Por: Sandra Moreno
Hace unos días, Tribuna Feminista publicó varios artículos donde puso de presente que el sexo, entendido como realidad material incontestable, sigue siendo utilizando por el patriarcado como coartada para anular los derechos de las mujeres. Como nos demostró Gerda Lerner, desde el principio de la Historia, el patriarcado tradicional ha apelado a nuestra biología para negarnos los derechos y mantenernos en situación de subordinación. Y ahora, el patriarcado posmoderno niega nuestra biología con el inaudito fin de redefinir el concepto de mujer y desmantelar nuestros derechos. En ambos casos, estamos frente a manifestaciones de misoginia, es decir, de desprecio, hostilidad, violencia, intimidación, aversión y castigo hacia las mujeres, por el hecho de ser mujeres.
Y ambos casos suponen una violación de nuestros DDHH, que evidencian los graves retrocesos que estamos sufriendo las mujeres y niñas a lo largo y ancho del planeta, en prácticamente todos los indicadores que miden la desigualdad entre mujeres y hombres. Por si fuera poco, ahora las mujeres debemos lidiar con una nueva amenaza a nuestra dignidad, derechos y libertades que no vimos venir, porque resultaba insólita: el tener que afrontar la acusación de delito de odio por hablar de la realidad biológica del sexo, defender nuestros derechos y hasta por formular la pregunta «qué es ser mujer o madre». Como en el mito de Casandra, Janice Raymond y Sheila Jeffreys alertaron infructuosamente desde hace mucho tiempo del caballo de troya que suponía el transgenerismo para los derechos de las mujeres y niñas.
Precisamente, hace unos días, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (ACBM) nos mostró una nueva grave manifestación del sacrificio injusto que se está imponiendo sobre los derechos más básicos de las mujeres y cómo avanza la alarmante criminalización del feminismo, publicando la respuesta que la organización británica Sex Matters dio al Informe emitido por el experto independiente de la ONU en materia de orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, a la postre, uno de los firmantes de Yogyakarta10+. En su informe, éste cuestiona los trabajos de la Comisión de Igualdad y DDHH del Reino Unido sobre la Ley de Igualdad, al considerar que hablar sobre la realidad material de los dos sexos equivale a «odio» y perjudica a las personas trans.
En su informe, Madrigal-Borloz sugiere que preguntar «¿Qué es una mujer?» podría no superar los límites de la libertad de expresión y suponer la incitación al odio, señalados en el Plan de Acción de Rabat para combatir el discurso de odio. Y a lo largo de su reporte insiste en hacer graves afirmaciones sobre supuestas violaciones a los derechos de las personas trans en el Reino Unido, sin fundamentarlas fáctica ni jurídicamente. Como pone de manifiesto la ACBM, no sólo no aportó pruebas en las que apoye sus conclusiones, sino que hizo declaraciones en el Parlamento escocés desmentidas por los datos oficiales.
En su informe, Madrigal-Borloz sugiere que preguntar «¿Qué es una mujer?» podría no superar los límites de la libertad de expresión y suponer la incitación al odio
La postura irracional de Madrigal-Borloz, que reduce a transfobia prácticamente todo lo relacionado con la realidad biológica de las mujeres y la defensa de nuestros derechos, está siendo adoptada también por los Gobiernos de la izquierda posmoderna que reproducen en sus países estos desatinos en sus leyes y sus políticas públicas y acusan de delito de odio a las feministas.
Esta criminalización del feminismo per se ya ha llegado a España, como hemos podido comprobar en algunos actos de la reciente campaña electoral, donde algunas dirigentes políticas españolas, seguidas por sus adeptos, acusaban de transfobia a las feministas cuando preguntaban en sus mítines «qué es ser mujer o madre», o acerca de las víctimas de la violencia machista o nuestros derechos. Según se puede comprobar en los vídeos publicados en prensa y redes, la acusación de delito de odio por transfobia era la respuesta recurrente que daban las dirigentes políticas de la confluencia Podemos y Sumar y sus prosélitos, cuando las feministas preguntaban sobre cuestiones referentes a las mujeres. Lo cierto es que, según consta, en ningún momento se dijo nada sobre las personas trans. Esta acusación de transfobia hecha a las feministas es gravísima y jurídicamente resulta inaceptable, porque criminaliza al feminismo, como explicaré más en detalle en la segunda parte de este escrito.
El caso es que se están cumpliendo las predicciones fundadas que en 2020 hicieron al respecto las ocho Casandras españolas: Amelia Valcárcel, Ángeles Álvarez, Laura Freixas, Alicia Miyares, Angustias Bertomeu, Marina Gilabert, Rosa María Rodríguez Magda y Victoria Sendón, cuando advirtieron de lo lesivo que resultaría la autodeterminación del sexo para los derechos de las mujeres y menores de edad. Por ello, resultan muy significativas las declaraciones de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas realizadas hace unos días.
Consciente de las crecientes amenazas e intimidaciones que sufren las mujeres que defienden los derechos de las mujeres, sean heterosexuales o lesbianas, la relatora de la ONU ha expresado su profunda preocupación por el deterioro de la calidad democrática que sufren los países occidentales, donde se está extendiendo la práctica de acusar de odio a las mujeres por defender sus derechos, restringiendo o impidiéndoles ejercer sus libertades de expresión, opinión, reunión y manifestación, entre otras. En palabras de Reem Alsalem traducidas por Tribuna Feminista:
“Me preocupa la frecuente táctica de las campañas de desprestigio contra las mujeres, las niñas y sus aliados por sus creencias sobre la no discriminación por razón de sexo y las relaciones homosexuales. Tacharlas de «nazis», «genocidas» o «extremistas» es un medio de ataque e intimidación con el propósito de disuadir a las mujeres de hablar y expresar sus opiniones. Tales acciones son profundamente preocupantes, ya que pretenden infundirles miedo, hacerlas callar e incitar a la violencia y al odio contra ellas. Tales actos afectan gravemente a la participación digna de las mujeres y las niñas en la sociedad”.
Como veremos en la segunda parte, todas estas cuestiones puestas de manifiesto por Reem Alsalem son algunas de las expresiones más graves de lo que aquí denunciamos como la criminalización del feminismo y el creciente vaciamiento de los derechos humanos de las mujeres, que no son otra cosa que la misma misoginia de siempre, ahora exteriorizada también por algunas mujeres que ejercen posiciones de poder adoptando roles patriarcales.
Aunque se refería a los hombres, las reflexiones de Gerda Lerner sobre el poder patriarcal usado para eliminar a las mujeres rebeldes también se pueden predicar de algunas mujeres poderosas como estamos viendo en España: se da “preferencia a las mujeres dóciles y a aquellas que se adecúan perfectamente a la descripción del trabajo. Los hombres castigan con el ridículo, la exclusión o el ostracismo a cualquier mujer que se arroga el derecho a interpretar su propio papel o, el peor de todos los males, el derecho a reescribir el argumento”. Éstas son las tácticas de derribo que se están implementando contra las feministas radicales, las que combaten de raíz las causas de la opresión de las mujeres.
Mi reconocimiento a las valientes mujeres que llevaron el feminismo a los mítines de los partidos autoidentificados de izquierda, que hoy han podido comprobar que, sin el voto feminista, no pueden ganar las elecciones. Sin mujeres, no hay democracia. Y sin el feminismo, no es posible construir una sociedad justa y libre.
Fuente de la información: https://tribunafeminista.org
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