Page 3 of 3
1 2 3

Protegidos contra el dolor: abordar el abuso sexual infantil por Internet en Filipinas

Filipinas

Como declara la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, no existe ninguna circunstancia por la cual se considere aceptable utilizar niños para representaciones y materiales pornográficos. “El nombre ‘pornografía infantil’ es poco apropiado, ya que implica que la explotación sexual infantil es un subgrupo de una industria (mayoritariamente) legal”, sostiene Sarah Norton-Staal, jefa de Protección Infantil para UNICEF Filipinas. “Cualquier niño menor de 18 años al que se utilice para realizar representaciones o crear materiales pornográficos se puede considerar una víctima. Toda imagen o vídeo que contenga abuso infantil constituye una prueba documentada de un delito en proceso. La producción y la distribución de esos materiales de explotación y abuso infantil, ya estén en papel, en Internet o se emitan en directo, representan una violación de unos derechos humanos fundamentales, y es necesario proteger a los niños contra eso”.

Filipinas se ha convertido en el epicentro mundial del mercado del abuso sexual en directo, y muchas de las víctimas son niños. En los suburbios de Manila, la redada policial de una operación contra la explotación sexual infantil reveló las dificultades a las que se enfrenta el país para proteger a los niños vulnerables y llevar a los tribunales a quienes abusan de ellos.

Una noche de 2014, la policía filipina hizo una redada en una casa de apariencia normal situada en los suburbios de Manila. Justo antes de la media noche, cuando la oscuridad había inundado los callejones estrechos de alrededor, los oficiales entraron con una orden de registro. Dentro de la casa, que era pequeña y tenía una sola habitación, encontraron una cantidad inusual de equipos informáticos: portátiles, webcams y un router de Wi-Fi.

Además, hallaron a un grupo de cuatro niñas y niños de edades comprendidas entre los siete y los 10 años preparándose para una “representación”. Los niños estaban a punto de desnudarse y representar actos sexuales unos con otros, siguiendo las instrucciones de un pedófilo conectado desde el otro lado del océano mediante una webcam.

El abuso sexual de niños en directo, también conocido como turismo sexual por webcam, lo había organizado una “cabecilla” que vivía en la casa y que, además, era la madre de uno de los niños. Se trataba de un negocio ilegal en curso. Los perpetradores extranjeros mandaban su dinero mediante giros internacionales, y ella le pagaba a los niños 150 pesos (el equivalente tres dólares estadounidenses).

Los otros tres niños también estaban viviendo con la cabecilla mientras su madre trabajaba fuera de Manila. La llamaban “tita”, aunque no les unía ningún vínculo de consanguinidad. Uno de esos niños, Danilo*, de siete años, le había contado a su padre los abusos, y fue este quien llamó a la policía.

Durante la redada, la policía se incautó de los ordenadores portátiles como prueba y arrestó a la cabecilla. Un trabajador social rescató a los niños y los llevó a la Unidad de Protección Infantil del Hospital General de Filipinas, en Manila. Allí, un pediatra, el Dr. Merle Tan, los examinó. El centro acababa de ser renovado y ofrecía a los niños un entorno luminoso y alegre, con una sala de juegos bien equipada y varias salas de terapia.

Otro de los niños era Jennifer*, de nueve años, la hija de la cabecilla. Al principio negaba los hechos para proteger a su madre, que le había advertido de lo que tenía que decir si venía la policía. Sin embargo, a lo largo de las sesiones terapéuticas que recibió, poco a poco comenzó a desahogarse con el Dr. Tan y con otros trabajadores del centro.

Imagen del UNICEF

Se aprovechan de la pobreza

La pobreza es un factor determinante que se esconde tras el mercado internacional del abuso sexual de niños en directo. Al menos una de cada tres personas de Manila vive en suburbios con casas hechas improvisadamente con madera, placas de metal y carbón y tres o cuatro plantas, situadas junto a ríos y vertederos de basura. Muchos padres que viven aquí son desempleados o tienen trabajos inestables como la mano de obra eventual. Los niños juegan en las calles, donde es frecuente el consumo de alcohol y drogas. Estas zonas son los objetivos principales de la actividad delictiva.

En el suburbio de Manila en el que vivían Jennifer y Danilo, la existencia de abusos sexuales emitidos en directo era un secreto en voz alta. “La cabecilla dirigía una casa donde muchas noches había “representaciones” abiertas al público”, explica el Dr. Tan. “Si los niños de la barriada tenían hambre, sabían que podían ir allí a por comida y cobijo, y que si participaban en la “representación” ganarían 150 pesos.

Lo más chocante es que algunos padres llevaban a sus propios hijos a la casa. “Como el perpetrador no está tocando a los niños directamente, la gente se convence de que no es un abuso”, sostiene el Dr. Tan. “Pero sí se trata de un abuso que perjudica su desarrollo mental y físico. Conforme van creciendo, pueden tener problemas a la hora de entablar relaciones, y pueden llegar a verse arrastrados a trabajos sexuales o incluso convertirse en abusadores”.

Filipinas se ha convertido en el epicentro mundial del mercado de abusos sexuales emitidos en directo. En algunas partes del país, como en la Isla de Mactán, en Cebú, hay “núcleos” donde tanto la pornografía por webcam en la que participan adultos y el abuso sexual infantil en directo son prácticas extendidas en los pueblos o las comunidades locales. En esas zonas se ha concentrado un gran número de arrestos e intervenciones.

Imagen del UNICEF

UNICEF Filipinas está llevando a cabo una investigación sobre este asunto destinando fondos para preparar a policías y ONG, ayudar a establecer una línea de ayuda nacional e incrementar el poder de los policías nacionales.

“Esto lleva ocurriendo ya varios años, pero cada vez hay más casos”, asegura Sarah Norton-Staal, jefa de Protección Infantil para UNICEF Filipinas. “El mayor acceso a Internet y el abaratamiento de los dispositivos han permitido a las comunidades conectarse. El nivel de inglés alto y los infractores llevan viniendo desde los años setenta. Hay una gran diáspora filipina que envía dinero a casa desde el extranjero. Y también existe una cultura de silencio y deferencia hacia los mayores, que ocultan los abusos. Todo esto contribuye a crear un entorno fácil para los delincuentes”.

 

En 2009, siguiendo las labores de defensa emprendidas por UNICEF y otros, los materiales de abuso sexual infantil se ilegalizaron por primera vez en Filipinas. Pero aún queda trabajo por hacer. “La edad legal de consentimiento sexual en Filipinas sigue estando en 12 años”, informa Norton-Staal. “Eso dificulta la condena de personas por abuso sexual a niños. Queremos elevar la edad a, al menos, 16 años, además de crear mejores recursos para descubrir y condenar a los infractores”.

Una respuesta holística

La Subsecretaria del Departamento de Justicia de Filipinas, Mónica Pagunsan, asegura que el gobierno está empleando un enfoque más amplio para abordar el asunto. “Se considera que Filipinas es la mayor fuente de pornografía infantil de todo el mundo”, sostiene. “La adopción de una ley contraria a la pornografía infantil y la creación de la oficina contra los delitos cibernéticos dio impulso a la campaña contra el abuso sexual infantil en Internet. Además, contamos con tratados de extradición con unos 13 países y estamos trabajando estrechamente con la Interpol”.

Imagen del UNICEF

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, el nivel de condenas sigue siendo bajo. Pagunsan subraya la necesidad de mejorar la cooperación con el sector privado. “El gobierno no puede hacer esto solo”, asegura. “Necesitamos ayuda del sector privado, en particular de las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet. Nos preocupa lo mucho que se tarda en eliminar contenido, identificar a las víctimas y los perpetradores y preservar las pruebas”.

“En la actualidad debemos obtener una orden judicial antes de que las compañías puedan cooperar con la investigación”, prosigue. “Para entonces, el abusador suele haber desaparecido”.

En la comisaría de la Policía Nacional filipina, el coronel Ivy Castillo está al frente de la nueva unidad de delitos cibernéticos, que incluye el abuso sexual de niños emitido en directo. Se trata de una unidad pequeña que trabaja en una cabina diminuta en el extenso campus. Ivy nos explica que el número de casos está aumentando: de 57 que había en 2013, a 89 en 2014 y 167 en 2015. Sin embargo, hasta ahora solo ha habido siete condenas, todas ellas de conformidad con la legislación sobre contrabando infantil.

“La mayoría de las pistas nos las envían nuestros homólogos de la policía de otros países”, dice el Coronel Castillo. “Ellos encuentran imágenes de Filipinas en los ordenadores de los sospechosos y nos piden que los localicemos. A veces también saquean la cuenta de Facebook de un perpetrador y la utilizan para contactar con los cabecillas”. Aun así, la unidad encuentra muy pocas pistas. “Los filipinos se resisten a denunciar el abuso o a archivar quejas”, prosigue. “Algunas personas no saben que lo que hacen está mal, no son conscientes de las sanciones”.

Para abordar este asunto, la unidad lleva a cabo actividades de concienciación en escuelas y comunidades, especialmente en las zonas donde se concentran más casos de abusos. UNICEF está financiando formación para oficiales de policía con el fin de enseñarles a identificar y tratar un caso de delito cibernético. Sin embargo, hasta el momento los delincuentes aún les llevan la delantera.

Para las personas que trabajan en primera línea para combatir el abuso sexual infantil en directo, como el Dr. Tan y la Unidad de Protección Infantil, este desafío a veces se hace cuesta arriba. “Puede llegar a ser muy desolador, pero debo ser fuerte”, dice el Dr. Tan. “Intento sacarme de la mente todos los pensamientos tristes. No quiero que estas historias me afecten. Si quiero ayudar a nuestros niños, debo seguir siendo fuerte y positivo”.

*Los nombres se han cambiado para proteger la identidad de las víctimas.

Fuente: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/philippines_91214.html

Comparte este contenido:

Amnistía Internacional exige detener matanza de albinos en África

África/08 junio 2016/ Fuente: Crónica Viva

En un amplio informe, Amnistía Internacional denunció la crueldad contra los albinos, especialmente niños,  en Malawi y en otras zonas de África Central, y demandó al gobierno tomar medidas urgentes para evitar que continúen los crímenes en esa región.

En el documento se menciona que desde noviembre del 2014, en Malawi se ha visto un fenómeno en crecimiento: los ataques contra las personas con albinismo y que en ese lapso  se contaron 69 casos de asesinatos, secuestros y hasta profanación de tumbas.

En los delitos participan tanto particulares como bandas criminales  que, pese al salvajismo con que actúan y las numerosas denuncias,   el drama no se detiene.

albinos2

Precisa que  las personas con albinismo son “perseguidas por gente que quiere conseguir algunas partes de su cuerpo porque cree que tienen propiedades mágicas y atraen la buena suerte”.

El informe de la institución defensora de los derechos humanos indica que en Malawi hay entre 7 mil y 10 mil albinos, que viven bajo el tormento de saber que podrían ser víctimas de un crimen en cualquier momento.

albinos3

Dentro de este grupo, además, las mujeres y los niños albinos son los más vulnerables, sin que el gobierno central haga nada para prevenir estos asesinatos o secuestros. La falta de educación e información es clave para su protección.

“Los ataques, en algunos casos, incluyen a familiares cercanos”, ciegos por la superstición que rodea a este núcleo humano.

albinos4

Incluso, las mujeres con albinismo corren un riesgo más común y frecuente: las violaciones. Está extendido el mito de que mantener relaciones sexuales con una de ellas podría curar el HIV/sida.

albinos6

El tráfico de huesos es también una herramienta que permite a los saqueadores de tumbas hacerse con dinero extra. Creen que las diferentes extremidades podrían alejar la mala suerte de algunos hogares “malditos”. Éste es el delito más castigado por las autoridades de Malawi.

En abril se registraron cuatro asesinatos de albinos en Malawi. (ECHA – Agencias)

albinos5

Fuente:

http://www.cronicaviva.com.pe/amnistia-internacional

Comparte este contenido:

Brasil: mujeres protestaron en el Congreso contra la “cultura de la violación”

Brasil/02 junio 2016/Fuente: Nodal

Mulheres protestam no Congresso Nacional contra cultura do estupro

Um grupo de mulheres fez um protesto ontem (31) no Congresso Nacional contra a cultura do estupro. Com cartazes e faixas com os dizeres “Nenhuma mulher merece ser estuprada”, “Mexeu com uma, mexeu com todas e “Pelo fim da cultura do estupro”, as manifestantes procuraram chamar a atenção dos parlamentares para a importância do combate à violência e da sociedade para os constantes casos de abuso ocorridos no Brasil.

A deputada Luiza Erundina (PSOL-SP) chamou atenção para o caso da adolescente estuprada por vários homens em uma casa no alto do morro São José Operário, na zona oeste do Rio, há cerca de 10 dias. “Aquele estupro coletivo é algo que nos envergonha, a imagem do Brasil no mundo todo está manchada. Estamos aqui indignadas, querendo solução no que diz respeito à integridade física e psicológica das mulheres brasileiras”, afirmou a deputada, em discurso logo após a entrada das manifestantes no plenário da Câmara para abrir uma faixa em protesto contra a cultura do estupro.

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) criticou alguns projetos em tramitação na Câmara, por considerar que atentam contra os direitos das mulheres. Maria do Rosário citou o que trata do Estatuto do Nascituro, que visa proibir o aborto em todos os casos, inclusive nos de estupro e de risco de vida para a mulher. “A Câmara tem que estar aberta para as mulheres, porque tramitam projetos de lei que são extremamente nocivos para as mulheres”, afirmou a deputada.

Maria do Rosário lembrou a importância de se garantir atendimento adequado às vítimas de violência sexual. “No Brasil, a cada 11 minutos uma mulher é vítima de violência sexual. Estamos diante de uma epidemia de estupros, de violência sexual. É preciso assegurar atendimento hospitalar, medicação adequada com antirretroviral, medicamentos para doenças sexualmente transmissíveis”, acrescentou.

O protesto começou no Salão Azul do Senado e de lá o grupo se dirigiu ao Salão Verde da Câmara. Inicialmente, o grupo, formado por parlamentares, funcionárias e integrantes de movimentos feministas tentou entrar no plenário, mas foi impedido pelos seguranças da Casa. Após negociação, as mulheres conseguiram entrar. “Este é um protesto pacífico, de muitas mulheres e muitos homens contra a violência, e o Parlamento brasileiro não pode dar esse exemplo de truculência ao Brasil”, disse a senadora Vanessa Gazziontin (PCdoB-AM).

Os manifestantes protestaram também no plenário do Senado, onde pediram ao presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), que coloque em votação o Projeto de Lei do Senado (PLS) 618/2015, que agrava a pena para estupro coletivo. Renan disse ao grupo que colocaria em votação a urgência do projeto.

“Basta de tanta violência, machismo e desrespeito às mulheres do país. Queremos que o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário nos tratem com o devido respeito, com o devido direito, pois somos cidadãs brasileiras”, afirmou Erundina.

Fuente:

http://www.nodal.am/2016/06/brasil-mujeres-protestaron-en-el-congreso-contra-la-cultura-de-la-violacion/

Comparte este contenido:

EE.UU:BYU students investigated by school after reporting rape

América del Norte/EEUU/Abril 2016/Fuente: Associated Press/Autor: Hallie Golden

Resumen: La estudiante MacDonad, presuntamente violada, informó el delito en una oficina de la escuela. Ese mismo día, según ella explica, la oficina de código de honor, de la Universidad Brigham Young, recibió una copia del informe, lo que provocó una investigación sobre si MacDonald habría violado el código estricto de comportamiento de la escuela mormona, que prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales y tomar licor, entre otras cosas.

She reported the crime to the school’s Title IX office. That same day, she says, BYU’s honor code office received a copy of the report, triggering an investigation into whether MacDonald had violated the Mormon school’s strict code of behavior, which bans premarital sex and drinking, among other things.

Now MacDonald is among many students and others, including a Utah prosecutor, who are questioning BYU’s practice of investigating accusers, saying it could discourage women from reporting sexual violence and hinder criminal cases. Tens of thousands have signed an online petition calling on the university to give victims immunity from honor code violations committed in the lead-up to a sexual assault.

This week, BYU announced that in light of such concerns, the school will re-evaluate the practice and consider changes.

«I hope we have a system that people feel they can trust, particularly again the victims of sexual assault,» BYU President Kevin Worthen said in a video released Wednesday. «And that we have one that creates an environment in which we minimize the number of sexual assaults on campus.»

BYU would not say how many students who complained of sexual violence have been investigated by the honor code office or whether any of them have been punished.

In MacDonald’s case, she said BYU eventually called to tell her she hadn’t violated the code. But she said she was made to feel guilty by the university.

«For those two weeks, I wasn’t sure if they were going to decide to kick me out or what they were going to do,» she said. Two years later, no arrest has have been made in the assault case.

All BYU students must agree to abide by the honor code. Created by students in 1949, it prohibits such things as «sexual misconduct,» »obscene or indecent conduct or expressions» and «involvement with pornographic, erotic, indecent or offensive material.» Violators can be expelled or otherwise punished.

Mary Koss, a public health professor at the University of Arizona who is an expert on sexual assault, questioned whether BYU is fulfilling its legal duty under federal Title IX to support victims of sexual violence.

«The students agreed to be governed by that honor code when they came there,» she said. «But they cannot put things in their contract to students that are in violation of federal guidelines on civil rights.»

Alana Kindness, executive director of the Utah Coalition Against Sexual Assault, warned: «The impact of that practice is that students at BYU who are sexually assaulted will not report that assault.»

U.S. Education Department spokeswoman Dorie Nolt would not comment directly on BYU. But she said in an email that «schools should consider whether their disciplinary policies have a chilling effect on victims’ or other students’ reporting of sexual violence offenses.»

Some U.S. colleges with codes of conduct have an immunity clause under which they investigate and punish only the perpetrator of the more severe offense.

Madi Barney, a 20-year-old BYU student who says that she, too, was sexually assaulted and now faces an honor code investigation, started a petition last week calling for an immunity clause. More than 89,000 people have signed, some of whom said they had similar experiences at BYU, according to the petition website Care2.

Barney said that she was raped in her apartment last September by a man she met at a gym. A suspect was arrested and is awaiting trial.

Barney said she has been informed by the university that until the honor code investigation has been completed, she cannot sign up for any more classes after this semester. She has filed a Title IX sex-discrimination complaint against BYU with the Education Department’s Office of Civil Rights.

The university would not comment on the case, citing federal privacy law. The Associated Press doesn’t normally identify possible victims of sex crimes, but Barney said she wants her name to be used so she can help change the policy.

Craig Johnson, the Utah County prosecutor assigned to the case, said the criminal investigation is being hindered by BYU’s insistence on determining if Barney broke school rules. He said his focus has been pulled away from the case because of worries Barney will move home to California and refuse to take part in hearings and interviews.

«How excited is she really going to be to come back to Utah where she was raped and her school kicked her out?» Johnson said.

However, Johnson’s bosses in the Utah County Attorney’s Office said in a statement that BYU has not harmed the case.

Fuente de la noticia: http://readersupportednews.org/news-section2/318-66/36425-byu-students-investigated-by-school-after-reporting-rape

Fuente de la imagen: http://readersupportednews.org/images/stories/article_imgs20/020721-byu-042016.jpg

Comparte este contenido:
Page 3 of 3
1 2 3