Cómo los dogmas neoliberales están obstaculizando la resolución de la pandemia

Estamos inmersos en una de las mayores crisis sociales y económicas que el mundo haya vivido jamás. La evidencia científica que apoya tal observación de la realidad es abrumadora. Indicador tras indicador (desde los de mortalidad de la población hasta los de empleo) muestran el enorme dolor y sufrimiento que la pandemia está causando. Y la gente lo sabe.

Los niveles de cansancio, frustración y enfado que la mayoría de la población está alcanzando en gran parte de los países a los dos lados del Atlántico Norte preocupa en gran medida a los mayores centros de reflexión de los establishments económicos y financieros, así como a los fórums políticos y mediáticos que les son afines en cada país.

De lo que no se habla en los debates sobre la pandemia

Y, en consecuencia, está teniendo lugar un gran debate y discusión sobre cómo responder a esta pandemia. Pero en este debate se empiezan a tocar temas que eran intocables hasta ahora. Me explicaré. Hay un dato que no se aborda en tales fórums políticos y mediáticos y que, sin embargo, es de una gran importancia. Sabemos ya cómo controlar, contener y, por lo tanto, superar la pandemia. Disponemos de los conocimientos científicos y de los recursos necesarios para solucionar algunos de los mayores problemas que existen y evitar tantas muertes. Es más, conocemos cómo podría controlarse la pandemia para recuperar cierto grado de normalidad. El lector debería conocer esta realidad. La ciencia sabe hoy cómo podría ir resolviéndose. Y no me refiero solo a la ciencia virológica y epidemiológica y otras ciencias básicas en salud pública, sino también a las aplicadas, como las ciencias sociales y económicas. Sé de lo que hablo. Soy también profesor de la Johns Hopkins University, incluida su bien conocida Escuela de Salud Pública, desde donde se realizan los bien conocidos estudios sobre la pandemia, conocidos y citados a nivel internacional. Y le puedo asegurar que sí, se sabe cómo controlar la pandemia. Sabemos, por ejemplo, que no podrá haber recuperación económica sin antes contener la pandemia. Ignorar lo segundo para corregir lo primero, como hizo la administración Trump, ha llevado a un desastre económico, social y de salud. No hay ningún país que lo haya conseguido. De nuevo, hay miles de datos que muestran el gran error de ignorar esta realidad. Ahora bien, el lector se preguntará: ¿si conocemos cómo controlar la pandemia y tenemos los recursos para hacerlo, por qué no se hace? Y otra pregunta que deriva de la anterior es: ¿por qué los medios no están informando sobre ello y los gobiernos no están actuando?

El silencio ensordecedor sobre por qué no se resuelve lo que es resoluble

La respuesta al último interrogante es fácil de conocer, y tiene que ver con la ideología y cultura dominantes en estos países, lo que dificulta ir más allá de lo que el pensamiento hegemónico permite considerar. Uno de estos obstáculos es, por ejemplo, el sacrosanto «dogma de la propiedad privada», que se considera fundamental para la pervivencia del orden social, marcado este último por otro dogma, el de las también sacrosantas «leyes del mercado» como mejor sistema de asignación de recursos. Estos dogmas rigen el comportamiento de los establishments político-mediáticos de la mayoría de grandes países a los dos lados del Atlántico Norte, y han jugado un papel esencial en obstaculizar el control de la pandemia.

Un claro ejemplo de ello. El porqué de la escasez de las vacunas

Tal y como indiqué en un artículo reciente ¿Por qué no hay suficientes vacunas anti-coronavirus para todo el mundo?, Público, 30.12.20, el mayor problema que existe en el control de la pandemia hoy en el mundo es la falta de las vacunas contra el coronavirus, escasez que incluso se da en los países considerados ricos a los dos lados del Atlántico Norte, lo cual es absurdo, pues los países ricos (y, por cierto, un gran número de países pobres tienen los recursos para producir tales vacunas). En realidad, el desarrollo de la parte más esencial en la producción de las vacunas más exitosas (Pfizer y Moderna) se ha hecho con fondos públicos, en instituciones públicas, en los países ricos (y, muy en especial, en EEUU y en Alemania). Esto lo reconoce nada menos que el presidente de la Federación Internacional de Industrias Farmacéuticas, el Sr. Thomas Cueni, en un artículo publicado en el New York Times hace unas semanas, «The Risk in Suspending Vaccine Patent Rules», 10.12.20, en el que afirma que «es cierto que sin los fondos públicos de agencias [instituciones públicas del gobierno federal estadounidense] como la U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority o del ministerio federal alemán de Educación e Investigación, las compañías farmacéuticas globales no habrían podido desarrollar las vacunas COVID-19 tan rápido». El Sr. Cueni podría haber añadido que ello ocurre también con la mayoría de grandes vacunas que se han ido produciendo desde hace muchos años (véase el artículo citado anteriormente para ver los millones de dólares y euros públicos invertidos). La parte fundamental en el desarrollo de cualquier vacuna es el conocimiento básico, que suele investigarse en centros públicos o con fondos públicos de investigación sanitaria y salubrista. La industria farmacéutica, que sin este conocimiento básico no podría desarrollar las vacunas, utiliza dicho conocimiento para avanzar en su dimensión aplicada, es decir, la producción de las vacunas. Pero lo que el presidente de tal federación internacional olvida mencionar es que, además de utilizar el conocimiento básico que los Estados han financiado, esos mismos Estados ofrecen a las farmacéuticas un gran regalo al garantizarles el monopolio en la venta del producto durante muchos años, que pueden llegar hasta veinte, lo que les asegura unos beneficios astronómicos (los más elevados del sector empresarial de cualquier país).

Ahí está el origen de la escasez de vacunas. Es tan simple como esto. La propiedad intelectual, garantizada por los Estados y por las leyes del comercio internacional y sus agentes, es la que crea una escasez «artificial» de vacunas, lo cual genera unos beneficios astronómicos a costa de no tener suficientes vacunas para paliar las graves consecuencias de la pandemia y prevenir la muerte de millones de seres humanos.

¿Qué podría hacerse?

Lo más lógico sería, que, como ha propuesto Dean Baker (el economista que ha analizado con mayor detalle, rigor y sentido crítico la industria farmacéutica internacional), los Estados que ya financiaron el conocimiento básico expandieran su intervención para incluir, además del conocimiento básico, el aplicado, produciendo ellos mismos las vacunas, lo cual sería mucho más barato (puesto que no habría que incluir en los costes de producción los enormes beneficios empresariales).

Y el lector se preguntará: ¿por qué no se hace lo que parece lógico? Pues la respuesta también es fácil. Por el enorme poder político y mediático de la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional. Dean Baker documenta muy bien la naturaleza de estas conexiones (ver el vídeo «Dean Baker On Beating Inequality & COVID-19: Tackle Patent and Copyright Monopolies», 20.01.21, The Analysis News). En realidad, entre un gran número de expertos en salud pública en EEUU hay una postura generalizada de que el legítimo objetivo del mundo empresarial privado de poner como principal objetivo el conseguir optimizar sus beneficios económicos debería limitarse o incluso rechazarse en las políticas públicas que tienen como objetivo el optimizar la salud y minimizar la mortalidad. Esta percepción deriva del hecho que el propio EEUU muestra claramente que la privatización de la sanidad, gestionada por empresas con afán de lucro (que es la situación más común en aquel país), ha provocado un enorme conflicto entre los objetivos empresariales y la calidad y seguridad de los servicios. EEUU es el país que tiene un mayor gasto en sanidad (la mayoría, privado), y en el que hay más gente insatisfecha con la atención recibida, con un 32% de la población con enfermedades terminales preocupada por cómo sus familiares pagarán por su atención médica. La optimización de la tasa de ganancias es un principio insuficiente y enormemente peligroso para la salud de la población (la escasez de vacunas es un ejemplo de ello).

¿Estamos o no estamos en una situación de guerra, como se dice?

El lenguaje que constantemente utilizan las autoridades que están imponiendo enormes sacrificios a la población es un lenguaje bélico. Estamos luchando, se nos dice, «en una guerra contra el virus» (que la ultraderecha cataloga de «chino», intentando recuperar la Guerra Fría, sustituyendo la URSS por China). En realidad, en EEUU el número de muertes por COVID-19 es mayor que el número de muertes causadas por la II Guerra Mundial. Lo que ocurre es que los que así hablan no se lo creen. Es un recurso que utilizan para forzar un control de los movimientos de la población (lo cual me parece lógico y razonable), pero, en cambio, siguen conservando meticulosamente los dogmas liberales de la propiedad privada y las leyes del mercado, dogmas dejados de lado en el pasado en situaciones de guerra de verdad. ¿Cómo puede justificarse que los gobernantes de las instituciones de la UE (la mayoría de los cuales son conservadores y liberales) respeten el copyright de las empresas farmacéuticas que han producido la vacuna contra el coronavirus? Durante la II Guerra Mundial toda la producción industrial se orientó a la fabricación del material de guerra necesario. ¿Por qué no se hace ahora lo mismo? Si se forzara la producción masiva de tales vacunas por parte de las empresas farmacéuticas en todos los países o en grupos de países, se podría vacunar rápidamente a la población no solo de los países ricos, sino de todo el mundo.

Como era predecible, la Unión Europea, desde su Parlamento hasta la Comisión Europea y sus otros órganos de gobierno (la mayoría gobernados por partidos conservadores y liberales), se ha opuesto a ello, pues es cautiva de sus dogmas, que ya han demostrado ser fallidos durante el período neoliberal y que, a pesar de su gran fracaso, continúa siendo dominantes en los establishments político-mediáticos a los dos lados del Atlántico Norte. Al menos en EEUU, la nueva administración federal del gobierno Biden, presionado por la comunidad científica (y por las fuerzas progresistas dirigidas por Bernie Sanders), está hablando de forzar a la industria farmacéutica a anteponer el bien común a los intereses particulares. Veremos si se lleva a cabo. Sería bueno que pasara lo mismo en Europa. Ni que decir tiene que las derechas de siempre -desde Trump hasta las derechas de España (incluyendo Catalunya)- acusan a los que quieren forzar dicha producción de «sociocomunistas». Pasa en todo el mundo. De ahí que la ciudadanía debería movilizarse para cuestionar tanto dogma que está haciendo tanto daño a la población. Animo a los lectores a que se organicen y envíen textos y cartas de protesta a tales instituciones, pues de poder hacerse sí que se puede. Lo que ocurre es que su dogmatismo y creencias les impiden verlo.

Fuente: https://rebelion.org/como-los-dogmas-neoliberales-estan-obstaculizando-la-resolucion-de-la-pandemia/

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La vacuna anti-COVID promueve el debate de la sociedad planetaria

Por: Sergio Ferrari

En los últimos días la vacuna contra el SARS-CoV-2 se convirtió en una vedette mediática, casi al mismo nivel que las elecciones en los Estados Unidos o la segunda ola pandémica europea.

El 9 de noviembre las empresas Pfizer-BioNTech anunciaron el resultado positivo de su vacuna en preparación en un 90% de los casos probados. Dos días más tarde, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto de Investigación Gamaleya comunicaron que su vacuna Sputnik-V había resultado eficaz en un 92% de los testeos realizados. Y el lunes 16 del mismo mes fue el turno de Moderna de comunicar un porcentaje de éxito del 94.5% de las pruebas efectuadas. Anuncios todos que trajeron un suspiro de alivio en la perspectiva de mediano plazo de la actual crisis sanitaria.

Tres razones confluyentes lo explican. La primera, la gente. El enorme interés de una gran parte de la población mundial -especialmente de Europa y de América – agotada por la pandemia y que no ve ninguna puerta de salida sin la vacuna. La segunda, los negocios. La gran industria farmacéutica sabe que el medicamento preventivo anti-COVID-19 le aportará beneficios incalculables dada la dimensión global de la demanda. Y, la tercera, el poder político. El entusiasmo de los gobiernos de las naciones golpeadas por la pandemia, que ven en la vacuna la lámpara de Aladino de la estabilidad sanitaria. Y la esperan como el único descongestionante potencialmente efectivo para la grave crisis. La gobernabilidad se ve amenazada por este cataclismo sanitario-económico-social.

La nueva “ética”

«Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”, enfatizó un grupo de expertos de las Naciones Unidas en asuntos de derechos humanos al pronunciarse públicamente el 9 de noviembre. El comunicado de prensa apareció casi en paralelo con el de las empresas Pfizer-BioNTech a través del cual informaron sobre los resultados positivos de su vacuna en un 90% de las pruebas realizadas.

Estos expertos intentaban recordar que el acaparamiento de ese fármaco por parte de los países que cuentan con más recursos económicos, o que proclaman un nacionalismo extremo que los lleva a ignorar cruelmente las necesidades del resto del mundo, “no tiene lugar en la lucha contra la pandemia”. La advertencia-denuncia se dirigió hacia “algunos países que están tratando de monopolizar cualquier futura vacuna contra el COVID-19” y hacia las empresas farmacéuticas que “tienen la responsabilidad de no anteponer las ganancias a los derechos de las personas a la vida y a la salud”.

Con el trasfondo planetario de más de 1.319.000 muertos (al 16 de noviembre), producto del coronavirus; el azote de la segunda ola europea, cuyo impacto ya supera al de la primera;  y el reflejo  instintivo del sálvese quien pueda, esas personalidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intentaron reforzar el debate ético sobre el valor igualitario y universal de la vida humana.

Reflexión que, a escala nacional, se instaló en algunos países de la región con respecto a la selección de los pacientes graves en sistemas hospitalarios colapsados. ¿Quién tiene más *derecho* de sobrevivir entre dos enfermos en igual situación médica si ambos dependen de un solo respirador artificial o un mismo equipo de entubamiento? Los científicos de la Academia Suiza de Ciencias Médicas, a instancias del Gobierno federal, acaban de actualizar las directivas sobre el tipo de atención para los pacientes graves si se diera el colapso hospitalario. En la práctica: a quiénes se atenderá en cuidados intensivos y a quiénes se destinarán al sector paliativo para una muerte casi segura. Todo esto genera una reflexión ética semejante a la discusión en puertas sobre la distribución prioritaria, la venta y la aplicación futura de la vacuna.

Este debate es lo que, en un plano más global, intentaron provocar los diversos relatores, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo de la división de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con su comunicado del segundo lunes de noviembre.

Según este grupo de trabajo, “parece que, lamentablemente, algunos gobiernos se han comprometido a garantizar vacunas solamente para sus ciudadanos. Las políticas de salud y adquisiciones aislacionistas están en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”.

Por tal razón, dicho grupo, le pidió a la comunidad internacional que sostenga la iniciativa COVAX, que procura garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata del “mecanismo clave que permitiría que todos los países participantes tengan acceso a la vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz”.

Según el derecho internacional, subraya el grupo de trabajo de la ONU, el acceso a cualquier vacuna y tratamiento para el COVID-19 debe estar al alcance de todos los que lo necesiten… especialmente aquellos países en situaciones vulnerables o que viven en la pobreza.

Convoca, además, a incrementar la cooperación y la asistencia internacional entre los países desarrollados y en desarrollo a fin de garantizar un intercambio generalizado de tecnologías sanitarias y conocimientos sobre las vacunas y el tratamiento para el COVID-19 en general.

Finalmente, les recuerda a las empresas farmacéuticas que tienen la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales y que no deben anteponer sus ganancias a los derechos humanos a la vida y la salud, lo que implica aceptar límites y restricciones razonables a sus patentes.

La sociedad civil toma la palabra

Desde el estallido de la pandemia diferentes voces de la sociedad civil internacional han estado advirtiendo sobre las desigualdades de acceso a equipos médicos, materiales de protección y medicamentos en general. En un futuro inmediato, esta disparidad también podría expresarse también con la vacuna. Aun cuando es un hecho que el virus golpea por igual a ricos y pobres, estos expertos anticipan que la factura más abultada a nivel global será pagada por los sectores de menores recursos.

Un grupo concentrado de naciones ricas ya había comprado en septiembre de este año más de la mitad de las dosis en preparación de las vacunas contra el COVID-19, informó OXFAM. La ONG estima que se producirán unos 5.900 millones de dosis en una primera etapa, cantidad que sería suficiente para unos 3.000 millones de personas dado que las cinco empresas, que en septiembre tenían mayor probabilidad de éxito, coincidían en la necesidad de dos dosis por persona. El documento se refería a los proyectos en marcha en fase 3 –es decir, de testeo amplio previo a la comercialización– de AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac.

Hasta este momento, afirma la OXFAM, se había negociado la adquisición de 5.300 millones de dosis, de las cuales 2.700 millones (51%) han sido encargadas por países, territorios y regiones que representan el 13 % de la población mundial. Incluyendo a los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Hong Kong y Macao, Japón, Suiza e Israel. Países en vías de desarrollo, como India, Bangladesh, China, Brasil y México, entre otros, compraron las 2.600 millones dosis restantes o se comprometieron a hacerlo.

Los Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, ya habían reservado en septiembre 800 millones de dosis de seis diferentes fabricantes. La Unión Europea, con 450 millones de habitantes, había encargado 1.500 millones de dosis, según diversas fuentes informativas. Al día siguiente de conocerse el comunicado del 9 de noviembre de la Pfizer, la Unión Europea se abalanzó para asegurar 300 millones de dosis suplementarias.

Al lanzar su campaña internacional “Exigimos que la vacuna sea gratuita para todo el mundo” (https://actions.oxfam.org/international/covid-19-vaccine/petition/es/ ), OXFAM analizó el mal ejemplo de la empresa Moderna, que aun cuando había recibido pedidos de diferentes gobiernos en torno a los 2.500 millones de dólares, optó por “vender a naciones ricas las opciones de compra de toda su producción”.

Según la ONG, el costo de vacunar a toda la población mundial será minúsculo: costaría menos del 1% del impacto previsto de la pandemia en la economía mundial. En cuanto a los tiempos y plazos, la ONG estima que, de no haber cambios esenciales al ritmo actual, dos tercios de la población mundial (un 61%) no tendrá acceso a la vacuna antes del año 2022.

Equidad en un mundo polarizado

La vacuna contra el COVID-19, que según numerosos especialistas no saldrá al mercado libre antes de mediados del año 2021, se desarrolla en un escenario global preocupante.

La mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud más esenciales, así como a fuentes seguras de agua potable. Millones de personas viven en villas miseria o campos de refugiados superpoblados.

La mitad del total de los pobladores del planeta podría padecer una situación de pobreza una vez terminada la pandemia. Según OXFAM, los efectos directos del COVID-19 amenazan condenar a 135 millones de seres humanos a una situación de inseguridad alimentaria o hambre. A pesar de este contexto, los remedios siguen siendo, para las empresas multinacionales del ramo, simples mercancías portadoras de suculentos beneficios.

Como lo sostiene OXFAM, “muchas veces los medicamentos se venden a precios excesivos e inaccesibles”. Los derechos ligados a la “propiedad intelectual” son utilizados por la gran industria farmacéutica para aumentar enormemente el valor de los mismos en el mercado. Los ejemplos sobran. Como lo señala la ONG, a pesar de que la neumonía es la principal causa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años –cerca de 2.000 por día–, dos grandes empresas del ramo, entre las cuales se encuentra la misma Pfizer, se repartieron los derechos de patente y exigieron precios exorbitantes, lo cual causó “la muerte de millones de niñas y niñas”.

Durante toda esta etapa, esas dos multinacionales obtuvieron beneficios de aproximadamente 50 mil millones de dólares por la venta de vacunas contra la neumonía, como lo denunció en diciembre de 2019 la organización Médicos sin Fronteras. Pequeño anticipo de lo que podría suceder en el futuro con la vacuna contra el COVID-19.

La distribución equitativa a nivel internacional de una vacuna segura y eficaz, y a un precio asequible para todos, será sin duda un complejo tema de debate, presiones y contrapresiones. Varias organizaciones europeas anticiparon, a mediados de noviembre, el lanzamiento de una petición ciudadana que espera contar con el apoyo de por lo menos 1 millón de firmas. Dicha petición exige a la Unión Europea que sus contratos con las empresas farmacéuticas sean transparentes y que les obliguen a contraprestaciones, como la liberalización de las patentes pertinentes, con el propósito de reducir el costo de la vacuna.

La vacuna, antes de existir realmente, ya se instaló como un nuevo debate y combate ético-político de dimensión *Tierra*.

Fuente: https://rebelion.org/la-vacuna-anti-covid-promueve-el-debate-de-la-sociedad-planetaria/

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Bajo ensayos clínicos vacuna antiCovid-19 de China y Alemania

Asia/China/06 Agosto 2o20/prensa-latina.cu

La firma Shanghai Fosun Pharmaceutical somete hoy a la primera etapa de pruebas clínicas en humanos un candidato de vacuna contra la Covid-19 que desarrolló junto con la alemana BioNTech.
El preparado se creó con la tecnología mRNA y se sumó así a una veintena obtenidos por varios países que actualmente están bajo ese tipo de investigaciones en el mundo.Según Fosun, 72 personas sanas de entre 18 y 55 años de edad recibieron una dosis de la sustancia –denominada BNT162b1- y en los próximos días se le administrará a un segundo grupo con la misma cifra de adultos, pero mayores de 55.

Estos estudios buscan evaluar la inmunogenicidad y la selección de la cantidad apropiada a aplicar.

La vacuna se prueba simultáneamente en Alemania y Estados Unidos como parte de un programa internacional de BioNTech.

China ensaya otros ocho candidatos dentro y fuera de su territorio nacional.

Un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos permitió arrancar con la tercera fase de pesquisas de una vacuna inactivada de la farmacéutica local Sinopharm en 15 mil voluntarios de 16 a 60 años de edad de la ciudad de Abu Dhabi y el emirato Al Ain.

China busca asociarse con otros países en los últimos ensayos de sus candidatos vacunales contra la Covid-19 porque la sustancial reducción de pacientes en su suelo impide llevar adelante la investigación, la cual requiere de gran cantidad de voluntarios.

En ese contexto, su empresa CanSino Biologics está en negociaciones con Rusia, Brasil, Chile y Arabia Saudita para realizar las terceras pruebas de la recombinante Ad5-nCoV que desarrolló junto a científicos militares.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=387357&SEO=bajo-ensayos-clinicos-vacuna-anticovid-19-de-china-y-alemania
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