El Ministerio de Educación de Haití identificó al menos 500 alumnos y 40 profesores en uno de los centros que acogen a desplazados por la violencia, indicó hoy la prensa local.
El inspector Sylveriste Nicolas dijo al diario Le National que además de los estudiantes y docentes, en el centro Lycée Cent Cinquantenaire de esta capital se refugia también un director de escuela y un gran número de padres.
A finales de agosto el Ministerio de Educación y Formación Profesional creó una comisión para contabilizar la cifra de alumnos desplazados por la violencia en Carrefour Feuilles, Tabarre, Solino y otros distritos de Puerto Príncipe.
Los datos permitirán buscar soluciones para que los niños regresen a clases, así como reubicar a las víctimas que se albergan en una veintena de escuelas.
Cifras preliminares del comité indicaron que al menos tres mil 889 alumnos y 294 profesores se encuentran en esa situación.
El aumento de la violencia en esta capital obligó a más de 16 mil personas a abandonar sus hogares, según un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones.
En las últimas semanas aumentaron los ataques de las pandillas a barrios de la capital, pese a las operaciones de la Policía para frenar su expansión y mientras el Gobierno reitera el llamado a desplegar fuerzas internacionales para controlar las bandas.
La policía brasileña declaró que el victimario atacó a los menores y después se entregó a las autoridades.
Al menos cuatro niños murieron y tres resultaron heridos, uno de ellos en estado grave, en una guardería en la ciudad de Blumenau, al sur de Brasil, tras el ataque con cuchilla perpetrado por un joven de 25 años, reportaron este miércoles las autoridades locales.
La policía brasileña declaró que el victimario entró con una máscara al lugar de cuidado llamado Cantinho Bom Pastor, atacó a los menores y después se entregó a las autoridades.
El incidente se produjo a las 09H00 hora local. Varias unidades de los bomberos, servicios de salud y la policía han acudido a la escena para atender la emergencia e investigar si hay más personas implicadas en los sucesos.
En los últimos meses se han venido repitiendo agresiones similares en otros centros educativos de Brasil. Este último se produce después de que, la semana pasada, una maestra de 71 años fuera apuñalada hasta fallecer por uno de sus alumnos de 13 años en un colegio en Sao Paulo.
En el incidente, otras cinco personas resultaron heridas.
Con respecto a los hechos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestó inmediatamente en las redes y afirmó:
“No hay mayor dolor que el de una familia que pierde a sus hijos o nietos, más aún en un acto de violencia contra niños inocentes e indefensos. Mis condolencias y oraciones a las familias de las víctimas y la comunidad de Blumenau en medio de la monstruosidad ocurrida en la guardería Buen Pastor”.
Muchos padres se aglomeraron en la puerta del centro de educativo mientras esperaban noticias. La Junta Estatal de Investigaciones Criminales (Deic) ya confirmó que será la encargada de investigar el ataque.
Gangs Kill, Kidnap People, Take Over Courts as Repatriations Continue
Una nueva ola de violencia de pandillas en Haití ha causado la muerte de cientos de personas en las últimas semanas y ha profundizado aún más la crisis humanitaria, política y de derechos humanos en el país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos preocupados por la situación en Haití, incluidos los de América Latina, Europa y los Estados Unidos, deben dejar de expulsar personas al país y deben apoyar urgentemente los esfuerzos de las organizaciones locales de la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas para garantizar que los haitianos tengan protección y acceso a la justicia.
Desde principios de julio de 2022, las pandillas han asesinado y secuestrado a cientos de personas en Puerto Príncipe, informó Naciones Unidas, y han tomado control del Palacio de Justicia, donde se encuentra el principal tribunal de la ciudad. Esto ha deteriorado aún más la situación de violencia y escaso acceso a la justicia en el país. El 15 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití hasta julio de 2023 y amplió el número de funcionarios de seguridad en el país.
“Si bien extender el mandato de la Oficina de la ONU es un paso positivo, los gobiernos preocupados por la situación en Haití deberían hacer mucho más para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las agencias de la ONU frente a esta crisis que se está agravado aún más”, dijo César Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Estos gobiernos deben aumentar sus apoyos a los esfuerzos para proteger a la población y asegurar el acceso a la justicia, y en lo inmediato y hasta que las condiciones mejoren deberían dejar deportar o expulsar personas de regreso a Haití”.
Según la Oficina de la ONU en Haití, 540 personas fueron secuestradas y más de 780 asesinadas entre enero y mayo de 2022. En los últimos cinco meses de 2021, 396 personas fueron secuestradas y 668 asesinadas.
Desde el 7 de julio, una coalición de pandillas conocida como “G-9 an Fanni e Alye” ha realizado ataques en el barrio de Nan Brooklyn en la zona de Cité Soleil de Puerto Príncipe, con el aparente objetivo de quitarle control de esta zona a otra pandilla. Aproximadamente 300 personas han sido asesinadas, incluidas 21 cuyos cuerpos aparentemente fueron calcinados, y 16 personas han sido reportadas como desaparecidas, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, una organización local de derechos humanos. Las pandillas también quemaron casas y usaron maquinaria pesada para demolerlas, dijo la organización. 125 casas han sido reportadas destruidas.
El 10 de junio, una pandilla conocida como “5 Segundos” tomó el control del Palacio de Justicia de Puerto Príncipe. Los pandilleros obligaron a funcionarios judiciales a salir, hirieron a un fiscal y robaron computadoras, escritorios y otros bienes, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití.
La falta de audiencias en el Palacio de Justicia y algunos otros tribunales en Haití significa que miles de personas en detención preventiva no han sido llevadas ante un juez ni sus casos han podido ser revisados. Más del 90 por ciento de las personas privadas de la libertad en Puerto Príncipe están en prisión preventiva. Algunas se encuentran bajo detención arbitraria, ya que nunca han sido llevadas ante un juez. Otros no han obtenido información sobre sus casos durante más de un año.
Funcionarios judiciales y abogados habían advertido desde hace años sobre los crecientes niveles de violencia de las pandillas en el área que rodea el palacio, que se encuentra en un barrio controlado por pandillas, y habían pedido que el tribunal fuera trasladado a otro sitio. La Asociación de Magistrados de Haití y la Oficina de Protección del Ciudadano identificaron un edificio donde se podría instalar el tribunal y han solicitado reiteradamente al gobierno que lo reubique, pero no han recibido respuesta de las autoridades, según el presidente de la asociación.
El Palacio de Justicia había estado prácticamente inoperante desde 2018 debido a los riesgos de seguridad. Los funcionarios judiciales iban al juzgado solo para hacer copias de documentos o recibir nuevas evidencias, pero la mayoría de las audiencias habían sido suspendidas. “Si los funcionarios iban al tribunal, tenían que hacerlo bajo su propio riesgo y esquivando balas”, dijo un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial a Human Rights Watch.
Las pandillas parecen haber robado o destruido expedientes y evidencias que, según el presidente de la Asociación de Magistrados Haitianos, serán imposibles de recuperar ya que los tribunales haitianos no tienen copias digitales de los casos. Las oficinas del tribunal albergaban evidencias y expedientes sobre múltiples masacres cometidas desde 2018 por pandillas, así como casos de corrupción, delitos financieros y homicidios.
La policía no ha podido recuperar el control del tribunal, que la pandilla patrulla y vigila con drones, según el Defensor del Pueblo de Haití. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos dijo que la pandilla “5 Segundos” no ha permitido la entrada de extraños al barrio.
Las autoridades haitianas deben tomar medidas urgentes para recuperar expedientes, reubicar el tribunal y proteger a los funcionarios judiciales para que puedan regresar a su trabajo y evaluar los daños causados por las pandillas a los expedientes judiciales, dijo Human Rights Watch. La Oficina Integrada de la ONU en Haití, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los gobiernos extranjeros deben trabajar con las autoridades haitianas para mejorar la protección de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales y apoyar la reubicación del tribunal.
Las prisiones en Haití están superpobladas, brindan escaso acceso a alimentos, agua y medicamentos. Ha habido múltiples informes de organizaciones de derechos humanos haitianas y la Oficina del Defensor del Pueblo sobre casos de malos tratos o tortura por parte de los guardias de la prisión y de violación sexual por parte de detenidos.
La Oficina de la ONU en Haití documentó 54 casos en los que los detenidos fallecieron por causas relacionadas con la desnutrición entre enero y abril. Ocho detenidos fallecieron por estas causas el 23 de junio en la prisión de Les Cayes, al sur de Haití. La prisión alberga a 833 detenidos, tres veces su capacidad, y tiene poca comida y agua porque las pandillas han bloqueado repetidamente la carretera entre Puerto Príncipe y Les Cayes.
Las autoridades haitianas deben priorizar la liberación de las personas en detención arbitraria, garantizar que los tribunales judiciales puedan funcionar de manera efectiva y revisar los casos, y mejorar las condiciones carcelarias, dijo Human Rights Watch. La comunidad internacional debe trabajar con las autoridades haitianas para abordar estos problemas de forma urgente.
A medida que se acelera el deterioro de la seguridad y el acceso a la justicia en Haití, varios países continúan repatriando personas al país. Más de 19.000 personas fueron expulsadas o deportadas a Haití entre enero y junio de 2022, la gran mayoría desde Estados Unidos, en comparación con casi 3.000 durante el mismo período de 2021.
“Las repatriaciones a Haití ponen en riesgo la vida de miles de personas, y ello no cambiará hasta que no mejoren las condiciones en el país”, dijo Muñoz. “Estados Unidos y otros gobiernos deberían detener todas las expulsiones y deportaciones, y ayudar a establecer un programa de reintegración para brindar asistencia y protección a quienes ya han sido repatriados”.
Entre el 50 % y el 70 % de los estudiantes latinos y del Caribe han sido víctimas de algún tipo de acoso escolar, según un documento de Unicef que alerta sobre el aumento de la violencia en los colegios. Golpes, lesiones con objetos, palabras soeces y hasta abuso sexual están prendiendo las alarmas en países como Colombia, Perú, Paraguay y México y refuerzan la necesidad de la prevención.
El más reciente informe de Unicef “Violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe 2015-2021”, publicado en octubre de 2021, señala que los niños y adolescentes hombres experimentan el acoso escolar con más frecuencia, excepto por el acoso de exclusión (ser apartado del grupo, que se difundan los rumores) que ocurre con mayor frecuencia entre las niñas y adolescentes mujeres, además de que cada tres niños en edad escolar han sido víctimas de alguna forma de intimidación, incluyendo el acoso cibernético.
Un fenómeno que es reflejo de varios factores: las desigualdades sociales, la violencia intrafamiliar, la intolerancia, la homofobia y la pandemia que hoy imperan en el continente americano.
“Esta violencia, actitudes y tendencias están presentes desde antes de la covid-19. Es el caso por ejemplo de Sergio Urrego, en Colombia, un caso que hizo que activáramos los planes y que estemos mirando el tema de violencia escolar pasando por género y orientación sexual”, explica a Efe Mary Guinn Delaney, asesora regional de Educación para la Salud y el Bienestar de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El caso mencionado por Delaney ocurrió en 2014 en Colombia, donde Sergio Urrego, un adolescente de 16 años, se quitó la vida después de haber sufrido discriminación constantemente por parte de las directivas del colegio donde estudiaba por su orientación sexual, abriendo así una discusión sobre la manera en la que las instituciones educativas tratan la diversidad sexual. El caso tuvo consecuencias penales, legales y de adopción de protocolos.
Para la representante de Unesco, se trata de un problema a tratar urgentemente por parte de los sistemas educativos, que se enfrentan a grandes desafíos para garantizar el acceso a la educación, la seguridad e integridad física en los colegios.
“Ahora tenemos un proyecto de apoyo a los Ministerios de Educación. Es evidente que los colegios, los profesores y los estudiantes necesitan ayuda”, recalca Delaney.
La ONG Bullying Sin Fronteras muestra en su primer mapa mundial, realizado entre enero de 2021 y febrero de 2022, que los casos continúan en aumento. Concretamente, seis de cada diez niños sufren algún de tipo de acoso y/o ciberacoso todos los días.
“El bullying y el ciberbullying son asesinos silenciosos que cada año matan a 200.000 niños y jóvenes en todo el mundo. Son asesinos que se nutren de tres venenos: la soledad, la tristeza y el miedo”, señala el informe de la ONG.
¿ACOSO ESCOLAR ES SINÓNIMO DE DELITO?
Varios hospitales de América Latina han tenido que atender en las últimas semanas episodios graves relacionados con el acoso escolar. Uno de los que generó mayor alarma social fue el de abuso sexual ocurrido Paraguay con un menor de 6 años por parte de otros niños mayores. El caso, ocurrido en el baño del colegio el pasado 26 de abril, fue denunciado por la madre días después y obligó a las autoridades a abrir una investigación.
En Lima, un menor de 10 años tuvo que ser atendido en urgencias del Hospital de Niños tras una paliza que le propinaron varios compañeros de clase por el hecho de ser venezolano. Le ocasionaron un esguince cervical y un derrame cerebral.
Para el abogado penalista y profesor en Derecho de la Universidad del Rosario en Colombia Francisco Bernate, el acoso escolar no figura como delito porque hasta los 16 años (en Colombia) y hasta los 14 (en Paraguay y Perú) los adolescentes no pueden ser juzgados como adultos.
“Lo que ocurra de ahí para atrás no tiene una connotación legal. Tenemos una serie de guías y rutas de atención que buscan generar un impacto preventivo frente al acoso escolar, el matoneo y la agresión entre niños, pero es responsabilidad de las instituciones”, remarca.
De otro lado están los padres, que “no cuentan con muchas alternativas” y se enfrentan a una situación delicada con sus hijos». Según explica a Efe Bernate, “muchas veces los hechos no ocurren dentro del colegio» y entonces los centros educativos se desentienden de su responsabilidad.
CUANDO LA ESCUELA ES UN TORMENTO
En febrero de este año, Drayke Hardman, un menor de 12 años, se suicidó en Salt Lake City (Utah, EE.UU.), debido al acoso que sufría en la escuela. Sus padres difundieron una carta conmovedora en las redes sociales en la que expusieron la situación de su hijo y visibilizaron las consecuencias de lo ocurrido.
Para muchos niños, ir a la escuela es un tormento debido al ambiente que los rodea y lo que soportan en silencio por temor a contar lo que les ocurre. A ello hay que añadir la falta de apoyo de los colegios, que en ocasiones optan por minimizar la gravedad de los sucesos.
Delaney señala que en situaciones de menores con discapacidad o que son inmigrantes, se enfrentan a una fuerte discriminación. Por este motivo, la Unesco trabaja para “ayudar a los estudiantes en países de alto flujo migratorio que no estaban acostumbrados a recibir un alto flujo de inmigrantes, como Chile, a reconocer las diferencias» culturales y de hábitos de vida.
Delaney advierte sobre un problema creciente en América Latina, como es la orientación e identidad de género. “Muchas veces es una violencia más sistemática y hay un silencio por parte de los sistemas y de los adultos, que no responden aun sabiendo lo que está pasando”.
¿CRIMINALES EN POTENCIA?
Según Bullying Sin Fronteras, el país donde la situación es más preocupante a nivel mundial es México con 180.000 casos al año, seguido de EE.UU., con 160.000 casos totales y donde 6 de cada 10 niños y adolescentes sufren de acoso, especialmente los de ascendencia hispana. En tanto, Colombia ocupa el décimo lugar, con 8.981 casos graves.
Recientes episodios de acoso escolar de gran violencia ocurridos en las ciudades colombianas de Manizales y Bogotá han despertado en este país un debate acerca de si los menores de 14 años que cometen este tipo de acciones pueden ser considerados como sujetos criminales en potencia.
Al respecto, Bernate asegura que puede llegar a suceder, porque se trata de individuos «que no conocen claramente los límites, que no respetan la integridad física del otro».
Pero puntualiza que la solución «no es la represión penal» y recuerda el caso de la masacre en la escuela preparatoria de Columbine ocurrida en abril de 1999, a resultas de la cual, los dos muchachos que perpetraron la matanza cumplen cadena perpetua en una cárcel de adultos.
Más que por un centro de detención para adolescentes, el tema debe pasar por «una política pública de prevención, educación y formación”, recalca.
La medida, adoptada en 2018, busca evitar matanzas escolares como la ocurrida el martes en Uvalde, cuando un adolescente mató a tiros a 19 niños y dos profesores.
En la entrada de la escuela de Utopia, en Texas, un cartel anuncia: «¡Cuidado! Este colegio está protegido por personal armado». La medida se tomó en 2018 para evitar matanzas escolares como la ocurrida el martes a apenas unos 50 kilómetros de ahí, en Uvalde.
Utopia, un pueblo perdido entre colinas y campos extensos, es un lugar tranquilo de unos 200 habitantes. Un puñado de calles, una carretera principal con una decena de tiendas y poco más.
Sus habitantes aún tratan de asimilar la tragedia que golpeó Uvalde hace cuatro días, cuando un adolescente mató a tiros a 19 niños y dos profesores en la escuela primaria Robb.
«No hay forma de evitar al 100% que ocurran cosas así», dice Michael Derry, director del distrito escolar de Utopia desde 2020.
«Pero creo que el hecho de que se sepa que hay personas armadas aquí y que éstas harán lo que sea necesario para proteger a los niños es muy disuasorio», añade.
Esa medida, aplicada por decenas de colegios texanos desde su aprobación estatal en 2013, vuelve a estar de actualidad en Estados Unidos, que debate una vez más cómo detener los tiroteos en sus escuelas.
Los profesores que deseen llevar una pistola deben tener una licencia y presentar su candidatura a la junta escolar, que otorga el permiso o no tras revisar los antecedentes del empleado, explica Derry, de 56 años.
Para él, esa iniciativa es también una forma de paliar la falta de policías en el área de Utopia, en el noreste del condado de Uvalde.
«Estamos muy aislados. Y el departamento del sheriff se centra en el sur del condado por culpa de la gente que cruza la frontera [con México], así que los agentes tardan como mínimo 25 o 30 minutos para llegar aquí. Es demasiado tiempo».
«Eliminar el problema»
En un aula con vitrinas llenas de trofeos de los equipos deportivos del colegio, Bryson Dalrymple, de unos 50 años, se emociona al pensar en la matanza de Uvalde, la ciudad donde creció.
«Es desgarrador y me hace temer por los niños», asegura este profesor de Ciencias, que también es responsable de la seguridad de la escuela, donde estudian niños desde el preescolar hasta el último año de secundaria.
Según él, en caso de ataque, las armas de los profesores permiten «eliminar el problema antes de que empeore».
El martes, el fiscal general de Texas, Ken Patxon, defendió en Fox News la necesidad de que más colegios armen a sus trabajadores.
«No podemos evitar que la mala gente haga cosas malas. Pero tal vez podamos armar y entrenar a los profesores y otros empleados para que respondan rápido. Para mí, esa es la mejor respuesta», dijo.
La Asociación Nacional de Educación (NEA), que agrupa a numerosos profesionales de la enseñanza, rechaza esas propuestas.
«Poner más armas en las escuelas hace que las escuelas sean más peligrosas y no hacen nada por proteger a nuestros estudiantes y docentes de la violencia por arma de fuego», declaró esta semana la presidenta de la NEA, Becky Pringle, en un comunicado.
«Los profesores deberían enseñar, no actuar como agentes de seguridad armados», añadió.
«Me hace sentir más segura»
Sugar Bennett se opuso en un primer momento a la decisión del colegio de Utopia, donde estudia su hijo Jason. Pero esa mujer de 46 años cambió de opinión al ver cómo los tiroteos se repetían una y otra vez en el país.
Esa iniciativa «me hace sentir más segura», dice, sentada a una mesa del Lost Maples, uno de los pocos restaurantes de la localidad.
Frente a ella, Jason ve con buenos ojos que algunos de sus profesores tengan pistola, sobre todo después del tiroteo en Uvalde.
«Tienen suficiente experiencia con las armas para poder defendernos si es necesario», opina.
A pocas cuadras del restaurante, en el aula llena de trofeos, Dalrymple promete hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de sus alumnos.
«Los niños de aquí son como mis propios hijos. Y si alguna vez ocurriera algo malo aquí, daría mi último aliento para protegerlos», asegura. (AFP)
Una guerra ha enfrentado a los hutíes contra las fuerzas gubernamentales desde 2014. Más de 10.200 niños han resultado muertos o heridos desde el inicio de este conflicto, que ya ha provocado la muerte de 380.000 personas.
Cuarenta y siete niños fueron «asesinados o mutilados» durante enero y febrero en la guerra entre los rebeldes hutíes y el gobierno que devasta Yemen desde 2014, anunció este sábado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Desde el comienzo del conflicto «más de 10.200 niños han resultado muertos o heridos» , añade en un comunicado de prensa Philippe Duamelle, representante de la agencia de la ONU en el país, al tiempo que recuerda que el número real es «probablemente mayor».
Según Unicef, más de 2.500 escuelas están inutilizables tras haber sido destruidas, ocupadas con fines militares o utilizadas como refugio de desplazados.
La guerra en Yemen enfrenta a los hutíes, respaldados por Irán, contra las fuerzas gubernamentales desde 2014, apoyadas desde 2015 por una coalición militar liderada por Arabia Saudita y en la que participan Emiratos Árabes Unidos en particular.
Esta coalición afirma que Irán y Hezbolá, un movimiento chiíta libanés pro iraní, están entrenando a los combatientes rebeldes y proporcionándoles equipo militar. Irán niega cualquier apoyo que no sea político.
El 80% de la población depende de la ayuda alimentaria
Según un informe de la ONU publicado en noviembre de 2021, la guerra se ha cobrado casi 380.000 vidas, la gran mayoría de ellas debido a las consecuencias indirectas de los combates, como la falta de agua potable, el hambre y las enfermedades.
La organización ya había recordado que el nivel de desarrollo de Yemen, el país más pobre de la Península Arábiga, había descendido dos décadas a causa del conflicto. Un 80% de los casi 30 millones de habitantes dependen de la ayuda humanitaria.
El exministro de Educación de Haití y director de la Iniciativa de la Sociedad Civil, Rony Desroches, abogó hoy por una intervención militar para sofocar las bandas armadas que operan con impunidad.
Desroches consideró que el actual clima de inseguridad está relacionado con las disputas políticas de los últimos años, además de la mala gobernanza que prevalece en la nación caribeña, aseguró el político.
“Actualmente existe una desproporción de la inseguridad y se requiere necesariamente una intervención militar para desmantelar las bandas”, dijo en declaraciones replicadas por la plataforma digital Vant Bef Info.
También defendió un mejor trato y condiciones de trabajo para la Policía y las Fuerzas Armadas, mientras llamó a los actores políticos y económicos a dejar de financiar la violencia en el país.
“Es la primera vez que el secuestro alcanza tal nivel en el país. Muchas familias han sido descapitalizadas por este fenómeno, que ha afectado a todos los niveles de la sociedad, así como a los extranjeros”, lamentó.
Las organizaciones en defensa de los derechos humanos registraron más de mil secuestros durante 2021, mientras otras 20 mil personas tuvieron que huir de sus viviendas en Martissant, en la salida sur de Puerto Príncipe, tras los enfrentamientos entre las pandillas por el control del territorio.
La víspera en la misma zona individuos armados abrieron fuego contra dos buses de transportación colectiva, matando en el acto a cuatro personas, mientras igual número fueron trasladados de urgencia al hospital.
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