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Colombia reporta 27 líderes sociales asesinados en lo que va de 2021

América del Sur/Colombia/28-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Otras 11 personas fueron asesinadas en dos masacres acaecidas en ese mismo municipio durante el último fin de semana.

La espiral de violencia en Colombia se cobró una nueva víctima cuando el miércoles último resultó asesinado en Tumaco (en el oeste del país, en la costa pacífica) un líder indígena, en la conclusión de una semana en que más de una decena de personas fueron víctimas de la inseguridad en ese mismo municipio del Estado de Nariño.

El Resguardo Indígena Awá, Piguambi Palangala informó que el miércoles «cerca del mediodía, hombres desconocidos armados acabaron con la vida del compañero integrante del resguardo, quien este año se desempeñaba como fiscal del cabildo Piguambí Palangala Jhon Albeiro Pai Pascal», de acuerdo a esa organización indígena.

El resguardo indígena denuncia, asimismo, que este hecho se suma «a las difíciles situaciones que venimos afrontando, entre muertes, amenazas, señalamientos y atentados a líderes y lideresas» de ese pueblo originario. Este es el caso número 27 de asesinato de líderes indígenas en lo que va de año en el país.

El resguardo indígena reclama, por su parte, el respeto por su territorio, la vida, las comunidades indígenas de dicha comarca y respeto por su autonomía territorial y por tanto, exige al gobierno se «inicie la ruta de protección colectiva de conjunto con las autoridades indígenas.

Solicitan, de igual manera, el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional que permita esclarecer los hechos.

En Temuco los últimos días ha visto el incremento de la violencia política, pues en el último fin de semana fueron asesinadas 11 personas, en las masacres número 14 y 15 de lo que va de 2021 en Colombia, en una región donde en 2020 se produjeron tres asesinatos colectivos, y en el último mes han muerto 3 personas más, 2 de ellos indígenas y uno más firmante de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP.

En ese término departamental, se dio el 53 por ciento de las muertes violentas acontecidas durante el año anterior, de acuerdo a datos aportados por Indepaz.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-violencia-actualizacion-temuco-20210226-0014.html

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Jaime Barrios Carrillo: ¿Quién mata a los niños?. Guatemala

Los recientes hechos de extrema violencia, como la eliminación de una familia entera o el brutal asesinato de niños, confirman trágicamente la situación del país y sus precarias instancias policiales, ausencia de cohesión social y un espíritu de miedo que se generaliza.

Qué se dirá en el futuro sobre esta época bárbara, ahora que ser niño o joven resulta un delito, castigado con la pena de muerte por inanición o por enfermedad o el castigo del trabajo forzado en lugar de la escuela, el juego y la seguridad de un hogar.

La juventud y la infancia guatemalteca son explotadas y se les induce, directa o indirectamente, a la criminalidad. Se exportan niños, se envían a los coyotes en Tijuana, solos e indefensos y son miles. Se abusa sexualmente de los niños. Se roban niños. Se asesinan niños. El infanticidio prolifera entre la pobreza y la ignorancia. Y las drogas, la prostitución, el abandono y la violencia. ¿Qué puede esperarse del futuro si no se cambian las estructuras del infanticidio estructural?

Los problemas de fondo no pueden seguir abordándose por las ramas. Con inventivas graciosas a lo Jimmy o populismo agresivo a lo Giammattei, coyotes de la misma loma. A cualquier conciencia civilizada le horrorizan los asesinatos de niños y niñas y el grado de salvajismo y violencia en Guatemala. Pero también espanta escuchar que la solución sea matar a los que matan, que muchas veces son menores. No se trata de eliminar a unos cuantos asesinos sino ir a la raíz para superar las causas de la pobreza y la falta de educación. Es moralmente condenable eso de “limpiar a la sociedad” o “limpieza social” como si la sociedad estuviera limpia de pecado. ¿Existirá mayor escoria y ultraje que la corrupción? Mayor afrenta social que pagar bajísimos salarios y a la vez no pagar impuestos. No resulta difícil el razonamiento, y está clarísimo que la corrupción estructural del Estado no solo hace ricas a las mafias políticas sino empobrece más a los pobres, debido a la mala calidad del gasto público.

Ya cansa la cantaleta de que denunciar la injusticia es “castro chavismo” y es obra de los chairos. Repetir esto como un mantra solo es una muestra de la falta de argumentos y de escrúpulos para defender un sistema que produce pobres y la pobreza impide que Guatemala entre a la modernidad y se democratice.

El sistema no funciona o funciona solo para pocos. Por ejemplo, en educación el promedio de escolaridad es de 5.60 años en el ámbito urbano y más baja aún en el área rural, donde apenas llega a 3.84. Todas estas cifras nos ponen entre los últimos lugares del continente.

El presidente de Guatemala, doctor en Medicina Alejandro Giammattei, afirmaba en un derroche de irresponsabilidad retórica que la medicina contra el infanticidio en el país es la pena de muerte. Matar a los asesinos de niños y se acabó el problema, según el doctor Giammattei. Así de fácil. Al mandatario no le preocupan las causas estructurales que azotan a la infancia. No menciona la desnutrición que mata más niños, el maltrato, la drogadicción, la falta de educación, en una palabra, a Giammattei no le interesa cerrar la gran fábrica antiniños que es el sistema social que tenemos sino pedirle a sus aliados en el Congreso que reactiven la pena de muerte contra todas las convenciones que el país ha firmado. En otras palabras, se trata de una obvia y lamentable maniobra populista que no solucionará el problema del infanticidio estructural.

Pero ¿quién está matando a los niños en Guatemala? Para responderlo debemos hacer un acercamiento histórico. No es cosa de hace un mes o unos años sino décadas de violencia y pobreza.

La criminalidad y los homicidios no han disminuido en Guatemala. El país es considerado uno de los más violentos del mundo con más de 50 mil asesinatos en los últimos diez años. Es una problemática de décadas que ha hundido al país en el ámbito internacional y a nivel nacional ha producido la República del Miedo aunque lo niegue alguna personera del actual Ministerio Público que parece preguntar con arrogancia “¿quién dijo miedo?”, porque considera que en Guatemala no existe un problema de temor de la ciudadanía y que todo funciona a la maravilla.

De vuelta al Presidente, ya en octubre pasado había negado que hubiera una ola creciente de asesinatos de niños y secuestros. Entonces dijo que se trataba de “una campaña bastante peligrosa con intereses más políticos”, Y se atrevió a desmentir estadísticas, informes y testimonios afirmando lo contrario: “Había una disminución”.

Las estadísticas de la muerte, la desnutrición y la falta de escolaridad resultan dolorosas y concretas comprobaciones que el sistema social y político de Guatemala hace rato ha colapsado. No es fácil ser niño en Guatemala ni mucho menos ser padre.

Los padres pobres ven con aflicción la enfermedad de sus hijos, la falta de medios para una infancia feliz, la falta de distracciones y juegos, la carencia de seguridad social. Agreguemos la mala salud relacionada con la desnutrición.

Las historias de infanticidio sobrepasan la literatura del horror. Hace 15 años, un pandillero de 18 años, apodado el Black, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil, acusado de haber participado en la muerte de cuatro menores y la madre en San Miguel Petapa. El Black mismo había perdido la pierna izquierda a los 14 años, en una balacera con miembros de una mara rival. El pandillero confesó que había dado muerte “solo” a uno de los niños, sin precisar a quién. En estado de drogadicción afirmaba no sentir nada, aunque repetía como aduciendo una defensa: “Yo solo maté un niño no a los cuatro”. “Solamente maté a uno”, insistía.

El sicariato juvenil, incluso infantil, viene siendo una realidad tenebrosa en Guatemala. La actitud y perspectiva de matar a los criminales también ha venido opacando los análisis serios y balanceados que ven en el sistema social y político la esencia del problema. Asimismo preocupa la falta de cultura social y democrática cuando no se ve ni se considera que existe una relación entre pobreza, criminalidad e infancia en Guatemala.

Un país que no apuesta por la infancia y la mantiene en condiciones flagrantes de precariedad social, escolar y sanitaria no puede pretender llegar al desarrollo. No se llega pasando por encima de miles y miles de infantes que ven sus vidas frustradas, acabadas, maltratadas.

La imagen del país no cambiará nunca si no se cambia primero al país. No puede esperarse que a base de ponerse como el avestruz, con la cabeza metida en la arena, se solucionarán los graves problemas. Los partidos evaden la problemática porque a la clase política nacional le importa muy poco la infancia.

La infancia es un periodo corto que, sin embargo, afecta el resto de la vida. Un país de niños desgraciados se labra un futuro incierto. La infancia debe ser una etapa maravillosa de la vida. Para todos y no solo para una minoría que desconoce el significado de la solidaridad y la empatía.

En Guatemala, 25 de cada mil niños que nacen mueren antes de cumplir un año. La mayoría fallece por enfermedades curables y por la desnutrición que azota nuestros campos. Un porcentaje grande de los niños y niñas sufren de anemia. Muchos morirán antes de llegar a los 10 años y antes de llegar a la vida adulta. Y de los que lleguen a la vida adulta, si no cambian las cifras actuales, solo una minoría llegará a pisar una universidad.

A los niños guatemaltecos los está matando ese sistema que el Presidente y el Pacto de Corruptos defiende y utiliza para sus propios fines. Giammattei niega la realidad y se aboca al patíbulo. A castigar directamente a los autores materiales, unos cuantos asesinos. Pero los verdaderos asesinos son gente de camisa blanca y corbata, con maletín de ejecutivo, con grandes empresas, con automóviles blindados, con curules, con casas en Miami y lugares aledaños. ¿Quién les pide cuentas? La historia en todo caso no los absolverá. Ni a Giammattei que se queja de ser el presidente más criticado de la era democrática. Tiene razón, pero sus críticos también la tienen, y de sobra.

¿Qué habrá sido de la vida del Black? ¿Cuántos Black están naciendo cada día?

Fuente: https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/02/21/quien-mata-a-los-ninos/

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Brasil reporta un aumento de casos de feminicidios en el 2020

América del Sur/Brasil/19-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

De marzo a agosto del 2020, el país registró una tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres habitantes de 0.56 en 12 estados.

El Foro Brasileño de Seguridad Pública señaló que en la primera mitad del año 2020, el país suramericano reportó un aumento de la tasa de feminicidios en un 1,6 por ciento.

“Cada dos minutos una mujer es agredida y hubo 120.00 casos de lesiones corporales durante la pandemia”, reportó dicho organismo. El Atlas de Violencia presentado por la institución brasileña, reporta en 2018 que cada dos horas una mujer fue asesinada en Brasil, con un total de 4.519 víctimas.

Asimismo, el informe declara que del total de defunciones por motivos de género el 68 porciento eran mujeres negras. Los feminicidios de mujeres negras aumentaron en un 12, 4 porciento entre 2008 a 2018, declaró el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

De marzo a agosto del 2020, el país registró una tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres habitantes de 0.56 en 12 estados; que representan el 49 porciento de la población femenina del total analizado. Se reportaron así 331 femicidios y las notificaciones de violencia psicológica a las personas LGBTI+ ascendieron a 1.819 en 2.018 víctimas.

En 2020 la directora de la Red de Salud Feminista, Télia Negrao, había indicado que el número de intentos de feminicidio seguía en aumento. “La tipificación es muy reciente y los feminicidios se pueden caracterizar como homicidios. Lo que sí podemos decir, de hecho, es una reducción puntual de las notificaciones”.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-aumento-casos-feminicidios-20210216-0037.html

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¿Jóvenes con o sin derechos?

Por: Tahira Vargas García 

La marcada tendencia en muchas familias e instituciones educativas de un ejercicio de poder autoritario hacia la juventud se expresa en las restricciones a su inserción en espacios de recreación, vestimenta y manejo de su cuerpo.

Recientemente se celebró el día nacional de la juventud. En estudios realizados con jóvenes de ambos sexos en comunidades rurales y urbanas se muestran conflictos con la población adulta por violaciones a sus derechos de expresión y ejercicio de libertad. La marcada tendencia en muchas familias e instituciones educativas de un ejercicio de poder autoritario hacia la juventud se expresa en las restricciones a su inserción en espacios de recreación, vestimenta y manejo de su cuerpo.

La juventud tiene derecho en una sociedad democrática a ser  y actuar en forma diferente libre de estigmas sociales que la discriminen como el de ‘delincuente” (casos de aretes, collares o peladas) o de “puta  y cuero” (caso de pantalones apretados, escotes). Los espacios desde donde se violan los derechos de la juventud son muchos, algunos de los cuales emergen en nuestros estudios son:

  • Hogar-relaciones de padres/madres/personas adultas responsables y jóvenes
  • Centros Educativos
  • Iglesias y grupos religiosos
  • Espacios públicos, calles, callejones y parques
  • Discriminación contra la población joven: negra, dominicana de ascendencia haitiana, lesbiana-gay-transexual, masculina-pobre, madre adolescente o adolescente embarazada, trabajadora sexual.
  • Represión y violencia de la policía nacional contra la población joven de sexo masculino de los sectores pobres

Tanto en el hogar, en la calle como en los centros educativos se educa con represión, con sanciones y prohibiciones permanentes que se convierten en las orientaciones principales dirigidas a esta población, las cuales generan rebeldía, violencia y resistencia.

El derecho a decidir sobre el cuerpo que demandan continuamente y actualmente con mayor fuerza, encuentra una gran barrera social fortalecida por algunas instituciones religiosas fundamentalistas. La comprensión de que el cuerpo es un espacio íntimo, privado cuyo control es individual no colectivo es parte de esa tensión permanente. Lamentablemente en nuestra sociedad las adolescentes, jóvenes y mujeres sufren acoso, violencia sexual e imposiciones con respecto a la continuación de embarazos no deseados que generan frustraciones, violencia y muchas veces suicidios.

La inexistencia de una construcción del sentido de responsabilidad se debe a la ausencia de libertad. Las personas adultas (Padres/madres, abuelos/as tías/os, docentes, líderes religiosos y sociales)  tienen miedo de ofrecerle a la juventud espacios de libertad donde tomen sus propias decisiones y tengan control sobre lo que hacen. El miedo se extiende hacia la conciencia de derechos, lo que se les niega y con ello se genera una gran brecha intergeneracional.

Ofrecerle libertad a la población joven no la convierte en delincuente ni genera conductas autodestructivas (adicciones, suicidios) por el contrario, la convierte en entes socialmente responsables. Jóvenes en actividades delictivas, víctimas de explotación sexual se han socializado en el autoritarismo y la violencia no en la libertad.

La juventud está generando cambios en nuestra sociedad desde micro espacios en el territorio, a nivel local y social. Cambios que apuntan a la horizontalidad y respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones: sexual, religiosa, racial, artística y cultural. Se necesita escuchar y conocer las voces de las adolescentes y jóvenes que demandan sus derechos sexuales y reproductivos y que en estos momentos requieren no ser condenadas, encarceladas o castigadas por detener un embarazo producto de una violación sexual.

Suficientes condenas, maltratos y sufrimientos viven las adolescentes y jóvenes en nuestra sociedad rompiendo estigmas y barreras al desarrollo, cuando deciden interrumpir un embarazo porque han sufrido una violación sexual deben ser escuchadas y no castigadas.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/jovenes-con-o-sin-derechos-8910864.html

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Honduras: Una juventud que avanza a costa de la ausencia de sus madres

Por: Jénnifer Ávila Reyes/Contracorriente

Familias enteras huyen de Honduras a causa de la pobreza y la violencia, que normalmente van juntas. Y aunque la migración más conocida y documentada es la que tiene como destino Estados Unidos, cada vez más aumenta la población que migra hacia España, sobre todo las mujeres.

Rebeca tiene 54 años y vive en San Pedro Sula en el norte de Honduras. Ella se quedó sosteniendo el hogar que dejó Karla, su hermana menor cuando decidió emigrar a España. Karla dejó a su cuidado a tres hijos adolescentes. Ese 8 de noviembre de 2016 que se despidieron, Rebeca sintió el peso que caía sobre su espalda: lograr la estabilidad de la familia mientras Karla conseguía un trabajo en España, y lidiar con el vacío que dejaba en sus hijos. Pero Karla y Rebeca ya tenían su familia partida por la migración, de siete hermanas: tres están en Estados Unidos, donde también está el esposo de Rebeca. Las relaciones a distancia no eran nuevas para ellas.

Karla y Rebeca vivían juntas, aportaban a la familia conjuntamente para sobrevivir, ambas trabajaban y ganaban un sueldo fijo cada mes. “Al inicio fue muy difícil. Cuando ella llegó a España nos faltaba su ingreso. Yo le pude aportar y su esposo también. Mi familia nos ayudaba a pagar la comida, las facturas. Fue apretado los primeros seis meses. Los muchachos estaban finalizando el año escolar y ya venía el siguiente pago de matrículas. Pese a las dificultades, salimos adelante” cuenta.

Rebeca no tiene hijos, pero ayudó con la crianza de los de Karla. Le preocupaba que no pudieran superar la partida de la madre.

“Tuve que llevar a uno de ellos al psicólogo”, explica. El muchacho se encerraba en su cuarto y empezó a tener bajo rendimiento en la escuela, a pesar que los tres eran muy apasionados con sus estudios. Dos de los hijos de Karla estudiaron música a la vez que la secundaria. “Se veían bien, pero hay un punto en el que no puedo penetrar en sus vidas. Les preguntaba si sentían que su mamá los había abandonado, si se sentían amados. Después la psicóloga me explicó que la ausencia de su madre impacta y eso ocurre a la edad que sea, la madre siempre hace falta”, dice.

Rebeca es abogada y tiene su despacho privado con otra de sus hermanas. El trabajo le ayudaba a tener lo suficiente para vivir y a contribuir con la familia extendida que vive con ella. Pero los costos de tener hijos que ya iban a la universidad se elevaban mucho. Por eso, cuando Karla decidió emigrar, ella la apoyó.

“Karla siempre estaba pensando en emigrar a otro país por la situación de aquí, tanto económica como por la delincuencia: por el riesgo que corría ella, los muchachos, todos nosotros. Maduró la idea, empezó a averiguar y a ver cómo hacía para irse. Cuando vi que iba en serio me asusté”, explica, sobre todo por la lejanía, porque la migración en su familia puede estar normalizada, pero duele igualmente.

De las más de 370.000 mujeres que estaban registradas en el Régimen Especial de Empleo de Hogar en agosto de 2020, el 70% eran extranjeras. En 2017 CCOO Catalunya publicó que el 81,7% de las mujeres hondureñas que estaban dadas de alta en la seguridad social, trabajaban en el Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar. Los datos actualizados a 1 de enero de 2020 del Padrón Continuo indican que en España hay unas121,695 personas empadronadas con nacionalidad hondureña. De ellas 86,297 son mujeres. Hay 21,299 mujeres de Honduras con algún tipo de permiso de residencia, lo que nos deja un total de 64.998 mujeres sin papeles.

Karla –dice Rebeca– siempre pensó en llevarse a sus hijos. Honduras es un país del que quería huir. Cuatro años después, los hechos demuestran que estaba en lo acertado.  Honduras pasa una crisis humanitaria sin precedentes. Sumida en una pandemia, dos tormentas devastaron toda la zona norte del país dejando a cientos de miles de personas damnificadas, incontables muertosy la economía aún más golpeada. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) proyecta que Honduras aumentó el porcentaje de población viviendo por debajo del umbral de la pobreza: del 60% ha pasado al 70% tras la pandemia y las dos tormentas.

San Pedro Sula ha sido una de las ciudades más violentas del mundo, en 2018 bajó su puesto en el ranking mundial de ciudades violentas, pero a pesar de esa mejora, personas como Karla y Rebeca siguen teniendo una percepción alta de inseguridad. Rebeca dice que no hay sitio donde la violencia no llegue: “ni en las mejores colonias se salva uno”. Asegura que vivir con miedo de que algo pueda le pasar a sus hijos es algo que no le desea a nadie, mucho menos a su hermana.

Entre 2006 y 2010, Honduras ocupó los primeros lugares de peligrosidad del mundo por su tasa de homicidios. Aunque esta se ha reducido, la violencia es ya endémica en este país. En 2019 Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime, de los homicidios en 2019. Entre los departamentos con mayor número de homicidios se encuentran Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Olancho. La crisis humanitaria que ahora vive el país solo avizora más violencia y conflictividad social en un país que según el Bertelsman Transformation Index (BTI) 2020 ha sido catalogado como una autocracia.

Familias enteras huyen de Honduras a causa de la pobreza y la violencia, que normalmente van juntas. Y aunque la migración más conocida y documentada es la que tiene como destino Estados Unidos, cada vez más aumenta la población que migra hacia España, sobre todo las mujeres.

Rebeca lamenta que Karla se haya perdido los cumpleaños de sus hijos, sus graduaciones, pero rápidamente añade que quizá las graduaciones no habrían sido posibles sin Karla trabajando en España y enviando la remesa que mes tras mes no les faltó desde que, a los seis meses de llegar, encontró trabajo.

“Comida siempre hubo, pero ahora no tengo que preocuparme de que se acabe el dinero y no tenga para comprar. Ella cubre las necesidades mensualmente, nos ayuda a pagar las facturas”. Otro de los ámbitos en los que necesitaban más recursos económicos era en el de la salud. En Honduras los progenitores pueden asegurar a sus hijos e hijas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), bastante precario, hasta sus 11 años. Después sólo les queda el seguro privado. Por ello, cada vez que uno de los tres hijos de Karla enfermaba, los gastos se disparaban.

“A mí no me gusta preocuparle. Si algún hijo cae enfermo, trato de solucionarlo sin decirle nada. Pero si veo que es fuerte y no puedo cubrir el gasto, se lo cuento y su respuesta inmediata es que le lleve al médico, que ella me manda de inmediato el dinero para hacerlo todo: los exámenes, comprar las medicinas…”, explica Rebeca.

Este año Karla tenía planificado viajar a Honduras durante la Semana Santa para visitar a la familia. El plan era llevarse a uno de los hijos con ella. Pero llegó la pandemia y el viaje se postergó de manera indefinida. Ahora el muchacho, de 20 años, con su ticket de avión comprado, no sabe cuándo se va a reunir con su madre. Mientras, se ha matriculado en la universidad de manera virtual.

La pandemia sacudió al mundo y la vida de esta familia partida. Rebeca se preocupaba por Karla porque le llegaban las noticias de la tragedia y la crisis sanitaria en ese país cuando en Honduras aun no se sabía nada del virus.

“Cuando a ella le pegó el covid ni siquiera supimos si era eso o una gripe. Ella me dijo que fue al doctor, pero que no le mandaba a hacer los exámenes porque los hospitales estaban saturados. Tenía los síntomas, pero no es fácil aceptarlo, nos habría dado terror”, recuerda Rebeca.

En Honduras, la pandemia ha sido gestionada con ineptitud, corrupción y desidia. El presidente Juan Orlando Hernández, cuyo mandato está en entredicho desde su reelección ilegal en 2017,mintió al declarar que había pasado la enfermedad en el mes que Honduras registró la mayor cantidad de contagios, hospitalizaciones y decesos por la COVID19. Los hospitales móviles que el gobierno compró para la atención de la emergencia en marzo fueron una estafa: de los 7 adquiridos solo 4 han llegado al país y, de estos, solo dos funcionan. En Honduras el temor no solo es a enfermar, sino a sufrir las consecuencias de un sistema sanitario colapsado y sin recursos para tener posibilidades de ser atendidos dignamente.

A finales de octubre, la economía estaba comenzando a reabrirse, gracias también a la flexibilización de las restricciones horarias y a la flexibilización del toque de queda decretado en marzo. Rebeca, por ejemplo, dejó de trabajar en marzo, todos dependían de su hermana.

Comenzaban a estabilizarse en casa, cuenta Rebeca, cuando tocaron tierra dos huracanes, Eta y Iota, que devastaron el valle de Sula.

“Fue algo terrible. No hemos salido de la pandemia cuando llega el primer huracán Eta.  Vivimos en una zona que nunca se ha inundado. El día del huracán empezó a azotar y, de repente, yo me siento responsable de los niños, del esposo de Karla, de decidir qué hacer. Sale una alerta de que mi colonia está en alto riesgo y en ese momento se va la energía, empieza a soplar el viento, mi hermana llamándome desde España, llorando, pidiéndome que me fuera a la casa de otra hermana, que tiene dos plantas. Empieza el shock, ella desesperada, estábamos a la deriva”, recuerda Rebeca y explica que en ese momento se imaginaba la impotencia de su hermana, que, desde lejos, habría querido volar para sacarlos de allí.

Rebeca sacó a toda la familia de la casa. Al día siguiente regresaron y la colonia no había sido afectada. La periferia de San Pedro Sula parece ahora un campo de refugiados tras la caída de una bomba. Lo que antes eran ciudades, contiguas a San Pedro Sula, ahora son grandes pantanos donde familias enteras buscan, aún meses después de la tormenta, muchos buscan pertenencias debajo del fango, mientras otras intentan huir en caravana migrando hacia Estados Unidos.

Si Karla quisiera regresar, podría decirse que no tiene un país al que hacerlo. Después de las dos tormentas, el 10 de diciembre una caravana de migrantes salió con rumbo a Estados Unidos desde San Pedro Sula. Familias enteras caminaron hacia la frontera con Guatemala donde la marcha fue disuelta por autoridades migratorias hondureñas. Esta vez, el muro del sur de México se corrió hasta Honduras. Las mujeres lloraban porque no las dejaban salir de su país, como si fuera una cárcel, como si nunca más quisieran volver a ver sus casas hundidas en el lodo.

Rebeca cree que es un precio muy caro el que se paga si se decide emigrar y que por más que al inicio las personas, como Karla, piensan que trabajarán un tiempito, ahorrarán y regresarán a su país, eso no sucede. “No se puede decir que el sacrificio vale la pena porque es mucho lo que hay que pagar por la estabilidad. Pero si ella hubiera estado aquí, habría tenido más dificultad para graduar a sus hijos”, dice Rebeca, que ahora ve más cerca el momento en que los hijos de Karla se reúnan con su madre, lejos de Honduras. Ese día continuará su vida y su plan: migrar a Estados Unidos donde la espera su esposo después de esta prolongada pausa en su vida.

Fuente: https://desinformemonos.org/una-juventud-que-avanza-a-costa-de-la-ausencia-de-sus-madres/

Imágenes: Martín Caliz/Contracorriente

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Huelga general de dos días paraliza capital de Haití

América Central/Haití/05-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Servicios y actividades productivas también se ha visto afectados en otras ciudades de la nación caribeña.

La huelga general de dos días convocada a partir de este lunes en Haití, ha paralizado escuelas, comercios y la transportación colectiva en Puerto Príncipe (capital) y otras ciudades.

Artículos de prensa e imágenes difundidas a través de las redes sociales  muestran arterias de la capital haitiana prácticamente vacías. En algunas de estas vías se aprecian barricadas, mientras que en un sector al sur de la ciudad se han reportado manifestaciones.

La movilización convocada por los sindicatos de educación, conductores y trabajadores textiles busca llamar la atención sobre la inseguridad existente en el país y demanda compensaciones para las víctimas de violencia.

En particular se denuncia el incremento de los secuestros, cometidos por bandas criminales para extorsionar. Según medios locales, más de un millar de casos han ocurrido desde mediados de 2020 hasta la fecha.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó sobre la amenaza que suponen estos incidentes para la vida de menores de edad, que muy a menudo son sus víctimas. Del 1 de septiembre pasado al 15 de enero de este año, al menos un niño murió y 15 infantes fueron raptados para exigir rescate.

Por otra parte, la huelga general forma parte de la movilización nacional para obligar al presidente Jovenel Moïse a abandonar su cargo el 7 de febrero, fecha en que la oposición haitiana estima que concluye su mandato constitucional.

Este lunes, la Federación de Abogados de Haití emitió una resolución en que comunica que el mandato de Moïse finaliza el próximo 7 de febrero, fecha en que se cumplen cinco años de la celebración de elecciones, y no en 2022, como alega el Jefe de Estado a partir de la fecha en que fue investido.

Una veintena de juristas firman el documento, que también dictamina que el Consejo Electoral Provisional designado por el Presidente no tiene ninguna legitimidad para organizar las próximas elecciones.

Además de la huelga general, partidos y organizaciones de la oposición convocaron a otros tres días de paro para forzar la salida del mandatario.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/multimedia/huelga-general-dos-dias-paraliza-capital-haiti-20210201-0037.html

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México: Un panorama de la violencia en Baja California

Por: Sárah Eva Martínez Pellégrini Y Juana Isabel Vera López*

De acuerdo con el Índice de Paz México 2020 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), por segundo año consecutivo Baja California se ubica en el primer lugar de violencia en el país, lo que la convierte en la entidad federativa menos pacífica de México, seguida por Colima, Quintana Roo y Chihuahua. A esta situación se agrega el hecho de que la “paz” estatal sufrió un deterioro para 2019.


Baja California registró una calificación del 4.572, notablemente superior al promedio nacional del 2.914, y casi cuatro veces superior a Yucatán, la entidad con el mejor índice de paz, con un 1.272. La importancia de revisar la posición del estado tiene que ver con los impactos de la violencia y por tanto la ausencia de paz en los aspectos de salud, económicos y de cohesión social, es decir, como afecta de manera negativa a la calidad de vida y las posibilidades de mejora de la sociedad bajacaliforniana.

Esta discusión es particularmente relevante en momentos como los actuales, en los que la pandemia ha modificado las dinámicas personales, familiares y sociales, y sin duda ha generado un ambiente de incertidumbre e inseguridad que pueden profundizar sustantivamente parte de los factores promotores de los hechos y actitudes violentas.

Según los datos del informe del Índice de Paz México 2020, el impacto económico de la violencia per cápita 2019 en Baja California, fue de 72 mil 409 pesos constantes de 2019 (IEP, 2020: 50), mientras que a nivel nacional está en 36 mil 129 pesos. Además se especifica que el costo mayor deriva del aumento de homicidios.

El cálculo del Índice de Paz México resulta de gran utilidad debido a que es un indicador que desagrega los tipos de la violencia en cuatro categorías con dinámicas específicas:1) violencia política, 2) violencia oportunista (considera la extorsión y el robo), 3) violencia interpersonal (incluye las agresiones, delitos sexuales y violencia familiar) y 4) conflictos de cárteles, crímenes relacionados con drogas y conflictos armados entre grupos criminales. Estas diferencias por tipos permiten identificar mejor el origen y las posibles intervenciones para corregir la evolución de la paz y en qué factores fundamentar la construcción social de la misma.

Con base en los resultados obtenidos en el informe, se tiene que “el impacto económico de la violencia en México se calculó en 4.57 billones de pesos (US$238 mil millones) en 2019, cifra equivalente a 21.3 por ciento del PIB nacional” (IEP, 2020: 3), teniendo los delitos con violencia un costo de 1.43 billones de pesos (31.3 por ciento del impacto total).

El impacto económico de los delitos con violencia pasó de 1.2 billones de pesos en 2015; a 1.43 billones de pesos en 2019. Este tipo de violencia no solo afecta económicamente sino también en la salud de las personas y sus familias.

Dentro de los cinco indicadores que conforman el Índice de Paz, nos parecen particularmente relevantes para dibujar un proceso de construcción de una sociedad pacífica, los datos sobre la categoría de delitos con violencia que mide el número de delitos de este tipo por cada 100 mil  habitantes, ajustado por la cifra negra. Estos delitos incluyen el robo, el asalto, la violencia sexual y la violencia familiar.

En particular la violencia sexual y la familiar, que son los tipos que aparecen con mayor incidencia podrían considerarse indicadores de la existencia de una violencia subyacente en el entorno de los sujetos desde su ámbito familiar que deteriora las posibilidades de tener ciudadanos con una cultura de paz, tolerancia y respeto. En este sentido estarían debilitándose de manera estructural los pilares de la paz positiva (“actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas” (IEP, 2020: 62)).

En un análisis diacrónico, desde 2015 a la fecha, las tasas de violencia sexual y violencia familiar han aumentado en 55.8 por ciento y 59.5 por ciento, respectivamente (IEP, 2020: 27). En este indicador se encuentran registradas la violencia sexual y familiar que permite un primer acercamiento a un fenómeno relativamente poco estudiado como lo es la violencia y acoso escolar, que, de ser atendido de forma temprana, prevendría el aumento de comportamientos violentos.  Parece oportuno plantear una opción de intervención desde la propia escuela para tratar de mitigar este penoso y costoso primer lugar de Baja California.

En este contexto se realizó un levantamiento de información en el contexto de las actividades del CONVID-Colef (Alianza estratégica para el desarrollo de las regiones y el sector vitivinícola) en escuelas secundarias en los cinco municipios de Baja California. En este trabajo participó la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisamente para vincular los resultados con los actores con posibilidades de intervención.

Los principales resultados obtenidos de una muestra en escuelas urbanas y rurales de los cinco municipios de Baja California apuntan que un 12 por ciento de los alumnos de secundaria sufren violencia escolar y un 7.8 por ciento bullying o acoso (violencia repetida con ocurrencias semanales). Se encuentran grandes diferencias dentro de las escuelas ubicadas en zonas problemáticas y las que no lo están. En total estaríamos hablando de un 20 por ciento de estudiantes violentados en su entorno escolar.

Distinguiendo por tipos de violencia, un 12.5 por ciento de los estudiantes de secundaria violentados manifestaron ser objeto de violencia psicológica, un 18.4 por ciento de violencia física y un 7.3 por ciento de ciberviolencia. En el caso de bullying estos porcentajes pasan a ser de 11.1, 11.9 y 2.9, respectivamente. Observando la distribución por municipios, las tasas mayores de violencia se identificaron en las escuelas de Rosarito, seguidas por Ensenada y las más bajas en Tecate. El análisis de la muestra por género no presenta deferencias sustantivas entre mujeres y hombres.

Con estos datos muy generales parece pertinente plantearse que esa proporción de uno de cada cinco jóvenes violentados es significativa, ya que además de una víctima hay un victimario, y que en ambos son susceptibles de reproducir patrones violentos en etapas posteriores de su vida contribuyendo al deterioro de sus situaciones personales, de sus familias y de su comunidad.

Por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés), se realizan programas de capacitación en las entidades para apoyar a las instancias encargadas de aplicar la ley para proteger a las víctimas de violencia sexual y violencia familiar. Otra estrategia son los programas dirigidos a jóvenes en todo el país, ofreciéndoles alternativas de justicia, de manera que sean medidas preventivas para evitar caigan en el círculo de delincuencia y encarcelamiento (IEP, 2020: 96). Sin embargo, nos parece importante abordar el problema desde los escolares de una forma más sistemática y estructurada precisamente para sentar de manera sólida las bases de una paz positiva que facilite la cohesión social y el desarrollo integral.

*Saráh Martinez. Doctora en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en temas de desarrollo económico, sistemas productivos locales, competitividad y planeación y evaluación de políticas

*Juana Isabel Vera. Doctora en Ciencia Política y Administración Pública en El Colegio de Veracruz. Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en temas de Políticas públicas y Desarrollo Regional

Fuente e imagen:  CIMAC Noticias

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