentaremos”.

En el breve encuentro, en que consideró haber tenido “la mejor de la recepciones”, por la sencillez del ganador de la elección presidencial, mencionó que la próxima reunión entre ambos sería una vez que éste sea designado presidente electo.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestó que López Obrador “entiende muy bien la Universidad” y se congratuló de que nueve de los personajes que han sido propuestos para integrar el próximo gabinete federal procedan de esta casa de estudios.

 

Fuente de la noticia: https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/politica/rector-enrique-graue-presenta-a-amlo-propuestas-de-unam-para-mejorar-educacion-1822354.html?token=807494996

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Lecciones para después de una crisis

Por: Alejandro Tiana

Lo ocurrido alrededor de Cristina Cifuentes y de la Universidad Rey Juan Carlos debe valer para reflexionar sobre autonomía, transparencia, financiación y titulaciones de las universidades públicas españolas.

A partir de finales del pasado mes de marzo, las universidades se convirtieron en objeto de escrutinio y comenzaron a ocupar un amplio espacio en los medios de comunicación e incluso en las conversaciones cotidianas de muchos ciudadanos. El motivo es bien conocido: el escándalo motivado por el título de máster obtenido irregularmente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por la ya dimisionaria presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Lo que podía parecer un hecho exclusivamente referido a una persona (relevante, eso sí) y a una universidad concreta, adquirió tintes de crisis general, afectando al conjunto del sistema universitario español y muy especialmente a las universidades públicas.

En mi opinión, no era para menos, dadas las circunstancias que conocemos del asunto. Todo apunta a que una persona con una alta responsabilidad política habría recibido un rechazable trato de favor en la consecución de un título académico oficial por parte de una universidad pública de su propia comunidad autónoma. Cuando surgieron las primeras denuncias todas las miradas se volvieron hacia esa universidad, pero también, de rechazo, hacia el mundo universitario en general. ¿Cómo era posible que un caso así se diera? ¿Quién había adoptado esas decisiones tan claramente irregulares para beneficiar a una persona concreta? ¿Por qué motivo se habían eludido los habituales controles académicos que aseguran la corrección de los títulos emitidos? ¿Se trataba de un caso aislado o desgraciadamente era una muestra de prácticas más extendidas? El limitado conocimiento y una cierta desconfianza hacia el funcionamiento de las universidades contribuyeron a que esas preguntas se difundiesen rápidamente y diesen lugar a numerosos comentarios, algunos certeros, pero otros con falta de información, cuando no claramente sesgados. Y si a todo ello se añade el desvío de responsabilidades que algunos medios y personalidades políticas hicieron del asunto, trasladándolas directa y exclusivamente a la universidad (y de paso a las universidades), es lógico que se generase una tormenta casi perfecta que situó al sistema universitario público en el ojo del huracán.

Ahora, una vez pasados los momentos más álgidos de la crisis, no debemos hacer como si nada hubiese sucedido. Las críticas y los ataques que hemos recibido las universidades merecen una reflexión detenida y una respuesta convincente. Nos las debemos a nosotros mismos y también a la opinión pública.

Desde mi punto de vista, lo primero que se debe reconocer, antes de entrar en otras consideraciones, es que algo estaremos haciendo mal cuando no conseguimos una mayor complicidad y confianza por parte de muchos ciudadanos. Los universitarios estamos convencidos de que la tarea que desarrollamos es valiosa, está al servicio de nuestra sociedad y colabora al crecimiento de nuestros ciudadanos, pero parece que no conseguimos que esa sensación se difunda con mayor contundencia, al menos con tanta como para lograr un apoyo mayoritario, que necesitamos. Y eso que me parece indudable que la universidad española ha experimentado un progreso muy destacable en las últimas décadas, que le ha permitido alcanzar unas cotas que nunca había conseguido en su historia. Aunque haya voces que ponen en entredicho tal progreso, los datos son contundentes, como mostraba claramente el presidente de la CRUE en un reciente artículo publicado en El País, que merece la pena leer con atención y cuyos argumentos no reproduciré de nuevo. No se trata de defender un honor herido, sino de justificar que las universidades prestan en condiciones más que satisfactorias el servicio que la sociedad española demanda legítimamente.

Dicho esto, el escándalo vivido pone de manifiesto que existen algunas irregularidades en el funcionamiento de nuestras universidades que, aunque no sean excesivas, requieren que actuemos con decisión. El hecho de que en su mayor parte se detecten internamente es una buena noticia, pues quiere decir que existen mecanismos de garantía del correcto funcionamiento de las instituciones. En un mundo universitario tan amplio como el español, que abarca tantos organismos y tantas personas, no debe extrañar que se puedan producir conductas incorrectas. Lo importante es que se actúe tan pronto como se detecten. Y eso es precisamente lo que la experiencia demuestra que sucede, pues existen casos anómalos detectados y ya corregidos por las propias universidades, fuera del foco mediático. Y esa debe ser una norma habitual de actuación.

Por otra parte, no basta con corregir esos casos inaceptables, sino que deben existir mecanismos de control que impidan que se produzcan. Conviene recordar que las universidades públicas estamos sometidas a múltiples controles, por parte de los órganos de fiscalización y de las administraciones públicas, que nos ayudan a detectar las disfunciones que puedan producirse y a evitar que aparezcan casos de malas prácticas. Esos mecanismos indispensables, que resultan a veces incluso algo exagerados, unidos a los que internamente poseemos, nos ayudan a organizarnos y funcionar mejor y a ser más transparentes.

Y buscando más allá de ese juego de controles y correcciones, habría que buscar solución para algunos de los problemas que vive la universidad española y que deberíamos afrontar con decisión. No tengo ninguna duda de que el principal consiste en la escasa autonomía que poseen las universidades, que las hace dependientes y tributarias de los poderes políticos. Es una idea que he expuesto antes en este medio, por lo que no abundaré más en ello. Pero debo insistir en que la combinación de autonomía y rendición de cuentas constituye la base necesaria para la prestación de un servicio eficaz e independiente. Sin un buen planteamiento, más decidido, acerca de la autonomía universitaria, nos será difícil mantener una línea de actuación consistente, independiente y comprometida con nuestra misión científica y social.

Hay algunos otros asuntos, de menor entidad que este, que también merece la pena revisar. Comenzaré por referirme a las garantías exigibles a los títulos propios que ofrecemos las universidades. Resulta necesario establecer sistemas rigurosos de control de su calidad y su pertinencia, concibiéndolos como parte integral de nuestra oferta académica y no como un añadido marginal. A ello habría que añadir la necesidad de revisar nuestra oferta académica en general, con objeto de ofrecer una formación y unas titulaciones adecuadas a las necesidades actuales y las demandas sociales que se manifiestan.

La reciente incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior nos ha hecho modificar nuestro modelo tradicional de titulaciones y es seguro que debemos replantearnos algunos aspectos concretos del nuevo, así como la oferta que realizamos de grados y másteres. Y otro tanto diría en relación con la necesidad de adoptar políticas transparentes de personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios, que eviten las sospechas de favoritismo o endogamia, que tanto daño hacen. Y por si ello fuese poco, resulta necesario dotar a las universidades de los recursos que necesitamos para cumplir nuestra misión. No se trata de reclamar más recursos por principio, como he escrito también en este medio, sino de asegurar que recibimos los medios necesarios para prestar un buen servicio público.

En suma, esta crisis nos ha servido para presentar ante nosotros mismos y ante la opinión pública algunos de los asuntos que deben reclamar nuestra atención e impulsar nuestra acción en estos próximos tiempos. Las respuestas y soluciones dependerán unas de nosotros mismos y otras de nuestras autoridades de tutela. Pero todos debemos colaborar en encontrarlas y aplicarlas. A fin de cuentas, estamos hablando del futuro de una de las instituciones más antiguas que poseemos y que, lejos de ser vieja y obsoleta, está en una magnífica situación para seguir contribuyendo de manera renovada a la mejora de nuestra sociedad y de nuestros conciudadanos.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/08/lecciones-para-despues-de-una-crisis/

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Rechazan en Colombia mercantilización de la enseñanza

América del sur/Colombia/25 Abril 2018/Fuente: Prensa Latina

Profesores, trabajadores y estudiantes de las universidades públicas de Colombia protagonizaron una jornada de protesta en rechazo a la mercantilización de la enseñanza.
Los manifestantes exigen la financiación a la educación superior y se oponen a un proyecto de ley en el Congreso denominado Financiación Contingente al Ingreso.

La nueva normativa consiste en la creación de un fondo para préstamos destinados a matrículas y mantenimiento en los centros universitarios que deben retribuirse luego con el 19 por ciento del salario de cada mes, convertido el estudiante en trabajador.

El magisterio también cuestiona la precariedad de los contratos de trabajadores, profesores y catedráticos de las universidades públicas.

El líder estudiantil Anderson Arboleda informó a Caracol Radio que la jornada de hoy fue definida en un Congreso Nacional de Estudiantes, celebrado hace algunos días en Bogotá.

‘La educación se ve como un mercado. Estamos en una jornada de movilización nacional y definiremos si efectuamos una marcha’, manifestó Arboleda.

César Arias, miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, criticó el modelo de enseñanza prevaleciente en el país que, en su opinión, busca que la comunidad universitaria y la sociedad se enajenen de las problemáticas que tiene la educación superior actualmente.

Lo que se quiere, dijo, es que no seamos personas críticas, sino obedientes, apáticas, individualistas, en función del mercado, del consumo, que les respondan a las necesidades de las empresas, sobre todo a las multinacionales.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173223&SEO=rechazan-en-colombia-mercantilizacion-de-la-ensenanza
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Demografía del profesorado universitario

Por: Alejandro Tiana

La limitada autonomía de las universidaddes impide que puedan buscar soluciones a los problemas de personal, así como para diseñar sus propias políticas de profesorado.

En las últimas semanas se ha hecho público un valioso informe del grupo Studia XXI, de la Fundación Europea Sociedad y Educación, con el título de Demografía universitaria española, que analiza la dimensión, estructura y evolución del profesorado de las universidades públicas españolas entre 2008 y 2015. Se trata, como puede fácilmente apreciarse, de los años de la crisis, en los cuales las universidades públicas han sufrido el efecto de la aplicación de unas tasas de reposición que solo recientemente han alcanzado el 100%, tras varios años en que se situaban por debajo. Además, han aumentado las limitaciones para contratar nuevo profesorado temporal, lo que ha venido a agudizar la situación de carencia que ya se venía viviendo con anterioridad.

Los datos que arroja el informe son concluyentes. En primer lugar, las plantillas de personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas se han reducido en estos años en términos absolutos. Entre 2008 y 2015 han disminuido en 3.367 personas, lo que representa un 3,43% del total. Si se consideran valores equivalentes a tiempo completo, la disminución se sitúa en 2.022 puestos, lo que representa un 2,39% del total. Esta discrepancia de cifras se explica por otra evolución paralela, que consiste en la disminución relativa del profesorado a tiempo parcial en relación con la situación anterior. En efecto, dicha disminución se ha producido porque un número notable de profesores contratados a tiempo parcial (más de 2.400) han pasado a tener dedicación completa, al tiempo que se han incorporado unos 2.000 nuevos profesores contratados doctores (si bien la situación ha variado de una universidad a otra, especialmente en relación con la contratación de profesores asociados). Por cierto, conviene señalar que la reducción de PDI ha sido porcentualmente menor que en otros sectores productivos y que en el conjunto de la administración pública, lo que obliga a matizar posibles conclusiones apresuradas.

En segundo lugar, la consideración global de dichos cambios demográficos puede esconder una realidad subyacente, pues ese fenómeno se compone de otros dos de distinto signo: una disminución notable del profesorado funcionario y un aumento moderado del profesorado contratado (la cifra de 3.367 PDI antes mencionada se descompone en 5.304 funcionarios menos y 1.940 contratados más). Esto ha tenido además un efecto colateral, que se refiere al incumplimiento creciente de las disposiciones que obligan a las universidades públicas a contar con un máximo del 49% de PDI contratado y del 40% de profesorado con vinculación temporal. Si en 2008 eran nueve las universidades públicas que incumplían la primera disposición, en 2015 la cifra se había duplicado. Y en 2014 eran 26 las que superaban la segunda disposición.

En tercer lugar, resulta inevitable que, en esas condiciones, la plantilla se haya envejecido. Si el aumento de la edad media no ha sido mayor, solo se ha debido a la jubilación de un buen número de profesores, muy mayoritariamente funcionarios. Así, mientras que en 2008 la edad media del PDI funcionario era de 49,55 años, en 2014 había aumentado hasta los 52,99. Aunque menos acusado, también se produjo un envejecimiento del PDI contratado, que pasó de una edad media de 42,49 años a 45,24. Además, en ese periodo había disminuido drásticamente la proporción de PDI funcionario menor de 40 años, pero también del PDI contratado de esas edades, lo que resulta más preocupante.

En consecuencia, las universidades públicas españolas contaban en 2015 con menos profesores y de mayor edad que en 2008. Al mismo tiempo, había cambiado la composición del PDI, con una mayor proporción de contratados que en el pasado cercano. Sin ser angustiosa la situación, hacía más difícil su funcionamiento en buenas condiciones.

No obstante, el informe también pone de manifiesto que esa tendencia no ha sido únicamente resultado de la crisis económica y las decisiones que ha llevado aparejadas, sino que se trata de un proceso sostenido al menos desde los años iniciales del siglo. Dicho de otro modo, no es un proceso demográfico explicable solamente por la crisis, sino que tiene un componente propiamente universitario. Y es aquí donde merece la pena poner la atención, si queremos encontrarle alguna solución razonable.

En efecto, lo que esta apreciación nos está indicando es que hay algún problema con el modo en que las universidades construyen y desarrollan sus políticas de profesorado. Es evidente que hay cosas que mejorar en este aspecto. La más importante consiste en la necesidad de incorporar a un PDI más joven y de fomentar su promoción en plazos menos prolongados que en la actualidad. No resulta razonable que muchos de los ayudantes doctores que se incorporan superen los cuarenta años de edad. Eso incide en que se impide un adecuado relevo generacional y también en que el acceso a los escalones superiores de la carrera académica se produzca muy tardíamente, en fases vitales inadecuadas.

Pero, si las universidades tienen una parte indudable de responsabilidad en este tipo de decisiones, hay otras que no es justo achacárselas. Es el caso de las limitaciones impuestas por las autoridades fiscales (¡no las educativas!) para contratar a personal en formación predoctoral o doctoral, limitaciones que tan negativamente inciden en el desequilibrio de las plantillas. O lo es también la rígida regulación de las categorías docentes y su composición. En última instancia, ligando esto con lo que he planteado en otras columnas anteriores, la limitada autonomía concedida a las universidades impide que puedan buscar soluciones a este tipo de problemas y diseñar sus propias políticas de profesorado.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/04/12/demografia-del-profesorado-universitario/

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Controversia por la creación de una Cámara de Educación en Nicaragua

Centro América/Nicaragua/01 Marzo 2018/Fuente: La prensa

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, anunció la creación de una Cámara de Educación que aglutinará a los colegios y universidades privadas del país, para que estos tengan una representación ante el Cosep. Sin embargo, este aviso no es del beneplácito de todas las partes involucradas en el tema educativo.

El anuncio lo realizó durante la inauguración del Foro Avances y Desafíos de la Educación Técnica y Formación Profesional, que fue organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y en el que participaron los diferentes organismos que trabajan a favor de la Educación en Nicaragua.

“Estamos creando una cámara para la educación. Hay algunos miembros que no están de acuerdo con que las universidades y colegios privados hagan esta cámara, pero nosotros creemos que sí (es necesario) y es parte del trabajo porque queremos que la educación sea parte de este esfuerzo, de este esquema, de este trabajo que tenemos que hacer todos los días”, expresó Aguerri.

“Por otro lado, dentro de este esfuerzo hemos venido mejorando la pertinencia y la vinculación de la formación universitaria con el sector privado. Estamos trabajando con diferentes universidades sobre lo que nosotros (los empresarios) requerimos, qué es lo que necesitamos, sigue siendo una necesidad que tiene que estar en todos los pénsum de universidades públicas y privadas del país”, agregó Aguerri.

Ante esta iniciativa el presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Telémaco Talavera, dijo que la educación no debe ser tomada desde un punto de vista mercantil y que las universidades privada no deben perder su carácter de organizaciones civiles sin fines de lucro.

“No hay instituciones educativas de carácter mercantil. No hay, ni creo que deban haber, porque la educación no puede ser vista como un negocio, indistintamente que sea ofrecida por instituciones públicas o privadas tiene que ser un bien público. Ahora si se van a asociar o no esa es una decisión que ellos tienen y correspondería a ellos pronunciarse”, dijo Talavera.

“Yo insisto que (las universidades privadas) no pueden tener carácter mercantil porque ellas fueron aprobadas como instituciones civiles sin fines de lucro. La organización es libre siempre que no pierdan el carácter de instituciones civiles sin fines de lucro”, reiteró el funcionario.

Fuente: https://www.laprensa.com.ni/2018/02/27/nacionales/2383462-camara-de-educacion-nicaragua

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El problema de las pruebas de admisión en las universidades públicas

Por: Julián de Zubiría 

Como si se tratara de una paradoja, mientras las instituciones de educación privadas utilizan para sus admisiones las pruebas de Estado, las públicas se valen de exámenes específicos. ¿Qué tan conveniente es esto?

Colombia posee el sistema de evaluación de la educación más sólido y sofisticado de América Latina. El trabajo del Icfes ha sido poco reconocido, pero es de muy alta calidad. A lo largo de las dos últimas décadas puso al país en la vanguardia de los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad. Construyó evaluaciones de competencias que no tienen nada que envidiar a las pruebas Pisa; seleccionó muy acertadamente tres de las competencias esenciales a desarrollar en la educación básica y media, a saber: argumentar, interpretar y proponer.

Así mismo, construyó pruebas para los grados tercero, quinto, noveno y once, las cuales permiten evaluar el nivel de consolidación de algunas de las competencias esenciales en la vida. Hoy contamos con un completo sistema de seguimiento de la calidad, el cual, bien utilizado, podría tener un impacto positivo en la construcción de políticas de mejoramiento de la calidad educativa, a mediano y largo plazo en el país.

En los últimos años, el Icfes ha seguido cualificando el sistema al incorporar las pruebas Saber Pro, lo que permitió elaborar modelos de valor agregado, los cuales nos ayudarán a resolver una de las preguntas esenciales a nivel pedagógico en la educación. Si tenemos claro el nivel con el que llegan los estudiantes del colegio en competencias ciudadanas, lectura crítica, escritura y razonamiento numérico, podemos resolver hasta qué punto las universidades están consolidando las competencias esenciales.

En este sentido, debe ser claro que las pruebas Saber Pro no son un buen criterio para evaluar la calidad de las universidades, ya que no tienen en cuenta el nivel con el cual llegaron los estudiantes al culminar el bachillerato.

Aprovechando la experiencia de Minas Gerais en Brasil, el Icfes ha construido el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), el cual tiene la enorme ventaja de permitir comparar una institución consigo misma en los años inmediatamente anteriores, incorporar el criterio del clima del aula y diferenciar para los diversos ciclos el nivel alcanzado en cada uno de ellos.

Otro avance significativo, ha sido la inclusión de las competencias ciudadanas. Esto le da un carácter más integral al proceso evaluativo; si bien son pruebas que todavía requieren mayor consolidación y ajuste, van por muy buen camino al incluir aspectos ligados a los derechos y a las actitudes que han desarrollado los estudiantes con respecto a la discriminación de los mismos.

Sin embargo, vivimos en un país de paradojas y las excelentes pruebas de Estado fueron de tiempo atrás adoptadas como criterio de admisión por parte de las universidades privadas del país, mientras que la mayoría de las universidades públicas construyeron sus propias pruebas. Entre éstas, la Nacional y la de Antioquia. Es en extremo difícil explicar esta paradoja, ya que, económicamente, no es equitativo cobrarles a personas de estratos 1 y 2 por una evaluación, que, en la mayoría de los casos, terminan por no aprobar. Pero tampoco lo es desde el punto de vista pedagógico, ya que las pruebas Saber son más sólidas conceptualmente, están emparejadas con las pruebas internacionales y con las de egreso de las universidades colombianas.

Por el contrario, las pruebas de las universidades públicas siguen evaluando contenidos demasiado específicos, les falta enfatizar en lo general, caracterizar el desarrollo por niveles y poner en uso el conocimiento para resolver problemas e inferir ideas. Por ello, seguramente, tampoco por allí está la explicación. Así mismo, los criterios de seguridad que en ocasiones se aducen, parecen difíciles de sustentar y verificar. ¿Qué explica, entonces, el que las universidades públicas utilicen como criterio de admisión unas pruebas, que muy seguramente son de menor calidad? Muy posiblemente esto sea explicado por factores ligados con la tradición.

 

Resulta que veinte años atrás, las pruebas Icfes, como se les llamaba para aquel entonces, en realidad habían sido diseñadas para evaluar conocimientos particulares y fragmentados. En este contexto, muy posiblemente, las pruebas de las universidades públicas eran de mayor calidad que las del Estado. Sin embargo, hoy en día, y pese a los avances de los dos últimos años, esto seguramente no es cierto.

Parece necesario concluir que desde hace varios años las universidades públicas deberían haber abandonado las pruebas más específicas que han venido desarrollando hasta el momento y aceptar como criterio de admisión las mismas pruebas que aplican las universidades privadas. Si se aceptara esta propuesta, se obtendrían múltiples beneficios; entre ellos:

  1. Las universidades públicas utilizarían una prueba que evalúa de manera pertinente la consolidación de algunas de las competencias esenciales que deberían haber sido trabajadas en la educación básica y media en Colombia. Son pruebas de competencias, ampliamente validadas, revisadas y ajustadas. Inicialmente abordaron trece tipos de competencias. El seguimiento riguroso permitió llegar a cinco competencias de carácter cada vez más general que se evalúan en la actualidad.
  2. Todas las universidades del país utilizarían sistemas similares de admisión, lo cual es muy conveniente desde el punto de vista tanto pedagógico como administrativo.
  3. Los aspirantes a ingresar a las universidades públicas dejarían de pagar sumas adicionales por una evaluación, que, en la mayoría de los casos, no aprueban.
  4. Las universidades públicas dejarían de incurrir en diversos costos administrativos relacionados tanto con el diseño, como con la custodia, la aplicación, la calificación y la divulgación de los resultados. Siendo actualmente pruebas diversas en cada universidad pública, el ahorro social que se alcanzaría sería significativo.

Finalmente, esto ayudaría a que diversos programas que utilizan los resultados de las pruebas de Estado tuvieran en cuenta criterios y mecanismos comparables. Esto es válido, entre otras cosas, para créditos, admisiones y subsidios; pero, por tratarse del programa más importante de la actual administración del presidente Santos en materia de educación superior, quiero agregar un argumento adicional. Actualmente, el programa Ser Pilo Paga rige para todo el país con los resultados de las pruebas Saber.

Sin embargo, por la paradoja señalada anteriormente, en algunas universidades públicas, dichos resultados no son tenidos en cuenta y ellos tienen que presentar otra prueba diferente, que, como también se señaló previamente, no tiene el mismo nivel de pertinencia, solidez, ni de calidad. Algunos directivos han creído que lo que pasa es que la Nacional selecciona a los “súper pilos”. Esto, tampoco es cierto, ya que son dos pruebas tienden a correlacionar muy poco. Obviamente, las universidades públicas, atendiendo a criterios presupuestales, pedagógicos y administrativos, pueden establecer sus propios niveles de admisión para cada carrera, como hoy en día hacen las diversas universidades privadas del país, pero para ello, no es ni conveniente ni necesario, recurrir a una prueba diferente.

Como he sostenido en diversas columnas, el país debería aprovechar la histórica oportunidad del programa Ser Pilo Paga para fortalecer la educación pública; al hacerlo, consolidaría la democracia y el derecho a la educación, consagrado en la Constitución Nacional. Por ello, reitero mi invitación: Los próximos “pilos” deberían ingresar, sin excepción, a las mejores universidades públicas del país. Ojalá de muy alta calidad y de carácter regional, como ha demostrado la reciente experiencia ecuatoriana vivida durante la última década en educación superior.

La vinculación generalizada de los próximos “pilos” a las públicas sería mucho más fácil de aplicar, si todas las universidades del país reconocieran las pruebas Saber once como el criterio esencial de admisión.  Si se logra, las universidades públicas se beneficiarían con el ingreso de algunos jóvenes de excelente balance y proyección (los llamados “pilos”), con los recursos que les giraría el Estado por ellos y con la adopción de una excelente prueba como criterio de admisión, la cual lleva dos décadas cualificándose y permite determinar el nivel alcanzado en el desarrollo del pensamiento, las competencias ciudadanas y las competencias comunicativas de los aspirantes.

Ojalá sigamos fortaleciendo y mejorando la calidad de la educación pública. Todavía nos falta mucho, especialmente en inversión, en calidad y en reflexión pedagógica, pero, al hacerlo, favorecemos la democracia y la equidad. De esta manera, será más difícil que nos dejemos quitar la esperanza de vivir en un país en paz.

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/examen-de-admision-a-la-universidad-en-colombia/541749

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Autonomía y gobierno universitario

Por: Alejandro Tiana

El gobierno de las universidades se sustenta en el buen uso de su autonomía para asegurar el cumplimiento de los objetivos sociales que les han sido asignados.

De nuevo, la cuestión del gobierno de las universidades vuelve a aparecer en la agenda política. En alguna columna anterior he mantenido que este asunto requiere revisión, por lo que no discutiré su importancia. Pero me temo que se aborda muchas veces con notable superficialidad, impidiendo en consecuencia buscar soluciones adecuadas para problemas bien diagnosticados. En 2015 se publicaba un libro que recogía los frutos de un seminario convocado sobre este asunto, cuyo título resultaba muy expresivo: El gobierno de las universidades. Reformas necesarias y tópicos manidos (Climent, V., Michavila, F. y Ripollés, M., eds., Madrid: Tecnos – Universitat Jaume I). En él incluía algunas reflexiones que retomo y reviso aquí.

Desde mi punto de vista, el debate acerca del gobierno de las universidades está estrechamente vinculado a la cuestión de la autonomía universitaria, puesto que la tarea de gobierno queda enmarcada por las características y los límites de esta última. Un documento de trabajo elaborado por la CRUE en 2013 para reflexionar acerca del modelo de universidad y la reforma de la gobernanza es un buen ejemplo de ese enfoque, puesto que dedica sus primeras páginas a presentar un conjunto de indicadores de la gobernanza universitaria, a partir de cuatro dimensiones de la autonomía: financiera, organizativa, académica y de personal. La conclusión sobre la insuficiencia de esta última es contundente: de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Europea de Universidades (EUA), España se sitúa en el lugar 24 entre 28 sistemas universitarios analizados en lo que respecta al grado de autonomía.

La autonomía universitaria es, como resulta bien sabido, un principio recogido en la Constitución española de 1978, si bien su origen y desarrollo se remonta a épocas históricas anteriores. Aunque no han dejado de construirse mitos en torno a dicho principio, en puridad se basa en el reconocimiento de que las universidades han de gozar de un amplio margen de libertad para organizarse por sí mismas y desarrollar su actividad. Como se reconoce en el ámbito del derecho constitucional, el sentido de la autonomía universitaria consiste en garantizar el respeto a la libertad académica, que tiene dos dimensiones: la primera, individual, se traduce en la libertad de cátedra, de investigación y de estudio; la segunda, colectiva e institucional, es la propiamente denominada autonomía universitaria, que garantiza y completa las anteriores.

Así entendida, la autonomía universitaria no es absoluta, sino que está limitada por la responsabilidad (y creo que también el deber) que tienen los poderes públicos de dirigir y coordinar el sistema universitario nacional, orientándolo hacia el logro de objetivos generales. Dicho de otro modo, aunque se trate de un principio con reconocimiento constitucional, la autonomía universitaria tiene algunos límites. En última instancia, se traduce en el amplio margen de libertad que se otorga a las universidades para responsabilizarse del cumplimiento de los objetivos que la sociedad les atribuye y para poner los medios necesarios para alcanzarlos. A su vez, el principio de autonomía se plasma en las diversas dimensiones que antes se han mencionado. En consecuencia, el ejercicio de la autonomía universitaria resulta problemático, puesto que se mueve entre la libertad institucional y la prescripción normativa. Esa tensión ha generado no pocos problemas a lo largo de nuestra historia y también en la actualidad.

Así pues, resulta imposible analizar la cuestión del gobierno de las universidades al margen de este carácter ambivalente de la autonomía universitaria. En efecto, las preguntas inmediatas que se plantean son las de autonomía de quién y para qué. De las respuestas que demos a tales interrogantes derivarán modelos diferentes de gobierno. Si abogamos por la necesidad de otorgar un amplio margen de libertad académica a las universidades, que serían por lo tanto las beneficiarias últimas de la autonomía, tendremos que concluir la necesidad de conceder un espacio importante para la autoorganización de los actores universitarios. Pero si aceptamos también que autonomía no implica independencia absoluta, sino libertad para buscar cómo alcanzar del mejor modo posible los objetivos asignados, tendremos que contemplar la consideración de los intereses externos en el proceso de gobierno, lo que puede traducirse incluso en la participación de algún tipo de representación social en los órganos de gobierno universitario.

No quiero dejar de mencionar que esta última cuestión tiene otras implicaciones importantes. En efecto, cabe preguntarse si la autonomía debe atribuirse solamente al conjunto de la universidad o ha de tener alguna aplicación, aunque sea de orden menor, en las unidades académicas que la constituyen. Dicho de otro modo, se plantea el interrogante de si el gobierno universitario debe contemplar la universidad como una totalidad homogénea o como un conjunto de unidades más o menos heterogéneas. No se trata de un asunto irrelevante, puesto que esta consideración subyace, por ejemplo, en la propuesta de que la universidad elija a su rector, pero que este designe a los decanos o directores de las unidades académicas.

En consecuencia, podríamos acordar de lo dicho hasta aquí que el gobierno de las universidades se sustenta en el buen uso de su autonomía para asegurar el cumplimiento de los objetivos sociales que les han sido asignados. En el caso de las universidades públicas, ese último aspecto cobra si cabe una mayor importancia, puesto que se configuran como instrumentos al servicio de unas metas sociales que desbordan los intereses individuales o meramente institucionales. Como se ve, la cuestión del gobierno de las universidades desborda ampliamente lo que se refiere a la elección del rector y otros órganos de gobierno, pese al morbo que ello pueda suscitar.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/02/21/autonomia-gobierno-universitario/

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