México / 02 de noviembre de 2016 / Fuente: http://www.etcetera.com.mx/
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá si el Estado tiene la obligación de dar acceso a anticonceptivos a menores de edad así como orientación sobre salud sexual y reproductiva.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán será discutido el próximo 9 de noviembre por la Segunda Sala y propone el aval de que el Estado provea de anticonceptivos y educación sexual a los niños, con base en ocho artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en diciembre de 2014.
Dicha resolución iría en contrasentido del amparo que promovió Rosario Becerril, panista de Aguascalientes, quien considera que el dictamen sería una forma de discriminar a los padres de familia.
“(Los artículos) implícitamente discriminan a los padres de su función, respecto de la guía y enseñanza a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, y explícitamente discriminan al niño adolescente varón por su simple sexo, promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes mujeres”, se lee en el amparo, difundido este martes por Reforma.
Asimismo, Becerril asegura que la ley citada alienta la promiscuidad y promueve la “anarquía moral”, así como las relaciones sexuales entre la niñez.
En contraparte, el ministro Pérez Dayán señala que no otorgar esta información a los menores de edad les impide acceder al derecho de tener el nivel más alto de saludfísica y mental.
“El acceso a la información, así como a los insumos de salud sexual, se encuentra relacionado con la protección a la salud, integridad personal, e inclusive la vida de los menores de edad; de ahí que el derecho humano al nivel más alto de salud física y mental no podría verse satisfecho si se prescindiera de tales elementos de los servicios de salud”, se lee en el proyecto.
Pérez Dayán aclara, además, que “la información y acceso a los referidos insumos de salud no resulta indiscriminada para toda etapa de la infancia” y responde a los lineamientos establecidos por la ONU (no brindar anticonceptivos ni orientación sexual a menores de nueve años).
“La situación de las niñas y adolescentes no mejorará mientras las causas subyacentes de la discriminación contra ellas y de su desigualdad, no se aborden de manera efectiva, por ende, la adopción de instrumentos institucionales enderezados a lograr el empoderamiento de tal grupo resulta necesario”, concluye el proyecto.
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