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¿Y la evaluación diagnóstica?

Por: Sergio Martínez Dunstan

«¿Cuándo darán a conocer el plan de trabajo sobre la evaluación diagnóstica?»

En la colaboración pasada preguntaba: ¿en dónde está o qué avances presenta el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización del magisterio? Refería que en la reforma educativa del 2019, y con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del artículo tercero constitucional, se contempló la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua. Su regulación se estableció en la ley secundaria correspondiente así como la del organismo que lo coordinaría — la Comisión Nacional de Mejora Continua (Mejoredu) — y el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. En el artículo 14 obliga a las autoridades en la materia a tomar en cuenta los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en la ley respectiva. En días recientes, la Mejoredu anunció el Acuerdo de Cooperación con la USICAMM para tal fin en su cuenta oficial de twitter, (http://bit.ly/3V2Ki7E), el pasado dieciocho de noviembre.

En este sentido, los cuestionamientos planteados en el artículo de opinión de la autoría de quién esto escribe, hoy más que nunca, cobran vigencia.

¿quién o quiénes son los responsables que los maestros no hayan podido aún ejercer su derecho constitucional de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y de actualización?

El marco jurídico considera que el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización debe retroalimentarse por evaluaciones diagnósticas sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del Sistema Educativo Nacional con la finalidad de contar con una respuesta que promueva una acción de mejora en la educación. Es decir, la evaluación diagnóstica es concebida como una evaluación al mismísimo Sistema Educativo Nacional. Considera al menos cuatro etapas:

  1. Diagnóstico
  2. Implementación
  3. Seguimiento
  4. Evaluación

De igual manera, adelanta que la evaluación valoraría la observancia de las responsabilidades sobre la atención de las autoridades educativas a las problemáticas de las escuelas y los avances de las políticas para el cumplimiento de las obligaciones.

También señala que las evaluaciones diagnósticas tendrían como objetivo el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión para detectar las fortalezas e identificar sus áreas de oportunidad las cuales serían atendidas a través del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización.

Asimismo, menciona que el personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, con funciones de dirección y supervisión, en la educación básica y media superior que imparta el Estado será objeto de una evaluación diagnóstica con la finalidad que reciba formación, capacitación y actualización profesional.

A la luz de lo legalmente establecido, y analizado en los párrafos antecedentes, bien valdría insistir en los cuestionamientos:

¿Cuál es el diagnóstico acerca del perfil profesional del magisterio tomando como referencia los resultados obtenidos en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en el marco del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros?

¿Qué saben y qué son capaces de hacer quienes desempeñan funciones docentes, técnicos docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnico pedagógica para el desempeño de sus funciones?

¿En dónde está la evaluación diagnóstica? ¿cuál es su concepción y diseño? ¿se ha piloteado? ¿se ha implementado? ¿a quiénes se ha evaluado? o ¿Cuándo serán evaluados las maestras y los maestros para esos fines? ¿qué resultados se han obtenido? ¿cuáles son los hallazgos para fines de política pública en materia educativa? ¿cuándo se darán a conocer los resultados globales e individuales de la evaluación diagnóstica? ¿cuáles son sus avances? si ese fuera el caso, ¿por qué no han sido presentados?

¿Dónde están los criterios para valorar el diseño, la operación los programas de formación, capacitación y actualización?

¿Y las recomendaciones del Mejoredu a la luz del análisis de los resultados de las evaluaciones derivados de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del Sistema para la Carrera de la Maestras y los Maestros?

Algunos tuiteros externaron otras preocupaciones: V. gr., @mariieales ¿cómo se acometerán las ineficacias halladas? y @Guirierumo ¿quién va a recopilar y a informar sobre los resultados de las evaluaciones diagnósticas? ¿cómo? ¿será un proceso público y transparente? Más las que se vayan acumulando. Por ejemplo: ¿cuándo tendrán el diseño ¿cuándo darán a conocer el plan de trabajo sobre la evaluación diagnóstica?

El avance más notorio sobre el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización presentado por la Mejoredu lo representa el Acuerdo con la USICAMM a través del cual informan la recepción de los “resultados de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del ciclo escolar 2022-2023 para fortalecer los programas de formación, capacitación y actualización de los maestros” (http://bit.ly/3V2Ki7E). Ha transcurrido mucho tiempo para este resultado. Ello ocurre a más de tres años de haberse aprobado la Ley Reglamentaria del Artículo 3º constitucional en materia de mejora continua de la educación.

Al paso de tortuga que llevan, tanto la USICAMM como el Mejoredu, cabría esperar que suceda primero la conclusión de la administración pública gubernamental antes que garantizarle a los docentes su derecho constitucional de acceder a un Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización.

¿Y la evaluación diagnóstica? Bien, gracias. Mientras tanto el magisterio sufre por su ausencia porque de acuerdo con la ley, sin evaluación diagnóstica no habrá formación inicial o continua de naturaleza alguna.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Del Programa Nacional de Carrera Magisterial a la USICAMM

Por: Lucía Roble

El proceso de precarización salarial del magisterio

A continuación, describiré brevemente cada etapa del programa por incentivos implementado a la par de la Ley General de Educación de 1993, que comienza a gestarse un par de años atrás de la implementación de la llamada gestión “neoliberal” en nuestro país.

Este esquema de promoción por incentivos es similar al de la iniciativa privada para aumentar la productividad y disminuir la rotación de personal. En el sistema educativo la productividad no es tangible, pero con este programa se pretendía elevar la calidad de la educación, responsabilizando a los docentes de los bajos niveles educativos obtenidos en las evaluaciones internacionales, siendo que, por la falta de asignación de recursos federales suficientes, hasta la fecha continúan estos resultados, pese al esfuerzo y la entrega de los trabajadores de la educación.

Este esquema ha permitido al Estado evadir la responsabilidad de asignar un salario digno a todos los docentes y ha violado el Artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo que dice “a trabajo igual desempeñado en puesto jornada y condiciones de eficiencia también iguales debe de corresponder salario igual”. También ha servido como pretexto para ir privatizando la educación, para obtener mejores resultados educativos

Como mencionamos más arriba, el Programa Nacional de Carrera Magisterial surge en 1993, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, con Elba Esther Gordillo Morales a la cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), siendo Ernesto Zedillo Ponce de León titular de la Secretaría de Educación Pública, quien posteriormente sería presidente de la república. Este programa vino a desplazar el sistema de escalafón tradicional y el esquema básico que asignaba puntajes diferenciales a los maestros según su preparación.

Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal (en la misma función), de participación voluntaria e individual, integrado por cinco niveles de estímulos. No contemplaba el ingreso ni la promoción vertical (a otra función). Aunque en teoría era voluntario su ingreso, muchos docentes terminaban optando por ingresar debido que era de las pocas formas en las que podían percibir un incremento salarial.

Este programa consideraba 6 factores con un puntaje específico qué determinaba la calificación final. Si las condiciones eran favorables al trabajador, como tener un puntaje elevado de la suma de los factores evaluados y que existieran los recursos suficientes, le tomaba 16 años llegar al último nivel. A los maestros que trabajaban en zonas empobrecidas les tomaba mucho menor tiempo si continuaban laborando en esas escuelas.

Este programa de estímulos, aparentemente ventajoso para el docente, es el inicio de la precarización salarial que actualmente padecemos e implicó estrés y sacrificio del magisterio ya que tenían que invertir tiempo que debían de dedicar a sus familias o descansar para tomar los cursos en fines de semana o contra turno, en un proceso incierto y poco objetivo. El Estado, al ver que un buen número de maestros accedía a los últimos niveles (lo que implicaba desembolsar más recursos para cubrir los compromisos adquiridos con el magisterio), endureció aún más el proceso. Por cierto, en este periodo los docentes recibían 2 incrementos anuales: uno el primero de enero según el salario mínimo, y el otro el 15 de mayo por el Día del Maestro, por negociación del sindicato.

Al final del Programa de Carrera Magisterial vino un período implementado en el ciclo escolar 2011-2012 por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, siendo titular de la secretaría de educación Alfonso José Ricardo Lujambio Irazábal. Este último, con Elba Esther Gordillo todavía al frente del SNTE, idearon lo que yo llamo “serpientes y escaleras”, ya que los niveles obtenidos en el proceso debían ser refrendados, y de no lograr la puntuación mínima de 70, el docente bajaba de nuevo al nivel anterior nivel. No se podía salvar de la evaluación, ya que, si no se presentaba para quedarse con el estímulo obtenido, éste era retirado.

Es importante señalar que aprovechaban los puntos de quiebre entre cada programa para no convocar para esa etapa, por lo que, en el año de cambio con el nuevo sistema de promoción, no hubo posibilidad de ascenso salarial para los docentes, ahorrándose las autoridades ese recurso.

Durante la presidencia de Calderón, los docentes perdieron varios bonos, como el que les daban al final de cada sexenio. Los incrementos salariales ya eran únicamente los acordados por el sindicato el Día del Maestro, pero eran similares al incremento del salario mínimo.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, se encarceló a Elba Esther Gordillo y se nombró a Juan Díaz de la Torre como Secretario General del SNTE, siendo Emilio Chuayffet secretario de educación y posteriormente Aurelio Nuño. Durante este periodo, se aprobó en tiempo récord la Reforma Educativa y se estableció la Evaluación de Desempeño obligatoria para todo aquel que fuera convocado. De no presentarla o salir insuficiente, perdía su plaza, sin responsabilidad alguna para el patrón.

A todas luces está reforma fue punitiva y laboral estableciéndose una lucha encarnizada de los docentes, oponiéndose a esta ley que atropellaba todos sus derechos conquistados. Dicha Reforma establecía que, de sacar un resultado destacado, el docente tenía la opción de inscribirse a un programa llamado Servicio Profesional Docente de promoción horizontal o vertical. Además, la Reforma hablaba de un sistema de estímulos (K1, K2, etc.). Sin embargo, no se aplicó cómo estaba estipulado y se obtenía el K1 solo con la evaluación de desempeño obligatoria.

Otra de las afectaciones qué sufrimos los docentes con este programa fue qué los estímulos ya no eran parte del sueldo base, sino que se manejan como un “bono adicional”, qué se disfruta estando activo, pero al momento de la jubilación no forma parte de la pensión, disminuyendo nuestro salario.

A partir de este programa también se establece el proceso y requisitos para el ingreso o incorporación de docentes al servicio educativo. Se establecen factores similares, a los que se les asigna determinados puntajes, pero también depende del recurso asignado la posibilidad de los maestros para mejorar sus ingresos.

Con Peña Nieto, se realiza la desindexación del salario mínimo y se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no existiendo diferencia entre ésta y el salario mínimo y los incrementos salariales. A pesar de que esta unidad de medida no fue creada para salarios, los incrementos anuales empezaron hacer menores que el salario mínimo.

La Cuarta Transformación no resolvió el problema

Al llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador nombró Secretario de Educación a Esteban Moctezuma Barragán, aunque en lo que va del sexenio han desfilado por dicha secretaría al menos dos titulares más. A su llegada, el Secretario General del SNTE es Alfonso Cepeda Salas. Aunque había en campaña prometido que de la Reforma Educativa no iba a quedar “ni una coma”, ha quedado en evidencia que la precarización laboral contra el magisterio, al igual que ocurre con el resto del proletariado, se mantiene.

Durante su gobierno se estableció la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). En este nuevo programa de incentivos, se establece tener 2 años de servicio para empezar a participar e ir ascendiendo gradualmente a cada uno de los 8 niveles, permaneciendo en cada uno 4 años, lo que implica que para llegar al último nivel, que representa un incremento salarial significativo, el docente tiene que someterse a un proceso desgastante, poco objetivo y poco transparente para obtener un resultado lo suficientemente bueno cada vez que le toque promover, siempre y cuando existan los recursos económicos asignados a nivel federal para tal promoción. Por lo tanto, al docente le tomará 34 años de servicio llegar al último nivel.

Tal vez disfrute un año o más todo ese salario, pero en el momento de jubilarse, al no estar en su sueldo base, se jubila con un salario de plaza inicial, sin que se reconozcan todos esos años y dinero invertidos. Ni siquiera llegará al tope establecido por las distintas instituciones de seguridad social para la pensión, actualmente de 8 UMAS en el ISSSTE[1]. Es importante señalar que, si se llega al último nivel de promoción, cuando uno se jubila por el tope existente, disminuye un 60% aproximadamente lo que se recibe de pensión cuando nos retiramos. Eso tal vez explicaría por qué muchos maestros prefieren seguir trabajando para no ver mermados sus ingresos. Por cierto, si están con cuentas individuales o en AFORE, la situación empeora.

Es importante señalar que, tanto en el Servicio Profesional Docente como en el USICAMM, el costo los cursos que se requieren corren por cuenta de los docentes, a diferencia de lo que ocurría en Carrera Magisterial, pues la secretaría los proporcionaba de manera gratuita.

Cómo puede verse este proceso para que los maestros obtengan mejores ingresos es engañoso e injusto. Ha precarizado el salario de un gran porcentaje de excelentes maestros, ha dividido a los trabajadores en categorías y, de esta forma ha desarticulado cualquier movimiento de lucha, ya que, al estar enfocados de manera individual por ganar un poco más, se pierde el sentido de solidaridad de clase, la visión de que todos somos trabajadores y merecemos un salario digno.

La Reforma Educativa continúa igual o peor a la anterior, por lo tanto, el Sistema de Evaluación Docente o USICAMM debe de desaparecer, para que el Gobierno asuma su compromiso de proporcionar salario digno y capacitación permanente, en horario laboral a todos los trabajadores de la educación.

Actualmente la precarización salaria ha aumentado y el poder adquisitivo es cada vez menor. Los incrementos salariales anuales ya no son en el mismo porcentaje de incremento del salario mínimo, este año ni siquiera fueron igual a la inflación. No queda otro camino que organizarnos para seguir exigiendo un salario justo que permita una vida digna para todos los trabajadores de la educación quienes hemos visto aún más disminuidos nuestros ingresos durante este gobierno que resultó ser tan enemigo del magisterio como los anteriores.

[1] En el caso del ISSTEY, en Yucatán, el tope es de $43,000.

Fuente de la información e imagen:  https://chaksaastal.wixsite.com

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La USICAMM reproductora de injusticias: el caso de los docentes de secundaria

Por: Israel Moreno Salto

«Asombrosamente, los gremios sindicales que deberían estar al pendiente de los derechos laborales de sus nuevos agremiados simplemente brillan por su ausencia.»

Una de las piedras angulares de la reforma educativa de Peña Nieto fue sin duda la creación y operación del Servicio Profesional Docente (SPD). Posterior a su caída en el 2019 se irguió sobre sus ruinas la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), cuya misión era fungir como una especie de acción afirmativa que repararía las injusticias causadas por su antecesor. Desafortunadamente, a la fecha persisten grandes injusticias y desigualdades en la entrega de plazas a docentes de nuevo ingreso. Esta nota pondrá énfasis en el caso de secundaria, sin embargo, se reconoce que cada nivel tiene sus propias sutilezas al respecto.

¿A qué desigualdades me refiero? mientras que a los aspirantes seleccionados a ingresar al servicio público docente en los niveles de preescolar y primaria se les otorga una plaza equivalente a 20 horas, a los docentes de secundaria comúnmente solo se les permite elegir un módulo. Es importante notar que estos varían de asignatura en asignatura y de un centro de trabajo a otro, sin embargo, pueden llegar a ser de hasta dos horas a la semana en el caso de los docentes de artes o educación física.

Hace algunas semanas fui testigo de la asignación de plazas de nuevo ingreso en secundaria. En este proceso, se les informó a los aspirantes que solo tenían derecho a elegir un módulo por persona. La asignación fue variada y para nada equitativa: mientras que algunos docentes lograron obtener 16 horas, otros se quedaron solo con seis horas a pesar de haber logrado los primeros lugares en la lista de prelación. Este suceso me hizo recordar mi participación en el concurso de ingreso a secundaria por medio del examen de Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en el periodo de Calderón. En ese entonces, aunque logré obtener el segundo lugar en la lista de prelación únicamente se me ofrecieron dos módulos de cuatro horas, uno en una escuela a las orillas de mi ciudad y el otro en un ejido.

Los hechos descritos anteriormente sugieren que la ACE del PAN, el SPD del PRI y la USICAMM de MORENA, además de compartir la ideología de la meritocracia también reproducen y legitiman desigualdades de manera similar entre los docentes de nuevo ingreso. Al respecto, las autoridades del USICAMM argumentan que estas injusticias se generan por las propias necesidades del servicio educativo, no obstante, se puede apreciar que existe un desinterés de su parte por buscar alguna propuesta de mejora. Asombrosamente, los gremios sindicales que deberían estar al pendiente de los derechos laborales de sus nuevos agremiados simplemente brillan por su ausencia.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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La desvalorización de la asesoría pedagógica en la Nueva Escuela Mexicana

Por: Fernando David García Culebro

 

En los albores de un nuevo marco curricular en la educación básica del sistema educativo mexicano y ante el desafío de los/las docentes de una formación pedagógica basada en un paradigma diferente en el que la mayoría del magisterio fue formado, es lamentablemente incongruente en la Nueva Escuela Mexicana, la desvalorización evidente de la Asesoría Pedagógica.

Lo anterior, puede constatarse, en que ningún trabajador/a de la educación básica que se encuentre adscrito a una supervisión escolar con clave de docente o directivo en la función de asesoría pedagógica, puede participar en algún tipo de ascenso, ya sea vertical u horizontal y, también, se considera al nombramiento de forma temporal y sin clave.

¿No es esto acaso, una enorme incongruencia ante las necesidades formativas que presenta la nueva propuesta curricular de la SEP?, que si bien es cierto, estos espacios formativos, no deberán ser presentados en formato de capacitación, sino más bien, en diálogo de saberes que propicien una verdadera autonomía profesional e impulse hacia la autonomía escolar; la figura del o la asesora pedagógica es desde mi entender, trascendental, para el acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento del trabajo docente.

En palabras de la propia SEP esta labor consiste en:

 Acompañar, apoyar, asesorar y recomendar a los colectivos docentes conforme a las necesidades de mejora de las prácticas educativas detectadas, a partir de las evidencias, observaciones, visitas y requerimientos expresados por estos colectivos, así como de los procesos y resultados de aprendizaje de los educandos y favorecer experiencias de aprendizaje. Además de formación que incidan en la transformación de las prácticas educativas con la finalidad de mejorar el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la escuela [1]. (SEP, 2020, P.9).

Por ende, existe una enorme necesidad de fortalecer las funciones de asesoría pedagógica, generando las condiciones para que lo mencionado por la SEP, citado en el párrafo anterior, se lleve a cabo como se sugiere.

En ese mismo sentido, en consideración de la  Consulta Nacional, realizada en agosto de 2018, por el equipo de transición del gobierno de AMLO, el 48 por ciento de las escuelas más pobres de nuestro país corresponde a la modalidad multigrado” y, por consiguiente, planteaba el entonces, secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán: “la necesidad de  elaborar un modelo para la educación en esa modalidad” [2].

¿A caso, no son los asesores pedagógicos de las zonas escolares que por su cercanía a los y las  docentes de escuelas con esas características, las personas más apropiadas para ser parte de esa estrategia nacional para Multigrado?, ¿Cuál es la estrategia nacional para fortalecer la función de asesoría pedagógica?

Aunque en el discurso se menciona reiteradamente la valorización docente y el valor de la asesoría pedagógica, en la práctica, se realiza lo contrario, con sobrecargas de actividades administrativas a quienes realizan esta función, con los recortes de personal adscrito a las supervisiones escolares y con la exclusión en  la participación para todo tipo de ascenso, vertical u horizontal.

En relación a ello, en la consulta nacional, mencionada en párrafos anteriores, la voz de los y las maestras pidió “reducir carga administrativa, pues consumen hasta el 50% del tiempo (sin precisar si es tiempo de vida, del día, de la jornada de trabajo, del mes, del año…) para responder solicitudes de información de terceros” [3].   Cuatro años después de dicha consulta, los avances en ese tema han sido mínimos. Y dicha carga, nuevamente, descansa sobre los hombros de Asesores Pedagógicos en las supervisiones escolares.

Por ello, considero que en las mesas y asambleas de análisis del nuevo marco curricular, debe estar presente este tema. No estoy a favor de un sistema meritocrático impulsado por la USICAMM, sino más bien, a favor de crear los entornos para potenciar dicha función en el sistema educativo mexicano  que garantice condiciones como: permanencia en el cargo y, una verdadera descarga administrativa.

El rol del/la asesor/a pedagógico está atravesado por una serie de actividades que no corresponden a la razón de ser de este nombramiento y merece ser revisado minuciosamente por la SEP y las asambleas de análisis.

Para ese análisis, es imprescindible considerar que si las supervisiones escolares no cuentan con personal suficiente dedicado a las labores de carácter administrativas, por ende, se tendrá como consecuencia, lo que sucede actualmente en la realización de actividades que no corresponden al nombramiento del asesor/a pedagógico.

Por su parte, la ausencia de garantías en la permanencia en la función, impide un vigorizado seguimiento de la praxis educativa de cada zona escolar. Situación que contradice a las necesidades formativas y de transformación educativa, planteadas en el nuevo marco curricular 2022.

 En suma, y citando a Joel Orozco: “la respuesta no es ofertar esta función con carácter temporal, sino darle el verdadero valor académico – pedagógico dentro de las estructuras educativas tanto estatales como federal, respetando sus derechos y mejorando sus garantías laborales”[4]. Así, como proveer las condiciones para que ésta se desarrolle de la mejor manera posible.

Finalmente, quiero hacer notar que omití la palabra Técnico, al mencionar el nombramiento en Asesoría Técnica Pedagógica, porque me parece, que es un concepto también incongruente con el nuevo modelo educativo, su epistemología y sus propuestas de cambio en lo formativo. Lo anterior, tomando en consideración que debemos sustituir la idea de capacitación, por algo más congruente a las Pedagogías Críticas y las Educaciones Populares.


Referencias bibliográficas:

[1] Joel  Orozco, https://profelandia.com/en-la-nueva-escuela-mexica-los-atps-pa-cuando/

[2] Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza,     https://insurgenciamagisterial.com

[3] Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza,          https://insurgenciamagisterial.com

[4] Joel  Orozco, https://profelandia.com/en-la-nueva-escuela-mexica-los-atps-pa-cuando/


 

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En la Nueva Escuela Mexica ¿Los ATPs pa’ cuándo?

Por: Joel h. Orozco

«El Asesor Técnico Pedagógico es esa figura que con sus recursos económicos, con su ética y con su voluntad, siempre se encuentra al tanto de todos los cambios pedagógicos y educativos para poder contribuir, apoyar y ayudar a todos los docentes de su zona.»

Últimamente se habla mucho de la Nueva Escuela Mexicana y del Plan Curricular 2022 a implementarse en el ciclo escolar 2023 – 2024, como parte de la transformación educativa que necesita nuestro país, como si ésto fuera la cura para todos los problemas que existen en él. Éste cambio de paradigma educativo, que empezaremos a vivir en los próximos años, con grandes deficiencias en la infraestructura escolar, con enormes problemas de rezago y abandono educativo post-pandemia, una revalorización magisterial que sólo ha quedado en el discurso y en la politiquería de la SEP. Con grandes pendientes que resolver, por ejemplo; el programa de Escuelas de Tiempo Completo, la estabilidad de los compañeros que pertenecen al Programa Nacional de Inglés (PRONI), falta de prestaciones y derechos laborales perdidos y olvidados por el SNTE, además de incongruencias, desigualdades y problemas en la Unidad para el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) tanto nacional, como en cada unidad estatal.

Otro pendiente, que por varios años ha sido postergado y que cabe destacar, en ningún lado de la Nueva Escuela Mexicana se aborda, son los Asesores Técnico Pedagógicos, que desde la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), le otorgó sustento académico y administrativo dentro de las estructuras educativas estatales y federal, ya que por algún tiempo, estas plazas fueron por comisión o de encargo sindical. LGSPD dio carácter y fundamento legal para que los ATPs estuvieran adscritos a las zonas escolares con la finalidad de apoyar en lo concerniente a lo académico y a lo pedagógico a supervisores, a directivos, a docentes y principalmente a los alumnos, como se menciona a continuación:

Acompañar, apoyar, asesorar y recomendar a los colectivos docentes conforme a las necesidades de mejora de las prácticas educativas detectadas, a partir de las evidencias, observaciones, visitas y requerimientos expresados por estos colectivos, así como de los procesos y resultados de aprendizaje de los educandos y favorecer experiencias de aprendizaje. Además de formación que incidan en la transformación de las prácticas educativas con la finalidad de mejorar el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la escuela. (SEP, 2020, P.9).

 

Con la promulgación de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (LGSCMM) y con la derogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), ésta figura educativa ha quedado al margen, debido a que sólo son tomados en cuenta cuando la carga administrativa o académica sobre pasa las estructuras de cada secretaría de educación estatal, para apelar a su trabajo en la capacitación o en la puesta en práctica de programas de pilotaje, ya que muchas veces, hacen funciones que no son acordes a lo que en verdad deben atender en sus zonas escolares. No olvidemos que una de las promesas de la política educativa actual, menos carga administrativa, sigue siendo una farsa y quienes están resintiendo estas cuestiones son los supervisores, los directivos (más aun los que están frente a grupo) y los ATPs que, aunque muchas autoridades no lo quieran reconocer, hacen tareas de índole administrativa y se enajenan en el discurso inverosímil de que dicha función es respetada y valorada en todos los aspectos.

Sin embargo, el nuevo plan curricular 2022 y la puesta en marcha de la NEM, así como la USICAMM, tienen deudas pendientes con los ATPs, por un lado, existen generaciones que aún no han sido basificados y que no tienen la categoría definida, para ser precisos, tercera y cuarta generación. Debido a la derogación de las leyes pasadas y a situaciones que atañen a la falta de voluntad de algunos gobiernos estatales, los cuales se lavan las manos echándole la culpa a falta de techo financiero, inconsistencias administrativas y legales con la SEP. También existen ATPs que no cuentan con bono de movilidad para realizar la asesoría, el acompañamiento y brindar una orientación pedagógica a las escuelas que lo necesitan y que requieren mejorar los resultados académicos o para contribuir en la consolidación de todos aquellos programas educativos que la mayoría de las veces, no son puestos en práctica por falta de capacitaciones que impacten o que sean de provecho al no invertir en una verdadera actualización magisterial, debido a reducciones económicas por parte de las autoridades estatales y federales. Es aquí, donde el ATP, con su empereza académica; es fundamental para ser el enlace entre las reformas educativas, trabajo que no es fácil, debido a que la realidad en las escuelas es el lado opuesto al discurso reformista que impera sexenio tras sexenio. El Asesor Técnico Pedagógico es esa figura que con sus recursos económicos, con su ética y con su voluntad, siempre se encuentra al tanto de todos los cambios pedagógicos y educativos para poder contribuir, apoyar y ayudar a todos los docentes de su zona.

No olvidemos que en el ámbito de formación continua y desde los cursos de inducción a su categoría, no han recibido adecuadas capacitaciones para mejora en su devenir académico, son pocos los diplomados, los talleres o los cursos que la mayoría de las veces le sirven para mejorar su función. ¿Qué podemos decir del incentivo de promoción horizontal?, donde se encuentran en el mismo grupo de desempeño que los supervisores y los directores, una situación desleal e injusta, debido a que la mayoría del presupuesto de éste incentivo se reparte entre estas autoridades educativas. Aspecto que es totalmente contrario en promoción vertical, donde queda por debajo de un directivo de acuerdo al organigrama por ascenso. Situación que pone de manifiesto que ésta figura, en algunas situaciones si es tomada en cuenta y para otras no, siendo relegada a conveniencia de recursos económicos, de intereses laborales o caprichos políticos que sólo buscan denostar el trabajo del Asesor Técnico Pedagógico.

La mística de la Nueva Escuela Mexicana, que es el enfoque humanista, también debería de llevarse al ámbito laboral, pues existen puntos de desencuentro donde quedan pendientes de resolver inconsistencias por la gran mayoría del magisterio nacional; como un aumento salarial a cuenta gotas, falta de seguridad social, pérdida de derechos laborales, mejores condiciones de las escuelas y las diversas situaciones de los Asesores Técnico Pedagógicos en todo el país, quienes en los próximos meses serán los encargados de llevar a buen puerto las actualizaciones programadas para el Plan Curricular 2022. Sin embargo, ¿Quién más para actualizar o capacitar en los próximos años?, ¿Jefes de sector o de nivel, supervisores, directivos o docentes? todos los anteriores con una inmensa carga administrativa. La respuesta no es ofertar esta función con carácter temporal, sino darle el verdadero valor académico – pedagógico dentro de las estructuras educativas tanto estatales como federal, respetando sus derechos y mejorando sus garantías laborales, porqué si hablamos del tema educativo en un gobierno donde la austeridad republicana a lacerado los recursos que se invierten, también la educación tendría que ser de índole de seguridad nacional, así como lo es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Fuente de la información:  https://profelandia.com

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Muchas felicidades, maestra Delfina

Por: Erick Juárez Pineda

 

«Vaya usted tranquila, maestra Delfina, que de todos modos parecía que la SEP no tenía titular.»

Vaya usted tranquila, maestra Delfina. Las elecciones en el Estado de México son un asunto de prioridad nacional.

Puede ir con la conciencia tranquila; la Secretaría de Educación Pública cumplió su función como trampolín político – electoral.

 

Le felicito ampliamente, aunque los maestros queden esperando la tan ansiada revalorización del magisterio.

Puede tomarlo con calma. No importa que se haya quedado a la mitad el desarrollo de uno de los elementos más importantes de transformación del sistema educativo nacional: el aterrizaje de la propuesta del nuevo marco curricular.

No pasa nada si se siguen vulnerando los derechos laborales; si la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) sigue perpetuando la precariedad laboral o si continúan con procesos opacos en la asignación de plazas o de promoción horizontal y vertical.

No importa si se quedan pendientes los problemas de pago de hace varios meses de las y los maestros del Programa Nacional de Inglés, del programa Prepa en Línea o de las Universidades Benito Juárez. Al fin y al cabo los pueden correr a todos, contratar nuevos y así se resuelve el problema.

Evite desgastarse en cosas mínimas como la falta de infraestructura básica en las escuelas; en que muchas de ellas no tienen baño, energía eléctrica o techos. Váyase olvidando que siguen dañadas por los sismos o huracanes que sucedieron en otros sexenios. Eso ya no le toca.

Maestra Delfina: ya no vale la pena pensar que durante la pandemia, las y los niños perdieron entre 1.3 y 2.1 años de aprendizaje y se estima que al menos 802 mil menores dejaron de inscribirse a la escuela básica.[1]

No se preocupe, que de todos modos nadie se va a acordar que durante la emergencia sanitaria el gasto educativo se redujo en 1.3% en términos reales[2] y que en lugar de asignar un presupuesto para programas sólidos de reducción de rezago educativo[3], se repartió dinero en efectivo para que se gaste con particulares, al puro estilo neoliberal.

Tampoco piense en los pendientes de la educación especial, las escuelas de tiempo completo, las escuelas multigrado, los estudiantes indígenas, los niños jornaleros agrícolas, los materiales educativos, la profesionalización y formación docente, el olvido de los sindicatos hacia sus agremiados o el abandono a las escuelas normales…

Vaya usted tranquila, maestra Delfina, que de todos modos parecía que la SEP no tenía titular.

Twitter: @elErickJuárez

[1] https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/08-Monroy-Gomez-Franco-Velez-y-Lopez-Calva-2021.pdf

[2] https://ciep.mx/gasto-publico-en-educacion-ppef-2021/

[3] https://elpais.com/mexico/opinion/2022-08-04/mexico-educacion-publica-sos.html#Echobox=1659582059

Fuente de la información: https://profelandia.com

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México: Pide USICAMM asignar plazas de acuerdo a los listados nominales y pide combatir corrupción

La titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestro (Usicamm), Adela Piña Bernal, solicitó  a las autoridades educativas de las entidades federativas asignar plazas con los participantes que se encuentren en los listados nominales ordenados de acuerdo con los resultados emitidos.

Lo anterior, en seguimiento al desarrollo de los procesos de admisión y promoción en Educación Básica y Media Superior del ciclo escolar 2022-2023, ya que el objetivo es asignar escuelas, en tiempo y forma, a maestras y maestros previo al inicio de clases.

Piña Bernal exhortó a las entidades federativas a otorgar plazas de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Enfatizó que la asignación se lleve a cabo bajo la observancia de los principios de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad, atendiendo a las diferencias regionales y locales.

Recordó que todas las plazas vacantes para funciones docentes, técnicos docentes, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión deberán estar publicadas en los portales oficiales de las autoridades educativas en cada entidad.

Recalcó también que es necesario que las plazas vacantes se registren en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas (Satap), que puede ser consultado en https://bit.ly/3ze8YQI

Piña Bernal recordó que con ello se cumple el objetivo de priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso a la educación.

Finalmente, la titular de Usicamm recordó que el pasado 11 de julio se publicaron los resultados de los procesos de promoción vertical en Educación Básica de las 32 entidades federativas, los cuales se pueden consultar a través de la página electrónica https://bit.ly/3Ji0Ymq conforme a los principios que rigen los procesos del Sistema para la carrera de las Maestras y los Maestros.

Fuente de la información e imagen:  https://www.educacionfutura.org
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