A continuación, se presentan las infografías que arrojan información sobre femicidios en el 1er trimestre 2021 en Venezuela. Los datos son tomados de publicaciones de las redes redes sociales y medios de comunicación nacionales no gubernamentales en los meses reseñados (enero-marzo 2021).
Autora: Rose Mary Hernández
Fuente: Construcción Centro de Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación
En pleno desarrollo del proceso constituyente, y de la postergación de las elecciones por la pandemia, el clima social y político de Chile está enrarecido. La violencia desatada por el gobierno de Piñera para reprimir el estallido social de 2019 continúa, en tanto que los hechos ocurridos por entonces permanecen en la impunidad y cientos de manifestantes siguen detenidos sin condena. No es extraño que todas las instituciones del Estado hayan sido cuestionadas durante este año y medio de crisis y se haya hecho necesario abrir un proceso de cambio constitucional.
l 2 de febrero pasado se presentó el Primer Informe de Seguimiento de Recomendaciones del Instituto nacional de Derechos Humanos (INDH) que evaluó el cumplimiento de las recomendaciones al Estado chileno en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 17 de octubre de 2019 y el 5 de noviembre de 2020. En ese acto el director del INDH, Sergio Micco, afirmó que “si hoy tuviésemos que emitir un juicio definitivo, estaríamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, y eso es gravísimo para el estado democrático chileno”.
La conclusión del INDH es muy grave: tres de las cinco recomendaciones emanadas en 2019 permanecen como “pendientes de cumplimiento”. La más alarmante se refiere a “asegurar una efectiva justicia para las víctimas”. En concreto, sólo 42 causas han sido formalizadas de un total de 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos en el marco del estallido social de octubre de 2019 hasta el 20 de marzo de 2020. Esto representa sólo un 1,5% e implica que sólo un imputado fue condenado. El informe da cuenta de un incumplimiento que no es solamente responsabilidad del gobierno, sino que involucra a todo el Estado en su incapacidad de asumir las recomendaciones formuladas en 2019. Por esta razón, como ha advertido Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, se podría llevar exigir la responsabilidad internacional de las actuales autoridades a través de los mecanismos del sistema interamericano, de Naciones Unidas y eventualmente del sistema penal internacional.
Por este motivo las elecciones, en principio aplazadas por cinco semanas por la pandemia, se realizarán en medio de un proceso de profundización de la regresión autoritaria iniciada en octubre de 2019. Esta involución no solamente implica la continuidad de las políticas de negación a la libertad de expresión y de reunión, sino que asumen un abierto agravamiento de la violencia contra los territorios y organizaciones populares. Lejos de los constantes desfiles de carros lanza-agua y lanza-gases, patrullas, tanquetas y retenes móviles por la Alameda y el entorno de la Plaza de la Dignidad, lo que verdaderamente altera el clima social es la implementación de mecanismos de represión selectiva, orientados a intimidar a los líderes sociales y a los espacios asociativos de poblaciones y territorios donde es muy difícil documentar los abusos o resguardar la integridad de las personas.
La violencia por otros medios
Aquí van algunos ejemplos de la nueva forma de violencia que asume la represión: cada viernes más de 1.000 efectivos policiales son desplegados en Plaza Dignidad, en torno al muro perimetral de tres metros de altura destinado a proteger la base del monumento al General Baquedano. En ese marco se han constatado ataques selectivos a los funcionarios del INDH, a los observadores de derechos humanos y las brigadas de salud que se instalan en esa plaza para monitorear la acción policial. Además, se ha denunciado la detención arbitraria de periodistas que cubren esos episodios. Los hechos más graves afectaron a Paulina Acevedo y Claudia Aranda, casos que se han remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Los seguimientos, amenazas y acosos en el gran Santiago a Leticia Silva Valdés y las mujeres organizadas en San Bernardo o al comedor solidario Luisa Toledo de Villa Francia, los violentos allanamientos a la olla común de Lo Hermida, los ataques con gas pimienta en la feria libre de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, sólo ejemplifican los casos graves de violencia que se registraron durante el mes de marzo.
En Iquique se ha publicitado la llamada “Operación Cavancha”, un informe policial que trata de vincular la organización de las ollas comunes con la obtención de recursos para financiar las manifestaciones sociales. De esa forma se instaló una peligrosa forma de criminalización de la asociatividad social bajo la forma de acusar de “asociación ilícita” a las organizaciones sociales autoconvocadas en esa ciudad.
En la Araucanía se ha instalado una versión 2.0 del Comando Jungla, entendida como la reactivación del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) que recibió entrenamiento especial en Colombia y que estuvo implicado en graves abusos y crímenes como el de Camilo Catrillanca. De forma paralela se ha incrementado la acción directa de militares patrullando caminos rurales, entregando vehículos blindados a Carabineros y asesorándolos en las comisarías.
A fines de marzo un grupo de personas privadas de libertad en cárceles de Santiago anunciaron una “huelga de hambre líquida e indefinida” pidiendo “la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto Ley 321”, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Recordemos que cientos de presos ligados al estallido social permanecen en prisión preventiva hace más de un año. Es el caso de Mauricio Allendes, quien el 26 de marzo salió en libertad desde la Cárcel Santiago 1, tras un año y cinco meses en prisión preventiva. Acusado de portar armas y habiendo declarado torturas en la comisaría, fue absuelto de todos los cargos. No existen medidas reparatorias por parte del Estado en este caso.
Nada queda del discurso de Sebastián Piñera, en su primer mandato, en el que se refirió a los cómplices pasivos con la dictadura militar. Apenas se produjo el estallido del 18 de octubre de 2019 Piñera publicó tres decretos el sábado 19 de octubre en los que se declaró el “Estado de excepción constitucional de emergencia”. Ese acto instauró una restricción de las garantías fundamentales, decretando el toque de queda, y sacando a los militares a la calle. A medida que ha pasado el tiempo el gobierno ha usado la emergencia sanitaria ante la Covid-19 como medio de prolongar esas medidas, con el foco en la población más desfavorecida. El toque de queda ya se ha extendido por más de un año en todo el territorio nacional y se utilizan las regulaciones sanitarias para perseguir formas de acción colectiva como las ollas comunes.
Esta contradicción se aprecia fuertemente en política exterior. Cuando hay violación de los derechos humanos, nadie puede invocar la “no intervención en asuntos internos”. Por eso llama la atención que el presidente Piñera haya cuestionado la detención de Jeanine Áñez, ex presidente interina de Bolivia, acusada de graves crímenes y masivas violaciones a los derechos humanos y de haber encabezado un golpe de Estado, y a la vez sea absolutamente pasivo ante los informes internacionales que lo acusan directamente y evidencian la total ausencia de medidas concretas de su gobierno en la contención de la represión, la reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados y el establecimiento de garantías de no repetición.
Una nueva institucionalidad
Estructuralmente, el momento político revela el grave déficit democrático de la institucionalidad chilena que, sometida al desafío de una convulsión social como la de 2019 no fue capaz de responder desde la perspectiva del resguardo de los derechos humanos. Y en esa materia no sólo el gobierno de Piñera aparece reprobado, sino los tres poderes del Estado. Es alarmante el alineamiento fáctico de toda la institucionalidad ante la respuesta autoritaria del Ejecutivo. Al respecto, el Congreso no ha sabido poner los límites que impidan esta espiral represiva y el Poder Judicial no ha jugado un rol garante de los derechos fundamentales en todas las esferas de la acción judicial.
No es extraño que todas las instituciones del Estado hayan sido cuestionadas durante este año y medio de crisis y se haya hecho necesario abrir un proceso de cambio constitucional. La Convención Constituyente deberá partir abordando la refundación de Carabineros de Chile, restableciendo su plena subordinación al poder civil y brindando plenas garantías de no repetición de los crímenes y abusos cometidos.
Las próximas elecciones marcarán un momento clave para el futuro. Sería irresponsable demandar el fin de las movilizaciones sociales sin que las garantías fundamentales de respeto a los derechos humanos se puedan ver reflejadas en mecanismos y plazos concretos y verificables, consagrados en la nueva Constitución. Si ello no se cumple es probable que el ciclo de violencia se enquiste de forma permanente en nuestra sociedad. Estamos a tiempo de impedirlo.
* El autor es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile.
La libertad está intrínsecamente vinculada a la responsabilidad social, al ejercicio ciudadano y al desarrollo humano. Sin libertad no hay desarrollo humano.
El ejercicio ciudadano en nuestra sociedad es muy débil, nuestra población no tiene clara conciencia de sus derechos ni de su responsabilidad social. Esta responsabilidad social no se ha forjado, se ha aniquilado uno de sus principales cimientos, la libertad. Cada individuo se socializa en el miedo y en la represión en la familia, la escuela, el vecindario, los espacios laborales, la relación con el Estado y en la vida social.
La inexistencia de una construcción del sentido de responsabilidad se debe a la ausencia de libertad. Padres/madres, abuelos/as tías/os tienen miedo de ofrecerle a los/as niños/as y jóvenes espacios de libertad donde tomen sus propias decisiones y tengan control sobre lo que hacen.
Tanto en el hogar, en la calle como en los centros educativos se educa con represión, con sanciones permanentes, siempre es “no”, “no hables”, “no te pares”, “cállate”, “siéntate”, los mensajes principales están sustentados en prohibiciones y sanciones. Estas prohibiciones y sanciones generan rebeldía, agresividad, violencia y poca responsabilidad.
Ofrecerle libertad a la juventud no la convierte en una amenaza, por el contrario, la empodera e integra socialmente convirtiéndola en sujeto social.
Los conflictos intergeneracionales tienen así una matriz de miedo, resistencia al cambio, resistencia a la responsabilidad social. Así se fortalece el conservadurismo expandiéndose con ello las corrientes fundamentalistas religiosas, la intolerancia cultural, social, racial, sexual y a la diversidad en sentido general.
Ofrecerle libertad a la juventud no la convierte en una amenaza, por el contrario, la empodera e integra socialmente convirtiéndola en sujeto social.
El sostenimiento del miedo, las prohibiciones, exclusiones y represión a las libertades incrementan el autoritarismo, la violencia y la desigualdad. Necesitamos que todas las generaciones y personas asumamos sentido de responsabilidad y ejercicio ciudadano, respetemos la diversidad y rompamos con el miedo a la libertad.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY
Fuente: https://acento.com.do/opinion/frenar-la-libertad-8928653.html
La ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia prohibirá recurrir a desnudos integrales o exploraciones genitales para determinar la edad de un menor, de acuerdo con las enmiendas registras en el Senado.
La ley, con trámite de urgencia, podría estar aprobada en el mes de mayo, ya que se espera que esté lista para votación durante el pleno del próximo 11 y 12 de la Cámara Alta y enviarla al Congreso para su aprobación definitiva, explican a Efe fuentes parlamentarias. Los socialistas plantean además limitar al máximo en los centros de menores las medidas de contención física, que no podrán aplicarse a menores de 14 años o adolescentes embarazadas.
De acuerdo con sus enmiendas, la inmovilización física del menor solo podrá realizarse en última instancia y bajo un estricto protocolo y, de forma excepcional, en centros de menores con trastorno de conducta se podrá recurrir a la sujeción de las muñecas con equipos homologados. Se prohíbe sujetar o atar al menor a un objeto fijo o anclado, como la cama u otro mueble y, en cualquier caso, si se aplican medidas de contención que exigen el uso de la fuerza habrá que informar de forma inmediata al juzgado de menores y a la Fiscalía y realizar una exploración médica en un plazo de 48 horas.
En cualquier caso, si se aplican medidas de contención que exigen uso de la fuerza se hará una exploración médica del menor en un plazo máximo de 48 horas y se informará de forma inmediata al juzgado de menores y a la Fiscalía. El PSOE, que ha presentado 27 enmiendas al proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia en el Senado, propone también crear en seis meses un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
Por su parte, el PP ha registrado 111 enmiendas para que la ley sea «más accesible y garantista» y refuerce la asistencia y la protección de los menores, ha dicho a Efe el portavoz popular en la Comisión de Derechos Sociales, Bienvenido de Arriba, que ha reclamado una dotación presupuestaria real para que esta ley «no se quede en una declaración de buenas intenciones». La formación popular pide que se reconozca el matrimonio infantil o la trata con fines de explotación sexual como formas de violencia hacia los menores, que se priorice el acogimiento familiar y los recursos residenciales sean la «última» opción y que se refuercen los centros de protección para que sean «entornos seguros libres de violencia».
Asimismo, el PP quiere que se cree una jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capacidad que cuenten a su vez con plazas concretas para los menores víctimas de explotación sexual y trata de personas sujetas a medidas de protección o tutela.
Por su parte, Ciudadanos ha presentado una decena de enmiendas, muchas de ellas de mejora técnica a la redacción de algunos artículos de la ley. La formación pide que se amplíe a todos los menores que solo tengan que declarar una vez durante la investigación, que ahora se establece solo para los menores de 14 años.
Así, propone modificar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer la exploración como prueba constituida para todas las víctimas menores de edad, no solo las menores de catorce años, con la finalidad de minimizar la victimización secundaria de estos menores y que ésta se haga por personas expertas.
Además, C’s defiende extender el derecho de asistencia jurídica gratuita de los menores víctimas de violencia a todos los procedimientos en los que sean parte o les afecten, no solo judiciales. Ciudadanos reclama además desarrollar programas de formación y sensibilización a adultos y menores para «la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, el abandono de los estudios y la asunción de compromisos laborales y familiares no acordes con la edad».
En los casos de los niños tutelados, reclama dotación suficiente para el cumplimiento de las obligaciones de la ley y que el coordinador de bienestar y protección que debe haber en los centros vele por la aplicación de estas políticas internas de control, detección e intervención.
Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/4680769/0/la-nueva-ley-de-infancia-prohibira-la-exploracion-genital-y-los-desnudos-para-determinar-edad-de-los-menores/
Por: Raúl Zibechi
La militarización creciente de nuestras sociedades es claro signo otoñal del sistema capitalista patriarcal. El sistema renunció a integrar a las clases populares, ya no aspira siquiera a dialogar con ellas, sino que se limita a vigilarlas y controlarlas. Antes de este periodo militarista, se encerraba a los “descarriados” para corregirlos. Ahora se trata de vigilar a cielo abierto a camadas enteras y mayoritarias de la población.
Cuando un sistema necesita militarizar la vida cotidiana para controlar a las mayorías, se puede decir que tiene los días contados. Aunque en realidad esos días habría que medirlos en años o décadas.
Un buen ejemplo es la herencia del régimen de Pinochet en Chile, respecto del papel central de los militares y de la policía militarizada, Carabineros, en el control social. Una de esas herencias es el control de las fuerzas armadas de los excedentes de la empresa estatal de cobre, principal exportación de Chile.
Recién en 2019 la ley secreta fue derogada (https://bit.ly/2OUAiAJ), cuando las calles de Chile empezaban a arder con una seguidilla de protestas y levantamientos que arrancaron en 2011, con las resistencias estudiantil y del pueblo mapuche, y luego por las feministas.
El daño que el régimen militar infligió a la sociedad puede verse en que más de la mitad de los chilenos no votan, cuando antes votaba la inmensa mayoría; en la tremenda deslegitimación de los partidos políticos y de las instituciones estatales.
No es el único caso, por supuesto. Los militares brasileños jugaron un papel destacado en la prisión de Lula, la destitución de Dilma Rousseff y la elección de Bolsonaro.
En todos los casos, la militarización vulnera el llamado “estado de derecho”, las normas legales que la sociedad ha adoptado, muchas veces sin ser debidamente consultada.
En todos los casos, la militarización contribuye a destruir naciones y sociedades, porque supone entregarle porciones significativas del poder y la gestión a una institución no democrática que, de este modo, queda fuera de cualquier control.
La militarización viene de la mano de la imposición de un modelo de sociedad que hemos llamado extractivismo, un modo de acumulación de capital por el 1% con base en el robo y el despojo de los pueblos, que implica una verdadera dictadura militar en las áreas y regiones donde opera.
Militarismo se conjuga con violencia, desapariciones forzadas, feminicidios y violaciones. Por lo demás, siempre propicia el nacimiento de grupos paramilitares, que siempre acompañan las grandes obras extractivas y que si bien se los considera ilegales, como lo demuestran Colombia y México, son entrenados y armados por las fuerzas armadas.
Ahora sabemos que el gran beneficiario del Tren Maya serán las fuerzas armadas, a las que el gobierno de López Obrador le ha concedido todos los tramos, añadiendo que se trata de “un premio” a esa institución (https://bit.ly/39aURjh).
Hay más de una similitud con el caso del cobre en Chile.
La primera es la entrega directa de los beneficios, con lo que cualquier gobierno consigue fidelidad de los uniformados a los que, en realidad, se subordina.
La segunda es el argumento de la “seguridad nacional” que esgrimen los gobiernos. En Chile era la lucha contra el comunismo. En México la frontera sur, con el argumento de la migración y el tráfico.
La tercera es que la militarización es tanto un proyecto como un modo de gobernar. Le siguen los aeropuertos, el orden interno y los más variados aspectos de la vida. Por la fuerza, consiguen trastocar la legalidad a su antojo, como las normativas presupuestales.
Observamos procesos de militarización desde Estados Unidos, Rusia y China, hasta en el conjunto de los países latinoamericanos. Consiste en el control de geografías rurales y urbanas por hombres armados al servicio del capital, para controlar a los pueblos que resisten el despojo.
No se trata de la maldad de un presidente o de un gobierno. Ese extremo no lo pongo en duda, pero no es lo central. Estamos ante un sistema que para estirar su agonía necesita implementar figuras nacidas en el siglo XX, que son los temas de Giorgio Agamben: el estado de excepción como forma de gobierno, la guerra civil legal contra los “no integrables” y el campo de concentración a cielo abierto vigilado por paramilitares.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/26/politica/la-militarizacion-fase-superior-del-extractivismo/
8 de marzo vivido desde el Parlamento Europeo. Jornada de celebración, pero también, sobre todo, reivindicativa. Todas las agendas de la lucha contra desigualdad y la discriminación están vinculadas en la lucha por la emancipación. Están interconectadas, son interdependientes, dialéctica e históricamente. Así es, desde luego, en la Unión Europea, factoría de legislación contra la discriminación, fuente de la que emanan infinitas injusticias cuyo combate se remonta a la historia de la humanidad en una de esas batallas que no conocen final.
En el pleno de marzo del Parlamento en Bruselas escuchamos discursos de mujeres que hoy encarnan liderazgo global: Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU, además de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Mujeres que emblematizan energía y empatía en una lucha cotidiana cuyos emplazamientos continúan devengándose en incontables planos, cada 8-M y todos los días.
Así, en el orden del día de este pleno de marzo destacan algunos puntos de la agenda de la igualdad.
a) Primero, una iniciativa sobre la Implementación de la Directiva 2000/78 de Marco para la Igualdad de Trato en el Empleo de las Personas con Discapacidad, ante la perspectiva de la Estrategia Europea para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021/2030.
c) En tercer lugar, una Resolución sobre Derechos de los Menores y la Infancia en la UE, previa a la comunicación por la Comisión Europea de su Estrategia UE sobre los derechos de la Infancia 2021/2024.
El claro hilo conductor de los tres debates y votos en el pleno del PE es la beligerante defensa de la igualdad en el disfrute de los derechos en la UE. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE entró en vigor junto al Tratado de Lisboa en 2009 con “el mismo valor jurídico que los Tratados” (artículo 6 del TUE). Se trata de una Declaración de Derechos deúltima generación.
Así se manifiesta en sus conceptos: bioética y genética; prohibición de clonación; derechos digitales; transparencia y buen gobierno…. Pero también, y sobre todo, en su estructura normativa y en su proyección sobre los Estados miembros de la UE (arts. 51 a 54 CDFUE).
Sus preceptos son vinculantes y actúan como parámetro de validez del Derecho europeo legislado y de la legislación de los Estados según la jurisprudencia sólida del TJUE de Luxemburgo. Además, protegen no solamente a los ciudadanos europeos sino a todas las personas —europeos o no, por tanto, también a los extranjeros, lo que incluye a los migrantes— ante la aplicación del Derecho europeo, sea por las instituciones de la UE, sea por las de los países.
Los artículos 20 y 21 del CDFUE consagran las cláusulas antidiscriminatorias de última generación, prohibiéndola por los supuestos clásicos (sexo, raza, religión, convicciones u opiniones…) y por otros más recientes (pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual…).
Por su parte, los artículos 24 y 32 del CDFUE consagran los derechos del niño con la prohibición taxativa del trabajo y la explotación infantil, y la consagración expresa del principio rector del derecho protector y correccional de los menores: la preservación ante todo del “interés superior del menor”.
Además, sus artículos 21, 26 y 34 blindan la protección europea de las personas con discapacidad, previendo su integración y promoción en todos los ámbitos con una lexicología más ajustada y actual que la que aún se mantiene en el artículo 49 de la Constitución Española de 1978. Cuya mención de los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” es objeto de una propuesta de reforma constitucional en el programa del Gobierno.
La Resolución sobre los derechos de los menoresen la UE es particularmente exhaustiva. Su punto de apoyo es la celebración de 30 años de vigencia de la Declaración de NUde 1989 en el horizonte de la Estrategia de la UE2021/2024. Pero cubre todos los frentes de la discriminación. Combate la pobreza infantil; la educación, la sanidad; los derechos de los menores en materia de migraciones y asilo; el ciberbullying; la alfabetización digital; la violencia y abusos; el trabajo infantil, y la explotación sexual. Y ¡de nuevo, una vez más! el Parlamento exige al Consejo —órgano que integra a los Gobiernos de los países— el desbloqueo de la llamada Directiva de Equal Treatment/ Directiva Horizontalde Igualdad de Trato, largos años obstruida.
La agenda de la igualdad —y de legislación, que los juristas llamamos Derecho Antidiscriminatorio (Giménez Glück, Rey Martínez…)— no está nunca colmada. Plantea siempre desafíos y desarrollos pendientes; más acuciantes aún, si cabe, ante la exasperación de todas las desigualdades causadas —también en la UE— por la crisis del coronavirus.
Fuente: https://www.huffingtonpost.es/entry/la-ue-ante-el-derecho-antidiscriminatorio_es_6048c997c5b60e0725f437bd
Por: Save the Children
Tras el cierre de las escuelas, más de 15 millones de niñas y adolescentes mujeres dejaron de asistir de manera presencial (educación básica y superior) y, mientras más pasa el tiempo, incrementa el riesgo de abandono escolar; de hecho, se estima que casi 1 millón y medio están en riesgo de no volver más.
En 2021, el tema para el Día de la Mujer se ha enfocado en el liderazgo como un elemento clave para un futuro igualitario1. Precisamente, desde Save the Children trabajamos para lograr que las niñas y adolescentes sean escuchadas e incluidas en todos los espacios donde se toman decisiones que impactan sus vidas.
Abrir estos espacios de participación no ha sido fácil; la lucha por el cumplimiento de los derechos de las niñas y las mujeres continúa siendo compleja. Si bien se han alcanzado avances importantes, es preocupante que muchas de nuestras sociedades establezcan leyes y normativas basadas en la creencia de que las mujeres son inferiores y dependientes, reforzando la idea, desde la niñez, de que sus vivencias, preocupaciones, necesidades y expectativas pertenecen al ámbito privado y representan una prioridad secundaria, invisible en la agenda pública.
Sin embargo, a través de la lucha feminista, las mujeres hemos conseguido derechos que nos habían sido negados como el acceso a la educación, los derechos sexuales y reproductivos, el voto, la participación en la vida pública, el acceso a la justicia, y la posibilidad de poder decidir sobre nuestro destino.
Además, hemos construido redes que nos permiten desterrar las ideas erróneas sobre el odio y la competencia entre niñas y mujeres, para relacionarnos desde la ternura y sororidad, construyendo puentes que nos permiten avanzar hacia la creación de sociedades más justas en donde ninguna niña, adolescente y mujer se quede atrás.
Pero esta lucha no ha perdido vigencia y exige, entre otras cosas, que las instituciones garanticen nuestros derechos y no haya retroceso en lo que se ha conseguido.
En 1995, distintos Estados del mundo -entre ellos México- se unieron formalmente para aprobar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing con el objetivo de promover la igualdad de género.
Por primera vez en la historia se reconoció formalmente que había disparidades y desafíos particulares para las mujeres. En consecuencia, comenzaron a gestionarse acciones con resultados concretos: desde entonces se han evitado 78.6 millones de matrimonios infantiles; además, las niñas tienen el doble de probabilidades de superar los cinco años de edad en comparación con la generación de sus madres y tienen más posibilidades de aprender, sobrevivir y prosperar2.
Sin embargo, los impactos económicos de la pandemia amenazan con borrar parte de esos avances y truncar sus planes y su futuro. El aumento de la pobreza, la exposición a la violencia y la pérdida del acceso a la educación, para muchas, tendrán consecuencias fatales en sus vidas si no tomamos medidas de inmediato.
A causa de la pandemia son más propensas a la violación de sus derechos, aumentando las posibilidades de que sean ellas quienes asuman las responsabilidades del cuidado de sus hermanos o hermanas, quienes atiendan a otros miembros de sus familias cuando enfermen, quienes abandonen la escuela, se unan de manera informal con alguien mucho mayor y sufran violencia doméstica. Incluso, en algunos contextos, incrementa el riesgo de que sean víctimas de trata y explotación sexual.
Conforme pasan los meses, las estimaciones sobre estos retrocesos han comenzado a convertirse en hechos. Las medidas básicas para contener el virus como el quedarse en casa han sido todo un desafío para aquellas que padecen violencia en sus hogares. Para darse una idea, entre marzo y diciembre de 2020, el número de emergencias 911 registró más de 200 mil llamadas relacionadas con violencia de género, un incremento del 30% respecto al mismo periodo del 2019 3. Estas llamadas registran incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia en pareja y violencia familiar.
Además, tras el cierre de las escuelas, más de 15 millones de niñas y adolescentes mujeres dejaron de asistir de manera presencial (educación básica y superior) 4 y, mientras más pasa el tiempo, incrementa el riesgo de abandono escolar; de hecho, se estima que casi 1 millón y medio están en riesgo de no volver más 5. Por eso, es necesario fortalecer mecanismos puntuales para monitorear el posible abandono de clases de niñas y adolescentes, así como generar incentivos y condiciones para que continúen con su educación.
El 8 de marzo nos ofrece una oportunidad para recordar que, si bien hemos logrado avances, todavía estamos lejos de celebrar un mundo de igualdad. Como sociedad tenemos que proteger a las niñas y adolescentes del país contra los peores impactos de la violencia, exacerbados ahora por la pandemia. Debemos comprometernos, como lo estipula la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, sin reservas, con espíritu decidido, esperanza, cooperación y solidaridad.
Desde Save the Children hacemos un llamado a que se fortalezcan las capacidades de las instituciones públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las niñas y adolescentes. En este proceso es fundamental que sigamos fomentando su participación de forma segura y significativa en todas las decisiones públicas que les impacten, durante y después de la COVID-19.
Es urgente que se focalice el presupuesto y se asegure un eficiente ejercicio del gasto público en programas estratégicos para alcanzar la igualdad de género y garantizar sus derechos.
Quien dude sobre la urgencia de estas acciones que pregunte, que observe, que escuche. Las niñas y adolescentes merecen vivir en un presente que las reconozca; ese liderazgo debe comenzar desde el reconocimiento pleno de que son sujetos de derechos y su voz es importante y fundamental para trabajar en la construcción de espacios libres y seguros para ellas.
Al mismo tiempo, resulta clave que ellas se conciban capaces de generar cambios en sus entornos y, por eso, tenemos que defender lo que hemos logrado. Ahora, más que nunca, tenemos que garantizar espacios para que las niñas y adolescentes, acompañadas de todas las mujeres, sean escuchadas y lideren acciones con la visión del mundo que desean.
Queremos niñas sin miedo, plenas, sanas, felices, dueñas de su voz, su presente y su destino.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Fuente: https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/los-riesgos-de-ser-nina-en-pandemia/
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