En el último mes, cerca de 60.000 personas fueron desplazadas y los ataques armados dejan cada vez más consecuencias.
La pérdida del derecho a la educación se convirtió en un nuevo efecto de la crisis causada por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, la capital de Haití.
Según advirtió la organización humanitaria Plan Internacional, que entrevistó a más de 200 personas que viven en campos de desplazados, nueve de cada diez niños, niñas y adolescentes se vieron privados de su derecho a la educación.
La crisis que atraviesa el país les impide acceder a los centros de enseñanza, y desde 2024 cerraron más de 900 escuelas debido a los ataques de grupos delictivos armados o a que los edificios escolares se convirtieron en refugios improvisados para alojar a las personas que huyen de los barrios más violentos de la capital.
Incluso si se toma como referencia a toda la población del país, no sólo a quienes viven en las situaciones más extremas, la restricción del derecho a la educación queda en evidencia. Según la oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, más de medio millón de niños haitianos, uno de cada siete, no puede ir a la escuela a causa de la violencia.
Según señala Plan Internacional, esta situación deja a los niños en una posición más vulnerable porque, al quedar fuera de los centros educativos, están más expuestos a ser reclutados por las bandas armadas y a convertirse en víctimas de violencia sexual y tráfico de menores, informó la agencia Efe. Esto impacta, por ejemplo, en un incremento de los embarazos adolescentes.
También se refleja en las expectativas de niños de apenas diez años que al ser entrevistados por la organización civil manifestaron su voluntad de volver a su barrio en Puerto Príncipe y unirse a las bandas armadas como un camino para conseguir recursos económicos.
En el último mes, más de 60.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, un número inusualmente alto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Este alarmante aumento de los desplazamientos pone de manifiesto el incesante ciclo de violencia que asuela la capital haitiana. Nunca habíamos visto a tanta gente desplazarse en tan poco tiempo”, dijo el jefe de la OIM en Haití, Grégoire Goodstein.
El fenómeno se concentra en la capital, Puerto Príncipe, donde las bandas armadas controlan cerca de 85% del territorio. “Las personas que huyen de la violencia necesitan protección inmediata, comida, agua y refugio. La situación empeora día a día y, sin apoyo adicional, corremos el riesgo de asistir a una catástrofe humanitaria aún mayor”, agregó Goodstein.
Los datos de la OIM indican que el número de desplazados creció cada año y llegó a más de un millón de personas en total. A su vez, las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indican que 5.601 personas murieron por la violencia en Haití durante 2024, 1.000 más que en 2023.
Para los periodistas, informar a los haitianos en medio de esta crisis implica correr riesgos graves incluso en coberturas aparentemente sencillas. Por ejemplo, en diciembre, dos periodistas murieron cuando cubrían la inauguración de un hospital y la ceremonia fue interrumpida por un ataque a tiros.
Según informó Radio France International, el representante de la Unesco en Haití, Eric Voli Bi, dijo que las pandillas atacan “metódicamente” a los medios periodísticos para “silenciarlos”. “La situación es muy alarmante, muy preocupante, porque los medios de comunicación se están convirtiendo en objetivos”, dijo el funcionario a la agencia de noticias AFP.
Recientemente fueron atacados un canal de televisión y dos radios, dijo, y consideró que el objetivo es “impedir que llegue a los haitianos una información justa y transparente sobre la situación”. Sin embargo, los medios siguen trabajando en zonas peligrosas, destacó el funcionario de la Unesco.
Frantz Duval, el director del periódico más antiguo de Haití, Le Nouvelliste, describió la gravedad de la situación que enfrenta la capital haitiana en un editorial citado por The Guardian. Dijo que “al igual que Phnom Penh invadida por los Jemeres Rojos, Saigón absorbida por las tropas norvietnamitas, Trípoli tras la caída de Muamar el Gadafi, Saná tomada por los hutíes o Kabul tomada por los talibanes, Puerto Príncipe ha estado pendiendo de un hilo durante tanto tiempo que ahora cabe temer que los rumores y los gritos de angustia no sean meros ecos, sino el sonido de su colapso final”.
En medio de esta crisis, el diario informaba este lunes de la decisión del gobierno de Donald Trump de terminar con una política de su predecesor, Joe Biden, que daba un estatus legal temporal a migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela para residir en Estados Unidos.
Esta medida abarca a más de 530.000 personas. Aquellas que no hayan conseguido otro tipo de protección legal se exponen a deportaciones que las devuelvan al país del que tuvieron que huir.
Amnistía Internacional se reunió con autoridades gubernamentales, personal de la ONU y organizaciones de ayuda humanitaria para realizar un informe sobre la situación de los niños y niñas en el contexto de violencia que se vive en Haití. Ana Piquer Romo, directora de la Oficina para las Américas de Amnistía Internacional, habla con Carmen Aristegui sobre los hallazgos de este informe.
Los menores también se están enfrentando amenazas de reclutamiento forzado, secuestros y desplazamientos.
“La educación en Catatumbo está en peligro”, esa fue la alerta que lanzó la Organización Save the Children al reportar que más de 46.500 niños, niñas y adolescentes se han quedado sin acceso a las aulas debido al aumento de la violencia y el cierre de 710 escuelas en 10 distritos de esa región.
En un comunicado, Save the Children Colombia sostuvo que los menores no solo están perdiendo su derecho a la educación, sino que están enfrentando amenazas de reclutamiento forzado, secuestros y desplazamientos.
Al respecto, la directora de Save the Children Colombia, María Mercedes Liévano, destacó la grave situación a la que se enfrenta la niñez y adolescencia de la región y solicitó al Gobierno implementar más recursos y estrategias que permitan solventar la crisis.
“La violencia en Colombia es terrible, con desplazamientos forzados, niños, niñas y adolescentes sin escolarizar, víctimas de violencia sexual, miedo al secuestro y familias destrozadas. La niñez y adolescencia está pagando el precio más alto en esta última escalada. Están siendo asesinados, violentados, reclutados y desplazados”, advirtió.
A ello, agregó que “sus derechos y su seguridad deben ser una prioridad; la paz debe restablecerse inmediatamente para garantizar su bienestar. Save the Children está atendiendo la situación, pero hacen falta más recursos y apoyo para responder a la gravedad de esta crisis humanitaria”.
Según cifras del PMU instalado en Catatumbo, en esa región han sido desplazadas 54.098 personas, mientras 32.448 están confinadas. Se suman además las 56 personas asesinadas, entre ellas cinco menores de edad.
“La situación refleja una crisis sin precedentes, que constituye el mayor desplazamiento masivo en la región del Catatumbo en los últimos 28 años”, aseveró la organización.
Ante esta situación, Save the Children hizo un llamado urgente a las autoridades locales, nacionales e internacionales para que garanticen las medidas integrales de protección a la niñez y adolescencia, promuevan el acceso inmediato a la educación, implementen intervenciones psicosociales para atender el trauma generado por la violencia y refuercen las estrategias de prevención del reclutamiento forzoso.
Actualmente, Save the Children está identificando necesidades críticas en materia de protección y educación, con un enfoque especial en la prevención de violencia basada en género y el refuerzo educativo para niñas, niños y adolescentes, informó el oficio.
Durante las próximas semanas, la organización ampliará su intervención con la entrega de más kits de alimentos e higiene, apoyo psicosocial y estrategias para fortalecer la protección de comunidades vulnerables en asentamientos informales.
“Save the Children reitera su llamado a todas las partes del conflicto para que respeten el derecho internacional humanitario y prioricen la protección de la niñez y adolescencia en Colombia”, concluyó la organización en el comunicado.
Que las niñas puedan alzar sus voces, estudiar y vivir libres de violencia es el contundente mensaje que un grupo de niñas y jóvenes activistas—Josefina Tíu (Guatemala), Dheysi González Soto (Perú), Sandra Hellario (Sudán del Sur), Naty Coronado (España) y Maimouna Konate (Chad)— llevó a Ginebra el pasado 17 de enero para exigir al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU acciones concretas que garanticen su derecho a la educación y a la protección contra la violencia.
“Mi deseo para las niñas de mi comunidad es que logren estudiar, que no se les quite ese derecho, que no vivan en violencia, en discriminación o en desigualdad y que tengan una mejor calidad de vida”, ha expresado en una entrevista con Efeminista Josefina, una de las lideresas y participantes en la reunión en Ginebra la semana pasada. Su deseo, junto al de sus compañeras, resuena con fuerza, especialmente en el marco del 24 de enero Día Internacional de la Educación, un recordatorio de los derechos que aún están siendo negados a millones de niñas y niños en todo el mundo.
Violencia y conflictos, barreras para la educación de las niñas
La situación de violencia que enfrentan las niñas en todo el mundo es alarmante y, en muchos casos, les aleja de las aulas. Unas 650 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, es decir, una de cada cinco, han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual durante su infancia, según datos de Unicef. Este tipo de violencia es aún más prevalente en contextos de conflicto armado y desplazamiento forzado.
Los conflictos, los desastres naturales y los desplazamientos forzados están poniendo en serio riesgo la educación de 224 millones de niños y niñas alrededor del mundo, según datos de Plan Internacional.
En este contexto, las cinco jóvenes que participaron en la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas del Alto Comisionado se unieron para entregar 83.160 firmas recogidas a través de la campaña La Luz de las Niñas, una iniciativa de la ONG Entreculturas, que tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de violencia y discriminación que enfrentan las niñas a nivel global y exigir respuestas contundentes.
Josefina y la lucha por la educación de las niñas indígenas en Guatemala
Josefina Tíu, una joven indígena de 21 años originaria de Santa Lucía La Reforma, en el departamento de Totonicapán, Guatemala, fue una de las jóvenes que, aunque nunca pensó estar ahí, pudo alzar su voz en Ginebra. Durante una entrevista con Efeminista, ha compartido que se sintió “la voz de muchas niñas que no pudieron estar presentes, pero que viven las mismas realidades”.
En su país, explica, son comunes “la desigualdad, discriminación y violencia de todo tipo de violencia”. “Y lo que más pasa en Guatemala es que se nos quita el derecho a la educación, que es algo que la verdad es difícil”, continúa.
“Si no estudiamos, no tenemos un trabajo y si no trabajamos, no tenemos cómo vivir”, reclama, poniendo de manifiesto cómo la falta de acceso a la educación perpetúa el ciclo de pobreza.
Sin embargo, la realidad es que “muchos padres prefieren que las niñas trabajen en lugar de que vayan a la escuela, porque dicen que las niñas solo están para casarse, tener hijos y mantener el hogar”.
Josefina Tíu (Guatemala). EFE/Laura de Grado
Josefina fue una de esas niñas que estuvo a punto de abandonar la escuela a los ocho años debido a la falta de recursos y a la negativa de su padre. Recuerda con claridad el momento que transformó su vida: su tía, al ver su deseo de seguir aprendiendo, decidió hacerse cargo de su educación, cubriendo los gastos y regalándole, simbólicamente, una mochila que nunca imaginó tener.
“Fue un golpe muy difícil cuando pensé que no podría seguir estudiando. Si hubiera dejado la escuela, hoy sería como muchas niñas que no tuvieron la oportunidad de continuar y hoy en día sufren”, ha compartido con emoción.
A pesar de las adversidades, la joven guatemalteca logró terminar la primaria y continuar con su educación secundaria gracias al apoyo de Fe y Alegría y una beca de la campaña La Luz de las Niñas. Ahora, trabaja con Fe y Alegría en las comunidades rurales, apoyando a mujeres mayas k’iche, y está cursando estudios universitarios para convertirse en maestra de primaria.
Sandra contra las violencia sexual y el matrimonio forzado en Sudán del Sur
Entre las participantes de la reunión en Ginebra también estuvo Sandra Hellario, de 19 años, quien viajó desde Sudán del Sur. En su intervención, recuerda que habló sobre la difícil situación de las niñas en contextos de conflicto y desplazamiento, subrayando cómo la violencia, en sus diversas formas interrumpe el acceso de las niñas a la educación.
“Si miramos a las personas que pasan por la violencia, especialmente el matrimonio forzado, sabemos que tienen problemas emocionales y físicos, porque básicamente no están preparadas para lo que se les obliga a hacer”, ha explicado Hellario a Efeminista.
Y ha destacado la crudeza de esta violencia en la que niñas de siete años pueden ser obligadas a casarse con un hombre mucho mayor, lo que genera “un profundo trauma psicológico y físico”. Según Unicef, unos 640 millones de niñas y mujeres han sido obligadas a casarse en la infancia.
“Imagínate que te obliguen a hacer algo para lo que no estás lista. No tienes la experiencia para asumir responsabilidades, como la casa, el cuidado de los niños y la tortura que va a enfrentar”, critica.
Sandra Hellario (Sudán del Sur). EFE/Laura de Grado
En este contexto, la joven ha explicado que “las sobrevivientes de abuso sexual desarrollan problemas en sus vidas, sienten que no valen nada, porque esto es algo que nunca imaginaron”.
“El abuso sexual es considerado vergonzoso, y muchas veces las víctimas se aíslan, sintiendo que no merecen nada”, lamenta Sandra, quien además destaca que la falta de acceso a atención médica y el estigma social agravan la situación, ya que algunas enfrentan complicaciones de salud como el VIH o embarazos no deseados.
¿De qué manera impacta la violencia en el acceso a la educación de las niñas?
Estas violencias “realmente afectan a la educación”, afirma Sandra. “Cuando una niña es obligada a casarse, el hombre no la va a dejar ir a la escuela, porque sabe que si ella va a la escuela, aprenderá que esto no era su destino, y tal vez cuestionará su situación”, relata.
Y en el caso de las víctimas de agresión sexual, el riesgo de un embarazo no deseado, las complicaciones de salud o el estigma social dificultan aún más que puedan asistir a la escuela.
La situación descrita por Sandra en Sudán del Sur resuena con lo que Josefina vivió en su comunidad en Guatemala. Ambas reconocen que la falta de educación no solo perpetúa la pobreza, sino que aumenta las desigualdades de género.
“Las mujeres y niñas que están educadas en Sudán del Sur son muy fuertes, tienen suficiente confianza, se defienden a sí mismas, hacen las cosas por sí mismas; pero las mujeres que no están educadas, tienen menos acceso a la sensibilización y son más vulnerables”, explica.
Dheysi: el machismo es una barrera para la educación en Perú
Otra de las voces destacadas en la reunión fue la de Dheysi González Soto, una niña peruana de 14 años, que viajó desde la ciudad de Huancayo, en la Sierra Central de Perú. En su intervención, Dheisy cuenta que describió las dificultades que enfrentan las niñas en su país debido a la presencia del machismo y la violencia de género, dos factores que limitan gravemente su acceso a la educación.
“Más que nada, los casos que se tratan en mi país son la crianza patriarcal que se vive día a día y la violencia doméstica que daña mucho a las niñas, volviéndolas cohibidas y sin ganas de participar ni alzar su voz en la familia y en su entorno”, ha explicado Dheysi a Efeminista.
Resalta cómo muchas veces las niñas, por el simple hecho de intentar alzar su voz, son víctimas de violencia, se les niega el derecho a opinar e incluso se les impide tomar decisiones dentro de sus hogares.
También ha destacado las graves limitaciones educativas que enfrentan las niñas, especialmente en las zonas rurales. En estas áreas, muchas familias se muestran reacias a permitir que sus hijas reciban una educación de calidad, incluso negándoles la oportunidad de completar la secundaria o de acceder a estudios universitarios.
Dheysi, joven de La LUZ de las NIÑAS ha mantenido una reunión oficial en Ginebra con el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. EFE/Laura de Grado
La joven activista ha expresado la esperanza de que su participación en la reunión en la ONU, junto con la de otras jóvenes, impacte positivamente en el futuro de las niñas, elevando sus voces y haciéndolas escuchadas.
“Yo espero que a partir de la conversación que tuvimos, se logre cambiar el futuro de las niñas, que su voz sea alzada y que los adultos tomen en cuenta lo que ellas piensan”, ha señalado con convicción.
Mirar hacia el futuro
Las propuestas y deseos de estas jóvenes activistas reflejan la determinación con la que luchan por los derechos de todas las niñas y mujeres. Para ellas, el camino hacia la igualdad pasa irremediablemente por la educación, la eliminación de la violencia y el respeto a sus derechos fundamentales.
“Mi deseo es que todas las niñas puedan estudiar y vivir sin miedo”, expresa Josefina. Y afirma que “sería bonito hablar con los padres para que entiendan la importancia de la educación. Si el gobierno apoyara más a las comunidades rurales y a las niñas indígenas, Guatemala sería un país diferente”.
Sandra, por su parte, no solo ha expresado su deseo de que se amplíe la sensibilización en las comunidades rurales sobre los derechos de las niñas y mujeres, sino que también propone medidas concretas para reducir la violencia y la discriminación.
“Si los padres entienden la importancia de la educación, dejarán de obligar a sus hijas a casarse y las apoyarán para que vayan a la escuela”, explica.
Además, subraya que el gobierno de Sudán del Sur debe colaborar con las organizaciones que trabajan para eliminar la violencia y “actuar de manera estricta y responsable para que los culpables de estos abusos enfrenten consecuencias”.
Dheysi, desde Perú, también ha dejado claro el enfoque que debería tener la educación: “uno basado en valores y respeto mutuo entre los géneros”.
“Mi deseo es que las niñas puedan alzar su voz porque es muy importante las opiniones que ellas tienen para su futuro, cómo quieren cambiar o cómo quieren que sea un entorno mejor para ellas”, dice.
Miles de personas participaron en una peregrinación este 3 de noviembre para exigir justicia por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez, perpetrado el pasado 20 de octubre, y un alto a la violencia “desbordada e incontrolable” que impera en Chiapas, en el marco del centenario del obispo Samuel Ruiz García.
“Cien años después del natalicio de jTotik Samuel y a 50 años de este Congreso Indígena, los sicarios del crimen organizado decidieron y el gobernador de Chiapas y la presidenta de México permitieron ‘celebrar’ estos dos grandes acontecimientos en Chiapas, con mandar a asesinar al Padre Marcelo Pérez Pérez”, aseguró la organización pacífica de Las Abejas de Acteal, que participó en la peregrinación convocada por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
En un comunicado, Las Abejas acusaron que “los mismos poderosos y amos de la muerte” que ordenaron la masacre de Acteal “se han encarnado en sicarios, en grupos criminales, en la delincuencia organizada, en el crimen organizado para callar a quien denuncia las injusticias, la impunidad y la muerte en un país y en un estado como Chiapas, en donde pareciera que el que gobierna es el crimen organizado”.
Foto: Luis Enrique Aguilar
Agregaron que es en el contexto de impunidad y aumento de la violencia a manos de los grupos criminales que fue asesinado el Padre Marcelo, defensor tsotsil de los pueblos indígenas que había advertido sobre el control creciente del crimen organizado en Chiapas y denunciado las amenazas en su contra.
Durante la peregrinación, miembros de la comunidad eclesiástica y feligreses de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula exigieron que las autoridades castiguen a los autores materiales e intelectuales del asesinato del Padre Marcelo, así como que los tres niveles de gobierno desmantelen y desarticulen los grupos del crimen organizado.
“No queremos una justicia a medias, como actuó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas en el caso de nuestro hermano Simón Pedro”, defensor de derechos humanos y catequista asesinado el 5 de julio de 2021en el municipio de Simojovel, reiteraron Las Abejas.
Foto: Luis Enrique Aguilar
Finalmente, responsabilizaron de su seguridad a los tres niveles de gobierno y demandaron que, frente a la situación de riesgo en la que se encuentran, la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las instancias internacionales independientes creen “urgentemente una observación permanente de derechos humanos”.
“Ante la delicada situación en Chiapas, nuestras vidas, nuestra integridad física y psicológica durante nuestras acciones y manifestaciones pacíficas, así como en nuestras comunidades, quedan en responsabilidad de las autoridades tanto en Chiapas como a nivel federal”, subrayaron Las Abejas.
A continuación el comunicado completo:
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Organización de las Naciones Unidas
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
A 15 días del asesinato brutal y cobarde de nuestro hermano y compañero de lucha y ahora SANTO MÁRTIR POR LA PAZ, PADRE MARCELO, no se ha parado la violencia en Chiapas y hace unos días fue asesinado otro periodista en Michoacán.
En esta misma ciudad de San Cristóbal de Las Casas, pero hace 50 años, el gobernador de ese tiempo, Manuel Velasco Suárez le pidió a jTotik Samuel Ruiz García organizar el Congreso Indígena en el año de 1974, el mismo año en que el Padre Marcelo nació. 100 años después del natalicio de jTotik Samuel y a 50 años de este Congreso Indígena, los sicarios del crimen organizado decidieron y el gobernador de Chiapas y la presidenta de México permitieron “celebrar” estos dos grandes acontecimientos en Chiapas, con mandar a asesinar al Padre Marcelo Pérez Pérez.
A 100 años del nacimiento de jTotik Samuel, recordamos que mucha gente le odiaba y le temía a su pensamiento y trabajo a favor de nosotros los pobres, los explotados, los despojados de nuestras tierras y derechos fundamentales. No se nos va a olvidar nunca que los finqueros, los terratenientes, los ganaderos, las guardias blancas y los paramilitares priistas intentaron matar a jTotik Samuel, al igual que a otros misioneros de la Diócesis de San Cristóbal que corrieron con esa misma suerte, pero fueron protegidos por Dios Padre-Madre.
Sin embargo, a pesar de ese odio y maldad de los ricos y poderosos de Chiapas, nacieron esperanzas y semillas de lucha y organización; una de esas semillas es el nacimiento de nuestra organización Las Abejas de Acteal, que por una de esas innumerables violaciones a los derechos humanos que se cometían y se siguen cometiendo hoy hacia los pueblos, así fue que surgimos en el año de 1992. Decidimos organizarnos para defender nuestros derechos colectivos e individuales, comenzamos también a defender la Madre Tierra, a la paz y la vida. Pero nuestro nacimiento fue despreciado por el mal gobierno de Chiapas y de México en el tiempo de Ernesto Zedillo Ponce de León, el mensaje de ese desprecio y odio, fue el de mandar a masacrar a nuestras 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos en Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Esos mismos poderosos y amos de la muerte que dieron la orden de la masacre de Acteal, ahora se han encarnado en sicarios, en grupos criminales, en la delincuencia organizada, en el crimen organizado para callar a quien denuncia las injusticias, la impunidad y la muerte en un país y en un estado como Chiapas, en donde pareciera que el que gobierna es el crimen organizado. En este contexto asesinaron al ahora Santo Mártir por la Paz, Padre Marcelo, que nunca tuvo miedo a que le mataran su cuerpo, sino que fue más importante para él, como para el mismo Jesús, decir la verdad y dar la vida por su pueblo.
Hoy, a 100 años del nacimiento de jTotik Samuel y a 15 días del asesinato cobarde del Padre Marcelo, exigimos una INVESTIGACIÓN CABAL, RÁPIDA Y EXPEDITA, NO QUEREMOS UNA JUSTICIA SIMULADA Y A MEDIAS, como es su uso y costumbre de los malos gobiernos. NO QUEREMOS UNA JUSTICIA A MEDIAS, COMO ACTUÓ la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas en el CASO DE NUESTRO HERMANO SIMÓN PEDRO. NO QUEREMOS MÁS IMPUNIDAD, COMO EN EL CASO DE LA MASACRE DE ACTEAL.
EXIGIMOS desde ahora a la FGJE que investigue y castigue conforme a derecho a los autores intelectuales del crimen atroz del Padre Marcelo, no permitiremos más impunidad y burla a la sangre de nuestros hermanos caídos.
EXIGIMOS a la FGJE investigar el móvil del asesinato del Padre Marcelo, en su labor en la defensa de los derechos humanos, el denunciar a la violencia desbordada en Chiapas, al crimen organizado y a los malos gobiernos corruptos coludidos con los criminales.
Hoy más que nunca, CONVOCAMOS a juntar nuestra fuerza, a tejer nuestra palabra, a esculpir nuestras demandas con palabras de acero que puedan traspasar obstáculos, mentiras y palabras huecas de los malos gobiernos. E insistimos, no nos conformemos con una justicia a medias y una paz simulada.
Es urgente y necesario restablecer el estado de derecho y para ello pedimos el desarme inmediato a los sicarios y grupos criminales que operan en Chiapas, donde tienen aterrorizada y desplazada forzadamente a la población chiapaneca.
EXIGIMOS URGENTEMENTE a la Comandanta de las fuerzas armadas de México, ordenar a su ejército para que cumplan con su deber, el de vigilar rutas y fronteras para detener el tráfico y venta de armas a los sicarios y al crimen organizado en Chiapas y en todo México. Hasta ahora, el Ejército mexicano y el gobierno federal, son responsables de que las armas hayan llegado a manos de los sicarios y de los grupos criminales para asesinar a defensores de derechos humanos en las propias narices del Ejercito mexicano y de la Guardia Nacional.
Ante la delicada situación en Chiapas, nuestras vidas, nuestra integridad física y psicológica durante nuestras acciones y manifestaciones pacíficas, así como en nuestras comunidades, quedan en responsabilidad de las autoridades tanto en Chiapas como a nivel federal.
Y dada la situación de riesgo de nuestras vidas y POR LA VIOLENCIA DESBORDADA E INCONTROLABLE por el gobierno de Chiapas y de México, SOLICITAMOS a la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las instancias internacionales de derechos humanos independientes, crear urgentemente una observación permanente de derechos humanos en Chiapas, porque ya no queremos seguir siendo carne de cañón de los sicarios, no somos animales, SOMOS SERES HUMANOS.
En nombre del Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, en nombre de nuestras 45 hermanas y hermanos más los 4 bebés no nacidos y en nombre del Santo Mártir por la Paz, Padre Marcelo, ORDENAMOS:
¡ALTO A LA VIOLENCIA EN CHIAPAS!
¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORGANIZADOS!
¡INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA E IMPARCIAL Y CASTIGO A LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DEL COBARDE ASESINATO DEL PADRE MARCELO!
Desde la Plaza de la Resistencia y la Paz en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; a 3 de noviembre de 2024.
Atentamente
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Con mucha preocupación nos dirigimos a la opinión pública para compartir con ustedes la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas de México. En el momento de publicación de este comunicado, las organizaciones firmantes y otras instancias solidarias están atendiendo a alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno. Desde Chiapas nos reportan que, en lo que va del año 2024, han registrado tan sólo en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo 8,190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas.
En un lapso de apenas tres semanas, desde el 25 de agosto, hemos registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán; 1 persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, 1 persona asesinada en el municipio de Chenalhó en Chiapas y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, quienes también reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran 2 jóvenes menores de edad.
Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aún así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.
Desde las organizaciones hemos acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos. Sin embargo, hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos. Lamentablemente, la respuesta estatal fue reducir la presencia de elementos y en algunos casos criminalizar a quienes pedían ayuda. En el caso de Michoacán se pidió semanas antes del punto más alto de violencia y a manera preventiva la instalación de un comando integrado por las fuerzas armadas precisamente en la zona donde después se desatarían los ataques contra la población civil; sin embargo nos reportan la obstrucción de las autoridades estatales al bloquear cualquier petición para atender las necesidades de seguridad.
Esta falta de respuesta asertiva y coordinada con las mismas autoridades indígenas promueve la desconfianza y lastima una relación que debiera ser de respeto. La percepción que nos han compartido desde los territorios es de que no se está impidiendo tampoco que los grupos criminales perpetren crímenes graves, como ataques armados prolongados, allanamiento de casas, reclutamiento forzado especialmente de jóvenes menores de edad y violaciones de niñas y mujeres.
Frente a esta situación de suma gravedad hacemos un llamado al Gobierno Federal para que, atendiendo a sus obligaciones para con la población, coordine los esfuerzos interinstitucionales necesarios para:
• Proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos.
• Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las personas afectadas.
• Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados.
• Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.
• La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.
• Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.
• Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias. Los hechos que hemos descrito constituyen graves violaciones a los derechos humanos, la integridad y la existencia misma de los pueblos indígenas que hoy son víctimas de ellos. El Estado en sus tres niveles tiene la obligación de proteger, defender y procurar justicia a estas comunidades.
Finalmente, desde las organizaciones que firmamos el presente comunicado damos todo el respaldo a la comunidad indígena Tsotsil de Tzajalchen que el pasado 24 de agosto declaró que su comunidad es y será el “Campamento civil por la Paz, Los peregrinos de Tzajalchen, Chenalho Chiapas, México”. Exigimos a los tres niveles de gobierno respetar esa decisión para proteger ese campamento como un espacio seguro para quienes están huyendo de la violencia.
ATENTAMENTE. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Data Cívica Fondo Defensores Grupo de Periodistas Independientes.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; Colectivo Emancipaciones; Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA; Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA Oaxaca.
Para mayor información contactarse a: Citlalli Hernández Saad 614 130 6883 mexico.ipri@iprights.org Nataniel Hernández Núñez 56 4160 1225 proteccion@redtdt.org.mx
Nosotras, las Feministas Humanistas Internacional, como frente de acción, aplicadas al estudio y a la superación de todo tipo de violencias y discriminación, especialmente por motivos de género, reconocemos a través del estudio, el trabajo sobre nosotras mismas y la acción desde la metodología de la no-violencia que todxs estamos atravesadxs por el patriarcado como paisaje de formación. Negarlo o desentenderse es querer tapar el sol con un dedo. Creer que porque somos humanistas estamos excentxs de esos atravesamientos nos aleja de la posibilidad de revisar y transformar el sistema de creencias llamado patriarcado que corre por nuestras venas. Por eso, promovemos la reflexión y transformación de la violencia machista, y estamos alertas frente a situaciones que también se dan en nuestros ámbitos.
Desde el inicio de nuestro Movimiento, allá por los años previos a 1969, nuestra metodología de acción propone la no-violencia como forma y como propósito, y contempla la denuncia como forma de acción. Eso nos obliga a levantar la voz y expresar que no estamos dispuestas a sostener con el silencio a aquellos que agravian nuestro espacio interno y social, y que se apropian de nuestros lemas y propósitos; denigrando la construcción de miles de amigos y amigas de todo el mundo durante más de medio siglo de acción. Nuestra obra es sagrada, como cada una de nuestras compañeras y compañeros que eligen la no-violencia para construir, no para servirse de nuestro Movimiento con fines personales y de reconocimiento público.
Las Feministas Humanistas no estamos dispuestas a sostener el silencio ante los acosos y abusos en nuestros ámbitos del Movimiento Humanista, sea del organismo que sea.
Decimos NO a la violencia de género en apoyo a las víctimas, y nos agrupamos y actuamos buscando ser la voz de quienes son re-victimizadas al ser juzgadas, melladas, o amenazadas por el círculo de los agresores al atreverse a denunciar. No nos callaremos por no hacer “ruido” si el actuar es de doble moral; ya que hemos decidido avanzar por encima de intereses personales y prestigios políticos partidarios.
Nuestra solidaridad es con el mundo y con nuestras activistas humanistas que han desarrollado su acción siempre de forma voluntaria y solidaria. ¡Reciprocidad con ellas! Coherencia en nuestros ámbitos.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
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