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España: Movimiento contra la Intolerancia detecta 59 incidentes de delito de odio racial, xenofobia y otras formas en 2020 en Castilla y León

El Informe Raxen critica que el año pasado «no se avanzó» en la leyes ni planes de acción contra el racismo y la intolerancia por un Gobierno «escasamente proactivo»

El Informe Raxen elaborado por Movimiento contra la Intolerancia ha detectado en 2020 en Castilla y León 59 incidentes de delitos de odio racial, xenofobia, racismo, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, homofobia y otras formas de intolerancia, discriminación y violencia. Entre otros, en esta ocasión destacan casos de estigmatización por haber padecido el coronavirus o ejemplos de ‘madrileñofobia’ cuando esta Comunidad contaba con altos índices de COVID-19. Este informe, que se publica anualmente desde 1995, se ha consolidado y ofrece datos para «investigar, analizar incluso proponer políticas de prevención criminal y de apoyo a las víctimas».

A su juicio, durante el año pasado «no se avanzó» en objetivos como la Ley de Igualdad de Trato ni la Ley contra los Delitos de Odio, ni en un Plan de Acción contra el Racismo y la Intolerancia, todo ello a causa de un Parlamento y un Gobierno «escasamente proactivos al respecto». Estas reivindicaciones «no encontraron eco, pese a las advertencias de los organismos europeos que detectan como factores inquietantes en toda Europa: la xenofobia, el antisemitismo y la polarización ideológica».

El Informe Raxen admite que en España la situación relativa es «mejor» que en otros países europeos, pero sin embargo la monitorización realizada la sitúa en el entorno de los 700 incidentes o hechos relacionados con este tipo de delitos en 2020. Persisten signos «inquietantes», señala el documento, al que tuvo acceso Ical. La Comunidad con mayor cifra es Cataluña, con 129 incidentes, seguida de Andalucía (88), Madrid (85) y Valencia (70). Posteriormente, Castilla y León, con 59, País Vasco, con 46, Navarra, con 37, Baleares, con 30, Aragón, con 27, y Murcia, con 21. El resto suman en torno al centenar, si bien se observan casos en todas las autonomías. Movimiento contra la Intolerancia lamenta que «solo se denuncia entre un 10 y un 15 por ciento de los hechos», con lo que se estiman entre 4.000 y 6.500 en España al año.

Como conclusión, el Informe Raxen advierte de que a esta situación «no se está prestando la debida atención social e institucional», con lo que «aumenta la presencia del discurso de odio en internet y redes sociales; el mensaje xenófobo y de las organizaciones extremistas europeas se difunde en España; y se constata el crecimiento de odio ideológico y de hispanofobia».

Fuente: https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-movimiento-contra-intolerancia-detecta-59-incidentes-delito-odio-racial-xenofobia-y-otras-formas-2020-castilla-y-leon-202106101736_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

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CONADU Histórica se suma a la Encuesta Nacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo en la Argentina

Por: CONADU-Histórica 

Desde la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral, conformada por las tres Centrales Obreras de la Argentina y que articula acciones y debates en torno a la defensa de los derechos y el trabajo digno para el conjunto de lxs Trabajadorxs, se avanzó sobre una propuesta preliminar elaborada en conjunto con la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para el desarrollo de un estudio cuantitativo sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.

La Oficina Regional de la OIT en Argentina, en vista de las prioridades identificadas por el Convenio N⁰ 190 y la Recomendación N⁰ 206 de contar con más y mejor información sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, definió como prioritario apoyar a la Red Intersindical en esta iniciativa. Es así que desde la CTA Autónoma (integrante de la Red) se convocó a las organizaciones de base a sumar los esfuerzos para apoyar esta iniciativa tan importante para la instrumentación del Convenio 190 de la OIT en todos los ámbitos del mundo del trabajo, y cuya articulación se viene impulsando en la Comisión Tripartita con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En ese marco, nuestra Federación CONADU HISTÓRICA suscribió un Acta Compromiso de Cooperación con la Universidad Nacional de Avellaneda para la concreción de la encuesta en el sector Docente Universitario y Preuniversitario. El estudio se llevará a cabo mediante la implementación de un cuestionario, el cual será online y autoadministrado por lxs trabajadorxs.

El pasado jueves 27 de mayo se realizó la primera reunión por la Encuesta, de la que participaron las organizaciones de la Red (conformada por 106 sindicatos, federaciones y confederaciones de la CTA Autónoma, la CGT y la CTA de los Trabajadores), el equipo técnico de la UNDAV, responsables de la Oficina Regional de OIT en Argentina y del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de dar inicio a la instrumentación del estudio en los distintos ámbitos. Por CONADU HISTÓRICA participó la Secretaria Adjunta, Claudia Baigorria.

Desde nuestra Federación, saludamos esta iniciativa y nos sumamos junto al conjunto de las organizaciones en la convicción de que un mundo del trabajo libre de violencia y acoso es necesario para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. Estos objetivos están en armonía con lo establecido en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, cuando asumimos el compromiso conjunto de “impulsar todas las acciones tendientes a evitar cualquier situación de violencia laboral. A tal fin, la Institución Universitaria debe velar para que en su ámbito no se produzcan situaciones de acoso laboral y/o mobbing y/o acoso sexual” (Art. 22:: Erradicación de toda forma de violencia laboral). En el mismo sentido, el Art. 23 expresa el compromiso de Erradicación de toda forma de discriminación.

El próximo martes 1 de junio se realizará una nueva reunión, esta vez solamente con las federaciones y sindicatos nacionales a efectos de precisar el método de muestreo en cada sector.

CONADU Histórica se suma a la Encuesta Nacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo en la Argentina

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ONU: El aliado del sida. El machismo tiende a aumentar el número de enfermos con el VIH

El machismo tiende a aumentar el número de enfermos con el VIH

La discriminación de género aumenta el riesgo de las mujeres ante el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, advirtieron expertos de la Organización de la ONU.

«Las mujeres están alcanzando y superando rápidamente la cantidad de hombres infectados» por el VIH, según Wariara Mbugua, del Grupo de Tema de Género del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP).
Carol Bellamy, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), destacó que las mujeres y las jóvenes son las más afectadas por la pandemia.

«Un elemento clave en la expansión de la pandemia de VIH/sida es el hecho de que las mujeres y las niñas no están en condiciones de exigir con éxito su protección (de la enfermedad) ante el poder masculino», dijo Bellamy.

Peter Piot, director ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), dijo que la violencia contra las mujeres está muy vinculada a la pandemia.

La violencia pone de manifiesto el riesgo que representan el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual cuando interfiere con la capacidad de la mujer para exigir el uso de condón en las relaciones sexuales.

En muchas sociedades, incluso plantear el tema del condón resulta complicado ya que estos suelen asociarse a la promiscuidad, la infidelidad y la prostitución.

Según cifras del FNUAP, la desigualdad de género con respecto a la tasa de infección es más pronunciada en los grupos más jóvenes, sobre todo entre los menores de 20 años.

Entre uno y dos tercios de las víctimas conocidas de ataques sexuales son menores de 15 años, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Estas mismas jóvenes y mujeres también son quienes cuidan de los seres amados que padecen el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Mbugua dijo que la pobreza y las crisis económicas representan una carga más para las mujeres y niñas que cumplen funciones vitales en sus familias y comunidades afectadas por la pandemia.

«El sida sigue siendo un tabú… en algunos países», dijo el embajador Richard Holbrooke, de Estados Unidos, en una reunión conjunta que el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad celebraron el lunes.

El silencio y la ignorancia con respecto del VIH/sida seguirán acelerando la propagación de la enfermedad a menos que se adopten estrategias para profundizar los programas de educación sobre la misma.

Yai Constance, de Costa de Marfil, habló de cómo progresó su país en elevar la conciencia del gobierno sobre los temas relacionados con la mujer.

Sida en números

En Costa Rica, de 1983 a 1999 se registraron 1.736 enfermos de sida, estas fueron sus vías de transmisión:

Homosexual 801

Heterosexual 384

Bisexual 287

Sin información 151

Hemofilia 45

Perinatal 29

Transfusión 20

Droga intravenosa 19

Fuente: Departamento de Control del Sida, Ministerio de Salud.

Fuente de publicación; https://www.nacion.com/archivo/el-aliado-del-sida/U3GNRVUNDVH3HPQGBR7QRYLTVQ/story/

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Ecuador: Maestros hacen plantón en rechazo a la nulidad de la nueva Ley de Educación

Maestros hacen plantón en contra que se anule la nueva Ley de Educación

Un grupo de maestros se han reunido en el parque San Francisco con el fin de caminar hasta la Gobernación para entregar un documento donde rechazan que se anule la Ley de Educación.

«El Seguro Social pide que se anule toda la Ley, solo porque ellos no están de acuerdo con que maestro se jubile con 30 años de trabajo, aunque de edad tenga 50», dijo a Diario EXPRESO Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores del Guayas.

El líder del gremio agregó que la Ley, que ya fue publica en el Registro Oficial, no se debe derogar, porque beneficia a los alumnos y padres de familia, no solo a los profesores.

Entre los puntos, que Beltrán, señaló como positivo para los estudiantes es que con esta Ley el profesor sí puede denunciar si se entera de un caso de violación. «Antes no podíamos ni opinar porque nos despedían. Ahora sí hemos recuperado la libertad de expresión», indicó.

Otro punto que es de beneficio para las familias es que se prohíbe que si el alumno vive en el sur de la ciudad lo asignen a una escuela en Durán o en el Batallón del Suburbio, el centro de educación debe estar cerca a su domicilio.

Los profesores también reclamaron que llevan 10 años con un salario de 800 dólares, y de allí tienen que pagar materiales y el Internet que ahora usan para dar clases.

Cerca de las 11:00 decenas de maestros caminaron hasta la Gobernación, para hacer escuchar su reclamo.

El gremio planifica una marcha nacional el miércoles 2 de junio. En Quito quieren hacer un plantón pacifico al pie de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Educación.

Los profesores aplauden que el presidente Guillermo Lasso esté dispuesto a escuchar a los, diferentes grupos sociales. En base a ello esperan tener una reunión con las autoridades y que se escuche sus razones para que no se derogue la Ley de Educación que ya está vigente.

Hasta al momento la marcha se realiza en orden, sin hechos de violencia.

Fuente: https://www.expreso.ec/guayaquil/maestros-planton-rechazo-nulidad-nueva-ley-educacion-105268.html

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Corregir o dialogar, el dilema presente en familias de estratos pobres

Por: Tahira Vargas García

Los matices del diálogo se muestran claramente en los grupos focales tanto con adolescentes como con personas adultas.

En una entrega anterior iniciamos la presentación de hallazgos del estudio cuanti-cualitativo sobre “prácticas de crianza que promueven u obstaculizan la protección de niños, niñas y adolescentes del abuso y la violencia, así como la igualdad de género en las provincias: Elías Piña, Gran Santo Domingo y La Altagracia” que realizamos para Plan Internacional desde la dirección del Equipo Vargas de Investigación Social y se puso a circular el 21 de abril de este año.

El estudio muestra distintas situaciones vinculadas a las prácticas de crianza siendo una de ellas la comunicación entre personas adultas y la población infantil y adolescente al interior de las familias.  Un extracto del estudio sobre este tema se presenta a continuación.

El 79% de la población adulta dialoga con niños/niñas y adolescentes al interior de las familias y el 14% solo dialoga con adolescentes y el 6% no dialoga ni con niños/as ni con adolescentes. El diálogo con la población infantil está negado en el 21% de la población adulta encuestada. En las encuestas a adolescentes el 15% señala que sus padres/madres y personas adultas responsables no dialoga con ellos/ellas.

Los matices del diálogo se muestran claramente en los grupos focales tanto con adolescentes como con personas adultas. Las respuestas ofrecidas muestran distintos estilos de comunicación como son:

a) Dialogo sostenido en base a órdenes y deberes de niños, niñas y adolescentes

Al cuestionar a padres y madres sobre qué temas dialogan con sus hijos e hijas. Muchos de ellos respondieron con frases como las siguientes:

Le digo que me pase la cuchara, o un tenedor

Me hace los mandaos.

b) Comunicación sostenida en base a las necesidades (alimentarias y otras). Esta consulta sobre la comida solo se presenta en la población adolescente masculina. Lo que demuestra la reproducción de los roles sexistas de género, a las muchachas no se les pregunta porque se supone que ellas participan de la preparación de la comida, lo que no ocurre con los muchachos.

c) Consulta en decisiones sobre actividades recreativas. Las actividades recreativas son de las pocas consultas que aparecen señaladas por la población adolescente

d) Consejos y recomendaciones de padres/madres a hijos e hijas. Al cuestionar a algunos padres y madres sobre los temas que dialogan con sus hijos e hijas, estos señalan elementos que tienen que ver con consejos y recomendaciones de como “deben comportarse”.

Mis padres hablan conmigo sobre que, debo estudiar para recibir calificaciones buenas.

e) Ausencia de diálogo entre personas adultas y adolescentes. En la población adolescente entrevistada se presentan algunos señalamientos de que no existe dialogo entre ellos y sus padres y madres.

No converso ningún tema con mis padres

No hablamos. A veces mi abuelo me pregunta algo, si hablo la verdad no me cree. Mi mamá pocas veces me cree las cosas

Llama la atención la desconfianza que tienen algunos padres y madres de sus hijos e hijas adolescentes. Señalamientos como “no me creen” o que no “quieren hablar” son elementos que demuestran una gran barrera comunicacional entre la población adulta y la adolescente.

En la población adulta encontramos algunas madres y padres que consideran que no tienen por qué hablar con sus hijos e hijas porque son niños. Entendiendo que solo se conversa con los que son más grandes.

 “No tengo muchachos grandes para hablar con ellos”.

El diálogo en la familia es muy débil. Hablar con los hijos e hijas es interpretado por la población adulta como dar órdenes o mandatos, o recomendaciones sobre lo que deben o no hacer. Los temas que provocan diálogo son aquellos que se refieren a la búsqueda de respuesta a necesidades o para recrearse. En algunos casos hay quienes reconocen que no hay diálogo y peor aún no existe confianza en las relaciones entre padres-madres e hijos/hijas. Demostrándose así una gran barrera comunicacional entre padres/madres/personas adultas responsables e hijos/hijas en las provincias estudiadas.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/corregir-o-dialogar-el-dilema-presente-en-familias-de-estratos-pobres-8942757.html

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Invasión

Por Miguel Lorente Acosta | Feminismos

Estamos invadidos, pero no de migrantes, sino de machistas…


Ahora que tenemos cerca la imagen de lo ocurrido en Ceuta, imagínense que la convivencia en democracia se desarrollara de manera pacífica bajo el marco de los Derechos Humanos, y que cada día, no uno de manera puntual, sino todos los días, se produjera un asalto a los límites de esa convivencia por parte de 11.000 machistas violentos que vivieran al margen de esas referencias, y que muchos de ellos, en lugar de tener que trepar por la valla de las leyes y las normas, entraran tranquilamente a través de las puertas que les abre la ultraderecha con su discurso negacionista y la crítica a las medidas dirigidas contra la violencia de género.

Pues eso que parece lejano y ajeno a nuestra realidad es lo que ocurre si tenemos en cuenta los más de 4 millones de hombres que cada año ejercen algún tipo de violencia contra las mujeres (Macroencuesta 2019), y los dividimos por los 365 días del año. 

Cada día 10.958 machistas dan el salto de la violencia de género y agreden a alguna mujer, de los cuales 6.000 lo hacen sobre su pareja o expareja. Y todo ello sucede ante la pasividad de una sociedad que espera a que alguna de las agresiones sea grave o mortal para pedir que se “expulsen” a esos agresores, y que se refuercen las “vallas de la convivencia” con la “alambrada de la Igualdad”.

Pero no ocurre. En violencia de género no hay expulsiones en caliente ni en frío de los agresores, sino que rápidamente obtienen los papeles de la normalidad y el pasaporte de las justificaciones para ocultar la realidad e intentar recuperar los espacios que la Igualdad ha ido liberando de machismo. Es parte de su estrategia para mantener las referencias de una sociedad androcéntrica que en lugar de ponerle límites a quienes abusan de su poder injusto y usan la violencia, colocan el alambre de espino y concertinas alrededor del cuerpo y la vida de las mujeres para que no se salgan de sus roles y espacios.

No es casualidad que los mismos que no quieren ver el factor humano en las crisis migratorias, sean los que no ven el factor inhumano que hay en la violencia contra las mujeres. Al final, la coherencia de los postulados del machismo, hoy enarbolados por la ultraderecha con la complicidad y pactos de la derecha, se refleja en la definición de sus enemigos, que ha situado en el multiculturalismo con su ataque las personas extranjeras migrantes, y en el feminismo con toda la violencia y críticas contra las políticas de Igualdad y a las mujeres.

Sus miedos son nuestros sueños, sus fantasmas nuestros objetivos y su sinrazón nuestra razón. No me preocupa lo que intenten conseguir, sé que no lo van a lograr, lo que me preocupa es el daño que van a causar hasta que la sociedad sea consciente de que no se puede vivir sin Igualdad, como no se podía vivir sin Libertad, Justicia y Democracia y se vivió durante 40 años por la imposición de unos pocos. Hoy, los mismos que añoran aquellos tiempos, son los que no quieren que se viva en Igualdad.

La realidad social no es el resultado de las decisiones políticas, sino la consecuencia de la transformación social que ha ido evolucionando desde el principio de la humanidad bajo los anhelos, los sueños y las aspiraciones de las personas de todo el planeta en cualquier momento de la historia. Siempre ha habido elementos facilitadores para esos cambios, y ataques y obstáculos contra ellos, pero los ideales humanos los han superado hasta llegar al momento actual. Y continuarán a partir de hoy con independencia de las políticas.

La política tiene la responsabilidad de ayudar a esa transformación para que sea armónica, justa y universal, por eso es esencial que haga desaparecer el elemento que más injusto, parcial e interesado puede hacer cualquier cambio, que es la desigualdad impuesta por un modelo androcéntrico para que sea cual sea el cambio, siempre se traduzca en privilegios para los hombres a costa de limitación de derechos para las mujeres.

La sociedad está invadida por el machismo y sus machistas, pero el territorio de la Igualdad cada vez es mayor, y los límites para quienes no quieran convivir en paz y democracia más claros, no por vallas y alambradas, sino por ideas y valores.


Fuente: https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/author/miguelorenteacosta/

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Trabajadores esenciales: precarizados y prescindibles

Por: Tlachinollan

Las jornaleras y jornaleros agrícolas son trabajadores del campo que, por su precaria preparación académica, son contratados de manera temporal para realizar trabajos sumamente extenuantes, inhumanos, que requieren fuerza física y habilidades especiales. Se trata de una población marginal que sale de sus comunidades de origen, para enrolarse como jornaleros y jornaleras. No cuentan con contratos de trabajo formales. El enganchamiento realizado por contratistas y mayordomos es el sistema de explotación semiesclavista, que confina a las familias a sobrevivir en las galeras de los campos agrícolas o en las periferias de las ciudades. Un gran número de familias trabajan en campos conocidos como ranchos, que no cuentan con registros ante la secretaría del trabajo, y que en la mayoría de lugares funcionan de manera irregular.

Por su pertenencia a un pueblo indígena las jornaleras y jornaleros, son maltratados y discriminados por privilegiar su comunicación en sus lenguas maternas y por tener dificultades para expresarse en castellano. Las relaciones que se imponen en los campos son de explotación, sumisión, racismo, clasismo, machismo, violencia y agresión sexual contra las mujeres. Sus derechos laborales son violentados de forma masiva y sistemática, sin que exista una autoridad en nuestro país que se avoque a proteger y defender sus derechos. Su itinerancia los estigmatiza como los indios, para resaltar su atraso y propiciar su repulsión. Son víctimas de extorsión, engaños, fraudes, abusos y atracos. Para las autoridades son seres invisibles, que no existen como personas con derechos. No son atendidos en sus comunidades de origen, porque su desarraigo no les permite organizarse para exigir a los funcionarios municipales que asignen presupuesto para la instalación de servicios básicos.

La falta de inversión en el campo ha propiciado la expulsión de las familias que no encuentran opciones productivas que mejoren sus condiciones de vida y fomenten el arraigo. El trabajo agrícola no remunerado ha tornado inviable la vida comunitaria. La sola siembra del maíz, el frijol y la calabaza han dejado de ser el principal sustento para las familias indígenas. La baja productividad de sus tierras los obliga a salir para contratarse como jornaleros y jornaleras. Su desplazamiento familiar les impide que los hijos asistan de manera regular a la escuela. Para muchas madres y padres el estudio es un bien intangible que resulta ser oneroso, porque son más de doce años que las hijas y los hijos tienen que dedicarse al estudio, dejando en segundo término las labores del campo, sin que obtengan beneficios económicos inmediatos. El monto de las becas y de los demás programas federales no son aún una cantidad atractiva para las jefas y jefes de familia, porque no logran cubrir de manera satisfactoria sus necesidades básicas. Las remesas que llegan de Estados Unidos representan una alternativa para enfrentar el problema del hambre. El alto costo de la canasta básica requiere ingresos permanentes, que como mínimo rebasen 6 mil pesos mensuales por familia.

Ante la falta de ingresos seguros y de un familiar en Estados Unidos, los padres o las madres establecen contactos con contratistas de la región para planear la salida de sus comunidades. El sueldo base oscila entre 120 a 150 pesos diarios. Pocos son los lugares que ofrecen galeras para instalarse con los niños y niñas. En otros campos pueden trabajar a destajo, dependiendo de la urgencia que tengan los empresarios para recolectar y exportar sus productos. Puede haber un mejor sueldo a cambio de un esfuerzo físico extraordinario, pero la renta del cuarto corre por su cuenta. Son trabajos que no duran más de tres meses. El poco dinero que juntan será para pagar el autobús que los trasladará a otros estados en busca de un sueldo no menor a los 150 pesos, porque no sacarían los gastos de comida de la semana. La meta es encontrar trabajos donde puedan tener un pago de 200 a 250 pesos diarios. Hay familias que se desplazan hasta san Quintín donde hay empresas que ofrecen estos sueldos, pero por la alta demanda no siempre son contratados.

Recientemente llegaron de Villa Unión Sinaloa 50 familias jornaleras que salieron de una colonia de Tlapa el 16 de diciembre. Fueron 4 meses de intensos trabajos. Varios jefes de familia que rebasan los 60 años, se enlistaron junto con sus esposas para trabajar al lado de sus hijas e hijos en la recolecta del chile jalapeño. La empresa les pagó a 5 pesos el bote de 20 kilos. Las personas mayores llegaban a juntar 50 botes con mucho esfuerzo, para ganar 250 pesos diarios, con un horario de 7 de la mañana a las 8 de la noche. Los afortunados eran los jóvenes que llegaban a recolectar de 60 a 70 botes, para ganar de 300 a 350 pesos diarios, sin embargo, pronto se acabó el trabajo. Fueron meses difíciles porque se enfermaron mucho de tos y de gripa. Ante estos síntomas los mayordomos no los dejaban trabajar, porque temían que fuera el Covid 19.  Varios se quedaron en sus cuartos gastando lo poco que ganaron con la compra de medicamentos. Los servicios médicos, que por ley deben de brindar las empresas, no los proporcionan. Cuando hay accidentes de trabajo, son los familiares quienes se encargan de trasladarlos a clínicas particulares, pagando un viaje especial. La empresa no se responsabiliza de estos incidentes, por el contrario, amedrenta a los trabajadores con no recibirlos en el campo. El seguro social sigue siendo parte de este entramado institucional que protege al patrón y permite la simulación de las prestaciones sociales, que supuestamente garantiza a sus trabajadores. Para que la secretaría del trabajo haga verificaciones sobre cómo las empresas dan o no cumplimiento a la ley federal del trabajo, tiene que haber una solicitud formal, con datos muy específicos sobre la razón social, la dirección fiscal, su ubicación y la problemática que existe. Con estos trámites burocráticos se obstaculiza en la ley misma, que los derechos de los trabajadores y trabajadoras se hagan efectivos y no sean justiciables.

En la región de la Montaña, el Consejo de jornaleros y jornaleras agrícolas registró del mes de febrero de 2020 al mes de marzo de 2021, la salida de 17 mil 775 personas. La mayoría de familias son de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Tlapa, Alcozauca y Copanatoyac. Los niños y niñas de 0 a 17 años arrojan un registro de 7 mil 389. El 29 por ciento no cuenta con estudios, mientras el 22 por ciento cuenta con primaria incompleta y sólo el 16 por ciento concluyó la primaria. El 10 por ciento logró terminar sus estudios de secundaria. El rezago educativo es muy alto, al grado que el municipio de Cochoapa presenta los índices más bajos de desarrollo humano. La alta migración jornalera forma parte de estos indicadores de la pobreza extrema que muestra las dificultades que enfrentan las familias indígenas para que dentro de su propio hábitat desarrollen sus capacidades cognitivas y todo su potencial creativo que dignifiquen su vida y enaltezcan su cultura, su lengua y su patrimonio cultural y natural.

Dentro de la clase trabajadora en México la población indígena, no sólo se encuentran en los índices más bajos del desarrollo humano, sino que es la más explotada y discriminada por su pertenencia a una cultura primigenia y porque existe esa visión racista de que son inferiores, y por lo mismo, pueden hacer trabajos rudos, al modo de explotación esclavista. El abandono secular, no es gratuito, es parte de ese etnocentrismo de la clase política, que ha ensanchado la brecha de la desigualdad social y del segregacionismo racial, al confinar al olvido a las poblaciones indígenas del estado, siendo los protagonistas de luchas históricas que han defendido con su sangre, la libertad, la independencia, la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos del trabajador, el pago justo de su jornal o su salario, y que además, han dado fama mundial a un territorio encantador que han sabido preservar por siglos sus bellezas naturales, junto con un legado cultural de alto nivel, que forma parte de la civilización mesoamericana.

Los jornaleros y jornaleras agrícolas en esta pandemia no pararon de trabajar. Son parte las y los trabajadores esenciales que garantizan la alimentación en nuestro país. No ha habido ningún reconocimiento a su labor silenciosa pero titánica. Se ha puesto en primer término al ejército como la institución que más ha trabajado en tiempos de la pandemia, por encima del personal médico. Esta falta de visibilidad para la población indígena, forma parte de esta visión monoétnica que reproducen las autoridades, que siguen sin reconocer el aporte de los pueblos indígenas y su importancia estratégica para el desarrollo justo y equitativo en nuestro país.

Las jornaleras y jornaleros indígenas han estado expuestos al contagio del Covid 19, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno los atiendan de manera prioritaria. No se ha obligado a que los empresarios agrícolas cumplan con las recomendaciones de la secretaría de salud para evitar contagios en los campos, ni se han interesado en hacer gestiones, para que se puedan instalar módulos de vacunación dentro de los campos agrícolas, para las personas mayores de 60 años. Los trabajadores del campo aún no se les reconoce como un sector productivo que es estratégico y esencial, pero se les sigue viendo como seres precarizados y prescindibles.

Fuente e imagen: Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

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