La Fuerza pública es el actor armado que más vulneró los Derechos Humanos en Colombia en 2021

Por: Tercera Información

La revista Noche y Niebla hace un recuento de cómo ha sido la violación de Derechos Humanos en el país, según lo recopilado en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-. El número No. 63 de esta publicación contiene un amplio informe sobre la vulneración de DDHH en el país entre los meses de enero y junio de 2021.

Según la publicación, en el Paro Nacional se desbordaron las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los organismos del Estado, como la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-. La fuerza pública se constituyó en el principal vulnerador, aún por encima de los grupos armados ilegales.

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

El sacerdote jesuita e investigador del Cinep Javier Giraldo afirmó que dichos resultados deben ser vistos como destellos, ya que la Red de Banco de Datos no hace estadísticas ni tiene la posibilidad de registrar la totalidad de violaciones graves a los Derechos Humanos que son perpetradas en el país cada semestre. Y que en esta ocasión en específico la monumental cantidad de atropellos contra los manifestantes desbordó por mucho sus capacidades de registro.

A pesar de ello, se puede evidenciar una sistematicidad en el accionar de esta institución y también puede evidenciarse la continuidad del fenómeno de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como en el Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril de 2021.

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

El padre Giraldo hizo hincapié en el fortalecimiento del paramilitarismo a nivel nacional, regional y local registrando, 86 amenazas de muerte y 24 ejecuciones extrajudiciales. Además, en ese período ocurrieron 11 desapariciones forzadas, siete crímenes de violencia sexual, tres fueron reportadas como personas torturadas y tres heridas. Todo esto como el saldo de hechos cometidos por grupos paramilitares.

“Creo que ese [el paramilitarismo] es un problema que se viene complicando cada vez más desde los Acuerdos de Paz. Todos sabemos que la no implementación de los Acuerdos dio lugar a grupos que no se ciñeron a lo acordado. Además, ya desde antes en las mismas Farc hubo grupo o unidades que no se desmovilizaron porque no estaban de acuerdo con aspectos de los Acuerdos de Paz. Pero, creo que fue la no implementación de los Acuerdos lo que llevó a varios grupos a retornar a la lucha armada y nombrarse como disidencias de las Farc. Sin embargo, esto se ha ido complicando cada vez más porque hay grupos que han tomado rumbos muy distintos y algunos se han acercado a los paramilitares. En el sur del país hay indicio de que algunas de estas disidencias están colaborando con el Ejército Nacional. Hay zonas en donde realmente se ve que hay grupos armados pero no se les puede ubicar muy bien en qué posición ideológica y estratégica están, porque hay mezcla de algunos actores armados (desde los tradicionales paramilitares hasta los actores militares). Hay grupos que aparecen en un momento con escarapelas del ELN [Ejército de Liberación Nacional] y en otro momento con escarapelas de los paramilitares. Los campesinos no saben a qué atenerse, no saben con quién negociar, y esto ha dado pie a muchos desplazamientos”, reflexionó Javier Giraldo.

El informe también llamó la atención sobre las violaciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- y señaló como presuntos responsables a los grupos guerrilleros, con 91 víctimas totales (47 amenazas de muerte, 13 homicidios, 20 heridos, siete víctimas de reclutamiento forzado y cuatro víctimas de tortura).

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

Por su parte, los grupos paramilitares serían responsables de 30 víctimas, 23 de estas fueron victimas de reclutamiento forzado, tres amenazas de muerte, dos heridos y una persona torturada. Del mismo modo, el Ejército Nacional y la Policía tienen la autoría conjunta de 27 crímenes.

Según el Cinep, sería Santander el departamento con el mayor número de vulneraciones de DDHH en todo el país (304 casos), seguido de Bogotá (149 casos), el Cauca (107 casos) y Boyacá (106 casos). La Revista Noche y Niebla en su edición # 63 también muestra que en los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario se presentaron en mayor medida en los departamentos del Cauca y del Chocó, seguidos por el Departamento de Antioquia y el Guaviare.

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

El padre Javier Giraldo llamó la atención sobre los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, señalando que dichos asesinatos responden a un ataque sistemático a los líderes de base, que atenta directamente contra los procesos. El trabajo de Noche y Niebla recolectó 530 testimonios de líderes exterminados, pero valora que la cifra debe ser más alta.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/14/10/2021/la-fuerza-publica-es-el-actor-armado-que-mas-vulnero-los-derechos-humanos-en-colombia-en-2021/

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Martha Alfonso, líder sindical de trabajadores de la Educación en Colombia: “Se ha tratado a estudiantes y a maestros sindicalistas como enemigos en una guerra”

Por: Meritxell Freixas Martorell

  • Colombia lleva los últimos tres meses en situación de movilización. Todo comenzó con el proyecto de subida de impuestos, una chispa que terminó de encender a buena parte de una ciudadanía que lleva tres años saliendo a la calle a reivindicar mejores condiciones de vida. La respuesta, hasta ahora, ha sido de una violencia impactante, con miles de casos de abusos policiales. Decenas de personas han sido asesinadas desde abril. Hablamos con Martha Alfonso, representante del principal sindicatos de enseñantes de Colombia.

Desde hace tres meses, Colombia vive una ola de protestas, conocidas como el Paro Nacional, que ha tenido a los jóvenes entre sus principales protagonistas. El estallido colombiano ha sido fuertemente reprimido por la policía y ya ha dejado miles de víctimas, mucho de ellos estudiantes. Hasta finales de junio, según cifras de la ONG Temblores, se registraron más de 4.600 casos de violencia policial, 44 de ellos por violencia homicida. Entre los gremios que han tomado las riendas de la convocatoria de este Paro están los docentes, quienes también han salido a reclamar sus propias demandas. Martha Alfonso es vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Con más de 270.000 afiliados y presencia en todos los municipios, es la principal supraorganización de docentes del país e integra el Comité Nacional de Paro, convocante de las primeras movilizaciones del 28 de abril. 90 días después, Alfonso habla del rol de los docentes en las protestas, su persecución y criminalización y los escenarios que enfrentan a futuro.

¿Cómo está actualmente la situación del paro en Colombia?

Venimos de una fuerte convulsión social desde 2018, cuando el país se replegó en un gran movimiento estudiantil, protestas campesinas y por otros derechos. Fue una respuesta a lo que representó terminar un ciclo de guerra y la implementación de los acuerdos de paz [entre las FARC y el gobierno]. En 2019 siguió un gran movimiento que luego, pero luego llegó la pandemia. Para el 28 de abril de este año teníamos demasiadas cosas: la situación de hambre por la crisis sanitaria, la miseria, las pocas oportunidades, el mal sistema de salud (todo privatizado) y una situación crítica en las escuelas, con una infraestructura muy atrasada que no ha permitido generar condiciones seguras. En medio de esto estalló un paro.

¿En qué está ahora?

Después de meses de protestas, hay un sector vinculado al ámbito sindical que decidió hacer una pausa. Aún así, para el 20 de julio, el Comité Nacional de Paro convocó otra gran movilización en todo el país. Nos encontramos ahora con diferentes realidades tanto dentro del movimiento social como en cada uno de los territorios: el movimiento de los Primera Línea de jóvenes, la Asamblea Nacional Popular, la Minga Indígena, el Comité Nacional de Paro que tiene movimiento social y sindical, etc. La táctica del gobierno fue dispersarnos, pero al mismo tiempo se mantuvieron los puntos de resistencia de la mano de los jóvenes de la Primera Línea que, aunque en otras movilizaciones eran muy incipientes, se han venido organizando. Ahora está todo disperso y hay un problema de [falta de] unidad, por lo que ese sería el proceso que se tendría que dar ahora.

¿Qué rol han jugado la Fecode y los maestros, maestras y docentes en este paro?

Tenemos representación en todo el país y además de sumarnos al paro popular, Fecode ha buscado siempre que la reivindicación de una educación pública juegue un papel en la movilización. Además de la financiación y la administración por parte del Estado en términos de una educación crítica y transformadora.

La mayoría de asesinados en las protestas son jóvenes, se les trata como enemigos, cuando esto es una protesta social.

Más allá de las demandas por la reforma tributaria, el sistema de salud, las pensiones y el mal manejo de la pandemia, que fueron demandas de todos los colectivos que participaron en el Paro, ¿qué puntos piden desde el sector educativo?

Entre las principales reivindicaciones que tenemos hay la financiación de la educación pública, que va más allá de nuestros salarios: la infraestructura, las condiciones de trabajo que hoy, con la pandemia, se vuelven más complejas. También [como gremio] tenemos un modelo de salud diferente y queremos que nos den garantías, porque en el papel todo está muy bien, pero en la práctica la atención para una población con muchas comorbilidades es terrible. También tenemos problemas con los ascensos profesionales, particularmente para los jóvenes. Finalmente, sufrimos un fuerte señalamiento y persecución. Por ejemplo, yo voy en coche blindado, con hombres de protección y muchas restricciones.

Esa criminalización ¿es de parte del gobierno o hay también otros actores involucrados?

En Colombia hay un problema histórico y es que tanto a los jóvenes estudiantes como a los sindicalistas se nos ha tratado como enemigos en una guerra. Ha habido un gran número de masacres, de persecuciones, estigmatización y señalamiento. Particularmente, los maestros y maestras hemos sido blanco, el sindicato más criminalizado, por eso Fecode ha presentado sus diferentes informes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), establecido en los acuerdos de paz de La Habana. También hemos solicitado que se reconozcan las víctimas de violencia antisindical ya que somos el país con más sindicalistas maestros y maestras amenazados. Un gran número de docentes fueron asesinados durante el conflicto armado: tenemos registro de más de 1.100 maestros asesinados. Entregamos informes a la Jurisdicción Especial para la Paz [componente del SIVJRNR] en el 2019 e inmediatamente empezaron a haber nuevas amenazas. Ahora, en este paro, el punto central de la protesta es el futuro: los niños, niñas y jóvenes. La mayoría de asesinados en las protestas son jóvenes, se les trata como enemigos, cuando esto es una protesta social.

¿Hay alguna posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos que se han visto estos meses lleguen a algún tribunal internacional?

Actualmente hay en curso una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que decrete medidas cautelares y se garantice la vida de los dirigentes sindicales que somos perseguidos y estigmatizados. El Estado no ha tomado medidas contundentes con eso. Solo entrega algunas medidas de protección (vehículos blindados, hombres de protección, etc.) a algunas personas que han sido vulneradas de forma más evidente, pero la mayoría [de las personas amenazadas] está desprotegida.

¿El estallido en Colombia ha bebido de otros procesos similares que se han dado recientemente en la región, como protestas en Chile o en Perú, donde los estudiantes también fueron protagonistas?

Este estallido social ha tenido nuevos actores muy propios de lo histórico cultural. Ha habido una gran movilización del movimiento decolonizador y de las nuevas formas relacionadas con lo antisistémico que surgen como respuesta a la situación histórica que ha existido. En ese contexto, los jóvenes están cumpliendo un rol muy importante. Si bien hay similitudes con Chile y Perú, aquí hay otros factores como el señalamiento y asesinato de líderes sociales, el conflicto armado que persiste en el territorio y los conflictos de derechos humanos que hacen que el estallido tome una posición de defensa de los territorios, liderazgos y pobladores que están en la movilización. Las cifras de violaciones de derechos humanos en Colombia son incomparables con Chile o Perú. Aquí está desbordado.

¿Cómo cree que puede destrabarse la situación, considerando que hay elecciones presidenciales en mayo del próximo año?

Hay una necesidad de que el pueblo colombiano entre en una dinámica de unidad, de construcción, porque ahora hay bastante debilidad. Este proceso tiene que reflejarse en lo electoral e ir más allá de lo programático y organizativo para establecer representaciones más territoriales y colectivas en las definiciones de Estado. De cara a las expectativas electorales de 2022, hay que recoger todas las nuevas propuestas y demandas porque nos encontramos ante un problema sistémico, de que el sistema no ha entregado posibilidades a la gente.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/07/28/martha-alfonso-lider-sindical-de-trabajadores-de-la-educacion-en-colombia-se-ha-tratado-a-estudiantes-y-a-maestros-sindicalistas-como-enemigos-en-una-guerra/

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Suiza: ONU considera a Carabineros responsables de mayoría de abusos en protestas

Europa/Suiza/15-12-2019/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

La ONU consideró hoy que los Carabineros de Chile son responsables de la mayoría de violaciones de derechos humanos ocurridas en las protestas que empezaron y continúan desde mediados de noviembre, aunque indicó que las investigaciones nacionales deben determinar las responsabilidades individuales.

La reacción ante protestas que eran pacíficas fue «represiva» y «Carabineros utilizó fuerza no letal con el objetivo de dispersar a la gente y evitar que llegaran a los puntos de encuentro», dijo la jefa de una misión de la ONU que visitó Chile, Imma Guerras-Delgado.

«Las violaciones que hemos documentado incluyen uso excesivo e innecesario de la fuerza, lo que llevó a muertes ilícitas y heridos, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, incluida violencia sexual», sostuvo en una rueda de prensa.

La gravedad de la situación se acentúa en vista de que ciertas violaciones ocurrieron de forma «recurrente en tiempo y en espacio», en particular el mal uso de armas no mortales -en particular material antidisturbios y gases lacrimógenos- y maltratos durante la detención.

Guerras-Delgado dijo que el número de personas heridas en las manifestaciones varía notablemente, según las fuentes, y oscilaría entre 3.500 y 11.000, de las cuales aproximadamente 350 fueron heridas en la cara o en los ojos con perdigones que contenían plomo, un hecho que la misión denunció con firmeza.

Varios de esos heridos resultados con traumas severos y dos perdieron totalmente la vista.

«Hay razones fundadas para creer que se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, lo que contraviene los principios internacionales destinados a minimizar el riesgo de heridas», señala el informe preparado por la misión que pasó tres semanas en Chile realizando sus indagaciones.

En total, el equipo realizó 235 entrevistas a víctimas y sus familiares, así como a 60 carabineros, incluidos algunos que también habían resultado heridos en las protestas, en una investigación que les llevó a siete regiones del país.

Los enviados por la Oficina de la alta comisionada y expresidenta chilena, Michelle Bachelet, documentaron 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 de violencia sexual contra mujeres, hombres y adolescentes, «perpetrados por miembros de Carabineros y militares».

La jefa de la misión explicó que observaron que en los grandes centros urbanos, como Santiago y Valparaiso, los abusos estaban más relacionados con heridas a causa de perdigones, pero que en el interior del país los casos de maltratos de detenidos fueron más graves. EFE

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/2019/internacional/chile/8760399-onu-considera-a-carabineros-responsables-de-mayoria-de-abusos-en-protestas/

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Policía de Chile denunciará a la cantante Mon Laferte por dichos sobre la crisis

América del Sur/Chile/01-12-2019/Autor(a) y Fuente: www.elnacional.com

La artista chilena protagonizó uno de los momentos más polémicos de los Grammy Latino, al mostrar sus pechos ante las cámaras y los fotógrafos de centenares de medios de comunicación.

Carabineros de Chile solicitó este sábado a la fiscalía que se cite «a la brevedad» a la cantante Mon Laferte a prestar declaración ante «fiscales que tramitan los procesos sobre incendios en el Metro de Santiago», de acuerdo con un comunicado publicado en Twitter.

El objetivo, de acuerdo con Carabineros, es que la cantante chilena aporte «todos los antecedentes con que cuentan para formular tales imputaciones».

El pedido se da tras las declaraciones de Mon Laferte en una entrevista con la cadena Univisión donde afirmó, refiriéndose a la quema de estaciones del Metro de Santiago durante las protestas, que «hay muchos casos en donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando».

Asimismo, la institución dijo que «rechaza categóricamente las graves imputaciones» realizadas por Laferte. Quien a mediados de noviembre posó con los pechos desnudos en la alfombra roja del Grammy Latino con el mensaje: «En Chile torturan, violan y matan», escrito en letras negras sobre su torso.

Laferte, ganadora del Grammy Latino, criticó el accionar del gobierno de Sebastián Piñera en medio del estallido social, en especial a las fuerzas de seguridad.

La policía chilena fue también cuestionada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que denunció «graves» violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados.

La inusitada crisis, la más profunda desde el retorno a la democracia en 1990, provocó 23 muertes y miles de heridos. 300 personas con lesiones oculares, en dos casos con ceguera total a causa de perdigones usados por la policía.

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/mundo/carabineros-denunciara-a-mon-laferte-por-dichos-sobre-la-crisis/
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Bolivia después del golpe de Estado, un país sin garantías

América del Sur/Bolivia/01-12-2019/Autor(a) y Fuente: www.prensa-latina.cu

Pese a los tintes de legitimidad con el que intenta teñirse el gobierno de facto que emergió después del golpe de Estado, Bolivia vive hoy en medio de la persecución política y la falta de garantías.

Basta escuchar el discurso del actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para comprobar que tras la asonada golpista del 10 de noviembre contra el presidente constitucional Evo Morales esta nación se retrotrajo a los peores años de las dictaduras latinoamericanas.

Lo primero que dijo Murillo tras asumir el cargo fue que desataría la ‘cacería’ de Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Morales. Lo culpa de sedición y terrorismo.

Curiosamente, es lo mismo que menciona ahora al referirse al grupo solidario procedente de Argentina que vino a documentar los hechos de represión contra las movilizaciones populares y las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos reportadas en el país luego del golpe.

‘Recomendamos a aquellos extranjeros, que están llegando hechos a las mansas palomitas a tratar de incendiar el país: anden con cuidado, los estamos mirando’, advirtió la víspera.

Pero fue un poco más lejos en sus amenazas cuando enfatizó que ‘en el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo, sedición se van a ver con los policías (…) Cero tolerancia, y luego después no digan que se está abusando (…)’.

La comitiva argentina la integran abogados, exjueces y voluntarios, y la encabeza el dirigente social Juan Grabois.

También la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra aseguró ayer que siguen las detenciones arbitrarias de los que se oponen a la afrenta antidemocrática consumada hace casi tres semanas.

En ese sentido, demandó garantías para que Morales pueda acompañar la campaña electoral que se avecina y en la cual el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que dirigió los destinos de la nación en los últimos 13 años, tendrá que enfrentar un escenario adverso.

Contra Evo, asilado en México, el gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez lanzó acusaciones por al menos 10 delitos, entre ellos terrorismo, y una notificación azul de Interpol, que pretende abrir la puerta legal para recopilar información sobre el líder indígena en el marco de la denunciada persecución judicial.

La senadora del MAS expresó que a esta ausencia de garantías se suma la falta de procesos penales contra los que provocaron la muerte de más de 30 personas en el contexto de violencia y represión generado aquí.

Mientras, se van despejando las ambiciones de poder. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho ?uno de los principales promotores del golpe de Estado que derrocó a Morales-, presentó la víspera su carta de renuncia al cargo para comenzar su carrera electoral.

‘Presidir esta institución es un sueño de toda la vida (…); pero la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo más fuerte, ser presidente de la República de Bolivia’, confesó en su misiva.

Incluso, reveló que durante el paro cívico que dirigió contra Morales ‘era necesario’ decir que no iba a ser candidato para sumar apoyo, o sea, mintió.

Fuentes ligadas a Camacho señalan que en las siguientes horas se espera la llegada a Santa Cruz del presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, que apunta a ser su compañero de fórmula en el binomio presidencial.

Desde la salida forzada de Morales a raíz de una ola de violencia opositora, sumado al motín policial y la exhortación de las Fuerzas Armadas a la dimisión del jefe de Estado, Bolivia se sumió en una crisis institucional y política que dista aún de esa ‘etapa final de la pacificación’, anunciada por Áñez.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=324753&SEO=bolivia-despues-del-golpe-de-estado-un-pais-sin-garantias
Imagen: https://www.telesurtv.net/news/bolivia-defensoria-pueblo-cifra-muertos-represion-el-alto-20191128-0005.html
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Volviendo a la paradoja de los derechos humanos

Mariana Zegers Izquierdo

A setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordamos su primer artículo: Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros.

A setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reiteramos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

En el contexto actual de un Chile neoliberal, y frente a la emergencia de diversas manifestaciones del neofascismo en el país y en el mundo,  lo que está en juego es justamente este piso mínimo de convivencia que la mayoría de los Estados se comprometió a garantizar, en diciembre de 1948.

Son los principios fundantes del sistema internacional de derechos humanos los que peligran: la libertad, la tolerancia y no discriminación, la igualdad de derechos; sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

La historia nos ha demostrado que las violaciones a los derechos humanos no son exclusivas de los regímenes totalitarios. Los incumplimientos del Estado de Chile -en democracia-, suman y siguen. La ley Antiterrorista se continúa aplicando contra el pueblo mapuche, pese a que Naciones Unidas ha solicitado no hacerlo, por no ofrecer las garantías necesarias para un juicio justo. La lucha del pueblo mapuche es criminalizada y señalada como terrorista, pese a constituir una reivindicación de derechos, tal como Naciones Unidas reconoce.

En democracia también hemos asistido a graves violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Orden, con el agravante del intento de encubrimiento. A esto se suma la renuencia del poder militar a acatar al poder civil, cuando incluso la Constitución vigente señala que debieran ser  “esencialmente obedientes y no deliberantes” (Artículo 101).

Los montajes ocurridos en el presente siglo nos recuerdan a la dictadura, demostrando que tales prácticas no fueron erradicadas. Así lo comprobamos en casos de represión contra el pueblo mapuche, donde crímenes de Estado se presentan como enfrentamientos entre comuneros y carabineros; tal como ocurrió con Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio, donde la policía falseó los hechos con la complicidad de medios de comunicación hegemónicos. Así también se trató de instalar la versión de que el asesinato de Camilo Catrillanca había ocurrido en el marco de un enfrentamiento, tesis que ha demostrado ser absolutamente falaz.

En democracia, cuando nos enfrentamos a problemáticas de derechos humanos no podemos eludir su carácter controversial; constante tensión entre un discurso que insta a proteger los derechos humanos y un contexto de transgresión de los mismos, sea por acción u omisión del Estado. En esta situación compleja se constituyen los derechos humanos, y así por consiguiente hay que abordarlos.

Ahora mismo muchas mujeres llevamos pañoletas verdes, que al tenor de lo ocurrido en el día de ayer, podrían ser negras, en señal de rabia e impotencia. El Tribunal Constitucional falló en contra de las mujeres, convirtiendo en letra muerta el muy parcial avance que significó la ley de aborto en tres causales.  Ahora tenemos derecho limitado a abortar, pero otra cosa es conseguir una clínica y un médico que lo  practique. Una alta proporción de facultativos, capacitados para realizar abortos, se han declarado “objetores de conciencia” y ahora más recintos de salud podrán hacer lo mismo.

La pañoleta verde se seguirá llevando, porque su color significa esperanza; la esperanza que nos ha de unir y movilizar en demanda de nuestros derechos. Lo de ayer fue una derrota parcial, lo del mañana será nuestro triunfo; organizadas, unidas, rebeldes, movilizadas. Con la historia y la fuerza de nuestras abuelas y madres, por nuestras hijas y las que vendrán.

En la tarea de promover y defender los derechos humanos hoy, o al menos contribuir a visibilizar su vulneración, quienes trabajamos con las memorias del pasado no podemos sino profundizar nuestro compromiso con ellas. Y si queremos legar estas memorias, debemos ligarlas al presente. Son Memorias vivas; que crecen en las cumbres de nuestra cordillera de los Andes, y a sus pies, que nacen bajo las rocas, que se sumergen en cursos de agua permanente, con la esperanza de hacer emerger la vida.

Hoy reivindicamos la unidad de los movimientos de derechos humanos, sociales y culturales; aquella unidad que se construye con el reconocimiento de las diferencias que deben poder convivir al interior de toda comunidad. Ante la desafección y el miedo, recordamos las palabras de Eduardo Galeano:

De nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas”.

Como Sitio de Memoria, el trabajo en pedagogía de la memoria y de conservación y promoción del patrimonio que significa el Parque por la Paz Villa Grimaldi, constituyen nuestras principales herramientas de lucha. Pero también nos reconocemos en un entorno mayor que hoy nos convoca bajo un mismo objetivo: la promoción y defensa de los derechos humanos, a setenta años de la Declaración Universal.

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ONU denuncia alta impunidad de las violaciones Derechos Humanos en Colombia

América del Sur/Colombia/Octubre de 2016/Fuente: Terra

El Comité de Derechos Humanos de la ONU expuso hoy su frustración y su estupor por la alta prevalencia de la impunidad en los casos de violaciones de las libertades fundamentales en Colombia.

«Me uno a la experta Cleveland, al experto Rescia y a otros compañeros de este Comité en denunciar la enorme impunidad que reina en Colombia en muchísimos ámbitos. Es un problema tan grande que creo que es central para el Gobierno lidiar con él», afirmó, rotundo Nigel Rodley, experto y miembro también de dicho Comité.

El país sudamericano se presentó hoy por segundo día consecutivo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el organismo que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que, regularmente, hace un escrutinio de los países que se adhirieron al mismo.

Uno tras otro, todos los expertos que tomaron la palabra se refirieron al tema de la impunidad, y al hecho de que, a pesar de todos los avances que ha hecho el Estado en los últimos años, el problema no parece resolverse.

«Hay dos Colombias, la de Bogotá, la del Estado de Derecho, y otra la de Caquetá, la de las violaciones, las amenazas, donde el Estado no está y los crímenes quedan en la impunidad. ¿Qué va hacer el Estado para resolverlo?», se cuestionó Rodríguez Rescia, otro de los expertos.

Por su parte, Sarah Cleveland, miembro del Comité, usó el ejemplo de la periodista Jenith Bedoya para exponer la impunidad que reina en Colombia.

«Jenith Bedoya es ejemplo de cómo la violación y el abuso sexual se ha usado en Colombia como una arma de guerra; como es una práctica regular intentar silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos; y como los abusos quedan de forma generalizada en la impunidad», dijo Cleveland.

Bedoya fue secuestrada, torturada y violada el 25 de mayo del 2000 por paramilitares recluidos en una cárcel de Bogotá a la que había ido para hacer un trabajo periodístico.

La reportera colombiana se encontraba en la sala donde se llevó a cabo la evaluación y, en declaraciones a Efe, explicó que a pesar de que fue violada y torturada hace 16 años, sigue «esperando Justicia».

«Los autores intelectuales de los crímenes contra mi siguen sin ser ni tan siquiera investigados. Pero mi caso es sólo un ejemplo de lo que pasa en el país, donde el 98 % de los casos de violencia sexual quedan impunes».

Bedoya dijo que se han registrado 2 millones de abusos sexuales sólo en el contexto del conflicto armado y hasta la fecha solo se han dictado 36 condenas.

«El sistema de Justicia es lo más débil que tiene el Estado», concluyó.

Por su parte, Cleveland dijo que «de los 219 asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos registrados entre el año 2009 y el 2013 sólo se ha otorgado una condena».

«¿Qué hace el Estado para acabar con esta impunidad?», se preguntó la experta.

En la misma línea, Cleveland expuso la falta de investigación y condenas en el caso de tráfico sexual y la trata de personas, a pesar de ser un crimen muy expandido en el país.

Otro asunto destacado por Rodley fue la superpoblación de las cárceles, con una media de un 55 % de hacinamiento.

«Pero en algunos casos el hacinamiento es de un 400 %, eso es peor que un gallinero», sostuvo el experto.

Al comenzar la sesión de hoy, el miembro del Comité Olivier de Frouville volvió a preguntar sobre el tema del aborto al no quedar satisfecho con las respuestas que la delegación gubernamental dio ayer sobre este tema.

Frouville dijo que según un informe de una ONG, en 2008 en Colombia se llevaron a cabo 400.400 abortos, de los cuales sólo 322 se hicieron cumpliendo con los requisitos legales.

La Corte Constitucional desechó la prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo en 2006 y desde entonces, se puede abortar en los casos en que haya riesgo para la vida de la madre, deformación fetal incompatible con la vida, violación o incesto.

El experto recordó que, a pesar de esta decisión, «la vasta mayoría de los abortos son clandestinos e inseguros».

Finalmente, tanto Cleveland como Frouville se unieron a Rodley en quejarse de la poca concreción y detalle de Colombia tanto en el informe que han presentado al Comité como en las respuestas a las preguntas de los miembros en esta sesión de evaluación.

Rodley expuso ayer una sentida queja por la gran vaguedad con la que Colombia responde a este Comité y a otros órganos de derechos humanos de la ONU, algo que a su entender hace años que dura y no mejora en el tiempo.

Fuente: https://noticias.terra.com/mundo/europa/onu-denuncia-alta-impunidad-de-las-violaciones-derechos-humanos-en-colombia,9ba84f44c5c5eab39034f2608661b995omgj50vh.html

Foto de archivo

 

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