Este texto es el testimonio del recorrido analítico realizado por un psicólogo y tres psicólogas de la Universidad Javeriana, en el marco de una intervención realizada por el Programa por la Paz- Cinep desde hace ya varios años. El territorio fue un inmenso campo de horror y dolor causado por la guerra en el Oriente Antioqueño. Esa guerra que ha dejado en toda Colombia miles de viudas y huérfanos, población civil gravemente afectada por la crueldad de quienes con un arma en la mano han perdido todo sentido de humanidad. Las autoras y el autor, con su corazón desgarrado, tuvieron el acierto de acercarse amorosamente al dolor hondo y permitirle comenzar a balbucear las palabras que finalmente fueron nombrando lo innombrable. Conversaciones que poco a poco exploraron en lo más profundo de la vida de estas mujeres, heridas en su corazón y en su alma, para hallar la visión que tienen del camino que han ido reencontrando para seguir viviendo la vida. Estos grupos luchan por recuperar la dignidad perdida por el odio y por superar el deseo de hacer justicia por mano propia frente a las graves y crueles ofensas recibidas. Levantarse de la postración ha hecho que tanto dolor se convierta en una propuesta que le impide a la muerte y a la tristeza tener la última palabra. Han proclamado que la vida y un camino real hacia la reconciliación, son posibles. Pero exigen, al mismo tiempo, que la sociedad, toda ella, y especialmente los ofensores y perpetradores, se responsabilicen de la destrucción y desestructuración de un tejido social del que todos y todas formamos parte.
Autor/a:
Téllez Luque, Ana María – Sánchez Benítez, Nathalie – Tejada Bermúdez, Carolina – Villa Gómez, Juan David –
Mariana, de 24 años de edad, fue encontrada muerta por asfixia en su habitación el pasado jueves, en el Municipio de Ocosingo, Chiapas.
En México, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) anunciaron un paro indefinido de actividades para exigir justicia por el presunto feminicidio de su compañera Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos.
En un comunicado, los universitarios afirmaron que no reanudarán las clases hasta que se tomen acciones legales contra las autoridades que ignoraron las denuncias previas de Mariana sobre abuso sexual en Ocosingo, donde realizaba su servicio social en una clínica estatal.
“A las facultades, universidades, organismos, colectivas, así como a la sociedad en general, agradecemos profundamente el apoyo brindado y exhortamos al resto de las instituciones a que se sumen a esta lucha, una lucha que no es por nosotros, sino por Mariana“, informaron en un comunicado.
Mariana, de 24 años y recién egresada de la carrera, fue encontrada muerta por asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento la mañana del pasado jueves en su habitación, en el Municipio de Ocosingo, de acuerdo con datos ministeriales.
Además del anuncio del paro, los alumnos realizaron ayer una segunda marcha, a las 11:30 horas, del Parque Bicentenario a la Facultad de Medicina, misma ruta que recorrieron en otra manifestación el 29 de enero pasado en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Otra marcha de feministas y estudiantes se realizó también ayer en San Cristóbal de las Casas.
Mariana desarrollaba desde hace seis meses su servicio social en una clínica en la Colonia Nueva Palestina, en Ocosingo, tras concluir sus estudios de la licenciatura de Médico Cirujano.
La joven había denunciado ante la Fiscalía un ataque sexual en esa Colonia donde realizaba su servicio, por lo que pidió apoyo a la Secretaría de Salud estatal para ser reubicada en otra zona, lo que no ocurrió.
Piden visión de género en muerte de estudiante
La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió que el caso de la estudiante de medicina Mariana Dávalos sea investigado con perspectiva de género.
“Nosotros hemos insistido y en estrecha comunicación con las autoridades de Chiapas que todo sea investigado con perspectiva de género“.
“Tenemos muy monitoreado el asunto. Está interviniendo Conavim (Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres) y hacer un llamado a todas las autoridades que desde el primer respondiente hasta el juez, que todo se haga con perspectiva de género”, comentó Sánchez Cordero en conferencia matutina.
El Gobierno ha estado capacitando para que tengan perspecriva de género, dijo la funcionaria, y no criminalicen a las mujeres ni que las envíen a sus casas dejándolas a su suerte.
“Desde el principio, ella sufrió violencia y criminalización“, agregó la Secretaria de Gobernación.
El pasado 29 de enero usuarios denunciaron a través de Twitter el presunto feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina que hacía su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el Municipio de Ocosingo, Chiapas.
Fuente e imagen: https://laopinion.com/2021/02/01/protestas-en-mexico-por-feminicidio-de-estudiante-de-medicina-mariana-sanchez-quien-sonaba-ser-patologa/
Expertos consultados por BBC Mundo aseguran que una baja edad de consentimiento sexual empeora muchos índices de derechos infantiles.
En Filipinas, uno de cada cinco niños entre 13 y 17 años ha sufrido violencia sexual.
Los niños de 12 años recién viven la pubertad, sus genitales están inmaduros y su cerebro todavía no entiende las implicaciones de una relación sexual.
Pero durante décadas en Filipinas ha sido legal que los adultos se acuesten con niños de esa edad.
Este país del sudeste asiático tiene una de las edades consentimiento sexual más bajas del mundo, aunque las comparaciones pueden ser confusas debido a las diversas legislaciones de cada país.
Expertos consultados por BBC Mundo afirman que la baja edad de consentimiento sexual en Filipinas es una amenaza para la salud infantil y que contribuye a que también sufra altas tasas de abuso, violencia y explotación sexual de niños.
La controvertida ley aún vigente, que data desde los años 30, dificulta definir qué es violación y qué no; y permite que pederastas y violadores esquiven con frecuencia el castigo de la ley, aseguran especialistas.
La baja edad de consentimiento sexual en Filipinas es una amenaza para la salud infantil y contribuye a que el país asiático también sufra altas tasas de abuso, violencia y explotación sexual de niños.
Sin embargo, las cosas podrían estar muy cerca de cambiar.
A fines de 2020, el Congreso de Filipinas, tras décadas de campaña de organizaciones defensoras de los derechos del niño, aprobó por amplia mayoría aumentar hasta 16 años la edad de consentimiento sexual, también conocida como ley de violación estatutaria.
La reforma aún debe recibir la aprobación del Senado y la ratificación del presidente Rodrigo Duterte para convertirse en ley. Es el paso que muchos esperan que acabe con décadas de desprotección infantil.
Arraigo cultural centenario
En el mundo, las edades de consentimiento sexual oscilan entre los 11 y 18 años, aunque quedan relativamente pocos países que mantengan este índice por debajo de los 14 o 15 años.
Muchos de estos países se concentran en Sudamérica y Asia, y, en el caso de Filipinas, los expertos lo justifican en el arraigo cultural y religioso de códigos penales influenciados por siglos de colonización española, finalizada en 1898.
El código penal filipino aún está influenciado por el arraigo religioso vigente desde tiempos de la colonización española.
«Cuando en Filipinas se estableció la edad de consentimiento sexual a los 12 años en la década de 1930, aún estábamos muy marcados por los tres siglos de dominio español, con todas las herencias culturales que eso significa», explica a BBC Mundo la doctora Bernadette Madrid, directora de la Unidad de Protección Infantil de la Universidad de Manila, Filipinas.
Hasta 2015, la edad de consentimiento sexual en España estaba situada en los 13 años, de las más bajas de la Unión Europea. Actualmente está definida en 16.
Inmadurez psíquica y física
«La violación estatutaria es un delito que involucra el contacto sexual entre un adulto y un menor a la edad especificada por la ley. Con cierta edad, un menor no puede dar su consentimiento al sexo porque carece de la madurez necesaria para tomar una decisión consciente sobre ello», explica a BBC Mundo Patrizia Benvenuti, directora de Protección Infantil en Unicef Filipinas.
Básicamente significa que cualquiera que tenga contacto sexual con un menor de 12 años en Filipinas no tiene que responder ante la ley si el menor afirma que la relación fue consentida.
Durante décadas, distintas organizaciones han hecho campaña para que se proteja más a los niños en Filipinas.
«Esto es muy problemático. La parte racional del cerebro de una persona no se desarrolla completamente hasta los 25 años. Hay amplia evidencia sobre ello. Por lo tanto, decir sí a una relación sexual con 12 años no es consistente con los estudios científicos sobre el desarrollo del cerebro y la madurez física y emocional», agrega la experta.
«A los 12 años, los genitales de una niña están inmaduros. Cualquier relación sexual a esa edad les expone a más posibilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual, infecciones y desarrollar cáncer de cuello uterino. Un embarazo a esa edad tampoco es seguro y pone en riesgo tanto a la madre como al bebé», amplía Madrid.
Además, ambas expertas coinciden, a esa edad es muy fácil ser manipulado por alguien mucho mayor.
Prisa por aprobar la ley
Benevenuti dice que aprobar esta ley es vital porque protege a los niños de zonas en desventaja social, más propensos a la actividad sexual con adultos a cambio de bienes y favores.
Además, protegería a los niños de las consecuencias de la actividad sexual prematura y de la alta tasa de embarazos no deseados o precoces, una causa primaria en el abandono escolar adolescente.
«Y, por supuesto, castigaría a los adultos que se aprovechan de los menores», dice Benvenuti.
Las esperanzas de muchos filipinos están depositadas en que el Senado convierta la propuesta en ley cuanto antes.
En Filipinas, uno de cada cinco niños entre 13 y 17 años ha sufrido violencia sexual y esta tendencia afecta a hembras y varones, según un estudio de Unicef en 2015.
Es por ello que la propuesta también recoge protección igualitaria tanto a niños como niñas en casos de violación, algo que no incluye la ley actual.
Filipinas también figura entre los países con mayor producción y distribución de material pornográfico infantil.
Unicef estima que la baja edad de violación estatutaria es causa primaria de que estos índices de abuso infantil sean tan altos.
Cambio de mentalidad
Muchos filipinos, como Madrid, esperaban que la reforma se aprobara de forma exprés en el Senado después de que el Congreso diera el visto bueno el 1 de diciembre de 2020 por 207 votos a favor y 3 en contra.
«Pero ahora parece que el proceso va más lento. Me preocupa que, si sigue tardando, la iniciativa quede relegada por otras prioridades de la agenda política», dice la experta.
Los promotores de la nueva ley llevaban varios años intentando que se debatiera en el Congreso, pero no fue hasta hace unos meses que los congresistas actuales se sentaron a discutirla y aprobarla.
«Al margen de la ley, este país necesita un programa de educación sexual más completo».
«Algunos de los congresistas tienen hijas de 12 años y, por tanto, tienen la empatía suficiente para comprender que una niña de 12 años no está preparada para tener sexo», explica Madrid.
La doctora reconoce que, a pesar de la mayor promoción institucional de la ley, existen «pedófilos» que se han manifestado en contra y desafían la iniciativa dejando comentarios críticos en el sitio web de la Unidad de Protección Infantil.
«Muchos nos dicen que las adolescentes de 12 años deberían ser libres de decidir por sí mismas si quieren tener sexo o no. Al margen de la ley, este país necesita un programa de educación sexual más completo«, opina la especialista.
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Fuente e Imagen: https://acento.com.do/bbc-news-mundo/el-pais-donde-tener-sexo-con-ninos-de-12-anos-es-legal-y-sus-esfuerzos-por-cambiarlo-lo-antes-posible-8905814.html
Mar Cambrolle Jurado: «Cuando niegan nuesTrans identidades, nos entregan a la violencia patriarcal, nos expulsan, nos dejan en las calles para que nos sigan agrediendo. Por eso el verdadero feminismo abraza y lucha por todas las mujeres. Somos más».
La Federación Plataforma Trans defiende la gestión de la Ministra de la Igualdad, Irene Montero, por su compromiso con la igualdad de todas las mujeres, niñas y colectivo LGTBI.
Su compromiso decidido y con un amplio apoyo de los movimientos feministas, LGTBI y colectivos sociales, hacen que las políticas publicas y propuestas legislativas partan de un principio feminista, inclusivo, intersecional y transversal donde ninguna mujer queda atrás.
La propuesta legislativa de la Ley Trans, que cuenta con el apoyo de más del 96% de personas que participaron en la consulta publica de esta propuesta, así mismo, el movimiento feminista no institucionalizado de manera unánime ha apostado por el avance en derechos de las personas trans y por tanto apoyan el tramite de la Ley Trans.
Todos estos apoyos, donde se incluyen también numerosos profesionales, hacen de la Ley Trans, una propuesta legitima y que viene a saldar la deuda que la democracia tiene con las personas trans.
En los últimos días hemos visto como paralelo al avance de la Ley Trans, grupos anti derechos trans, han elevado la presión hacia el Ministerio de Igualdad, convirtiendo a Irene Montero en el blanco de su guerra contra el avance en derechos de las personas trans, alineándose esta corriente con la ultraderecha y fundamentalismos religiosos, como ya ha sucedido en otros países.
Este compromiso valiente y decidido de Irene Montero con la igualdad plena de las personas trans, se enmarca en un contexto donde Europa, Latinoamérica y hora EEUU han decidido proteger a las personas trans contra las discriminaciones y blindar sus derechos en igualdad de condiciones.
“El feminismo ha sido y es la herramienta para luchar por la igualdad de condiciones y contra todas las opresiones, siendo una estrategia que se ha enfrentado a las políticas excluyentes, negacionistas y opresivas de la ultraderecha” declara Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans. “Es perverso atrincherarse bajo las siglas del feminismo para oprimir a las personas trans y atacar a un Ministerio que por primera vez representa a todas las mujeres y sus políticas están más que avaladas por el sujeto político” continua Cambrollé “El progreso histórico es imparable y sin lugar a dudas, el Siglo XXI será el de la liberación de las personas trans” Concluye Cambrollé.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/25/01/2021/la-plataforma-trans-defiende-la-gestion-de-irene-montero-al-frente-del-ministerio-de-igualdad/
América del Sur/Colombia/29-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello exigió la atención de las autoridades colombianas.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, mediante comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, denunció este lunes amenazas lanzadas por un presunto paramilitar contra las comunidades indígenas de la etnia Sikuani, del asentamiento Iwitsulibo, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento Meta, Colombia.
La declaración asegura que las amenazas han sido proferidas por el señor Ernesto Martínez, conocido con el sobrenombre de «Cajuche». Según el documento, tales sucesos ocurrieron luego que el pasado 21 de enero las comunidades indígenas de la etnia Sikuani de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai volvieron al territorio ancestral del que fueron desplazadas para sembrar sus cultivos tradicionales y reconstruir sus vidas.
«El día 21 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 10H30 (Hora local) llegó el sr. Intendente de apellido Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán (Meta) acompañado del señor Ernesto Martínez, a quien lo indígenas lo reconocen con el sobre nombre o alias “Cajuche” quien ha sido visto presuntamente con grupos paramilitares del mismo municipio, dicho señor exigió al pueblo indígena el desalojo de los predios», explica el comunicado.
Asimismo, relata que «la comunidad indígena mostró la documentación en la que se demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras», entidad que «solicitó a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos, e inhibirse de iniciar otros sobre estos predios», agrega.
La organización defensora de derechos humanos refirió además que en medio de la situación anterior, «el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores a lo que el señor Ernesto Martínez alias Cajuche profirió una amenaza contra la comunidad indígena. Si no se puede con la policía se tendrá que hacer con otro grupo”, advirtió la nota.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello hizo un llamado a las principales autoridades de Colombia como el Ejército y la Policía Nacional así como a organizaciones y colectivos sociales para que tomen acciones a favor de la protección de los pueblos ancestrales de Puerto Gaitán y se eviten más amenazas y hechos graves que lamentar.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/denuncian-amenazas-comunidad-indigena-colombia–20210125-0054.html
América Central/República Dominicana/22-01-2021/Autor(a) y Fuente:acento.com.do
La entidad destaca que la violencia verbal y psicológica está presente en cinco de cada 10 infracciones, un 51 %, seguida de la violencia física, que corresponde al 23 % del total de las denuncias realizadas en los primeros 10 meses de 2020.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Fiscalía del Distrito Nacional informó que entre enero y octubre de 2020 registró 3 mil 851 denuncias por violencia de género y delitos sexuales, de las cuales el 64 % (2,483) fueron realizadas en las fiscalías comunitarias y el 36 % restante a través de la Unidad de Atención y Persecución de la Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual.
Los datos de la Dirección de Indicadores de Gestión de la Fiscalía del Distrito Nacional destacan que el sector con mayor número de denuncias durante este período fue Cristo Rey, con 509.
La entidad destaca que la violencia verbal y psicológica está presente en cinco de cada 10 infracciones, un 51 %, seguida de la violencia física, que corresponde al 23 % del total de las denuncias realizadas en los primeros 10 meses de 2020.
El reporte estadístico de la Fiscalía del Distrito Nacional evidencia, durante el período comprendido entre enero y octubre 2020, una baja en la cantidad de denuncias por violencia de género y delitos sexuales, 1,679 menos en relación con el mismo período de 2019.
Según el rango de edad, el informe estadístico de la Fiscalía del Distrito Nacional indica que mujeres entre 18 y 35 años son quienes más sufren violencia de género, mientras que niñas entre 13 y 17 años son la mayoría de víctimas de delitos sexuales.
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/mas-de-3851-denuncias-de-violencia-de-genero-y-delitos-sexuales-se-registraron-en-10-meses-del-2020-8904512.html
Legisladores chinos están considerando una ley de educación familiar que proponga que los padres u otros tutores de menores no cometan violencia en la educación familiar.
Se presentó el miércoles un borrador de la legislación a la sesión actual del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, para la primera lectura.
Al educar a los menores, los padres o tutores no discriminarán a los menores por su género o condición física, no cometerán violencia ni los obligarán a cometer actos delictivos o inmoralidad social, señala el borrador.
Los padres u otros tutores tienen la responsabilidad primordial en la educación de los niños, dice el borrador, y agrega que deben aprender a conocer la educación familiar para mejorar las capacidades al respecto.
El proyecto también estipula las responsabilidades y deberes del gobierno, las escuelas y otros sectores para mejorar la educación familiar.
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