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Colombia: 10 lecciones que deja la multitudinaria marcha por las universidades públicas

América del sur/Colombia/11 Octubre 2018/Fuente: Semana

Cientos de miles de estudiantes y profesores se tomaron las calles de todo el país en una jornada sin antecedentes recientes en Colombia. Más allá del reclamo por mayores recursos para la educación superior pública, lo sucedido este miércoles puede tener más efectos.

Colombia vivió una jornada histórica. Este miércoles, estudiantes y profesores universitarios de las principales ciudades del país salieron a la calle a marchar para exigir al gobierno nacional mayores recursos para financiar la educación superior pública en Colombia. Por lo menos, ese era su propósito.

La manifestación, convocada y liderada por el Movimiento Estudiantil Colombiano, contó con el apoyo de universidades privadas y movilizó a cientos de miles de personas en el país. En Bogotá se estima que 45.000 personas salieron a la calle y se concentraron en la plaza de Bolívar. El principal reclamo era el incremento a 4,5 billones de pesos el presupuesto para las instituciones de educación superior pública para 2019.

A pesar de algunos episodios de vandalismo, especialmente en Bogotá, la marcha de los estudiantes de este 10 de octubre se desarrolló en calma, despertó mucha solidaridad, y hasta transcurrió entre fiesta y carnaval. Una jornada que sin duda dejará varias lecciones.

1. En el presupuesto, la pelea es peleando y la plata no alcanza

Al interior del gobierno, la pelea por la distribución del presupuesto de 2019 ha sido muy dura e incluso ha provocado tensiones entre varios ministros y el titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Cada uno de los ministros ha tenido que ir a ‘pelear’ las asignaciones para el próximo año, pues el gobierno tomó la decisión de mantener el presupuesto de 259,7 billones de pesos que había dejado listo el gobierno Santos. El debate que se viene es muy duro si se tiene en cuenta un  gran problema: el Estado está desfinanciado en cerca de 25 billones de pesos pues los gastos programados para el año entrante superan los ingresos previstos, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

2. Cumplir “los anhelos” de los estudiantes es casi imposible

El presidente Iván Duque contestó casi de inmediato a las protestas de los estudiantes. “Yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Y entiendo sus reclamos”, dijo el primer mandatario. A pesar de que en esta oportunidad, el presupuesto de Educación ha sido el más alto de la historia, las cifras no son suficientes. En esta oportunidad, con 41 billones,  el sector supera a otros que tradicionalmente se han llevado los mayores recursos del Estado como defensa (33,53 billones), salud y protección social (32,29 billones) y trabajo (28,52 billones). Sin embargo, el presidente reconoció que “tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno. Hemos hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado. Pero faltan recursos”. La discusión de más presupuesto para las universidades llega en un momento difícil para la economía y ad portas de una reforma tributaria. La ministra María Victoria Angulo dio una buena noticia en el debate este miércoles en el Congreso: al presupuesto de 3,8 billones de pesos proyectado para las universidades públicas en 2019 se suman ahora estos nuevos recursos, lo que implica que recibirán el próximo año 4,3 billones de pesos. Las universidades, por su parte, piden más de 15 billones, que es la brecha histórica que consideran se les adeuda.

3. Se vienen tiempos de apretarse el cinturón

La situación económica del país llevó al gobierno a pedir a cada una de sus entidades apretarse el cinturón y ajustar los gastos del próximo año, porque en últimas, el gobierno tendrá que administrar lo mejor posible el presupuesto. Esto implica que en todas las carteras, incluida la de Educación, las restricciones presupuestales son grandes. Este miércoles, durante la discusión del presupuesto del próximo año, los congresistas y el gobierno se pusieron de acuerdo para aumentar en 500.000 millones de pesos la asignación para las universidades públicas. La destinación de la partida adicional se distribuiría así, según la ministra de Educación: 223.000 millones de pesos irían para inversión en todas las instituciones de educación superior pública; otros 55.000 millones se destinarían para funcionamiento, 121.000 millones para el ejercicio anual de gratuidad y 101.000 millones para la línea de excelencia y méritos.

4. Los problemas de las universidades vienen de décadas atrás

La magnitud de las protestas estudiantiles permitió que por primera vez en mucho tiempo las cifras de la educación superior se pusieran sobre la mesa, y que fuera evidente la deuda histórica que tiene el país con estas. La principal explicación de la desfinanciación que viven se debe a la Ley  30 de 1992. Esta determinó que las transferencias a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC, sin tener en cuenta el crecimiento en el número de estudiantes, que se cuadriplicó en la última década al pasar de 159.000 a más de 611.000 estudiantes. Con esto, mientras los ingresos de las universidades públicas crecieron con la inflación, sus costos y el déficit lo hicieron mucho más rápido. Los ingresos por estudiante se derrumbaron y las universidades entraron en cuidados intensivos a nivel financiero. Como bien le explicó el rector de la Universidad del Atlántico a SEMANA, las cargas se han desbalanceado. En el caso de esa institución, en 1993 tenían 5.913 estudiantes y hoy, 24.619. Eso significa un crecimiento de 316 por ciento. Sin embargo, en materia presupuestal recibían en 1993 52.538 millones, y hoy 129.233 millones. Es decir, un crecimiento de 124 por ciento.

5. La plaza pública sigue vigente…

No es la primera vez ni será la última que las movilizaciones sociales sean capitalizadas por dirigentes políticos. Pescar en río revuelto es un lugar común entre los políticos, y las marchas y los paros son especialmente terreno fértil para ese propósito. Desde días, incluso semanas atrás, fueron numerosos los congresistas que apoyaron la manifestación e invitaron a una masiva y pacífica movilización. De forma oficial, partidos políticos –especialmente de izquierda- como el Polo Democrático, Alianza Verde, Unión Patriótica, que históricamente han acompañado paros campesinos, huelgas de trabajadores, o toda clase de protestas sociales fueron los primeros en solidarizarse con la causa de la universidad pública y anunciaron su presencia en la calle. El hilo conductor entre los reclamos de unos y el rol de estos partidos políticos es la oposición al gobierno. Por eso, los dirigentes que este martes caminaron varios kilómetros en la marcha, al lado de los estudiantes, eran precisamente de estos partidos. Este miércoles se vieron caras reconocidas como las de Jorge Robledo y otros congresistas del Polo;  Angélica Lozano, Antonio Sanguino de los Verdes; Aída Avella de la UP, por citar algunos. Era lógico que políticos de los partidos tradicionales no iban a ser bien recibidos si se asomaran a las calles.

Que los políticos traten de conectarse con la movilización espontánea es una conducta legítima. De hecho el objetivo de las organizaciones políticas es precisamente ser el puente entre la calle y el poder, los que originalmente deberían ser los encargados de tramitar los reclamos del ciudadano con los que manejan las riendas de la nación. Y aunque el escenario natural pueda ser el Capitolio, el ideal es la plaza pública.

6. …y Petro sigue siendo el rey

Y es allí, en la plaza pública, donde Gustavo Petro se mueve como pez en el agua, o si se hablara en términos deportivos, donde juega de local. Desde la semana pasada enviaba mensajes invitando a las “ciudadanías libres” a sumarse a la marcha de los estudiantes, y este miércoles se asomó en la plaza de Bolívar donde fue el político más aclamado, entre otras porque los demás no se acercaron a la tarima instalada para que intervinieran los líderes del movimiento estudiantil. Era lógico que tras una campaña presidencial tan reciente, en la que encarnó la imagen de la “esperanza” frente a lo que llaman el establecimiento, su presencia iba a ser saludada. También porque muchos de las reclamos de los estudiantes de la universidad pública los había enarbolado en el debate electoral, así como en el resto de su trayectoria política.

Gustavo Petro

@petrogustavo

Agradezco este mensaje de apoyo de nuestra juventud colombiana

Pero en su caso, volvió a traducir una manifestación ciudadana como un respaldo a su figura, por lo que fue criticado. Una fotografía en medio de la multitud, mientras se acercaba a la tarima de la plaza de Bolívar fue rechazada por los propios manifestantes, que se opusieron a cualquier intento de hacer política con la marcha.

De hecho, los mismos estudiantes, en su gran mayoría, fueron los primeros en atajar cualquier intento de sacar provecho político con la manifestación, y aunque la marcha tenía como claro objetivo elevar una voz de protesta al gobierno y a sus políticas en materia de educación, el presidente Iván Duque también pretendió sintonizarse con ese mensaje en su discurso al cierre de la jornada: “La educación es de todos, no es de izquierdas ni de derechas”.

7. Las redes sociales sí logran mover a los colombianos

Aunque los estudiantes siempre han salido a protestar, sus clamores se escuchan hoy más que antes gracias a Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Durante todo el día, las tendencias de esas redes sociales giraron alrededor de la marcha. Una vez más, se demostró que la idea de que la indignación que se vive en las redes sociales no se traduce en hechos reales, se desvaneció. Miles de jóvenes se agolparon en las calles con el mismo clamor. A eso se suma que gracias a este megáfono la participación que tienen los políticos es más visible, y por eso la intervención de muchos congresistas en las manifestaciones, que también era usual en el pasado, tiene hoy más eco. Por otro lado, se volvió a demostrar que los mensajes originales suelen calar y permiten que los mensajes de causas históricas como la corrupción hace unos meses o como la educación esta semana, lleguen a personas que antes no se movilizaban. En esta oportunidad, Daniel Samper puso de nuevo la agenda con un video en el que él y la actriz Esperanza Gómez compartieron sus reflexiones sobre este problema.

8. La discusión de Ser Pilo Paga no se ha acabado

Uno de los primeros pulsos que tuvo el gobierno Iván Duque fue respecto al supuesto fin de Ser Pilo Paga. El presidente salió a desmentir esa interpretación y aclaró que lo que hará es reformular ese programa.»La cobertura exige que nosotros podamos incluir más universidades públicas en un programa de gratuidad y decirles a las universidades privadas que también pongan», había dicho en uno de sus talleres comunitarios.   Sin embargo, ese anuncio generó malestar entre las universidades privadas que tendrán que hacer ajustes para acomodarse a la nueva realidad de recibir menos dinero del Estado. La universidad pública, por su parte, resiente mucho que esos cuantiosos recursos que se habían destinado a esas instituciones, habrían podido subsanar gran parte del problema que viven ahora. Se calcula que el Estado le girará a los centros privados 2 billones de pesos más, para que los alumnos que fueron beneficiados puedan finalizar sus carreras. La clase empresarial, que había sido gran defensor de los pilos, también le ha pedido a Duque que este se mantenga. Por eso, en la pelea del presupuesto, el programa será un eje central. La ministra anunciará el nuevo plan el próximo 20 de octubre.

9. El dilema está entre cumplirle al pasado y apostarle al futuro

El problema del sector educativo se explica en que si bien existe un alto presupuesto, la mayoría está comprometido en rubros diferentes a las universidades públicas. Cerca del 70 por ciento va para financiar la educación básica y media y solo el 10 por ciento del total tiene como destino la educación superior. Esto significa que en educación, como en otros muchos sectores, el país ha tenido que escoger entre financiar su pasado y de alguna manera aplazar la inversión en el futuro.  En términos generales, el 95 por ciento del presupuesto de educación va para funcionamiento (incluidos los pagos del FOMAG y los compromisos de primas que se negociaron para levantar los paros docentes) y tan solo el 5 por ciento se destina a inversión. El rubro de pensiones supera los 9 billones de pesos.

10. Educación versus defensa, los tiempos cambiaron  

Gran parte de la explicación de que el país viva esta discusión con tal intensidad es que llegaron  otros tiempos. Luego de la firma del proceso de paz, muchos temas que no tenían prioridad se convirtieron en el eje de la discusión del país, como sucede en cualquier democracia en la que no existe el conflicto armado. La educación es quizás el sector en el que se vive con más intensidad ese giro. El rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Martínez, por ejemplo, propone quitarle un billón de pesos a defensa y pasárselo a educación, ciencia, tecnología y medioambiente. “Seguir aumentando presupuesto para defensa en un contexto diferente no tiene mucho sentido desde nuestro punto de vista”, dice. Esa misma tesis fue la que sostuvo Gustavo Petro en su intervención en la plaza de Bolívar. El argumento de gastar más en la educación del futuro que en la guerra del pasado inspira y convoca a muchos.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/lecciones-que-deja-la-multitudinaria-marcha-por-las-universidades-publicas/586436

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Presidente de Venezuela reivindica derecho a la educación superior

América del sur/Venezuela/11 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy el compromiso de garantizar el acceso pleno a la educación superior, gracias a las políticas implementadas durante las últimas dos décadas por el Gobierno revolucionario.

A través de un mensaje en la red social Twitter, el mandatario destacó los avances alcanzados en el sector educacional tras la llegada al poder de la Revolución bolivariana en 1999.

‘Los logros alcanzados en materia universitaria durante dos décadas de Revolución son únicos, en contraposición a la privatización de universidades públicas en países con sistemas capitalistas y neoliberales. ÂíEn Venezuela, el derecho a la educación está garantizado!’, aseguró el jefe de Estado.

Maduro precisó en una reciente alocución desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) que en los últimos 20 años el Gobierno de Venezuela fundó 45 centros de altos estudios de carácter público.

A propósito del comienzo esta semana del período lectivo 2018-2019 en la educación superior, el presidente venezolano indicó que la matrícula en ese nivel de enseñanza asciende hoy a más dos millones 853 mil estudiantes, saldo superior en cinco puntos porcentuales respecto al curso anterior.

Señaló el mandatario que el 78 por ciento del estudiantado cursa sus carreras en las 69 universidades públicas existentes en la nación sudamericana.

Significó además que Venezuela invierte en el sector educacional el 7,5 por ciento del Producto Interno Bruto y el 10 por ciento del presupuesto global.

Maduro abogó por mantener la inversión pública en todos los niveles de enseñanza, así como alinear la formación de profesionales con las necesidades del desarrollo económico de la nación sudamericana.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=218479&SEO=presidente-de-venezuela-reivindica-derecho-a-la-educacion-superior
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Paro estudiantil: las universidades públicas, cortas de recursos

Por: Semana Educación

El problema de fondo radica en que la forma de distribuir los recursos para universidades e instituciones técnicas y tecnológicas nunca cambió. ¿Hay forma de superar esta crisis?

Es cierto que el sector educativo cada vez tiene más peso en el presupuesto. Con el paso de los años ha aumentado el monto de recursos que se destina a esta cartera, de modo que entre 2010 y 2018 la inversión general para la educación pasó de 20,8 billones a 37,5 billones y por primera vez se destinaron más recursos para la educación que para la defensa.

Sin embargo, el sector sigue en déficit. Frente a la realidad, los recursos siguen siendo insuficientes y eso se traduce en dificultades financieras para las instituciones educativas públicas, que las han llevado a pedir auxilio y a manifestar su descontento.

Rectores, docentes y estudiantes saldrán a marchar este 10 de octubre en todo el país. Su argumento es que el déficit presupuestario de las universidades públicas es de 3,2 billones de pesos (solo para poder cumplir con el pago de docentes y gastos administrativos) y de 15 billones si se quiere mantener la calidad e infraestructura.

Pese a que sí hay un claro problema de desfinanciación, la falta de inversión se explica por varias razones que van más allá de la cantidad de recursos que se destinan en el presupuesto. Semana Educación lo explica.

Cobertura

A pesar de que la cobertura para el caso de las universidades públicas aumentó 284 por ciento entre 1993 y 2016, pues pasaron de tener 159.218 estudiantes a 611.800, los aportes que le da la nación a las entidades territoriales se continúan calculando sin tener en cuenta este crecimiento. ¿Por qué? La Ley 30 de 1992, que regula las transferencias de la nación a las universidades, ajustó los recursos con base en el Índice de Precio al Consumidor (IPC). Eso quiere decir que no hay un crecimiento del recurso, sino una corrección del dinero año tras año.

Vea en video las 10 razones por las cuales salen a marchar las universidades públicas

A eso se le suma que el presupuesto nacional asignado a educación superior pasó de destinar a las universidades públicas 55,7 por ciento en 2002 a 37 por ciento en 2016. Por lo tanto, Fernando Noreña, coordinador de la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE, asegura que “la fórmula establecida en la Ley 30 de 1992 ha conllevado a que las transferencias de la nación hayan disminuido significativamente en la financiación de los presupuestos de las universidades públicas, teniendo que financiar el resto con recursos propios, lo que representa un riesgo de operación para estas”.

Los ajustes

Del total del presupuesto que la nación gira a las universidades, el rubro que más ha incrementado son los servicios personales, debido al aumento de cobertura, al sistema salarial y prestacional docente (Decreto 1279 de 2002); además, por el cumplimiento de sentencias en materia prestacional para docentes ocasionales, catedráticos y administrativos. Esto ha llevado a que las universidades, para atender los gastos de funcionamiento, “tengamos que reducir costos disminuyendo la participación de los docentes de planta, pasando en un promedio general de 75 por ciento de profesores de planta en 1993 a solo 34 por ciento a la fecha. Los docentes ocasionales son el 27 por ciento y los de cátedra, el 3 por ciento”, explica Noreña.

A esto se le añade un factor que hace más presión a las universidades, según Javier Botero, especialista de Educación Superior para Latinoamérica del Banco Mundial: “El salario va incrementando si los profesores de planta se forman en doctorado, maestría o si realizan alguna especialización, ya que estas premian con incrementos salariales la formación docente”.

A la fecha, 52 por ciento de los maestros de planta tiene maestría, 37 por ciento tiene doctorado, 8 por ciento especialización y 3 por ciento solo cuenta con formación universitaria. Pero, además, las universidades también están obligadas a otorgar puntos salariales si sus profesores de planta producen artículos científicos. “El Decreto 1279 de 2002 fue una medida que obviamente ha incrementado la producción científica, pero a costa del presupuesto de las universidades porque es un rubro que los aportes de la nación no reconoce”, expresa Botero.

¿Y la calidad?

Ahora, todo este esquema de financiamiento que no da abasto tiene un elemento adicional que no se ha tenido en cuenta. En este momento, el sistema universitario, en palabras de Noreña, no tiene presupuesto para mejorar las brechas de calidad de sus instituciones. Eso quiere decir que están atados de manos en cuanto a proyectos de infraestructura física, tecnología, bases de datos, etcétera, pues son temas que requieren inversiones adicionales periódicas que no están planteadas en ninguna parte.

Efectivamente, para cerrar esas brechas de calidad, el SUE realizó un estudio en el que se asegura que para que las universidades actualicen y fortalezcan sus estándares de calidad, se necesitan alrededor de 15 billones de pesos. “Le planteamos al gobierno la importancia de tener estrategias de inversión que nos ayuden a mitigar la problemática. De esas conversaciones nació en 2015 el impuesto sobre la renta para la equidad, CREE”, explica Noreña.

A partir de este impuesto ya existente y planteado en la Reforma Tributaria como Impuesto a la Renta y Complementarios, se dispuso alrededor de 325.000 millones de pesos anuales para realizar inversiones que empezaron a generar un impacto muy positivo en las IES desde 2015. Sin embargo, estos recursos comenzaron a destinarse prioritariamente a programas de créditos y becas. Según Noreña, “en la presente vigencia, solo se asignaron a las universidades públicas 100.000 millones de pesos de 650.000 millones recaudados, es decir 12,7 por ciento; el resto se invirtió en becas y créditos”. Para el presupuesto de 2019, a la fecha no existe partida en el anteproyecto de presupuesto que hace trámite en el Congreso de la República.

Eso mismo ocurrió con los recursos del 40 por ciento de medio punto del IVA establecidos en el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 para el financiamiento de la educación superior pública, por el cual las IES públicas esperaban recibir cerca de 460.000 millones, tal como lo estableció la ley. Sin embargo, de allí se obtuvieron 195.000 millones de pesos que han permitido financiar parte de las necesidades descritas, pero los 270.000 millones restantes fueron nuevamente destinados a costear programas de becas-crédito.

¿Cómo siguen aguantando?

A pesar de que el gobierno saliente facilitó esta adición presupuestal para suavizar la falta de recursos, la comunidad académica asegura que aún son insuficientes, pues su evolución es inminente. Necesitan presupuesto para el impulso a la investigación, la formación de sus docentes, los programas de movilidad e internacionalización y la ampliación de la oferta educativa, en especial de doctorados.

Pero si las universidades están en bancarrota, ¿cómo siguen funcionando? Según Botero, es muy probable que las instituciones de educación superior estén haciendo las cosas mejor. Es decir, que ahora sean más eficientes y más profesionales con la manera de administrar y gestionar el recurso. “O que, por otra parte, ese déficit no sea del todo real, porque entonces no habrían aguantado más de 20 años”.

Sin embargo, algunos rectores consultados dicen que se han mantenido gracias a otras fuentes de financiación. Por ejemplo, las estampillas prouniversitarias que son impulsadas por los departamentos y aprobadas por el Congreso para invertir en infraestructura. En el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por medio de esta estampilla recibió 1 por ciento de los contratos del Distrito hasta 2018, eso significó 200.000 millones de pesos más. “Ahora, con la nueva estampilla, contamos con el 1,1 por ciento, pero esta vez se incluyó a la Nacional”, explicó Ricardo García, rector de la Distrital. Los otros recursos provienen de servicios de consultorías y de otras estrategias que no representan una fuente permanente.

No todos los departamentos tienen los mismos recursos que Bogotá. Por lo tanto, algunos de los expertos consultados aseguran que es necesario revisar el esquema de financiación de la educación superior. No obstante se requiere un cambio de raíz, es decir, reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el fin de hacer una ampliación de la base presupuestal: el IPC más un porcentaje adicional. Pero, aunque esta es una discusión necesaria, es escandalosa, ya que al tocar esta ley se abre la puerta a otros cambios más difíciles de abordar como la calidad y la autonomía universitaria. Esto quedó demostrado con la propuesta de reforma fallida del expresidente Juan Manuel Santos en 2011.

A la luz de un nuevo gobierno, Botero asegura que este esquema que hoy asfixia las universidades públicas y a las instituciones técnicas y tecnológicas se puede reformar sin tocar la Ley 30. Por el momento hay una propuesta, que será presentada en los próximos meses por el Banco Mundial ante el MEN, tiene como objetivo hacer más eficientes los recursos e incrementarlos. Aunque Botero prefirió no dar más información por el momento, es claro que el sistema no da espera. Las manifestaciones ya se han empezado a sentir.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-explicacion-del-paro-estudiantil-del-10-de-octubre/586227

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Venezuela inaugura universidad de telecomunicaciones e informática

América del sur/Venezuela/11 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

El Gobierno de Venezuela inauguró hoy la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática, para sumar 45 centros de altos estudios fundados en las últimas dos décadas por la Revolución bolivariana.
La nueva institución docente contará con una matrícula de mil 200 alumnos en régimen presencial y más de 20 mil en la educación a distancia, informó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en reunión de trabajo desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo).

A propósito del comienzo este martes del período lectivo 2018-2019 en el nivel universitario, el jefe de Estado destacó la apertura del enclave docente, de carácter público y gratuito, para formar profesionales con vocación de servicio.

Indicó el mandatario que la referida universidad experimental incluye las carreras de gestión de operaciones satelitales, especialización en automatización, gestión y robótica, interoperabilidad y diseño de datos.

Maduro subrayó la importancia de potenciar instituciones de este tipo para colocar al país a la cabeza de la innovación y alcanzar la independencia tecnológica.

El presidente de Venezuela anunció que este martes comenzó el curso escolar en las universidades del país, con una matrícula total de dos millones 853 mil 520 estudiantes, saldo superior en cinco puntos porcentuales respecto al período lectivo anterior.

Recordó el mandatario que el 78 por ciento del estudiantado cursa sus carreras en las 69 universidades públicas existentes en la nación sudamericana, 45 de ellas fundadas en las últimas dos décadas por el Gobierno revolucionario.

Precisó además que Venezuela invierte en el sector educacional el 7,5 por ciento del Producto Interno Bruto y el 10 por ciento del presupuesto global.

Maduro abogó por mantener la inversión pública en todos los niveles de enseñanza, así como alinear la formación de profesionales con las necesidades del desarrollo económico de la nación sudamericana.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=217997&SEO=venezuela-inaugura-universidad-de-telecomunicaciones-e-informatica
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Colombia no quiere educar a los pobres

Por Germán Manga

La movilización que impulsan las 32 universidades públicas para que se atienda la grave crisis económica que enfrentan, subraya la urgencia de que el nuevo gobierno emprenda los profundos cambios que necesita la educación en Colombia.

Cada año 300.000 colombianos, en su mayoría pertenecientes a las familias más pobres, terminan bachillerato y no tienen ninguna posibilidad de ingresar a la universidad.

En nuestro país la educación gratuita y de alta calidad es un derecho universal, pero solo en la letra de la colección de sueños irrealizables que es nuestra Constitución Política. Solo 33 por ciento de los niños menores de 6 años, reciben educación inicial. De cada 100 que ingresan a primaria apenas 39 terminan el bachillerato. En la dura realidad, el único camino asegurado para recibir educación -sobre todo de calidad- en Colombia, es ser rico, poderoso, tener influencias y contactos, o ser excesivamente afortunado, casi tanto como los que se ganan las loterías o el Baloto.

Pocos conocen mejor esa realidad -sus motivos profundos, sus duras expresiones, sus trágicas consecuencias- que los rectores, los profesores, demás trabajadores y alumnos de las 32 universidades públicas que hay en el país, 85 por ciento de cuyos estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3-.  Por eso están organizando una gran movilización el próximo 10 de octubre. Nada más prioritario ni urgente en la agenda colectiva que enderezar el rumbo de nuestro maltrecho y abandonado sistema educativo.

El gran deterioro del funcionamiento y de las finanzas de las universidades públicas viene de la Ley 30 de 1992, que ató el crecimiento de los presupuestos al índice de Precios al Consumidor, lo cual generó un creciente desfase entre los ingresos y el valor de las obligaciones en calidad y cobertura. También les congeló la planta de profesores y las obligó a financiar parte de sus actividades con recursos propios.

25 años después, el resultado en lo económico es desastroso. En 1993 los aportes de la nación a las universidades públicas representaban 73 por ciento sus recursos y para el año 2016 habían disminuido a 48 por ciento. Por ese motivo las universidades que se encargan de educar a la mayoría de los colombianos más pobres están en la ruina, con buena parte de sus edificios, aulas y mobiliarios deteriorados, equipos obsoletos, enormes carencias en recursos educativos y un cúmulo de obligaciones y necesidades que hasta ahora no logran atender. El Sistema de Universidades Estatales SUE reporta a la fecha, un déficit de 434.874 millones de pesos para terminar de cumplir las obligaciones de este año y un desfinanciamiento acumulado de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones de pesos en inversión.

La Reforma Tributaria de 2016 incluyó posibles soluciones a esta crisis y destinó recursos que después fueron desviados al Icetex y 4 billones de pesos al programa Ser Pilo Paga. El remedio terminó por agravar la enfermedad.

El panorama en cuanto a educación técnica y tecnológica es aún peor. Debería ser la instancia clave para articular la educación con las necesidades del desarrollo, para formar para el trabajo a centenares de miles de colombianos marginados del sistema educativo pero el gobierno apenas destina a la educación técnica superior, el equivalente a la cuarta parte de la inversión que reciben las universidades.

Nuestra educación técnica es una de las más atrasadas del continente en cuanto a cobertura y calidad. Por falta de recursos, de voluntad política, de responsabilidad con los estudiantes colombianos, integrar el sistema de educación terciaria (técnica, tecnológica y universitaria) como lo plantean las normas, no pasa de ser una quimera. Tampoco ahí hay oportunidades para los colombianos más pobres. Para los que más necesitan.

Lo sorprendente y loable es que, aún en condiciones tan adversas, las universidades públicas han cumplido cabalmente su labor. Más de la mitad cuentan con Acreditación Institucional de Alta Calidad y, con base en generar recursos propios, han alcanzado logros tan sobresalientes como aumentar en 124 por ciento la cobertura entre los años 2000 y 2018. Además de que la mayoría de sus estudiantes son los colombianos más pobres, las universidades públicas son las únicas que están presentes en las regiones más vulnerables del país.

Por todo lo anterior es crucial que el Estado y toda la sociedad pongan fin a la indolencia y a la indiferencia frente a este tema que acapara las claves del progreso y de un futuro mejor para los colombianos. El nuevo gobierno debe asumir con máxima seriedad el reto de atender la crisis -no solo de las universidades públicas- y emprender los profundos cambios que necesita la educación en Colombia -en presupuestos y organización, en currículums, en calidad, en cobertura, en inversión en ciencia y tecnología, en formación de maestros, etc., etc.-. Seguimos muy rezagados respecto de los demás países de nuestra región y del mundo y la meta de ser en el año 2025 “el país más educado de Latinoamérica” no pasa de ser un mal chiste.

Oportuna la movilización de las universidades públicas que ojalá logre la atención y el respaldo de la población. Como hay que apoyar a la ministra María Victoria Angulo en la abolición del programa Ser Pilo Paga. Es indefensable que un país como el nuestro, con uno de los menores porcentajes de inversión en educación superior de América Latina, destine a un club de universidades de élite, -para educar 40.000 estudiantes de ese programa-, el mismo presupuesto que destina a universidades estatales para atender más de 600.000. Intensivo, arrogante, impúdico al respecto, el lobby de la Universidad de los Andes, en defensa de las rentas de esa figura “hecha en casa” que perpetúa los privilegios con base en mantener a las mayorías en la ignorancia. “Por la plata baila el mono” dice el refrán, algo que por lo visto también es verdad en algunos sectores de la educación superior.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/opinion/articulo/problemas-de-la-educacion-superior-en-colombia-columna-de-german-manga/585735
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Huelga de hambre de docentes de universidades públicas en Colombia

América del sur/Colombia/04 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

Profesores de universidades públicas de Colombia anunciaron una huelga de hambre por tiempo indefinido desde la próxima semana, en reclamo de mayores recursos para ese sector de la enseñanza superior.
Los docentes, entre los que se encuentran algunos exrectores, alegaron que la educación en el país pasa por una crisis financiera que es visible en las 32 universidades públicas de Colombia.

‘No hay como pagar nóminas’; es posible que no lleguemos a diciembre, alegaron los manifestantes, quienes hicieron ver su preocupación en carta dirigida al presidente del país, Iván Duque, y al Congreso de la República.

Insistieron en el derecho a la educación superior de calidad para más de 620 mil estudiantes del sistema de educación pública superior.

A juicio de los profesores universitarios, el acápite de educación dentro del proyecto de presupuesto general de la República, a debate en el Congreso, debe recibir una mayor inyección financiera y en materia de inversión.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=215538&SEO=huelga-de-hambre-de-docentes-de-universidades-publicas-en-colombia
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Le llegó la hora a las universidades públicas regionales

Por: Julián de Zubiría

Ante la suspensión del programa Ser Pilo Paga, el país tiene una oportunidad de oro: invertir esos recursos en las universidades públicas regionales para garantizar el derecho a la educación de más estudiantes, crear nuevos polos de desarrollo y construir la paz.

Los medios de comunicación han hecho creer a muchas personas que las universidades públicas, supuestamente, son de calidad baja y alto costo para el Estado. Lo dicen y lo repiten; y todos sabemos que las mentiras y las medias verdades que se reiteran tienden a creerse como verdades y a hacer parte de las narrativas culturales. Sin embargo, esa afirmación sobre nuestras universidades encuentra poco sustento en la realidad.

El imaginario que han creado los medios es que las universidades públicas permanecen cerradas por huelgas, que los semestres se alargan y se cancelan, que son centros de adoctrinamiento terrorista, que los jóvenes aprenden poco y que le cuestan mucho dinero al Estado. De cara a este supuesto, hay que hacer conciencia de que existe un claro interés en un sector económico y político del país por apoderarse de los recursos de la universidad pública. Ser Pilo Paga fue un buen ejemplo de esta estrategia. Lo mismo ya pasó en el país con la salud, las pensiones, el transporte y diversos sectores económicos. En las pensiones, por ejemplo, antes de captar ingenuos que se trasladaran del sector público al privado, inundaron los medios de mentiras y difamaciones contra el seguro social. Dijeron que se iba a acabar, que era inviable y que terminaría quebrado. El objetivo era uno solo: atemorizar a la población para presionar su traslado a los fondos privados. La estrategia ha sido casi siempre la misma: el miedo como arma oculta. Hoy vemos miles de profesionales que comenzaron a recibir pensiones de miseria, equivalentes a salarios mínimos, mientras los grandes grupos financieros acrecientan su capital.

Algo similar están intentando hacer con la educación pública. Ya iniciaron la estrategia. En la mayor parte de los medios de comunicación debilitan, estigmatizan y desprestigian a la universidad pública. El objetivo es uno solo: controlar sus recursos y apoderarse del mercado.  La estrategia es la misma: el miedo.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que resulta difícil comparar la calidad de universidades que trabajan con jóvenes de estratos, contextos socioculturales y regiones diferentes. En sentido estricto, no son comparables porque trabajan con individuos con capitales sociales y culturales demasiado diversos. También resulta poco pertinente comparar universidades con niveles de especialización y énfasis diferentes (técnica, pregrado, maestría o doctorado). Sencillamente, no es posible. Si no se tiene en cuenta lo señalado, la comparación y los rankings resultan totalmente arbitrarios, como actualmente está sucediendo en nuestro medio.

Lo segundo que hay que considerar es que dos instituciones se podrían comparar por múltiples criterios y que hay que tener en cuenta cuál resulta más pertinente para el fin buscado.

En contra de lo que suele creer la mayoría de la población, en la Universidad Nacional no se ha suspendido un solo semestre desde hace 19 años, pero los medios siguen dando la idea de que allí no hay continuidad académica. Es más, no hubo ningún cierre de más de un día durante los cinco años que duró el proceso de paz, pero los medios no registran estas noticias. ¿Por qué será?

Para hacernos creer que las privadas son de mayor calidad que las públicas, los medios masivos de comunicación recurren a los resultados de las pruebas SABER PRO, en las cuales es más alta la presencia de las universidades privadas de élite en los lugares destacados.  Pero resulta que de todos los indicadores con los que cuenta la sociedad, éste sería el menos pertinente para evaluar la calidad de una institución de educación superior por una razón muy sencilla: no tiene en cuenta el nivel en el que ingresaron los estudiantes. Sería similar a que, en una competencia de 100 metros, eligiéramos a los ganadores permitiendo que algunos de los corredores salieran 80 metros adelante y otros 50, en tanto que a la mayoría se le exigiera partir desde la raya. Eso lo saben los medios de comunicación, los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los directivos de las instituciones. Sin embargo, lo ocultan para favorecer a las privadas de élite que seleccionan sus estudiantes en el quintil más alto según los resultados de las pruebas SABER 11.

Para corregir el problema de las pruebas SABER PRO, que no tienen en cuenta el nivel de las competencias con las que ingresan los estudiantes, se han creado las pruebas de valor agregado. Las creó el propio MEN. El problema es que las mantiene bajo llave, cuando deberían ser de acceso público. Éstas establecen la diferencia entre el valor alcanzado al ingresar a la universidad y el que obtiene al salir. Es sensiblemente mejor que tener sólo en cuenta el valor alcanzado en SABER PRO, ya que nos permite ver cuáles son las que más logran impactar a sus estudiantes en lectura crítica, y razonamiento cuantitativo. Como son las mismas competencias en SABER once y SABER Pro, podemos ver qué tanto agrega la universidad en cada una de las competencias.

Si tuviéramos en cuenta las pruebas creadas por el propio MEN, de las cinco universidades que más valor agregan en lectura crítica, tres de ellas son públicas y dos privadas. Es de destacar que algunas de las universidades más famosas del país son desplazadas a lugares muy bajos de la tabla, en tanto que otras, relativamente poco conocidas, ascienden muchos puestos. Lo anterior sucede porque la mayoría de las privadas muy famosas reciben estudiantes con un puntaje muy alto en SABER 11 y terminan agregando muy poco valor, en tanto algunas universidades oficiales reciben estudiantes con bajos puntajes SABER 11 y bajo capital cultural, los cuales logran mejorar de manera significativa durante su tránsito por la universidad. La excepción la constituyen dos universidades oficiales: la de Antioquia y la Nacional, las cuales, aunque reciben estudiantes con puntajes relativamente altos en SABER 11, adicionalmente, agregan mucho valor.  Este es el listado creado por el propio MEN:

Si usáramos como criterio el construido por Sapiens Research Group, el de las universidades que más apropian socialmente el conocimiento, para el año 2018, ocho de las diez mejores universidades serían públicas y la lista la encabezarían la Nacional y la de Antioquia. Si utilizáramos el criterio de procesos de innovación e investigación que construye el SCimago, el más respetado por los investigadores y el cual combina indicadores de publicaciones, investigadores y patentes; para el año 2018, nuevamente tres de las cinco universidades son públicas y la lista la siguen encabezando la Universidad Nacional y la de Antioquia. Un solo dato ilustrativo: la Nacional cuenta con 585 grupos de investigación reconocidos por Colciencias y, en el año anterior, alcanzó 1.451 artículos publicados en revistas indexadas.

Sin embargo, el criterio más importante sigue siendo el valor agregado, ya que ese es el sentido más importante de una universidad: garantizar que el trabajo que se realice en sus aulas impacte de manera profunda y estructural en las maneras de pensar, sentir y actuar de los estudiantes. En estas pruebas, para el caso de lectura crítica –como hecho muy significativo– las universidades que alcanzan mayor impacto son las universidades públicas.

Las anteriores reflexiones son esenciales si se tiene en cuenta que el gobierno de Iván Duque acaba de suspender el programa Ser Pilo Paga, mediante el cual se venían transfiriendo de manera masiva los recursos públicos hacia unas muy pocas universidades privadas. Ojalá el nuevo gobierno escuche el clamor de profesores y estudiantes de las universidades públicas. La mayoría de ellas se encuentra en asamblea permanente, exigiendo el derecho a la educación. La desfinanciación de las universidades públicas está tocando fondo, mientras, equivocadamente, veníamos invirtiendo cerca de un billón de pesos anuales en tan solo el 2% de los egresados de la educación media. Ningún padre de familia que tenga cien hijos, alimenta bien a los dos mayores, en tanto les da agüepanela con pan a todos los demás. El Estado colombiano lo ha estado haciendo.

En Colombia, el 90% de los jóvenes que pertenecen al estrato uno no continúan sus estudios en la educación superior. Cada año, 300.000 jóvenes que culminan su educación media frustran sus sueños y se ven condenados a continuar en la pobreza y la marginalidad. El gobierno de Juan Manuel Santos brindó apoyo tan sólo a 10.000 de ellos cada año. A este paso nos demoraríamos más de un siglo para poder garantizar el derecho a estudiar de la gran mayoría de la población.

La invitación al nuevo gobierno es a que, con los mismos recursos de Ser Pilo Paga, se decida a apoyar cada año a 40.000 jóvenes en las universidades públicas regionales. Si seleccionamos unas seis de ellas y las fortalecemos con recursos económicos, con excelentes estudiantes de las regiones aledañas; si les quitamos estas universidades a los caciques políticos, si las cualificamos a nivel administrativo y si impulsamos profundos procesos de renovación pedagógica –contando con el apoyo de las extraordinarias universidades públicas nacionales–, lograremos consolidar el derecho a la educación de cada vez más jóvenes pobres en el país.

La enorme ventaja es que el país cuenta con excelentes universidades oficiales que están agregando mucho valor y que, si las impulsamos, nos ayudarán a fortalecer el derecho a la educación, a crear nuevos polos regionales de desarrollo y a construir la paz. Sin duda, “sí se puede” y tenemos ahora una oportunidad de oro para hacerlo: la supresión del programa Ser Pilo Paga. Esos recursos le pertenecen a la educación y allí deben seguir, sólo que ahora tendrán impactos sociales y educativos significativamente mayores al invertirlos en las universidades públicas regionales.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-importancia-de-invertir-en-las-universidades-publicas-para-el-desarrollo-y-la-paz-de-colombia/582956

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