Panamá: Histórica deuda con la población indígena

los  grupos  más  marginados  y vulnerables

Panamá/ 21 de marzo de 2016/La Prensa

Los pueblos aborígenes que existen en el país representan el 12.3% de la población total y son los  grupos  más  marginados  y vulnerables

La condición de vida de los pueblos originarios de Panamá en temas como acceso a educación,  servicios básicos e ingresos es inferior a la de pueblos indígenas que viven en países vecinos como Colombia y Costa Rica.

La situación de vulnerabilidad y pobreza en la que viven estos pueblos  quedó en evidencia en el informe denominado Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI, publicado el pasado mes de febrero por el Banco Mundial.

Se trata de un análisis profundo de las condiciones de vida de los más de 42 millones de aborígenes en Latinoamérica. Se detalla, por ejemplo, que cerca de uno de cada tres indígenas latinoamericanos vive en pobreza, pese a los avances logrados por los países de la región.

El documento indica que el 47% de los 417 mil 559 indígenas de Panamá vive en áreas pobres; mientras que en Colombia el 32% de un millón 378 mil indígenas está en esa condición. En Costa Rica el 16% de los 100 mil indígenas habita en áreas pobres.

El informe también se refiere al acceso que tienen los pueblos comarcales a la electricidad. El 76% de las personas indígenas del país que viven en áreas rurales no  cuenta con el servicio. En Colombia es el 52% y en Costa Rica, 51%.

El mejor indicador que tiene Panamá es el acceso al agua, pues del estudio se desprende que solo un 5% de este sector de la población no tiene el líquido.

UNA VERDAD VISIBLE

Williams Barrigón, consultor y asesor indígena del Congreso Emberá Wounaan, manifestó que la situación no resulta extraña, y es que de acuerdo con el mismo documento “los indígenas latinoamericanos se beneficiaron menos que el resto de pobladores de la bonanza económica que registró América Latina en la década pasada”.

A su juicio, a pesar de que Panamá ha desarrollado una de las economías más pujantes de la región en las últimas dos décadas es uno de los países con uno de los peores índices de distribución de la riqueza, lo que afecta, particularmente, a los pueblos originarios. “Hemos sido excluidos de esa riqueza”, apunta.

Los planteamientos de Barrigón son respaldados por el Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En ese compendio se precisó que, en promedio, la inversión por habitante en Panamá es de 486 dólares, sin embargo, en las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala esta cifra se encuentra por debajo de los 200 dólares.

Por otro lado, Barrigón hizo  referencia al sistema de educación público, que desde su punto de vista es “paupérrimo”.

“En  el proceso de enseñanza las infraestructuras son más que deficientes y ni se hable de la calidad de enseñanza, en la que ni siquiera se aplica la interculturalidad de los pueblos indígenas”, expresó.

Sobre este aspecto, en el informe de Latinoamérica Indígena se detalla que solo el 62% de la población indígena en áreas urbanas completa el nivel primario, un 18% el secundario y solo un 3% culmina el nivel universitario.

Esta situación los obliga a tener menor acceso a empleos altamente calificados y a tener ingresos hasta cuatro veces inferiores a los que genera la población no aborigen.

Por su parte, Ricardo Miranda, miembro del Congreso General Ngäbe Buglé, indicó que todos los informes que se han hecho respecto al modo de vida de la población indígena “son reiterativos en evidenciar la posición de vulnerabilidad, pobreza y desigualdad de la cual hemos sido víctimas”.

En su opinión, es poco lo que los diferentes gobiernos, desde que se inició la vida democrática, han hecho en favor del desarrollo integral de los territorios comarcales.

En el aspecto de salud, manifestó que con los años se ha agravado e incrementado la cantidad de personas de esa población con enfermedades de transmisión sexual, sin que nadie atienda la situación.

Además, recordó que en las áreas aborígenes las muertes maternas son hasta cinco veces más que en las zonas no comarcales.

“Lamentablemente, todas las atenciones que se dan en nuestros pueblos están por debajo del estándar de atención en comparación con otras áreas del país”, señaló Miranda.

Agregó que los logros que se han obtenido por parte de los indígenas han sido producto de medidas de presión como cierres de vías, protestas y otras acciones populares y no por políticas de Estado integrales que eleven la calidad y condición de vida de la población indígena del país.

Tanto Barrigón como Miranda coincidieron en que los planes y programas que se impulsen desde  los estamentos del Gobierno para la población indígena no pueden ser aislados, sin objetivos y a corto plazo, sino todo lo contrario: deben ser integrales, consensuados y con visión de futuro.

 LO QUE SE DEBE HACER

Para María de los Ángeles Vásquez, del centro regional de la Universidad de Panamá en la provincia de Darién y quien lleva 20 años trabajando en zonas comarcales, la situación antes descrita responde a que “no ha habido una real integración de estas comarcas”.

“Nos hemos preocupado más por las características particulares del indígena que en educarlos de  mejor manera”, señaló Vásquez.

Añadió que la cultura de los indígenas no puede convertirse en una excusa o barrera para llegar hasta ellos. “Tenemos que hacer todo el esfuerzo del mundo, no importa cuánto cueste, en crear programas de educación bilingüe para que ellos tengan mejores posibilidades de acceso tanto a la secundaria como a la universidad”, indicó.

Por su parte, Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señaló que si se quieren lograr los objetivos de “reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida”, la región  debe “luchar contra la discriminación y exclusión para que todos los latinoamericanos cuenten con las mismas oportunidades de tener una vida mejor”.

Es por ello que desde ese organismo internacional se exige a los gobiernos que profundicen la implementación práctica de marcos jurídicos progresistas que protejan los derechos de los pueblos indígenas.

Además de que se redoblen los esfuerzos para eliminar las barreras geográficas, lingüísticas y sociales que impiden que los pueblos indígenas participen en la toma de decisiones.

Y finalmente, se asegura que “la educación podría ser la clave para alcanzar el desarrollo con identidad, pero es necesario mejorar la calidad del sistema educativo”.

PROGRAMA DE GOBIERNO

Sobre el tema, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, señaló la semana pasada que el Gobierno está comprometido con el desarrollo integral de los pueblos originarios en consulta con sus comunidades, respetando sus autoridades tradicionales, así como su patrimonio histórico, cultural y ambiental.

De hecho, se comprometió a revisar en abril próximo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Por otro lado, el plan de Gobierno de Varela contempla una inversión superior a los 325 millones de dólares distribuidos en una variedad de 187 proyectos ya consensuados con las distintas comunidades.

Al respecto, Diana Candanedo, jefa de Planificación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), manifestó que desde esa institución se trabaja en elaborar una hoja de ruta, con el objetivo de generar estrategias que impulsen el desarrollo de comunidades campesinas e indígenas a través de los procesos de investigación  y desarrollo tecnológico.

Lo que se  busca, precisó,  es generar conocimiento e innovaciones que permitan  mejoras en los sectores vulnerables del país, principalmente en áreas como seguridad alimentaria, saneamiento, uso adecuado de los recursos hídricos, entre otras

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