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México: El imperio de las balas y el desplazamiento silencioso en Guerrero

Por: Isael Rosales Sierra

El desplazamiento forzado en el estado de Guerrero se ha incrementado en los últimos 15 años, sobre todo, por la ausencia y el debilitamiento de las instituciones estatales para atender regiones olvidadas. “La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hablado de las regiones del silencio. Es lamentable que en nuestro estado podamos decir que, en la región de la Costa Grande, de la Tierra Caliente, en la Zona Norte, hay comunidades que se caracterizan por estar silenciadas”, señala Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El jueves 25 de febrero de 2021 pobladores de la comunidad de Hacienda de Dolores, El Zapote y Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, fueron atacados por integrantes de la Familia Michocana, quienes mantienen en constante asedio a las familias. De acuerdo con datos del periódico El Sur, en sus publicaciones el día 26 y 27 de febrero de 2021, los “decesos podrían llegar a 15” y una decena de heridos. La explotación de la madera ha sido otro problema que ha resultado en el asesinato de Rubén Santana el 15 de febrero de 2011, mientras su esposa Juventina Villa fue asesinada en noviembre de 2012. Pasado un tiempo poco más de 80 personas fueron desplazadas de las comunidades de La Laguna y Los Ciruelos.

El desplazamiento forzado no es privativo de Guerrero. A finales de 2019 45.7 millones de personas vivían en condición de desplazamiento interno en el mundo como resultado de conflictos y violencia, apunta en el informe “Episodios de Desplazamiento Interno Masivo en México” (CMDPDH: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2019.pdf). En México se registraron 8 mil 664 personas desplazadas de 28 episodios en 8 estados, principalmente Chiapas con 9 y Guerrero con 8 hechos distintos, 5 mil 128 personas desplazadas, ocupando el primer lugar. En tres ocasiones fueron desplazadas mil o más personas, pero la mayor parte ocurrieron en el municipio de Zirándaro, donde incursiones y enfrentamiento entre grupos de la delincuencia desplazaron a mil 500 personas de diferentes comunidades. El estado de Oaxaca tuvo el segundo lugar con mil 071 personas desplazadas. En Chihuahua 300 personas desplazadas, Tamaulipas 140, Sinaloa 393, Chiapas 668 y Michoacán 704. Es importante señalar que en el conteo “histórico-acumulativo asciende a 346 mil 945” personas desplazadas en el país. (CMDPDH: página 21-22).

Sergio Ocampo Arista, periodista reconocido, ha estado entre la línea de fuego para relatar las historias trágicas de Guerrero, en estos días ha publicado en su Facebook el drama de las comunidades campesinas de la sierra madre del sur del estado. “Confieso que esta semana, dos acontecimientos cimbraron mi conciencia y mis sentimientos; el jueves estuve en Vallecitos de Zaragoza, ubicado a 65 kilómetros del municipio de Zihuatanejo, y visité a los cerca de 300 desplazados de Zihuaquio, conocí la situación en que se encuentran, desde enero del 2020, cuando junto con otros mil 500 paisanos huyeron por la violencia que se presenta en esa región de Tierra Caliente/Costa Grande. Sobra decir que Vallecitos está abandonado, más de 3 mil 500 ciudadanos también huyeron por la violencia; triste historia de nunca acabar, poco hacen los 3 niveles de gobierno para resolver el problema ¿qué haría usted si se quedará sin hogar, y sin trabajo?”. El otro acontecimiento fue la muerte de un maestro de primaria, su amigo cercano, Sergio en las hondas reflexiones de la muerte.

En este contexto, el viernes 26 de febrero, se llevó acabo un foro virtual: “experiencias latinoamericanas de desplazamiento forzados y medidas de prevención”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Embajada Canadá y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien organiza, coincidieron en sumar esfuerzos para luchar en pro de la defensa de los derechos humanos de las familias desplazadas por la violencia macrodelincuencial.

Integrantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en Guatemala y Chiapas respectivamente, consideran que el estado dejó de ser garante de los derechos humanos de personas desplazadas por la violencia. “Se ha implantado el terror en las comunidades y por eso decimos que estamos viviendo un momento de tortura. Hay mucha impunidad porque hasta en la actualidad los grupos armados en contubernio con las autoridades prevalece. El Estado dejó de ser protector y se convirtió en el causante del problema, el ejemplo más cruento es Chiapas donde indígenas han sido desplazados por grupos paramilitares. Nos preocupa porque estamos viviendo una crisis sanitaria en las comunidades y el estado no garantiza la vida. Así que es importante trabajar ante el sistema interamericano”.

La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, expresó que “es preocupante ver a un gobierno sumiso ante la embestida del crimen organizado que obliga a miles de familias a desplazarse de sus lugares de origen. Criticó que en Guerrero se vive un estado de vulnerabilidad porque acrecienta el desplazamiento forzado cada día, pese a que el Estado mexicano no lo ha aprobado como un delito, además de que el gobierno federal solo ha reconocido a 80 familias originarias de Guerrero como desplazadas, pero no por el crimen organizado sino por despojo o robo a casa habitación. En esta tesitura, pidió que en el Código Penal se tipifique como delito el desplazamiento forzado y que la Cámara de diputados apruebe la Ley General sobre este tema”.

Por su parte, Abel Barrera, señaló que, en Tierra Caliente, en ciudad Altamirano, en colindancia con Morelos y el Estado de México, los giros económicos están controlados por los grupos de la delincuencia organizada. Ahora quienes distribuyen productos de la coca cola es la delincuencia hasta para comprar un kilo de carne en el mercado. Se necesita ser proveedor autorizado por grupos de la delincuencia. Si los presidentes municipales están sometidos, es claro que las poblaciones están sometidas y dominadas.

En hechos recientes de desplazamiento de familias sierreñas por la violencia es evidente que prevalece la ausencia de las autoridades, el problema es que no están atentos, sobre todo, la guardia nacional y el ejército para contener esta avalancha delincuencial. La Costa Grande, la Zona Norte, Tierra Caliente y la Sierra es un polvorín porque ahí es donde está la disputa territorial.

En la región Centro ha habido desplazamiento en el municipio de Zitlala y Chilapa. Decenas de personas han sido desparecidas y asesinadas. Las esposas sueñan que sus esposos vuelven, tocan la puerta y se van. Las niñas y los niños miran a sus papás en el patio de sus casas, les gritan, pero salen corriendo como si no quieran ser vistos. La añoranza de que sus seres queridos regresen es latente. Este oscurantismo impuesto por la delincuencia es por el control no sólo de un territorio pobre, incomunicado, con poblaciones dispersas sino por un territorio donde hay concesiones mineras, en unos lugares se explora mineral y en otros el proceso de exploración. “Se trata de un modelo estractivista donde la delincuencia está jugando un papel importante para el desplazamiento de la población, es decir, no sólo es la siembra, el trasiego de la droga de la amapola sino los negocios de la minería”, apunta Abel Barrera.

El director de Tlachinollan analiza que en el macizo de la sierra madre del sur está el oro y ahí están los macizos de la delincuencia. En esta revisión de la geografía tenemos que entender a los actores, la forma en como están funcionando las instituciones, los grupos de poder, los cacicazgos y la presencia del ejército, sin embargo, la situación se ha descompuesto más, precisamente porque hay acuerdos y complicidades. Un meganegocio y la derrama del capital beneficia a los gobiernos del Estado.

Los dueños del territorio, pero no los ancestrales sino por grupos de la delincuencia son Los Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Granados, el Cartel Independiente de Acapulco, La Barredora, El Comando del Diablo, Los Ardillos, Los Tequileros, Los Jefes, El Cártel del Sur, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Guerrero sangra por estos grupos que buscan controlar la vida social y comunitaria de las comunidades indígenas y campesinas. Donde hay grupos armados se da la violencia y por ende los desplazamientos de personas.

“La mayoría de los desplazamientos han sido en Apaxtla, en Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Tlacotepec, Chichihualco, donde hay trasiego de droga. Las familias están sufriendo, unos han decidido a enfrentar, otros a desplazarse a la Ciudad de Altamirano, Michoacán, la Ciudad de México y la Ciudad de Chilpancingo. Son desplazamientos silenciosos, las familias no quieren que se sepa que están porque los pueden ir a matar. También se habla de desplazamiento de familias de Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas en la región de la Montaña”.

Abel Barrera aborda que, en la guerra sucia, cuando los campesinos se rebelaron contra el Estado mexicano, los generales llegaban hacerles la guerra a los pueblos. Ahí los generales se aliaron con los caciques e implementaron una guerra de contrainsurgencia, se fueron contra los campesinos. Con el tiempo fueron dejando a los pistoleros que eran como los policías, como los jefes de plaza, y posteriormente con todos los cárteles nacionales. Guerrero se convirtió en un narcoterritorio, donde Acapulco es el lugar estratégico para el trasiego de la droga, incluso de Colombia, a Estados Unidos. Iguala quedó como la ciudad del oro y después en la ciudad del narco. En 2014 terminó en la tragedia de 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Quedó evidenciada la participación de las corporaciones policiacas y militares con la empresa macrodelincuencial. No es gratuito que haya actores intocados por el Estado mexicano y que ha dado a estos desplazamientos.

Hay una herida abierta en la sierra madre del sur del estado de Guerrero que se sigue zanjando. Hay centenas de familias desplazadas que no han podido ser atendidas por las autoridades federales y estatales. Aquí sólo impera la ley de las balas.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-imperio-de-las-balas-y-el-desplazamiento-silencioso-en-guerrero/

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Reportan el secuestro de al menos 300 niñas en Nigeria

África/Nigeria/28-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Las autoridades esperan la información de la Policía y de la escuela para conocer la cifra exacta de las niñas raptadas.

Alrededor de 300 niñas fueron secuestradas en la madrugada de este viernes en el noroeste de Nigeria por un grupo de hombres fuertemente armados.

De acuerdo a fuentes oficiales los hombres armados irrumpieron en el dormitorio de la escuela Government Girls Secondary School, ubicada en el estado nigeriano de Zamfara.

«Sí, hemos recibido un informe sobre el secuestro de (unas 300) alumnas en Jangebe, pero todavía no podemos confirmar el número exacto de secuestradas ni dar más detalles sobre lo sucedido», informó a agencias de noticias, Alhaji Abubakar Dauran, Comisionado de Seguridad y Asuntos Internos de Zamfara.

«Todavía estamos esperando los informes del cuerpo de Policía y de la escuela», añadió, sobre un ataque que las autoridades consideran podría haber sido perpetrados por «bandidos».

Los atacantes habrían llegado a la escuela tras atacar un puesto de control del Ejército en la zona, según el portal de noticias PM News Nigeria, si bien por el momento no hay informaciones sobre víctimas. El Gobierno no se ha pronunciado por el momento sobre el incidente.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/nigeria-hombres-armados-secuestran-ninas-20210226-0006.html

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Colombia reporta 27 líderes sociales asesinados en lo que va de 2021

América del Sur/Colombia/28-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Otras 11 personas fueron asesinadas en dos masacres acaecidas en ese mismo municipio durante el último fin de semana.

La espiral de violencia en Colombia se cobró una nueva víctima cuando el miércoles último resultó asesinado en Tumaco (en el oeste del país, en la costa pacífica) un líder indígena, en la conclusión de una semana en que más de una decena de personas fueron víctimas de la inseguridad en ese mismo municipio del Estado de Nariño.

El Resguardo Indígena Awá, Piguambi Palangala informó que el miércoles «cerca del mediodía, hombres desconocidos armados acabaron con la vida del compañero integrante del resguardo, quien este año se desempeñaba como fiscal del cabildo Piguambí Palangala Jhon Albeiro Pai Pascal», de acuerdo a esa organización indígena.

El resguardo indígena denuncia, asimismo, que este hecho se suma «a las difíciles situaciones que venimos afrontando, entre muertes, amenazas, señalamientos y atentados a líderes y lideresas» de ese pueblo originario. Este es el caso número 27 de asesinato de líderes indígenas en lo que va de año en el país.

El resguardo indígena reclama, por su parte, el respeto por su territorio, la vida, las comunidades indígenas de dicha comarca y respeto por su autonomía territorial y por tanto, exige al gobierno se «inicie la ruta de protección colectiva de conjunto con las autoridades indígenas.

Solicitan, de igual manera, el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional que permita esclarecer los hechos.

En Temuco los últimos días ha visto el incremento de la violencia política, pues en el último fin de semana fueron asesinadas 11 personas, en las masacres número 14 y 15 de lo que va de 2021 en Colombia, en una región donde en 2020 se produjeron tres asesinatos colectivos, y en el último mes han muerto 3 personas más, 2 de ellos indígenas y uno más firmante de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP.

En ese término departamental, se dio el 53 por ciento de las muertes violentas acontecidas durante el año anterior, de acuerdo a datos aportados por Indepaz.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-violencia-actualizacion-temuco-20210226-0014.html

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Jaime Barrios Carrillo: ¿Quién mata a los niños?. Guatemala

Los recientes hechos de extrema violencia, como la eliminación de una familia entera o el brutal asesinato de niños, confirman trágicamente la situación del país y sus precarias instancias policiales, ausencia de cohesión social y un espíritu de miedo que se generaliza.

Qué se dirá en el futuro sobre esta época bárbara, ahora que ser niño o joven resulta un delito, castigado con la pena de muerte por inanición o por enfermedad o el castigo del trabajo forzado en lugar de la escuela, el juego y la seguridad de un hogar.

La juventud y la infancia guatemalteca son explotadas y se les induce, directa o indirectamente, a la criminalidad. Se exportan niños, se envían a los coyotes en Tijuana, solos e indefensos y son miles. Se abusa sexualmente de los niños. Se roban niños. Se asesinan niños. El infanticidio prolifera entre la pobreza y la ignorancia. Y las drogas, la prostitución, el abandono y la violencia. ¿Qué puede esperarse del futuro si no se cambian las estructuras del infanticidio estructural?

Los problemas de fondo no pueden seguir abordándose por las ramas. Con inventivas graciosas a lo Jimmy o populismo agresivo a lo Giammattei, coyotes de la misma loma. A cualquier conciencia civilizada le horrorizan los asesinatos de niños y niñas y el grado de salvajismo y violencia en Guatemala. Pero también espanta escuchar que la solución sea matar a los que matan, que muchas veces son menores. No se trata de eliminar a unos cuantos asesinos sino ir a la raíz para superar las causas de la pobreza y la falta de educación. Es moralmente condenable eso de “limpiar a la sociedad” o “limpieza social” como si la sociedad estuviera limpia de pecado. ¿Existirá mayor escoria y ultraje que la corrupción? Mayor afrenta social que pagar bajísimos salarios y a la vez no pagar impuestos. No resulta difícil el razonamiento, y está clarísimo que la corrupción estructural del Estado no solo hace ricas a las mafias políticas sino empobrece más a los pobres, debido a la mala calidad del gasto público.

Ya cansa la cantaleta de que denunciar la injusticia es “castro chavismo” y es obra de los chairos. Repetir esto como un mantra solo es una muestra de la falta de argumentos y de escrúpulos para defender un sistema que produce pobres y la pobreza impide que Guatemala entre a la modernidad y se democratice.

El sistema no funciona o funciona solo para pocos. Por ejemplo, en educación el promedio de escolaridad es de 5.60 años en el ámbito urbano y más baja aún en el área rural, donde apenas llega a 3.84. Todas estas cifras nos ponen entre los últimos lugares del continente.

El presidente de Guatemala, doctor en Medicina Alejandro Giammattei, afirmaba en un derroche de irresponsabilidad retórica que la medicina contra el infanticidio en el país es la pena de muerte. Matar a los asesinos de niños y se acabó el problema, según el doctor Giammattei. Así de fácil. Al mandatario no le preocupan las causas estructurales que azotan a la infancia. No menciona la desnutrición que mata más niños, el maltrato, la drogadicción, la falta de educación, en una palabra, a Giammattei no le interesa cerrar la gran fábrica antiniños que es el sistema social que tenemos sino pedirle a sus aliados en el Congreso que reactiven la pena de muerte contra todas las convenciones que el país ha firmado. En otras palabras, se trata de una obvia y lamentable maniobra populista que no solucionará el problema del infanticidio estructural.

Pero ¿quién está matando a los niños en Guatemala? Para responderlo debemos hacer un acercamiento histórico. No es cosa de hace un mes o unos años sino décadas de violencia y pobreza.

La criminalidad y los homicidios no han disminuido en Guatemala. El país es considerado uno de los más violentos del mundo con más de 50 mil asesinatos en los últimos diez años. Es una problemática de décadas que ha hundido al país en el ámbito internacional y a nivel nacional ha producido la República del Miedo aunque lo niegue alguna personera del actual Ministerio Público que parece preguntar con arrogancia “¿quién dijo miedo?”, porque considera que en Guatemala no existe un problema de temor de la ciudadanía y que todo funciona a la maravilla.

De vuelta al Presidente, ya en octubre pasado había negado que hubiera una ola creciente de asesinatos de niños y secuestros. Entonces dijo que se trataba de “una campaña bastante peligrosa con intereses más políticos”, Y se atrevió a desmentir estadísticas, informes y testimonios afirmando lo contrario: “Había una disminución”.

Las estadísticas de la muerte, la desnutrición y la falta de escolaridad resultan dolorosas y concretas comprobaciones que el sistema social y político de Guatemala hace rato ha colapsado. No es fácil ser niño en Guatemala ni mucho menos ser padre.

Los padres pobres ven con aflicción la enfermedad de sus hijos, la falta de medios para una infancia feliz, la falta de distracciones y juegos, la carencia de seguridad social. Agreguemos la mala salud relacionada con la desnutrición.

Las historias de infanticidio sobrepasan la literatura del horror. Hace 15 años, un pandillero de 18 años, apodado el Black, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil, acusado de haber participado en la muerte de cuatro menores y la madre en San Miguel Petapa. El Black mismo había perdido la pierna izquierda a los 14 años, en una balacera con miembros de una mara rival. El pandillero confesó que había dado muerte “solo” a uno de los niños, sin precisar a quién. En estado de drogadicción afirmaba no sentir nada, aunque repetía como aduciendo una defensa: “Yo solo maté un niño no a los cuatro”. “Solamente maté a uno”, insistía.

El sicariato juvenil, incluso infantil, viene siendo una realidad tenebrosa en Guatemala. La actitud y perspectiva de matar a los criminales también ha venido opacando los análisis serios y balanceados que ven en el sistema social y político la esencia del problema. Asimismo preocupa la falta de cultura social y democrática cuando no se ve ni se considera que existe una relación entre pobreza, criminalidad e infancia en Guatemala.

Un país que no apuesta por la infancia y la mantiene en condiciones flagrantes de precariedad social, escolar y sanitaria no puede pretender llegar al desarrollo. No se llega pasando por encima de miles y miles de infantes que ven sus vidas frustradas, acabadas, maltratadas.

La imagen del país no cambiará nunca si no se cambia primero al país. No puede esperarse que a base de ponerse como el avestruz, con la cabeza metida en la arena, se solucionarán los graves problemas. Los partidos evaden la problemática porque a la clase política nacional le importa muy poco la infancia.

La infancia es un periodo corto que, sin embargo, afecta el resto de la vida. Un país de niños desgraciados se labra un futuro incierto. La infancia debe ser una etapa maravillosa de la vida. Para todos y no solo para una minoría que desconoce el significado de la solidaridad y la empatía.

En Guatemala, 25 de cada mil niños que nacen mueren antes de cumplir un año. La mayoría fallece por enfermedades curables y por la desnutrición que azota nuestros campos. Un porcentaje grande de los niños y niñas sufren de anemia. Muchos morirán antes de llegar a los 10 años y antes de llegar a la vida adulta. Y de los que lleguen a la vida adulta, si no cambian las cifras actuales, solo una minoría llegará a pisar una universidad.

A los niños guatemaltecos los está matando ese sistema que el Presidente y el Pacto de Corruptos defiende y utiliza para sus propios fines. Giammattei niega la realidad y se aboca al patíbulo. A castigar directamente a los autores materiales, unos cuantos asesinos. Pero los verdaderos asesinos son gente de camisa blanca y corbata, con maletín de ejecutivo, con grandes empresas, con automóviles blindados, con curules, con casas en Miami y lugares aledaños. ¿Quién les pide cuentas? La historia en todo caso no los absolverá. Ni a Giammattei que se queja de ser el presidente más criticado de la era democrática. Tiene razón, pero sus críticos también la tienen, y de sobra.

¿Qué habrá sido de la vida del Black? ¿Cuántos Black están naciendo cada día?

Fuente: https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/02/21/quien-mata-a-los-ninos/

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Brasil reporta un aumento de casos de feminicidios en el 2020

América del Sur/Brasil/19-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

De marzo a agosto del 2020, el país registró una tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres habitantes de 0.56 en 12 estados.

El Foro Brasileño de Seguridad Pública señaló que en la primera mitad del año 2020, el país suramericano reportó un aumento de la tasa de feminicidios en un 1,6 por ciento.

“Cada dos minutos una mujer es agredida y hubo 120.00 casos de lesiones corporales durante la pandemia”, reportó dicho organismo. El Atlas de Violencia presentado por la institución brasileña, reporta en 2018 que cada dos horas una mujer fue asesinada en Brasil, con un total de 4.519 víctimas.

Asimismo, el informe declara que del total de defunciones por motivos de género el 68 porciento eran mujeres negras. Los feminicidios de mujeres negras aumentaron en un 12, 4 porciento entre 2008 a 2018, declaró el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

De marzo a agosto del 2020, el país registró una tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres habitantes de 0.56 en 12 estados; que representan el 49 porciento de la población femenina del total analizado. Se reportaron así 331 femicidios y las notificaciones de violencia psicológica a las personas LGBTI+ ascendieron a 1.819 en 2.018 víctimas.

En 2020 la directora de la Red de Salud Feminista, Télia Negrao, había indicado que el número de intentos de feminicidio seguía en aumento. “La tipificación es muy reciente y los feminicidios se pueden caracterizar como homicidios. Lo que sí podemos decir, de hecho, es una reducción puntual de las notificaciones”.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-aumento-casos-feminicidios-20210216-0037.html

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¿Jóvenes con o sin derechos?

Por: Tahira Vargas García 

La marcada tendencia en muchas familias e instituciones educativas de un ejercicio de poder autoritario hacia la juventud se expresa en las restricciones a su inserción en espacios de recreación, vestimenta y manejo de su cuerpo.

Recientemente se celebró el día nacional de la juventud. En estudios realizados con jóvenes de ambos sexos en comunidades rurales y urbanas se muestran conflictos con la población adulta por violaciones a sus derechos de expresión y ejercicio de libertad. La marcada tendencia en muchas familias e instituciones educativas de un ejercicio de poder autoritario hacia la juventud se expresa en las restricciones a su inserción en espacios de recreación, vestimenta y manejo de su cuerpo.

La juventud tiene derecho en una sociedad democrática a ser  y actuar en forma diferente libre de estigmas sociales que la discriminen como el de ‘delincuente” (casos de aretes, collares o peladas) o de “puta  y cuero” (caso de pantalones apretados, escotes). Los espacios desde donde se violan los derechos de la juventud son muchos, algunos de los cuales emergen en nuestros estudios son:

  • Hogar-relaciones de padres/madres/personas adultas responsables y jóvenes
  • Centros Educativos
  • Iglesias y grupos religiosos
  • Espacios públicos, calles, callejones y parques
  • Discriminación contra la población joven: negra, dominicana de ascendencia haitiana, lesbiana-gay-transexual, masculina-pobre, madre adolescente o adolescente embarazada, trabajadora sexual.
  • Represión y violencia de la policía nacional contra la población joven de sexo masculino de los sectores pobres

Tanto en el hogar, en la calle como en los centros educativos se educa con represión, con sanciones y prohibiciones permanentes que se convierten en las orientaciones principales dirigidas a esta población, las cuales generan rebeldía, violencia y resistencia.

El derecho a decidir sobre el cuerpo que demandan continuamente y actualmente con mayor fuerza, encuentra una gran barrera social fortalecida por algunas instituciones religiosas fundamentalistas. La comprensión de que el cuerpo es un espacio íntimo, privado cuyo control es individual no colectivo es parte de esa tensión permanente. Lamentablemente en nuestra sociedad las adolescentes, jóvenes y mujeres sufren acoso, violencia sexual e imposiciones con respecto a la continuación de embarazos no deseados que generan frustraciones, violencia y muchas veces suicidios.

La inexistencia de una construcción del sentido de responsabilidad se debe a la ausencia de libertad. Las personas adultas (Padres/madres, abuelos/as tías/os, docentes, líderes religiosos y sociales)  tienen miedo de ofrecerle a la juventud espacios de libertad donde tomen sus propias decisiones y tengan control sobre lo que hacen. El miedo se extiende hacia la conciencia de derechos, lo que se les niega y con ello se genera una gran brecha intergeneracional.

Ofrecerle libertad a la población joven no la convierte en delincuente ni genera conductas autodestructivas (adicciones, suicidios) por el contrario, la convierte en entes socialmente responsables. Jóvenes en actividades delictivas, víctimas de explotación sexual se han socializado en el autoritarismo y la violencia no en la libertad.

La juventud está generando cambios en nuestra sociedad desde micro espacios en el territorio, a nivel local y social. Cambios que apuntan a la horizontalidad y respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones: sexual, religiosa, racial, artística y cultural. Se necesita escuchar y conocer las voces de las adolescentes y jóvenes que demandan sus derechos sexuales y reproductivos y que en estos momentos requieren no ser condenadas, encarceladas o castigadas por detener un embarazo producto de una violación sexual.

Suficientes condenas, maltratos y sufrimientos viven las adolescentes y jóvenes en nuestra sociedad rompiendo estigmas y barreras al desarrollo, cuando deciden interrumpir un embarazo porque han sufrido una violación sexual deben ser escuchadas y no castigadas.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/jovenes-con-o-sin-derechos-8910864.html

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Honduras: Una juventud que avanza a costa de la ausencia de sus madres

Por: Jénnifer Ávila Reyes/Contracorriente

Familias enteras huyen de Honduras a causa de la pobreza y la violencia, que normalmente van juntas. Y aunque la migración más conocida y documentada es la que tiene como destino Estados Unidos, cada vez más aumenta la población que migra hacia España, sobre todo las mujeres.

Rebeca tiene 54 años y vive en San Pedro Sula en el norte de Honduras. Ella se quedó sosteniendo el hogar que dejó Karla, su hermana menor cuando decidió emigrar a España. Karla dejó a su cuidado a tres hijos adolescentes. Ese 8 de noviembre de 2016 que se despidieron, Rebeca sintió el peso que caía sobre su espalda: lograr la estabilidad de la familia mientras Karla conseguía un trabajo en España, y lidiar con el vacío que dejaba en sus hijos. Pero Karla y Rebeca ya tenían su familia partida por la migración, de siete hermanas: tres están en Estados Unidos, donde también está el esposo de Rebeca. Las relaciones a distancia no eran nuevas para ellas.

Karla y Rebeca vivían juntas, aportaban a la familia conjuntamente para sobrevivir, ambas trabajaban y ganaban un sueldo fijo cada mes. “Al inicio fue muy difícil. Cuando ella llegó a España nos faltaba su ingreso. Yo le pude aportar y su esposo también. Mi familia nos ayudaba a pagar la comida, las facturas. Fue apretado los primeros seis meses. Los muchachos estaban finalizando el año escolar y ya venía el siguiente pago de matrículas. Pese a las dificultades, salimos adelante” cuenta.

Rebeca no tiene hijos, pero ayudó con la crianza de los de Karla. Le preocupaba que no pudieran superar la partida de la madre.

“Tuve que llevar a uno de ellos al psicólogo”, explica. El muchacho se encerraba en su cuarto y empezó a tener bajo rendimiento en la escuela, a pesar que los tres eran muy apasionados con sus estudios. Dos de los hijos de Karla estudiaron música a la vez que la secundaria. “Se veían bien, pero hay un punto en el que no puedo penetrar en sus vidas. Les preguntaba si sentían que su mamá los había abandonado, si se sentían amados. Después la psicóloga me explicó que la ausencia de su madre impacta y eso ocurre a la edad que sea, la madre siempre hace falta”, dice.

Rebeca es abogada y tiene su despacho privado con otra de sus hermanas. El trabajo le ayudaba a tener lo suficiente para vivir y a contribuir con la familia extendida que vive con ella. Pero los costos de tener hijos que ya iban a la universidad se elevaban mucho. Por eso, cuando Karla decidió emigrar, ella la apoyó.

“Karla siempre estaba pensando en emigrar a otro país por la situación de aquí, tanto económica como por la delincuencia: por el riesgo que corría ella, los muchachos, todos nosotros. Maduró la idea, empezó a averiguar y a ver cómo hacía para irse. Cuando vi que iba en serio me asusté”, explica, sobre todo por la lejanía, porque la migración en su familia puede estar normalizada, pero duele igualmente.

De las más de 370.000 mujeres que estaban registradas en el Régimen Especial de Empleo de Hogar en agosto de 2020, el 70% eran extranjeras. En 2017 CCOO Catalunya publicó que el 81,7% de las mujeres hondureñas que estaban dadas de alta en la seguridad social, trabajaban en el Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar. Los datos actualizados a 1 de enero de 2020 del Padrón Continuo indican que en España hay unas121,695 personas empadronadas con nacionalidad hondureña. De ellas 86,297 son mujeres. Hay 21,299 mujeres de Honduras con algún tipo de permiso de residencia, lo que nos deja un total de 64.998 mujeres sin papeles.

Karla –dice Rebeca– siempre pensó en llevarse a sus hijos. Honduras es un país del que quería huir. Cuatro años después, los hechos demuestran que estaba en lo acertado.  Honduras pasa una crisis humanitaria sin precedentes. Sumida en una pandemia, dos tormentas devastaron toda la zona norte del país dejando a cientos de miles de personas damnificadas, incontables muertosy la economía aún más golpeada. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) proyecta que Honduras aumentó el porcentaje de población viviendo por debajo del umbral de la pobreza: del 60% ha pasado al 70% tras la pandemia y las dos tormentas.

San Pedro Sula ha sido una de las ciudades más violentas del mundo, en 2018 bajó su puesto en el ranking mundial de ciudades violentas, pero a pesar de esa mejora, personas como Karla y Rebeca siguen teniendo una percepción alta de inseguridad. Rebeca dice que no hay sitio donde la violencia no llegue: “ni en las mejores colonias se salva uno”. Asegura que vivir con miedo de que algo pueda le pasar a sus hijos es algo que no le desea a nadie, mucho menos a su hermana.

Entre 2006 y 2010, Honduras ocupó los primeros lugares de peligrosidad del mundo por su tasa de homicidios. Aunque esta se ha reducido, la violencia es ya endémica en este país. En 2019 Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime, de los homicidios en 2019. Entre los departamentos con mayor número de homicidios se encuentran Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Olancho. La crisis humanitaria que ahora vive el país solo avizora más violencia y conflictividad social en un país que según el Bertelsman Transformation Index (BTI) 2020 ha sido catalogado como una autocracia.

Familias enteras huyen de Honduras a causa de la pobreza y la violencia, que normalmente van juntas. Y aunque la migración más conocida y documentada es la que tiene como destino Estados Unidos, cada vez más aumenta la población que migra hacia España, sobre todo las mujeres.

Rebeca lamenta que Karla se haya perdido los cumpleaños de sus hijos, sus graduaciones, pero rápidamente añade que quizá las graduaciones no habrían sido posibles sin Karla trabajando en España y enviando la remesa que mes tras mes no les faltó desde que, a los seis meses de llegar, encontró trabajo.

“Comida siempre hubo, pero ahora no tengo que preocuparme de que se acabe el dinero y no tenga para comprar. Ella cubre las necesidades mensualmente, nos ayuda a pagar las facturas”. Otro de los ámbitos en los que necesitaban más recursos económicos era en el de la salud. En Honduras los progenitores pueden asegurar a sus hijos e hijas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), bastante precario, hasta sus 11 años. Después sólo les queda el seguro privado. Por ello, cada vez que uno de los tres hijos de Karla enfermaba, los gastos se disparaban.

“A mí no me gusta preocuparle. Si algún hijo cae enfermo, trato de solucionarlo sin decirle nada. Pero si veo que es fuerte y no puedo cubrir el gasto, se lo cuento y su respuesta inmediata es que le lleve al médico, que ella me manda de inmediato el dinero para hacerlo todo: los exámenes, comprar las medicinas…”, explica Rebeca.

Este año Karla tenía planificado viajar a Honduras durante la Semana Santa para visitar a la familia. El plan era llevarse a uno de los hijos con ella. Pero llegó la pandemia y el viaje se postergó de manera indefinida. Ahora el muchacho, de 20 años, con su ticket de avión comprado, no sabe cuándo se va a reunir con su madre. Mientras, se ha matriculado en la universidad de manera virtual.

La pandemia sacudió al mundo y la vida de esta familia partida. Rebeca se preocupaba por Karla porque le llegaban las noticias de la tragedia y la crisis sanitaria en ese país cuando en Honduras aun no se sabía nada del virus.

“Cuando a ella le pegó el covid ni siquiera supimos si era eso o una gripe. Ella me dijo que fue al doctor, pero que no le mandaba a hacer los exámenes porque los hospitales estaban saturados. Tenía los síntomas, pero no es fácil aceptarlo, nos habría dado terror”, recuerda Rebeca.

En Honduras, la pandemia ha sido gestionada con ineptitud, corrupción y desidia. El presidente Juan Orlando Hernández, cuyo mandato está en entredicho desde su reelección ilegal en 2017,mintió al declarar que había pasado la enfermedad en el mes que Honduras registró la mayor cantidad de contagios, hospitalizaciones y decesos por la COVID19. Los hospitales móviles que el gobierno compró para la atención de la emergencia en marzo fueron una estafa: de los 7 adquiridos solo 4 han llegado al país y, de estos, solo dos funcionan. En Honduras el temor no solo es a enfermar, sino a sufrir las consecuencias de un sistema sanitario colapsado y sin recursos para tener posibilidades de ser atendidos dignamente.

A finales de octubre, la economía estaba comenzando a reabrirse, gracias también a la flexibilización de las restricciones horarias y a la flexibilización del toque de queda decretado en marzo. Rebeca, por ejemplo, dejó de trabajar en marzo, todos dependían de su hermana.

Comenzaban a estabilizarse en casa, cuenta Rebeca, cuando tocaron tierra dos huracanes, Eta y Iota, que devastaron el valle de Sula.

“Fue algo terrible. No hemos salido de la pandemia cuando llega el primer huracán Eta.  Vivimos en una zona que nunca se ha inundado. El día del huracán empezó a azotar y, de repente, yo me siento responsable de los niños, del esposo de Karla, de decidir qué hacer. Sale una alerta de que mi colonia está en alto riesgo y en ese momento se va la energía, empieza a soplar el viento, mi hermana llamándome desde España, llorando, pidiéndome que me fuera a la casa de otra hermana, que tiene dos plantas. Empieza el shock, ella desesperada, estábamos a la deriva”, recuerda Rebeca y explica que en ese momento se imaginaba la impotencia de su hermana, que, desde lejos, habría querido volar para sacarlos de allí.

Rebeca sacó a toda la familia de la casa. Al día siguiente regresaron y la colonia no había sido afectada. La periferia de San Pedro Sula parece ahora un campo de refugiados tras la caída de una bomba. Lo que antes eran ciudades, contiguas a San Pedro Sula, ahora son grandes pantanos donde familias enteras buscan, aún meses después de la tormenta, muchos buscan pertenencias debajo del fango, mientras otras intentan huir en caravana migrando hacia Estados Unidos.

Si Karla quisiera regresar, podría decirse que no tiene un país al que hacerlo. Después de las dos tormentas, el 10 de diciembre una caravana de migrantes salió con rumbo a Estados Unidos desde San Pedro Sula. Familias enteras caminaron hacia la frontera con Guatemala donde la marcha fue disuelta por autoridades migratorias hondureñas. Esta vez, el muro del sur de México se corrió hasta Honduras. Las mujeres lloraban porque no las dejaban salir de su país, como si fuera una cárcel, como si nunca más quisieran volver a ver sus casas hundidas en el lodo.

Rebeca cree que es un precio muy caro el que se paga si se decide emigrar y que por más que al inicio las personas, como Karla, piensan que trabajarán un tiempito, ahorrarán y regresarán a su país, eso no sucede. “No se puede decir que el sacrificio vale la pena porque es mucho lo que hay que pagar por la estabilidad. Pero si ella hubiera estado aquí, habría tenido más dificultad para graduar a sus hijos”, dice Rebeca, que ahora ve más cerca el momento en que los hijos de Karla se reúnan con su madre, lejos de Honduras. Ese día continuará su vida y su plan: migrar a Estados Unidos donde la espera su esposo después de esta prolongada pausa en su vida.

Fuente: https://desinformemonos.org/una-juventud-que-avanza-a-costa-de-la-ausencia-de-sus-madres/

Imágenes: Martín Caliz/Contracorriente

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